Es increíble como en ese país bananero llamado Perú, ya no se diga absolutamente nada sobre ese cholo borracho y fumón - acérrimo defensor del matrimonio homosexual, la despenalización del consumo de drogas, el aborto libre, la eutanasia, el lenguaje inclusivo y la ideología de género entre otras aberraciones - quien se encuentra bajo libertad restringida en los EE.UU. a la espera de su extradición para que responda en el Perú por los graves delitos de corrupción por el que esta acusado y que le garantiza una buena temporada en el penal de Challapalca, quien sabe compartiendo la celda con ese mitómano de Martín Vizcarra, otro sujeto de su misma calaña. Nos estamos refiriendo obviamente a Alejandro Toledo, el cual recibió cuando estaba en el gobierno, millonarios sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht para ser favorecida al momento de la licitación de grandes obras públicas, con grave perjuicio de los intereses nacionales. Lo que llama la atención - y es por ese motivo que en esta ocasión me ocupo de su caso - es que han pasado varios meses desde que la fiscalía anuncio que iba a presentar la acusación para lograr traer de vuelta a ese dipsómano al Perú, pero hasta el momento nada de nada. Si bien es cierto que mientras en los EE.UU. el magistrado Thomas Hixson - de la Corte del Distrito Norte de California - fijó inicialmente la primera vista del juicio de extradición de Toledo para el 11 de marzo, pospuso insólitamente el inicio del juicio hasta junio del 2021 aceptando la absurda petición de su defensa; entretanto en el Perú, el controvertido juez Concepción Carhuancho de una manera sospechosa, devolvió la acusación formulada por la fiscalía contra Toledo aduciendo “falta de pruebas” a pesar de que estas son contundentes. Como sabéis, el Ministerio Público presento una acusación contra Toledo por haber recibido sobornos para la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur. Los episodios en los que se fundan los cargos ya se conocen de sobra desnudando la podredumbre moral de aquel individuo. En efecto, los detalles fueron proporcionados principalmente por Odebrecht, que pactó con él un pago de US$ 35 millones, y por Josef Maiman, el mediador para los depósitos. Para facilitar su extradición de los EE.UU. es pertinente que el Poder Judicial peruano realice el control de la acusación, una fase intermedia previa al juicio oral. Aún no será posible, porque Concepción Carhuancho pidió al fiscal José Domingo Pérez “esclarecer la situación de las empresas consorciadas con Odebrecht” tratando de ganar tiempo para favorecer a Toledo. Lo más destacado es la contundencia de las pruebas contra el indicado sujeto que dejo al descubierto todos sus sucios negociados con la constructora brasileña y que Concepción Carhuancho se niega a ver. Por una parte, están corroborados los encuentros en Lima y Brasil entre los ejecutivos de Odebrecht y el cholo, uno del 4 de noviembre del 2004 en el hotel Marriott de Río de Janeiro, donde se pactó la cifra. El primer contacto se había producido en agosto de ese año, cuando Marcelo Odebrecht y el gerente en el Perú de la empresa, Jorge Barata, visitaron a Toledo en Palacio de Gobierno. Entonces, en un aparte, el jefe de seguridad presidencial, Avi Danon, le dijo a Barata que podrían ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de dinero. Luego Toledo le consultó a su amigo, el empresario israelí Josef Maiman, si recibiría un pago de Odebrecht para él. En Brasil, Maiman confirmó esta disposición y entregó luego a los brasileños las cuentas en las que se harían los depósitos. Toledo asumió tres compromisos: Odebrecht ganaría la licitación, las fechas del proceso no se postergarían y las bases serían cambiadas para evitar la competencia de otras compañías. Pero en ese momento los procedimientos para lanzar la gran obra ni siquiera habían comenzado. ¿Cómo se hacían planes en el aire? Fue el abogado de Toledo, Roberto Su, quien en uno de los interrogatorios le preguntó a Barata sobre la “rareza” de acordar un cambio de bases que aún no existían, o inmovilizar plazos de un concurso que no estaba convocado. Barata respondió que ellos “ya sabían, por anticipado, cómo se diseñarían esos documentos”. En el segundo semestre del 2004, Toledo convocó a los funcionarios públicos responsables de elaborar los estudios técnicos para que fueran entregados en el más breve plazo. Entre otros, estuvieron el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, el viceministro Néstor Palacios, el director ejecutivo de ProInversión, René Cornejo. Odebrecht pretendía rapidez en la convocatoria y rigidez en los plazos porque sus competidores no podrían presentar una propuesta consistente en poco tiempo. Así, a comienzos del 2005 la pseudo licitación, a cargo de ProInversión, ya estaba en marcha para favorecer a como de lugar a Odebrecht. En este organismo hay un Consejo Directivo, integrado por ministros, que aprueba pautas generales, y un Comité de Proyectos de Infraestructura, que estuvo a cargo del concurso. El Ministerio Público ha demostrado que los miembros de ambas instancias pactaron jugosos beneficios con Odebrecht a cambio de entregarle la obra. Era la corrupción a todo nivel; Si Toledo roba a manos llenas, ellos también se creían con ese “derecho” ya que no querían ser menos que el indio de Cabana. La acusación señalo una serie de hechos adicionales al pacto que hizo Toledo y que favorecieron expresamente a la empresa brasileña desde el concurso hasta el inicio de la obra: la premura en el estudio de factibilidad, la inclusión del proyecto en la cartera de ProInversión sin un estudio técnico, la marginación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), medidas obstruccionistas contra otras empresas, la desestimación de observaciones de la Contraloría General de la República y la emisión de adendas cuestionables con contrato de concesión. Estas escandalosas irregularidades no solo habrían sido responsabilidad exclusiva de Toledo, ya que tuvo sus cómplices en el delito: ministros y ejecutivos estatales, comenzando con su por entonces primer ministro, el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski. En esta lógica, el fiscal José Domingo Pérez ha animado dos procesos por los mismos hechos contra dos grupos de funcionarios. Por una parte, los ministros del Consejo Directivo de ProInversión junto con autoridades de los sectores involucrados, entre los cuales destaca Kuczynski. Por otra, los miembros del Comité de Infraestructura de la agencia estatal, que condujeron la licitación: Sergio Bravo y Alberto Pascó-Font. Había un tercer miembro imputado, Patrick Barclay, que falleció. En suma, una constelación de funcionarios públicos no incriminados por los delatores. Es obvio que Toledo no ha actuado solo y su culpabilidad no esta en duda, pero Concepción Carhuancho aduce cínicamente “la falta de pruebas” para devolver la denuncia, favoreciendo con su condenable actitud a Toledo quien busca la impunidad de sus delitos y evitar su extradición al Perú, donde su condena estaría asegurada. La larga lista de delitos cometidos por Toledo y sus secuaces no están en discusión. Huellas del pacto de Odebrecht con los funcionarios públicos abundan en el expediente. Es por ese motivo que el fiscal Pérez, a partir de las sólidas pruebas existentes, presento la acusación, pero Concepción Carhuancho demostrando una vez mas su favoritismo hacia Toledo, la devolvió argumentando falazmente que el Ministerio Público “precise la responsabilidad de tres constructoras nacionales -G&M, JJ Camet e ICCGSA - que podrían tener responsabilidad como institución, independientemente de la que se atribuye a sus ejecutivos”. Venga ya, a todas luces se trata de una leguleyada esperando que el tiempo transcurra y prescriban todos los delitos, tanto de Toledo como de los directivos de esas empresas que se encuentran profundamente involucrados en actos de corrupción y ello no puede permitirse por ningún motivo. Lamentablemente en el Perú, las investigaciones no avanzan con la celeridad necesaria para castigar ejemplarmente a los responsables, ya que la justicia que tarda no es justicia (Cabe precisar que junto a Toledo, debe ser también ser llevada esposada al Perú su estrafalaria mujer de cabello de zanahoria - Eliane Karp - acusada de robar una docena de momias de la comunidad de Leymebamba (Chachapoyas), de 800 años de antigüedad con el pretexto que iban a ser exhibidas en Europa en el 2006, pero desde entonces se desconoce su paradero. A la cárcel con este par de dos) :(
