Como sabéis, la megalomanía es el delirio de grandeza de un individuo; es la obsesión desmedida por alcanzar la gloria y, desde luego, suele conllevar el desprecio por quienes, en el imaginario megalómano, no alcanzan su talla. Desde un enfoque clínico, no es una enfermedad independiente, sino un conjunto de síntomas asociados a trastornos de bipolaridad, narcisismo agudo o esquizofrenia. En política, se expresa como la obsesión desmedida por alcanzar el poder, ya que este en su retorcida imaginación, exalta su grandeza y su “designio divino por el que vino al mundo”. Entonces, alcanzar el poder por el poder es una condición para ser elevado a la gloria ante los demás, ya que en sus fueros internos, se siente en una dimensión superior. Como podéis imaginar, la megalomanía en política es altamente peligrosa, ya que su objetivo no es el prójimo, la búsqueda del bien común, la seguridad u otras necesidades básicas; el objetivo es el megalómano mismo y la satisfacción y perpetuación de su “grandeza” personal. Hay grandes megalómanos en la historia, como Genghis Khan, Atila y Tamerlan por ejemplo. Nerón, en la antigua Roma, se sentía dios y buscaba la adoración; reunía a miles para que le oigan tocar la lira y, en sus propósitos de sostenerse en el poder, no dudó en mandar asesinar a su propia madre, Agripina. Su ego - dicen algunos historiadores - lo llevó a incendiar Roma para reconstruirla según su sueño. Pero esta locura patológica lo llevo a su trágico final. De similares características fue Napoleón Bonaparte, aquel megalómano que quiso ser el dueño de Europa y termino sus días prisionero en la remota isla de Santa Elena - ubicado en medio del Atlántico - envenenado por los británicos. En el Siglo XX, para no ser menos, monstruos genocidas como Vladimir Lenin, Iósif Stalin y Mao Tse Tung - y otros de su misma calaña como Kim Il-sung, Pol Pot, Ho Chi Minh, Josip Broz Tito y Nicolae Ceausescu, entre los más despreciables que haya conocido la humanidad - tienen en común haber capturado el poder y causado la muerte a millones de seres humanos que se oponían a sus demenciales propósitos. De eso trata la visión megalómana: “soy superior y tú no das la talla, eres prescindible, eres un objeto a merced del megalómano”. Esta banda de criminales, con su aparente superioridad sobre los seres humanos, llevó a cabo terribles matanzas y asesinatos masivos durante sus sangrientos regímenes comunistas. Asimismo, mucho de ellos una vez muertos, habían dado órdenes de ser momificados para que expuestos en urnas de cristal, sean adorados en nauseabundas ceremonias, a la cual estaban obligados a asistir bajo pena de muerte toda la población a la cual oprimieron con mano de hierro en vida. Y pobre de aquel que no asistía a rendir pleitesía al cadáver del sátrapa - con llantos y gritos histéricos de por medio lamentando la muerte de su verdugo - ya que “desaparecía” junto a su familia y nunca más se sabía de ellos. Y claro, nadie se atrevía a preguntar que les había ocurrido, ya que temían, y con razón, tener el mismo destino. A ese clima de terror se había llegado. Con la caída de los regímenes comunistas en los años 90 (a excepción de Corea del Norte, donde esta monstruosa practica continua hasta el día de hoy), desapareció esa morbosa obligación de adorar a los muertos, junto con varias de esas momias que terminaron en los cementerios, y las pocas que aún existen en sus urnas a la vista del público - aunque bien harían las autoridades en desaparecer toda esa inmundicia - son objetos de curiosidad para los turistas, En tanto, en el Perú, qué duda cabe, el megalómano más grande de todos los tiempos ha sido Abimael Guzmán, quien alguna vez dijo que su revolución causaría millones de muertos en el país andino, para instaurar a continuación “su república popular de nueva democracia”. ¿A título de qué? De la captura del poder y de hacer con él todo lo que abonara a favor de su narcisista sueño de pretender ser la “cuarta espada del marxismo”. Cultivar además un fuerte culto a su personalidad era su fortaleza entre quienes lo divinizaban para satisfacer sus delirantes sueños de grandeza... Decenas de miles de peruanos muertos y mutilados por sus acciones terroristas dan fe de ello. Pero su captura en 1992, condena a Cadena Perpetua y muerte en prisión en el 2021, siendo sus restos cremados y convertidos en cenizas sin ceremonia alguna, evito que esa divinización se haga realidad y muchos de los que por entonces lo idolatraban, hoy lo consideran cobarde y traidor por haberse rendido sin combatir al momento de su captura y firmar un “Acuerdo de Paz” para preservar su vida. Por cierto, en las elecciones presidenciales del 2026, con 43 vientres de alquiler que se autodenominan “partidos políticos” inscritos producto de una estrategia diabólica - disfrazada de reforma política impulsada por los caviares - de “dividir para vencer”, se proyecta un peligroso escenario para la floración de las más recónditas ambiciones, desbordadas por la búsqueda del poder. El peligro de la megalomanía en la política radica en que el sujeto, una vez que logra capturarla, irá por el poder absoluto, usando la democracia, sistema que no puede estar por encima de sus aspiraciones de glorificación insatisfechas. Este era el caso de ese despreciable asesino de policías y sucio drogadicto Antauro Humala, quien afortunadamente fue excluido de participar en los próximos comicios por su clara posición antidemocrática que ni lo disimulaba. Para un megalómano, el fin justifica los medios. Entonces, no dudará en emplear recursos vedados, dinero de economías ilegales, usar la violencia interpósita para acabar con sus rivales. Su objetivo es el poder, y su ego así se lo exige. Si bien Humala ha quedado descartado, otros con un pensamiento similar pueden estar en camino. Ello puede evitarse si los organismos electorales - JNE, RENIEC y la ONPE - sean depurados cuanto antes de los parásitos caviares, para no permitir las inscripción de candidatos impresentables que representen una amenaza a la democracia, como sucedió en el 2021 con ese delincuente terrorista de Pedro Castillo, hoy en prisión por golpista y ladrón. Como recordareis, su llegada al Poder mediante el fraude fue posible por la complicidad de los organismos electorales en manos de los caviares, quienes incomprensiblemente al día de hoy aún continúan en esas instituciones, conspirando activamente contra la democracia ¿A que espera el Congreso para sacarlos? El tiempo avanza. No lo dejen para el último momento.
Era 1992 y Sendero Luminoso, encabezado por su sanguinario cabecilla Abimael Guzmán Reynoso y su cúpula terrorista, llevaba ya 12 años desangrando al país andino. En ese período burló dos veces el asedio del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Pero la suerte no lo acompañaría la tercera vez. La última. En efecto, poco antes de las nueve de la noche de ese 12 de septiembre y sin disparar un tiro, un equipo del GEIN ingresó sorpresivamente a la vivienda de la Calle 1 (hoy Varsovia) ubicada en la urbanización Los Sauces de Surquillo. Ahí se escondían Guzmán, su conviviente Elena Yparraguirre y senderistas como Maritza Garrido Lecca, Carlos Incháustegui y Laura Zambrano Padilla. Todos cayeron. Ninguno logró escapar. Conocido entre sus partidarios como Puka Inti (el Sol Rojo) y considerado “la cuarta espada del marxismo”, el autodenominado “Presidente Gonzalo” se rindió pacíficamente a sus captores y mientras vaciaba sus bolsillos, Yparraguirre con una pequeña bandera senderista en una mano, intentaba apartar con la otra a los policías mientras decía “no lo toquen, no lo toquen”. Pero todo fue en vano. Su hora de rendir cuentas ante la justicia por sus monstruosos crímenes, había llegado. Conocida como la «Operación Victoria», esta acción marcó un punto de inflexión en la guerra contra el terrorismo, constituyendo un golpe devastador para Sendero Luminoso y un hito en la lucha contra el extremismo en la región. El éxito de la operación fue el resultado de un meticuloso trabajo de inteligencia llevado a cabo por el GEIN, una unidad especial creada el 5 de marzo de 1990 bajo el liderazgo de Benedicto Jiménez. Durante su existencia, el GEIN, se distinguió por sus operaciones estratégicas que lograron desmantelar importantes estructuras de Sendero Luminoso. Entre los logros más destacados se encuentra precisamente la detención de Guzmán considerada “La Captura del Siglo” (Incluso hicieron una miniserie en América TV con ese nombre. Me pregunto porque no la reponen) cuyo impacto se sintió no solo en Perú sino a nivel internacional. La información que condujo al éxito de la operación fue proporcionada por Luis Alberto Arana Franco, alias “Sotil”. Capturado en junio de 1992 durante la «Operación Huascaura», Arana Franco reveló cruciales detalles sobre la ubicación de Guzmán en la Urbanización Los Sauces, en el distrito de Surquillo. Esta información se convirtió en el pilar sobre el cual se construyó la operación que llevaría al arresto del líder terrorista. La vigilancia incluyó la colaboración de un coronel de la extinta Policía de Investigaciones del Perú (PIP), quien facilitó la instalación de dispositivos de escucha en la residencia. Gracias a estos dispositivos, el GEIN pudo monitorizar las actividades dentro de “El Castillo”, obteniendo información valiosa sobre la presencia de otros miembros importantes del grupo subversivo, entre ellos Maritza Garrido Lecca. Así, la operación del 12 de septiembre se convirtió en una operación crucial. A pesar de los contratiempos causados por la desaparición de Germán Sipión Távara, alias “El Zorro”, los agentes del GEIN lograron reconfigurar su estrategia para llevar a cabo la intervención en “El Castillo”. El arresto de Guzmán también resultó en la captura de varios miembros clave de la organización terrorista, consolidando el éxito de la operación y debilitándola significativamente. Pero la intervención no solo se centró en la captura de Guzmán, sino también en la recolección de documentos y recuerdos que proporcionaron una visión valiosa sobre las actividades y conexiones de Sendero. Kenyo Fujimori recibió la noticia mientras se encontraba en el interior del país y al enterarse, su celebración fue inmediata, brindando con champagne al recibir la confirmación de la captura. El ambiente de celebración se trasladó a la sede de la DINCOTE, donde los miembros del GEIN y otros oficiales celebraron el éxito de la operación. Sin embargo, la euforia se vio empañada por la filtración del video de la captura a través de la BBC. La difusión no autorizada de las imágenes generó una ola de controversia y enfureció al dictador, quien ordenó una investigación para identificar a los responsables de la filtración. Aun así, el gobierno peruano, reconociendo la magnitud del éxito de la operación, ofreció una recompensa de un millón de dólares por la captura de Guzmán. Se llevó a cabo una ceremonia para entregar las recompensas y ascensos a los oficiales involucrados en la operación. El día siguiente a la captura, se instalaron micrófonos en la celda de líder senderista para recoger información adicional. Estos dispositivos permitieron descubrir conversaciones comprometedoras entre Vidal y Guzmán que revelaron detalles adicionales sobre la operación y los oficiales involucrados. La instalación de los micrófonos, realizada con el único conocimiento de Jiménez, demostró la continua vigilancia y el esfuerzo por obtener información relevante incluso luego de la captura. El arresto de Guzmán fue seguido por su polémica presentación pública en una jaula con un traje a rayas que llevaba el número 1509 - fecha de su captura - como símbolo de su caída, en la cual se mostró ante las cámaras como una fiera herida, algo muy distinto a como se comportaba habitualmente. Quizás lo hizo para tratar de demostrar ante el mundo que no se sentía derrotado. Su caída fue un importante logro realizado exclusivamente por la policía, pero el reconocimiento logrado cayó mal tanto entre las Fuerzas Armadas como en el siniestro ‘asesor’ Vladimiro Montesinos, quienes desde entonces pusieron en la mira al GEIN con el objetivo de hacerlo desaparecer, cosa que lograron por celos. Se dice además que al conocerse la captura de Guzmán, exigieron a Fujimori que este sea fusilado inmediatamente, pero ante la firme oposición de la policía, se rechazó ese plan que hubiera victimizado al cabecilla senderista y por el contrario, se le juzgo respetando todos sus derechos, siendo condenado a Cadena Perpetua, que cumplió hasta su muerte en la Base Naval del Callao, en el 2021. No cabe duda que la «Operación Victoria», destacó la importancia de la inteligencia y la colaboración en la ejecución de operaciones contra organizaciones subversivas. La captura de Guzmán se convirtió en un símbolo de la resistencia y la determinación del Perú para enfrentar el terrorismo comunista y asegurar un futuro más pacífico para su población. Como recordareis, con Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro al mando del GEIN se llevó a cabo un prolijo trabajo de inteligencia para llegar a la cúpula de la organización y a su líder, cuyo paradero era un misterio y hasta se dudaba de su existencia ante rumores que hablaban del padecimiento de una enfermedad e inclusive de su muerte. Una fotografía de 1982 de Guzmán Reynoso, joven y sin barba, era uno de los pocos registros confiables que tenía la Policía Nacional del cabecilla terrorista. En 1988, Guzmán Reynoso brindó una entrevista a El Diario, órgano escrito de difusión de SL, pero la autodenominada “entrevista del siglo” no brindó mayores pistas sobre él. Todo cambio el 31 de diciembre de 1991, cuando se allanó una vivienda en la urbanización Balconcillo, en el distrito de La Victoria, donde se encontraron nueve cajas con documentos y otros materiales, en una de las cuales se halló el famoso video “Zorba, el griego”, que registraba una reunión de la cúpula senderista. De esta manera, los cabecillas de Sendero Luminoso ya no eran unos "fantasmas", sus rostros salieron del anonimato y el GEIN dio un gran paso hacia su objetivo: la captura del propio Gonzalo. Hasta entonces, muchos creían que el cabecilla senderista era invencible y que su captura era imposible. La caída de Guzmán constituyó el derrumbe de ese falso mito construido por el senderismo alrededor de él. “Era un personaje presentado por la propaganda terrorista como el gran líder que avanzaba paso a paso y que estaba a punto de tomar el poder. Ese mito se derrumbó con su caída”, rememora el experto en temas de terrorismo, Rubén Vargas. “La captura de la cúpula terrorista resquebrajó los cimientos sobre los cuales Sendero Luminoso se había levantado. Abimael Guzmán no estuvo preparado para la derrota; su estructura criminal, tampoco. En los años siguientes a su captura los mismos senderistas no pudieron controlar a su gente. Es la época en la cual se produjo la mayor deserción en sus filas”, cuenta el especialista en temas de terrorismo Pedro Yaranga. Los desertores escapaban para entregarse tanto al Ejército como a los comités de autodefensa. La estructura de Sendero se construyó en torno a Guzmán. Lo veían como un personaje casi mesiánico. “Todos se sujetaban a él. Era un dios para los senderistas y, por eso, la caída fue un golpe demoledor”, agrega Yaranga. Los intentos de los hoy encarcelados ‘Feliciano’ y ‘Artemio’ - quienes asumieron el mando de los rezagos de Sendero - no fueron suficientes para recuperarse de ese golpe. “Sendero Luminoso se generó alrededor de un caudillo y este era el encargado de todo. Abimael no preparó, gracias a Dios, los cuadros [sucesores] para su reemplazo. Esto finalmente trajo como consecuencia el desbande de Sendero. De esta manera a doce años de la quema de ánforas electorales en Chuschi, el poblado ayacuchano donde SL perpetró su primer atentado, la organización terrorista más sanguinaria del país era descabezada y comenzaba su declive”, expreso por su parte Vargas Valdivia. “El GEIN salvó la democracia con la captura de Guzmán. Lamentablemente, no se le dio el reconocimiento que corresponde porque lo que siguió a la captura fue una utilización política”, indicó. Una afirmación con la cual coincide el resto de fuentes consultadas. Efectivamente, no se siguió con la labor de inteligencia para acabar con esa lacra maldita, desmantelando el GEIN y permitiendo que los rezagos de esa organización criminal se trasladen al inaccesible VRAEM - ubicado en la selva central del Perú, adonde ni la policía ni el ejército pueden ingresar - donde convertida en una organización ligada a narcotráfico, ha logrado reagruparse, como “el Militarizado Partido Comunista del Perú” aunque claro, sin la capacidad para realizar atentados terroristas como antes, convirtiéndose en un brazo armado del narcotráfico. Pero allí están agazapados, esperando su oportunidad, mientras sus seguidores en las ciudades formaron organismos de fachada - como el MOVADEF o Perú Libre - para no perder vigencia política. En cuanto al propio Abimael, encerrado de por vida en la Base Naval del Callao, nunca se arrepintió de sus crímenes y hasta el día de su deceso, “justifico” el baño de sangre que ocasiono al Perú. Sin embargo, durante el régimen delincuencial de Castillo se pretendió conceder el “indulto humanitario” a semejante monstruo, pero eso será tema de la última entrega de la serie (Próximo capítulo: Muerte e ignominia).
Una buena noticia dada a conocer en medio de la campaña desestabilizadora de la prensa basura y los parásitos caviares contra el Gobierno, es la promulgación de la Ley N.º 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados como adultos por delitos graves. Como sabéis, esta norma fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, la cual modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario, y que fue publicada en el diario oficial El Peruano para su entrada en vigencia. Con esta reforma, el Estado busca responder a los delitos cada vez más violentos en los que participan sicarios adolescentes, quienes hasta ahora eran sancionados con ridículas medidas ‘socioeducativas’ (?) incluso en casos de extrema gravedad, pero al cumplir la mayoría de edad – 18 años – salían libres. La ley también establece un tratamiento penitenciario diferenciado para este grupo etario, orientado “a su posible rehabilitación”, lo cual ha quedado demostrado que es imposible. La ley modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves. Entre los más de 30 tipos penales incluidos figuran el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas y delitos vinculados al terrorismo y al narcotráfico, en las cuales los menores participan activamente, porque saben que las leyes eran benignas con ellos y así roben, violen o maten, jueces y fiscales caviares los dejaban libres de inmediato para que sigan delinquiendo con total impunidad. Ello se acabó. Asimismo, la responsabilidad penal se aplicará sin necesidad de un régimen especial, aunque se podrá considerar la edad del infractor para atenuar la pena en ciertos casos. Para delitos de alta gravedad, la sanción ya no será únicamente educativa, sino que podrá conllevar pena privativa de libertad según las reglas del sistema penal ordinario, incluida la cadena perpetua. El cambio legal introduce un sistema de tratamiento penitenciario específico para internos de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y científico. Este sistema incluirá acciones terapéuticas, educativas y de desarrollo personal, “con la finalidad de reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social de los jóvenes infractores” como si estos delincuentes tuvieran remedio, ya que estos ‘perfeccionan’ sus habilidades delictivas en la cárcel. Los adolescentes condenados serán separados de los adultos en los centros penitenciarios, y se implementarán programas adecuados a sus características personales. Esta separación -conocida como sistema de individualización científica - busca evitar influencias negativas y propiciar un entorno rehabilitador, sin que ello excluya sanciones severas para los crímenes más graves. En casos como el sicariato o la violación sexual seguida de muerte, la pena puede ser de hasta ocho años de internamiento. El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, fue enfático en justificar la necesidad de esta reforma. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, expresó. Además, destacó que este nuevo marco legal no solo endurece las penas, sino que también promueve una reinserción responsable: “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”. Desde el Congreso, la norma ha sido presentada como una respuesta firme frente a la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado y un paso clave para recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana. Según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef), más de 640 homicidios se han reportado en el país solo en los primeros meses del 2025, una cifra que representa un incremento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte evidencia una preocupante escalada de violencia que ha generado alarma en las autoridades y en la población. A pesar de las medidas adoptadas, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la criminalidad continúa creciendo y afectando a diversas regiones, lo que pone en duda la eficacia de las actuales políticas de seguridad. En este contexto, el Congreso ha buscado reforzar la legislación penal, como con la reciente ley que endurece las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves, con el objetivo de frenar una tendencia que no da tregua, que cuenta con la complicidad de jueces y fiscales caviares con el claro objetivo de que la situación en el país andino sea ingobernable. Al respecto, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, saludo la iniciativa: “No interesa qué edad tenga el asesino, debe ser sancionado por igual. Para mí son irrecuperables” señalo. “Acá estamos protegiendo al real adolescente, el que no comete delitos está protegido por la ley. Pero uno que comete delitos como violación, sicariato, participar en bandas organizadas, ese ya no es un adolescente, esa es una persona que está agrediendo a la sociedad. Está siendo el enemigo de todos. Entonces, requiere tener las mismas medidas que los adultos", refirió. Estas declaraciones las dio tras conocer que el Poder Judicial rechazó la normativa indicando que cualquier juez podría aplicar el recurso de control difuso "e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales". Dicha posición fue criticada férreamente por el legislador para quien no existe el respeto de un poder del Estado a otro. "El Poder Judicial ha sacado un comunicado realmente espeluznante. O sea, un poder del Estado diciendo que no va a cumplir las normas que ha emitido el otro poder del Estado que es autónomo. Las normas que da el Congreso son para cumplimiento obligatorio de todos y uno de los que tiene que preocuparse de que sea así es el Poder Judicial y no decir que no la va a cumplir y que va a aplicar control difuso. O sea, esto es una insolencia, por emplear la palabra más suave que se me ocurre en este momento", declaró para RPP. Cabe mencionar que la aprobación de esta reforma se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia delictiva en el país. Por su parte, el past decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández, expresó que los menores implicados en delitos como extorsión y sicariato deben ser juzgados como adultos. Manifestó que “debemos tomar el ejemplo de la escuela anglosajona-norteamericana, en la cual los menores con delitos graves son juzgados como mayores y de ser hallados culpables, reciben la misma sentencia. Estados Unidos o Inglaterra ya lo han hecho, y hoy penan hasta con cadena perpetua a menores homicidas. Es un ejemplo a seguir” acoto. Como podéis imaginar, organismos “defensores de los derechos humanos” han salido rápidamente para oponerse a la norma, pero no dicen una sola palabra cuando esos mismos malditos asesinan a la gente en plena vía pública para robarles el celular, colocan bombas en las puertas de los colegios y extorsionan a toda clase de negocios sino les pagan miles de soles “a cambio de seguridad”. Muchas de esas bandas están integradas por menores de edad, que jueces y fiscales caviares pretenden que sigan siendo inimputables. Pero ello se acabó. Si pueden matar gente y aterrorizarlas ¿Por qué no pueden ser condenados por la justicia? Toda acción tiene una consecuencia… Y pobres de aquellas sanguijuelas que se nieguen a condenarlos. Como titulamos al principio: “La ley es dura, pero es la ley”
Cuando el 19 de Abril de 1870 se ordenó la apertura del tráfico del ferrocarril entre Lima y Ancón, y posteriormente se inauguró oficialmente el tramo que faltaba, entre Ancón y Chancay, el 7 de Diciembre de 1870, con la presencia de las autoridades y las personalidades más beneficiarias, se sintió un nuevo porvenir en esta parte del norte de Lima. Los más agradecidos con la obra fueron los hacendados productores de azúcar, ubicados en el valle de Comas y Carabayllo, que deseaban sacar sus artículos al mercado local y externo, quienes no solamente la promovieron sino también participaron directamente en su construcción. Esto quedó manifestado el 21 de Julio de 1868, cuando el gobierno aceptó el traspaso de los privilegios de la construcción del ferrocarril, que antes había sido dado (19 de Agosto de 1867) a Modesto Basadre, a una sociedad que tenía intereses en el valle del río Chillón, que estaba integrada por algunas personas que poseían propiedades e inversiones en esta parte del valle: Nicolás Rodrigo (en la hacienda Pro y Comas), Emilio Althaus (socio de Tenaud en Infantas), José F. Canevaro, Miceno Espantoso, y Waldo Graña (delegado del concejo de Carabayllo en 1879). Éstos tuvieron el apoyo del Presidente José Balta y Montero (1868-1872), quien no sólo ayudó a transferir el privilegio a los inversionistas del valle, sino también el mismo Estado invirtió con un porcentaje económico importante en su construcción. Se pensaba que con solamente la construcción del ferrocarril se garantizaría una dinámica comercial y económica en todo su recorrido, pero no sucedió así. Los más beneficiados fueron los inversionistas del valle dedicados a la caña de azúcar, no ocurriendo lo mismo cuando se incrementó la producción del algodón en las haciendas cercanas al ferrocarril. La intención era construir un ferrocarril hasta el valle y puerto de Huacho, con algunas ramificaciones a los interiores de su radio de influencia. Pero sólo llegó hasta el Km. 66, en el valle de Chancay, con algunas deficiencias en su trazo y recorrido, como la zona de Pasamayo, que resultó siendo muy peligrosa por el temor que generaba. El ferrocarril, desde un inicio, era administrado por la empresa constructora, pero debido a deficiencias en su conducción y manejo económico, el Estado, que desde el comienzo había tenido participación económica en esta obra, a través del préstamo de unos bonos a la compañía férrea, obteniendo de esta manera acciones en la empresa, decidió tomar el control de la misma. Por Decreto Supremo del 29 de Marzo de 1872 el gobierno adquirió el dominio exclusivo y absoluto del ferrocarril. A pesar de este cambio, la administración del ferrocarril continuó en pérdida. Durante el bienio de 1874 -75 hubo un déficit de 21,500 soles. El gobierno decidió darlo en arriendo, para lo cual sacó a licitación su manejo. Pero ante las propuestas poco atractivas decidió continuar con la administración hasta más adelante, en que volvió a sacarlo en oferta. La primera sección del ferrocarril funcionaba hasta Ancón, con cinco estaciones ubicadas según el uso y necesidad de los usuarios. Las dos primeras, luego de Lima, estaban ubicadas en el área distrital: Repartición (Km.8) e Infantas (Km. 13). Estas dos eran utilizadas por los comerciantes y hacendados cañaveleros del valle de Comas. La primera por Naranjal y Aznapuquio, mientras que la segunda por Infantas, Pro y Chuquitanta. Aunque al parecer la primera era más activa que la segunda. Uno de los que realizó el viaje hasta Infantas, afines del XIX, fue el alemán Ernest Midendorf, quien de esta aventura decía: “El viaje es el paseo más agradable que puede hacerse desde Lima. La línea desciende al principio por un suave declive de varias millas a través de una amena zona, rica en vegetación, pasa por cañaverales y campos de pasto rodeados de árboles y llega entonces al río del valle de Chillón”. Durante la guerra con Chile (1879-1883), parte del tramo del ferrocarril fue destruido. Se dice que los chilenos pusieron explosivos en el tramo entre Ancón – Chancay, lo que, junto con el abandono y la falta de mantenimiento, generó que la línea sea cubierta por las arenas de Pasamayo, echándose a poder. Por ello no es de extrañar que tras la guerra, el ferrocarril se encontrase muy dañado. Cuando el Estado decidió entregar los ferrocarriles a través del contrato Grace (1890), a la empresa inglesa Peruvian Corporation, en representación de los tenedores de la deuda externa, esta última puso reparos con la línea a Chancay porque resultaba muy costosa repararla. Por ello, con la firma del contrato Grace, los ingleses sólo aceptaron el tramo del ferrocarril de Lima a Ancón, que era parte del ferrocarril de La Oroya, dejando en manos del Estado el tramo de Ancón a Chancay que se encontraba destruido. A partir de esa fecha se hablaría sólo del ferrocarril Lima – Ancón. Y como formaba parte del Ferrocarril Central, todas las normas dictadas para el segundo tenían injerencia en el primero. Desde entonces, el Ferrocarril Lima - Ancón tuvo una cierta recuperación, ya que volvió a ser utilizado por las haciendas, que embarcaban volúmenes considerables de azúcar y otros derivados de la misma por las estaciones del área distrital, para ser transportados al puerto de Ancón, de donde eran enviados al mercado exterior. En efecto, en 1903 los ingenios de las haciendas Chuquitanta, Infantas y Naranjal sacaban sus embarques por este puerto, haciendo uso del ferrocarril. Sin embargo, durante el siglo XX, este medio de transporte comenzó a quedar relegado por el auge de los automóviles y los ómnibus, así como por la construcción de carreteras, a lo que debemos agregar que sufrieron desinterés estatal y falta de inversión, lo cual se agudizó en las décadas de 1950 y 1960. Debido a ello, el servicio de trenes y vagones para pasajeros se suspendió definitivamente el 5 de Julio de 1958 y todo el ferrocarril en 1964. Tras la desaparición del Ferrocarril Lima-Ancón, se construyó una carretera paralela a la antigua vía ferroviaria, que con el tiempo dio lugar a la actual Panamericana Norte. En los años posteriores, muchas de las áreas ocupadas por la vía férrea también se reutilizaron para la urbanización. Esto significó un desenlace previsto, ya que no se realizó ningún esfuerzo significativo para preservar o rehabilitar el sistema ferroviario. Su deterioro y posterior desaparición en 1967 de la ruta marcaron el fin de una etapa de avances ferroviarios en el Perú. Hoy en día, su historia se recuerda como un ejemplo de lo que pudo haber sido un sistema de transporte sostenible y eficiente si se hubiera adaptado a los cambios tecnológicos. Ahora que se habla de la próxima construcción del Ferrocarril Lima-Barranca, del cual se dice que conectará Ancón con las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, con una extensión aproximada de 245 km que la uniría con el megapuerto de Chancay, pareciera que el viejo ferrocarril de alguna manera regresaría del pasado, pero vamos hay que ser realistas, todas estas son promesas que se las lleva el viento y al final nunca se cumplirán. Lamentablemente, sobran ejemplos de ello…
Como sabéis, en estos días tanto la prensa basura como los caviares arrecian en su campaña desestabilizadora contra el Gobierno constitucional de Dina Boluarte, acusándola de todo lo inimaginable, buscando vacarla a como dé lugar y reemplazarla por un arribista (como sucedió en el 2021 con Francisco Sagasti), para que digite las elecciones del 2026 y posibiliten el regreso de esos impresentables al poder para volver a parasitar a costa del Estado, de donde fueron echados en el 2022 tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo. Cuánta razón por ello tiene la señora Presidenta al señalarlos acertadamente como lo que son: Los enemigos de la Patria. En efecto, en una ceremonia de entrega de reconocimientos a nuevos beneficiarios del programa Beca 18 del 2025 en San Borja, la presidenta dijo: “Tenemos año y dos meses más de acá a julio del 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno porque entramos a una etapa electoral y yo respondo que no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que he asumido la presidencia y no me he rendido y este año, para mí, va a ser ‘papaya’. Será fácil transitar y, como se dice en otros países, me han hecho la vida a cuadritos aquellos enemigos de la patria, aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos trabajando, pero no lo lograran. Vengo trabajando incansablemente desde que asumí el cargo de jefa de Estado, pese a los ataques que recibo prácticamente todos los días, pero no le tengo miedo a esas voces menudas de gente resentida” expresó. Es indudable que con esos interesados ataques mediáticos, los caviares buscan crear además ‘una cortina de humo’ para que no se hable del fraude masivo que pensaban realizar en los próximos comicios, como es la falsificación masiva de firmas para inscribir a ‘vientres de alquiler’ como ‘partidos políticos’, coincidentemente todos de izquierda y/o caviares - que básicamente son lo mismo - intentando volver a copar las instituciones del Estado. Pero les salió mal la jugada a quienes utilizan la política como mercancía. Para nadie es un secreto que las democracias estables se apoyan en verdaderos partidos políticos, que representan grandes corrientes de opinión y cuyo proceso de formación ha estado vinculado a movimientos universitarios, sindicales o profesionales, algo que no ha ocurrido nunca en el país andino, donde sujetos inescrupulosos al frente de organizaciones informales que pomposamente llamaban “partidos políticos” lograron en su momento auparse al poder, pero que a su muerte, estos desaparecían de la escena política o bien vegetan cual cadáveres vivientes. En los últimos tiempos, ese ha sido el caso por ejemplo del APRA, AP y el PPC, arrastrándose actualmente en la ignominia intentando sobrevivir en medio del repudio generalizado, por lo que no les quedó más remedio que dar paso a los llamados outsiders, que han sido más de lo mismo. Pero ello sucedió también tras el golpe militar de 1968, donde el velasquismo tampoco fue capaz de organizar un partido político, creando el SINAMOS como plataforma política dispuesta a movilizar al pueblo en apoyo a la dictadura, pero fue barrido cuando cayó el régimen. Ya en democracia, durante el corrupto gobierno de Alejandro Toledo, fue alentada por la ONPE y su entonces director ejecutivo, el caviar Fernando Tuesta Soldevilla, la promulgación de la Ley de Partidos Políticos, del cual se dijo que “buscaba fortalecer los partidos políticos, promover la democracia interna y evitar que las cúpulas partidarias decidieran la suerte de los partidos” lo cual no era cierto, ya que por el contrario, dio inició a un proceso de burocratización de la política. En ese mismo periodo, desde la cuestionadísima Comisión de la Verdad y Reconciliación se trató de reescribir la historia nacional, intentando ‘santificar’ a los terroristas y culpar a las FF.AA. de las muertes ocurridas durante los años 80, mientras que el sistema electoral, a través de la RENIEC, la ONPE y el JNE, aumentaba su presupuesto y burocratizaba el control y fiscalización de los partidos políticos. Es más, durante el nefasto régimen del golpista Martín Vizcarra, se estableció una Comisión de Alto Nivel abocada “a proponer los grandes lineamientos de reforma política en el país”. Como no podía ser de otra manera, el caviar Tuesta Soldevilla, presidió la comisión que redactó un denso informe, que pretendió sentar las bases “de un sistema político y electoral renovado”. Más allá de la teoría política y los conceptos doctrinarios desarrollados en ese sesgado informe, fue evidente que Vizcarra utilizó la llamada "reforma política" como arma contra sus adversarios. Como recordareis, desde los tiempos de Velasco y Fujimori - lo cual fue repetido por Vizcarra - se habló con insistencia de la llamada ‘partidocracia’, pretendiendo mellar la imagen de los partidos políticos. Hoy que el país comprueba el rotundo fracaso de la reforma política promovida por ese lagarto, por lo que es necesario precisar que, al haberse acreditado la falsificación de cientos de miles de firmas de aparentes militantes de partidos políticos, se pretendía consumar un fraude de grandes proporciones. El Perú no puede ser indiferente ante esta burda maniobra caviar instrumentada con el claro propósito de inscribir fraudulentamente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a ‘vientres de alquiler’ cuyos dirigentes han transgredido la ley. No se trata de hechos aislados o de errores materiales intranscendentes. Decenas de agrupaciones políticas han sido registradas en el registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones de una manera dolosa. El país no necesita de decenas de ‘partidos políticos’ para fortalecer la institucionalidad democrática. En las elecciones generales del 2000, la agrupación fujimorista Perú 2000 (hoy denominada Fuerza Popular) logró su inscripción ante el entonces JNE de una forma fraudulenta. Se comprobó la existencia de una "fábrica de firmas" y la participación de un conocido notario público (Óscar Medelius) en la "trama de las firmas falsas". De esta manera Kenyo Fujimori ganó las elecciones en un proceso electoral lleno de irregularidades, para intentar atornillarse en el poder tras el autogolpe de 1992. Su tercer gobierno fue breve, poniéndose al descubierto la existencia de una siniestra red de corrupción liderada por su “asesor” Vladimiro Montesinos quien tuvo un rol hegemónico durante la década de los noventa. Fueron parte de la "trama del fraude de ese año quienes estaban al frente del JNE y la ONPE, colocados por Fujimori para “legitimar” su fraudulenta reelección. Pero todo fue en vano, ya que el escándalo de los llamados ‘vladivideos’ provoco la caída de su régimen. Pasaron los años y esta vez los caviares quisieron repetir la misma manobra, colocando al frente de los organismos electorales a impresentables elementos como Jorge Salas Arenas en el JNE y Luis Corvetto en la ONPE, para “asegurar” la victoria de sus candidatos. Así sucedió en el 2021, cuando en las elecciones de ese año, otorgaron el triunfo a un burro chotano de limitado lenguaje y nula inteligencia llamado Pedro Castillo, cuya ignominiosa caída ocurrió cuando pretendió dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando en su vil propósito y terminando en la cárcel. Tras el final de ese oprobioso régimen filosenderista, los caviares agazapados aun en el JNE intentaron repetir la jugada en el 2026, pero la abrupta salida de Salas Arenas y el descubrimiento del fraude que estaban preparando, ha frustrado de momento sus planes. Cabe recalcar que la reforma política impulsada por Vizcarra fue parte de un plan urdido para afectar la institucionalidad democrática. El golpista del 30 de septiembre hoy es parte de la "trama de las firmas falsas". Su ‘partido político’ ha actuado dolosamente. A pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y de estar a pocas semanas para que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra el vacado golpista y exgobernador de Moquegua, es notorio que se siente "intocable". Demás está decir que esos ‘partidos políticos’ incursos en la falsificación de firmas no deben participar en las elecciones generales del próximo año. Al respecto, el JNE acaba de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), con la finalidad de reforzar la fiscalización y sancionar a las agrupaciones que recurran al uso de firmas falsas. Esperemos que sea aprobado a la brevedad posible. Por cierto, es indudable que el fraude ha sido financiado con los millones procedentes de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal u organizaciones criminales. Es decir, buscan utilizar la política como mercancía, alejada de ideales y de acciones políticas transformadoras. Es evidente que detrás de la inscripción de decenas de esos `vientres de alquiler’, existe el propósito de alentar el caos electoral, facilitando la elección de algún extremista como jefe de Estado financiado por organizaciones criminales, como pretendieron hacerlo con Antauro Humala, aquel despreciable asesino de policías y adicto a la marihuana que afortunadamente ha quedado fuera de carrera, por lo que de seguro buscarán a otro similar. Y ello no hay que permitirlo... A estar atentos para desbaratar cualquier maniobra caviar.
Ubicada en la intersección de la Avenida Antonio José de Sucre y el Jirón 28 de Julio, en el Distrito de Magdalena del Mar, la monumental obra fue concebida por el sacerdote claretiano Simón Llobet. Con una altura que alcanza los 70 metros, posee el título de ser el templo más alto del Perú, ofreciendo una vista panorámica que abarca varios sectores de Lima, incluyendo San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María y San Isidro. La obra fue concebida por el claretiano Simón Llobet y desde su inauguración en 1957 se estableció como uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos más prominentes de la ciudad. Financiada por donativos y eventos benéficos, este santuario no solo representa un punto de encuentro espiritual, sino también un testimonio vivo de la generosidad de la comunidad para levantar esta impresionante edificación. Este templo católico deslumbra con su arquitectura neorrenacentista, destacando su cúpula coronada por una estatua de la Virgen María, con brazos abiertos. Su fachada conserva los distintivos colores rosados y verdes que la han caracterizado a lo largo del tiempo. El esplendor de la iglesia se revitalizó gracias a trabajos de restauración tanto en su exterior como en su interior del edificio. Las campanas fueron adquiridas gracias a la generosidad de mujeres limeñas a través de donaciones canalizadas por Acción Católica. Estos aportes contribuyeron a mantener viva la esencia y el espíritu de este monumento religioso, consolidándolo como un punto de referencia no solo espiritual, sino también cultural, dentro de la comunidad limeña. Cabe precisar que en sus inicios, la estatua de la Virgen, se había diseñado para ubicarse en la cima de la cúpula. Sin embargo, debido a su peso de más de cuatro toneladas, fue imposible ubicarla en ese lugar. Por ello, permaneció almacenada durante cuarenta años hasta que finalmente fue colocada en 1996 en la plaza homónima, al final de la Avenida Brasil. Fue recién en el año 2004 cuando la congregación adquirió una nueva imagen para la cúpula de la iglesia, diseñada por el escultor arequipeño Fredy Luque, quien fue el encargado de fabricarla. A pesar de mantener las mismas dimensiones que el original, esta fue elaborada con fibra de vidrio y resina, lo que la convierte en una figura mucho más liviana y única en su estilo. Si bien no tiene la larga historia ni el recargado estilo colonial de la Catedral de Lima, la Iglesia del Inmaculado Corazón de María es especial por sí misma. Desde su imponente cúpula hasta su elegante y hermoso interior, es algo completamente único. Y a diferencia de otros templos de Lima, es más una iglesia activa que un museo viviente, con misas diarias y una gran congregación que asiste regularmente, por lo que no es un destino turístico muy popular y a pesar de su imponente tamaño, paradójicamente sigue siendo una joya escondida en Lima. Anímate a conocerla.
Mientras el país andino se encamina hacia las elecciones del 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de vientres de alquiler que eufemísticamente se hacen llamar “partidos políticos”. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a los sectores caviares, desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años por los mismos que cometieron fraude en el 2021 para colocar a un burro chotano en Palacio, y que pretendían repetir la misma maniobra en los próximos comicios. Lo grave del asunto es que la falsificación de firmas ya lo conocía el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) desde noviembre del 2022, pero recién se hizo pública por estos días a raíz de la denuncia de la ciudadanía y al organismo de mala gana no le quedó más que confirmar el delito que ocurría ante sus ojos y con su abierta complicidad ¿Cómo confiar entonces en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? Hoy, las evidencias son contundentes: peritajes grafotécnicos, omisiones sospechosas de las autoridades y un silencio cómplice de quienes antes clamaban por elecciones limpias. Estamos indudablemente ante un fraude incubado por los caviares desde los cimientos del sistema para su propio beneficio ¿Qué les espera a los peruanos en el 2026 si no actúan ahora para evitarlo? Como sabéis, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados a “partidos políticos” sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Las dimensiones del reclamo sugieren que se está ante un auténtico problema cuyas consecuencias enturbiaran los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán el próximo año. Contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los “partidos políticos” puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo. Ahora, para ser incorporado como militante de un “partido”, lo que la autoridad exige es que el ciudadano interesado, amén de proporcionar sus datos generales, firme y coloque su huella dactilar en una nómina que luego será revisada por el RENIEC. De manera que una vez comprobada que alguna falsedad se ha deslizado entre esos elementos, la responsabilidad es, en primer lugar, de quien presentó la nómina (el “partido” en cuestión) y, en segundo lugar, de quien realizó defectuosamente la verificación (RENIEC). Asimismo, la sanción debería recaer sobre el “partido” que presentó información adulterada - cuya inscripción debería ser anulada automáticamente - y sobre la institución que no cumplió adecuadamente los procedimientos de vigilancia de esa presentación. Pero ya no se trata solo de las denuncias de ciudadanos que descubren su nombre en la nómina de un conglomerado político sin haberla jamás firmado, sino también del destape periodístico sobre auténticas fábricas de falsificación de rúbricas y huellas digitales que han ofrecido sus turbios servicios al mejor postor... y han encontrado varios. Los más comprometidos son hasta ahora Nueva Gente, Primero la Gente (que tiene como precandidata visible a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Perú Primero (alentado por el golpista Martín Vizcarra, a pesar de que no puede postular a cargo alguno por haber sido inhabilitado por el Congreso), Voces del Pueblo (acaudillado por el congresista filosenderista Guillermo Bermejo), Ciudadanos por el Perú (vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte), así como del recién deshabilitado A.N.T.A.U.R.O. (del asesino de policías Antauro Humala). En efecto, un informe del programa dominical “Panorama” reveló recientemente que, en los últimos tres años, en medio de los esfuerzos de organizaciones políticas nacionales o regionales por lograr su inscripción, se registró un total de 238.335 firmas que debieron ser descartadas por indicios de falsificación. En muchos casos, además, se ha detectado que múltiples firmas corresponden a un mismo puño; es decir, que fueron hechas por un solo individuo. Y algo parecido ha sucedido con las huellas dactilares. Se trata, claramente, de un esquema de timo que no puede quedar impune, y que tiene responsables en cada etapa. Para empezar, quienes hayan ofrecido el servicio deberán tener sin duda una sanción penal, y luego también los encargados de hacer las verificaciones a nombre del Estado. Asimismo, es indispensable sancionar a los “partidos” mismos. No es aceptable que organizaciones fantasmales que han querido competir en las elecciones sobre la base de un engaño sigan en carrera. Entre otras cosas, porque si son capaces de colocarse en el partidor con semejante disposición fraudulenta, es de imaginar cómo podrían gobernar si es que saliesen triunfantes. Por último, pero no por ello menos importante, es hacer una reorganización total de los organismos electorales - JNE, ONPE, RENIEC - que inexplicablemente siguen en manos de los caviares. Si bien fue expectorado un impresentable sujeto como Jorge Salas Arenas (Alias ‘camarada Coquito’) que desde el JNE avalo el fraude de Castillo y busco hasta el último minuto que Antauro no sea inhabilitado, el resto de sus cómplices continúan como si nada y deben ser purgados de inmediato, si los peruanos quieren que sus comicios sean limpios e intachables, lo que no ocurriría en ningún caso si esa panda de sanguijuelas expertas en fraudes electorales permanecen indebidamente en sus cargos. ¿A que espera el Congreso para fumigarlos? Las denuncias no pueden quedar en el aire porque el tiempo apremia y las elecciones están cada vez más cerca. Al respecto, el abogado Alfredo Ghersi nos da su opinión sobre esta polémica y cómo afectaría de cara a los procesos electorales del 2026, donde se define el futuro de una nación que cada vez se desangra en el espectro político: “Es un tema muy serio. Creo que lo importante de esta noticia es que desmiente esa falsa narrativa que ha sostenido la izquierda en los últimos años y que, además, contradice su postura histórica. Porque, recordemos, la izquierda históricamente ha denunciado que Kenyo Fujimori cometió fraude en el Perú. Mejor dicho, eran ellos quienes ponían en tela de juicio la integridad electoral en el país. Sin embargo, desde las épocas de Castillo, la izquierda ha volteado su narrativa y en los últimos años ha tratado de vender esta falsa imagen de que el sistema electoral peruano es incorruptible, que es imposible que haya fraude, ‘porque nuestras instituciones electorales son sólidas’. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Ahora que estamos a puertas de las siguientes elecciones, estalla este tremendo escándalo. ¿Y cuál es? Que en el proceso de inscripción de esos cascarones vacíos que se hacen decir partidos, ha salido a la luz que muchísimas personas aparecen afiliadas de los que no tienen conocimiento alguno. Llama mucho la atención, porque uno de esos partidos es el del golpista Martín Vizcarra, con 5.117 firmas, y todas hechas de un solo puño. Según la misma pericia grafotécnica, hay elementos técnicos suficientes para descubrir este tipo de irregularidades. Y no solo ha ocurrido en el partido de Martín Vizcarra, también en el de Guillermo Bermejo. Es cierto que algunas de estas irregularidades han sido observadas por el Reniec y se ha rechazado la inscripción de algunos partidos. Pero no de todos. En algunos casos, estas irregularidades han sido omitidas y no han sido subsanadas adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo que sucede es que nacen, en esta elección, graves sospechas de fraude. Se desmantela por completo esta falsa narrativa de la izquierda que quería pintar al sistema electoral en manos aún de los caviares, como ‘incorruptible’. Al comprobarse que grupos políticos de izquierda y ligadois a los caviares están involucrados en la falsificación de firmas, se demostraría que hay una confabulación en marcha. Porque son los mismos agentes, las mismas personas que se estan beneficiando de este sistema electoral tan cuestionable quienes, al mismo tiempo, decían que el fraude era imposible porque el sistema era perfecto. Aquí hay una agenda, un plan. Por un lado, cometen acciones sospechosas; por el otro, a través de sus portavoces más importantes, juraban que el fraude era imposible. A quienes, de manera escéptica, denunciábamos posibles fraudes, nos llamaban "golpistas" o "conspiranoicos". Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarse: ¿dónde están ahora todos estos grandes exponentes de la izquierda que durante años se burlaron de los peruanos? ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Esto también es una advertencia para el público: revisen la página correspondiente para ver si han sido víctimas de esta usurpación. Hay un proceso de desafiliación que deben seguir. Además, los invito a buscar apoyo, por ejemplo en el estudio GERSI o conmigo, para iniciar los procesos penales correspondientes. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de bien, el bloque democrático, no permitir que nos engañen nuevamente como en el 2021. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la que ya hemos sufrido. El factor común de aquellos es su nulo compromiso con la democracia. Tienen una agenda para socavar los valores del Estado de Derecho y de nuestra frágil República. ¿Qué tienen en común Vizcarra, Castillo, Antauro Humala? Que cuando tuvieron el poder, su objetivo fue debilitar nuestras instituciones democráticas para concentrar el poder, promover golpes de Estado e impulsar una agenda socialista nefasta. La ciudadanía tiene que estar muy atenta. Esta gente quiere llegar al poder de manera apócrifa, falsificando firmas, aprovechándose del sistema electoral. Y eso es muy grave. La gente de bien, el bloque democrático, debe estar más vigilante que nunca, para que no se repita” indico. Es indudable que se debe investigar a fondo esta pérfida maniobra caviar y sancionar ejemplarmente a los responsables. Aun están a tiempo para cerrarles el paso.
Considerado la fiel representación de Naylamp, fundador de la Cultura Lambayeque - que se desarrolló en el norte del actual Perú entre el siglo VIII y el XIV - se trata de un emblemático cuchillo ceremonial, recuperado en 1937 por el arqueólogo Julio C. Tello junto a diversos objetos de oro y plata para el Museo Nacional que provenían de un templo indígena (huaca) denominado ‘La ventana’, en Batán Grande, jurisdicción de Poma, en Lambayeque. El objeto más preciado se distinguió rápidamente entre lo rescatado y se constituyó en paradigma de la metalurgia del Perú Antiguo: el ‘Tumi de Íllimo’ o ‘Tumi de Lambayeque’. Este objeto precioso estaba formado por una sola pieza, el mango tiene forma rectangular o trapezoidal y la hoja cortante es semicircular. Algunos tenían incrustaciones de piedras semipreciosas. Al ser objetos ceremoniales, los Tumis eran fabricados a menudo con algún tipo de metal precioso, como oro, plata, cobre o bronce. Fue usado también por los Mochicas, los Chimú y los Incas en sus ritos para el sacrificio de animales a sus dioses. Por tal motivo, estos adquirieron un carácter sagrado, y no sorprende que los cuchillos que utilizaban en ellos recibieran un nombre vinculado a lo divino. Esta es la razón por la que el Tumi aparece a menudo por ejemplo en la iconografía mochica, habitualmente cortando el cuello de las víctimas. Cuenta la leyenda que cuando Naylamp murió, le crecieron alas en la espalda, despertándose y volando por los cielos. Por tal razón, crearon la imagen del hombre pájaro en memoria de su fundador, decorando el Tumi con la figura de un hombre pájaro. Lo que vendría a ser su empuñadura es la representación de una deidad antropomorfa, de ojos almendrados, que se halla de pie sobre una especie de pedestal, conformado por la hoja metálica. Medía 42 cm de alto, pesaba 992 gramos y estaba trabajada en oro de 24 quilates. A mayor abundamiento, el personaje porta una máscara (felínica, según Tello). En la cabeza lleva un enorme tocado semilunar, tratado parcialmente en filigrana y por una serie de bolitas huecas; de ambos lados de esta diadema cuelgan sendas representaciones de aves movibles. Tiene también incrustaciones de sodalita. De su cuello pende un collar de cuentas esféricas. El resto del cuerpo está cubierto por un camisón corto, un taparrabos y una especie de rodilleras de las que cuelgan cartuchos en forma de campanilla. En la espalda lleva unos ornamentos movibles que parecen imitar conchas marinas y en sus costados tiene alas pequeñas. Por la gran diadema o tocado que lleva la imagen, es evidente que el personaje sea una representación del mítico Naylamp, que llego de lejanas tierras proveniente del mar, el cual es mencionado en la crónica de Miguel Cabello de Balboa (1586). Por cierto, los Tumis también se utilizaban en la cirugía, más específicamente para la trepanación, una intervención en la que se practica un orificio en el cráneo mediante el raspado o la perforación. Pero a diferencia de los Tumis ceremoniales, las hojas de estos escalpelos eran más pequeñas. Los médicos realizaban esta cirugía para aliviar a los pacientes que sufrían inflamaciones a causa de traumatismos craneales. Estas operaciones muchas veces permitían que el herido siguiera viviendo, tal como lo demuestra la evidencia arqueológica de cráneos trepanados encontrados sobre todo en la costa sur peruana, especialmente de las culturas Paracas y Nazca. Ahora, es una idea generalizada que los cortes se practicaban con cuchillos de pedernal y con Tumis metálicos. Sin embargo, lo más probable es que este haya sido utilizado para circunstancias especiales y específicas, ya que el filo hace que no pueda utilizarse para cortar hueso debido a que el borde cortante solamente se presta para incisiones largas y superficiales. El Tumi de Lambayeque fue el ejemplar más famoso de la orfebrería del Antiguo Perú, siendo robado en 1981 del Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. Al año siguiente se hallaron algunos de sus restos fraccionados, ya que los ladrones lo habían triturado para vender el oro al peso. Posteriormente, se encontraron otros Tumis con diferentes características al de Lambayeque - siempre representando a Naylamp - los cuales se exhiben actualmente en museos alemanes o forman parte de colecciones privadas.
La inseguridad ciudadana que se ve en el país andino es de tal gravedad que ha llamado la atención de diversos medios europeos - en este caso The Economist - que le dedica una amplia entrada al tema, el cual debido a su interés os presento traducido y entrecomillado ¿vale?: “Los peruanos han visto cómo su país se hunde en una creciente ola de criminalidad en el último año. La delincuencia venezolana proveniente de las cárceles chavistas - y que llegaron por millones a partir del 2016 cuando el por entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski les abrió las fronteras de par en par, argumentando ‘que escapaban de una dictadura’ - dominan actualmente Lima y otras ciudades costeras, exigiendo “cuotas de protección” a negocios de todo tipo, desde tiendas minoristas hasta empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar. En paralelo, el narcotráfico crece en la Amazonía peruana y las bandas criminales están tomando control de minas en los Andes. Todo ello con la abierta complicidad de jueces y fiscales - los llamados caviares por su claro sesgo ideológico de izquierda - que liberan a esos criminales al día siguiente de ser detenidos por la policía. Así ¿cómo se les va a combatir? Ante esta situación que evidentemente se ha salido de control, la Presidenta Constitucional Dina Boluarte no ha tenido mejor idea que declarar continuamente el estado de emergencia en el país, ordenando que el ejército salga a las calles para apoyar a una policía que se ha visto sobrepasada en su capacidad para combatir al crimen, pero nada ha cambiado y la delincuencia - que se siente empoderada - sigue haciendo lo que les da la gana. Previamente, el 25 de marzo, la señora Boluarte convocó a elecciones generales para dentro de un año, asegurando que busca poner fin a la inestabilidad del país. Cabe precisar que el orden público nunca ha sido el fuerte del Perú. La economía informal sigue siendo enorme, la justicia se encuentra politizada, la policía está plagada de corrupción y muchas personas dependen de la cocaína y el oro ilegal para sobrevivir. La actual ola de violencia demuestra que si no se reforma el Ministerio Público expectorando a los caviares, la situación aún puede empeorar más de lo que está. Pero no hay decisión política para hacerlo ni en el Gobierno ni mucho menos en el Congreso, que son los únicos que pueden hacerlo. En el 2024, los asesinatos por encargo representaron la mitad de los homicidios, que se han duplicado en cinco años. Los casos de extorsión se han multiplicado por ocho, a pesar de que muchas más víctimas no denuncian por temor. Quienes lo hacen, a menudo descubren que los extorsionadores se enteran en pocas horas y los ultiman a balazos. ‘Las bandas tienen mejor inteligencia que la policía’, afirma Katherine Gómez, administradora de un mercado donde casi todos los comerciantes son extorsionados. El innegable que el aumento del crimen está afectando seriamente a las empresas legítimas. ‘Nunca habíamos visto este nivel de penetración de la minería ilegal’, comenta Pablo de la Flor, representante de La Poderosa, la mina de oro más grande del país. En los últimos tres años, grupos armados han asesinado a 18 trabajadores de la compañía y destruido 17 torres de transmisión eléctrica clave para sus operaciones. Por cierto, el Perú no es el único país de la región que enfrenta el caos. En Ecuador, al norte, nuevas rutas del narcotráfico han disparado los índices de criminalidad. Pero en Perú, la situación se debe a múltiples factores: las secuelas de la pandemia del Coronavirus llevaron a muchos delincuentes a dedicarse a la extorsión; el sistema de justicia colapsado y las cárceles saturadas no ayudan; y el tráfico de armas se ha intensificado. A ello debemos reiterar la politización del Ministerio Público, donde los caviares protegen a los delincuentes, pero a su vez persiguen con saña y alevosía a integrantes de las fuerzas del orden que solo cumplen su deber. Para ellos si decretan la cárcel, pero cuando se trata de la lacra venezolana, disponen su libertad inmediata ‘ya que se les ha afectado sus derechos’ (?) con el claro propósito que sigan delinquiendo para que aumente así el clima de inseguridad en el Perú que esperan, produzca el colapso del Gobierno - de donde fueron echados tras la ignominiosa caída del golpista Pedro Castillo - y puedan volver al Poder para seguir viviendo a costa del Estado. Su estrategia desestabilizadora está clara. Lo más preocupante - como anotamos líneas arriba - es la nula reacción de los políticos peruanos para combatir a esas bandas criminales. Y es que al estar en un año electoral, seguramente no quieren indisponerse con sus “electores”. Hacen promesas que se las lleva el viento mientras no se construyen nuevas cárceles, mientras las existentes están sobrepobladas. Cuando se sugiere reabrir El Frontón y Yanamayo, los autoproclamados ‘defensores de los derechos humanos’ salen al frente para oponerse rotundamente a ello, demostrando su complicidad con la delincuencia. Eso no es nada nuevo, ya lo hacían en la época del terrorismo, donde se colocaban abiertamente del lado de Sendero. ¿Será Perú el próximo Ecuador? Aunque su tasa de homicidios aún es más baja si se les compara, el impacto podría ser mayor debido a su población y economía más grandes. Mientras, la emigración ya va en aumento. Los expertos creen que aún es posible controlar la crisis, pero se requiere una voluntad política que hasta ahora ha brillado por su ausencia, tal como señala Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. No es de extrañar que muchos peruanos sueñen con un líder de “mano dura” como Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. Es más, en algunas zonas populosas de Lima, puede leerse en grandes letras rojas “el Bukele peruano” pintado en los muros, como un grito desesperado por un líder firme que imponga el orden que no ven por ningún lado. Entretanto, más de 40 partidos políticos - demostrando la precariedad de su democracia - se han inscrito para las elecciones del próximo año. El que suene más parecido a Bukele, bien podría ganar” puntualiza la nota. Por cierto ¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador? Ese país parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose? En el 2015, El Salvador era catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio del 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal. El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio a 20 días de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron. "Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios", dijo en el 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes. Pero las dos principales pandillas - Mara Salvatrucha y Barrio 18 - ordenaron en varias ocasiones "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre del 2019, abril del 2020, octubre del 2020 e inicios del 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local. El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales. El gobierno, que había sido cuestionado por aparentemente negociar con estos grupos, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo de 2022 la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales. A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. A su vez, el gobierno pidió al Legislativo la aprobación del régimen de excepción y depurar el Órgano Judicial, al que considero como cómplice del crimen organizado, tal como ocurre actualmente en el Perú. Tras una purga masiva de jueces y fiscales, también fueron creados 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos en el régimen de excepción. Asimismo, se reformo el Código Penal y Procesal Penal, introduciendo la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción. Además se construyeron cárceles de alta seguridad donde los criminales encadenados, rapados y en cueros son encerrados de por vida sin contacto alguno con el exterior. La finalidad es que sufran hasta el final de sus días el mal que le han hecho a la sociedad. De esta manera, el ‘modelo Bukele’ logro reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7,8 en el 2022, según cifras oficiales. Para este año, el mandatario informó que la tasa de los homicidios prácticamente ha desaparecido, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina en base a esas estadísticas. Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado, mientras que el apoyo a Bukele supera el 95%. Siendo la formula tan fácil de replicar ¿Por qué no lo repiten en el Perú? La señora Boluarte, en lugar de pretender asistir a los funerales de un hereje en El Vaticano - lo que finalmente no pudo hacer porque se lo negó el Congreso - bien podría si quisiera, poner en práctica el Plan Bukele ya mismo ¿A que le tiene miedo? Es como si viviera en otro mundo mientras su país se cae a pedazos. Simplemente no lo entiendo.
Dispuesta a convertirla en un gran cementerio, Abimael Guzmán y sus hordas asesinas de Sendero Luminoso centraron sus ataques en Lima, la capital del país, de una manera salvaje, brutal y desenfrenada con una serie de sangrientos atentados de gran magnitud nunca antes vistos, convencido que solo mediante el terror a gran escala iba a conseguir su propósito de instaurar sobre ríos de sangre su “república popular de nueva democracia” que iba a empequeñecer el genocidio polpotiano en Camboya… y valgan verdades, estuvo a punto de lograrlo. En efecto, era 1992 y nadie que haya vivido en ese instante en los edificios ‘Tarata’, ‘Residencial Central’, ‘El Condado’, ‘San Carlos’ y ‘San Pedro’, en la calle Tarata, en Miraflores, podía imaginar que la noche del jueves 16 de julio sentiría el infierno sobre la tierra. Lo ocurrido en esa oportunidad fue una historia trágica y, a la vez, significó el final de siete meses continuos de inmisericordes atentados demenciales en Lima. Guzmán consideraba que se debía pasar a una etapa de "equilibrio estratégico" en su objetivo de capturar el poder. Solo entre enero y julio de ese año, los terroristas habían hecho estallar nada menos que 37 coches-bomba en la ciudad que ocasionaron decenas de muertos. Lima entonces parecía una zona de guerra y los ciudadanos sus víctimas indefensas. Era la ofensiva más intensa desatada por Sendero contra la capital peruana, que incluyeron: el atentado con coche bomba contra la sede principal del canal de televisión Frecuencia 2, en la avenida Salaverry del distrito de Jesús María, ocurrido el 5 de junio. El hecho se llevó a cabo cuando un camión de la Marina de Guerra - el cual había sido robado dos horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita y ANFO - se dirigió hacia la fachada de la mencionada televisora y estalló, dejando sus instalaciones destruidas; el asesinato de María Elena Moyano, la denominada "madre coraje", una conocida dirigente popular de un barrio marginal, a quien luego de acribillarla a balazos, hicieron volar su cuerpo con dinamita; Pero el peor de los atentados senderistas ocurrió, ciertamente, en la segunda cuadra de la calle Tarata, en Miraflores. Eran las 9 de la noche, aproximadamente, de ese 16 de julio de 1992, cuando la ferocidad homicida de SL castigó duramente la pequeña y estrecha calle. La onda expansiva afectó también una zona amplia de esa parte del distrito de Miraflores. Y es que, a la violenta explosión de un primer automóvil en el interior de la calle, le siguió un segundo coche-bomba que estalló en la esquina de Tarata y Alcanfores. La explosión de 400 kilos de ANFO y dinamita en plena calle destruyó no solo viviendas multifamiliares y locales comerciales sino también otros vehículos y agencias bancarias a 300 metros a la redonda. En Miraflores, no solo fueron afectados los edificios ya mencionados; en igual o menor medida lo fueron los hoteles Las Américas, César’s y Diplomat; los bancos Continental, De Crédito, Popular, Industrial, Del Sur, Interbank, Mutual Perú; así como las tiendas Mass, Scala, Studium, Galerías Persia, Le Baron, La Americana, Galerías Larco, La Pluma de Oro, entre otros locales ubicados a varias cuadras de distancia de la calle Tarata. La Policía Nacional del Perú (PNP) cumplió su rol e informó que habían sido detenidos, en las cercanías del lugar del atentado, dos presuntos terroristas de SL: un hombre, en la calle Shell, tras un tiroteo con vigilantes del Banco de Crédito; y una mujer, a tres cuadras de donde se produjo el estallido. La búsqueda de otros senderistas fue incesante y daría sus frutos posteriormente. Pero esa noche fue difícil conciliar el sueño en Miraflores, en Lima y en casi todo el país. Lo ocurrido en la calle Tarata de Miraflores fue inconcebible, con 25 muertos y 155 heridos; además de las 360 viviendas seriamente afectadas. Sin embargo, tras la conmoción que causó el atentado de la calle Tarata se pasó a la indignación y a una masiva movilización ciudadana contra una organización que ya había causado miles de muertos desde 1980 en el país andino. El ataque permitió a los capitalinos tomar la dimensión de la violencia senderista que asolaba al país, al haber golpeado en el distrito símbolo, si se quiere, de Lima y recién tomaron conciencia de la brutalidad del terrorismo, al sentir en carne propia lo que durante una década habían sentido los pobladores al interior del país. Por cierto, Abimael Guzmán nunca dio ni una mínima señal de arrepentimiento ni pidió perdón a sus víctimas, ni al país en general, por los crímenes como el ocurrido en la calle Tarata. Tampoco lo han hecho nunca los miembros de la dirigencia de Sendero Luminoso que lo sobreviven. Al contrario, o los han justificado como parte de una “guerra popular” o los han presentado, en todo caso, como “un simple error táctico”. Eso es lo que argumento el propio cabecilla senderista durante su interrogatorio tras su captura, afirmando que el objetivo era la sede del Banco de Crédito, a una cuadra del lugar. Visto desde fuera del país, la situación que se vivía en el Perú era verdaderamente preocupante porque muchos gobiernos temían que esa violencia podría expandirse a sus países por lo que para evitarlo, el por entonces presidente argentino Carlos Saúl Menen solicito a los EE.UU. “liderar una fuerza multinacional que invadiría inmediatamente el Perú si Sendero se hacía con el poder para evitar que se convierta en una segunda Camboya”, donde como recordareis, los genocidas maoístas del Krmer Rojo asesinaron a la mitad de la población (un millón y medio de los tres que eran originalmente) durante su breve y sangriento régimen de 1975 a 1979, y si no los mataron a todos cuál era su vil propósito - “para empezar desde cero” como propugnaba un enloquecido Pol Pot, a quien admiraba Guzmán - es que fueron invadidos por los vietnamitas, quienes los derrocaron. Paradójicamente, el sangriento atentado de la calle Tarata fue el inicio del fin del grupo terrorista, ganándose el rechazo general y el repudio a sus atroces crímenes. Ciego ante la realidad, Guzmán se creía invencible, pero lo que no sabía es que su hora de rendir cuentas estaba cerca (Próximo capítulo: La caída del Sol)
No cabe duda que el presidente estadounidense Donald Trump está arrastrando a América Latina al centro de su encarnizada guerra comercial con China, al mismo tiempo que busca sacar al gigante asiático de una región al que EE.UU. sigue empeñado en considerar como “su patio trasero” viendo con alarma como las inversiones de su adversario crecen en Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, lo cual es considerado por la Casa Blanca como “un peligro para su seguridad nacional”, según da cuenta el Financial Times. Vamos, el mismo argumento utilizado para intentar apoderarse - por la fuerza de ser necesario - de Canadá y Groenlandia. De momento ha comenzado por el lado más débil, Panamá, donde la semana pasada envió a su secretario de Defensa, Pete Hegseth como parte de su esfuerzo para “reafirmar el dominio estadounidense sobre el canal” (?). El lunes recibió en la Casa Blanca al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, un aliado cercano, mientras que el secretario del Tesoro Scott Bessent, visitaba Buenos Aires, donde reitero los deseos de EE.UU. de que Argentina “ponga fin a su dependencia de la financiación china”. Se trata de una ofensiva diplomática destinada a frenar la creciente influencia de China en América Latina, donde se ha convertido en uno de los principales proveedores de financiación, un socio comercial de primer nivel y a su vez, una espina cada vez más molesta para Washington. “Lo que queremos evitar es que se repita lo sucedido en el continente africano” declaro el lunes Bessent en Buenos Aires, “donde China ha firmado varios de estos acuerdos rapaces, presentándolos como ayuda, en lo que se han apropiado de derechos mineros, añadiendo enorme cantidad de deuda a estos países” expreso. “Están garantizando que las generaciones futuras sean cada más pobres y sin recursos, y no queremos que eso suceda en América Latina” añadió. La intensificación de la batalla entre las dos mayores economías del mundo ha dejado a los gobiernos latinoamericanos lidiando con la realidad de que sus días para hacer grandes negocios con China sin una seria reacción de Washington están contados, un cambio que amenaza con obligarlos a elegir un bando: Con China o con EE.UU. “Es probable que el camino a seguir sea más accidentado que el de las últimas décadas” dijo Matias Spektor, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo. Como sabéis, China estableció una posición estratégica en América Latina a principios de este siglo, absorbiendo materias primas de una Sudamérica rica en recursos e invirtiendo mucho dinero en la región, suplantando a los EE.UU. como principal socio comercial del continente. También extendió su influencia a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, su programa insignia de desarrollo económico, al que se han adherido más de una docena de países latinoamericanos. Continúo avanzando a pesar de la dura retórica de Trump durante su anterior administración, con empresas chinas asumiendo megaproyectos como el metro de Bogotá en Colombia, y el puerto de Chancay en el Perú. Beijing también se ganó el apoyo de todos al distribuir ayuda y suministros médicos cuando América Latina estaba siendo devastada por el Coronavirus, a diferencia de EE.UU. que no colaboró en nada. Esta vez y para variar, Trump ha mostrado poco interés en intentar igualar la participación económica de China en la región, pero en cambio, ha criticado duramente los aparentes peligros económicos de los vehículos chinos fabricados en Méjico y sus operaciones en el canal de Panamá, amenazando “recuperar” militarmente la vía fluvial que EE.UU. construyo hace más de un siglo. Desde su regreso al cargo, ha tomado medidas que podrían poner en peligro la influencia china en la región, anunciando aranceles secundarios a los países que adquieran petróleo de Venezuela, cuyo mayor comprador es China. Un grupo de inversionistas liderado por Blackrock (BLK) dijo el mes pasado que compraría puertos en ambos extremos del canal de Panamá controlados por CK Hutchison, un conglomerado de Hong Kong con capitales chinos. Pero es una estrategia arriesgada en una región donde China todavía se inclina por un enfoque más amigable. Durante las cumbres de Perú y Brasil el año pasado, el ‘emperador’ chino Xi Jinping describió a su país como un firme defensor de la globalización económica. Y si bien Beijing ha intentado retrasar la venta de puertos en Panamá, es poco probable que intente intimidar a sus vecinos, dijo Michael Hirson, jefe de análisis de China n 22V Research en Nueva York. “China responderá con ofertas” dijo Hirson, quien se desempeñó como el principal representante del Departamento del Tesoro ante China durante la presidencia de Barack Hussein Obama. “Han sabido gestionar con destreza los cambios políticos en la región, incluso cuando Brasil y Argentina han oscilado entre la derecha y la izquierda” asevero. Cabe precisar que EE.UU. proporcionó alrededor de US$2.500 millones en asistencia exterior a las naciones latinoamericanas en el año fiscal 2024, según datos del gobierno. Pero el futuro de esa ayuda es incierto debido a los esfuerzos de Trump por desmantelar a la cuestionada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) una medida que obstaculizara los esfuerzos estadounidenses en América Latina, mientras a su vez crecen las inversiones chinas y por ende, su influencia. “Estados Unidos no contará con todas las herramientas que serían necesarias para competir realmente con China, aunque hay que reconocer que las anteriores administraciones usaron USAID con fines claramente manipuladores” admitió Hirson. El éxito de la campaña de presión de Trump probablemente estará relacionada a cuanto dependa cada país del poder económico estadounidense y podría resultar en una división ente los países más cercanos a sus fronteras y los que están más al sur” dijo por su parte Christopher Garman, director general de la consultora de riesgo político Euroasia Group. “A Méjico, Centroamérica y en menor medida, Colombia - el aliado sudamericano más cercano a Washington a pesar de tener un régimen izquierdista - los tenemos atados por la correa y están firmemente sujetados. No hay posibilidad alguna que escapen de nuestro control” dijo Gorman. Sin embargo, el problema más difícil será influir en las naciones más grandes de Sudamérica. “El comercio entre Brasil y China por ejemplo ha crecido de forma constante bajo el actual presidente de izquierda Lulz Inácio Lula da Silva y su predecesor de derecha, Jair Bolsonaro, quien nunca cumplió sus promesas de romper con la política de gobiernos anteriores de ser ‘amigos de regímenes comunistas’ aunque China de ello solo tiene el nombre, porque en realidad es más capitalista que los propios EE.UU.” agregó. “Los flujos totalizaron unos US$158.000 millones el año pasado, casi el doble de la cantidad con EE.UU. Y tras los anuncios arancelarios de Trump, China comenzó inmediatamente a aumentar sus compras de soja brasileña la semana pasada” asevero. En tanto, el presidente de Argentina Javier Milei, quien se ha posicionado como el líder más favorable a Trump en el continente, también ha adoptado un tono más cordial hacia China desde que asumió el cargo. Milei, quien durante su campaña califico a China de ser un régimen “asesino” ahora la denomina como “su gran socio comercial”, comprometiéndose a profundizar sus relaciones con el gigante asiático en los próximos meses. Si bien el libertario ha buscado fortalecer lazos con los EE.UU. y especialmente con Trump - llegando incluso a proponer lanzar un acuerdo de libre comercio entre ambos países - China es actualmente su segundo socio comercial mas importante, solo superado por su vecino Brasil, y el pragmatismo de Milei probablemente refleje su comprensión de que no puede darle la espalda a Beijing por completo, para desazón de Washington. “Que Milei busque un acuerdo de libre comercio con un país como EE.UU. que se está volviendo cada vez más proteccionista blandiendo el garrote de los aranceles un día si y al otro también, es como darse cabezazos contra la pared” dijo a su vez Ximena Zúñiga, analista de genoeconomia para América Latina de Bloomberg. “Sabe cómo protegerse” indicó. “En cuanto a los demás países sudamericanos - como el Perú donde las inversiones chinas son cada vez más importantes en todos los rubros - de seguro seguirán haciendo negocios con ellos a pesar de las amenazas de Trump. Si EE.UU. no quiere realizar grandes inversiones en la región, pero China si lo hace, ¿porque cerrarle las puertas? Al contrario, están serán bienvenidas” puntualizó. Para agravar las cosas a mediados de semana, durante una entrevista a Fox News, Trump reitero que ha llegado el momento que los países latinoamericanos “deberán elegir entre China y Estados Unidos”. Tomando el contexto de la decisión de Panamá de abandonar la Ruta de la Seda de China por presiones de Washington, se le hizo la pregunta de que si piensa que los demás países de la región deben hacer lo mismo y doblegarse a sus deseos. "Bueno, así como Panamá lo hizo, tal vez sí, quizás deberían hacer eso. Sí y me voy a encargar que así sea", afirmó el mandatario. Las declaraciones de Trump se dan en medio de varias tensiones políticas con la región latinoamericana, en la que algunos países ya han tomado decisiones en torno a las políticas del presidente estadounidense. Por lo pronto EE.UU. ha solicitado a los países de la región “mejorar el control de las inversiones de terceros países en sectores estratégicos de su economía” en clara referencia a China ¿Podrá hacer frente el Perú y demás países sudamericanos a este ultimátum? Por cierto ¿Qué sucederá con el recientemente inaugurado megapuerto de Chancay por el propio Xi Jinping, y que es controlado por un consorcio chino, al que Washington acusa de que se convertirá en una base para sus submarinos que amenazara su presencia en el Pacifico sur y para lo cual ha instalado una base militar en las Galápagos pata vigilar sus movimientos? ¿Intentara apoderárselo por la fuerza u obligará a su cierre mediante fuertes sanciones comerciales al Perú - que es lo más probable - convirtiéndose así el megapuerto en otro elefante blanco? Y el gobierno de Dina Boluarte ¿claudicará ante ello? Esta historia por lo visto, recién comienza. De Trump - que apenas tiene 4 meses en el cargo - se puede esperar lo impredecible.
