A que es una vergüenza que día a día, el país andino se vea sacudido por una serie de escándalos de todo calibre - uno detrás de otro - por obra y gracia del régimen filosenderista liderado por Pedro Castillo, que como sabéis, llego al poder mediante el fraude y una vez conseguido su objetivo, va a hacer todo lo posible para entornillarse en el cargo y nunca dejarlo, instaurando cuanto antes su “república popular de nueva democracia”. Para ello no solo necesita una constitución comunista a su medida previa disolución del Congreso, sino también tener bajo su control a las Fuerzas Armadas. Y a ello van tanto ese impresentable sujeto portador del sombrero luminoso, como la banda de prontuariados que lo rodea. En efecto, la prematura e ilegal salida de los hasta hace poco comandantes generales del Ejército y la FAP se ha convertido en una ola difícil de sortear para el régimen que amenaza con seguir creciendo. Hasta ahora, los sucesos conocidos pintan el grave cuadro de un aprendiz de dictador intentando influir irregularmente en los procesos internos de ascensos de las Fuerzas Armadas, lo que a todas luces, según advierten varios constitucionalistas, es causal de vacancia. Como sabéis, el tercer comandante general del Ejército en solo tres meses se instaló el pasado jueves 4. Estos cambios son los necesarios para, en primer lugar, crear inestabilidad en los institutos castrenses: nadie se siente seguro en su cargo y eso se espera que lo haga más dúctil a las presiones desde Palacio; En segundo lugar, para ir midiendo la capacidad de resistencia de las instituciones, ya humilladas como nunca antes con la imposición de un suboficial (r) de la policía de pésima catadura como ministro de Defensa; Y en tercer lugar, para ir cambiando y probando, hasta encontrar a un jefe adecuado a sus designios, que esté dispuesto a ser usado políticamente para los protervos propósitos de los comunistas de liquidar a la democracia a cambio de algunas prebendas. La secuencia de los últimos sucesos ha sido detallada por militares en retiro y algunos medios. Pedro Castillo ha llevado a Palacio como asesor informal - como todo en este régimen, entre improvisado y delincuencial - al oscuro y mediocre coronel EP de caballería Ciro Bocanegra, cuyo padre - un maestro de la aldea campesina de Tacabamba - es amigo de Castillo, y a quien le recomendó a su hijo. Como Bocanegra no estaba en la relación de ascensos de este año, Castillo quiso que el comandante general José Vizcarra - nombrado para ese cargo el 4 de agosto- lo incluyera en la nómina. Incluso propuso algo irregular, ampliar el número de vacantes para generales del arma de caballería de uno a dos. Pero el general Vizcarra se plantó firme y sostuvo que así se ampliaran las vacantes Bocanegra no ascendía porque era el número 3. A Castillo no le quedó más que tragarse su ira y Bocanegra no ascendió, se respetó el orden de méritos determinado institucionalmente. Sin embargo, la venganza no se hizo esperar, Vizcarra fue defenestrado y nombrado en su lugar al general Walter Córdova de su misma promoción, que es la del asesino de policías Antauro Humala. Lo grave del asunto es que no solo se ha manoseado al Ejército, de una forma grosera y atentando contra su institucionalidad, sino también a la Fuerza Aérea (FAP) donde el general Jorge Luis Chaparro fue alevosamente destituido solo porque incluyó en la relación de retiros a un general con buenas relaciones con el régimen. Como recordareis, tanto Vizcarra como Chaparro habían sido nombrados el pasado 3 de agosto y se enteraron de sus prematuros relevos leyendo “El Peruano”. Nadie en el Gobierno les explicó por qué se los estaba sacando de los puestos para los que se los nombró hace tres meses y seis días. Aunque ambos tienen una pista. Cabe destacar que en esta época del año suelen llevarse a cabo los procesos de ascensos dentro de las instituciones armadas. Según contó el general Vizcarra en RPP, fue en este contexto que recibió algunos pedidos del secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, y del ministro Ayala para “promover” irregularmente a varios cuadros, pero que pusieron especial énfasis en dos nombres: los de los coroneles Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra , a pesar de que ambos no tienen los meritos suficientes para ello. Vizcarra agrego que él se negó a ambas solicitudes porque ninguno de los dos calificaba para los ascensos (“no tenían los puntajes correspondientes ni las atribuciones [desde] el punto de vista ético”). Y que, cuando le explicó a Castillo esto, él le consultó sobre “cómo hacer para poder ascender al señor Ciro Bocanegra”. “Yo le manifesté que, si él deseaba ascenderlo, le podía sugerir que haga una resolución donde él tenía la posibilidad de otorgarle una vacante, [pero] le expliqué que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque ese señor no era merecedor [del] ascenso”, narró. Además, Vizcarra reveló que Castillo le mencionó por WhatsApp que tenía “un encargo” sobre el proceso de ascensos. Asimismo, el otro comandante general cesado, Jorge Luis Chaparro, de la FAP, comentó que el secretario general de la presidencia “me llamó por teléfono para pedirme que ascienda al general Briceño”. Y que el ministro Ayala también le pidió “por el general Briceño, por el coronel Carlos Castillo y por el coronel Vilca, si no me equivoco”. Pero al negarse Chaparro a interceder por aquellos “recomendados” lo sacaron abruptamente del cargo, violando todas las normas de la institución. La circunstancia ha motivado el rechazo de exministros de Defensa de diferentes gobiernos, como Pedro Cateriano, Jorge Nieto o Walter Martos y varios abogados constitucionalistas consultados han advertido no solo que el Ministerio Público debería iniciar una investigación preliminar por el posible delito de tráfico de influencias, sino también que se trata de una causal de vacancia para Castillo, por lo que urgieron al Congreso a actuar a la brevedad posible. Todo ellos coincidieron en que Castillo no puede obligar a un subordinado a actuar en contra de la Ley y las normas: “Yo creo que tenemos perfilado un caso de notoria incapacidad moral para ejercer la presidencia”, opinó al respecto Enrique Ghersi Silva, quien sostuvo que presionar ilegalmente a los comandantes de las FF.AA., y despedirlos porque no le obedecieron, además de ser un delito de abuso de autoridad es una grave falta ética. “La vacancia por incapacidad moral supone una permanente falta de actitud ética para ejercer el cargo (...). No puede pretender el presidente, amenazando, además, a los comandantes generales, que ellos actúen en contra de la ley”, añadió Ghersi. Por su parte, el constitucionalista Natale Amprimo dijo que los hechos que implican al jefe de Estado son gravísimos. “La calificación de si estamos o no ante una causal de vacancia le corresponde al Congreso”, agregó. Sin embargo, Amprimo enfatizó que no respetar la Carta Magna ni la ley significa que se está al margen de lo que es lo idóneo para quien ejerce la máxima magistratura de la nación. “De acuerdo con la Constitución, la calificación es de naturaleza política, no jurídica. ¿Y de qué depende que proceda o no proceda la vacancia? De que se tengan los votos o no se tengan. Nada más”, explicó. A su turno, el también constitucionalista Aníbal Quiroga manifestó que la concepción de la causal de vacancia presidencial “es abierta” en nuestra Carta Magna. “Considero que el juicio político es eso: político. Por lo tanto, depende de que en el Congreso existan los votos necesarios”, refirió. Recalcó que la decisión de vacar a Castillo es política y que se genera en el Parlamento, para lo cual se requiere un número mínimo (87) de votos. Según Quiroga, lo que hay en este escándalo es una actuación irregular del sátrapa al castigar a un subordinado (los excomandantes generales del Ejército y la FAP) “por no haber cedido a las presiones para ascensos”. “Eso escapa a sus facultades, porque se convierte en un acto de venganza”, agregó. Como decíamos al inicio, todo indica que nos encontramos frente a una ofensiva contra la institucionalidad desde el nivel más alto del Ejecutivo. Un cuadro tan grave que solo el Congreso cuanto antes esta en la obligación de solucionar. “Los comandantes generales no están para defender a un Gobierno o a un partido, sino a la Constitución, porque no son deliberantes” reza la norma de las FF.AA. Todo lo que se aparte de ella es inconstitucional y consecuentemente ilegítimo y delictivo. Por ello, a estas alturas es obvio que no sirven declaraciones, ni interpelaciones, ni censuras de ministros. La única opción es la vacancia. Y el tiempo se acaba... (Por cierto, con Sendero en el poder, a nadie debe extrañar el reinicio de los atentados terroristas y los asesinatos selectivos por parte de elementos afines al régimen) :(
