La inestabilidad política y polarización que hoy afecta al Perú no son un “acto de la naturaleza” ni efecto de una economía en crisis. Es la turbulenta expresión de un infame manejo político causado tanto por el (des)gobierno del conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski como por la rabiosa oposición de la mafia fujimorista que controla el Congreso, en una patética muestra de incompetencia recíproca. Es mas, estos últimos siguen convencidos ‘que les robaron’ el triunfo en las elecciones pasadas y de allí el resentimiento de Keiko Fujimori ya que fuera de ello, tienen muchos puntos en común tanto en materia política como económica, que podría decirse perfectamente que son ambos lados de una misma moneda. Ambos comparten el desprecio a una sociedad tratada como mera espectadora pero que no acepta quedarse como tal. Como sabéis, el “que se vayan todos” es respaldado ahora por más del 67 % de la población (reciente encuesta de Ipsos) cuando los actuales Gobierno y Congreso llevan menos de año y medio en funciones. Dos son los momentos en los que esta situación se ha expresado y con mucho ruido a lo largo de los últimos días y que sin duda alguna, contribuirán a desgastar más a la actual administración. El primero: el frustrado intento de vacancia a Kuczynski. Aunque la vacancia si procedía - debido a las graves pruebas en su contra que han dejado al descubierto sus conexiones con Odebrecht - solo se salvo mediante una sucia negociación con una parte del fujimorismo para salvar su cabeza, así como de la vergonzosa abstención de una ‘izquierda’ que al blindarlo, resulto ser parte de la corrupción, por lo que seguirá siendo necesario profundizar las investigaciones accediendo a nueva información sensible sobre los nexos entre Kuczysnki y Odebrecht cuando era ministro de economía de Toledo hace poco más de diez años, para volverlo a acusar de corrupción y destituirlo de su cargo. Segundo momento: el indulto a Fujimori, dictado en medio de las celebraciones navideñas. Un alto precio a pagar para salvarse de la cárcel - de momento - en acuerdo con un sector fujimorista liderado por el hijo menor del genocida, quien con el apoyo del padre, pretende apoderarse del movimiento que aun controla su hermana Keiko. El indulto, dictado en nombre de una falsa “reconciliación nacional”, abrió la actual fase de polarización y confrontación, la cual se expresa tanto en el ámbito político como en el jurídico. En cuanto a lo político, lo que es evidente es que el necesario proceso de “reconciliación nacional” tendría que tener bases y contenidos distintos de un negociado indulto a un Fujimori quien no ha sido capaz de pedir perdón por los gravísimos crímenes cometidos durante su Gobierno autoritario. Se ha limitado hipócritamente a lamentar haber “defraudado” a un sector del país mientras fue dictador, dejando en claro “que lo volvería a hacer” y que dicha declaración es simplemente una farsa . Es muy grave que tanto el Gobierno, como el Congreso y el mismo Fujimori no hayan dicho una sola palabra acerca de las decenas de miles de víctimas inocentes asesinados por los temidos escuadrones de la muerte y otras formas de represión ilegal por parte de la policía y las fuerzas armadas durante la sangrienta dictadura del hoy ‘indultado’, quien por cierto, felicito a los asesinos del Grupo Colina, por ejemplo, ascendiéndolos por su ‘trabajo’ realizado. El cuestionamiento jurídico es ya amplio, tanto en lo interno como internacionalmente. Probablemente en ello esté el medular talón de Aquiles de esta medida dictada con escaso rigor. Primero, porque la gravedad de la condición de salud para sustentar el indulto humanitario no queda demostrada y no tiene legitimidad alguna un perdón dictado a partir del informe de una cuestionada junta médica de tres galenos integrada, entre otros, por el médico personal del mismo Fujimori, o sea juez y parte, por lo que dicho indulto deviene en nulo. Pero la medida no queda solo en el indulto. Se incluyó en la misma resolución, bajo el elusivo título de “derecho de gracia”, la decisión de extraer a Fujimori de cualquier proceso penal presente o futuro. Esta ha sido diseñada de manera tan atropellada que lleva consigo una debilidad jurídica tan gruesa que es poco sostenible tanto en el plano interno como en el internacional. De acuerdo a la Constitución (art. 118.21), para aplicar el “derecho de gracia” presidencial tiene que haber transcurrido un tiempo mínimo en la fase de instrucción del proceso penal: al menos el “doble del plazo de la instrucción más su ampliación”. La participación de Fujimori en el proceso por una masacre de seis personas cometidas en Pativilca durante su Gobierno en la que la Fiscalía le atribuye responsabilidad penal se ha iniciado recién hace cinco meses. No se cumple entonces el plazo mínimo constitucional, que sería de 24 meses en un caso complejo como éste, por lo que un juez penal que haga respetar la ley, estaría habilitado para declararlo inaplicable. Internacionalmente, a su vez, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana ha declarado inadmisibles las medidas que impiden la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos. Suena perfectamente lógico y predecible que el tribunal interamericano se aboque a tratar este tema para lo cual existe una amplia y sostenida jurisprudencia sobre el deber de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos. Llama la atención finalmente que haya aún en las alturas quienes pretendan seguir manejando las cosas como cuando las sociedades eran silentes, las instituciones inoperantes y el derecho inexistente. Kuczynski ha traicionado al país y debe pagar por ello. Las reacciones venidas y por venir nos irán indicando cuánto han cambiado las cosas ya que la indignación por tamaña felonía cometida solo ha comenzado. Y es que con Fujimori no puede haber perdón ni reconciliación posible. A este asesino solo hay que aplicarle la ley, que es muy clara en estos casos ¿Es tan difícil entenderlo? :(
