Venga ya, por lo visto la prensa basura se quedo sin argumentos y a raíz de la liberación esta semana del sanguinario cabecilla terrorista Peter Cárdenas Shulte (perteneciente al MRTA, cercano al APRA) luego de haber cumplido una condena de 25 años de prisión que le fue impuesto por sus acciones criminales, han iniciado una repugnante campaña mediática contra el gobierno tratando de crear temor en la opinión pública, argumentando sin razón alguna que este es el inicio de la puesta en libertad inmediata de otros siniestros conocidos dirigentes tanto de esa agrupación homicida como de Sendero Luminoso, que tanto daño y sufrimiento causaron a los peruanos, cuando lo único que hace el Estado es acatar las leyes así no nos guste. No sería legal, ni ético, ni moral privar de su libertad a quien - así se tratase de Fujimori - haya cumplido su condena en la cárcel. No habría excusa alguna para negarle ese derecho, por más repugnante y despreciable que nos pueda parecer el beneficiado. Al respecto, Augusto Álvarez Rodrich escribió en La República un interesante artículo referido al tema, que me he permitido reproducirlo, entrecomillado claro esta ¿vale?: “Cada vez que alguien cumple una condena por terrorismo y, como corresponde, recupera su libertad, surgen voces que reclaman que no se le deje salir y que permanezca por siempre en la cárcel. Es lo que ha vuelto a ocurrir luego de que Peter Cárdenas Schulte, quien participó en una serie de sangrientos atentados terroristas como dirigente del MRTA, dejó la Base Naval tras estar en prisión durante veinticinco años, tal como lo estableció la justicia. El tiempo avanza y, así como él, ya están siendo liberadas, tras cumplir sus sentencias, varias otras personas condenadas por terrorismo. Estos hechos producen varias reacciones negativas en mucha gente. Por un lado, en los que creen que se trata de delitos imperdonables al punto que, al margen de que hayan cumplido completamente sus condenas, no merecen lograr la libertad. Por ello, creen que se les debería impedir su salida y ampliarles la condena para que sea perpetua. Siendo hasta comprensible este tipo de reacción, especialmente en deudos de víctimas del terrorismo, la respuesta de la sociedad y de las autoridades debe ser tajante: una vez cumplida su condena, cualquier persona debe dejar la prisión y recuperar sus derechos ciudadanos. Impedirlo implicaría violar el Estado de Derecho que, precisamente, quisieron dinamitar el fujimorismo, el MRTA y Sendero Luminoso. Si algo fundamental debe diferenciar - entre muchas cosas - a un terrorista de quien no lo es, es el respeto riguroso de la ley. De otro lado, la liberación de quienes ha cumplido condenas por terrorismo produce la inquietud de si, una vez en libertad, volverían a delinquir siguiendo las mismas ideas que los llevaron, hace tres décadas, a tomar las armas para realizar atentados terroristas en el país. ¿Por dicho riesgo se debería disponer que, a pesar de cumplirse una condena, una persona permanezca en prisión? Ello tampoco sería aceptable ya que prolongar la prisión de cualquier persona - sea Fujimori o un sentenciado por terrorismo - más allá de lo fijado por el juez, significaría alejarse del Estado de Derecho que es fundamental respetar, aun cuando algunas circunstancias puedan ser particularmente repulsivas. Esto no implica, sin embargo, que el Estado renuncie a la capacidad indispensable de investigar y tener bajo vigilancia - siempre en el marco de la ley - a quienes puedan significar un riesgo para la sociedad, como podría, eventualmente, serlo un condenado por terrorismo que deja la cárcel. El telón de fondo de todo este debate producido no es otro que la manera siempre compleja de procesar, treintaicinco años después de su inicio, el período traumático del terrorismo en el Perú, con todo lo que eso implica, que no es poco” puntualiza la nota. Acatar la Ley no es sinónimo de debilidad, y el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo. Eso no significa en lo absoluto bajar la guardia frente a los remanentes del terrorismo, cuyas acciones subversivas se reducen actualmente al VRAE como aliado del narcotráfico o a la infructuosa campaña de su brazo legal (MOVADEF) para ser reconocidos como un partido político. A ellos no hay que combatirlos al margen de la legalidad como en tiempos del fujimorismo, con sus tribunales sin rostro y sus grupos de aniquilamiento. El terror no se combate con el terror :(
