Con un rechazo ciudadano cercano al 90% en las encuestas, al régimen filosenderista de Pedro Castillo no se le ha ocurrido mejor “ideota” que tratar de hacer realidad uno de sus disparatados sueños, como es la llamada Asamblea Constituyente con el objetivo de implantar el comunismo en el Perú. En efecto, primero fue la bancada oficialista - aprovechando el malestar social y la crisis que golpea los bolsillos de un gran sector de ciudadanos, generado debido a la incapacidad e improvisación de Castillo para gobernar - quien pretende empujar el llamado de una asamblea que cambie la Constitución Política de 1993. Por eso presento un antidemocrático proyecto de ley para que el Congreso autorice a ese oscuro individuo la convocatoria de una elección de 300 miembros que conformen esta “asamblea popular”, la cual funcionaría en paralelo al actual Parlamento y cuyos integrantes se elegirían a dedo por las cúpulas sindicales vinculadas a Sendero Luminoso (de la cual forma parte Perú Libre), lo cual por cierto no representa una genuina democracia, sino que son cascarones que representan a intereses de regímenes totalitarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela; Posteriormente el mismo Castillo- siguiendo el libreto escrito por Vladimir Cerrón, para quien por cierto la DINCOTE ha solicitado su detención por sus comprobados vínculos con el terrorismo - ha anunciado este viernes en el Cuzco, que enviara al Congreso un proyecto de ley para que se realice un referéndum sobre nueva constitución, el cual se consultaría durante las próximas elecciones municipales y regionales. Según Aníbal Torres y otros integrantes del régimen que apoyan esa absurda iniciativa, Castillo no puede cumplir sus promesas marxistas-leninistas de campaña “porque no se lo permite la actual Carta Magna”. Es obvio para cualquier analista llegar a la conclusión que el caos ocasionado por la corrupción estatal a todo nivel, la imparable alza de precios del combustible y de los alimentos, la violenta toma de carreteras por grupos terroristas afines al régimen y el desgobierno generalizado que se vive en el país andino por culpa exclusiva de un analfabeto, son ahora el pretexto para responsabilizar al sistema y pedir una Asamblea Constituyente, la cual sería usada por el poder de turno para perpetuarse en el poder, que ha sido el objetivo buscado desde el primer momento por Castillo y su banda delincuencial. Lo patético de todo ello es que ni siquiera es original, ya que el malhadado proyecto en cuestión es simplemente un calco y copia implantado en Bolivia por el narcopedófilo Evo Morales. Cierto es que el régimen con sus operadores ideológicos en el Ejecutivo, el Legislativo y en las regiones no necesita en estricto de una nueva Constitución para lograr objetivos políticos progresivos. Lo han venido haciendo desfigurando el Estado de Derecho, aunque siempre tratando de provocar el “momento constituyente” que replique lo que por ejemplo está ocurriendo en Chile con la Convención hegemonizada por las corrientes estatistas de izquierda, como pretende Castillo. A la fecha, las encuestas muestran que la casi totalidad de los peruanos quiere su renuncia o que sea vacado por el Congreso, no otra Carta Magna, y encima de corte comunista. Pero de lograr su propósito esos delincuentes que usurpan el poder, incitar y activar un proceso claramente ilegal e inconstitucional - incluso vía desafíos violentos coordinados en las calles con miles de indios bajados de los cerros desatando el terror - en el que el Congreso se rinde ante la presión, mas aun con los “topos” de APP y PODEMOS, mas los “niños” de Acción Popular que les de la mayoría que necesita para sacarlo adelante, ese escenario le da el marco conveniente para distraer con mayor efectividad los afanes ideopolíticos, el plan autoritario y el obvio desfalco impune de los recursos públicos como los que se está presenciando por parte de Castillo y sus secuaces. Nada entretendría más a la población, a los políticos y a los medios funcionales que una polarizante Constituyente convertida en conflicto dominante sobre otras tensiones desplazadas que van dejando así de amenazar la sobrevivencia del régimen. Como sabéis, los grupos de corte antisistema y extremista en el Perú - no pocos de ellos han actuado por años dentro del sistema para socavarlo - han tenido como objetivo supremo “refundar” el país vía una Asamblea Constituyente. Aquello fue su constante ilusión, lo que les quitaba el sueño. En paralelo pugnaban por llegar al gobierno central. Ya habían previamente logrado algunos acceder a instituciones del Estado como alcaldías y gobiernos regionales (donde rompieron las normas todas vía suculentos negociados y montando ensayos de microdictaduras contra sus antagonistas políticos y periodísticos). Pero el anhelo de proyectarse políticamente a escala nacional, más allá de unas simples curules parlamentarias, se empollaba pacientemente. Era obvio que el estresante proceso político del 2021, el cual les daba la posibilidad de hacerse del timón gubernamental, los elevara un peldaño más en la escalera al éxito del poder permitiéndoles “removerlo todo” para “refundarlo todo e instaurar en el Perú una república popular de nueva democracia” como era el deseo del genocida senderista Abimael Guzmán Reynoso, del cual Castillo es su más ferviente discípulo. Al llegar al Ejecutivo - y complementando su base congresal y social - el afán constituyente buscaría instalarse como el conflicto mayor, superior que desplazaría cualquier otro tipo de tensión que intentara hacerle competencia. Así, impulsado por sus pseudoconstitucionalistas ad hoc, sus pseudoanalistas y su inmunda prensa oficialista, se distraería a una población urgida por ver una solución a sus problemas más inmediatos: las consecuencias de la terrible crisis sanitaria y el entrampamiento económico. ¿Qué más crucial que esos dos problemas nacionales? ¿Acaso la redacción de una “nueva Constitución” en realidad innecesaria los solucionará discursiva y mágicamente? De ningún modo. El plan es en verdad antiliberal, profundamente estatista dentro de un proceso “revolucionario” que se impulsa con un pie en la presidencia y otro en la violenta conflictividad social (la arremetida contra las inversiones mineras que se ve por estos días es solo la punta del iceberg, luego seguirá la agroindustria y posteriormente los medios de comunicación). Es la búsqueda del poder hegemónico, el control del Estado es lo que los mueve y les quita el sueño. La confrontación, los encarnizados debates previos, y de concretarse la famosa “Asamblea Constituyente”, no solo distraerá y tapará la enorme incompetencia de gestión pública, sino sobre todo la hipercorrupción descentralizada de la que será víctima - otra vez pero en mayor dimensión - el contribuyente peruano. A la par de la conocida cantaleta por una “nueva Constitución”, el impulso de un proyecto vertical y progresivo, gradualmente autoritario contra las instituciones republicanas y las libertades que pone en riesgo el futuro político del país. Es por ello imprescindible oponerse con mayor energía a esos oscuros propósitos, expulsarlos del poder y castigar ejemplarmente a Castillo y esa lacra criminal por el gravísimo daño que están causando al Perú... A la cárcel con todos ellos :)
No podíamos dejarnos de ocupar en esta ocasión de lo sucedido en el complejo arqueológico de Kuélap, perteneciente al antiguo reino de los Chachapoyas - ubicada en la cima de los andes amazónicos nororientales del Perú - donde partes de su muro perimétrico se desplomaron estruendosamente, producto de décadas de abandono en el que se encuentra. Cuando la visite hace un tiempo ya eran visibles las huellas de su deterioro, pero aparte de haber instalado el teleférico para llegar hasta allí, no se ha hecho prácticamente nada por restaurar sus murallas y he allí el resultado. Por eso, las imágenes del desastre ocurrido hace unos días son sin lugar a dudas desoladoras. Ello, toda vez que lo que se derrumba no son solo piedras, sino principalmente retazos de historia de una estructura milenaria que los antiguos Chachapoyas erigieron y que cayeron debido en buena cuenta a esa mezcla de desidia e indolencia de las autoridades peruanas. A estas alturas, muchos ya hablan de una tragedia nacional, pero es innegable que cuando se deja morir una edificación de este tipo el que pierde es la humanidad en su conjunto. Y no deja de ser una desdicha para ella que un país al que la historia le legó tanta riqueza se haya mostrado, al mismo tiempo, tan incapaz para gestionarla. Obviamente, sería exagerado atribuirle únicamente la responsabilidad de este desastre al régimen filosenderista de Pedro Castillo. El abandono en el que se encuentra Kuélap bien podría considerarse un distintivo que comparte con sus predecesores y que alcanza a muchísimos otros monumentos repartidos por todo el país, desde edificaciones prehispánicas hasta casonas coloniales. Sin embargo, hay que anotar que varias voces venían advirtiendo desde el año pasado que podía ocurrir en Kuélap, lo que finalmente sucedió y que la respuesta del régimen tanto antes como luego de la tragedia ha sido nula. Pero no parece gratuito que los derrumbes ocurridos en Kuélap estén teniendo lugar durante una administración que mostró su desprecio hacia la cultura prácticamente desde su primer día. Si bien podemos hacer una excepción con Ciro Gálvez, quien quiso revalorar el legado indígena, pero lamentablemente su labor se trunco debido a su rápida salida del cargo por presiones de los caviares dejados de lado que querían a uno de sus parásitos en ese puesto para seguir disfrutando de las gollerías a los cuales creen tener derecho, lo que llevó a la renuncia de varios profesionales que venían laborando en la entidad que se encuentra a la deriva. La situación no ha mejorado ahora, cuando el cargo ha pasado a Alejandro Salas, un sujeto más preocupado en defender a Castillo y al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, antes que en evitar que el patrimonio cultural peruano se caiga a pedazos. Salas, como recordareis, fue uno de los integrantes del equipo ministerial que más fervientemente defendió la legalidad y la pertinencia del toque de queda para Lima y el Callao decretado por el régimen el pasado martes 5 de abril (“los que ayer reclamaban principio de autoridad parece que hoy extrañan el caos; tenemos que poner orden en el país”, afirmó). Y luego, cuando la protesta se encargó de dejar sin efecto la disposición del Ejecutivo, no tuvo mejor idea que halagar de la forma más rastrera a Castillo, convirtiéndose en su escudero incondicional en vez de ocuparse de los asuntos para lo cual fue nombrado como ministro. Como sabe cualquier observador mínimamente informado, no obstante, si el toque de queda quedó sepultado ese día fue por el peso de los hechos, no por el criterio de un oscuro individuo que, para variar, se retiró presuroso de una sesión parlamentaria anunciando que firmaría un decreto que nunca apareció. Salas, ahora ha culpado hipócritamente del desmoronamiento en Kuélap a “años de desidia, expedientes truncos y consultorías de humo” y, fiel a la narrativa del régimen, ha afirmado: “La argolla se acabó”. Si este tipo quiere desempeñarse como defensor de lo indefendible, apañando las burradas de Castillo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero lejos del cargo que hoy ocupa. El Perú, sus ciudadanos y sus antepasados, no merecen a un ministro que se pasa más tiempo justificando los excesos de un analfabeto antes que cuidando un patrimonio que se viene a pique frente a sus propios ojos, lo cual indudablemente es un delito de lesa cultura. Lo único que acaban de hacer para hacer creer a los incautos que se preocupan por su situación, es “declararlo en emergencia” cuando irónicamente ya lo está desde el 2003 y nada se hizo desde entonces para protegerlo. Obviamente el Congreso debería tomar cartas en el asunto y sancionar ejemplarmente a los responsables ¿Pero lo hará? A que no :(
