El asesinato del aspirante a colaborador eficaz y otrora mano derecha de la corrupta ex alcaldesa de Lima Susana Villarán – implicada hasta el cuello en el Caso Odebrecht y cuyo juicio por fin, se iniciará en septiembre - demuestra hasta qué punto la mafia caviar puede llegar para “silenciar” a quienes considera un obstáculo para sus planes, buscando la impunidad para su protegida, perteneciente a la misma secta. Como sabéis, José Miguel Castro apareció muerto el domingo último y con él se fueron los secretos que sabía sobre los millonarios sobornos que recibió su jefa Villarán de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el 2013, para sus campañas políticas y a cambio de obras públicas. En estricto rigor, Castro aún no era colaborador eficaz. Estaba intentando serlo brindando información de alto voltaje al cuestionado fiscal José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo el caso de Villarán. Eso lo venía haciendo Castro desde hace un buen tiempo, pero el controvertido fiscal sospechosamente aún no terminaba de corroborar sus afirmaciones, para postularlo como tal en el juicio oral que se iniciará el 23 de septiembre próximo. Nadie sabe a qué nuevos personajes, además de Villarán, señaló Castro en su proceso de convertirse en colaborador. Pero ha empezado a trascender que se trataría de varios jerarcas y políticos de la izquierda parasita, del entorno más íntimo de la corrupta exalcaldesa, y que fueron caras visibles en la campaña de la no revocación. De acuerdo a fuentes fiscales, eso explicaría la lentitud del fiscal Pérez, quien es apoyado por los caviares, para culminar y probar los dichos de Castro, a quien los funcionarios brasileños apodaban ‘Budián’.Pero para su alivio, José Domingo Pérez jamás podrá utilizar lo que le contó Castro porque la ley no se lo permite.El conocido penalista Andy Carrión explicó este punto en RPP de una manera clara y concisa: “Lamentablemente, esas declaraciones (de José Miguel Castro) en el marco de la colaboración eficaz no van a poder ser usadas porque no hay una resolución judicial. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz; es decir que, al día de hoy, todavía no se había logrado que un juez homologue, dé la venia, de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”.Agregó que solo se podrán utilizar las que Castro dio en su calidad de acusado, pero muchas de ellas ya se conocían y fueron publicitadas. La semana pasada, Castro fue a la Fiscalía a hablar con José Domingo Pérez. Según una fuente de ese despacho, “a Castro se le notaba molesto y contrariado” seguramente por las amenazas que recibía por parte del entorno de Villarán, que buscaban “silenciarlo” al mismo estilo de la mafia siciliana. Y vaya que lo lograron. La muerte de ‘Budián’ es un sospechoso hecho que se suma a otros en el caso de Susana Villarán, que se ha caracterizado por la extraña lentitud y comportamiento cómplice mostrado por la Fiscalía. No es de extrañar esa actitud, ya que pertenecen a la misma secta caviar.Como recordareis, dicho proceso empezó hace diez años y el juicio oral recién se iniciará en septiembre, pese a que en mayo del 2019 - es decir, ¡hace seis años! - ella misma reconoció públicamente, en una entrevista radial, haber sido sobornada por Odebrecht y OAS. Lo hizo porque existía un audio que la comprometía. De esta manera, la evidencia de su culpabilidad queda al descubierto, pero ni aun así fue colocada bajo arresto preventivo, mientras los años pasaban y el juicio no se iniciaba. De seguro esperaban que sus delitos prescriban y quede impune de sus múltiples delitos. No es de extrañar por ello, que sintiéndose “blindada” por la fiscalía, Villarán se daba la gran vida en su casa de playa hasta que el programa ‘Panorama’ la descubrió in fraganti en su piscina, a pesar de que decía que tenía una enfermedad a la piel, “que le impedía estar expuesta al sol”, un risible argumento que utilizo para evitar esperar el inicio su proceso tras las rejas, como debía ser. Ahora bien ¿Por qué era tan importante el testimonio de Castro, que comprometía seriamente a Villarán y su entorno? El exgerente municipal relató con detalle cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución. Sostuvo que, por instrucción de Susana Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana.Castro señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. Tanto Glave como Reátegui han negado cínicamente los hechos y aseguraron “no haber recibido sumas ilícitas ni haber firmado recibos por tales montos” … si como no . Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, quien según Castro habría recibido pagos directos que suman US$60.000 por trabajos de asesoría política para Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS. En su condición de colaborador, José Miguel Castro también declaró que Odebrecht pagó entre US$30.000 y US$40.000 a la encuestadora Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella posteriormente negó, precisando que Imasen “solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima”. Las declaraciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas, exregidor de Unidad Nacional, recibió US$120.000 repartidos en cuatro cuotas, tras interceder con el apoyo del PPC a la campaña contra la revocatoria. Mencionó que las entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. También reveló que parte del financiamiento de la campaña se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000. Pero la colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero - incluyendo US$3 millones para campañas - y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas. El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro fue pieza clave en la recepción y distribución de US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de adjudicaciones y facilidades administrativas en cuestionados megaproyectos municipales como Vía Parque Rímac que nunca se hizo - y sobre todo, Rutas de Lima, que se ha hecho del control de los peajes en la capital cobrando lo que les da la gana sin que nadie pueda impedirlo, debido al oneroso contrato firmado por Villarán. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra – un paraíso fiscal - y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas. Las versiones recogidas por la fiscalía también lo vinculan con amenazas y presiones a empresarios para asegurar los pagos bajo la advertencia de favores o represalias administrativas, así como a coacciones para que otros investigados guardaran silencio sobre su participación. Con el asesinato de Castro, los involucrados creen haberse “asegurado” de que sus nombres no salgan a la luz.Pero su trágica desaparición, no debe ser motivoalguno para obstaculizar un juicio largamente postergado.Si bien, su muerteeliminael testimonio directo que habríasido crucial para establecerresponsabilidadespenales de Villarán y su entorno, sin embargo, su ausenciafísica no debesignificarimpunidad. El Código Procesal Penal contempla estas circunstancias excepcionales. Sus declaraciones previas y toda la documentaciónproporcionadadurantesucolaboraciónmantienen valor probatorio y deben incorporarseplenamente al juicio oral. Es imperativo que el Ministerio Público asegure que todo lo declaradopor Castro sea debidamenteconsideradoporel tribunal. La información sobre cuentas bancarias en Andorra, mecanismos de lavado de activos y acuerdos ilícitos con las constructoras debe mantenerse como elemento central del proceso. Este episodio debe servir como alerta definitiva sobre la urgencia de acelerar procesos judiciales en casos de gran corrupción. Han transcurrido seis años desde que Villarán confesó públicamente que recibió los aportes, y el juicio recién está por comenzar. El asesinato de Castro evidencia además la vulnerabilidad de quienes cooperan con la justicia. Es fundamental, por ello, fortalecer protocolos de seguridad para los 500 testigos citados en el juicio contra Villarán. De aquí hasta septiembre ¿Cuántos de ellos aparecerán muertos por “suicidio”? El caso no debe de caerse como ya está dejando ver la fiscalía caviar. La confesión pública de Villarán, las evidencias documentales y el legado probatorio de Castro conforman un acervo que debería de traducirseenunasentencia. El juicio que se iniciaráel 23 de septiembre no debepostergarsemás. Este crimen debe ser el catalizador que acelere el proceso y demostrara sí que la justicia no muere con los testigos y los culpables, con Villarán a la cabeza, sean severamente castigados. (Por cierto, una buena noticia es la aprobación por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales del Congreso, del inicio del proceso contra la usurpadora Delia Espinoza y sus secuaces en el Ministerio Publico, por haber cometido delito de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado - al negarse a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides - por lo cual serán destituidos de los cargos que hoy ocupan ilegalmente…. A la cárcel con esos parásitos. Venga ya ¿Quién es el que ríe al último?)
Tal como lo advertimos semanas atrás, el publicitado tren de pasajeros de Lima a Chosica, que impulsa el cuestionado Alcalde de Lima Rafael López Aliaga (alias Porky) es una farsa montada con el único objetivo de impulsar su candidatura presidencial para las elecciones generales del 2026, a pesar de que su gestión al frente del Ayuntamiento es un completo fracaso. Es más, desesperado porque esta no “prende” en la población, había anunciado que en un par de semanas realizaría una “marcha blanca” con esa chatarra ferroviaria de 40 años de antigüedad “donada” por los EE.UU. (que así se libra de esa basura extremadamente contaminante), por la ruta que actualmente utiliza el Ferrocarril Central, que transporta exclusivamente minerales desde el centro del país. Pero a último momento y por las críticas recibidas, dio marcha atrás y ahora afirma que “no hay una fecha definitiva para el inicio de operaciones” - que estaba señalado para el 28 de julio - “ni tampoco una 'marcha blanca'. Más que eso, será una 'prueba en vacío'". Lo que sucede es que no existe la infraestructura adecuada para que esa chatarra oxidada circule en la única vía que existe (cuando mínimo deben ser dos, tanto para la ida como la vuelta), como tampoco se han construido estaciones de pasajeros donde estos puedan ser abordados y que además, representan un peligro para los puentes que atraviesa, porque la altura de esos trenes de dos pisos es considerable. Estos trenes - que se encontraban abaldonados durante décadas en un patio de chatarras en los EE.UU. antes de ser enviados a Lima como “donación” por los que se tuvo que pagar una millonada para enviarlos por mar - miden exactamente 4 metros con 85 cm y el diseño de estos vehículos son incompatibles con la altura libre bajo los puentes de la ruta ferroviaria, Su decisión de anunciar la fecha de inicio de operaciones, origino muchas críticas de las autoridades pertinentes, pero Porky insistió en lo suyo, sin importarle en lo más mínimo el riesgo que representa. Sin embargo, la realidad le dio un portazo en la cara y se echó para atrás. Como sabéis, el Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) César Sandoval le respondió públicamente - a raíz de unas irresponsables declaraciones que hizo López Aliaga que a mediados de este mes “si o si” realizaría la marcha blanca de esa chatarra, así no tenga la autorización del MTC - acusándolo de crear falsas expectativas en la población. En efecto, en un pronunciamiento a Canal N, el titular del MTC negó que su sector esté bloqueando el avance del proyecto y cuestionó el anuncio del burgomaestre, quien advirtió que los trenes donados comenzarían a operar en julio, incluso sin autorización formal.Sandoval solicitó al alcalde que oficialice su pedido de reunión con el ministerio y que no utilice la controversia con fines políticos. También advirtió que no existe expediente técnico aprobado ni plan de implementación para que se autorice una prueba operativa. Desde su sector, sostuvo que la prioridad es garantizar que cualquier iniciativa ferroviaria se desarrolle con responsabilidad, dentro del marco legal y sin generar falsas expectativas en la ciudadanía.El titular del MTC rechazó que su despacho esté retrasando la puesta en marcha del tren anunciado por la Municipalidad de Lima. “Obstaculización no hay. Al contrario, hay disponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica”, declaró Sandoval en Canal N. A su vez, exhortó a López Aliaga a seguir el conducto regular: “Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud”, dijo, aludiendo a que, hasta la fecha, no ha recibido una comunicación formal para sostener una reunión de trabajo.Además, señaló que toda obra pública debe contar con sustento técnico y planificación adecuada. “Yo quisiera tener la oficialización de la reunión que él está solicitando con el MTC y la predisposición de mi parte está. Pero todo debe hacerse con veracidad y propiedad”, añadió. El ministro subrayó que su sector no puede validar una operación sin que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad y factibilidad. Es más, el Ministerio de Transportes precisó que el proyecto no cuenta con los requisitos indispensables para iniciar una marcha blanca. “No hay expediente aprobado ni plan de implementación que permita avanzar con la prueba operativa”, declaró Sandoval a RPP. Según detalló, ni las condiciones técnicas del material rodante ni las características de la vía han sido evaluadas, por lo que autorizar una circulación piloto sería inviable bajo los criterios actuales.Además, Sandoval recordó que una posible operación ferroviaria implica coordinación con operadores, estudios técnicos, cronogramas y cumplimiento normativo. Desde el Ejecutivo se evalúa una alternativa legal para viabilizar el proyecto: ampliar la concesión actual mediante una adenda. Sin embargo, dicho proceso requeriría al menos un año de desarrollo y, hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha presentado ninguna propuesta oficial en ese sentido. Como recordareis, López Aliaga había sostenido en varias ocasiones que los primeros trenes donados por la empresa Caltrain llegarán al Callao en los próximos días y que empezarían a operar sin pasajeros este mismo mes. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, dijo en un evento público. Además, cuestionó que el cambio de titular en el Ministerio haya frenado las conversaciones previas sostenidas con el exministro Pérez Reyes, con quien, según dijo, “ya se habían establecido acuerdos iníciales para la prueba”, una que ya no se va a dar. El ministro de Transportes remarcó que, si bien está dispuesto a dialogar, el enfoque debe mantenerse dentro de lo técnico y legal. “Con diálogo se genera estabilidad, Estado de derecho y desarrollo en el país”, afirmó. También rechazó el uso de amenazas de movilización para forzar decisiones institucionales: “Hablando se entiende la gente. No promoviendo desestabilización, movilizaciones, anarquías en el país”, sostuvo en Canal N.César Sandoval insistió en que su responsabilidad es salvaguardar el interés público y no ceder a presiones externas. “Espero escuchar el planteamiento del alcalde, pero también opino con responsabilidad y con conocimiento del tema”, declaró. En ese marco, reiteró que “el país necesita decisiones serias, especialmente en sectores estratégicos como el transporte, donde los anuncios apresurados y electoreros pueden generar confusión en la ciudadanía”. Bien por el ministro por mantenerse firme y desbaratar otra maniobra electorera de Porky.
Es indudable que la mafia caviar ha llevado al Ministerio Público (MP) a una crisis terminal. Durante más de seis años han utilizado la fiscalía como un instrumento, para mantener y acrecentar un poder ilegítimo, persiguiendo a sus adversarios y protegiendo a sus amigos. Así, han desvirtuado completamente la función de la fiscalía, convirtiéndola en una herramienta para venganzas políticas y personales, persecutora de militares, policías y políticos, defensora y cómplice de delincuentes. Ahora, Delia Espinoza y sus secuaces se aferran ilegalmente a sus puestos, desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pisotean la legalidad que deberían defender, “amparados” por un cuestionado juez - otrora defensor de terroristas - quien en tiempo récord suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del ejercicio de la función pública tanto como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, y que había sido repuesta por la JNJ en el cargo de Fiscal de la Nación que hoy usurpa la corrupta Delia Espinoza, asalariada del judío Gorriti. Pero este desastre no es de ahora como podéis suponer. Comenzó en el 2018, cuando Martin Vizcarra, un maldito Lagarto aliado con los caviares, asaltó el sistema de justicia. Liquidó el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y, mediante una comisión integrada por caviares, creó la JNJ, para que sirviera a sus propósitos. Luego defenestró al por entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y puso en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos. Lo hizo, hay que recordarlo, asociado con la prensa caviar, que demolió a Chávarry con cientos de portadas de diarios y reportajes televisivos tramposos. A partir de allí, la mafia caviar se ha atrincherado en el sistema judicial, violando leyes y resoluciones. Por ejemplo, el Congreso, en uso de sus atribuciones, inhabilitó por diez años a la lagartona Zoraida Ávalos. Pero ella hizo caso omiso a esa decisión, y con la complicidad del Poder Judicial, sigue instalada ilegalmente en la fiscalía. El Congreso también inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la anterior JNJ. Lo mismo, siguieron ahí, impertérritos, hasta el último día. Hoy, cuando la nueva JNJ ha repuesto a la fiscal Patricia Benavides, no acataron la resolución. Peor todavía, la acusan a ella, a los abogados que la defienden y a la propia JNJ. Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, son gatillo fácil, disparan acusaciones a diestra y siniestra, usando ilegítimamente el poder que aún detentan. ¿Qué hacer entonces? Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de Américo Gonza para reorganizar el MP. También Alejandro Muñante ha propuesto una acusación constitucional contra los fiscales supremos. De hecho, ya existe una acusación presentada por Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, que ya está para ser discutida en la Comisión Permanente del Congreso. El asunto es si se obtendrán los votos necesarios para aprobarlas. Y, en el caso de lograrlo, es seguro que esos fiscales que no acatan ni las leyes ni las resoluciones que aprueba el Congreso, seguirían en rebeldía, apañados por el Poder Judicial también controlado por la mafia caviar. Y, naturalmente, por la Corte Interamericana de DDHH y otros organismos del caviarismo internacional. Se requieren soluciones radicales. Como las que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que barrió a cientos de magistrados prevaricadores del sistema judicial. No hay otra alternativa. Es indudable por ello que la mediática confrontación entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, expone el deterioro institucional en el país andino. Lo que parecía ser una controversia jurídica sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se ha transformado en un enfrentamiento entre dos órganos autónomos, donde las partes reclaman autoridad sin reconocer límites. El resultado es un Estado atrapado en el conflicto, sin árbitros eficaces. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinoza ha decidido atrincherarse en el cargo, ignorando las resoluciones e iniciando incluso una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ como una suerte de revancha. Estos actos de rebeldía comprometen la imparcialidad y objetividad que exige el Ministerio Público. Lo que corresponde conforme a ley es que la susodicha deje el cargo, iniciando luego los procesos de reclamo que estime convenientes. No es tampoco jurídicamente admisible que quien encabeza la institución utilice su posición para investigar a quienes emitieron una decisión por el simple hecho de sentirse afectada personalmente. Este solo hecho es suficiente para ser destituida. Pero no es la primera vez que ocurre. El caso del fiscal supremo Tomás Gálvez es otro ejemplo elocuente. El Tribunal Constitucional ordenó su restitución, pero la actual fiscal de la Nación optó por desacatarlo, patrón reiterativo donde mandatos judiciales o constitucionales son ignorados por resultar inconvenientes. Esta conducta instala una anarquía institucional, erosionando la legitimidad de la Fiscalía, perdida hace mucho, al convertirse en un instrumento político de los caviares para perseguir a sus adversarios y “blindar” a los suyos, comenzando con el propio Gustavo Gorriti, de IDL (quien es el que realmente manda en el Ministerio Publico) cuyo proceso está absurdamente “congelado” a pesar de la gravedad de sus delitos. Cabe recordar que Patricia Benavides fue la fiscal de la Nación que se atrevió a investigar al régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, vista como figura clave para frenar un proyecto autoritario y corrupto, cuyo autogolpe de Estado fracaso rotundamente, terminando en la cárcel por golpista y ladrón. Esa actuación de Benavides la convirtió en una fiscal incómoda para los caviares, apartándola del cargo mediante un apresurado proceso que hoy la misma JNJ califica como viciado. Las instituciones no pueden funcionar sin reglas ni mecanismos de solución de disputas. El desacato, convertido en práctica recurrente, ignora resoluciones del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la JNJ. Cada órgano actúa como soberano de sus propias interpretaciones, generando pérdida de confianza y una inseguridad jurídica que pone en riesgo la imagen del país, ahuyentando las inversiones. Los fiscales pertenecientes a la mafia caviar, además, han convertido los conflictos en instrumentos de propaganda. Lejos de respetar la reserva que exige su función, se exponen en los medios victimizándose, convirtiendo procesos internos en espectáculos mediáticos. Lo que debería resolverse jurídicamente se discute con comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, filtrando incluso información confidencial a la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia. Así, el Ministerio Público ha perdido el respeto institucional y la confianza ciudadana que una vez tuvo, antes que los caviares lo tomasen por asalto, con la complicidad del lagarto Martin Vizcarra. Lo que está en juego es la estabilidad institucional. El Ministerio Público no puede operar al margen de la ley, desacatando sentencias, ignorando resoluciones, actuando según su propia conveniencia. La ciudadanía necesita una Fiscalía que funcione, reglas claras, independencia y autoridades que respeten la legalidad, aunque resulte incómoda. La salida a esta crisis no será exponiendo sus argumentos antes las cámaras de la TV o utilizando las redes sociales. Se requiere una reorganización profunda del Ministerio Público, nuevos liderazgos comprometidos con el país, con voluntad para restaurar la confianza en la justicia. Cuando las instituciones no respetan sus propios límites, la confianza en el país simplemente se desintegra poco a poco. Lo expuesto requiere iniciativas alternativas para superar el actual estado caótico en que se encuentran el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con mayor razón, delante de unas elecciones generales de vértigo. Apremia, entonces, aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre esta materia, para avanzar concibiendo algún modelo jurídico funcional; y que el Legislativo que se elija en 2026 tome inmediatamente la posta y concluya el resto. En el actual Congreso existen iniciativas provenientes de una Comisión Especial de Alto Nivel sobre Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que deberá reorganizarse por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); y/o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisando que el paroxismo de la fiscalía hace vulnerables a los peruanos de los operadores políticos. Paralelamente, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo necesitan opinar sobre aspectos que vulneran principios constitucionales. ¿A que esperan para actuar ya? No hay tiempo que perder.
Cuando se habla de los perros originarios del Perú antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, por lo general uno piensa en los Viringos, aquellos canes sin pelo que se han convertido en parte del patrimonio del país andino. Pero existe otra raza no tan conocida y que injustamente ha pasado desapercibida a pesar de que se han encontrado sus restos en tumbas prehispánicas excavadas por los arqueólogos y que al igual que el Viringo, también se encuentra representado en antiguos ceramios y textiles de culturas desaparecidas. Quizá por su apariencia similar a los perros callejeros (los denominados ‘chuscos’) que pululan en las ciudades, nadie le ha prestado atención que merece. Nos referimos al Chiribaya. Gracias a las momias halladas de este perro, los investigadores han podido determinar también que sus descendientes permanecen hasta nuestros días, y esto lo confirma la similitud entre los restos conservados y muchos de los canes que viven en el sur de Perú, en la región Moquegua - especialmente en Ilo y alrededores. Fue una antropóloga y una documentalista quienes hallaron los restos de lo que sería una raza de perro pastor de llamas que no solo fue parte importante de la estructura social de los antiguos peruanos, sino que recibía un trato especial tras su muerte. Se trata de un perro de pequeño tamaño y muy peludo, conocido por los arqueólogos como el "perro de Chiribaya", cultura que prosperó en la costa sur del Perú y que enterraba a sus mascotas con todos los honores de un fiel amigo y compañero de trabajo. El hallazgo se lo debemos a las investigaciones de la destacada antropóloga Sonia Guillén Oneglio, quien debe su fama al estudio de antiquísimas momias de personajes que organizaron prósperas culturas desde Chachapoyas hasta las costas de Moquegua. Es precisamente en la zona del puerto de Ilo donde se encuentra el centro de operaciones del Centro Mallqui (momia en quechua), dedicado a la investigación de la denominada Cultura Chiribaya, y hasta allí se extendió un cacicazgo en el periodo intermedio tardío de la cultura peruana (del año 900 hasta el 1350 d.C.), su territorio posee hasta nuestros días una característica que es el sueño de todo antropólogo: su suelo es extremadamente seco, contiene una ingente cantidad de sales minerales, y escasas lluvias , lo que potencia la conservación (momificación) de los restos físicos de quienes habitaron este lugar. "A pesar de la inscripción oficial de la raza originaria del perro peruano sin pelo, aún muchos siguen pensando que los perros llegaron con los españoles. Y el hecho de encontrar otra variedad de perro nativo, el perro pastor Chiribaya, es un descubrimiento muy importante", dice la documentalista. A diferencia del tan promocionado Viringo, el perro pastor Chiribaya no solo tenía abundante pelaje, sino también otras características propias. Al respecto, Ermanno Maniero, presidente del Kennel Club del Perú, y la médica veterinaria Viviana Fernández, de la Universidad de San Marcos, examinaron exhaustivamente las momias halladas en esa oportunidad y determinaron que estos canes tenían el cuerpo más largo que alto; que el color del pelaje podía variar entre el amarillo y el rojizo, algunos con manchas oscuras sobre el lomo o la cabeza, que tenían las orejas recortadas y caídas; y sus patas era tipo "liebre", es decir que permitían al animal moverse sobre la arena o la tierra con menos esfuerzo. Y esta última cualidad quizá sea la que le dio la importancia dentro de la estructura de vida de los chiribaya. Sonia Guillén dice que varios estudios, incluidos los suyos, han determinado que en la costa también se desarrolló la ganadería de camélidos. O sea, que estos animales no fueron exclusivos de las alturas. En el caso de los chiribayas, ellos tuvieron una economía costera, con el uso de recursos marinos, también con agricultura, pero intensamente ganadera, y eso lo saben por las cabezas, patas y orejas de llama que han sido halladas como ofrendas recurrentes en sus entierros. La antropóloga señalo que según las investigaciones realizadas por la genetista Jane Wheeler, quien trabajó en el valle de Ilo, los chiribayas criaron un tipo de llama que tenía el pelo más largo y más fino que la mejor alpaca de nuestros tiempos, pero que estas fueron ignoradas por los conquistadores españoles, quienes las usaron como bestias de carga, provocando su exterminio, aunque dicen que es posible localizarlas aún en la Patagonia argentina. "Al tener tantas llamas, los chiribayas necesitaron perros para el pastoreo. Entonces, estos se convirtieron en compañeros de trabajo por lo que a su muerte recibieron los honores correspondientes", dijo Guillén. "Para graficarlo, es como si miraras a una momia de un antiguo peruano y la compararas con el rostro de sus contemporáneos. Vas a notar la familiaridad entre ellos. Lo mismo pasa con los perros de la zona y las momias de estos animales", asevero. A primera vista, es el típico perro ‘chusco’ peruano. Y precisamente Martha Meier llama la atención de este detalle y dice que “de alguna forma lo que llamamos chusco encaja con las características del Chiribaya, por lo que no sería raro que con los años, este se haya propalado por todo el territorio peruano, pasando desapercibido” apuntó. "Lo que queremos hacer ahora es recuperar la pureza de esta raza de perro. Por eso vamos a empezar un trabajo de recojo de ADN de los canes de la zona de Ilo para compararlo con el de las momias, y luego empezar un proceso de selección y crianza. Va a ser un trabajo de varios años, pero vale la pena", dice la documentalista. En la actualidad, momias de 43 ejemplares de estos perros pueden ser vistas en el Museo Chiribaya en el distrito de El Algarrobal, en Ilo, el cual también ofrece una visión de la gente que se estableció en esta zona y llegó a desarrollar una importante cultura. No cabe duda que se trata del segundo perro autóctono del Perú y desde hace más de tres décadas está aguardando por su reconocimiento como una especie autóctona y milenaria. Sí que se lo merece (Ello llego por fin en mayo de este año, cuando la Federación Canina Americana lo reconoció oficialmente como la segunda raza canina peruana por su legado ancestral y sus cualidades únicas. Tras su validación internacional, se ha iniciado un proceso para declarar al pastor chiribaya como patrimonio cultural vivo del país. Este nuevo paso busca reforzar su importancia histórica y cultural dentro del territorio nacional)
El vergonzoso espectáculo montado esta semana por la mafia caviar en el Ministerio Publico, que se niega a acatar una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso la reposición en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, demuestra hasta qué punto estos parásitos liderados por esa inmunda rata judía de Gustavo Gorriti de IDL, creen que pueden seguir haciendo lo que les da la gana en dicha institución, que manejan a su antojo para sus fines políticos, con el apoyo cómplice de la prensa basura, colocándose de esta manera al margen de la ley. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinosa - desaforada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)- se atrincheró el martes pasado en un despacho y que hasta hoy ocupa ilícitamente, diciendo: “hoy yo no regreso a casa”, ante decenas de ganapanes suyos que habían subido presurosos al piso nueve del edificio, sede del Ministerio Público, para “solidarizarse” con la susodicha, quien les ha otorgado puestos indebidos, pagados por todos los peruanos. Horas antes, Patricia Benavides, la repuesta fiscal suprema y fiscal de la Nación, había llegado al local del Ministerio Público para retomar sus funciones, acatando lo ordenado por la actual JNJ: reponerla en su cargo, tras haberla destituido la anterior JNJ como fiscal suprema, fiscal de la Nación y titular de la Fiscalía de la Nación. Ya repuesto el orden en la JNJ, quedó superada la injusta destitución de la fiscal Patricia Benavides; y claramente dispuesto que la sustituta Espinosa retorne a sus labores ordinarias. Es indudable que la polémica destitución y posterior reposición de Patricia Benavides ha generado debate en materia judicial y política. Recordemos que la renovada JNJ ha anulado la destitución de Benavides - que dispusiera su análoga anterior, compuestos por caviares - en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación, alegando falta de motivación y vulneración al derecho de defensa. También consideremos que el cambio de los anteriores miembros de la JNJ obedece a medidas que adoptaron las únicas dos instituciones responsables de interpretar la Constitución - nos referimos al Poder Legislativo y al Tribunal Constitucional - luego de haber admitido y resuelto una denuncia constitucional contra los siete miembros de la anterior directiva de la JNJ - promovida por el congresista Jorge Montoya - imputándoles haber violado sendos artículos de la Constitución y proponiendo, asimismo, su inhabilitación durante 10 años. Simultáneamente, el Parlamento vacó al exintegrante de la JNJ, Henry Ávila Herrera, por conflictos de interés; e igualmente, el Tribunal Constitucional ordenó reponer a Marco Tulio Falconí Picardo como miembro titular de la JNJ y reasignó - como suplente - a Guillermo Thornberry Villarán. Asimismo, en marzo del 2024 el Congreso en pleno uso de sus facultades constitucionales, inhabilitó a los, hasta aquel momento, miembros de la JNJ Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos. Y, por último, en octubre del mismo año nombró a los actuales integrantes de la JNJ por los siguientes cinco años. Respecto a la posibilidad de denunciar a los anteriores miembros de la JNJ por haber destituido a Patricia Benavides, e igualmente designado a Delia Espinosa fiscal de la Nación, sendos representantes del Parlamento han criticado severamente aquella mala actuación de la anterior JNJ. Al respecto, habrá que definir qué decide el actual Legislativo durante los aproximadamente diez meses que le restan de vigencia. Con el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación y el desafuero de la mafia caviar se retorna al Estado de derecho de una institución politizada en los últimos años, quienes lo utilizaron vilmente para perseguir a sus adversarios políticos, a la vez que “blindar” a los de su banda delincuencial, comenzando con Gustavo Gorriti, cuyo proceso esta mas que sospechosamente “congelado” en el tiempo, como de aquellas otros elementos de la misma calaña, como Martin Vizcarra y Susana Villarán, quienes a pesar de los años transcurridos, aun no responden a la justicia por sus múltiples delitos de corrupción. En la vida, la Justicia tarda pero llega. Muchas veces extemporáneamente; otras, oportunamente. Es el caso de la defenestración de una mafia que - de manera no solo arbitraria, sino ilegal e inconstitucional - desaforó del Ministerio Público a los fiscales que no comulgaban con el hampa caviar, secuestrando los altos cargos directivos de la Fiscalía de la Nación para repartirlos entre una pandilla de politizados sujetos, a los que la Justicia deberá procesar y condenar por el irrecuperable perjuicio que le han causado al Perú en los últimos años. Ello desde que se encumbraron prepotentemente en la sustancial institución fundada por Gonzalo Ortiz de Zevallos Roel durante el régimen de Fernando Belaunde. Como correspondía - considerando que la Justicia continúa secuestrada por la camorra caviar representada por Gustavo Gorriti -, finalmente una remozada Junta Nacional de Justicia hizo valer su verdadera razón de ser, desarmando el castillo de naipes construido por los caviares para apropiarse del sistema de justicia del país. Comenzando por el Ministerio Público, y avanzando - como lo están - por las entrañas del Poder Judicial. Por ello, el retorno de Patricia es una aplastante derrota para los Gorritis, Domingo Pérez, Vela Barba, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y demás operadores de la mafia caviar. Es sin duda alguna, un notable avance para la recomposición de la democracia y el Estado de derecho en ese maltratado país, tras casi un cuarto de siglo de estar secuestrado por la inmundicia caviar. El perjuicio generado por semejante organización criminal es colosal, y sus consecuencias a futuro son impredecibles. Porque las raíces de esta podredumbre se extienden a los espacios más siniestros del hampa sociopolítica nacional e internacional. Sin duda, la tarea de la fiscal Benavides Vargas será titánica. Empezando por la despolitización de su institución, en medio de una sociedad amenazada por una delincuencia más que salvaje, “empoderados” por jueces y fiscales caviares que los liberan inmediatamente para que sigan delinquiendo con total impunidad. Y ello no puede continuar. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, cuestionó la actitud de la usurpadora Delia Espinoza, a quien considera que está aferrándose al cargo ilegalmente. En efecto, el extitular del TC calificó como "histórico" el fallo de la JNJ, el cual fue dado a conocer la noche del viernes 13 de junio y que - para su análisis - debió hacerse efectivo inmediatamente. "Es un acto de reivindicación de la propia Junta y de restablecimiento de la justicia. Creo que es errado el argumento de cuestionar la unanimidad. Todos los magistrados intervinientes en esta decisión votaron en el sentido de declarar de oficio la nulidad y ordenar que la Sra. Liz Patricia Benavides Vargas fuera repuesta en su cargo", argumentó. Agregó, que, en el marco de artículo III de la parte resolutiva, Delia Espinoza, debe reponer en el cargo a Patricia Benavides, puesto que ostentó entre los años 2022 y 2024. Sobre el actuar de la usurpadora en los últimos días, Blume Fortini cuestionó su comportamiento, considerando que está "aferrándose el cargo"; es decir, no respetando lo dictado por la JNJ. "Cuando la Junta destituye a un funcionario y ella misma, de oficio, en el marco de la Constitución y de la ley, rectifica esta destitución, hay que cumplirla, nos guste o no nos guste", aseveró. Asimismo, sostuvo que la actitud de Espinoza es inconstitucional por el desacato a lo resuelto por la JNJ, la misma que afecta a la institución gravemente. “Esta situación de incertidumbre que se vive en el Ministerio Publico debe ser resuelta de inmediato, ya sea por el Congreso, que puede acusar constitucionalmente tanto a Espinoza como a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, o también por parte de la propia JNJ, que puede destituirlos e inhabilitarlos en el más breve plazo. El tiempo apremia y hay que actuar ya. Si esta Junta Nacional de Justicia consigue limpiar de caviares a la Fiscalía de la Nación, merecerá el eterno reconocimiento nacional” puntualizó.
Encerrado de por vida en su celda de máxima seguridad ubicada en la Base Naval del Callao, y a pesar de los intentos de último minuto por parte del régimen delincuencial del filosenderista Pedro Castillo de concederle en “indulto humanitario”, el 11 de Septiembre del 2021 descendió a los infiernos el despreciable genocida Abimael Guzmán Reynoso - alias “Presidente Gonzalo” - cabecilla de Sendero Luminoso y responsable del mayor baño de sangre ocurrido en el Perú, con el demencial objetivo de instaurar en el país andino una sangrienta dictadura comunista, a la cual se refería como “la república popular de nueva democracia” (?) pero fracaso en toda la línea. Al respecto, el recientemente fallecido escritor Mario Vargas Llosa escribió por esos días un artículo acerca de la muerte de Guzmán en el diario español El País, el cual reproduzco por ser de interés ya que tiene plena vigencia, entrecomillado claro esta ¿vale?: “El fundador de Sendero Luminoso, o, como se hacía llamar, ‘la cuarta espada del marxismo’, Abimael Guzmán, falleció el 11 de septiembre en la prisión de Lima donde cumplía una condena de por vida. ¿Se arrepentiría en sus últimos minutos de los setenta mil muertos que causó la insurrección maoísta que provocó en el Perú y en lo que la Comisión de la Verdad calculó el número de víctimas que esta causó? Probablemente, no. Era un arequipeño de Mollendo, tenía 86 años, había estudiado derecho y filosofía y conocer China y la obra de Mao Tse Tung le había transformado la vida. Tanto que dedicó muchos años en preparar discretamente esta revolución que llenó de sangre y de muertos a la región andina, la más pobre del Perú. Su centro fue la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, de donde procedían la mayor parte de sus primeros cuadros; luego vendrían muchos más, de casi todo el Perú. Fue una revolución que duró cerca de doce años desde que comenzó, en mayo de 1980, y en la que hubo de todo, desde asesinatos en frío, hasta apagones por las voladuras de las torres de luz, torturas, perros colgados en los postes con una inscripción que los senderistas creían ominosa (“Ten Siao Ping perro”), confinamientos, y, sobre todo, cadáveres de inocentes regados por doquier. Los campesinos de la sierra, en un principio, apoyaron esta insensata guerrilla por las condiciones miserables en que vivían y trabajaban, pero cuando Guzmán, fiel en esto a las enseñanzas de Mao, que quería que el campo asaltara a las ciudades, les prohibió los mercados de los sábados donde vendían y hacían sus compras, se le voltearon y aparte de combatirlo con los llamados “ronderos” apoyaron al Ejército en las emboscadas y la represión. Así terminaron esas matanzas colectivas y el desastroso empobrecimiento del Perú en los años ochenta, en los que, por qué ocultarlo, hubo también una dictadura que asesinó a muchos inocentes y saqueó las arcas públicas. Ahora hay un interesante debate en el Perú sobre qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán, si entregárselo a su viuda, Elena Iparraguirre, que también cumple prisión, ya que es la segunda de Sendero Luminoso o incinerarlo, para evitar que su tumba atraiga a todos los izquierdistas extremos a rendirle su homenaje. Esto último es seguro, así que el poder judicial, o el Gobierno, o el Parlamento, que deben decidir sobre este asunto, ya saben a qué atenerse. Por cierto ¿El tiempo de las revoluciones está aún vigente en América Latina? Sólo los insensatos podrían creerlo así. Desde que alcanzamos la independencia hemos estado guerreando unos con otros, o tratando de derribar a nuestros gobiernos, lo que ha permitido a nuestros Ejércitos cargarse de armas y alimentar a las dictaduras salidas de su seno, así como liquidar a decenas de miles de los jóvenes más generosos y sacrificados de nuestros países, de modo que continuar por este camino sólo puede seguir produciendo matanzas, además de hundirnos cada día más en el subdesarrollo, el tercermundismo y la miseria. Tal vez haya llegado la hora de emprender otro camino, el de los países que de veras progresan, aumentan sus niveles de vida, crecen sus industrias y con ellas los sistemas de educación y de salud, los salarios y los puestos de trabajo. Esto no es imposible. Basta mirar el ejemplo de los países europeos y, últimamente, el de los países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán o Singapur. En cambio, mirar del otro lado, debería ser suficiente para ver que las famosas “revoluciones” sólo han traído catástrofes semejantes a las que produjo en el Perú Abimael Guzmán. Es verdad que algunos de sus admiradores están ahora en el Gobierno peruano y son nada menos que ministros, pero lo menos que se puede decir de estas personas, que figuran en atestados policiales, es que, si siguen el modelo de su admirado Guzmán, fracasarán tanto o más que él y hundirán un poco más al Perú en la desilusión y la miseria. La única revolución - por decirlo así - que ha tenido ‘éxito’ en la historia de América Latina es la cubana de Fidel Castro y sus dos satélites, Venezuela y Nicaragua. El triste espectáculo que hemos presenciado hace algunos días, en casi todos los pueblos de la isla, deja una impresión lastimosa de sus logros, que parecen ser ínfimos, en tanto que millares de familias cubanas se han repartido por Estados Unidos y el resto del mundo (aquí, en España, son innumerables). Y qué decir de Venezuela, el país otrora potencialmente más rico de América Latina, y acaso del mundo, que hoy gracias al chavismo se debate en la miseria más absoluta, y que ha expulsado a cinco millones y medio de venezolanos que se estaban muriendo de hambre. ¿Y Nicaragua? Para hacerse reelegir una vez más, la siniestra pareja que gobierna ese país ha mandado a la cárcel a todos sus adversarios - qué fácil resulta ganar unas elecciones así - y la última de sus víctimas, el escritor Sergio Ramírez, acaba de llegar a España, donde ha declarado, “Es duro tener 79 años y exiliarse de nuevo”. Él es un generoso luchador, ya vivió muchos años de exilio luchando contra la dictadura de Somoza, y una vez más inicia un destierro que ojalá no dure mucho más, ya que serán, es evidente, años de horror y miseria para su desdichado país. El gran problema de América Latina es la corrupción, que tiene su foco en los ministerios y centros oficiales, y que espanta a los mejores latinoamericanos de hacer política, a la que ven cada día con más asco y repugnancia. Y mientras los mejores desdeñen la política se ocuparán de ella los peores, con las consecuencias más temidas. La más grave de ellas es el hambre de las mayorías y las enfermedades que produce, la falta de trabajo, la pésima educación pública y la excelencia de la privada, que abre cada vez más la diferencia entre los pobres y los ricos. Frente a eso no hay revoluciones que hayan triunfado y que respeten la libertad, que es indispensable para atajar la corrupción en su misma mata, y para respirar tranquilo, sin saberse víctima de la noche a la mañana de los atropellos de la arbitrariedad gubernamental. Hay quienes se remontan a cinco siglos atrás, en las fuentes del mal que aqueja a América Latina. Por ejemplo, el presidente de Méiico, que ha pedido a España ‘que pague en efectivo los muchos millones que sin duda costaría la conquista de Méjico’… menudo disparate. La verdad es que la responsabilidad primera del estado de los indígenas de América Latina son los gobiernos que hemos tenido desde la independencia. Todos ellos, sin excepción, han fracasado vergonzosamente en la obligación que tenían de impulsar a los indios de América Latina en su modernización y en su sistema de vida. Ni Méjico, ni Guatemala, ni Colombia, ni el Perú, ni Bolivia, ni Paraguay, han hecho absolutamente nada por sus indígenas que son, como decía José María Arguedas, una “clase cercada” por la ingratitud y el desprecio de los “blancos” y “mestizos”, que han seguido explotándolos y marginándolos. De manera que no es España, que nos dejó esa magia del idioma más vigente en el mundo luego del inglés, y que es el mejor salvoconducto a la modernidad, sino nosotros mismos, los latinoamericanos, los responsables de la triste condición de los indígenas, en todos los países de América Latina, sin una sola excepción” puntualiza la nota. Tiene razón Vargas Llosa en varios puntos, como la marginación ancestral al que son sometidas las masas indígenas por el Estado oficial, los cuales en su desesperación se dejan ganar por los discursos de odio y el resentimiento que propalan políticos demagogos, quienes una vez en el Poder, se olvidan de todas sus promesas y se comportan de la misma manera que aquellos a quienes decían combatir. Peor aún, lo hacen “en nombre del pueblo” - palabreja que les gusta pronunciar repetidamente - por lo cual cometen las mayores atrocidades que uno se pueda imaginar, todo para pretender eternizarse en el cargo y seguir robando a más no poder. Venezuela, Cuba y Nicaragua, convertidos en narcoestados, son un triste ejemplo de ello. En el caso del Perú, tras ‘ganar’ las elecciones del 2021 mediante el fraude, un oscuro individuo - analfabeto mononeuronal para más señas - llamado Pedro Castillo, quien como buen discípulo de Guzmán, quiso indultar “por razones humanitarias” a su idolatrado líder. Es más, su impresentable Primer Ministro, el viejo prostático Aníbal Torres, así lo declaraba públicamente anunciando que tenia listo el documento para ponerlo en libertad, precisamente el 12 de septiembre del 2021, en la que se celebraba el 29 aniversario de su captura. Pero el diablo se les adelanto y se lo llevo al infierno, muriendo el genocida en la víspera en la que se iba a anunciar su liberación. Como podéis imaginar, la muerte de Guzmán causo gran conmoción en Palacio y mientras el Perú celebraba la desaparición del monstruo, Castillo y su familia se refugiaban en su natal Chota, en Cajamarca, donde dieron rienda suelta a su dolor “por tan irreparable pérdida”. Con el paso de los días y ante la imposibilidad de decretar Duelo Nacional con bandera a media asta y darle un Funeral de Estado como era su más intimo deseo, el burro chotano tuvo que rendirse a las intensas presiones que recibió de parte de las FF.AA. que no iban a tolerar semejante espectáculo, por lo que con el dolor de su corazón, decreto que el cadáver de Guzmán sea incinerado sin ninguna ceremonia. Una vez ocurrido el hecho, quedo que hacer con sus cenizas, arrojarlo al mar o entregarlo a ‘la viuda roja’ - o sea la Iparraguirre - que al igual que el muerto, cumple Cadena Perpetua, decidiéndose por lo segundo. De esta manera, desaparecía de la escena pública sin pena ni gloria quien pretendió instaurar un régimen de terror en el Perú y cuya memoria será maldecida por los siglos de los siglos. En cuanto a Castillo, no duro mucho tiempo en el Poder, ya que a los pocos meses, pretendió dar un autogolpe de Estado para hacer realidad los sueños de su mentor, fracasando miserablemente, terminando desde entonces en la cárcel por golpista y ladrón. Si bien Sendero Luminoso ya no es lo que era, aun existen rezagos convertidos ya sea en un brazo armado del narcotráfico o metamorfoseándose como ‘partidos políticos’ de izquierda para seguir teniendo vigencia. Uno de sus máximos logros fue tener a ex-militantes nada menos que como ministros de Castillo. No es de extrañar que tras la caída de ese régimen espurio en diciembre del 2021, pretendieran liderar una asonada terrorista denominada pomposamente como “La Toma de Lima” (?), en complicidad con los parásitos caviares y la prensa basura, quedando sus intentos desestabilizadores desbaratados, volviendo nuevamente a la clandestinidad. Es por ese motivo que a pesar de su derrota, hay que seguir estando alertas para evitar que el monstruo vuelva a levantar su horrible cabeza. (Con las elecciones del 2026 en el horizonte, no se debe perder de vista el riesgo que representaría la participación de un candidato radical que asuma sus demenciales postulados, como ya pronostican interesados “analistas”. Ya sucedió con Castillo y no debe volver a repetirse. Es responsabilidad de los organismos electorales - que deben ser purgados cuanto antes de la lacra caviar - evitar que ello ocurra).
Ocho años gobernando desde la Casa Rosada, otros cuatro presidiendo el Senado de la República y los últimos 20, en definitiva, siendo la dirigente política más relevante de la Argentina, la que atravesó otros liderazgos emergentes que la desafiaron y la que sobrevivió a constantes intentos de desplazarla del centro de gravedad del peronismo. Nadie, hasta el momento, lo ha conseguido en forma permanente y la pregunta que se dispara en el PJ es si el fallo definitivo de la Corte en la causa Vialidad abrirá las puertas a una nueva conducción política en el principal partido de la oposición. Pero Cristina Kirchner no tendría la menor intención de ceder el lugar de privilegio, aun estando presa. El escenario que se configura a partir de la ratificación de la condena en la máxima instancia judicial es, para el kirchnerismo, equiparable al que padecieron el propio Juan Domingo Perón, en 1945, cuando fue apresado en la isla Martín García, y más recientemente Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil. Ambos consiguieron reponerse y tomar el poder nuevamente. Ante una ronda de consultas con dirigentes que interactúan con la expresidenta, así debe comprenderse el llamado al peronismo a movilizarse que hizo desde la sede del PJ, cuando suponía que la resolución de los jueces supremos sería inminente. Pasajes de su discurso, como “esto termina en una gran crisis”, fueron elocuentes. Sin embargo, en el seno del kirchnerismo sobrevuela un fantasma que provoca temor: el de Carlos Menem. La carrera política del expresidente riojano, que como Cristina supo tener el poder en un puño, se eclipsó cuando la justicia lo detuvo por el contrabando de armas y lo confinó a una prisión domiciliaria en la que languideció su estrella política. El paralelismo con el ocaso menemista asoma al kirchnerismo a una cornisa inquietante. De hecho en el peronismo no faltan los que recuerdan que Menem cumplió su prisión domiciliaria en una quinta de Don Torcuato, que le facilitó el inefable Armando Gostanián, algo que podría depararle el futuro inmediato a Cristina Kirchner, pero en Ezeiza o en Tigre. En efecto, la Puerta de Hierro del kirchnerismo radicaría en algún sitio del conurbano bonaerense, justamente el territorio donde la expresidenta buscaba este año ratificar su poderío electoral con una candidatura por la tercera sección. Es ahí donde Cristina Kirchner piensa que se articulará la resistencia a la política económica del mileísmo. Si bien la jefa del PJ irrumpió en la escena nacional desde Santa Cruz, de la mano de Néstor Kirchner, lo cierto es que la construcción de su propio liderazgo tuvo su piedra basal en la provincia de Buenos Aires, en el 2005, cuando derrotó a Hilda Duhalde en las elecciones legislativas. Ese año, el kirchnerismo demolió el interinato duhaldista en el PJ. Curiosamente, o no tanto, porque “la casualidad no es una categoría política”, como dijo Cristina el lunes en el acto del PJ, la interna peronista vuelve a disputarse centralmente en la provincia de Buenos Aires. Allí es donde el gobernador Axel Kicillof, apuntalado por decenas de intendentes que abjuran de La Cámpora, inició un destete del kirchnerismo. Cabe precisar que las sucesiones suelen ser tumultuosas en el peronismo. Desde la muerte del líder natural, los que aspiran a tomar la jefatura del partido - o más ampliamente del “movimiento”- deben asegurarse que su antecesor se convierta en un cadáver político. Las ejecuciones están en la historia: así lo hizo Eduardo Duhalde con Menem y luego lo repitió Kirchner con Duhalde. Pero Cristina Kirchner ya avisó que no piensa entregarse mansamente a ese mecanismo interno: “Soy una fusilada que vive”, se autodefinió en su última aparición pública, como parte de un cuestionamiento a los poderes judiciales y económicos -frente a los cuales construyó su relato político-, en una frase que irradió una lectura intrínsecamente peronista. La expresidenta es, en los hechos, quien más tiempo ostentó la jefatura del peronismo a excepción del propio Perón, pese a que históricamente renegó del sello del PJ hasta que tomó su conducción formal el año pasado. En el partido no faltan los que piensan que lo hizo como parte de una maniobra defensiva, al verse cercada en los estrados judiciales. No obstante, la presidencia de Cristina en el PJ afronta la retracción del kirchnerismo a nivel nacional -como lo demuestran las derrotas electorales de este año- y una radicación prácticamente delimitada al conurbano bonaerense. De ahí que la jefa del partido haya definido una candidatura circunscripta a la tercera sección electoral de la provincia. En el enfrentamiento con el flamante axelismo, que se afinca en la provincia, Cristina Kirchner también actuó como una madre en defensa de su hijo, Máximo Kirchner. El desafío a la conducción de su primogénito en la jefatura del PJ bonaerense es ostensible. Kicillof ya no responde a Máximo y busca que su espacio sea reconocido con entidad propia. Máximo se pegó a su madre en los últimos días. La inminencia del fallo de la Corte obligó a los Kirchner a diseñar desde la estrategia política defensiva -que articularon desde el PJ- hasta cuestiones operativas como dónde radicaría su prisión domiciliaria. Para Cristina no sería una opción continuar en el departamento de su hija Florencia en Constitución. Según se pudo saber, la expresidenta requiere de una suerte de base operativa para continuar ejerciendo la jefatura del PJ, un sitio propicio para el desfile de la dirigencia más que el lugar donde cumplir la condena que ratificó la Corte. Se verá en el transcurso de las próximas semanas el esquema de visitas que le permitirá el tribunal de Vialidad. En el plano político, Cristina Kirchner y su hijo Máximo deberán enfrentar la negociación interna por las candidaturas para la elección bonaerense del 7 de septiembre sin contar con el ancho de espadas que suponía la postulación de la expresidenta. El kirchnerismo no cuenta con un reemplazo de esa dimensión y se agrandan las chances del axelismo y el massismo. Pero, en el fondo, será el panperonismo en su conjunto el que perderá potencia electoral, justo en el distrito que es considerado como el último dique de contención ante la oleada violeta de los libertarios. Sobre todo, tras la caída del macrismo en su bastión de la ciudad de Buenos Aires. Eso podría forzar a otros jugadores, como Sergio Massa, a dar un paso adelante. El exministro de Economía y líder natural del Frente Renovador, aliado al kirchnerismo desde el 2019 luego de haberlo enfrentado durante años, tenía la pretensión de mantenerse este año afuera de la contienda electoral. Aunque la anunciada candidatura de Cristina llevaba consigo la intención de que este la acompañara en la primera sección. Pero las miradas también se dirigirán hacia Kicillof. El gobernador aspira a convertirse en la referencia del peronismo en la oposición al modelo de Milei, un sitial que considera que le viene como anillo al dedo porque su pensamiento económico está en las antípodas del que expresa el Presidente. Los intendentes lo empujan a tomar el centro de la escena. A su vez, los sindicatos - que alguna vez fueron la columna vertebral del peronismo - presentan sentimientos encontrados: están los que se alinean con Cristina e impulsan la convocatoria a un paro general y los que prefieren mantenerse expectantes, como la mesa chica de la CGT, que emitió un comunicado en el que mencionó antes a Lula que a Cristina. Los gobernadores del interior del país, entre los que al PJ no le quedan muchos, están en otra. En las provincias hace rato que aguardan el surgimiento de un nuevo liderazgo alternativo al de Cristina Kirchner que consideran desgastado y de hecho, lo intentó el riojano Ricardo Quintela, pero su armado fue tan endeble que resultó doblegado sin siquiera llegar a disputar la elección interna. Hasta el fallo de la Corte, que la saca de la cancha electoral, Cristina Kirchner usufructuó su potencia en las urnas para conjurar las avanzadas de sus adversarios internos. Y el kirchnerismo se aferró a su falda para copar la parada sin dar lugar a las negociaciones. Pero ese escenario acaba de ser modificado. Aunque el PJ apele a una resistencia incierta. Como podéis imaginar, sus adversarios políticos como el propio Javier Milei celebraron la condena a Cristina al considerar que es el final de una era de oprobio y vergüenza para la Argentina, y no es un acto de persecución como afirman sus seguidores, sino de justicia. No podemos sino estar de acuerdo con esa apreciación. De nada le valió el clásico “victimismo” de la que siempre hace gala la izquierda parásita latinoamericana - con un autoatentado incluido en el caso de Cristina - que esta vez no se salvara de terminar tras las rejas... A la cárcel con ella.
Desde el pasado 30 de mayo, el Museo de Arte de Lima – MALI presenta la exposición Yanantin. Tensiones y equilibrio, bajo la curaduría de Julio Rucabado. Ante todo, cabe precisar que Yanantin es un principio fundamental del pensamiento andino que entiende el mundo como un tejido de fuerzas opuestas y complementarias, las que se buscan, dialogan y se equilibran mutuamente. La presente muestra explora este principio relacional a través del vínculo simbólico entre felinos y serpientes, uno de los temas centrales en el arte precolombino. Los encuentros entre estas criaturas revelan narrativas fundadas en un razonamiento mítico, donde la confrontación, la unión y la integración son parte de un proceso cíclico regenerativo, el mismo que rige sobre los ritmos de la naturaleza y las dinámicas sociales. A pesar de las profundas transformaciones ideológicas provocadas por la imposición y asimilación del pensamiento occidental a partir del Siglo XVI, el imaginario visual sur andino revivió el universo simbólico alrededor de la pareja felino-serpiente, expresando así la vigencia de una milenaria forma de sentir, pensar y actuar en el mundo. En la actualidad, diversas expresiones artísticas recogen dicho simbolismo y la sabiduría ancestral del mundo andino, y los reinterpretan desde una mirada actual. Sus obras invitan a reflexionar sobre la relación con la naturaleza, revalorando las tensiones y diferencias como camino hacia una existencia más consciente, equilibrada y profundamente humana. Siguiendo un sentido cronológico y discursivo, el recorrido entrelaza diversas secciones entre las que destacan: Criaturas híbridas muestra a los seres que fusionan atributos de animales, plantas y humanos; expresiones de lo sagrado y de un universo plural donde los límites son siempre fluidos; Felino atrapa serpiente está dedicado a un repertorio de representaciones enfocado en la lucha entre felinos y serpientes, donde destacan las figuras del hombre-felino y una gran serpiente-felino bicéfala vinculada al arco iris; La vía del chamán reflexiona en torno al rol del curandero como personaje mediador con poderes para comunicarse y atravesar mundos o realidades, a partir de su estrecha relación con las fuerzas de la naturaleza; Relatos bajo el arco iris abordan aquellas narrativas relativas al tiempo de lluvias y las cosechas, incluyendo episodios de unión sexual como preludio a la recolección de los frutos de la tierra; En la sección final, Miradas a través del agua, destacan las expresiones artísticas contemporáneas que visibilizan algunos aspectos simbólicos de los saberes milenarios andinos y amazónicos como formas de entender el mundo que aún persisten en la memoria y el arte. Por cierto, esta muestra es posible, gracias al Museo Larco, colecciones privadas y artistas que gentilmente han cedido sus piezas para esta inédita exposición, que estará abierta hasta el 28 de septiembre.
No cabe duda que en el país andino, los parásitos caviares están desesperados porque se han quedado sin su sagrada ‘mermelada’ , o sea las jugosas “contribuciones” a sus ONG por parte de Open Society Foundation perteneciente al multimillonario judío George Soros, destinada a desestabilizar el orden establecido e imponer el sionismo en el mundo, por lo que han decidido recurrir al politizado y desacreditado Poder Judicial para que deje sin efecto la prohibición dictada por el Congreso, y no se les aplique la ley que las fiscaliza. En efecto, empezó la cuenta regresiva para que ello ocurra, ya que el próximo 29 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima evaluará la acción de amparo que presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) para pedir que no se aplique a ellos la ley que faculta a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El Poder Judicial (PJ) anunció que el recurso presentado por el IDL había sido admitido con una publicación en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) en la que se refería a la norma como la “Ley Anti ONG”, lo que en opinión del abogado Enrique Ghersi pone en tela de juicio la imparcialidad con la que se resolverá esta controversia. “Claramente, se está cometiendo una infracción contra el principio de neutralidad. Se puede entender que la Oficina de Comunicaciones del PJ no es necesariamente el juez, pero sí revela una inconducta muy delicada, porque si esta oficina que habla oficialmente a nombre del PJ califica un hecho, que es materia de un proceso, es claramente una inconducta”, sostuvo el jurista. En tanto, el polémico abogado Carlos Rivera, empleado del IDL, explicó que su organización presentó el recurso porque consideran que la norma es inconstitucional, ya que obliga a las ONG a pedir la autorización de la APCI antes de ejecutar un proyecto, a pesar de que estas entidades son privadas. “Además, prohíbe el litigio (de las ONG) en casos contra el Estado en sede nacional e internacional. Si incumples esas disposiciones habrás incurrido en una falta muy grave y eres pasible de una sanción de hasta 500 UIT”, explicó el susodicho. Sin embargo, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, opina lo contrario. “La ley es constitucional porque no violenta ni restringe los principios y valores contemplados en la Constitución. Además, el Estado tiene como responsabilidad el control y la fiscalización, y esto se justifica porque en los últimos años los fondos provenientes del exterior han sido utilizados de manera contraria u opuesta a lo que fueron asignados a estas entidades”, manifestó. En esa línea, el constitucionalista cuestionó que las ONG usen los fondos de la cooperación internacional para financiar procesos legales contra miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Se trata de una campaña destinada a presentar a estos efectivos como violadores de los derechos fundamentales y perpetradores de crímenes de lesa humanidad, mientras que a los terroristas que ensangrentaron el país los presentan como víctimas, lo cual afecta la imagen del país y además es una persecución innoble contra personas que prestaron un servicio de defensa contra las hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA”, agregó. A su turno, Ghersi consideró que la norma que faculta a la APCI a fiscalizar a las ONG debe aplicarse para asegurar la transparencia de sus acciones y del uso de sus recursos. “Las ONG deberían publicar todo, no solo quien financia, sino también cuánto ganan y a qué se dedican, porque son instituciones que tienen fines públicos y tienen el beneficio de no pagar impuestos. A consecuencia de ese beneficio, están sujetas a una fiscalización más fuerte que una empresa común y corriente”, consideró. El exdirector ejecutivo de APCI, Antonio González Norris, señaló entretanto que el monitoreo de los proyectos que quieran ejecutar las ONG significará un gran reto para la entidad, ya que actualmente no tienen mecanismos para cumplir esas funciones. En esa línea, explicó que aunque la norma está vigente, sus efectos aún no se ven materializados porque la complejidad de las tareas que se asignará a APCI dificultan su reglamentación. “No solo se deberá aprobar el reglamento de la ley (que hasta la fecha no lo hace el Ejecutivo), sino también el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad porque van a tener que incorporar a su estructura orgánica la nueva función que esta ley incorpora”, indicó. Esto también llevará a que se contrate más personal en esta entidad. González Norris se mostró de acuerdo con que la norma obligue a las ONG a registrarse en la APCI para que sean fiscalizadas. Como sabéis, el IDL del judío Gustavo Gorriti, siempre ha estado envuelto en negocios turbios y pretende evitar con esta demanda que el origen de sus dudosos ingresos salgan a la luz. En efecto, los abanderados de la pseudodemocracia están nuevamente en el centro de la polémica, por un caso que se traduciría en lavado de activos. Se ha llegado a conocer que el IDL , encargado de favorecer a los terroristas, caviares e izquierdistas en múltiples indagaciones e investigaciones periodísticas, ha recibido la suma de 10 mil dólares bajo un concepto un tanto curioso: “Seguridad y protección para el periodismo de investigación”. Así lo detalló Contra Corriente, quienes revelaron que la suma exacta de lo recibido por IDL el año pasado en soles es de 4 millones 837 mil 974 y que esta fue dada sin previa fiscalización. El abogado Luis Pacheco Mandujano increpó que estos millonarios ingresos que llegan al IDL por cooperación internacional serían un caso de lavado de activos, actos que hipócritamente, esta ONG, condena enérgicamente.“No pagan ni un sol de impuestos, no quieren que nadie los fiscalice, la Sunat no puede intervenirlos, la UIF está exenta de analizar los movimientos económicos. No sabemos realmente en qué invierten estos ingresos ni de donde provienen. Por eso se oponen rotundamente a la ley que los fiscaliza”, cuestionó el abogado. “¿La protección para el periodismo de investigación es una razón para recibir plata del extranjero y convertirlos en una cooperación internacional? La falta de precisión de los datos nos impide conocer a quien ha contratado (…) esto es clarísimamente un indicio de la conversión y ocultamiento de sumas de dinero que podrían calificar como lavado de activos”, detalló Pacheco Mandujano. Según reveló el programa televisivo, este no sería el único ingreso percibido por esa cuestionada ONG. “Estaría utilizando las necesidades de las comunidades nativas y pueblos indígenas para que esta ‘cooperación internacional’ les siga enviando dinero para financiarse en nombre de quienes dice defender” agregó. Según detalló el reportaje de Willax, el IDL habría recibido la suma de 150 mil dólares por la aparente defensa judicial de derechos indígenas y amazónicos. A ello, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos, Washington Bolivar Díaz aseveró que “IDL y otras ONG lanzan información falsa al mundo para que la cooperación internacional les mande billete y quedarse con ellos. Nunca hemos visto ni recibido un centavo de esas contribuciones que reciben en nuestro nombre” apunto. A estas exorbitantes sumas de cooperación que recibe el Instituto de Defensa Legal, le podemos sumar otra suma de más de un millón de dólares, pues también se percibe otro ingreso por “defender la democracia”, o así dice. Se trata de nada menos que la ‘modesta’ suma de 1 millón 350 mil dólares bajo el concepto de “Fortalecimiento de actores estratégicos para enfrentar riesgos contra la democracia”. A eso, el abogado Wilber Medina respondió fría y directamente que Gustavo Gorriti se estaría haciendo millonario aprovechándose de la necesidad de los peruanos. “Gorriti estaría aprovechándose de la necesidad de los mas desfavorecidos para enriquecerse ilícitamente. Tratando de exhibir las violaciones que, aparentemente, existen, que él las magnifica, para sensibilizar a los europeos y a los americanos y sacarles dinero para su bolsillo”, replicó Medina. Este informe propalado por Willax también detalló la suma que percibió IDL-Reporteros por las tendenciosas “investigaciones periodísticas” que buscan desacreditar a políticos y demás personajes que no son de su agrado. A esos ingresos ilícitos, esta organización ha percibido además la escandalosa suma de 4 millones 857 mil 974 soles solamente el año pasado, situación que llama poderosamente la atención porque obviamente este dinero es de procedencia inmoral. El principal financista, por no decir el único, es esa inmunda rata judía de George Soros y su Open Society Foundation, un despreciable personaje que no tiene ningún reparo moral ni jurídico, debido a que no le ha importado enriquecerse destruyendo organismos como el Banco de Londres o obtener sus ganancias producto de la trata de personas en trabajos forzados en China. Ante estos escandalosos montos de dinero, al IDL se le debe aplicar plenamente la ley que pretende dejar sin efecto con la complicidad del Poder Judicial infestado por los caviares. “Sin embargo, esto es muy difícil, porque este organismo controla la Fiscalía de la Nación desde hace aproximadamente 9 años, utilizándola - como podemos ver por estos días - en atacar reiteradamente al Gobierno de la señora Boluarte con ridículas ‘denuncias constitucionales’ al por mayor sin sustento alguno y que por ese motivo son rechazadas una y otra vez por el Congreso” según contó Wilber Medina. Lo cierto es que esta oscura ONG ha recibido millonarios ingresos que tienen que ser investigados a profundidad, y así determinar que este grupo de aparente ‘defensa legal’ es lo que asevera ser, o es en realidad otra organización criminal como ha quedado meridianamente demostrado... A por ellos.
Desde su independencia en 1821, el país ha tenido cuatro banderas representativas, todas utilizando los mismos colores - rojo y blanco - pero con distintos diseños, siendo la primera la que fue implantada por el Libertador José de San Martin. Cada diseño ha llevado consigo símbolos significativos que representan la lucha por la independencia, la herencia cultural y los valores patrióticos. A través de estas banderas, se puede apreciar la diversidad y la unidad que caracterizan a Perú como nación. La bandera es el símbolo patrio más sagrado que tiene un país. Por ella, varios héroes en la historia han ofrendado su vida en lugar de verla mancillada en manos enemigas. El Perú no escapa a esa circunstancia y durante las Fiestas Patrias es el objeto que más se utiliza para identificar su peruanidad. No solo en el aniversario de la independencia, sino en cuento evento deportivo participe un equipo nacional. Como recordareis, durante el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, se pretendió cambiarla por un trapo colorado similar a la bandera boliviana, recibiendo la propuesta el rechazo unánime de la ciudadanía. Tal como lo mencionamos anteriormente, las banderas del Perú han tenido ciertos cambios, y a continuación os mostraremos las cuatro alteraciones que ha presentado este símbolo patrio ¿Vale?: 1.- Primera bandera del Perú (1821-1822). Esta fue fue diseñada por el propio Libertador José de San Martín, siendo utilizada al momento de proclamar la independencia el 28 de julio de 1821, aunque su oficialización se hizo el 21 de octubre de ese mismo año, mediante un decreto. El diseño tenía dos líneas diagonales, las cuales a su vez forman cuatro triángulos: dos rojos a los lados y dos blancos arriba y abajo. En el centro está el primer escudo del país, que era un laurel en forma de círculo que rodeaba al mar, las montañas y el sol. El motivo del diseño aún no es claro, pero según el relato “El sueño de San Martín”, escrito por Abraham Valdelomar, se sabe que el Libertador tras desembarcar en Paracas, vio en sus sueños “una bella bandera, sencilla y elocuente”, la cual simbolizaba la libertad e independencia de Perú. Y al despertar, logró ver una bandada de flamencos que llevaban los mismos colores, las cuales serían los pabellones de la nueva nación; 2.- Segunda bandera del Perú (1822). Como habéis notado, la elaboración de la bandera anterior resultó ser bastante complicada no solo de reproducir, por lo que para mejorarla se rediseñó de la siguiente manera. Tres franjas horizontales: dos de color rojo a los extremos y una blanca en medio, con un sol rojo en el centro, terminó siendo el nuevo diseño. La oficialización de esta nueva bandera, que mantuvo el color rojo y blanco, fue el 15 de marzo de 1822, cuando gobernaba José Bernardo de Tagle; 3.- Tercera bandera del Perú (1822-1825). Cabe precisar que José Bernardo de Tagle, fue el marqués de Torre Tagle y Supremo Delegado en reemplazo interino de José de San Martín y luego de modificar la bandera se dio cuenta de que esta era confundida con la bandera de España desde la lejanía lo cual al estar en guerra con ella era peligroso, porque los ejércitos se podían confundir. La solución que dio de Tagle, fue cambiar las franjas a su forma vertical. La oficialización de este nuevo modelo fue hecha el 31 de mayo de 1822. “La bandera de los buques de guerra, plazas marítimas y sus castillos, será de tres listas verticales o perpendiculares, la del centro blanca y las de los extremos encarnadas, con un sol también encarnado sobre la lista blanca”, se leía en la ley de aquel entonces; 4.- Cuarta bandera del Perú (1825-hoy). La última modificación fue creada por la ley del Congreso Constituyente del 25 de febrero de 1825. El diseño de modo general se mantuvo, esto incluye los colores (rojo y blanco) y la forma (vertical). La única modificación que se hizo fue en el escudo. “El pabellón y bandera nacional se compondrán de tres franjas verticales, las dos extremas encarnadas, y la intermedia blanca, en cuyo centro se colocará el escudo de las armas con su timbre, abrazado aquel por la parte interior de una palma a la derecha y una rama de laurel a la izquierda entrelazadas”, indicaba esta ley de símbolos patrios en aquel entonces. Por cierto, en el año 1950 se realizó una última modificación durante la dictadura de Manuel Odría, pero no hubo ningún cambio de diseño. El anuncio oficial consistió en dejar que el escudo aparezca de manera obligatoria en las banderas y que solo figuren en el pabellón y las ceremonias oficiales e instituciones estatales. ¿Qué significan los colores en la bandera de Perú?. En la bandera, el color rojo simboliza la valentía y la sangre derramada por los héroes de la patria en su lucha por la independencia. Representa el coraje y el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y la justicia. Por otro lado, el color blanco representa la pureza de los ideales y la paz. Simboliza la transparencia, la unidad y la integridad de la nación peruana. Juntos, el rojo y el blanco en la bandera nacional representan los valores fundamentales y el espíritu de la nación. Finalmente, en cuanto a la celebración del Día de la Bandera, se debe a la Batalla de Arica, un evento clave de la Guerra del Pacífico. Esta fecha oficializa la memoria de la gesta heroica de los soldados peruanos, especialmente Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, quienes defendieron el territorio y la bandera peruana hasta el último momento. Desde entonces, cada 7 de junio se realizan ceremonias y actividades en todo el país para recordar la Batalla de Arica y la importancia de la bandera como símbolo nacional. Fue recién en el 2024 cuando la fecha fue declarada feriado nacional, con el objetivo de conmemorar la valentía de los soldados peruanos y de rendir homenaje a su sagrado símbolo patrio.
Venga ya, la justicia caviar sí que es selectiva en el país andino, que puede resumirse en una cínica frase: “Para mis amigos todo. Para mis enemigos la ley” convertida en su guía máxima. Pero cuando se trata de sus adversarios políticos allí si que es diligente para perseguirlos a pesar de no tener prueba alguna de los hechos que les imputa, y sus acusaciones solo se basan en dichos y opiniones sesgadas de la prensa basura, que autoerigido en el “supremo juez” los condena de antemano con sus nauseabundas campañas mediáticas sin proceso alguno. Sin embargo, cuando se trata uno de los suyos, actúa con guantes de seda, esperando que pase el tiempo para que sus delitos prescriban y ni siquiera lo disimula. Allí tenemos por ejemplo el caso del miserable lagarto Martin Vizcarra, el cual a pesar de estar involucrado en sonados casos de corrupción no es molestado y mucho menos han pedido prisión preventiva en su contra para evitar su fuga. Es más, este vil sujeto insiste en querer ser candidato en las elecciones del 2026 a pesar que ha sido inhabilitado por el Congreso. Ahora se dice que piensa asilarse en Bolivia como “perseguido político” (?) si es procesado. Otro caso similar era de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuyos delitos han sido cometidos hace varios años - incluso ha confesado públicamente en mayo del 2019, que recibió millones de Odebrecht para su campaña del NO a la Revocatoria - pero sospechosamente solo ha estado breves días con arresto preventivo, saliendo de la prisión afirmando que tenía “una enfermedad incurable” que resulto no ser cierto. Pero a pesar de descubrirse el burdo engaño no volvió a la cárcel, por lo que la muy sinvergüenza se daba la gran vida creyéndose intocable al sentirse ‘blindada’ por la fiscalía caviar. Pero su juego se acabo. En efecto, tras una larga espera, se ha establecido fecha para su juicio por los aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas. Sin embargo, de una forma por lo demás escandalosa, el proceso oral recién se iniciará en septiembre; es decir, luego de varios años de dilación, lo que no es en modo alguno razonable, ya que le está dando tiempo para escapar del país. La fiscalía, para disimular su complicidad, ha pedido adelantar esa fecha y ha observado que, si se realizasen audiencias diarias, podría emitirse sentencia en solo un año. Pero ha olvidado mencionar que la sospechosa demora para llegar a este punto es exclusivamente responsabilidad suya. A su turno, el presidente de la Corte Superior Nacional, Jhonny Contreras, ha señalado que si bien tal adelanto podría producirse si el Tercer Juzgado Penal Colegiado lo considerase conveniente, las audiencias solo tendrían lugar dos o tres veces por semana. El plazo entonces no será precisamente breve; sobre todo si consideramos que, tras la sentencia en primera instancia, vendrá con seguridad una apelación y, eventualmente, algunos otros recursos que podrían prolongar aún más la acción de la justicia hasta las calendas griegas. Por cierto, los testigos llamados a participar en el juicio, son cerca de 500, por lo que su juicio será interminable. Como recordareis, el controvertido fiscal José Domingo Pérez, ha pedido para la exalcaldesa 29 años de prisión por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Específicamente, se la acusa de haber lavado más de US$11 millones de las ya mentadas constructoras brasileñas y de la peruana Graña y Montero a través de sus campañas contra la revocatoria (2013) y por la reelección (2014). Según el Ministerio Público, los aportes de esas empresas habían sido parte de un acuerdo para ser favorecidas luego desde la Municipalidad de Lima. Ciertamente no todos los cargos son igualmente sólidos y la suerte que correrán en el juicio quizá sea diversa, pero lo particular de toda esta situación es que la propia Villarán ha admitido haber recibido los aportes en cuestión. Aunque ella y su defensa alegan que aquello “no constituyó delito”, la posibilidad de que consiga hacer prevalecer tal tesis luce remota. La insistencia en que ese dinero sirvió para financiar las ya referidas campañas y no para beneficiarse económicamente en lo personal resulta baladí, ya que de cualquier forma fue una contraprestación ilícita a cambio de un beneficio. El ámbito en el que este se materializó carece de importancia. La claridad de la situación, a decir verdad, debería determinar que el juicio oral a la exalcaldesa de Lima no se extienda adrede por la fiscalía que ya no sabe cómo seguir protegiéndola y que de ser posible, su inicio debe ser adelantado para que sea ejemplarmente condenada cuanto antes por sus delitos. No cabe duda que su estrategia para el juicio que enfrentará está clara: mostrarse como una incompetente, pero no como corrupta. En las manifestaciones que dio a la Fiscalía no reconoce delito, pese a haber aceptado los millonarios aportes de Odebrecht y OAS. “No he ordenado, no he concertado, no he instruido, no he participado en ninguna acción contraria a la ley que vaya en detrimento del erario público y de la población de Lima Metropolitana a la cual he servido como alcaldesa. Por lo tanto, en relación con los hechos imputados me declaro inocente”, sostuvo por ejemplo el jueves 10 de diciembre del 2020. Se trataba de su primera manifestación fiscal tras salir de la cárcel. Hasta esa fecha, Villarán había sido interrogada tres veces por el Ministerio Público, una en diciembre del 2017 y dos en el 2018. Y, a pesar de que el equipo liderado por Vela le consultó si alguna compañía había financiado sus campañas del No a la revocatoria o para su reelección, esta había negado cualquier posibilidad. Lo que le hizo decir la verdad ante la prensa, y no ante la Fiscalía, fue el pronunciamiento del delator Jorge Barata en abril del 2019. En un demoledor testimonio desde Brasil, el exsuperintendente de Odebrecht reveló a los fiscales peruanos que la constructora desembolsó US$3 millones para financiar las actividades proselitistas de Villarán en el 2013 por la revocatoria y US$1’193,000 para la reelección en el 2014. Barata no solo dio la cifra; también detalló que el acuerdo se cerró con el gerente municipal José Miguel Castro. Es más, fue Castro el que llamó al empresario para rogarle el apoyo económico, que fue aceptado en una reunión presencial en donde - de acuerdo con la acusación penal - Villarán de la Puente se unió al pedido a través de una llamada telefónica. El abono, eso sí, no sería por buena voluntad. El exejecutivo brasileño dijo que el pacto fue para conseguir a cambio el contrato de concesión de los peajes de Rutas de Lima. Para la reelección, Odebrecht cedió también. Con OAS hubo un acuerdo similar, según la acusación fiscal. Para aplicar una adenda al proyecto Línea Amarilla, que permitió ampliar el cobro de peaje de 30 a 40 años, la empresa no solo entregó US$3 millones para la campaña del No, sino que desembolsó otros US$4 millones para la reelección de la exalcaldesa. Pese a las evidencias y a su confesión previa, la exburgomaestre ahora niega un intercambio de favores. Señala que cometió un error, pero que no incurrió en delito. La actitud de Villarán, en realidad, es una estrategia legal, una que le ayude a evitar los 29 años de cárcel que pide la Fiscalía contra ella. En todas las diligencias en las que participó, la exautoridad edil ha señalado que, luego de usar los aportes, “nunca supo o no recordaba de alguna modificación en los contratos que mantenía la municipalidad con OAS y odebrecht” a pesar de que s documentos llevan su firma. En todo momento, aseguró que esas gestiones técnicas estaban “en manos de funcionarios técnicos”. Por ejemplo, en su declaración de octubre del 2022, dijo que, luego de superar la revocatoria, “no se enteró de que en el 2013 su gestión había tratado el reajuste de la tarifa del peaje de la Línea Amarilla, obra de OAS”. Señaló que esa era función de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). No era un precio cualquiera. La Contraloría advirtió que la compañía generó S/20’739,527 de ingresos adicionales con ese cambio de monto, gracias a Villarán, quien cínicamente declaró:“Debe ser debatido si es legal o no es legal el reajuste de la tarifa del peaje (…) esos aspectos técnicos financieros son responsabilidad de la GPIP y de Invermet”. Todo apunta a que la acusada alegará en el juicio, “que fue incompetente, por no saber qué hicieron sus subordinados, mas no corrupta”.Pero la condena contra el expresidente Ollanta Humala puede definir su futuro. Los jueces ya concluyeron que el dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht, de donde salieron los recursos para la campaña del No, es fuente ilícita. Cuando admitió en el 2019 que sabía de los aportes de las empresas brasileñas, Villarán aseguró que aceptó el dinero porque no quería ceder el poder a la “mafia política” que la quería sacar del cargo y que “no quería liberarse de las ganancias que les daba el gobierno de la ciudad”. Sin embargo, permitió que otra mafia de intereses se hiciera con el dinero de los limeños, por lo que no puede clamar inocencia de ninguna manera. A la cárcel con esta garrapata caviar y que se pudra en prisión.
