Una buena noticia sin duda alguna, es la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Ley de Amnistía con la que se hace justicia a todos aquellos valerosos integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. que a riesgo de sus vidas se enfrentaron y vencieron a las demenciales hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA, que originaron un baño de sangre en el país andino en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, pero a pesar de ese logro y de haber sido reconocidos en su momento como Héroes de la Democracia, desde la llegada de los parásitos caviares al Estado con Valentín Paniagua a la cabeza, fueron desde entonces injustamente perseguidos por esa maldita mafia enquistada en la justicia, sometiéndolos a procesos interminables que duran décadas, así como estigmatizados por los politizados organismos “defensores de los derechos humanos” (de los terroristas, se sobreentiende) que los calificaban con todos los epítetos inimaginables. Pero ello se acabó. En efecto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años. La medida fue aprobada el miércoles con 16 votos a favor y 11 en contra. Recibió el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que como era de esperar, las bancadas de izquierda - que siempre actúan como voceros del terrorismo y que como recordareis, fueron cómplices del oprobioso régimen filosenderista de Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón - votaron en contra. Si bien aún está pendiente que se resuelva un pedido de reconsideración a esa votación, presentado por los impresentables congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista), esta solicitud será rechazada. Ahora solo queda que el Gobierno promulgue la ley cuanto antes y sea publicada en el diario oficial El Peruano para que entre en vigencia. Como sabéis, la iniciativa tiene su origen en un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. La Comisión Permanente se pronunció a su favor en segunda votación al ejercer, durante el actual receso parlamentario, las funciones que corresponden al pleno del Congreso. Por cierto, la primera votación del dictamen se resolvió el pasado 11 de junio con 61 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien sustentó el dictamen ante la Comisión Permanente, argumentó que la amnistía responde “a una necesidad de justicia y es una forma de saldar una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”. Según el legislador, la norma permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales. Rospigliosi recordó el caso de los marinos procesados por el motín de El Frontón, que data de 1986: “De forma escandalosa se les ha reabierto nuevamente el juicio. [...] No puede ser que los procesos duren eternamente y que los militares, policías y miembros de autodefensa que derrotaron al terrorismo sean sometidos a la tortura de procesos interminables”, dijo. Afirmó que actualmente hay más de mil personas en esa situación. En la misma línea, el legislador Jorge Montoya, autor de la propuesta, defendió la ley como una respuesta al abuso que se ha cometido durante décadas contra las fuerzas del orden. “El abuso que se ha cometido a lo largo de 40 años sobre el personal militar y policial es inadmisible para una sociedad que se respete. Acá estuvimos en una lucha permanente por defender la democracia. Hubo excesos que ya han sido sentenciados y castigados, pero no hubo asesinatos sistemáticos como afirman falazmente los caviares. Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Aun así, están buscando pruebas durante 30 años y no las encuentran” asevero. Montoya también criticó especialmente el caso El Frontón que no tiene cuando acabar. “Lo abren cada vez que pueden. Eso es inconcebible”, señaló. Por último, dijo que “esta ley de amnistía permitirá vivir tranquilos el resto de vida que les queda a los que están siendo injustamente acusados por el ‘delito’ de cumplir con su deber y salvar al Perú de caer en las garras del comunismo” puntualizó. Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el país no borra su pasado: lo enfrenta con justicia y dignidad. Esta no es una norma para el olvido, sino un acto de soberanía moral que repara, aunque tarde, una deuda histórica con quienes evitaron que la patria cayera bajo las botas del totalitarismo, defendiéndola en su hora más oscura. Desde los años 80, las FFAA y la PNP enfrentaron una guerra no declarada contra el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Enfrentaron coches bomba, asesinatos de autoridades, secuestros de niños, ejecuciones públicas, y lo hicieron sin una legislación de guerra, con una opinión pública dividida y muchas veces con directivas políticas ambiguas o cobardes. Sin embargo, lograron contener al enemigo, evitar el colapso del Estado y restituir el orden en regiones enteras. ¿Qué recibió el personal en retorno? Juicios interminables, olvido institucional y una estigmatización sistemática. En muchos casos, los acusados ni siquiera han recibido sentencia. En otros, han sido absueltos luego de años de prisión preventiva. La justicia tardía no es justicia. Y la persecución eterna, sin resolución ni reparo, constituye una forma de tortura institucional. El Perú tiene derecho a defenderse en todos los frentes: militar, judicial y simbólico. Esta ley es parte de esa defensa. No vulnera tratados internacionales; por el contrario, aplica principios básicos como el debido proceso y el respeto por la dignidad de la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En muchos casos, estos plazos fueron largamente superados. ¿Deben estos peruanos que combatieron al terrorismo morir esperando justicia? La ley tampoco borra crímenes ni elimina la posibilidad de investigación en casos graves. Sólo establece que, por razones humanitarias y procesales, se exonera de responsabilidad penal a personas en situación vulnerable que han enfrentado un desgaste sin fin. No es olvido: es decencia. Quienes sirvieron en las FFAA y PNP durante los años del terror lo hicieron por convicción, por deber y por amor al país. Muchos lo pagaron con la vida, otros con la salud, otros con su libertad. Es hora de saldar esa deuda moral. No para encubrir excesos, como afirma la sesgada narrativa caviar, sino para reconocer que, sin ellos, el Perú no tendría hoy democracia. El patriotismo no es un recurso retórico: es una obligación civil. Defender esta ley es defender la verdad completa de la historia y reafirmar el principio de que el Perú tiene derecho a honrar a quienes lo protegieron cuando casi todo estaba perdido. Que la democracia no olvide nunca a los héroes que la salvaron.
Lo que era un secreto a voces, en los pasillos del Ministerio de Defensa, se confirmó esta semana. En efecto, el Perú formalizó la compra de 24 cazas Saab JAS 39 Gripen E por $3.500 millones. Esta adquisición reemplazará su flota de MiG-29 y Mirage 2000, en servicio desde los años 80. La decisión, anunciada en julio del 2025, concluyó un proceso de evaluación que comenzó en el 2024. En dicho proceso, el Gripen E obtuvo ventaja frente al Lockheed Martin F-16 Block 70 y al Dassault Rafale F4. La actual Fuerza Aérea del Perú, con 11 Mirage 2000P, ocho MiG-29, ocho Su-25 y 20 Cessna A-37, presenta limitaciones derivadas de la obsolescencia tecnológica y la baja disponibilidad operativa. El contrato incluye misiles, radares y sistemas para formación de pilotos, con entregas estipuladas en un plazo de 24 meses a partir de la firma. Dos aviones estarán listos para el aniversario de la FAP el 23 de julio del 2026. La selección del Gripen E respondió a su costo unitario, estimado entre $110 y $120 millones. Esta cifra resultó inferior al precio del Rafale, entre $170 y $240 millones, y al del F-16, entre $75 y $100 millones. Saab ofreció un paquete de compensaciones que contempla transferencia tecnológica y participación de la industria local, bajo un modelo similar al que se aplicó en Brasil con Embraer. La operación, financiada mediante un préstamo de $2.000 millones del Banco de la Nación para la primera fase y $1.500 millones para el 2026, recibió la aprobación del Congreso peruano en el 2025. Es mas, la presencia de un modelo Gripen E en la feria SITDEF 2025 en Lima influyó en la decisión. Cabe precisar que se trata de un caza multirrol de generación 4.5, equipado con un radar AESA Raven ES-05, un motor General Electric F414G y un sistema de guerra electrónica. Su peso máximo al momento del despegue es de 16.500 kg, su velocidad alcanza Mach 2, su radio de combate llega a 1.303 km y su alcance máximo es de 4.000 km. Su armamento incluye misiles Meteor, IRIS-T, AIM-9X, AGM-65 Maverick, bombas GBU y un cañón Mauser BK27 de 27 mm. Su diseño modular permite operaciones en condiciones austeras. El costo por hora de vuelo es de $4.700, mientras que el Rafale genera un costo de $16.500. Estas especificaciones resultan adecuadas para el terreno andino y las misiones de defensa antiaérea y apoyo terrestre en Perú. Asimismo, el Gripen E puede operar desde pistas cortas. Requiere 500 metros para el despegue y 600 para el aterrizaje, lo que facilita su empleo en las bases aéreas del país. Saab resaltó su sistema de mantenimiento simplificado, que reduce los costos logísticos y favorece una alta disponibilidad. En SITDEF 2025, Saab presentó sistemas adicionales como el RBS 70NG y el radar Giraffe 1X. Estas capacidades podrían incorporarse en los sistemas de defensa antiaérea de Perú. La experiencia de Brasil, con 36 Gripens F-39E y una planta de producción nacional, sirvió como antecedente técnico para el acuerdo con el Perú. La decisión tomada por el Gobierno peruano, al igual que la de Brasil y Colombia, ha incorporado al Gripen E como plataforma aérea. Esto incrementó la participación de Saab en América Latina, donde predomina el uso de aeronaves estadounidenses como los viejos F-16, presente en Chile, Colombia y Venezuela. En febrero del 2025, Estados Unidos bloqueó la venta de motores F414 para los Gripen E destinados a Colombia. Pero hasta julio de este año, no se registraron restricciones equivalentes para Perú. Sin embargo, ahora que se formalizo la adquisición de esos aviones por el Gobierno peruano, ello podría ocurrir, quizás como una forma de presión debido a la cada vez más estrecha relación del Perú con China, lo cual no es del agrado de Washington. Cabe precisar que el acuerdo alcanzado incrementa significativamente la presencia industrial sueca en la región. De esta manera, las posibilidades de cooperación técnica y logística entre Perú, Brasil y Colombia permanecen abiertas.El contrato con Saab contempla además inversiones en la industria aeronáutica peruana, un esquema que se asemeja al aplicado en Brasil, donde se establecieron capacidades de ensamblaje y mantenimiento. De esta manera, la Fuerza Aérea del Perú contempla unificar su flota mediante el Gripen E para lograr mayor eficiencia logística y preparación operativa. Esta decisión forma parte de un proceso de renovación regional en el que Chile mantiene el F-16 como avión principal y Brasil implementa 36 Gripens. Al estructurar su compra en dos fases de 12 aeronaves cada una, el Perú garantiza que la producción y mantenimiento dependan de un solo proveedor.
