En medio del caos y la improvisación en el que se desenvuelve el país andino, esta semana el régimen filosenderista de Pedro Castillo abrió un nuevo frente, esta vez contra las empresas mineras a quienes 24 horas antes les había prometido que tienen todas las garantías para invertir en el Perú, ya que según afirmo a los empresarios “en el país existen seguridad jurídica y reglas claras” pero que luego, la activista ambientalista y asalariada a sueldo de las ONG antimineras Mirtha Vázquez - que funge insólitamente de primera ministra - suscribió un acuerdo con el subsecretario general del Movadef, Che Bernaola Torres, decretando el cierre ilegal de cuatro minas en Ayacucho, contando para ello con la anuencia del propio Castillo, demostrando una vez más que ese oscuro individuo que llego a Palacio mediante el fraude, no tiene palabra alguna y no se puede tener confianza alguna en lo que promete. Si bien a los pocos días y ante la presión mediática así como la legítima protesta de los inversionistas afectados ,Vázquez tuvo que retroceder vergonzosamente de su posición inicial y descartar el cierre de las minas, las cuales “podrían seguir funcionando siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes” - pura demagogia barata porque ya los tienen - pero el daño ya está hecho porque nadie va a querer invertir en el país donde las reglas cambian de un día para otro. “Esto aumenta aún más el riesgo geopolítico para las mineras que operan en Perú”, señaló al respecto Patrick Jones, analista de JP Morgan, al Financial Times. Agregó que esto presenta una extrapolación negativa para Anglo American, "cuyo proyecto emblemático de cobre Quellaveco se encuentra en Perú". Asimismo, otros analistas señalan que el Poder Ejecutivo no ha medido el impacto de esta decisión en la inversión. “No estamos seguros de si el Gobierno ha apreciado plenamente la magnitud de lo que este tipo de acción podría significar para la inversión extranjera peruana, lo que creemos que podría brindar un potencial de reversión en el momento oportuno”, dijo Tyler Broda, analista de RBC Capital Markets. Ante la polémica generada, Vázquez se reunió con los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Hochschild Mining. En la reunión participaron también los ministros de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles; de Economía, Pedro Francke; y Ambiente, Rubén Ramírez. A la salida de la reunión, Vásquez dijo que fue “un encuentro bastante fructífero y aseguró que el Poder Ejecutivo respeta la seguridad jurídica y las inversiones privadas en el país” desdiciéndose de sus amenazas de la víspera. “Fue una reunión importante y hemos expuesto cada uno de nuestros puntos de vista, de nuestra parte hemos expresado toda nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica, las inversiones privadas y no caer en algún tipo de unilateralidades porque eso está descartado”, dijo a la prensa, aunque todos saben que se trata de un retroceso momentáneo, esperando el momento para dar nuevamente el zarpazo estatista y confiscatorio. Es increíble que la tiparraca no se dé cuenta del daño que le hace al país con sus actitudes confrontacionistas, y peor aún en las difíciles circunstancias que atraviesa, al intentar poner en práctica sus disparatados discursos y posiciones antiextractivistas, que vienen desde cuando compartían jornadas con Marco Arana en el Frente Amplio. El asunto es muy grave porque no solo fue un ataque certero al futuro del Perú, sino que también dinamito la seguridad jurídica de la inversión minera y la inversión en general. Y tiene varias agravantes: el acuerdo se ejecuto por medio de una “comisión ejecutiva” y con participación de las comunidades, como si se tratara de soviets, estableciendo que la cabecera de cuenca se convierta en un piloto para aplicarla al resto del país, poniendo en jaque buena parte de la minería nacional. Simplemente se quiere que no haya minería en el país. Personajes como José de Echave han señalado que la legalidad es importante, pero tiene que enmarcarse en otras consideraciones como las ambientales y las relaciones con las comunidades. Pero la legalidad consiste precisamente en regulaciones ambientales y sociales. Es increíble la capacidad sofística de estos defensores del atropello que pretendían cometer al margen de la legalidad. Por lo demás, las circunstancias de cada mina son diferentes. De hecho, como ha explicado Carlos Gálvez, extitular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esta dinámica ha permitido que, por ejemplo, minas como Buenaventura puedan operar en el país desde hace seis décadas. Incluso hay comunidades, vinculadas a la mina Inmaculada de la empresa Ares, que demandaron que Vázquez se retractase respecto del cierre de las minas, porque dicha decisión les afectaría de diversas maneras. En otros casos hay una historia de desencuentros, es cierto, en parte alentados por la prédica pos-extractivista que alimenta el mito de que la minería no es posible en las cabeceras de cuenca, que es el discurso que se repite en esta zona y que ha difundido la versión de que las aguas mineralizadas de los ríos “lo son por causa de las minas”, y no de la naturaleza, como señalan los informes de Ingemet. Ese discurso incendiario no hubiese prendido si el Estado y el canon hubiesen funcionado para producir desarrollo. El canon está mal distribuido y su ejecución es muy mala, cuando no corrupta. Si se hubiese aprovechado esos recursos para que las familias campesinas multiplicasen su productividad con tecnologías de riego y otras, y con caminos para sacar su producción, no habría quejas de ningún tipo. Más allá de eso, los hechos ocurridos que culminaron en el incendio del campamento de Apumayo fueron la consecuencia directa de un trabajo político contra la minería en cabecera de cuenca realizada por radicales en combinación con una congresista de Perú Libre, Margot Palacios, que también estuvo detrás del bloqueo de la comunidad de Aquia en Ancash contra Antamina. Margot Palacios se reunió en varias ocasiones con los líderes del autodenominado Frente de Defensa de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, Che Bernaola y Julio Gutiérrez, todos ellos pertenecientes al Movadef, organismo de fachada de Sendero luminoso, al igual que Perú Libre, que por cierto, financio su campaña con dinero proveniente del narcoterrorismo como lo admitió el propio “camarada José” (Quispe Palomino) cabecilla de Sendero Luminoso, quien ordenó la entrega del dinero a Alex Pimentel Vidal - operador de Vladimir Cerrón y nexo con los senderistas del Vraem - según denuncio el exmilitar Eddy Villarroel Medina, mejor conocido como ‘Sacha’, testigo protegido en las investigaciones que sigue la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, pero que sospechosamente no actúa con la prontitud que debiera para ordenar la detención de estos sujetos por su comprobada relación con el terrorismo. Es más, según confesó Che Bernaola, este acuerdo firmado por Vázquez forma parte de un plan que es consecuencia de una alianza entre el Frente Amplio de Marco Arana, autor de la ley de cabeceras de cuenca, adalid del pos-extractivismo y socio actual de Pedro Castillo, con Perú Libre y con el Movadef, cuyo objetivo sería ir generando “zonas liberadas” en el territorio, comenzando por las provincias del sur de Ayacucho. Cabe precisar que el principal responsable de este desaguisado es el propio Castillo quien una vez más ha demostrado que su “palabra de maestro” no tiene valor alguno y que debido a su desfasada posición ideológica marxista-leninista-maoista-mariateguista-Pensamiento Gonzalo, busca destruir la minería a pesar de su importancia capital en el desarrollo del Perú, quien debido a su falta de visión y conocimiento de los temas importantes del país, no entiende que la minería supera el 12% del PBI, representando el 60% del total de las exportaciones y más del 20% de la recaudación fiscal, y con relación a las inversiones en el país, la minería alcanza el 18%, que genera 250 mil puestos de trabajo directos y cerca de dos millones de indirectos. Las mineras tienen, desde hace años, regulaciones muy exigentes en múltiples temas. Entre ellas, el plan de cierre para evitar los pasivos ambientales de otras épocas. Bajo rigurosa fiscalización de los organismos competentes, tienen que dejar todo como lo encontraron; de ahí el cronograma de cierre. En la mayoría de casos, sin embargo, encuentran nuevas vetas para continuar sacando minerales (seguir ganando, dando empleos y pagando impuestos) y se hace un trámite para ampliar esa fecha. Algo que lamentablemente no le entra en la cabeza a quien acertadamente ha sido bautizado por sus adversarios como Castiburro, quien recurre a formulas populistas en busca del aplauso fácil de parte de quienes terminarán siendo los más perjudicados. Como sabéis, aquel que insiste en gobernar con un doble discurso, al final solo traerá inestabilidad y desconfianza, factores que van en contra de las inversiones, generación de puestos de trabajo y de la necesaria unión para lograr el desarrollo y la prosperidad que necesita el país. Pero vamos, de un sujeto tan limitado en todos los sentidos como Castillo no se puede esperar nada bueno para el Perú ¿No lo creen ustedes? :(
