No cabe duda que en el país andino, los parásitos caviares están desesperados porque se han quedado sin su sagrada ‘mermelada’ , o sea las jugosas “contribuciones” a sus ONG por parte de Open Society Foundation perteneciente al multimillonario judío George Soros, destinada a desestabilizar el orden establecido e imponer el sionismo en el mundo, por lo que han decidido recurrir al politizado y desacreditado Poder Judicial para que deje sin efecto la prohibición dictada por el Congreso, y no se les aplique la ley que las fiscaliza. En efecto, empezó la cuenta regresiva para que ello ocurra, ya que el próximo 29 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima evaluará la acción de amparo que presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) para pedir que no se aplique a ellos la ley que faculta a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El Poder Judicial (PJ) anunció que el recurso presentado por el IDL había sido admitido con una publicación en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) en la que se refería a la norma como la “Ley Anti ONG”, lo que en opinión del abogado Enrique Ghersi pone en tela de juicio la imparcialidad con la que se resolverá esta controversia. “Claramente, se está cometiendo una infracción contra el principio de neutralidad. Se puede entender que la Oficina de Comunicaciones del PJ no es necesariamente el juez, pero sí revela una inconducta muy delicada, porque si esta oficina que habla oficialmente a nombre del PJ califica un hecho, que es materia de un proceso, es claramente una inconducta”, sostuvo el jurista. En tanto, el polémico abogado Carlos Rivera, empleado del IDL, explicó que su organización presentó el recurso porque consideran que la norma es inconstitucional, ya que obliga a las ONG a pedir la autorización de la APCI antes de ejecutar un proyecto, a pesar de que estas entidades son privadas. “Además, prohíbe el litigio (de las ONG) en casos contra el Estado en sede nacional e internacional. Si incumples esas disposiciones habrás incurrido en una falta muy grave y eres pasible de una sanción de hasta 500 UIT”, explicó el susodicho. Sin embargo, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, opina lo contrario. “La ley es constitucional porque no violenta ni restringe los principios y valores contemplados en la Constitución. Además, el Estado tiene como responsabilidad el control y la fiscalización, y esto se justifica porque en los últimos años los fondos provenientes del exterior han sido utilizados de manera contraria u opuesta a lo que fueron asignados a estas entidades”, manifestó. En esa línea, el constitucionalista cuestionó que las ONG usen los fondos de la cooperación internacional para financiar procesos legales contra miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Se trata de una campaña destinada a presentar a estos efectivos como violadores de los derechos fundamentales y perpetradores de crímenes de lesa humanidad, mientras que a los terroristas que ensangrentaron el país los presentan como víctimas, lo cual afecta la imagen del país y además es una persecución innoble contra personas que prestaron un servicio de defensa contra las hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA”, agregó. A su turno, Ghersi consideró que la norma que faculta a la APCI a fiscalizar a las ONG debe aplicarse para asegurar la transparencia de sus acciones y del uso de sus recursos. “Las ONG deberían publicar todo, no solo quien financia, sino también cuánto ganan y a qué se dedican, porque son instituciones que tienen fines públicos y tienen el beneficio de no pagar impuestos. A consecuencia de ese beneficio, están sujetas a una fiscalización más fuerte que una empresa común y corriente”, consideró. El exdirector ejecutivo de APCI, Antonio González Norris, señaló entretanto que el monitoreo de los proyectos que quieran ejecutar las ONG significará un gran reto para la entidad, ya que actualmente no tienen mecanismos para cumplir esas funciones. En esa línea, explicó que aunque la norma está vigente, sus efectos aún no se ven materializados porque la complejidad de las tareas que se asignará a APCI dificultan su reglamentación. “No solo se deberá aprobar el reglamento de la ley (que hasta la fecha no lo hace el Ejecutivo), sino también el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad porque van a tener que incorporar a su estructura orgánica la nueva función que esta ley incorpora”, indicó. Esto también llevará a que se contrate más personal en esta entidad. González Norris se mostró de acuerdo con que la norma obligue a las ONG a registrarse en la APCI para que sean fiscalizadas. Como sabéis, el IDL del judío Gustavo Gorriti, siempre ha estado envuelto en negocios turbios y pretende evitar con esta demanda que el origen de sus dudosos ingresos salgan a la luz. En efecto, los abanderados de la pseudodemocracia están nuevamente en el centro de la polémica, por un caso que se traduciría en lavado de activos. Se ha llegado a conocer que el IDL , encargado de favorecer a los terroristas, caviares e izquierdistas en múltiples indagaciones e investigaciones periodísticas, ha recibido la suma de 10 mil dólares bajo un concepto un tanto curioso: “Seguridad y protección para el periodismo de investigación”. Así lo detalló Contra Corriente, quienes revelaron que la suma exacta de lo recibido por IDL el año pasado en soles es de 4 millones 837 mil 974 y que esta fue dada sin previa fiscalización. El abogado Luis Pacheco Mandujano increpó que estos millonarios ingresos que llegan al IDL por cooperación internacional serían un caso de lavado de activos, actos que hipócritamente, esta ONG, condena enérgicamente.“No pagan ni un sol de impuestos, no quieren que nadie los fiscalice, la Sunat no puede intervenirlos, la UIF está exenta de analizar los movimientos económicos. No sabemos realmente en qué invierten estos ingresos ni de donde provienen. Por eso se oponen rotundamente a la ley que los fiscaliza”, cuestionó el abogado. “¿La protección para el periodismo de investigación es una razón para recibir plata del extranjero y convertirlos en una cooperación internacional? La falta de precisión de los datos nos impide conocer a quien ha contratado (…) esto es clarísimamente un indicio de la conversión y ocultamiento de sumas de dinero que podrían calificar como lavado de activos”, detalló Pacheco Mandujano. Según reveló el programa televisivo, este no sería el único ingreso percibido por esa cuestionada ONG. “Estaría utilizando las necesidades de las comunidades nativas y pueblos indígenas para que esta ‘cooperación internacional’ les siga enviando dinero para financiarse en nombre de quienes dice defender” agregó. Según detalló el reportaje de Willax, el IDL habría recibido la suma de 150 mil dólares por la aparente defensa judicial de derechos indígenas y amazónicos. A ello, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos, Washington Bolivar Díaz aseveró que “IDL y otras ONG lanzan información falsa al mundo para que la cooperación internacional les mande billete y quedarse con ellos. Nunca hemos visto ni recibido un centavo de esas contribuciones que reciben en nuestro nombre” apunto. A estas exorbitantes sumas de cooperación que recibe el Instituto de Defensa Legal, le podemos sumar otra suma de más de un millón de dólares, pues también se percibe otro ingreso por “defender la democracia”, o así dice. Se trata de nada menos que la ‘modesta’ suma de 1 millón 350 mil dólares bajo el concepto de “Fortalecimiento de actores estratégicos para enfrentar riesgos contra la democracia”. A eso, el abogado Wilber Medina respondió fría y directamente que Gustavo Gorriti se estaría haciendo millonario aprovechándose de la necesidad de los peruanos. “Gorriti estaría aprovechándose de la necesidad de los mas desfavorecidos para enriquecerse ilícitamente. Tratando de exhibir las violaciones que, aparentemente, existen, que él las magnifica, para sensibilizar a los europeos y a los americanos y sacarles dinero para su bolsillo”, replicó Medina. Este informe propalado por Willax también detalló la suma que percibió IDL-Reporteros por las tendenciosas “investigaciones periodísticas” que buscan desacreditar a políticos y demás personajes que no son de su agrado. A esos ingresos ilícitos, esta organización ha percibido además la escandalosa suma de 4 millones 857 mil 974 soles solamente el año pasado, situación que llama poderosamente la atención porque obviamente este dinero es de procedencia inmoral. El principal financista, por no decir el único, es esa inmunda rata judía de George Soros y su Open Society Foundation, un despreciable personaje que no tiene ningún reparo moral ni jurídico, debido a que no le ha importado enriquecerse destruyendo organismos como el Banco de Londres o obtener sus ganancias producto de la trata de personas en trabajos forzados en China. Ante estos escandalosos montos de dinero, al IDL se le debe aplicar plenamente la ley que pretende dejar sin efecto con la complicidad del Poder Judicial infestado por los caviares. “Sin embargo, esto es muy difícil, porque este organismo controla la Fiscalía de la Nación desde hace aproximadamente 9 años, utilizándola - como podemos ver por estos días - en atacar reiteradamente al Gobierno de la señora Boluarte con ridículas ‘denuncias constitucionales’ al por mayor sin sustento alguno y que por ese motivo son rechazadas una y otra vez por el Congreso” según contó Wilber Medina. Lo cierto es que esta oscura ONG ha recibido millonarios ingresos que tienen que ser investigados a profundidad, y así determinar que este grupo de aparente ‘defensa legal’ es lo que asevera ser, o es en realidad otra organización criminal como ha quedado meridianamente demostrado... A por ellos.
Desde su independencia en 1821, el país ha tenido cuatro banderas representativas, todas utilizando los mismos colores - rojo y blanco - pero con distintos diseños, siendo la primera la que ilustra nuestra nota, implantada por el Libertador San Martin. Cada diseño ha llevado consigo símbolos significativos que representan la lucha por la independencia, la herencia cultural y los valores patrióticos. A través de estas banderas, se puede apreciar la diversidad y la unidad que caracterizan a Perú como nación. La bandera es el símbolo patrio más sagrado que tiene un país. Por ella, varios héroes en la historia han ofrendado su vida en lugar de verla mancillada en manos enemigas. El Perú no escapa a esa circunstancia y durante las Fiestas Patrias es el objeto que más se utiliza para identificar su peruanidad. No solo en el aniversario de la independencia, sino en cuento evento deportivo participe un equipo nacional. Como recordareis, durante el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, se pretendió cambiarla por un trapo colorado similar a la bandera boliviana, recibiendo la propuesta el rechazo unánime de la ciudadanía. Tal como lo mencionamos anteriormente, las banderas del Perú han tenido ciertos cambios, y a continuación os mostraremos las cuatro alteraciones que ha presentado este símbolo patrio ¿Vale?: 1.- Primera bandera del Perú (1821-1822). Esta fue fue diseñada por el propio Libertador José de San Martín, siendo utilizada al momento de proclamar la independencia el 28 de julio de 1821, aunque su oficialización se hizo el 21 de octubre de ese mismo año, mediante un decreto. El diseño tenía dos líneas diagonales, las cuales a su vez forman cuatro triángulos: dos rojos a los lados y dos blancos arriba y abajo. En el centro está el primer escudo del país, que era un laurel en forma de círculo que rodeaba al mar, las montañas y el sol. El motivo del diseño aún no es claro, pero según el relato “El sueño de San Martín”, escrito por Abraham Valdelomar, se sabe que el Libertador tras desembarcar en Paracas, vio en sus sueños “una bella bandera, sencilla y elocuente”, la cual simbolizaba la libertad e independencia de Perú. Y al despertar, logró ver una bandada de flamencos que llevaban los mismos colores, las cuales serían los pabellones de la nueva nación; 2.- Segunda bandera del Perú (1822). Como habéis notado, la elaboración de la bandera anterior resultó ser bastante complicada no solo de reproducir, por lo que para mejorarla se rediseñó de la siguiente manera. Tres franjas horizontales: dos de color rojo a los extremos y una blanca en medio, con un sol rojo en el centro, terminó siendo el nuevo diseño. La oficialización de esta nueva bandera, que mantuvo el color rojo y blanco, fue el 15 de marzo de 1822, cuando gobernaba José Bernardo de Tagle; 3.- Tercera bandera del Perú (1822-1825). Cabe precisar que José Bernardo de Tagle, fue el marqués de Torre Tagle y Supremo Delegado en reemplazo interino de José de San Martín y luego de modificar la bandera se dio cuenta de que esta era confundida con la bandera de España desde la lejanía lo cual al estar en guerra con ella era peligroso, porque los ejércitos se podían confundir. La solución que dio de Tagle, fue cambiar las franjas a su forma vertical. La oficialización de este nuevo modelo fue hecha el 31 de mayo de 1822. “La bandera de los buques de guerra, plazas marítimas y sus castillos, será de tres listas verticales o perpendiculares, la del centro blanca y las de los extremos encarnadas, con un sol también encarnado sobre la lista blanca”, se leía en la ley de aquel entonces; 4.- Cuarta bandera del Perú (1825-hoy). La última modificación fue creada por la ley del Congreso Constituyente del 25 de febrero de 1825. El diseño de modo general se mantuvo, esto incluye los colores (rojo y blanco) y la forma (vertical). La única modificación que se hizo fue en el escudo. “El pabellón y bandera nacional se compondrán de tres franjas verticales, las dos extremas encarnadas, y la intermedia blanca, en cuyo centro se colocará el escudo de las armas con su timbre, abrazado aquel por la parte interior de una palma a la derecha y una rama de laurel a la izquierda entrelazadas”, indicaba esta ley de símbolos patrios en aquel entonces. Por cierto, en el año 1950 se realizó una última modificación durante la dictadura de Manuel Odría, pero no hubo ningún cambio de diseño. El anuncio oficial consistió en dejar que el escudo aparezca de manera obligatoria en las banderas y que solo figuren en el pabellón y las ceremonias oficiales e instituciones estatales. ¿Qué significan los colores en la bandera de Perú?. En la bandera, el color rojo simboliza la valentía y la sangre derramada por los héroes de la patria en su lucha por la independencia. Representa el coraje y el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y la justicia. Por otro lado, el color blanco representa la pureza de los ideales y la paz. Simboliza la transparencia, la unidad y la integridad de la nación peruana. Juntos, el rojo y el blanco en la bandera nacional representan los valores fundamentales y el espíritu de la nación. Finalmente, en cuanto a la celebración del Día de la Bandera, se debe a la Batalla de Arica, un evento clave de la Guerra del Pacífico. Esta fecha oficializa la memoria de la gesta heroica de los soldados peruanos, especialmente Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, quienes defendieron el territorio y la bandera peruana hasta el último momento. Desde entonces, cada 7 de junio se realizan ceremonias y actividades en todo el país para recordar la Batalla de Arica y la importancia de la bandera como símbolo nacional. Fue recién en el 2024 cuando la fecha fue declarada feriado nacional, con el objetivo de conmemorar la valentía de los soldados peruanos y de rendir homenaje a su sagrado símbolo patrio.
Venga ya, la justicia caviar sí que es selectiva en el país andino, que puede resumirse en una cínica frase: “Para mis amigos todo. Para mis enemigos la ley” convertida en su guía máxima. Pero cuando se trata de sus adversarios políticos allí si que es diligente para perseguirlos a pesar de no tener prueba alguna de los hechos que les imputa, y sus acusaciones solo se basan en dichos y opiniones sesgadas de la prensa basura, que autoerigido en el “supremo juez” los condena de antemano con sus nauseabundas campañas mediáticas sin proceso alguno. Sin embargo, cuando se trata uno de los suyos, actúa con guantes de seda, esperando que pase el tiempo para que sus delitos prescriban y ni siquiera lo disimula. Allí tenemos por ejemplo el caso del miserable lagarto Martin Vizcarra, el cual a pesar de estar involucrado en sonados casos de corrupción no es molestado y mucho menos han pedido prisión preventiva en su contra para evitar su fuga. Es más, este vil sujeto insiste en querer ser candidato en las elecciones del 2026 a pesar que ha sido inhabilitado por el Congreso. Ahora se dice que piensa asilarse en Bolivia como “perseguido político” (?) si es procesado. Otro caso similar era de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuyos delitos han sido cometidos hace varios años - incluso ha confesado públicamente en mayo del 2019, que recibió millones de Odebrecht para su campaña del NO a la Revocatoria - pero sospechosamente solo ha estado breves días con arresto preventivo, saliendo de la prisión afirmando que tenía “una enfermedad incurable” que resulto no ser cierto. Pero a pesar de descubrirse el burdo engaño no volvió a la cárcel, por lo que la muy sinvergüenza se daba la gran vida creyéndose intocable al sentirse ‘blindada’ por la fiscalía caviar. Pero su juego se acabo. En efecto, tras una larga espera, se ha establecido fecha para su juicio por los aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas. Sin embargo, de una forma por lo demás escandalosa, el proceso oral recién se iniciará en septiembre; es decir, luego de varios años de dilación, lo que no es en modo alguno razonable, ya que le está dando tiempo para escapar del país. La fiscalía, para disimular su complicidad, ha pedido adelantar esa fecha y ha observado que, si se realizasen audiencias diarias, podría emitirse sentencia en solo un año. Pero ha olvidado mencionar que la sospechosa demora para llegar a este punto es exclusivamente responsabilidad suya. A su turno, el presidente de la Corte Superior Nacional, Jhonny Contreras, ha señalado que si bien tal adelanto podría producirse si el Tercer Juzgado Penal Colegiado lo considerase conveniente, las audiencias solo tendrían lugar dos o tres veces por semana. El plazo entonces no será precisamente breve; sobre todo si consideramos que, tras la sentencia en primera instancia, vendrá con seguridad una apelación y, eventualmente, algunos otros recursos que podrían prolongar aún más la acción de la justicia hasta las calendas griegas. Por cierto, los testigos llamados a participar en el juicio, son cerca de 500, por lo que su juicio será interminable. Como recordareis, el controvertido fiscal José Domingo Pérez, ha pedido para la exalcaldesa 29 años de prisión por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Específicamente, se la acusa de haber lavado más de US$11 millones de las ya mentadas constructoras brasileñas y de la peruana Graña y Montero a través de sus campañas contra la revocatoria (2013) y por la reelección (2014). Según el Ministerio Público, los aportes de esas empresas habían sido parte de un acuerdo para ser favorecidas luego desde la Municipalidad de Lima. Ciertamente no todos los cargos son igualmente sólidos y la suerte que correrán en el juicio quizá sea diversa, pero lo particular de toda esta situación es que la propia Villarán ha admitido haber recibido los aportes en cuestión. Aunque ella y su defensa alegan que aquello “no constituyó delito”, la posibilidad de que consiga hacer prevalecer tal tesis luce remota. La insistencia en que ese dinero sirvió para financiar las ya referidas campañas y no para beneficiarse económicamente en lo personal resulta baladí, ya que de cualquier forma fue una contraprestación ilícita a cambio de un beneficio. El ámbito en el que este se materializó carece de importancia. La claridad de la situación, a decir verdad, debería determinar que el juicio oral a la exalcaldesa de Lima no se extienda adrede por la fiscalía que ya no sabe cómo seguir protegiéndola y que de ser posible, su inicio debe ser adelantado para que sea ejemplarmente condenada cuanto antes por sus delitos. No cabe duda que su estrategia para el juicio que enfrentará está clara: mostrarse como una incompetente, pero no como corrupta. En las manifestaciones que dio a la Fiscalía no reconoce delito, pese a haber aceptado los millonarios aportes de Odebrecht y OAS. “No he ordenado, no he concertado, no he instruido, no he participado en ninguna acción contraria a la ley que vaya en detrimento del erario público y de la población de Lima Metropolitana a la cual he servido como alcaldesa. Por lo tanto, en relación con los hechos imputados me declaro inocente”, sostuvo por ejemplo el jueves 10 de diciembre del 2020. Se trataba de su primera manifestación fiscal tras salir de la cárcel. Hasta esa fecha, Villarán había sido interrogada tres veces por el Ministerio Público, una en diciembre del 2017 y dos en el 2018. Y, a pesar de que el equipo liderado por Vela le consultó si alguna compañía había financiado sus campañas del No a la revocatoria o para su reelección, esta había negado cualquier posibilidad. Lo que le hizo decir la verdad ante la prensa, y no ante la Fiscalía, fue el pronunciamiento del delator Jorge Barata en abril del 2019. En un demoledor testimonio desde Brasil, el exsuperintendente de Odebrecht reveló a los fiscales peruanos que la constructora desembolsó US$3 millones para financiar las actividades proselitistas de Villarán en el 2013 por la revocatoria y US$1’193,000 para la reelección en el 2014. Barata no solo dio la cifra; también detalló que el acuerdo se cerró con el gerente municipal José Miguel Castro. Es más, fue Castro el que llamó al empresario para rogarle el apoyo económico, que fue aceptado en una reunión presencial en donde - de acuerdo con la acusación penal - Villarán de la Puente se unió al pedido a través de una llamada telefónica. El abono, eso sí, no sería por buena voluntad. El exejecutivo brasileño dijo que el pacto fue para conseguir a cambio el contrato de concesión de los peajes de Rutas de Lima. Para la reelección, Odebrecht cedió también. Con OAS hubo un acuerdo similar, según la acusación fiscal. Para aplicar una adenda al proyecto Línea Amarilla, que permitió ampliar el cobro de peaje de 30 a 40 años, la empresa no solo entregó US$3 millones para la campaña del No, sino que desembolsó otros US$4 millones para la reelección de la exalcaldesa. Pese a las evidencias y a su confesión previa, la exburgomaestre ahora niega un intercambio de favores. Señala que cometió un error, pero que no incurrió en delito. La actitud de Villarán, en realidad, es una estrategia legal, una que le ayude a evitar los 29 años de cárcel que pide la Fiscalía contra ella. En todas las diligencias en las que participó, la exautoridad edil ha señalado que, luego de usar los aportes, “nunca supo o no recordaba de alguna modificación en los contratos que mantenía la municipalidad con OAS y odebrecht” a pesar de que s documentos llevan su firma. En todo momento, aseguró que esas gestiones técnicas estaban “en manos de funcionarios técnicos”. Por ejemplo, en su declaración de octubre del 2022, dijo que, luego de superar la revocatoria, “no se enteró de que en el 2013 su gestión había tratado el reajuste de la tarifa del peaje de la Línea Amarilla, obra de OAS”. Señaló que esa era función de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). No era un precio cualquiera. La Contraloría advirtió que la compañía generó S/20’739,527 de ingresos adicionales con ese cambio de monto, gracias a Villarán, quien cínicamente declaró:“Debe ser debatido si es legal o no es legal el reajuste de la tarifa del peaje (…) esos aspectos técnicos financieros son responsabilidad de la GPIP y de Invermet”. Todo apunta a que la acusada alegará en el juicio, “que fue incompetente, por no saber qué hicieron sus subordinados, mas no corrupta”.Pero la condena contra el expresidente Ollanta Humala puede definir su futuro. Los jueces ya concluyeron que el dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht, de donde salieron los recursos para la campaña del No, es fuente ilícita. Cuando admitió en el 2019 que sabía de los aportes de las empresas brasileñas, Villarán aseguró que aceptó el dinero porque no quería ceder el poder a la “mafia política” que la quería sacar del cargo y que “no quería liberarse de las ganancias que les daba el gobierno de la ciudad”. Sin embargo, permitió que otra mafia de intereses se hiciera con el dinero de los limeños, por lo que no puede clamar inocencia de ninguna manera. A la cárcel con esta garrapata caviar y que se pudra en prisión.
Una de las características más llamativas de Huaraz, la ciudad peruana ubicada en el corazón de Cordillera Blanca, es que muchos de los hermosos nevados de esta cordillera pueden contemplarse desde sus calles. Entre ellos se destacan por su cercanía el Ocshapalca, el Ranrapalca y el Vallunaraju, todos ubicados en la quebrada de Llaca. Desde Huaraz, esta se interna hacia el este, hasta alcanzar el circo formado por las citadas cumbres. Vallunaraju, que en lengua quechua significa "El Nevado de los Sueños", se ha convertido últimamente en unas de las montañas más concurridas del circuito montañístico de Cordillera Blanca, debido a su acceso expedito, corta aproximación y fácil ruta normal. Este nevado, cuya forma asemeja a una silla de montar, y que fue ascendido por primera vez por A. Szepessy y M. Szepessy en 1949, constituye un excelente mirador del espectacular cordón del cual forma parte y una buena alternativa de aclimatación. Lamentablemente, debido tanto al cambio climático que afecta gravemente a los nevados de la cordillera Blanca (Áncash) como a la indiferencia de las autoridades y la población que prefieren ignorar este drama ecológico, es una montaña que agoniza en su propio lecho, un gigante de nieve ignorado por aquellos que solo buscan dosis de aventura a la vuelta de la esquina; pero jamás por los aventureros que las miran con ansias de explorarlas y coronarlas . El Vallunaraju no está lejos de la ciudad, su silueta blanca todavía se distingue al este de Huaraz. “Antes de subir al Valluna hay que aclimatarse”, es la advertencia que escuchan los retadores de esa cumbre, cuando llegan a la urbe enclavada en el Callejón de Huaylas. Pero nadie desanima a 3.100 m.s.n.m. Por el contrario, aprovechan su estancia por Huaraz como excusa para estirar las piernas. Escalar la montaña es el objetivo de los excursionistas: ascender al corazón de la cordillera Blanca y conquistar esa pequeña Antártida que pierde sus dominios a causa de los efectos del cambio climático. Según el último Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas, realizado por el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) en los últimos 54 años (entre 1962 y el 2016), el mundo de hielo de Perú (la cobertura de los glaciares) se redujo en un 57 por ciento. Se trata de un destino irreversible. Al igual que en las películas de aventura, los primeros pasos son fáciles. Viajar en camioneta a los dominios del Parque Nacional de Huascarán (PNH) -viendo los bosques de quenuales y alisos de la quebrada Llaca- hasta llegar al refugio de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, son las primeras escenas de esta aventura cinematográfica que tiene como paradero un santuario para los andinistas de todo el mundo que visitan Áncash para escalar alguno de sus 660 glaciares. Solo pocos son conquistables, entre ellos el nevado de Vallunaraju. Al llegar, hay quienes hacen una folklórica ceremonia de invocación a los “Apus” - demonios de las montañas - y un polémico “tributo a la tierra” con hojas de coca, la planta maldita de los Andes. Así creen que iran protegidos en los rumbos montañosos. ¡Fin del absurdo ritual! Es momento de darse un último respiro y ajustarse bien las botas para retar a la altura. La trocha se amplía en el horizonte. El ichu (Una curiosa planta de hojas es forma de espinas) apenas roza las rodillas de los andariegos que avanzan firmes por los empinados suelos altoandinos que, poco a poco, van convirtiéndose en accidentadas morrenas, montículos enormes de rocas. La travesía - más ruda que nunca - empieza a dejar exhausto a los escaladores. Pero ese agotamiento pronto desvanece ante la belleza geográfica que se despliega ante sus ojos. Contemplación y conciencia a 5.686 m.s.n.m. Un paisaje inspirador tras otear el horizonte. Tres nevados se “visten de novia”: Ranrapalca, Ocshapalca y el imponente Vallunaraju. A sus pies yace la laguna Llaca, cuyas aguas verdes son alimentadas por los nevados. Al llegar a su cima, la conquista al Vallunaraju es un sueño hecho realidad. Un sueño que sin embargo, ha empezado a sufrir los estragos del calentamiento global; un sueño complicado por los síntomas del ‘soroche’ – mareos producidos por la falta de oxigeno - aunque esas dolencias no son nada frente a la frustración de no poder salvar al gigante níveo que exclama ayuda. La noche - aún más fría y amenazante- empieza a caer. Hora de partir, de regresar a la base. Hasta pronto Vallunaraju, la montaña que agoniza, la montaña cuya belleza solo permanecerá en los recuerdos y en las fotografías de aquellos que lograron coronar el nevado de ensueño con color a paraíso.
Como sabéis, la megalomanía es el delirio de grandeza de un individuo; es la obsesión desmedida por alcanzar la gloria y, desde luego, suele conllevar el desprecio por quienes, en el imaginario megalómano, no alcanzan su talla. Desde un enfoque clínico, no es una enfermedad independiente, sino un conjunto de síntomas asociados a trastornos de bipolaridad, narcisismo agudo o esquizofrenia. En política, se expresa como la obsesión desmedida por alcanzar el poder, ya que este en su retorcida imaginación, exalta su grandeza y su “designio divino por el que vino al mundo”. Entonces, alcanzar el poder por el poder es una condición para ser elevado a la gloria ante los demás, ya que en sus fueros internos, se siente en una dimensión superior. Como podéis imaginar, la megalomanía en política es altamente peligrosa, ya que su objetivo no es el prójimo, la búsqueda del bien común, la seguridad u otras necesidades básicas; el objetivo es el megalómano mismo y la satisfacción y perpetuación de su “grandeza” personal. Hay grandes megalómanos en la historia, como Genghis Khan, Atila y Tamerlan por ejemplo. Nerón, en la antigua Roma, se sentía dios y buscaba la adoración; reunía a miles para que le oigan tocar la lira y, en sus propósitos de sostenerse en el poder, no dudó en mandar asesinar a su propia madre, Agripina. Su ego - dicen algunos historiadores - lo llevó a incendiar Roma para reconstruirla según su sueño. Pero esta locura patológica lo llevo a su trágico final. De similares características fue Napoleón Bonaparte, aquel megalómano que quiso ser el dueño de Europa y termino sus días prisionero en la remota isla de Santa Elena - ubicado en medio del Atlántico - envenenado por los británicos. En el Siglo XX, para no ser menos, monstruos genocidas como Vladimir Lenin, Iósif Stalin y Mao Tse Tung - y otros de su misma calaña como Kim Il-sung, Pol Pot, Ho Chi Minh, Josip Broz Tito y Nicolae Ceausescu, entre los más despreciables que haya conocido la humanidad - tienen en común haber capturado el poder y causado la muerte a millones de seres humanos que se oponían a sus demenciales propósitos. De eso trata la visión megalómana: “soy superior y tú no das la talla, eres prescindible, eres un objeto a merced del megalómano”. Esta banda de criminales, con su aparente superioridad sobre los seres humanos, llevó a cabo terribles matanzas y asesinatos masivos durante sus sangrientos regímenes comunistas. Asimismo, mucho de ellos una vez muertos, habían dado órdenes de ser momificados para que expuestos en urnas de cristal, sean adorados en nauseabundas ceremonias, a la cual estaban obligados a asistir bajo pena de muerte toda la población a la cual oprimieron con mano de hierro en vida. Y pobre de aquel que no asistía a rendir pleitesía al cadáver del sátrapa - con llantos y gritos histéricos de por medio lamentando la muerte de su verdugo - ya que “desaparecía” junto a su familia y nunca más se sabía de ellos. Y claro, nadie se atrevía a preguntar que les había ocurrido, ya que temían, y con razón, tener el mismo destino. A ese clima de terror se había llegado. Con la caída de los regímenes comunistas en los años 90 (a excepción de Corea del Norte, donde esta monstruosa practica continua hasta el día de hoy), desapareció esa morbosa obligación de adorar a los muertos, junto con varias de esas momias que terminaron en los cementerios, y las pocas que aún existen en sus urnas a la vista del público - aunque bien harían las autoridades en desaparecer toda esa inmundicia - son objetos de curiosidad para los turistas, En tanto, en el Perú, qué duda cabe, el megalómano más grande de todos los tiempos ha sido Abimael Guzmán, quien alguna vez dijo que su revolución causaría millones de muertos en el país andino, para instaurar a continuación “su república popular de nueva democracia”. ¿A título de qué? De la captura del poder y de hacer con él todo lo que abonara a favor de su narcisista sueño de pretender ser la “cuarta espada del marxismo”. Cultivar además un fuerte culto a su personalidad era su fortaleza entre quienes lo divinizaban para satisfacer sus delirantes sueños de grandeza... Decenas de miles de peruanos muertos y mutilados por sus acciones terroristas dan fe de ello. Pero su captura en 1992, condena a Cadena Perpetua y muerte en prisión en el 2021, siendo sus restos cremados y convertidos en cenizas sin ceremonia alguna, evito que esa divinización se haga realidad y muchos de los que por entonces lo idolatraban, hoy lo consideran cobarde y traidor por haberse rendido sin combatir al momento de su captura y firmar un “Acuerdo de Paz” para preservar su vida. Por cierto, en las elecciones presidenciales del 2026, con 43 vientres de alquiler que se autodenominan “partidos políticos” inscritos producto de una estrategia diabólica - disfrazada de reforma política impulsada por los caviares - de “dividir para vencer”, se proyecta un peligroso escenario para la floración de las más recónditas ambiciones, desbordadas por la búsqueda del poder. El peligro de la megalomanía en la política radica en que el sujeto, una vez que logra capturarla, irá por el poder absoluto, usando la democracia, sistema que no puede estar por encima de sus aspiraciones de glorificación insatisfechas. Este era el caso de ese despreciable asesino de policías y sucio drogadicto Antauro Humala, quien afortunadamente fue excluido de participar en los próximos comicios por su clara posición antidemocrática que ni lo disimulaba. Para un megalómano, el fin justifica los medios. Entonces, no dudará en emplear recursos vedados, dinero de economías ilegales, usar la violencia interpósita para acabar con sus rivales. Su objetivo es el poder, y su ego así se lo exige. Si bien Humala ha quedado descartado, otros con un pensamiento similar pueden estar en camino. Ello puede evitarse si los organismos electorales - JNE, RENIEC y la ONPE - sean depurados cuanto antes de los parásitos caviares, para no permitir las inscripción de candidatos impresentables que representen una amenaza a la democracia, como sucedió en el 2021 con ese delincuente terrorista de Pedro Castillo, hoy en prisión por golpista y ladrón. Como recordareis, su llegada al Poder mediante el fraude fue posible por la complicidad de los organismos electorales en manos de los caviares, quienes incomprensiblemente al día de hoy aún continúan en esas instituciones, conspirando activamente contra la democracia ¿A que espera el Congreso para sacarlos? El tiempo avanza. No lo dejen para el último momento.
Era 1992 y Sendero Luminoso, encabezado por su sanguinario cabecilla Abimael Guzmán Reynoso y su cúpula terrorista, llevaba ya 12 años desangrando al país andino. En ese período burló dos veces el asedio del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Pero la suerte no lo acompañaría la tercera vez. La última. En efecto, poco antes de las nueve de la noche de ese 12 de septiembre y sin disparar un tiro, un equipo del GEIN ingresó sorpresivamente a la vivienda de la Calle 1 (hoy Varsovia) ubicada en la urbanización Los Sauces de Surquillo. Ahí se escondían Guzmán, su conviviente Elena Yparraguirre y senderistas como Maritza Garrido Lecca, Carlos Incháustegui y Laura Zambrano Padilla. Todos cayeron. Ninguno logró escapar. Conocido entre sus partidarios como Puka Inti (el Sol Rojo) y considerado “la cuarta espada del marxismo”, el autodenominado “Presidente Gonzalo” se rindió pacíficamente a sus captores y mientras vaciaba sus bolsillos, Yparraguirre con una pequeña bandera senderista en una mano, intentaba apartar con la otra a los policías mientras decía “no lo toquen, no lo toquen”. Pero todo fue en vano. Su hora de rendir cuentas ante la justicia por sus monstruosos crímenes, había llegado. Conocida como la «Operación Victoria», esta acción marcó un punto de inflexión en la guerra contra el terrorismo, constituyendo un golpe devastador para Sendero Luminoso y un hito en la lucha contra el extremismo en la región. El éxito de la operación fue el resultado de un meticuloso trabajo de inteligencia llevado a cabo por el GEIN, una unidad especial creada el 5 de marzo de 1990 bajo el liderazgo de Benedicto Jiménez. Durante su existencia, el GEIN, se distinguió por sus operaciones estratégicas que lograron desmantelar importantes estructuras de Sendero Luminoso. Entre los logros más destacados se encuentra precisamente la detención de Guzmán considerada “La Captura del Siglo” (Incluso hicieron una miniserie en América TV con ese nombre. Me pregunto porque no la reponen) cuyo impacto se sintió no solo en Perú sino a nivel internacional. La información que condujo al éxito de la operación fue proporcionada por Luis Alberto Arana Franco, alias “Sotil”. Capturado en junio de 1992 durante la «Operación Huascaura», Arana Franco reveló cruciales detalles sobre la ubicación de Guzmán en la Urbanización Los Sauces, en el distrito de Surquillo. Esta información se convirtió en el pilar sobre el cual se construyó la operación que llevaría al arresto del líder terrorista. La vigilancia incluyó la colaboración de un coronel de la extinta Policía de Investigaciones del Perú (PIP), quien facilitó la instalación de dispositivos de escucha en la residencia. Gracias a estos dispositivos, el GEIN pudo monitorizar las actividades dentro de “El Castillo”, obteniendo información valiosa sobre la presencia de otros miembros importantes del grupo subversivo, entre ellos Maritza Garrido Lecca. Así, la operación del 12 de septiembre se convirtió en una operación crucial. A pesar de los contratiempos causados por la desaparición de Germán Sipión Távara, alias “El Zorro”, los agentes del GEIN lograron reconfigurar su estrategia para llevar a cabo la intervención en “El Castillo”. El arresto de Guzmán también resultó en la captura de varios miembros clave de la organización terrorista, consolidando el éxito de la operación y debilitándola significativamente. Pero la intervención no solo se centró en la captura de Guzmán, sino también en la recolección de documentos y recuerdos que proporcionaron una visión valiosa sobre las actividades y conexiones de Sendero. Kenyo Fujimori recibió la noticia mientras se encontraba en el interior del país y al enterarse, su celebración fue inmediata, brindando con champagne al recibir la confirmación de la captura. El ambiente de celebración se trasladó a la sede de la DINCOTE, donde los miembros del GEIN y otros oficiales celebraron el éxito de la operación. Sin embargo, la euforia se vio empañada por la filtración del video de la captura a través de la BBC. La difusión no autorizada de las imágenes generó una ola de controversia y enfureció al dictador, quien ordenó una investigación para identificar a los responsables de la filtración. Aun así, el gobierno peruano, reconociendo la magnitud del éxito de la operación, ofreció una recompensa de un millón de dólares por la captura de Guzmán. Se llevó a cabo una ceremonia para entregar las recompensas y ascensos a los oficiales involucrados en la operación. El día siguiente a la captura, se instalaron micrófonos en la celda de líder senderista para recoger información adicional. Estos dispositivos permitieron descubrir conversaciones comprometedoras entre Vidal y Guzmán que revelaron detalles adicionales sobre la operación y los oficiales involucrados. La instalación de los micrófonos, realizada con el único conocimiento de Jiménez, demostró la continua vigilancia y el esfuerzo por obtener información relevante incluso luego de la captura. El arresto de Guzmán fue seguido por su polémica presentación pública en una jaula con un traje a rayas que llevaba el número 1509 - fecha de su captura - como símbolo de su caída, en la cual se mostró ante las cámaras como una fiera herida, algo muy distinto a como se comportaba habitualmente. Quizás lo hizo para tratar de demostrar ante el mundo que no se sentía derrotado. Su caída fue un importante logro realizado exclusivamente por la policía, pero el reconocimiento logrado cayó mal tanto entre las Fuerzas Armadas como en el siniestro ‘asesor’ Vladimiro Montesinos, quienes desde entonces pusieron en la mira al GEIN con el objetivo de hacerlo desaparecer, cosa que lograron por celos. Se dice además que al conocerse la captura de Guzmán, exigieron a Fujimori que este sea fusilado inmediatamente, pero ante la firme oposición de la policía, se rechazó ese plan que hubiera victimizado al cabecilla senderista y por el contrario, se le juzgo respetando todos sus derechos, siendo condenado a Cadena Perpetua, que cumplió hasta su muerte en la Base Naval del Callao, en el 2021. No cabe duda que la «Operación Victoria», destacó la importancia de la inteligencia y la colaboración en la ejecución de operaciones contra organizaciones subversivas. La captura de Guzmán se convirtió en un símbolo de la resistencia y la determinación del Perú para enfrentar el terrorismo comunista y asegurar un futuro más pacífico para su población. Como recordareis, con Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro al mando del GEIN se llevó a cabo un prolijo trabajo de inteligencia para llegar a la cúpula de la organización y a su líder, cuyo paradero era un misterio y hasta se dudaba de su existencia ante rumores que hablaban del padecimiento de una enfermedad e inclusive de su muerte. Una fotografía de 1982 de Guzmán Reynoso, joven y sin barba, era uno de los pocos registros confiables que tenía la Policía Nacional del cabecilla terrorista. En 1988, Guzmán Reynoso brindó una entrevista a El Diario, órgano escrito de difusión de SL, pero la autodenominada “entrevista del siglo” no brindó mayores pistas sobre él. Todo cambio el 31 de diciembre de 1991, cuando se allanó una vivienda en la urbanización Balconcillo, en el distrito de La Victoria, donde se encontraron nueve cajas con documentos y otros materiales, en una de las cuales se halló el famoso video “Zorba, el griego”, que registraba una reunión de la cúpula senderista. De esta manera, los cabecillas de Sendero Luminoso ya no eran unos "fantasmas", sus rostros salieron del anonimato y el GEIN dio un gran paso hacia su objetivo: la captura del propio Gonzalo. Hasta entonces, muchos creían que el cabecilla senderista era invencible y que su captura era imposible. La caída de Guzmán constituyó el derrumbe de ese falso mito construido por el senderismo alrededor de él. “Era un personaje presentado por la propaganda terrorista como el gran líder que avanzaba paso a paso y que estaba a punto de tomar el poder. Ese mito se derrumbó con su caída”, rememora el experto en temas de terrorismo, Rubén Vargas. “La captura de la cúpula terrorista resquebrajó los cimientos sobre los cuales Sendero Luminoso se había levantado. Abimael Guzmán no estuvo preparado para la derrota; su estructura criminal, tampoco. En los años siguientes a su captura los mismos senderistas no pudieron controlar a su gente. Es la época en la cual se produjo la mayor deserción en sus filas”, cuenta el especialista en temas de terrorismo Pedro Yaranga. Los desertores escapaban para entregarse tanto al Ejército como a los comités de autodefensa. La estructura de Sendero se construyó en torno a Guzmán. Lo veían como un personaje casi mesiánico. “Todos se sujetaban a él. Era un dios para los senderistas y, por eso, la caída fue un golpe demoledor”, agrega Yaranga. Los intentos de los hoy encarcelados ‘Feliciano’ y ‘Artemio’ - quienes asumieron el mando de los rezagos de Sendero - no fueron suficientes para recuperarse de ese golpe. “Sendero Luminoso se generó alrededor de un caudillo y este era el encargado de todo. Abimael no preparó, gracias a Dios, los cuadros [sucesores] para su reemplazo. Esto finalmente trajo como consecuencia el desbande de Sendero. De esta manera a doce años de la quema de ánforas electorales en Chuschi, el poblado ayacuchano donde SL perpetró su primer atentado, la organización terrorista más sanguinaria del país era descabezada y comenzaba su declive”, expreso por su parte Vargas Valdivia. “El GEIN salvó la democracia con la captura de Guzmán. Lamentablemente, no se le dio el reconocimiento que corresponde porque lo que siguió a la captura fue una utilización política”, indicó. Una afirmación con la cual coincide el resto de fuentes consultadas. Efectivamente, no se siguió con la labor de inteligencia para acabar con esa lacra maldita, desmantelando el GEIN y permitiendo que los rezagos de esa organización criminal se trasladen al inaccesible VRAEM - ubicado en la selva central del Perú, adonde ni la policía ni el ejército pueden ingresar - donde convertida en una organización ligada a narcotráfico, ha logrado reagruparse, como “el Militarizado Partido Comunista del Perú” aunque claro, sin la capacidad para realizar atentados terroristas como antes, convirtiéndose en un brazo armado del narcotráfico. Pero allí están agazapados, esperando su oportunidad, mientras sus seguidores en las ciudades formaron organismos de fachada - como el MOVADEF o Perú Libre - para no perder vigencia política. En cuanto al propio Abimael, encerrado de por vida en la Base Naval del Callao, nunca se arrepintió de sus crímenes y hasta el día de su deceso, “justifico” el baño de sangre que ocasiono al Perú. Sin embargo, durante el régimen delincuencial de Castillo se pretendió conceder el “indulto humanitario” a semejante monstruo, pero eso será tema de la última entrega de la serie (Próximo capítulo: Muerte e ignominia).
Una buena noticia dada a conocer en medio de la campaña desestabilizadora de la prensa basura y los parásitos caviares contra el Gobierno, es la promulgación de la Ley N.º 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados como adultos por delitos graves. Como sabéis, esta norma fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, la cual modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario, y que fue publicada en el diario oficial El Peruano para su entrada en vigencia. Con esta reforma, el Estado busca responder a los delitos cada vez más violentos en los que participan sicarios adolescentes, quienes hasta ahora eran sancionados con ridículas medidas ‘socioeducativas’ (?) incluso en casos de extrema gravedad, pero al cumplir la mayoría de edad – 18 años – salían libres. La ley también establece un tratamiento penitenciario diferenciado para este grupo etario, orientado “a su posible rehabilitación”, lo cual ha quedado demostrado que es imposible. La ley modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves. Entre los más de 30 tipos penales incluidos figuran el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas y delitos vinculados al terrorismo y al narcotráfico, en las cuales los menores participan activamente, porque saben que las leyes eran benignas con ellos y así roben, violen o maten, jueces y fiscales caviares los dejaban libres de inmediato para que sigan delinquiendo con total impunidad. Ello se acabó. Asimismo, la responsabilidad penal se aplicará sin necesidad de un régimen especial, aunque se podrá considerar la edad del infractor para atenuar la pena en ciertos casos. Para delitos de alta gravedad, la sanción ya no será únicamente educativa, sino que podrá conllevar pena privativa de libertad según las reglas del sistema penal ordinario, incluida la cadena perpetua. El cambio legal introduce un sistema de tratamiento penitenciario específico para internos de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y científico. Este sistema incluirá acciones terapéuticas, educativas y de desarrollo personal, “con la finalidad de reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social de los jóvenes infractores” como si estos delincuentes tuvieran remedio, ya que estos ‘perfeccionan’ sus habilidades delictivas en la cárcel. Los adolescentes condenados serán separados de los adultos en los centros penitenciarios, y se implementarán programas adecuados a sus características personales. Esta separación -conocida como sistema de individualización científica - busca evitar influencias negativas y propiciar un entorno rehabilitador, sin que ello excluya sanciones severas para los crímenes más graves. En casos como el sicariato o la violación sexual seguida de muerte, la pena puede ser de hasta ocho años de internamiento. El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, fue enfático en justificar la necesidad de esta reforma. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, expresó. Además, destacó que este nuevo marco legal no solo endurece las penas, sino que también promueve una reinserción responsable: “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”. Desde el Congreso, la norma ha sido presentada como una respuesta firme frente a la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado y un paso clave para recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana. Según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef), más de 640 homicidios se han reportado en el país solo en los primeros meses del 2025, una cifra que representa un incremento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte evidencia una preocupante escalada de violencia que ha generado alarma en las autoridades y en la población. A pesar de las medidas adoptadas, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la criminalidad continúa creciendo y afectando a diversas regiones, lo que pone en duda la eficacia de las actuales políticas de seguridad. En este contexto, el Congreso ha buscado reforzar la legislación penal, como con la reciente ley que endurece las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves, con el objetivo de frenar una tendencia que no da tregua, que cuenta con la complicidad de jueces y fiscales caviares con el claro objetivo de que la situación en el país andino sea ingobernable. Al respecto, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, saludo la iniciativa: “No interesa qué edad tenga el asesino, debe ser sancionado por igual. Para mí son irrecuperables” señalo. “Acá estamos protegiendo al real adolescente, el que no comete delitos está protegido por la ley. Pero uno que comete delitos como violación, sicariato, participar en bandas organizadas, ese ya no es un adolescente, esa es una persona que está agrediendo a la sociedad. Está siendo el enemigo de todos. Entonces, requiere tener las mismas medidas que los adultos", refirió. Estas declaraciones las dio tras conocer que el Poder Judicial rechazó la normativa indicando que cualquier juez podría aplicar el recurso de control difuso "e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales". Dicha posición fue criticada férreamente por el legislador para quien no existe el respeto de un poder del Estado a otro. "El Poder Judicial ha sacado un comunicado realmente espeluznante. O sea, un poder del Estado diciendo que no va a cumplir las normas que ha emitido el otro poder del Estado que es autónomo. Las normas que da el Congreso son para cumplimiento obligatorio de todos y uno de los que tiene que preocuparse de que sea así es el Poder Judicial y no decir que no la va a cumplir y que va a aplicar control difuso. O sea, esto es una insolencia, por emplear la palabra más suave que se me ocurre en este momento", declaró para RPP. Cabe mencionar que la aprobación de esta reforma se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia delictiva en el país. Por su parte, el past decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández, expresó que los menores implicados en delitos como extorsión y sicariato deben ser juzgados como adultos. Manifestó que “debemos tomar el ejemplo de la escuela anglosajona-norteamericana, en la cual los menores con delitos graves son juzgados como mayores y de ser hallados culpables, reciben la misma sentencia. Estados Unidos o Inglaterra ya lo han hecho, y hoy penan hasta con cadena perpetua a menores homicidas. Es un ejemplo a seguir” acoto. Como podéis imaginar, organismos “defensores de los derechos humanos” han salido rápidamente para oponerse a la norma, pero no dicen una sola palabra cuando esos mismos malditos asesinan a la gente en plena vía pública para robarles el celular, colocan bombas en las puertas de los colegios y extorsionan a toda clase de negocios sino les pagan miles de soles “a cambio de seguridad”. Muchas de esas bandas están integradas por menores de edad, que jueces y fiscales caviares pretenden que sigan siendo inimputables. Pero ello se acabó. Si pueden matar gente y aterrorizarlas ¿Por qué no pueden ser condenados por la justicia? Toda acción tiene una consecuencia… Y pobres de aquellas sanguijuelas que se nieguen a condenarlos. Como titulamos al principio: “La ley es dura, pero es la ley”
Cuando el 19 de Abril de 1870 se ordenó la apertura del tráfico del ferrocarril entre Lima y Ancón, y posteriormente se inauguró oficialmente el tramo que faltaba, entre Ancón y Chancay, el 7 de Diciembre de 1870, con la presencia de las autoridades y las personalidades más beneficiarias, se sintió un nuevo porvenir en esta parte del norte de Lima. Los más agradecidos con la obra fueron los hacendados productores de azúcar, ubicados en el valle de Comas y Carabayllo, que deseaban sacar sus artículos al mercado local y externo, quienes no solamente la promovieron sino también participaron directamente en su construcción. Esto quedó manifestado el 21 de Julio de 1868, cuando el gobierno aceptó el traspaso de los privilegios de la construcción del ferrocarril, que antes había sido dado (19 de Agosto de 1867) a Modesto Basadre, a una sociedad que tenía intereses en el valle del río Chillón, que estaba integrada por algunas personas que poseían propiedades e inversiones en esta parte del valle: Nicolás Rodrigo (en la hacienda Pro y Comas), Emilio Althaus (socio de Tenaud en Infantas), José F. Canevaro, Miceno Espantoso, y Waldo Graña (delegado del concejo de Carabayllo en 1879). Éstos tuvieron el apoyo del Presidente José Balta y Montero (1868-1872), quien no sólo ayudó a transferir el privilegio a los inversionistas del valle, sino también el mismo Estado invirtió con un porcentaje económico importante en su construcción. Se pensaba que con solamente la construcción del ferrocarril se garantizaría una dinámica comercial y económica en todo su recorrido, pero no sucedió así. Los más beneficiados fueron los inversionistas del valle dedicados a la caña de azúcar, no ocurriendo lo mismo cuando se incrementó la producción del algodón en las haciendas cercanas al ferrocarril. La intención era construir un ferrocarril hasta el valle y puerto de Huacho, con algunas ramificaciones a los interiores de su radio de influencia. Pero sólo llegó hasta el Km. 66, en el valle de Chancay, con algunas deficiencias en su trazo y recorrido, como la zona de Pasamayo, que resultó siendo muy peligrosa por el temor que generaba. El ferrocarril, desde un inicio, era administrado por la empresa constructora, pero debido a deficiencias en su conducción y manejo económico, el Estado, que desde el comienzo había tenido participación económica en esta obra, a través del préstamo de unos bonos a la compañía férrea, obteniendo de esta manera acciones en la empresa, decidió tomar el control de la misma. Por Decreto Supremo del 29 de Marzo de 1872 el gobierno adquirió el dominio exclusivo y absoluto del ferrocarril. A pesar de este cambio, la administración del ferrocarril continuó en pérdida. Durante el bienio de 1874 -75 hubo un déficit de 21,500 soles. El gobierno decidió darlo en arriendo, para lo cual sacó a licitación su manejo. Pero ante las propuestas poco atractivas decidió continuar con la administración hasta más adelante, en que volvió a sacarlo en oferta. La primera sección del ferrocarril funcionaba hasta Ancón, con cinco estaciones ubicadas según el uso y necesidad de los usuarios. Las dos primeras, luego de Lima, estaban ubicadas en el área distrital: Repartición (Km.8) e Infantas (Km. 13). Estas dos eran utilizadas por los comerciantes y hacendados cañaveleros del valle de Comas. La primera por Naranjal y Aznapuquio, mientras que la segunda por Infantas, Pro y Chuquitanta. Aunque al parecer la primera era más activa que la segunda. Uno de los que realizó el viaje hasta Infantas, afines del XIX, fue el alemán Ernest Midendorf, quien de esta aventura decía: “El viaje es el paseo más agradable que puede hacerse desde Lima. La línea desciende al principio por un suave declive de varias millas a través de una amena zona, rica en vegetación, pasa por cañaverales y campos de pasto rodeados de árboles y llega entonces al río del valle de Chillón”. Durante la guerra con Chile (1879-1883), parte del tramo del ferrocarril fue destruido. Se dice que los chilenos pusieron explosivos en el tramo entre Ancón – Chancay, lo que, junto con el abandono y la falta de mantenimiento, generó que la línea sea cubierta por las arenas de Pasamayo, echándose a poder. Por ello no es de extrañar que tras la guerra, el ferrocarril se encontrase muy dañado. Cuando el Estado decidió entregar los ferrocarriles a través del contrato Grace (1890), a la empresa inglesa Peruvian Corporation, en representación de los tenedores de la deuda externa, esta última puso reparos con la línea a Chancay porque resultaba muy costosa repararla. Por ello, con la firma del contrato Grace, los ingleses sólo aceptaron el tramo del ferrocarril de Lima a Ancón, que era parte del ferrocarril de La Oroya, dejando en manos del Estado el tramo de Ancón a Chancay que se encontraba destruido. A partir de esa fecha se hablaría sólo del ferrocarril Lima – Ancón. Y como formaba parte del Ferrocarril Central, todas las normas dictadas para el segundo tenían injerencia en el primero. Desde entonces, el Ferrocarril Lima - Ancón tuvo una cierta recuperación, ya que volvió a ser utilizado por las haciendas, que embarcaban volúmenes considerables de azúcar y otros derivados de la misma por las estaciones del área distrital, para ser transportados al puerto de Ancón, de donde eran enviados al mercado exterior. En efecto, en 1903 los ingenios de las haciendas Chuquitanta, Infantas y Naranjal sacaban sus embarques por este puerto, haciendo uso del ferrocarril. Sin embargo, durante el siglo XX, este medio de transporte comenzó a quedar relegado por el auge de los automóviles y los ómnibus, así como por la construcción de carreteras, a lo que debemos agregar que sufrieron desinterés estatal y falta de inversión, lo cual se agudizó en las décadas de 1950 y 1960. Debido a ello, el servicio de trenes y vagones para pasajeros se suspendió definitivamente el 5 de Julio de 1958 y todo el ferrocarril en 1964. Tras la desaparición del Ferrocarril Lima-Ancón, se construyó una carretera paralela a la antigua vía ferroviaria, que con el tiempo dio lugar a la actual Panamericana Norte. En los años posteriores, muchas de las áreas ocupadas por la vía férrea también se reutilizaron para la urbanización. Esto significó un desenlace previsto, ya que no se realizó ningún esfuerzo significativo para preservar o rehabilitar el sistema ferroviario. Su deterioro y posterior desaparición en 1967 de la ruta marcaron el fin de una etapa de avances ferroviarios en el Perú. Hoy en día, su historia se recuerda como un ejemplo de lo que pudo haber sido un sistema de transporte sostenible y eficiente si se hubiera adaptado a los cambios tecnológicos. Ahora que se habla de la próxima construcción del Ferrocarril Lima-Barranca, del cual se dice que conectará Ancón con las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, con una extensión aproximada de 245 km que la uniría con el megapuerto de Chancay, pareciera que el viejo ferrocarril de alguna manera regresaría del pasado, pero vamos hay que ser realistas, todas estas son promesas que se las lleva el viento y al final nunca se cumplirán. Lamentablemente, sobran ejemplos de ello…
Como sabéis, en estos días tanto la prensa basura como los caviares arrecian en su campaña desestabilizadora contra el Gobierno constitucional de Dina Boluarte, acusándola de todo lo inimaginable, buscando vacarla a como dé lugar y reemplazarla por un arribista (como sucedió en el 2021 con Francisco Sagasti), para que digite las elecciones del 2026 y posibiliten el regreso de esos impresentables al poder para volver a parasitar a costa del Estado, de donde fueron echados en el 2022 tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo. Cuánta razón por ello tiene la señora Presidenta al señalarlos acertadamente como lo que son: Los enemigos de la Patria. En efecto, en una ceremonia de entrega de reconocimientos a nuevos beneficiarios del programa Beca 18 del 2025 en San Borja, la presidenta dijo: “Tenemos año y dos meses más de acá a julio del 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno porque entramos a una etapa electoral y yo respondo que no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que he asumido la presidencia y no me he rendido y este año, para mí, va a ser ‘papaya’. Será fácil transitar y, como se dice en otros países, me han hecho la vida a cuadritos aquellos enemigos de la patria, aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos trabajando, pero no lo lograran. Vengo trabajando incansablemente desde que asumí el cargo de jefa de Estado, pese a los ataques que recibo prácticamente todos los días, pero no le tengo miedo a esas voces menudas de gente resentida” expresó. Es indudable que con esos interesados ataques mediáticos, los caviares buscan crear además ‘una cortina de humo’ para que no se hable del fraude masivo que pensaban realizar en los próximos comicios, como es la falsificación masiva de firmas para inscribir a ‘vientres de alquiler’ como ‘partidos políticos’, coincidentemente todos de izquierda y/o caviares - que básicamente son lo mismo - intentando volver a copar las instituciones del Estado. Pero les salió mal la jugada a quienes utilizan la política como mercancía. Para nadie es un secreto que las democracias estables se apoyan en verdaderos partidos políticos, que representan grandes corrientes de opinión y cuyo proceso de formación ha estado vinculado a movimientos universitarios, sindicales o profesionales, algo que no ha ocurrido nunca en el país andino, donde sujetos inescrupulosos al frente de organizaciones informales que pomposamente llamaban “partidos políticos” lograron en su momento auparse al poder, pero que a su muerte, estos desaparecían de la escena política o bien vegetan cual cadáveres vivientes. En los últimos tiempos, ese ha sido el caso por ejemplo del APRA, AP y el PPC, arrastrándose actualmente en la ignominia intentando sobrevivir en medio del repudio generalizado, por lo que no les quedó más remedio que dar paso a los llamados outsiders, que han sido más de lo mismo. Pero ello sucedió también tras el golpe militar de 1968, donde el velasquismo tampoco fue capaz de organizar un partido político, creando el SINAMOS como plataforma política dispuesta a movilizar al pueblo en apoyo a la dictadura, pero fue barrido cuando cayó el régimen. Ya en democracia, durante el corrupto gobierno de Alejandro Toledo, fue alentada por la ONPE y su entonces director ejecutivo, el caviar Fernando Tuesta Soldevilla, la promulgación de la Ley de Partidos Políticos, del cual se dijo que “buscaba fortalecer los partidos políticos, promover la democracia interna y evitar que las cúpulas partidarias decidieran la suerte de los partidos” lo cual no era cierto, ya que por el contrario, dio inició a un proceso de burocratización de la política. En ese mismo periodo, desde la cuestionadísima Comisión de la Verdad y Reconciliación se trató de reescribir la historia nacional, intentando ‘santificar’ a los terroristas y culpar a las FF.AA. de las muertes ocurridas durante los años 80, mientras que el sistema electoral, a través de la RENIEC, la ONPE y el JNE, aumentaba su presupuesto y burocratizaba el control y fiscalización de los partidos políticos. Es más, durante el nefasto régimen del golpista Martín Vizcarra, se estableció una Comisión de Alto Nivel abocada “a proponer los grandes lineamientos de reforma política en el país”. Como no podía ser de otra manera, el caviar Tuesta Soldevilla, presidió la comisión que redactó un denso informe, que pretendió sentar las bases “de un sistema político y electoral renovado”. Más allá de la teoría política y los conceptos doctrinarios desarrollados en ese sesgado informe, fue evidente que Vizcarra utilizó la llamada "reforma política" como arma contra sus adversarios. Como recordareis, desde los tiempos de Velasco y Fujimori - lo cual fue repetido por Vizcarra - se habló con insistencia de la llamada ‘partidocracia’, pretendiendo mellar la imagen de los partidos políticos. Hoy que el país comprueba el rotundo fracaso de la reforma política promovida por ese lagarto, por lo que es necesario precisar que, al haberse acreditado la falsificación de cientos de miles de firmas de aparentes militantes de partidos políticos, se pretendía consumar un fraude de grandes proporciones. El Perú no puede ser indiferente ante esta burda maniobra caviar instrumentada con el claro propósito de inscribir fraudulentamente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a ‘vientres de alquiler’ cuyos dirigentes han transgredido la ley. No se trata de hechos aislados o de errores materiales intranscendentes. Decenas de agrupaciones políticas han sido registradas en el registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones de una manera dolosa. El país no necesita de decenas de ‘partidos políticos’ para fortalecer la institucionalidad democrática. En las elecciones generales del 2000, la agrupación fujimorista Perú 2000 (hoy denominada Fuerza Popular) logró su inscripción ante el entonces JNE de una forma fraudulenta. Se comprobó la existencia de una "fábrica de firmas" y la participación de un conocido notario público (Óscar Medelius) en la "trama de las firmas falsas". De esta manera Kenyo Fujimori ganó las elecciones en un proceso electoral lleno de irregularidades, para intentar atornillarse en el poder tras el autogolpe de 1992. Su tercer gobierno fue breve, poniéndose al descubierto la existencia de una siniestra red de corrupción liderada por su “asesor” Vladimiro Montesinos quien tuvo un rol hegemónico durante la década de los noventa. Fueron parte de la "trama del fraude de ese año quienes estaban al frente del JNE y la ONPE, colocados por Fujimori para “legitimar” su fraudulenta reelección. Pero todo fue en vano, ya que el escándalo de los llamados ‘vladivideos’ provoco la caída de su régimen. Pasaron los años y esta vez los caviares quisieron repetir la misma manobra, colocando al frente de los organismos electorales a impresentables elementos como Jorge Salas Arenas en el JNE y Luis Corvetto en la ONPE, para “asegurar” la victoria de sus candidatos. Así sucedió en el 2021, cuando en las elecciones de ese año, otorgaron el triunfo a un burro chotano de limitado lenguaje y nula inteligencia llamado Pedro Castillo, cuya ignominiosa caída ocurrió cuando pretendió dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando en su vil propósito y terminando en la cárcel. Tras el final de ese oprobioso régimen filosenderista, los caviares agazapados aun en el JNE intentaron repetir la jugada en el 2026, pero la abrupta salida de Salas Arenas y el descubrimiento del fraude que estaban preparando, ha frustrado de momento sus planes. Cabe recalcar que la reforma política impulsada por Vizcarra fue parte de un plan urdido para afectar la institucionalidad democrática. El golpista del 30 de septiembre hoy es parte de la "trama de las firmas falsas". Su ‘partido político’ ha actuado dolosamente. A pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y de estar a pocas semanas para que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra el vacado golpista y exgobernador de Moquegua, es notorio que se siente "intocable". Demás está decir que esos ‘partidos políticos’ incursos en la falsificación de firmas no deben participar en las elecciones generales del próximo año. Al respecto, el JNE acaba de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), con la finalidad de reforzar la fiscalización y sancionar a las agrupaciones que recurran al uso de firmas falsas. Esperemos que sea aprobado a la brevedad posible. Por cierto, es indudable que el fraude ha sido financiado con los millones procedentes de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal u organizaciones criminales. Es decir, buscan utilizar la política como mercancía, alejada de ideales y de acciones políticas transformadoras. Es evidente que detrás de la inscripción de decenas de esos `vientres de alquiler’, existe el propósito de alentar el caos electoral, facilitando la elección de algún extremista como jefe de Estado financiado por organizaciones criminales, como pretendieron hacerlo con Antauro Humala, aquel despreciable asesino de policías y adicto a la marihuana que afortunadamente ha quedado fuera de carrera, por lo que de seguro buscarán a otro similar. Y ello no hay que permitirlo... A estar atentos para desbaratar cualquier maniobra caviar.
Ubicada en la intersección de la Avenida Antonio José de Sucre y el Jirón 28 de Julio, en el Distrito de Magdalena del Mar, la monumental obra fue concebida por el sacerdote claretiano Simón Llobet. Con una altura que alcanza los 70 metros, posee el título de ser el templo más alto del Perú, ofreciendo una vista panorámica que abarca varios sectores de Lima, incluyendo San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María y San Isidro. La obra fue concebida por el claretiano Simón Llobet y desde su inauguración en 1957 se estableció como uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos más prominentes de la ciudad. Financiada por donativos y eventos benéficos, este santuario no solo representa un punto de encuentro espiritual, sino también un testimonio vivo de la generosidad de la comunidad para levantar esta impresionante edificación. Este templo católico deslumbra con su arquitectura neorrenacentista, destacando su cúpula coronada por una estatua de la Virgen María, con brazos abiertos. Su fachada conserva los distintivos colores rosados y verdes que la han caracterizado a lo largo del tiempo. El esplendor de la iglesia se revitalizó gracias a trabajos de restauración tanto en su exterior como en su interior del edificio. Las campanas fueron adquiridas gracias a la generosidad de mujeres limeñas a través de donaciones canalizadas por Acción Católica. Estos aportes contribuyeron a mantener viva la esencia y el espíritu de este monumento religioso, consolidándolo como un punto de referencia no solo espiritual, sino también cultural, dentro de la comunidad limeña. Cabe precisar que en sus inicios, la estatua de la Virgen, se había diseñado para ubicarse en la cima de la cúpula. Sin embargo, debido a su peso de más de cuatro toneladas, fue imposible ubicarla en ese lugar. Por ello, permaneció almacenada durante cuarenta años hasta que finalmente fue colocada en 1996 en la plaza homónima, al final de la Avenida Brasil. Fue recién en el año 2004 cuando la congregación adquirió una nueva imagen para la cúpula de la iglesia, diseñada por el escultor arequipeño Fredy Luque, quien fue el encargado de fabricarla. A pesar de mantener las mismas dimensiones que el original, esta fue elaborada con fibra de vidrio y resina, lo que la convierte en una figura mucho más liviana y única en su estilo. Si bien no tiene la larga historia ni el recargado estilo colonial de la Catedral de Lima, la Iglesia del Inmaculado Corazón de María es especial por sí misma. Desde su imponente cúpula hasta su elegante y hermoso interior, es algo completamente único. Y a diferencia de otros templos de Lima, es más una iglesia activa que un museo viviente, con misas diarias y una gran congregación que asiste regularmente, por lo que no es un destino turístico muy popular y a pesar de su imponente tamaño, paradójicamente sigue siendo una joya escondida en Lima. Anímate a conocerla.
Mientras el país andino se encamina hacia las elecciones del 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de vientres de alquiler que eufemísticamente se hacen llamar “partidos políticos”. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a los sectores caviares, desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años por los mismos que cometieron fraude en el 2021 para colocar a un burro chotano en Palacio, y que pretendían repetir la misma maniobra en los próximos comicios. Lo grave del asunto es que la falsificación de firmas ya lo conocía el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) desde noviembre del 2022, pero recién se hizo pública por estos días a raíz de la denuncia de la ciudadanía y al organismo de mala gana no le quedó más que confirmar el delito que ocurría ante sus ojos y con su abierta complicidad ¿Cómo confiar entonces en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? Hoy, las evidencias son contundentes: peritajes grafotécnicos, omisiones sospechosas de las autoridades y un silencio cómplice de quienes antes clamaban por elecciones limpias. Estamos indudablemente ante un fraude incubado por los caviares desde los cimientos del sistema para su propio beneficio ¿Qué les espera a los peruanos en el 2026 si no actúan ahora para evitarlo? Como sabéis, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados a “partidos políticos” sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Las dimensiones del reclamo sugieren que se está ante un auténtico problema cuyas consecuencias enturbiaran los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán el próximo año. Contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los “partidos políticos” puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo. Ahora, para ser incorporado como militante de un “partido”, lo que la autoridad exige es que el ciudadano interesado, amén de proporcionar sus datos generales, firme y coloque su huella dactilar en una nómina que luego será revisada por el RENIEC. De manera que una vez comprobada que alguna falsedad se ha deslizado entre esos elementos, la responsabilidad es, en primer lugar, de quien presentó la nómina (el “partido” en cuestión) y, en segundo lugar, de quien realizó defectuosamente la verificación (RENIEC). Asimismo, la sanción debería recaer sobre el “partido” que presentó información adulterada - cuya inscripción debería ser anulada automáticamente - y sobre la institución que no cumplió adecuadamente los procedimientos de vigilancia de esa presentación. Pero ya no se trata solo de las denuncias de ciudadanos que descubren su nombre en la nómina de un conglomerado político sin haberla jamás firmado, sino también del destape periodístico sobre auténticas fábricas de falsificación de rúbricas y huellas digitales que han ofrecido sus turbios servicios al mejor postor... y han encontrado varios. Los más comprometidos son hasta ahora Nueva Gente, Primero la Gente (que tiene como precandidata visible a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Perú Primero (alentado por el golpista Martín Vizcarra, a pesar de que no puede postular a cargo alguno por haber sido inhabilitado por el Congreso), Voces del Pueblo (acaudillado por el congresista filosenderista Guillermo Bermejo), Ciudadanos por el Perú (vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte), así como del recién deshabilitado A.N.T.A.U.R.O. (del asesino de policías Antauro Humala). En efecto, un informe del programa dominical “Panorama” reveló recientemente que, en los últimos tres años, en medio de los esfuerzos de organizaciones políticas nacionales o regionales por lograr su inscripción, se registró un total de 238.335 firmas que debieron ser descartadas por indicios de falsificación. En muchos casos, además, se ha detectado que múltiples firmas corresponden a un mismo puño; es decir, que fueron hechas por un solo individuo. Y algo parecido ha sucedido con las huellas dactilares. Se trata, claramente, de un esquema de timo que no puede quedar impune, y que tiene responsables en cada etapa. Para empezar, quienes hayan ofrecido el servicio deberán tener sin duda una sanción penal, y luego también los encargados de hacer las verificaciones a nombre del Estado. Asimismo, es indispensable sancionar a los “partidos” mismos. No es aceptable que organizaciones fantasmales que han querido competir en las elecciones sobre la base de un engaño sigan en carrera. Entre otras cosas, porque si son capaces de colocarse en el partidor con semejante disposición fraudulenta, es de imaginar cómo podrían gobernar si es que saliesen triunfantes. Por último, pero no por ello menos importante, es hacer una reorganización total de los organismos electorales - JNE, ONPE, RENIEC - que inexplicablemente siguen en manos de los caviares. Si bien fue expectorado un impresentable sujeto como Jorge Salas Arenas (Alias ‘camarada Coquito’) que desde el JNE avalo el fraude de Castillo y busco hasta el último minuto que Antauro no sea inhabilitado, el resto de sus cómplices continúan como si nada y deben ser purgados de inmediato, si los peruanos quieren que sus comicios sean limpios e intachables, lo que no ocurriría en ningún caso si esa panda de sanguijuelas expertas en fraudes electorales permanecen indebidamente en sus cargos. ¿A que espera el Congreso para fumigarlos? Las denuncias no pueden quedar en el aire porque el tiempo apremia y las elecciones están cada vez más cerca. Al respecto, el abogado Alfredo Ghersi nos da su opinión sobre esta polémica y cómo afectaría de cara a los procesos electorales del 2026, donde se define el futuro de una nación que cada vez se desangra en el espectro político: “Es un tema muy serio. Creo que lo importante de esta noticia es que desmiente esa falsa narrativa que ha sostenido la izquierda en los últimos años y que, además, contradice su postura histórica. Porque, recordemos, la izquierda históricamente ha denunciado que Kenyo Fujimori cometió fraude en el Perú. Mejor dicho, eran ellos quienes ponían en tela de juicio la integridad electoral en el país. Sin embargo, desde las épocas de Castillo, la izquierda ha volteado su narrativa y en los últimos años ha tratado de vender esta falsa imagen de que el sistema electoral peruano es incorruptible, que es imposible que haya fraude, ‘porque nuestras instituciones electorales son sólidas’. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Ahora que estamos a puertas de las siguientes elecciones, estalla este tremendo escándalo. ¿Y cuál es? Que en el proceso de inscripción de esos cascarones vacíos que se hacen decir partidos, ha salido a la luz que muchísimas personas aparecen afiliadas de los que no tienen conocimiento alguno. Llama mucho la atención, porque uno de esos partidos es el del golpista Martín Vizcarra, con 5.117 firmas, y todas hechas de un solo puño. Según la misma pericia grafotécnica, hay elementos técnicos suficientes para descubrir este tipo de irregularidades. Y no solo ha ocurrido en el partido de Martín Vizcarra, también en el de Guillermo Bermejo. Es cierto que algunas de estas irregularidades han sido observadas por el Reniec y se ha rechazado la inscripción de algunos partidos. Pero no de todos. En algunos casos, estas irregularidades han sido omitidas y no han sido subsanadas adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo que sucede es que nacen, en esta elección, graves sospechas de fraude. Se desmantela por completo esta falsa narrativa de la izquierda que quería pintar al sistema electoral en manos aún de los caviares, como ‘incorruptible’. Al comprobarse que grupos políticos de izquierda y ligadois a los caviares están involucrados en la falsificación de firmas, se demostraría que hay una confabulación en marcha. Porque son los mismos agentes, las mismas personas que se estan beneficiando de este sistema electoral tan cuestionable quienes, al mismo tiempo, decían que el fraude era imposible porque el sistema era perfecto. Aquí hay una agenda, un plan. Por un lado, cometen acciones sospechosas; por el otro, a través de sus portavoces más importantes, juraban que el fraude era imposible. A quienes, de manera escéptica, denunciábamos posibles fraudes, nos llamaban "golpistas" o "conspiranoicos". Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarse: ¿dónde están ahora todos estos grandes exponentes de la izquierda que durante años se burlaron de los peruanos? ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Esto también es una advertencia para el público: revisen la página correspondiente para ver si han sido víctimas de esta usurpación. Hay un proceso de desafiliación que deben seguir. Además, los invito a buscar apoyo, por ejemplo en el estudio GERSI o conmigo, para iniciar los procesos penales correspondientes. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de bien, el bloque democrático, no permitir que nos engañen nuevamente como en el 2021. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la que ya hemos sufrido. El factor común de aquellos es su nulo compromiso con la democracia. Tienen una agenda para socavar los valores del Estado de Derecho y de nuestra frágil República. ¿Qué tienen en común Vizcarra, Castillo, Antauro Humala? Que cuando tuvieron el poder, su objetivo fue debilitar nuestras instituciones democráticas para concentrar el poder, promover golpes de Estado e impulsar una agenda socialista nefasta. La ciudadanía tiene que estar muy atenta. Esta gente quiere llegar al poder de manera apócrifa, falsificando firmas, aprovechándose del sistema electoral. Y eso es muy grave. La gente de bien, el bloque democrático, debe estar más vigilante que nunca, para que no se repita” indico. Es indudable que se debe investigar a fondo esta pérfida maniobra caviar y sancionar ejemplarmente a los responsables. Aun están a tiempo para cerrarles el paso.
Considerado la fiel representación de Naylamp, fundador de la Cultura Lambayeque - que se desarrolló en el norte del actual Perú entre el siglo VIII y el XIV - se trata de un emblemático cuchillo ceremonial, recuperado en 1937 por el arqueólogo Julio C. Tello junto a diversos objetos de oro y plata para el Museo Nacional que provenían de un templo indígena (huaca) denominado ‘La ventana’, en Batán Grande, jurisdicción de Poma, en Lambayeque. El objeto más preciado se distinguió rápidamente entre lo rescatado y se constituyó en paradigma de la metalurgia del Perú Antiguo: el ‘Tumi de Íllimo’ o ‘Tumi de Lambayeque’. Este objeto precioso estaba formado por una sola pieza, el mango tiene forma rectangular o trapezoidal y la hoja cortante es semicircular. Algunos tenían incrustaciones de piedras semipreciosas. Al ser objetos ceremoniales, los Tumis eran fabricados a menudo con algún tipo de metal precioso, como oro, plata, cobre o bronce. Fue usado también por los Mochicas, los Chimú y los Incas en sus ritos para el sacrificio de animales a sus dioses. Por tal motivo, estos adquirieron un carácter sagrado, y no sorprende que los cuchillos que utilizaban en ellos recibieran un nombre vinculado a lo divino. Esta es la razón por la que el Tumi aparece a menudo por ejemplo en la iconografía mochica, habitualmente cortando el cuello de las víctimas. Cuenta la leyenda que cuando Naylamp murió, le crecieron alas en la espalda, despertándose y volando por los cielos. Por tal razón, crearon la imagen del hombre pájaro en memoria de su fundador, decorando el Tumi con la figura de un hombre pájaro. Lo que vendría a ser su empuñadura es la representación de una deidad antropomorfa, de ojos almendrados, que se halla de pie sobre una especie de pedestal, conformado por la hoja metálica. Medía 42 cm de alto, pesaba 992 gramos y estaba trabajada en oro de 24 quilates. A mayor abundamiento, el personaje porta una máscara (felínica, según Tello). En la cabeza lleva un enorme tocado semilunar, tratado parcialmente en filigrana y por una serie de bolitas huecas; de ambos lados de esta diadema cuelgan sendas representaciones de aves movibles. Tiene también incrustaciones de sodalita. De su cuello pende un collar de cuentas esféricas. El resto del cuerpo está cubierto por un camisón corto, un taparrabos y una especie de rodilleras de las que cuelgan cartuchos en forma de campanilla. En la espalda lleva unos ornamentos movibles que parecen imitar conchas marinas y en sus costados tiene alas pequeñas. Por la gran diadema o tocado que lleva la imagen, es evidente que el personaje sea una representación del mítico Naylamp, que llego de lejanas tierras proveniente del mar, el cual es mencionado en la crónica de Miguel Cabello de Balboa (1586). Por cierto, los Tumis también se utilizaban en la cirugía, más específicamente para la trepanación, una intervención en la que se practica un orificio en el cráneo mediante el raspado o la perforación. Pero a diferencia de los Tumis ceremoniales, las hojas de estos escalpelos eran más pequeñas. Los médicos realizaban esta cirugía para aliviar a los pacientes que sufrían inflamaciones a causa de traumatismos craneales. Estas operaciones muchas veces permitían que el herido siguiera viviendo, tal como lo demuestra la evidencia arqueológica de cráneos trepanados encontrados sobre todo en la costa sur peruana, especialmente de las culturas Paracas y Nazca. Ahora, es una idea generalizada que los cortes se practicaban con cuchillos de pedernal y con Tumis metálicos. Sin embargo, lo más probable es que este haya sido utilizado para circunstancias especiales y específicas, ya que el filo hace que no pueda utilizarse para cortar hueso debido a que el borde cortante solamente se presta para incisiones largas y superficiales. El Tumi de Lambayeque fue el ejemplar más famoso de la orfebrería del Antiguo Perú, siendo robado en 1981 del Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. Al año siguiente se hallaron algunos de sus restos fraccionados, ya que los ladrones lo habían triturado para vender el oro al peso. Posteriormente, se encontraron otros Tumis con diferentes características al de Lambayeque - siempre representando a Naylamp - los cuales se exhiben actualmente en museos alemanes o forman parte de colecciones privadas.
