Su derrota fue aplastante en los recientes comicios locales realizados en el país andino, quedando en último lugar en Lima - con un mísero 1.2% - no logrando además ninguno de los gobiernos regionales donde se presentó. Nos referimos a ese organismo de fachada de Sendero Luminoso llamado Perú Libre, pulverizado prácticamente a nivel nacional, demostrando que no representan a nadie y que su sorpresiva llegada al poder el año pasado fue producto del fraude, que en esta ocasión no pudieron hacer como hubiesen querido, debido a la férrea vigilancia de la Fiscalía. De ello se puede deducir que hubo muchos derrotados, en primer lugar, el filosenderista Pedro Castillo y sus secuaces, de una forma por lo demás clara y contundente. Otros damnificados obviamente han sido Acción Popular, Juntos por el Perú y demás agrupaciones izquierdistas que apoyan al (des)gobierno en el Congreso, quienes también han desaparecido políticamente en medio del desprecio y el descredito generalizado. No podemos dejar de mencionar obviamente a esos parásitos caviares, que les gusta vivir aferrados cual garrapatas al Estado y que en el caso de la Municipalidad de Lima, han perdido las jugosas “consultorías” a los que estaban acostumbrados. Pero sin lugar a dudas, la debacle de Perú Libre fue más clamorosa, porque sabedores del rechazo que producen en la ciudadanía, se presentaron en varias regiones con otros nombres - como en Junín - e igualmente terminaron vapuleados. A todo ello, debemos agregar que Castillo no pudo ganar ni siquiera en su aldea natal de Tacabamba (Cajamarca) a pesar de todos los ingentes recursos del Estado que de una manera ilegal invirtió allí. Pero todas estas buenas noticias no pueden distraernos del tema de fondo que son las intenciones de ese oscuro individuo de querer eternizarse en el poder, ahora con mayor razón luego del varapalo electoral, y sus miras están dirigidas no solo en seguir hostilizando al Ministerio Publico (recortándole a un tercio de su presupuesto lo que pone en riesgo el funcionamiento del sistema, según denuncia de la Fiscal de la Nación, quien los próximos días presentara una acusación constitucional contra Castillo por los Casos Puente Tarata y Petroperú), sino también en buscar controlar a las FF.AA. En efecto, luego de las reveladoras declaraciones del general (r) Roger Zevallos, que denunció que el actual Comandante General del Ejército, Walter Córdova, está coludido con la corrupta camarilla que se ha apoderado del gobierno para entregarle el control político de su institución, están apareciendo nuevas informaciones que corroboran esa versión. Hasta el diario oficialista La República coincide: “El gobierno tiene plan para buscar a oficiales afines en las Fuerzas Armadas” (1/10/22). El nombramiento del declarado antaurista Daniel Barragán como ministro de Defensa es parte del siniestro plan que podría concretarse muy pronto, cuando se efectúen los ascensos, retiros y cambios de destino en las instituciones castrenses, incluyendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como recordareis, en mayo del año 2021 en un audio que difundió El Comercio, el desequilibrado mental, despreciable asesino de policías y consuetudinario adicto a la marihuana Antauro Humala dijo de una manera procaz, propia del marginal que es: “Mi promoción agarra el Comando del Ejército el 2021 (…) Si no se tiene bien controladas a las Fuerzas Armadas va a salir un Pinochet (…) De frente van a dar un golpe (…) El único huevón que puede aguantarle a las Fuerzas Armadas en el poder soy yo, a Pedro Castillo”. En esa misma desquiciada conversación anunció que él sería el comandante general del Ejército. Inexplicablemente, sus sueños de opio se están haciendo realidad. Castillo le dio libertad en agosto, pese a que aún no le correspondía, y hace dos semanas nombró como ministro de Defensa a quien es su íntimo amigo y socio político. Hay un hecho además que pocos le han dado la debida importancia. El 7 de septiembre pasado, Perú21 publicó un documento reservado, según el cual el régimen había encargado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) “evaluar escenarios ante un posible cierre del Congreso y una vacancia presidencial”. El informe planteó alternativas para poner en marcha el plan contra el Parlamento, que –según sus autores- sería tomado de mejor manera por la población que una vacancia del analfabeto corrupto y ladrón. ¿Por qué Castillo mandó a realizar esa evaluación? Por cierto, en la DINI, Antauro también tiene un hombre de confianza, el exmilitar Gustavo Bobbio, quien se ha reunido varias veces con Castillo. El círculo se va cerrando. Sin embargo, algunos entendidos creen que no todo está perdido, que la mayoría de los mandos militares son institucionalistas y no permitirán que eso ocurra. Puede ser. Pero si el régimen se sale con la suya sería el paso decisivo para acabar con lo poco que queda de democracia en el Perú. El siguiente paso sería cerrar el Congreso, cosa que podrían hacer con relativa facilidad, usando cualquier pretexto. Una nueva moción de vacancia, una acusación constitucional, una cuestión de confianza, u otro motivo serviría para que acusen a la oposición de “golpista”, movilicen unos cientos o algunos miles de indios soliviantados y delincuentes antauristas, con la pasividad de la Policía - que ya controlan - y echen a patadas a los parlamentarios. Lo hizo Vizcarra hace tres años y se salió con la suya. La diferencia es que ahora aprovecharían para convocar a una ilegal e irrita ‘asamblea constituyente’ integrada por organizaciones afines a Sendero Luminoso, para instaurar su tan soñada “república popular de nueva democracia”. Y el Perú entraría al club del socialismo del siglo XXI para confraternizar con apestados como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Precisamente, hace 54 años, un 3 de octubre de 1968, una Junta Militar presidida por el general Juan Velasco Alvarado se instaló en el gobierno y permaneció - previo golpe del felón Morales Bermúdez - hasta 1980. Antes, en julio de 1962, otra Junta Militar había derrocado a Manuel Prado, aduciendo fraude en el proceso electoral de ese año. Fue el primer gobierno institucional de las FF.AA. en América Latina y duró solo un año, reorganizó el deshonesto sistema electoral y realizó elecciones limpias. En ambos casos, aunque se trató de gobiernos muy diferentes, a nadie en el Perú se le ocurrió procesar a los militares que participaron en esos eventos. Algunos que participaron en los gobiernos militares incluso integraron los gobiernos que sucedieron a esas Juntas, como Francisco Morales Bermúdez (1968) y Luis Cisneros Vizquerra (1981-2). En el caso del primero, vale aclarar que fue juzgado in absentia por la justicia italiana acusado de genocidio por su participación en el siniestro Plan Cóndor y condenado por ello a Cadena Perpetua, aunque lamentablemente no lo cumplió porque de una forma por lo demás vergonzosa, los diferentes gobiernos que se sucedieron en el Perú se negaron a entregar al criminal a Italia, muriendo hace pocos meses en libertad. Volviendo al tema de fondo, distintas fueron las consecuencias del autogolpe organizado por Vladimiro Montesinos con Kenyo Fujimori en 1992, que lo hizo con el apoyo de las FF.AA. Pero ello no terminó en una transición ordenada y pactada, sino con el derrumbe del régimen con la fuga del dictador y su “asesor” en el año 2000, aunque posteriormente fueran capturados y condenados a largos años de prisión que aun lo cumplen. Cabe precisar que la escandalosa y demostrada corrupción durante el fujimorismo involucró desde el comienzo de su aventura golpista a varios jefes militares, propiciando que algunos de ellos terminaran en la cárcel. Algunos no entienden las diferencias, los contextos, ni los desenlaces e insisten en querer repetir la historia, creyendo que en esta ocasión saldrán impunes de sus graves delitos cometidos. Pregúntenle a Fujimori, que así como van las cosas, morirá en prisión como Abimael, cuya celda que ocupo en la Base Naval, ya espera a Castillo, mientras que para el resto de sus cómplices esta El Frontón, que será reabierto para albergarlos... El crimen nunca paga :)
