Durante diez largos años en el control del poder del Estado en el Perú (1990 - 2000), Kenyo Fujimori fue un consumado terrorista ya que como recordareis, si bien fue elegido democráticamente en unas cuestionadísimas elecciones - donde la infame guerra sucia desatada a todo nivel contra el candidato conservador Mario Vargas Llosa y promovida por el corrupto gobierno del bufón aprista Alan García le facilito el triunfo - cobarde y ambicioso como siempre fue, no tardo mucho para dar un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, instaurando una sangrienta dictadura, so pretexto de ‘luchar’ contra el terrorismo que imperaba por aquel entonces. Ya desde el primer minuto de su mandato, al jurar su cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio de 1990, de hecho asumió como suyo la política de terrorismo de Estado que por espacio de una década habían desarrollado Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez (1985-1990) en el enfrentamiento y la persecución de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA (de inspiración aprista) que realizaban acciones terroristas en todo el país y que competían en realizar monstruosos crímenes, mientras las llamadas ‘fuerzas del orden’ no se quedaban atrás en su salvaje represión. Ya en diciembre de 1982, cuando Belaúnde Terry ordenó el ingreso ‘oficial’ de las Fuerzas Armadas a la lucha antisubversiva, el entonces comandante general Luís Cisneros Vizquerra había anunciado que “... para eliminar tres o cuatro senderistas, habría que matar por lo menos a 50 personas inocentes” y fue precisamente lo que hicieron de una manera sistemática, acentuando lo que ya estaba en marcha desde hace rato. Como sabéis, en la concepción de guerra antisubversiva de la oficialidad peruana y latinoamericana (entrenados por la CIA en la tristemente célebre Escuela de Las Américas, ubicada en Panamá), esos eran los métodos a ser empleados para combatir no solo a los terroristas, sino a todos aquellos que con sus protestas y movilizaciones se atrevían a cuestionar el status quo. Eran lecciones bien asimiladas en una región bajo feroces dictaduras instauradas en los años 70 en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, todas ‘coincidentemente’ siguiendo políticas neoliberales y fieles - cual perros falderos - a Washington. De otra parte, Fujimori, un advenedizo y mediocre profesor de una oscura universidad estatal, quien apenas logró ganar las elecciones presidenciales de 1990, sin proyecto político ni programa alguno ‘gracias’ al invalorable apoyo del gobierno aprista, lo primero que hizo fue estrechar sus lazos de amistad y colaboración con un ex capitán, expulsado del Ejército por Traidor a la Patria, agente de la CIA y abogado Vladimiro Montesinos, un siniestro personaje de la mafia, bastante conocido en los círculos de poder civil y militar. Entre la primera y segunda vuelta electoral de aquel año, este impresentable sujeto se había convertido en asesor legal del candidato Fujimori y, desde luego, en el mejor informante e intrigante sobre las cuestiones de poder y el aparato del Estado en el Perú. Luego de vencer a Vargas Llosa en el ballotage de junio de 1990, Fujimori convirtió a Montesinos en su ‘asesor’ de mayor confianza; ya no se trataba de papeleos en medios judiciales y administrativos para resolver problemas legales sino, sobre todo, de ilustrarlo sobre los entretelones y misterios del poder político y en particular acerca de la guerra interna en la que se encontraban enfrentados el terrorismo subversivo de Sendero Luminoso y del MRTA con el terrorismo de Estado llevado a cabo por las llamadas ‘fuerzas del orden’. Como ya se ha mencionado, dichas acciones fueron sistemáticas y continuadas durante los gobiernos de Belaúnde Terry y de Alan García. En el primer caso, en diciembre de 1982 Belaúnde delegó amplias facultades al Comando Conjunto de las fuerzas armadas para intensificar ‘la lucha contrasubversiva’ sin ningún plan de acción de por medio que podría haber sido discutido y aprobado en un Consejo de Ministros; se prefirió que las fuerzas armadas tuvieran toda la autonomía posible en los diferentes teatros de operaciones en los Andes comenzando por la región de Ayacucho; en función de esta ‘autonomía’ se debían constituir los comando político-militares; el tristemente recordado general del ejército Clemente Noel fue designado como jefe del comando político-militar de Ayacucho, teniendo 2 mil soldados bajo su control. De inmediato, entre fines de diciembre del 1982 y principios de enero del 1983, desde el cuartel “Los Cabitos” se dio paso a la captura indiscriminada y matanza masiva especialmente de campesinos de diferentes localidades y distritos de los Andes, quienes bajo la falaz acusación que eran ‘cómplices’ de los terroristas, fueron ametrallados indiscriminadamente y sus cuerpos arrojados al abismo, donde luego eran volados con explosivos para ‘asegurarse’ de que estén muertos, siendo posteriormente enterrados en fosas comunes, acciones que fueron permanentes y duraderas en los meses y años siguientes. Otros infelices tuvieron menos ‘suerte’ ya que luego de ser torturados brutalmente en dicho cuartel para que confesaran sus ‘delitos’, eran arrastrados aun vivos a los hornos crematorios y sus cenizas arrojadas al río. Ni sus restos quedaron para que le lloren sus familiares. Estas historias de horror están plenamente registradas en el informe presentado en el 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que dio cuenta de estos abominables crímenes cometidos por las llamadas ‘fuerzas del orden’ y que en la mayoría de los casos, han quedado sin castigo. En esas circunstancias ocurrió el asesinato de periodistas en Uchuraccay en 1983, hecho trágico que quienes lo cometieron, hicieron recaer la responsabilidad sobre los campesinos de la zona. Otros asesinatos y masacres en masa fueron por ejemplo los de Totos, Soccos, Putis; en el transcurso de 1983 y 1984 se multiplicaron las declaraciones de estado de emergencia en zonas rurales y urbanas; en seis ocasiones se declaró estado de emergencia nacional. En esas mismas circunstancias se hicieron crecientes las violaciones de los derechos humanos especialmente en el mundo rural; ya en mayo de 1983 se declaró el estado de emergencia nacional en Lima y el Callao, precipitada en cierto modo por una huelga policial y por los sabotajes de Sendero Luminoso mediante el derribo de torres eléctricas de alta tensión. Está de más recordar, a pesar de muchas denuncias, la indiferencia con que el Ejecutivo y el Congreso observaban estas muertes y desapariciones masivas de civiles, a manos ya sea del ejército y la policía. “Ellos se lo buscaron, para que son indios” respondían cuando se les preguntaba por esas atrocidades cometidas, se puede leer en el citado informe de la CVR. Cuando Alan García asumió el poder en 1985 - populista y demagogo como siempre - ‘prometió’ asumir la dirección política de la lucha antisubversiva y subordinar bajo su mando a las fuerzas armadas pero, en la practica fue continuador de la política de exterminio impulsado por su antecesor; Ello explica que apenas instalado en el gobierno ocurrieran la masacres del pueblo de Cayara en agosto-septiembre de 1985 y, posteriormente, las de Pucayacu, Acomarca y otros lugares. Pero lo peor ocurrió en junio de 1986, cuando en Lima tenía lugar un Congreso de la Internacional Socialista, los presos senderistas que se amotinaron en varios penales fueron masacrados por las FF.AA. que actuaron con la mayor salvajismo posible, quienes lo hicieron bajo las ordenes del propio García Pérez, el cual se convirtió en el máximo responsable de aquel genocidio: mientras que en los penales de Santa Bárbara y Lurigancho fueron ejecutados sumariamente 127 presos rendidos, en el penal del Frontón, 111 internos desarmados corrieron igual suerte; todos estos casos de matanzas extrajudiciales, tienen que haber sido conocidos por el electo Fujimori gracias a las oportunas informaciones que le proporcionaba Montesinos. En consecuencia, al entrar a Palacio de Gobierno en julio de 1990, Fujimori contaba con los todos los elementos de juicio suficientes para establecer relaciones con el Comando Conjunto de las FF.AA. respecto de la lucha ‘antisubversiva’, continuando sin modificación alguna la política del terrorismo de Estado. Montesinos dirigía en los hechos el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y era quien seleccionaba a los oficiales de las FF.AA. que debían asumir responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos. Las masacres colectivas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y los secuestros en todo el país seguían ocurriendo de manera cotidiana, ya no solo por las llamadas ‘fuerzas del orden’ sino también por comandos paramilitares creados por Montesinos con la aprobación y conocimiento de Fujimori. Es bueno recalcar que estos grupos clandestinos ya existían durante el régimen aprista (Comando Rodrigo Franco) pero fue durante el fujimorismo cuando alcanzaron un siniestro protagonismo. En noviembre de 1991 tuvo lugar la matanza de Barrios Altos, cuando agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) asesinaron a balazos a 15 personas, habiendo sobrevivido otras 4 personas pero quedando gravemente heridas; se trataba de una fiesta entre vecinos de una quinta en el Jr. Huanta; aparte de las 33 balas que acabaron con tantas vidas, en el lugar de los hechos se encontraron 130 casquillos. Ocurre que, según investigaciones posteriores, el crimen ocurrió por órdenes directas de Vladimiro Montesinos y por encargo del propio Fujimori, quien felicito a los asesinos - liderados por el mayor Santiago Martín Rivas - a quienes condecoro y ascendió al grado superior ‘por su encomiable labor a favor del país’ según el mismo reconoció posteriormente. Fue el bautizo de sangre del Grupo Colina. También, este despreciable sujeto fue quien ordenó y dirigió la matanza en el penal Castro Castro en mayo de 1992, es decir, a pocos días del autogolpe que dirigieran él mismo junto a Montesinos el 5 de abril de ese año, que contó con el respaldo abierto y activo del Comando Conjunto. Fujimori dirigió personalmente las ejecuciones de los senderistas, lo hizo desde Palacio y por momentos desde un helicóptero, fueron acciones planificadas para estas nuevas violaciones a los derechos humanos considerados como delitos de Lesa Humanidad. Más tarde, en julio de 1992 ocurrió la masacre de La Cantuta; un profesor universitario y 9 estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el Grupo Colina; en la madrugada del 18 de julio miembros del SIE así como la dirección de inteligencia del ejército recibieron la orden de intervenir la residencia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta; entre los que dirigían dicho grupo estaban Santiago Martín Rivas como jefe de operaciones, Vladimiro Montesinos como cabeza del SIN y ‘asesor’ de Fujimori. Estas sangrientas acciones ocurridas entre julio de 1990 y julio de 1992, constituyeron la primera etapa del fujimorismo en el poder implementando el terrorismo de Estado a gran escala a manera de prólogo de lo que sería la continuación de esta política criminal hasta la ignominiosa caída del propio Fujimori y Montesinos a fines del año 2000. En efecto, demostrando una cobardía absoluta, tras darse a conocer un Vladivideo que desnudo meridianamente la putrefacción moral de su régimen asesino, el propio dictador en un ridículo acto de desesperación, asalto la casa de su ‘asesor’ - ya huido previamente - llevándose consigo 70 maletas llenas de comprometedores videos y junto con todo lo que pudo robar de Palacio en ese momento, partió inmediatamente al Japón abandonando a sus hijos a su suerte, y una vez llegado a su destino, renuncio vía fax a la presidencia, creyéndose estar a salvo de la justicia. Pero vaya que se equivoco, ya que el muy infeliz en su insania creyéndose el nuevo Napoleón, decidió regresar sorpresivamente al Perú en el 2005, abandonando su cómodo exilio japonés creyendo que lo iban a recibir con los brazos abiertos, mas cuando el avión que lo transportaba desde Tokio se disponía a entrar en cielo peruano, decidió a ultimo momento cambiar de rumbo, dirigiéndose a Chile, donde fue detenido inmediatamente a su llegada a Santiago, siendo puesto bajo arresto domiciliario hasta que pudo ser extraditado al Perú para responder por sus numerosos delitos, siendo juzgado y condenado ejemplarmente a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad en el 2009, siendo recluido desde entonces en la sede de la DIROES y a pesar de que fue brevemente ‘indultado’ de manera ilegal en diciembre del 2017 por el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski, este fue anulado y volvió a la cárcel del cual nunca debió salir. A modo de ‘defensa’ sus demenciales seguidores suelen afirmar que los terroristas también mataron y enumeran una serie de acciones cometidas, como las masacres de Lucanamarca y Chuschi, así como los atentados de la calle Tarata en Miraflores y de la sede de Frecuencia 2. Cierto, pero la barbarie no se puede combatir con la barbarie. Y es algo que hasta el día de hoy no lo pueden entender. En cuanto a su ‘asesor’ Vladimiro Montesinos, el también cayo en manos de la justicia y recibió una condena de 25 años de prisión en el 2010, que cumple actualmente en la Base Naval del Callao, paradójicamente en una celda conjunta a la del líder senderista Abimael Guzmán, condenado a su vez a Cadena Perpetua, tras su captura en 1992. Entretanto, Santiago Martín Rivas - cabecilla del Grupo Colina - tampoco pudo escapar y junto a su jefe Montesinos, recibió igual condena que este en el 2010. En estos días, en que se recuerda una vez más el infausto autogolpe del 5 de abril por parte de aquel que traiciono a la democracia, es bueno saber que el destino se encargo de colocar a cada uno en su lugar :)
