Como sabéis, la crítica situación que vive el país andino en términos de inseguridad ciudadana por culpa de organizaciones criminales venezolanas dedicadas a la extorsión y sicariato - los cuales de manera incomprensible son liberados ipso facto por jueces y fiscales caviares al momento de ser detenidos por la policía (demostrando con ello su complicidad ) para que sigan delinquiendo impunemente - es noticia internacional por la forma en la que estos han tomado prácticamente el control de sectores completos de la economía del Perú. Al respecto, en un artículo publicado esta semana y titulado Death threats by WhatsApp: extortion drains Peruvians’ cash (Amenazas de muerte por WhatsApp: la extorsión drena el dinero de los peruanos), el diario especializado británico Financial Times hace un recuento de las consecuencias que ha tenido el incremento de la criminalidad en la ciudadanía, resaltando casos como el del sector de transportistas, empresarios, e incluso barberos, que motivaron movilizaciones y protestas pacíficas en las que se exigió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte tomar acciones eficaces para luchar contra la actividad de la delincuencia chavista en el Perú, que llegaron a ese país desde que el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski les abrió las fronteras de par en par, y hoy son más de dos millones de esos indeseables que aterrorizan a los peruanos. De hecho, uno de los factores mencionados por el Financial Times como parte del problema de inseguridad ciudadana es un “vacío de poder político” causado por la alta rotación de presidentes ocupando Palacio de Gobierno en pocos años, tras la caída del judío ese en medio de sonados escándalos de corrupción. Ya van 6 hasta hoy y en tan poco tiempo (Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte). Precisamente desde Lima, su corresponsal Joe Daniels da cuenta de esa situación en un artículo que traducido y entrecomillado os ofrecemos a continuación ¿vale?: “José León sobrevivió durante mucho tiempo con 18 dólares al día como conductor de autobús en los suburbios de Lima. Pero en los últimos tres años se vio empujado aún más a la pobreza por un nuevo gasto: pagos de entre 316 y 527 dólares al mes a mafiosos que envían amenazas de muerte por WhatsApp. ‘Antes vivíamos tranquilos, pero ahora nos jugamos la vida por ir a trabajar’, afirma León, de 63 años, para quien los extorsiones a veces absorben casi todos sus ingresos. ‘Si no pagas, te matan’ expresó. Una red en expansión de redes de extorsión se ha dirigido a sectores que van desde empresas de transporte hasta barberías, escuelas privadas y tiendas de barrio en Perú, desencadenando una ola de protestas y huelgas. Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político en el que Perú ha tenido seis presidentes en dos años. Los analistas también han culpado a los efectos dominó de la desmovilización del grupo terrorista colombiano FARC y la expansión de las bandas delincuenciales venezolanas por la expansión del crimen organizado en un negocio que eclipsa los recursos de los ministerios peruanos que tratan de abordarlo. ‘La extorsión proporciona a los sindicatos del crimen organizado algo que más necesitan: flujo de efectivo’, dijo Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior que ahora dirige Capital Humano y Social Alternativo, un grupo de expertos en Lima. ‘Y el gran problema que tenemos ahora en Perú es que la gran cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial’. Las autoridades recibieron 17.630 denuncias de extorsión en los primeros 10 meses del 2024, aproximadamente en línea con el año anterior y muy por encima de los 4.500 casos documentados en el 2021, aunque los analistas advierten que la gran mayoría no se denuncia por temor a represalias. Mientras tanto, el 2024 fue el año con más homicidios registrado, con 2,126 homicidios reportados de enero al 26 de diciembre, superando los 1,431 de todo el 2023 y más del triple de los 671 registrados en el 2017, según datos del gobierno. En el 2023, 2.600 comercios de barrio de Lima se vieron obligados a cerrar por extorsión, según la principal asociación del sector; también se han clausurado escuelas. Los habitantes de la capital se quejan de la escasa presencia policial en las calles, aunque hay carteles que instan a las víctimas a denunciar los casos de extorsión. Aunque el transporte no es el único sector afectado, León se ha unido a cientos de compañeros conductores de autobús para protestar en el centro histórico de Lima contra los mafiosos y el gobierno, que, según él, está haciendo poco para abordar el problema. Los camioneros han bloqueado carreteras y han realizado huelgas en los últimos meses en todo el país, incluso durante la cumbre de la APEC a la que asistieron el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Lima en noviembre. ‘El gobierno no está haciendo nada para brindarnos seguridad’, dijo Fernando Núñez, otro conductor de autobús, mientras marchaba por el centro de Lima. ‘Todos enfrentamos amenazas y no escuchamos nada del gobierno’. Un socio de una empresa de autobuses que dirige una asociación de transporte, pero pidió no ser identificado por temor a represalias, estimó que en Lima y el vecino distrito de Callao, los pagos de extorsión cuestan al sector al menos 800.000 dólares por mes. De las 350 empresas de transporte que operan en la zona, al menos 150 pagan cuotas de extorsión mensuales de unos 5.250 dólares, y la gran mayoría de los pagos los realizan directamente los conductores, dijo. ‘Al perseguir a los choferes, están generando un caos generalizado y ansiedad en todo el sector’, dijo el empresario. ‘Porque si no tienes choferes, ¿qué sentido tiene que una empresa tenga la flota de buses o una concesión para operar la ruta?’ Agregó que la estructura informal de la red de transporte de la capital - la mayoría bajo un sistema de concesiones operadas por empresas privadas - es vulnerable a la extorsión, ya que casi la totalidad de las tarifas se pagan en efectivo. ‘Los delincuentes saben muy bien que los conductores de autobús llevan dinero en efectivo’, dijo. Los delincuentes también encuentran información sobre empresas e individuos para usarla en redes de extorsión navegando en las redes sociales o comprando información pirateada en el mercado negro, dijo Valdés. Según datos recopilados por la CHSA, las economías ilegales en el Perú ascendieron a 9.800 millones de dólares en el 2023, siendo la minería ilegal de oro la más importante, con 4.000 millones de dólares, mientras que la extorsión aportó 758 millones de dólares. El presupuesto del gobierno para el Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, en el 2024 fue de 3.000 millones de dólares y el del Ministerio de Defensa, de 2.300 millones de dólares. En septiembre, cuando los grupos de presión empresariales advirtieron que Perú estaba ‘perdiendo la batalla’ contra el crimen organizado, las autoridades declararon un estado de emergencia de 60 días en 14 distritos alrededor de la capital, lo que permitió el despliegue de los militares y suspendió algunos derechos de reunión. La medida, que según el gobierno redujo los índices de criminalidad en un 22 por ciento, se extendió a fines de noviembre. Los analistas dicen que un factor en el auge del crimen organizado es la desmovilización en el 2016 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo terrorista que estaba fuertemente involucrado en la producción y tráfico de cocaína a través de la frontera peruana. Su monopolio de facto sobre el tráfico de cocaína en el sur de Colombia fue entregado a organizaciones rivales, con efectos que se sintieron también en Colombia, donde las extorsiones están aumentando, y en Ecuador, que está experimentando un aumento de los delitos violentos vinculados al narcotráfico. Al mismo tiempo, miembros de los sindicatos criminales venezolanos, incluido el denominado Tren de Aragua, se han sumado a la ola migratoria masiva de su país y han cometido crímenes de alto perfil en toda América Latina. Los crecientes índices de criminalidad están aumentando la presión sobre la presidenta constitucional Dina Boluarte y su coalición en el Congreso, mientras su administración se enfrenta a una deleznable campaña mediática de demolición por parte de sectores ‘caviares’ y la denominada ‘prensa basura’ antes de las elecciones del 2026. La rotación de personal en los ministerios de Perú ha sido alta desde julio del 2021, cuando comenzó el cuestionado mandato del izquierdista Pedro Castillo, encarcelado en diciembre del 2022 por intentar cerrar el Congreso y pretender instaurar una dictadura comunista, dejando a Boluarte, su vicepresidenta, para que terminara su mandato en el 2026. En tanto, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la policía nacional de Perú, dijo que la agitación estaba perjudicando los esfuerzos por combatir el crimen organizado. ‘Desde Castillo ha habido 13 ministros del Interior, por lo que lógicamente esa falta de continuidad trae problemas’, dijo Pérez Rocha. ‘No hay una política gubernamental para enfrentar la delincuencia a nivel nacional’. De otro lado, el ataque sistemático contra el poder ejecutivo por parte de sectores golpistas cómplices de Castillo ha aumentado el poder del Congreso, donde decenas de legisladores han sido objeto de investigaciones penales, según los medios locales. El organismo aprobó en julio una ley que suaviza la definición de grupos del crimen organizado y prohíbe a los investigadores allanar casas de seguridad sospechosas en busca de pruebas sin la presencia del sospechoso y sus abogados. Esto siguió a una reforma anterior que limitaba el alcance de los fiscales para llegar a acuerdos de culpabilidad. ‘El Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción, y por eso en lugar de seguridad tenemos corrupción’, dijo León, mientras protestaba con un grupúsculo afín a Sendero Luminoso en la afueras del palacio legislativo” puntualiza el artículo, donde si bien se resalta que para enfrentar este desafío es necesario un liderazgo sólido y una estrategia integral que articule esfuerzos entre todas las instituciones del Estado, mientras el Poder Judicial siga en manos de la mafia caviar que protege a los delincuentes, pero que a su vez persigue con saña a la policía, todo va para peor ¿A que esperan desde el Congreso y el Gobierno para echarlos a patadas?
Algunos de los episodios de la historia del Perú tienen momentos críticos que muchos desearían dejar en el olvido. Pese a ello, cada uno forma parte del camino que ha recorrido como nación. Dentro de estos instantes toca recordar en esta ocasión la matanza de los penales, enmarcada en los convulsionados tiempos del terrorismo que remecieron al país andino. La historia en cuestión ocurrió entre los días 18 y 19 de junio de 1986, cuando las fuerzas del orden aplastaron a sangre y fuego el levantamiento de los presos senderistas en los penales El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho, ocasionando un gran número de muertos entre los terroristas, muchos de ellos asesinados una vez rendidos, especialmente en El Frontón - ubicado en una isla desértica al frente de las costas de Lima - que luego de la matanza fue clausurada y su acceso desde entonces está prohibido. Como recordareis, al inicio de su desastroso y caótico primer (des)gobierno, Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, con el fin de reducir según afirmó - “las agresiones sufridas por la población rural por parte del ejército y la policía”. De esta manera, llegó a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones a este grave problema. De acuerdo con la cuestionadísima Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) - un organismo caviar - Sendero Luminoso había trasladado su accionar a los penales en donde tenía recluidos a gran parte de sus dirigentes y militantes. Los presos por terrorismo - autodenominados “prisioneros de guerra” y “presos políticos” - poseían un amplio control sobre los pabellones en donde se encontraban, como el Pabellón Industrial del penal San Pedro en Lurigancho, el del penal de Santa Bárbara y el Pabellón Azul del penal El Frontón. Este control comprendía el ingreso de personas, bienes y recursos, lo que les permitía incluso alterar la arquitectura de los establecimientos y adaptarla a sus fines políticos, que ante la pasividad de las autoridades las habían convertido - según la propaganda senderista - “en luminosas trincheras de combate”, donde realizaban por ejemplo, elaboradas ceremonias en homenaje a Abimael Guzmán, calcadas de la Revolución Cultural China… Pero al saber que sus privilegios iban a ser retirados, decidieron levantarse contra el régimen aprista, con mayor razón por la presencia en Lima de decenas de periodistas extranjeros que tenían previsto cubrir las incidencias del XVII Congreso de la Internacional Socialista. Así llegaría el motín que inició en el Pabellón Azul del penal, encabezado por miembros del Sendero Luminoso. A la par, la situación se repitió en Lurigancho y Santa Bárbara, mientras que en la capital peruana se llevaba a cabo la citada conferencia mundial, que tenía como invitados a decenas de líderes políticos del mundo. En efecto, se pensó que este encuentro serviría de un espaldarazo internacional al régimen de García Pérez - acosado tanto por el terrorismo, como de los primeros síntomas de la hiperinflación aprista que tantos estragos originaria en la economía del país - pero lo que no previeron sus organizadores fue el baño de sangre que ocasiono la orden dada por García de sofocar a como dé lugar el levantamiento de los penales. Previamente al iniciarse el alzamiento, los amotinados de las tres cárceles presentaron un pliego de demandas entre las que destacaban su negativa a ser trasladados a otros penales, la eliminación de las requisas y las revisiones, así como el cierre del penal de Canto Grande y mejoras en las condiciones carcelarias. El gobierno envió una comisión negociadora, pero ante su fracaso, García promulgó el Decreto Supremo N.º 006-86-JUS con el propósito de declarar a los centros penales como "zonas militares restringidas". A las 10:00 se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. Pasado tres horas de finalizada la reunión y el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, “los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza”. A las 15:00 horas del 19 de junio, el jefe del grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú, a requerimiento del ministro Mantilla, inició las acciones para retomar los penales. Las FOES se encargarían de las demoliciones de algunas paredes de los penales para así posibilitar la intervención de los elementos de la Guardia Republicana. El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana (en ese momento, cuerpo de la policía encargada de la vigilancia de las cárceles y de las fronteras) recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados, resultando dos internas muertas. En tanto, el asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0:00, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruanas. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención. Mientras tanto, desde la isla de El Frontón, Mantilla anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. También a las 0:00 llegó a Lurigancho un escuadrón de la Guardia Republicana, que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial de la prisión donde los senderistas tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del Ejército peruano. La noche del 19 de junio, luego del ataque con bazucas, morteros, dinamita y explosivos de alto poder como el C-3, las fuerzas del orden tomaron el control de los penales, dejando un saldo de 124 senderistas muertos, además de tres marinos. Según el testimonio de dos efectivos de la Marina ante la CVR, varios terroristas que se habían rendido fueron ajusticiados a balazos, por orden de Mantilla, quien mediante un trasmisor se comunicaba con García y lo mantenía al tanto de la masacre. Posteriormente a estos hechos, diversos medios de comunicación, informaron sobre las ejecuciones extrajudiciales en contra de los subversivos que ya se habían rendido cuando el motín de El Frontón había sido sofocado. Ante las graves acusaciones que se hicieron con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas, el Congreso peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales. La comisión, presidida por el entonces senador Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos. Pero la mayoría aprista impidió que las investigaciones avancen. En el 2001 la Asociación Americana de Juristas denunció a García ante la Fiscalía de la Nación por ser responsable del acontecimiento. Pero al año siguiente, la Fiscalía Superior optó por archivar escandalosamente la investigación sobre la participación de García en la matanza, como el principal responsable, a pesar que ese mismo año se supo que estuvo de acuerdo con la eliminación de terroristas “ya que se había acabado con dos de los principales centros de adoctrinamiento de senderistas”. Como era de esperar y tras la masacre, los terroristas de Sendero Luminoso acusaron a García de genocida y establecieron el día 19 de junio como el "Día de la heroicidad". Para estas hordas criminales, lo ocurrido ese día fue "un triunfo político, militar y moral de la revolución" tratando de ocultar con ello el fracaso de sus planes demenciales. Sin embargo, los atentados terroristas se multiplicaron en todo el país, sobretodo porque aún quedaba en pie no solo la propia organización terrorista, sino otro de sus principales centros de adoctrinamiento como fueron las universidades públicas, controladas por Sendero con la complicidad de sus autoridades, quienes invocando su absurda “autonomía” evitaban el ingreso de las FF.AA. para restaurar el orden, permitiendo a su vez que los terroristas hicieran de las suyas con total impunidad (Próximo capítulo: Memorias del infierno)
