El Congreso de la República - aquel antro donde se realizan asquerosos contubernios entre aparentes “adversarios políticos” para elegir a un filosenderista en el cargo de Defensor del Pueblo; El mismo donde ‘blindan’ de la manera más desvergonzada a los “niños” de Acción Popular, rechazando la acusación fiscal que busca procesarlos por corruptos y ladrones, además de ser cómplices del delincuente golpista Pedro Castillo; La misma institución que busca silenciar a la prensa independiente mediante aberrantes “leyes mordaza” para que no sigan mancillando la honra de las “hienas” que la conforman; Aquellos que buscan salvar de la destitución a como dé lugar a la lagartija vizcarrista Zoraida Avalos aplazando ad infinitum la votación, prevista inicialmente para el último jueves - nuevamente están en el centro de la polémica, al conocerse que nuevamente han inflado su presupuesto de manera exorbitante y sin sustento alguno, lo cual afecta seriamente su ya maltrecha imagen, con apenas el 5% de aprobación en las encuestas, y ello antes de protagonizar una serie de escándalos la semana que paso, que de seguro lo redujo a cero. Así como lo lee. Estos impresentables que han quedado desenmascarados como aliados de Sendero Luminoso, no merecen respeto alguno. Se lo han ganado a pulso. Como recordareis, un ex congresista aprista, acérrimo defensor de Alan García Pérez (aquel mafioso que se quito la vida en su guarida al encontrarse rodeado por la policía que iba a proceder a detenerlo) dijo alguna vez, en cuanto a poderes del Estado, “el Congreso era primus inter pares” expresión latina que significa el primero entre iguales. “Eso ha existido en el Perú, incluso dentro de los Parlamentos sometidos a las dictaduras”, añadía. A juzgar por sus apetitos presupuestales, el Congreso actual se tomo demasiado en serio la sentencia de su ex integrante. En efecto, de acuerdo con una investigación publicada por un diario local, el presupuesto del Congreso de la República para el 2023 asciende a S/928,2 millones, un monto superior en 43% a los S/649,6 millones de los que disponía en el 2021, al inicio del actual período legislativo. En una comparación regional, el Congreso peruano aparece como uno de los más costosos entre países vecinos. Solo Argentina, Méjico y Brasil tienen presupuestos más altos y, pese a que el número de congresistas peruanos es relativamente menor (130), sus recursos son más abultados que los órganos legislativos con más integrantes, como Colombia y Chile, ambos bicamerales. Más aún, en una evaluación de presupuesto por parlamentario, el congresista peruano aparece como el segundo más costoso con S/7,1 millones por legislador, solo superado por sus pares brasileños. Ello se debe a que de una manera aberrante, el Congreso de la República tiene la facultad de aprobar su propio presupuesto, a diferencia de los ministerios u otros organismos del Estado. Según analistas consultados, el problema de fondo no es solo el exorbitante sueldo que gana cada congresista - por su nula labor en beneficio del país y si de su bolsillo - sino también por otros gastos inflados, redundantes o innecesarios del Legislativo. La principal carga en este sentido sería la sobrepoblación laboral. Más del 70% del presupuesto de este año por ejemplo está asignado a personal y contribuciones a la seguridad social, porción que debe cubrir los sueldos de los más de 3.000 trabajadores internos, además del personal de confianza designado por los congresistas. La atención sobre la productividad de los trabajadores es mínima y los colocados por favores políticos antes que por capacidad técnica abundan. Si se trata de ganar eficiencia y transparencia, como más de un parlamentario le exige hipócritamente al Ejecutivo, no estaría mal empezar por casa. Los gastos en viajes son excesivos y la información sobre los mismos llega a destiempo; los pagos extras y regalos -como los bonos de casi S/10.000 para todos los trabajadores del Congreso aprobados en abril - transmiten una absoluta frivolidad; a ello debe agregarse el centro de salud por construirse por S/2 millones “para brindar atención médica a los congresistas” a pesar de que ya tienen seguro privado pagado por todos los peruanos, da la imagen de un Congreso que prioriza sus propias ambiciones mientras el resto de la ciudadanía debe enfrentar un sistema de salud colapsado, producto del desastre heredado del régimen filosenderista de Castillo. Un paso en la dirección correcta, por ejemplo, sería centralizar buena parte de los procesos de evaluación legislativa a través de una oficina de estudios económicos e impacto social con capacidad técnica suficiente, de modo que se reduzca el personal por parlamentario destinado a estas tareas y que bien puede no tener las competencias para realizarlas. Como porcentaje de los recursos totales del Estado, se dice a modo de excusa que los montos de los que dispone el Congreso son relativamente menores (apenas 0,6% del presupuesto anual, aproximadamente). Pero gastos innecesarios o superfluos afectan su imagen, prioridades y, a la larga, su capacidad de legislar adecuadamente. A ello debemos agregar las nefastas decisiones del Congreso tomadas recientemente, y que confirman que la fallida democracia peruana padece de una enfermedad terminal, irreversible. Aunque obstinadamente muchos se niegan a reconocerlo, el sistema político peruano no puede ser reformado en el marco de sus propias reglas, que han sido utilizadas por impresentables elementos para acceder al poder político y aprovecharse de él. El caso del Congreso es ilustrativo. A estas alturas ya no hay ninguna duda de que está integrado por una mayoría de sinvergüenzas, desde facinerosos que vendían sus votos para obtener puestos en el Gobierno y gestionar obras corruptas por cientos de millones de soles, hasta aquellos que roban parte del salario de los trabajadores, pasando por violadores y bandidos de toda laya, que en el colmo del escándalo, se niegan a sancionarlos. Entre la minoría que no encaja en ninguna de las categorías anteriores, son muy pocos los que agregan a un perfil de honestidad, conocimiento y capacidades de liderazgo. Hay algunos honrados débiles y vacilantes, que parecen perdidos, náufragos en medio de esa marea de inmundicias y detritos. Y otros que creen sentirse obligados a practicar una realpolitik, lo que suponen que es una política realista y que, al margen de sus intenciones, solo termina hundiendo más las instituciones en un descrédito absoluto. Algunos analistas intentan descubrir la cuadratura del círculo proponiendo, por ejemplo, reformas electorales, que teóricamente podrían ser razonables, pero que en el contexto actual no resolverían nada, ya que como se ha podido comprobar, cada Congreso es peor que el anterior. Como era de esperar, izquierdistas y caviares se desgañitan demandando “más participación” para mejorar el sistema, cuando ese aumento es una de las causas del actual desastre. Por ejemplo, la inútil “democracia partidaria”, la votación interna en los partidos para designar a sus candidatos. En Acción Popular (AP), partido ahora capturado por una horda delincuencial afín a Sendero Luminoso (Belaunde debe estar revolcándome en su tumba de la rabia), se aplicó el principio de un militante un voto. Y el resultado es el que se puede apreciar: los 4 acusados por la fiscalía y “blindados” por el Congreso corrupto, son de AP. Como podéis imaginar, políticos reciclados de diversas tendencias, demagogos de todo calibre y grupos de oportunistas desesperados por ocupar su lugar para disfrutar de las delicias del Poder, demandan ahora elecciones adelantadas para que el Perú se deshaga de esa lacra que infesta el Congreso, los municipios y todas las instituciones. Indudablemente, en las actuales circunstancias, con los organismos electorales aun copados inexplicablemente por quienes avalaron el fraude de Castillo, el resultado sería mil veces peor. Aunque afecte los delicados escrúpulos de algunos, es evidente que solo una solución radical, que limpie el terreno y restaure las condiciones básicas para establecer una República viable, es lo que puede evitar el desastre total.
