En estos días Arequipa está convulsionada por una serie de violentas protestas organizadas por grupos ambientalistas que se oponen tajantemente al proyecto minero Tía Maria de la Southern Perú Copper Corporation en el Valle del Tambo - y que hasta el momento ha ocasionado varios muertos y decenas de heridos, entre policías y manifestantes - quienes han afirmado que mantendrán su medida de fuerza si el gobierno sigue empeñado en llevar adelante este proyecto que sin duda alguna afectará a la agricultura. Los organizadores de las protestas consideran que el gobierno y la minera quieren llevar adelante este proyecto a como dé lugar, en base a un polémico Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue aprobado sin la presencia masiva de los pobladores. Como sabéis, el conflicto se remonta a julio del 2009, cuando la Southern anuncio una inversión de US$ 950 millones para el proyecto minero de Tía María, en Arequipa. La reacción de la población no se hizo esperar debido a que en su primer EIA la minera planteó utilizar el agua del subsuelo y los agricultores consideraron que eso afectaría irremediablemente las fuentes subterráneas que alimentan al río Tambo, que irriga más de doce mil hectáreas de tierras agrícolas. La comunidad entendió que ese proyecto, en esas condiciones, acabaría rápidamente con sus cultivos. En el 2011 se agudizaron las protestas contra el proyecto y la refriega dejó un saldo de tres manifestantes muertos. El gobierno decidió suspender el proyecto y la empresa minera recién entendió que debía hacer cambios para lograr el consentimiento de la población. Entonces, la Southern replanteó su EIA, con la novedad que no usará el agua subterránea sino se desalinizará el agua del mar con una planta de 70 millones de dólares y, además, se compromete a instalar equipos de monitoreo para advertir una posible contaminación por el polvo y las lluvias de ácido sulfúrico ante la ebullición a temperaturas extremas, y otro equipo de sensores que alertaría ante un derrame. Sin embargo, los pobladores del Valle del Tambo consideran que el proyecto genera riesgos tanto para ellos como para el río Tambo, que es su medio de vida. En el Valle la Southern pretende instalar el tajo de Tía María y el tajo de la Tapada, que son una especie de miradores desde lo alto. De allí van a sacar el mineral que va ser molido y metido en unas pilas de lixiviación (que es un proceso que permite obtener el cobre de los minerales oxidados, aplicando una disolución de ácido sulfúrico y agua). Estas pilas son una especie de piscina de unos dos kilómetros de largo y medio kilómetro de ancho, que van a recibir el mineral para ser sometido a un baño de agua y ácido sulfúrico, generando una reacción con la presencia del cobre, lo que va permitir que ese mineral pueda ser retirado con facilidad. Los pobladores tienen temor de que en cualquier momento un camión cargado con ácido se precipite sobre el río y derrame su contenido, como ya ocurrió en otras minas contaminando irremediablemente las aguas circundantes. Argumentan por este motivo que se está sometiendo al Valle del Tambo a un riesgo que hoy en día no tiene. Pero increíblemente, la preocupación de los agricultores no han sido tomadas en cuenta por la minera ni el Estado, debido a que las audiencias en que se dio visto bueno al EIA fueron hechas en diciembre del 2013, sin la participación de pobladores representativos de la zona, con bastante gente foránea traída por la Southern y con el resguardo de un gran contingente policial. Para el exministro de Ambiente Ricardo Giesecke estas audiencias no fueron representativas y generan el rechazo de la población, dando inicio a un clima de violencia que desde hace más de 50 días azotan la región. El gobierno por el contrario, en vez de suspender el proyecto recurre a la represión, militarizando la zona y comportándose de esta manera como el gran defensor de las empresas mineras, a su vez que la Southern a través de los medios de comunicación, inició una feroz campaña de satanización de los dirigentes de las protestas con el fin de deslegitimar sus demandas. Y pensar que en su campaña electoral que lo llevo al poder, Ollanta Humala marchaba junto a quienes ahora considera “delincuentes”. A su turno, políticos inescrupulosos como Alan García acusan al gobierno de “debilidad” y claman mano dura contra ellos porque -dicen- “no pueden oponerse al desarrollo” demostrando con ello al servicio de quienes están. Venga ya, el uso de la fuerza solo va a conducir a su radicalización ¿o quieren que se repita una masacre como sucedió en Bagua en el 2009 por orden del bufón aprista?. Ese proyecto debe ser suspendido, escuchando así las justas demandas de quienes solo defienden sus tierras para salvarlas de la voracidad de las empresas mineras. Así como Conga, Tía María no pasará :)
