Durante diez largos años en el control del poder del Estado en el Perú (1990 - 2000), Kenyo Fujimori fue un consumado terrorista ya que como recordareis, si bien fue elegido democráticamente en unas cuestionadísimas elecciones - donde la infame guerra sucia desatada a todo nivel contra el candidato conservador Mario Vargas Llosa y promovida por el corrupto gobierno del bufón aprista Alan García le facilito el triunfo - cobarde y ambicioso como siempre fue, no tardo mucho para dar un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, instaurando una sangrienta dictadura, so pretexto de ‘luchar’ contra el terrorismo que imperaba por aquel entonces. Ya desde el primer minuto de su mandato, al jurar su cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio de 1990, de hecho asumió como suyo la política de terrorismo de Estado que por espacio de una década habían desarrollado Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez (1985-1990) en el enfrentamiento y la persecución de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA (de inspiración aprista) que realizaban acciones terroristas en todo el país y que competían en realizar monstruosos crímenes, mientras las llamadas ‘fuerzas del orden’ no se quedaban atrás en su salvaje represión. Ya en diciembre de 1982, cuando Belaúnde Terry ordenó el ingreso ‘oficial’ de las Fuerzas Armadas a la lucha antisubversiva, el entonces comandante general Luís Cisneros Vizquerra había anunciado que “... para eliminar tres o cuatro senderistas, habría que matar por lo menos a 50 personas inocentes” y fue precisamente lo que hicieron de una manera sistemática, acentuando lo que ya estaba en marcha desde hace rato. Como sabéis, en la concepción de guerra antisubversiva de la oficialidad peruana y latinoamericana (entrenados por la CIA en la tristemente célebre Escuela de Las Américas, ubicada en Panamá), esos eran los métodos a ser empleados para combatir no solo a los terroristas, sino a todos aquellos que con sus protestas y movilizaciones se atrevían a cuestionar el status quo. Eran lecciones bien asimiladas en una región bajo feroces dictaduras instauradas en los años 70 en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, todas ‘coincidentemente’ siguiendo políticas neoliberales y fieles - cual perros falderos - a Washington. De otra parte, Fujimori, un advenedizo y mediocre profesor de una oscura universidad estatal, quien apenas logró ganar las elecciones presidenciales de 1990, sin proyecto político ni programa alguno ‘gracias’ al invalorable apoyo del gobierno aprista, lo primero que hizo fue estrechar sus lazos de amistad y colaboración con un ex capitán, expulsado del Ejército por Traidor a la Patria, agente de la CIA y abogado Vladimiro Montesinos, un siniestro personaje de la mafia, bastante conocido en los círculos de poder civil y militar. Entre la primera y segunda vuelta electoral de aquel año, este impresentable sujeto se había convertido en asesor legal del candidato Fujimori y, desde luego, en el mejor informante e intrigante sobre las cuestiones de poder y el aparato del Estado en el Perú. Luego de vencer a Vargas Llosa en el ballotage de junio de 1990, Fujimori convirtió a Montesinos en su ‘asesor’ de mayor confianza; ya no se trataba de papeleos en medios judiciales y administrativos para resolver problemas legales sino, sobre todo, de ilustrarlo sobre los entretelones y misterios del poder político y en particular acerca de la guerra interna en la que se encontraban enfrentados el terrorismo subversivo de Sendero Luminoso y del MRTA con el terrorismo de Estado llevado a cabo por las llamadas ‘fuerzas del orden’. Como ya se ha mencionado, dichas acciones fueron sistemáticas y continuadas durante los gobiernos de Belaúnde Terry y de Alan García. En el primer caso, en diciembre de 1982 Belaúnde delegó amplias facultades al Comando Conjunto de las fuerzas armadas para intensificar ‘la lucha contrasubversiva’ sin ningún plan de acción de por medio que podría haber sido discutido y aprobado en un Consejo de Ministros; se prefirió que las fuerzas armadas tuvieran toda la autonomía posible en los diferentes teatros de operaciones en los Andes comenzando por la región de Ayacucho; en función de esta ‘autonomía’ se debían constituir los comando político-militares; el tristemente recordado general del ejército Clemente Noel fue designado como jefe del comando político-militar de Ayacucho, teniendo 2 mil soldados bajo su control. De inmediato, entre fines de diciembre del 1982 y principios de enero del 1983, desde el cuartel “Los Cabitos” se dio paso a la captura indiscriminada y matanza masiva especialmente de campesinos de diferentes localidades y distritos de los Andes, quienes bajo la falaz acusación que eran ‘cómplices’ de los terroristas, fueron ametrallados indiscriminadamente y sus cuerpos arrojados al abismo, donde luego eran volados con explosivos para ‘asegurarse’ de que estén muertos, siendo posteriormente enterrados en fosas comunes, acciones que fueron permanentes y duraderas en los meses y años siguientes. Otros infelices tuvieron menos ‘suerte’ ya que luego de ser torturados brutalmente en dicho cuartel para que confesaran sus ‘delitos’, eran arrastrados aun vivos a los hornos crematorios y sus cenizas arrojadas al río. Ni sus restos quedaron para que le lloren sus familiares. Estas historias de horror están plenamente registradas en el informe presentado en el 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que dio cuenta de estos abominables crímenes cometidos por las llamadas ‘fuerzas del orden’ y que en la mayoría de los casos, han quedado sin castigo. En esas circunstancias ocurrió el asesinato de periodistas en Uchuraccay en 1983, hecho trágico que quienes lo cometieron, hicieron recaer la responsabilidad sobre los campesinos de la zona. Otros asesinatos y masacres en masa fueron por ejemplo los de Totos, Soccos, Putis; en el transcurso de 1983 y 1984 se multiplicaron las declaraciones de estado de emergencia en zonas rurales y urbanas; en seis ocasiones se declaró estado de emergencia nacional. En esas mismas circunstancias se hicieron crecientes las violaciones de los derechos humanos especialmente en el mundo rural; ya en mayo de 1983 se declaró el estado de emergencia nacional en Lima y el Callao, precipitada en cierto modo por una huelga policial y por los sabotajes de Sendero Luminoso mediante el derribo de torres eléctricas de alta tensión. Está de más recordar, a pesar de muchas denuncias, la indiferencia con que el Ejecutivo y el Congreso observaban estas muertes y desapariciones masivas de civiles, a manos ya sea del ejército y la policía. “Ellos se lo buscaron, para que son indios” respondían cuando se les preguntaba por esas atrocidades cometidas, se puede leer en el citado informe de la CVR. Cuando Alan García asumió el poder en 1985 - populista y demagogo como siempre - ‘prometió’ asumir la dirección política de la lucha antisubversiva y subordinar bajo su mando a las fuerzas armadas pero, en la practica fue continuador de la política de exterminio impulsado por su antecesor; Ello explica que apenas instalado en el gobierno ocurrieran la masacres del pueblo de Cayara en agosto-septiembre de 1985 y, posteriormente, las de Pucayacu, Acomarca y otros lugares. Pero lo peor ocurrió en junio de 1986, cuando en Lima tenía lugar un Congreso de la Internacional Socialista, los presos senderistas que se amotinaron en varios penales fueron masacrados por las FF.AA. que actuaron con la mayor salvajismo posible, quienes lo hicieron bajo las ordenes del propio García Pérez, el cual se convirtió en el máximo responsable de aquel genocidio: mientras que en los penales de Santa Bárbara y Lurigancho fueron ejecutados sumariamente 127 presos rendidos, en el penal del Frontón, 111 internos desarmados corrieron igual suerte; todos estos casos de matanzas extrajudiciales, tienen que haber sido conocidos por el electo Fujimori gracias a las oportunas informaciones que le proporcionaba Montesinos. En consecuencia, al entrar a Palacio de Gobierno en julio de 1990, Fujimori contaba con los todos los elementos de juicio suficientes para establecer relaciones con el Comando Conjunto de las FF.AA. respecto de la lucha ‘antisubversiva’, continuando sin modificación alguna la política del terrorismo de Estado. Montesinos dirigía en los hechos el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y era quien seleccionaba a los oficiales de las FF.AA. que debían asumir responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos. Las masacres colectivas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y los secuestros en todo el país seguían ocurriendo de manera cotidiana, ya no solo por las llamadas ‘fuerzas del orden’ sino también por comandos paramilitares creados por Montesinos con la aprobación y conocimiento de Fujimori. Es bueno recalcar que estos grupos clandestinos ya existían durante el régimen aprista (Comando Rodrigo Franco) pero fue durante el fujimorismo cuando alcanzaron un siniestro protagonismo. En noviembre de 1991 tuvo lugar la matanza de Barrios Altos, cuando agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) asesinaron a balazos a 15 personas, habiendo sobrevivido otras 4 personas pero quedando gravemente heridas; se trataba de una fiesta entre vecinos de una quinta en el Jr. Huanta; aparte de las 33 balas que acabaron con tantas vidas, en el lugar de los hechos se encontraron 130 casquillos. Ocurre que, según investigaciones posteriores, el crimen ocurrió por órdenes directas de Vladimiro Montesinos y por encargo del propio Fujimori, quien felicito a los asesinos - liderados por el mayor Santiago Martín Rivas - a quienes condecoro y ascendió al grado superior ‘por su encomiable labor a favor del país’ según el mismo reconoció posteriormente. Fue el bautizo de sangre del Grupo Colina. También, este despreciable sujeto fue quien ordenó y dirigió la matanza en el penal Castro Castro en mayo de 1992, es decir, a pocos días del autogolpe que dirigieran él mismo junto a Montesinos el 5 de abril de ese año, que contó con el respaldo abierto y activo del Comando Conjunto. Fujimori dirigió personalmente las ejecuciones de los senderistas, lo hizo desde Palacio y por momentos desde un helicóptero, fueron acciones planificadas para estas nuevas violaciones a los derechos humanos considerados como delitos de Lesa Humanidad. Más tarde, en julio de 1992 ocurrió la masacre de La Cantuta; un profesor universitario y 9 estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el Grupo Colina; en la madrugada del 18 de julio miembros del SIE así como la dirección de inteligencia del ejército recibieron la orden de intervenir la residencia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta; entre los que dirigían dicho grupo estaban Santiago Martín Rivas como jefe de operaciones, Vladimiro Montesinos como cabeza del SIN y ‘asesor’ de Fujimori. Estas sangrientas acciones ocurridas entre julio de 1990 y julio de 1992, constituyeron la primera etapa del fujimorismo en el poder implementando el terrorismo de Estado a gran escala a manera de prólogo de lo que sería la continuación de esta política criminal hasta la ignominiosa caída del propio Fujimori y Montesinos a fines del año 2000. En efecto, demostrando una cobardía absoluta, tras darse a conocer un Vladivideo que desnudo meridianamente la putrefacción moral de su régimen asesino, el propio dictador en un ridículo acto de desesperación, asalto la casa de su ‘asesor’ - ya huido previamente - llevándose consigo 70 maletas llenas de comprometedores videos y junto con todo lo que pudo robar de Palacio en ese momento, partió inmediatamente al Japón abandonando a sus hijos a su suerte, y una vez llegado a su destino, renuncio vía fax a la presidencia, creyéndose estar a salvo de la justicia. Pero vaya que se equivoco, ya que el muy infeliz en su insania creyéndose el nuevo Napoleón, decidió regresar sorpresivamente al Perú en el 2005, abandonando su cómodo exilio japonés creyendo que lo iban a recibir con los brazos abiertos, mas cuando el avión que lo transportaba desde Tokio se disponía a entrar en cielo peruano, decidió a ultimo momento cambiar de rumbo, dirigiéndose a Chile, donde fue detenido inmediatamente a su llegada a Santiago, siendo puesto bajo arresto domiciliario hasta que pudo ser extraditado al Perú para responder por sus numerosos delitos, siendo juzgado y condenado ejemplarmente a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad en el 2009, siendo recluido desde entonces en la sede de la DIROES y a pesar de que fue brevemente ‘indultado’ de manera ilegal en diciembre del 2017 por el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski, este fue anulado y volvió a la cárcel del cual nunca debió salir. A modo de ‘defensa’ sus demenciales seguidores suelen afirmar que los terroristas también mataron y enumeran una serie de acciones cometidas, como las masacres de Lucanamarca y Chuschi, así como los atentados de la calle Tarata en Miraflores y de la sede de Frecuencia 2. Cierto, pero la barbarie no se puede combatir con la barbarie. Y es algo que hasta el día de hoy no lo pueden entender. En cuanto a su ‘asesor’ Vladimiro Montesinos, el también cayo en manos de la justicia y recibió una condena de 25 años de prisión en el 2010, que cumple actualmente en la Base Naval del Callao, paradójicamente en una celda conjunta a la del líder senderista Abimael Guzmán, condenado a su vez a Cadena Perpetua, tras su captura en 1992. Entretanto, Santiago Martín Rivas - cabecilla del Grupo Colina - tampoco pudo escapar y junto a su jefe Montesinos, recibió igual condena que este en el 2010. En estos días, en que se recuerda una vez más el infausto autogolpe del 5 de abril por parte de aquel que traiciono a la democracia, es bueno saber que el destino se encargo de colocar a cada uno en su lugar :)
El Banco Central de Reserva (BCR) ha puesto en circulación la octava moneda de la serie numismática "Fauna silvestre amenazada del Perú", alusiva al Mono de cola amarilla, con una emisión de 10 millones de unidades. Como sabéis, con esta emisión, el BCR tiene por finalidad, a través de un medio de pago de uso masivo, generar conciencia sobre la importancia de la preservación de las especies en peligro de extinción y del cuidado del medio ambiente, así como continuar con el impulso de la cultura numismática de este país. Esta moneda es de curso legal, por lo que puede ser usada en cualquier transacción económica y circulará de forma simultánea con las actuales. En el anverso de la nueva moneda se observa en el centro el Escudo de Armas del Perú, rodeado de la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono de ocho lados que forma el filete de la moneda. En el reverso, en la parte central, se observa una imagen del mono. También se aprecia un diseño geométrico de líneas verticales, la marca de la Casa Nacional de Moneda, así como el nombre científico del primate: Lagothrix flavicauda, la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria. Se trata de una especie que solo vive en el nororiente del Perú. Y su situación preocupa. Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), está clasificada como Críticamente Amenazado. La especie en el Perú está considerada Críticamente Amenazada y figura en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) como una especie amenazada de extinción. Las estimaciones del tamaño de su población varían entre los 1000 y 5000 individuos. “Es preocupante, porque su población es cada vez más pequeña”, dice Sam Shanee, investigador inglés quien fundó la ONG Neotropical Primate Conservation (NPC). Llego al Perú hace 10 años, luego de haber estado en otros países de la región estudiando primates, con la intención de quedarse dos meses y encontrar al, por entonces poco visto, mono de cola amarilla. Se instalo entre Amazonas y San Martín, y ahora dedica sus esfuerzos en conservación comunitaria para proteger el hábitat del mono de cola amarilla y en campañas contra del tráfico de fauna silvestre. El simio llega medir 54 centímetros. Come frutas, flores, hojas e insectos. Se dice que anda en grupos de entre cinco y 18 individuos, aunque NPC ha identificado grupos de más de 22. Su hábitat comprende principalmente los territorios de Amazonas y San Martín, pero también se le ha encontrado cruzando los límites con Loreto, La Libertad y Huanuco. Se cree que vive entre los 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar, más precisamente en los bosques de montaña, cubiertos permanentemente de neblina. “Su existencia esta amenazada y las autoridades peruanas deberían redoblar sus esfuerzos para protegerlo” agrego Shanee. El Mono de cola amarilla se suma así a las monedas de un Sol que tienen como imagen principal al Jaguar, el Ñandú, el Oso de Anteojos, el Tapir, el Cóndor de los Andes, el Cocodrilo de Tumbes y la Pava Aliblanca, que han sido emitidas por el BCR desde julio del 2017. Aun faltan dos monedas para culminar la serie de 10, que se completará este año :)
Si algo caracteriza a países bananeros como el Perú, es que quienes buscan acceder al poder, ofrecen en sus campañas electorales una serie de demagógicas propuestas que saben muy bien que no van a poder cumplir, y lo hacen únicamente para ganar el voto de los incautos electores, pero una vez llegados a Palacio, se ‘olvidan’ completamente de todo lo ofrecido. Un ejemplo de ello es el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuvzynski (quien como recordareis, llevaba en su plancha presidencial a Martín Vizcarra) el cual prometió construir una amplia red ferroviaria en todo el país, como el Tren de la Costa, el Tren de cercanías y el Ferrocarril Interoceánico Iquitos-Yurimaguas, pero con su obligada renuncia a la presidencia el 23 de marzo del 2018 - para evitar ser ignominiosamente destituido por el Congreso al descubrirse sus profundas conexiones con Odebrecht - estas pasaron al olvido. Previamente, en enero de ese mismo año, intento “convencer” a la empresa china Minerals and Metals Group (MMG) que construya una línea ferroviaria para conectar Las Bambas (una importante mina de cobre, ubicada en Apurimac, en el centro del país) con un puerto más cercano. "Necesitan construir el ferrocarril, para ello construiremos el camino y lo haremos todo, pero hay una necesidad de un tren porque producirán 750,000 toneladas que no se pueden transportar por carretera. Tiene que haber un tren", insistió Kuczynski. "Nuestra prioridad es apoyar los proyectos más importantes, que incluyen el ferrocarril Las Bambas ya que es parte de nuestra ‘renovada’ apuesta para enfocarnos en planes de infraestructura" aseveró. Al respecto, el viceministro de Minas de aquel entonces Ricardo Labo, dijo que “la vía férrea comenzaría en Apurimac y se extendería unos 600 kilómetros, llevando concentrados de la mina Las Bambas, y de varios proyectos de cobre que estarían listos en los próximos 15 años en el sur de Perú”. La estimación preliminar indica que la propuesta costaría al menos US$ 2,400 millones para su construcción, y que “probablemente se pagaría con un financiamiento público y privado. Pero el ministerio de Energía y Minas debe estudiar la propuesta y determinar si sería factible”, agregó. El proyecto podría ayudar a aliviar las tensiones entre las empresas mineras y las comunidades andinas que han protestado por el polvo y ruido que dejan caravanas diarias de cientos de camiones que transportan el cobre de Las Bambas sobre caminos sin pavimentar. Las protestas por el uso ilegal de los caminos locales por parte de la china MMG y otras quejas de los residentes cerca de Las Bambas ya dejaron cuatro muertos en el 2015 y el 2016. Para acabar con esta situación. El ferrocarril transportaría cobre no solo desde Las Bambas, sino desde futuras minas en la región andina, incluidos depósitos como Haquira de First Quantum Minerals Ltd, Los Chancas de Southern Copper, Cotabambas de Panoro Minerals Ltd y Trapiche de Buenaventura. "Volúmenes de esa naturaleza (...) requieren de soluciones de transporte más eficientes, como lo es un ferrocarril", manifestó Labo a Reuters. Pero como sabéis, paso el tiempo y nada se hizo, ya que en realidad los chinos nunca estuvieron de acuerdo con ese proyecto ferroviario de Perurail - ni con la alternativa del mineroducto - que fue una idea de los dueños anteriores de la mina (Xstrata) y por el contrario, desechando además los estudios de impacto ambiental, haciendo uso y abuso de sus conexiones con el (des)gobierno de turno, logro que el camino comunal de uso exclusivo de los pobladores locales, fuera declarada como “vía nacional” sin consultar con sus legítimos propietarios, y así de la noche a la mañana, mas de 400 camiones cargados de minerales comenzaron a cruzar diariamente sus tierras con el gravísimo daño que comenzaron a ocasionar levantando a su paso nubes de polvo tóxico provenientes del mineral transportado - sumamente venenoso - que comenzó a contaminarlo todo. Fue el inicio de los conflictos sociales que hoy agobian a la región y que Vizcarra se muestra incapaz de solucionarlo, recurriendo a la represión y calificar a quienes luchan por defender sus derechos como “terroristas” criminalizando sus protestas. ¿Qué más se podía esperar de aquel improvisado? En cuanto al tren prometido, ya pueden olvidarse de el :(
