La condena a 36 meses de prisión preventiva dictada este miércoles contra Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos agravado, de parte del juez Richard Concepción Carhuancho (por lo cual puede recibir entre 10 a 14 años de cárcel durante el juicio que afrontará tras las rejas para evitar su fuga del país) marca el final de una época ominosa para el Perú, donde la organización criminal del cual es su cabecilla - Fuerza Popular - mantuvo una malsana y demoníaca influencia en la política peruana durante las últimas décadas. Capturada en la misma Sala Penal donde se encontraba y en estado de shock ya que no se esperaba que se dictara su sentencia ese día, fue trasladada inmediatamente a la carceleta de Palacio de Justicia para su traslado al penal de Chorrillos, donde cumplirá su pena. Como sabéis, la imputada fue enviada a prisión tras aceptar el juez la tesis fiscal que le acusa de ser la cabeza de una organización criminal que lavó US$ 1 millón entregados por la constructora brasileña Odebrecht en el 2011 para su campaña electoral. El juez indicó que existe un alto grado de probabilidad de que se habría cometido el delito de lavado de activo dispuesto por Fujimori Higuchi, quien ordenó la conversión, transferencia, ocultamiento, y tenencia del dinero ilícito. "Con relación a Keiko Sofia Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave que esta persona sería líder de una organización criminal creada para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht", indicó. El juez destacó también que en calidad de autora, con el asesoramiento de Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará, dispuso que los representantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya solicitaran activo ilícitos a la empresa Odebrecht y que recibieron conjuntamente US$1 millón de dólares. Agregó que el dinero se ingresó a la campaña electoral por intermedio de su entorno. En la región San Martin mediante el congresista Rolando Reátegui y en Lima, a través del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Además, el juez acogió la tesis de que Keiko Fujimori dispuso que se realicen actos de transferencia del dinero a través de personas allegadas, realizando actividades proselitistas como la "Gran Rifa" y "los Cócteles", que eran una pantalla para lavar el dinero sucio de la corrupción. Así también acogió la presunción que los primeros US$500 mil entregado por Odebrecht fueron ingresados a la campaña en el año 2010 como "ingresos por actividades proselitistas" y los otros US$500 mil, en el 2011 "aportaciones individuales"."Sobre todos estos elementos de convicción, este despacho considera que la empresa Odebrecht habría hecho la entrega de US$1 millón a Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori con cargo a cuenta de la Caja 2 de la empresa Odebrecht. De lo que se desprende que estos fondos que habrían salido de Odebrecht y terminaron en la campaña del 2011 y habrían sido fondos de carácter ilícito” aseveró. Para sostener su posición, el juez se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces, testigos protegidos, así como las declaraciones de los empresarios brasileños, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri, y otros. Sobre la credibilidad y corroboración de estas declaraciones indicó que documentos hallados en la casa del coinvestigado Vicente Silva Checa, las actas de diligencia fiscal, los chats de "La Botica" revelados, entre otros; demostrarían el poder de la cúpula de esa organización criminal liderada por la acusada. A esto, se suma las declaraciones de los ‘aportantes’ que han negado la entrega de dinero o los testigos que han reconocido haber prestado sus nombres para la "colocación" de dinero de origen ilícito. El juez toma tomó como elemento de convicción la declaración de María Lidia Gobitz Morales (ex gerente de fiscalización de ONPE) quien señaló que Fuerza 2011 no detalló los nombres de las personas que adquirieron las "Gran Rifa" y "Cocteles" del partido mediante los que se registraron aportes. El juez también incluyó en su análisis sobre los chats de "La Botica" y dice que sin entrar al tema político, se demuestra que congresistas iban a buscar medios afines a la mafia para atacar al fiscal José Domingo Pérez. Además, consideró que existe un alto grado de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori por estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro a una pena entre 10 años, como mínimo, y 13 años de prisión, como máximo. A eso se suma, el poder que tiene sobre entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y del fiscal Pedro Chávarry. "Es decir, un comportamiento de interferencia en el sistema de justicia y que podía tener impacto en esta investigación", sostuvo. Ello, indica se vuelve a poner en evidencia con la declaración del "TP 2017-55-3" de donde se concluye que "Fuerza Popular ‘blinda’ tanto al fiscal de la Nación Pedro Chávarry de los múltiples cuestionamientos esgrimidos en su contra, así como al juez supremo César Hinostroza - detenido en España tras escapar del Perú - utilizando la mayoría que tiene en el Congreso, lo cual demostraría que han captado el sistema de justicia buscando la impunidad de sus delitos". Concepción Carhuancho indicó además que los fundamentos de su resolución se plegaron al fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, donde -agregó- una audiencia de prisión preventiva "se convirtió en un mini-juicio" precisó. Concluida la audiencia, Keiko Fujimori fue detenida inmediatamente y enmarrocada, siendo trasladada a la cárcel para cumplir su sentencia. Muchos analistas se preguntan como impactara esa decisión en una organización mafiosa como Fuerza Popular, una banda delincuencial caudillista al extremo, que actualmente se encuentra en grave crisis y al borde de la división con varios de sus integrantes abandonando el barco que se hunde apresuradamente en medio de la inmundicia. Desde su fundación (con el nombre original de Cambio 90) siempre ha estado dirigido por un Fujimori. Pero tras la caída de la dictadura en el año 2000 y la vergonzosa fuga del país del genocida Kenyo Fujimori - condenado posteriormente tras su captura a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad - fue su hija Keiko quien tomo férreamente las riendas de la organización criminal, que sufrió una serie de cambios de nombre, pero que en esencia es el mismo, no permitiendo que nadie le dispute el control del movimiento. Convertido en su cortijo particular, se rodeo de incondicionales arribistas, expectorando a las ‘camisas viejas’ de los primeros años, quienes se reunieron en torno a Kenji, el hijo menor del sátrapa, quien nunca oculto sus ambiciones personales y ello le costo finalmente la expulsión de la organización. Sintiéndose la cabecilla indiscutible de la mafia, se presento como candidata en las elecciones del 2011 y del 2016, siendo derrotada en ambas ocasiones en el ballottage. Según cuentan, fue especialmente doloroso haber perdido frente a Pedro Pablo Kuczynski. Más que una sorpresa electoral, fue un durísimo golpe para ella, quien desde hacia meses atrás ya se veía en Palacio e inclusive tenia hasta su ‘gabinete ministerial’ en la sombra. Es histórica la conmoción catatónica que sufrió en televisión nacional un cuadro fujimorista al conocer los resultados. Keiko y sus secuaces quedaron con el corazón partido. Se dice que encerrada en sus habitaciones, lloro durante semanas su amarga derrota, que creía improbable. Pero pasada la rabia, comenzó su venganza. Y ciego ha sido el comportamiento fujimorista desde entonces. Debieron asumir responsablemente que perdieron la presidencia por sus comprobadas conexiones con el narcotráfico y por adulterar audios que buscaban descalificar dicha denuncia, pero prefirieron considerarse como “víctimas” de un fraude electoral sin prueba alguna. Pseudoperiodistas a sueldo inventaron otra excusa irresponsable: eran “víctimas” de un veto oligárquico: Los millonarios del Perú le habían cerrado el paso a la chinita, para colocar a uno de los suyos (Que estos la hubieran apoyado sin matices contra el nacionalista Ollanta Humala cinco años atrás ahora no importaba). Así, se lamieron las heridas con el bálsamo del “fraude electoral” y el “veto oligárquico”. Semejante diagnóstico engendró una política de la revancha. Keiko y su descomunal bancada azotarían a Kuczynski, hasta lograr su caída. Si bien hay quienes creyeron ilusamente que su ceguera no sería perpetua, se equivocaron. Independientemente de la desastrosa gestión de PPK, el fujimorismo ha sido una fuerza política malencarada, tumultuosa y vociferante, revanchista hasta la insolencia y, sobre todo, carente de proyecto. Como era previsible, la ciudadanía se fue cansando de tanta podredumbre y mediocridad, terminando por darles la espalda. Sin embargo, algo más grave y hondo despuntó en estos dos años de relaciones conflictivas entre el legislativo y el ejecutivo. Los peruanos han constatado que el fujimorismo es un permanente opositor al Estado de derecho. Debajo de la venganza coyuntural, yace la voluntad maciza y constante de socavar el imperio de la ley. Añoran los tiempos de la dictadura y lo reconocen sin ningún rubor. Creían que su poder era eterno, pero en solo en dos años, todo se derrumbo. Hoy tanto ella como su organización mafiosa no representan a nadie y esa mayoría que hacen gala en el Congreso, donde hacen y deshacen lo que les venga en gana, es a todas luces engañoso. Asediada por los escándalos, así como por sus implicaciones en la trama Odebrecht, de quienes recibió millones de dólares para su campaña electoral, su futuro es negro tanto de ella como de la opción que representa. Su descrédito es total y con Keiko ahora en la cárcel, su desaparición de la escena política peruana solo es cuestión de tiempo. Enhorabuena por el Perú :)
