Tras 90 días de (des)gobierno, el régimen filosenderista de Pedro Castillo ha sumido en el caos y la incertidumbre al país andino generando una inestabilidad política y económica de tal envergadura que muchos analistas avizoran una salida violenta a la crisis y de la cual este oscuro individuo y la banda delincuencial que asaltaron el poder serán los únicos responsables. Pero como si ello no fuera suficiente, ahora este vil sujeto vocifera sus planes de nacionalización del gas junto a una demagógica reforma agraria mientras cae su popularidad en picado, especialmente en los sectores más deprimidos - E y D - quienes se dejaron engañar por esta serpiente y votaron por él, de lo cual ahora se lamentan. En efecto, tal como titula en su portada acertadamente The New York Times, Castillo está tropezando con la misma piedra, buscando aplicar la misma fórmula desgastada como en los tiempos del velasquismo, que al final solo se tradujo en pobreza y miseria generalizada, que a la larga dio origen al terrorismo comunista que baño de sangre al Perú en los años 80 del pasado siglo. Su codiciosa mirada esta puesta ahora en el gas de Camisea, el cual pretende estatizarlo (tal como hizo Velasco con el petróleo en 1968) sin decir una palabra de cómo pagara la multimillonaria indemnización a la empresa afectada - que lo tiene que hacer así no quiera si se atreve a cometer tal atropello - en lugar de dedicar esos recursos a los que menos tienen, precisamente a los que hipócritamente dice defender y representar: “Es necesario darles a los peruanos lo que el pueblo produce”. Con ese mensaje sumamente demagógico, Castillo emplazo al Congreso a aprobar una ley para nacionalizar el campo de gas de Camisea (ubicado en el Cuzco) convirtiendo a la incertidumbre económica, la turbulencia política y radicalismo izquierdista en el sello de su desastrosa gestión que comienza sin esperanzas de cumplir el quinquenio en el poder, al cual llego mediante el fraude. Como sabéis, sus pasos desde el pasado 28 de julio van en esa dirección. Su desaprobación aumentó cuatro puntos porcentuales entre septiembre (46%) y octubre (50%) y sólo en Lima se ubica en 63%. Los conflictos del gabinete - infestados de terroristas y defensores de narcotraficantes - las divisiones con su partido y las contradicciones en sus patéticos discursos explican los resultados donde su figura cae sin frenos. Al respecto, la polémica primera ministra, Mirtha Vásquez, que entró a sustituir a Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, intento atenuar sin conseguirlo el impacto de las directrices de Castillo sobre las nacionalizaciones que vocifera, que ha originado que el dólar vuelva a dispararse estratosféricamente. Para engañar al Congreso, Vásquez se apresuro en presentar un plan de gobierno “moderado” a los legisladores con el objetivo de obtener el voto de confianza para el gabinete que encabeza. Un plan que obviamente será dejado de lado inmediatamente por Castillo si lo consigue. Pero ahí, en la plenaria, la bancada de Perú Libre le ha declarado la guerra a Castillo por prescindir de siete ministros afectos al impresentable Vladimir Cerrón fundador de la organización delincuencial y que para variar, también acusado de corrupción, como Castillo, Bellido, Bermejo, Boluarte y el resto de sus secuaces. Vociferan que el 4 de noviembre cuando se vote a favor o en contra del la confianza al gabinete, lo rechazarán sin contemplaciones por dejar a la organización narcoterrorista sin su “cuota de poder”. A ello debemos agregar que Castillo sigue evitando a los medios pero las pocas veces que abre el hocico, los mercados peruanos caen. Así, su absurda pretensión de renegociar el contrato de explotación de gas con un consorcio liderado por Pluspetrol contrajo el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local. Este cayó 0.69% al pasar de 21,243 a 21,098 puntos mientras que el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0.89% al pasar de 562.25 a 557.24 puntos. La contracción se debe a “se van a cumplir 100 días de (des)gobierno y no hay un rumbo claro en la conducción del país. Solo encontramos anuncios y gestos contradictorios que satanizan la inversión privada”, aseguro Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad de Minería, Petróleo y Electricidad de Perú en entrevista con Perú 21. Cabe destacar que Pluspetrol, que tiene como socios menores al conglomerado surcoreano SK Group, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol SA, explota el yacimiento de gas natural de Camisea, cuyo combustible genera casi la mitad de la energía eléctrica del país, mientras que el resto es exportado. El gas natural de Camisea es licuado por otro consorcio llamado Peru LNG, que incluye a Royal Dutch Shell, la japonesa Marubeni Corp, SK Group y Hunt Oil. Un conflicto con las compañías llevaría a “múltiples encrucijadas que, a la larga, frustrarán las expectativas que ha despertado en el sector deprimido de la población que respaldó a Castillo y que, habitualmente, se siente marginado de las grandes decisiones políticas” destaca por su parte el periodista Hugo Coya en El Comercio. Pero a su vez, Castillo también tiene en desarrollo aplicar “la segunda reforma agraria” en el Perú, una medida nefasta que agita el fantasma de la expropiación que los empresarios temieron durante la campaña electoral. Esta iniciativa contempla la designación de un “gabinete de desarrollo agrario y rural” para gestionar “un acceso más justo a los mercados, con mejores precios” con aparentes beneficios tributarios a las comunidades campesinas y nativas. Una falsedad por donde se le mire ya que solo generara más corrupción. Precisamente, el cuestionado ministro de economía y finanzas, Pedro Francke - uno de los pocos ministros que no responden al líder de Perú Libre, el comunista Vladimir Cerrón - lo respalda matizando el discurso. “No es expropiación sino inclusión” dijo en el colmo del cinismo, tal como en el caso del gas de Camisea, al que llama “nacionalización” intentando con ese juego de palabras ocultar las reales intenciones confiscatorias de Castillo. Pero Eduardo Zegarra, jefe de gabinete de asesores del ministerio de desarrollo agrario y riego, desdijo a Francke y admite que la medida en el caso agrario “implica cambios en la política para regular las grandes extensiones de tierras en manos de empresas agroindustriales, pero el eje central está en la promoción” aunque no dijo cómo se haría ello. La iniciativa debe pasar por el Congreso y el trámite no será sencillo, donde los legisladores de la oposición conservadora representada por los bloques de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos y Acción Popular han rechazado la propuesta y sin sus votos - especialmente del último de los nombrados - será imposible que sea aprobada. Pero Castillo insiste en su demagógica propuesta y habla de que es necesario una “segunda reforma agraria” porque la primera que hizo Velasco en 1969, que el “reivindica”, incluyeron cambios en el régimen de titularidad de la tierra, donde prosperas haciendas fueron confiscadas sin pago alguno a sus legítimos propietarios y entregados a los indios quienes al no saber manejarlas, las destruyeron completamente, generando un grave problema social del cual el país hasta ahora no puede salir y ahora como si no hubieran aprendido las lecciones de la historia, pretenden agravarlo. Hay que tener memoria. En relación a Camisea ¿Cómo entender que al mismo tiempo que Mirtha Vásquez pida el voto de confianza para una política “de promoción de la inversión privada y de masificación del gas”, Castillo al mismo tiempo amenace con estatizarla? ¿Cómo se puede confiar en alguien como Castillo quien invita en los EE.UU. a los grandes inversionistas a invertir en el Perú, pero ahora reclame la nacionalización del gas? ¿Cómo entender que ni Vásquez ni el ministro Francke hayan renunciado luego de esa disparatada proclama que contradice la política por ellos enunciada y que, en el caso del MEF, echa por tierra cualquier posibilidad de éxito del programa económico? Si bien posteriormente Castillo publicó un tuit afirmando que “somos y seremos respetuosos de la libertad de empresa”, y que su compromiso es con el gasoducto y la masificación. Una interpretación optimista es que se trata de una rectificación. Pero a los pocos días vuelve con la misma cantaleta. O los peruanos se encuentran ante un sujeto que dice cualquier cosa, con efectos muy destructivos, o existen oscuros intereses. Y si los hay, lo único que puede explicar todo esto, es que se trata de una estrategia orientada a cerrar el Congreso y acelerar los pasos para una ilegal asamblea constituyente que le permita cambiar la Constitución y poder eternizarse en el poder, como sucede en Cuba y Venezuela. Hubo un retroceso inicial cuando, ante las amenazas de Bellido de hacer cuestión de confianza por el terrorista Maraví, el Congreso se unificó tras la aprobación de la ley de la cuestión de confianza, y el Ejecutivo tuvo la percepción de que la idea de la vacancia empezaba a madurar. Entonces sacó a Bellido y puso a una premier no menos radical, que intento tranquilizar al país al aclarar que la asamblea constituyente “no era una prioridad en este momento”. Pero todo resulto en un engaño. Ahora Castillo parece haber regresado al plan máximo. Con un agravante: si en la ocasión anterior fue Bellido quien amenazó con nacionalizar el gas si la empresa no se avenía a una renegociación del contrato, esta vez es el propio usurpador en el cargo quien además concreta esa amenaza en el anuncio de un proyecto de ley para estatizar la empresa. Se dirá que el tuit posterior de Castillo desmentiría que estemos ante una nueva radicalización. Pero varias señales indicaban ya un retorno a la posición maximalista. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, había declarado, días atrás, que la asamblea constituyente “sí es una prioridad de carácter nacional”, contradiciendo abiertamente a la Premier. Y la propia presidenta del Consejo de ministros, cambiando su posición, anunció al comienzo de su intervención en el Congreso que “Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social…”, y culminó su discurso llamando a un “nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia”. “Un nuevo contrato social” es un eufemismo de “nueva constitución”. Y una auténtica democracia implica que la actual no lo es. No cabe duda que se busca provocar nuevamente al Congreso para que no se de la confianza a ese gabinete de catetos. Todas las bancadas de oposición le pidieron a Vásquez en las rondas de conversaciones que tuvieron con ella, que retirarse a los cuestionados ministros Barranzuela y Gallardo - vinculados claramente al terrorismo y al narcotráfico - y que deslindara claramente con la espuria asamblea constituyente, pero no solo no les hizo caso, sino que insistió de manera agravada. Es indudable que existe un juego perverso cuya finalidad es acabar con el Estado de Derecho e instaurar una dictadura de corte comunista. El gabinete tiene menos de una semana para sincerar su posición antes del voto de confianza. Mientras tanto, es hora de que las bancadas democráticas se reúnan para realizar un análisis serio de esta situación y adopten una estrategia inteligente y eficaz para manejarla como vacar de una vez por todas a Castillo que se ha convertido en el enemigo público número uno, ya que el Perú no puede permanecer indefinidamente en una situación que lo está llevando al descalabro total :(
