No cabe duda que por estos días en el país andino, los parásitos caviares presas de la desesperación, lloran y se arañan porque uno de los pocos reductos de poder que le queda (tras ser expectorados del Gobierno con la ignominiosa caída del delincuente terrorista Pedro Castillo, alias Abimael 2.0), tiene los días contados. Nos referimos obviamente a la cuestionada Junta Nacional de Justicia, creada por el maldito lagarto Martin Vizcarra (culpable de la muerte de 200 mil peruanos durante la pandemia del COVID) que se convirtió desde su nacimiento en nido de esas garrapatas y toda clase de lagartijas, acostumbradas a darse la gran vida a costa del Estado, que ven peligrar ahora que el Congreso - para lo cual está facultado constitucionalmente - ha decidido ir a por ellos. Como sabéis, la investigación sumaria que la Comisión de Justicia del Congreso viene realizando respecto de los siete integrantes de la JNJ ha generado rabiosas reacciones de quienes saben que van a perderlo todo. En efecto, el pleno otorgó facultades a la Comisión de Justicia para realizar una investigación sumaria en contra de la impresentable presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y de los integrantes Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello. Los legisladores acusan a estos caviares de emitir un pronunciamiento irregular a favor de la ex fiscal de la Nación, la lagartona Zoraida Ávalos, frente a la inhabilitación para la función pública que le impuso el Congreso, y –a tres de ellos– de interferir en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el mismo caso de Ávalos. Además, se imputa a los integrantes de la JNJ interpretar a su antojo la restricción constitucional sobre los límites de edad para ejercer el cargo y filtrar información reservada a un desacreditado medio de comunicación de los caviares, IDL Reporteros. En este sentido, las últimas dos semanas hemos podido leer todo tipo de verborrea para oponerse a un procedimiento perfectamente constitucional. Así, no han faltado en redes acusaciones de la consolidación de una presunta “dictadura congresal” (si es que cabe ese tipo oxímoron), troles escandalizados por la vulneración de la separación de poderes, la JNJ soslayando sin tapujos que esta investigación proviene de los intereses de uno o dos congresistas por “tomar” el JNE y la ONPE e, incluso, convocaron a una marcha, cuya mínima concurrencia refleja la decadencia actual de ciertos grupos muy favorecidos durante el vizcarrismo. Sin embargo, todas estas reacciones emocionales carecen del mínimo sustento legal y constitucional y, por lo tanto, pertenecen al género de la propagando política. Prueba de ello es el hecho de que, hasta el momento, no se haya recurrido el procedimiento de investigación ante el Tribunal Constitucional, en tanto, si el procedimiento fuera ilegal y si la separación de poderes estuviera en juego, una Demanda Competencial sería perfectamente admisible. Así como el Congreso hizo bien en defender sus fueros frente a las iniciativas intervencionistas del régimen filosenderista de Castillo, vacando a ese delincuente, ahora también lo hace para limpiar la administración pública de elementos indeseables como los nombrados líneas arriba. Por otro lado, el caso de Inés Tello, quien con 78 años sobrepasa la edad límite establecida como requisito para ser miembro de la JNJ, ha puesto en evidencia lo erráticos y tinterillos que pueden llegar a ser algunos abogados con tal de defender una posición. De aceptarse como interpretación que los requisitos solo aplican para asumir el cargo y no para permanecer en el mismo podría llevarnos al absurdo de permitir que personas sin sentencia por delito penal asuman un cargo y, luego de ser condenados, no tengan que cesar en el mismo ya que “los requisitos solo aplican para asumir el cargo”. Por ello, la gran pregunta que plantean estas reacciones es la siguiente: ¿A qué le temen? ¿Le temen a una investigación que de luces sobre la extraña relación entre su institución e IDL-Reporteros del judío Gorriti? ¿Le temen a perder sus cargos y, por lo tanto, control sobre el Poder Judicial y sobre el Ministerio Público? ¿Le temen a explicar por qué en los dos últimos años incumplieron presentar sus informes anuales de gestión? El Congreso de la República tiene entre sus principales prerrogativas investigar y fiscalizar a altos funcionarios del Estado. Asimismo, la Constitución otorga al Congreso la facultad de remover a los miembros de la JNJ por falta grave, con no menos de dos tercios del número legal de miembros; es decir, el mismo número de votos requeridos para, por ejemplo, vacar a un Presidente de la República o aprobar una reforma constitucional. ¿Qué tanto consenso se necesita entre distintas fuerzas políticas para aprobar una moción de este tipo? Uno muy alto, especialmente en un parlamento tan fragmentado como el que se ve hoy en día. Sin embargo, se sabe que las diversas fuerzas que la componen, luego de intensas reuniones, habrían llegado a un acuerdo para echarlos a la brevedad posible y solo serán esperando que la investigación de la Comisión de Justicia llegue al pleno para aprobarlo, porque tienen los votos suficientes. Luego, llegara el turno del JNE, la Reniec y el ONPE, organismos electorales cuyos impresentables directivos avalaron escandalosamente el fraude de Castillo y que por ningún motivo deben seguir ocupando sus cargos de cara a los próximos comicios. A por todos ellos. (Enhorabuena que el Congreso haya aprobado la norma que prohíbe que se use el “lenguaje inclusivo” en el Estado. Palmas también para la ministra de Educación, Miriam Ponce, quien ha anunciado que el Ejecutivo no observará dicha ley. Que los caviares retrasados sigan hablando como les dé la gana, pero ya no será una política pública este despropósito)
