La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció finalmente este viernes sobre el indulto ‘humanitario’ otorgado al exdictador Kenyo Fujimori - condenado en un proceso ejemplar a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad - dejando en manos del Tribunal Constitucional peruano el resolver si la gracia presidencial otorgada por Pedro Pablo Kuczynski fue irregular o no, ya que fue el producto de una infame negociación política con el hijo menor del genocida, para evitar ser destituido ignominiosamente por el Congreso por escandalosos casos de corrupción que lo relacionan con la constructora brasileña Odebrecht. El órgano judicial dio un plazo al TC hasta el próximo 29 de octubre para resolver el caso tal y como ha demostrado anteriormente con otros casos similares. En declaraciones a Canal N, la abogada de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta Gloria Cano, aclaró que la Corte no tiene facultad para revocar un indulto, pero que se reserva su derecho a pronunciarse sobre el mismo hasta que se resuelva en el fuero interno, donde el máximo órgano constitucional peruano tiene la última palabra. Al respecto, diversos especialistas en materia constitucional señalaron que el fallo de la Corte IDH sobre la revisión del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta ha determinado que el indulto por razones humanitarias otorgado a Fujimori deberá ser analizado en vía interna hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que deberá definir si es legitimo o no. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que la Corte IDH ha dejado que el caso primero se resuelva dentro del Perú, pero bajo un parámetro teórico “en el que ningún juez podría no anular el indulto”. Remarcó que en su resolución la máxima instancia ha recordado que el indulto de Fujimori va en contra del derecho internacional e impide que las víctimas alcancen justicia. “Lo que dice la corte es que, así como en el Caso Pativilca, donde la gracia fue dejada sin efecto por un tribunal interno, el indulto tendría que ser materia de decisión de un tribunal interno”, indicó. Por su parte, la ex abogada supranacional Delia Muñoz comentó que lo que la Corte IDH sostiene es que sea la vía nacional, a través del Tribunal Constitucional (TC), la que se pronuncie sobre la validez, o no, del indulto. “Lo importante en este fallo es que la Corte IDH ha asumido su rol de tribunal subsidiario y de reconocer que ella (la corte) solo actúa cuando ya se ha finiquitado un proceso en sede nacional y ese era el argumento del Estado Peruano”, remarcó. Sobre las vías o mecanismos para realizar el control constitucional ordenado por la Corte IDH, indicó que si bien el tribunal supranacional no establece un procedimiento, esta podría ser “vía un trámite de control difuso en la Sala Penal donde se juzgó el caso (Barrios Altos y La Cantuta) en el Poder Judicial, vía amparo o directamente en un proceso especial de supervisión ante el Tribunal Constitucional”. Finalmente, sostuvo que la corte ha trazado una ruta teniendo en cuenta la vía constitucional, los tratados internacionales, la consideración especial sobre la salud de la persona y deja a consideración determinar si existen otras vías, además del indulto, que puedan garantizar la integridad de la persona. Por su parte, Natale Amprimo - quien elaboró un informe para el Estado sobre el indulto - explicó que la Corte IDH ha determinado que “pretender que la corte revise el indulto mediante un proceso de cumplimiento de la sentencia de los casos La Cantuta y Barrios Altos, dejando fuera la justicia interna, no era la correcto”. Según su criterio, la Corte IDH ha sido enfática en que sea dentro de nuestra judicatura donde se revise el indulto porque ya hay precedentes respecto a dicha figura, como son los casos de José Crousillat o Alfredo Jalilie. El mecanismo, para ejecutar la sentencia, acotó, se debería dar a través de un proceso de amparo desde una primera instancia y no directamente en el TC, porque en nuestro esquema jurídico este último interviene cuando se ha denegado el amparo en instancias judiciales. “La posición del Estado peruano fue correcta. Veo difícil que pueda ser anulado el indulto, lo que creo es que a raíz de esta resolución seguro se establecerá criterio y parámetros para aplicarlo”, anotó. Posición contraria es la expresada por Carlos Rivera, defensa legal de los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos, quien afirmo: “No estamos conformes con el fallo emitido, de hecho que no. Hubiésemos esperado una decisión mucho más concreta en cuanto a la solicitud que nosotros planteamos en el mes de diciembre”. Manifestó asimismo que se reunirá con los familiares de las víctimas para evaluar el proceso constitucional que iniciarán a fin de que se revise la legalidad del indulto otorgado a Fujimori. El abogado consideró que, en este caso particular, podrían interponer una acción de amparo en tanto se vulneran los derechos humanos de sus defendidos. “Desde mi punto de vista, tendría que ser una acción de amparo el que iniciemos en un término muy inmediato para presentar una demanda ante el Poder Judicial para cuestionar la legalidad del indulto”, aseveró. Tras conocerse el fallo emitido por la Corte IDH, Rivera indicó que los procesos constitucionales a los que refiere comienzan en el Poder Judicial, ya que solo se podría acudir de manera directa al Tribunal Constitucional si se requiere derogar una ley. Por tal razón, lo que corresponde es una acción de amparo. Acotó que al ser un procedimiento de carácter urgente, se tendría que ver a la brevedad posible. En ese sentido, manifestó que podrían tener el documento listo los primeros días de la próxima semana. Como os podéis imaginar, cada una de las partes tiene su propia versión acerca de la decisión tomada por la Corte IDH pero lo cierto es que esto va para largo y recién comienza. Lo importante es que Fujimori tiene que responder por sus abominables crímenes cometidos y vuelva a prisión, del cual nunca debió haber salido. Y confiamos que ello ocurra a pesar de las intensas presiones que a no dudarlo ejercerán desde el gobierno para evitar que el indulto sea anulado, ya que si eso sucede, rodara la cabeza del precario inquilino de Palacio porque la mafia no se lo perdonará. Sin aliados en el Congreso y abandonado por todos, intenta sobrevivir políticamente a cualquier costo, esperando estar apalancado en Palacio hasta el 2021, pero mucho se duda que podrá lograrlo, tal como lo detallamos la semana pasada ¿Y la Justicia para las victimas? Eso es lo que menos le importa en estos momentos ¿Se puede ser tan miserable? :(
