Hace más de cinco siglos, alguien cortó cuidadosamente mechones de su propio cabello y los tejió en un intrincado sistema de cuerdas anudadas. Este acto, en apariencia simple, podría revolucionar nuestra comprensión del Imperio Inca y desafiar todo lo que creíamos saber sobre su sofisticado sistema de comunicación. Los khipus o quipus –esas fascinantes cuerdas repletas de nudos con las que los incas registraban tributos, censos y otros aspectos de la vida económica y social, y que también pudieron tener funciones narrativas y rituales– han mantenido en silencio uno de sus misterios más profundos durante siglos. La comunidad académica sostenía que únicamente las élites de alto rango del imperio podían crear estos complejos dispositivos de información. Sin embargo, un nuevo análisis científico publicado esta semana en Science Advances ha puesto esta teoría en duda: un equipo internacional dirigido por Sabine Hyland, de la Universidad de St. Andrews, ha estudiado un quipu del año 1498 y sus hallazgos sugieren que la "alfabetización" en quipus podría haber sido mucho más extendida e inclusiva de lo que se pensaba. El elemento revelador había permanecido oculto a plena vista durante décadas: hebras de cabello humano entretejidas en las cuerdas. Fue Kit Lee, investigador asociado que participó en el estudio, quien hizo el descubrimiento crucial durante el análisis del quipu KH0631. "Kit me miró y me dijo: ‘Sabine, este cordón principal es pelo humano'", recuerda Hyland en una entrevista con NPR. El análisis confirmó que, de forma insólita, el cordón principal estaba hecho enteramente con cabello humano de una sola persona, algo nunca antes documentado en un quipu inca. En algunos quipus documentados, los especialistas –conocidos como khipu kamayuq– dejaron su "firma" incorporando mechones de cabello, a veces en el cordón principal y otras en los colgantes. También podían añadir objetos personales, como tiras de una prenda distintiva, para marcar la autoría o la autoridad sobre el registro. Para los incas, el cabello no era un simple residuo corporal. En su cosmología transportaba la esencia de la persona y conservaba su identidad incluso al separarse del cuerpo. Así, cuando un creador entretejía su cabello en un quipu, estaba impregnando el objeto con su vitalidad. El cabello del cordón principal medía 104 centímetros de largo; más de ocho años de crecimiento, según los investigadores. Pero lo verdaderamente revelador surgió cuando analizaron los isótopos de carbono, nitrógeno y azufre presentes en el cabello. Los resultados demostraron que esta persona tenía la dieta típica de un plebeyo de bajo estatus, basada principalmente en tubérculos como patatas, legumbres y verduras, con muy poca carne o maíz. Una alimentación muy diferente a la que disfrutaban las élites incas, que se deleitaban regularmente con carne y chicha (cerveza de maíz). "No es realmente posible evitar beberla", explicó Hyland a NPR sobre la cerveza de maíz. "Incluso hoy en día, en los Andes, cuando participas en rituales, tienes que beber lo que te dan". La ausencia de esta bebida en la dieta del creador del quipu, según los investigadores, es una prueba casi definitiva de su estatus social. Este hallazgo trasciende la mera curiosidad científica. Según Lee, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la civilización inca, que gobernó aproximadamente entre 1400 y 1532 y que los historiadores han citado frecuentemente como la notable excepción a la regla de que los grandes imperios deben poseer alguna forma de escritura. Como sabéis, el Imperio Inca fue conquistado por los españoles en 1532, y desde entonces solo ha sobrevivido un pequeño porcentaje de los quipus originales, ya que miles fueron destruidos por los sacerdotes españoles durante su extirpación de idolatrías al considerarlos “obras del demonio”. Los que vemos ahora en los museos fueron encontrados por los arqueólogos en las tumbas. Durante siglos, nuestro conocimiento sobre quiénes fabricaban estos dispositivos se ha fundamentado principalmente en las crónicas redactadas por los españoles. "Los incas tenían el imperio más grande del Nuevo Mundo en aquella época", señala Hyland, quien destaca que este descubrimiento sugiere que el conocimiento de los quipus podría haber estado mucho más extendido de lo que se creía. El análisis también reveló que el creador del quipu vivía en las tierras altas, entre 2.600 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, probablemente en el sur de Perú o el norte de Chile. Además, según los investigadores, estos resultados concuerdan con investigaciones recientes y relatos de Felipe Guamán Poma de Ayala, un noble y cronista inca del siglo XVI, según los cuales las mujeres del Imperio Inca también fabricaban quipus, contradiciendo la visión tradicional de que solo los hombres de la élite realizaban esta labor. Los resultados cobran aún más relevancia cuando se considera que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, los quipus modernos han sido fabricados principalmente por personas de clase social baja: trabajadores de haciendas, campesinos y pastores. La continuidad entre los quipus antiguos y modernos había sido controvertida precisamente por la creencia de que los quipus incas eran exclusivos de las élites. Manny Medrano, investigador de quipus de la Universidad de Harvard entrevistado por NPR, y que no participó en el estudio, considera que, aunque "el KH0631 es solo un quipu" –como reconocen los propios investigadores–, este trabajo es "sin precedentes" y podría inspirar una nueva oleada de investigaciones. Los museos conservan cientos de quipus que nunca han sido estudiados por especialistas, y muchos podrían contener información similar. "En última instancia, esto nos acerca a la posibilidad de contar la historia de los incas utilizando sus propias fuentes", afirma Medrano. "Necesitamos contar una historia de la alfabetización, la escritura y el registro de datos en el Imperio Inca que sea mucho más plural y que incluya a personas que no han sido incluidas en la narrativa estándar" concluyó.
En las últimas semanas, un impresentable sujeto - asalariado de Soros - que controla cual titiritero al Poder Judicial está en el centro de la noticia, tanto por su negativa a asistir a una comisión del Congreso para responder por los graves acusaciones que pesan sobre él, como por sus amenazas proferidas si es llevado a la fuerza a declarar. Nos referimos obviamente al judío Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, cuyo execrable comportamiento lo ha convertido nuevamente en el centro de un debate político y mediático que expone, con toda crudeza, la frágil relación entre quienes afirman ejercer “el periodismo de investigación” (?) y el poder político en el Perú. La controversia se desató a raíz de la citación que le hizo la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso para que declare sobre sus conocidos vínculos con la corrupción y el conocimiento privilegiado obtenido de forma ilegal en el marco del caso Odebrecht. La citación, firmada por el congresista Alejandro Muñante, fue recibida con un rechazo frontal por parte de Gorriti, quien se ha negado rotundamente a asistir, calificando a la comisión como “viciada” y cuestionando su legitimidad para convocarlo. En sus declaraciones, el mafioso aseguró que no se sometería a lo que considera “un proceso carente de imparcialidad”, sosteniendo que “toda la información publicada por su medio está disponible públicamente y que el secreto profesional y la reserva de fuentes, amparados por la Constitución, lo protegen”- alega - “de tener que acudir a dar explicaciones ante el Parlamento”, creyéndose intocable. La postura de Gorriti, lejos de pasar inadvertida, generó una reacción inmediata en el propio Muñante, quien replicó con dureza, acusándolo de pretender evadir la citación y de parapetarse tras el falaz argumento del llamado “periodismo de investigación” - que no lo es tal - para no responder sobre las reiteradas menciones a su nombre en testimonios fiscales relacionados con Odebrecht. Según Muñante, la comisión no busca censurar ni cuestionar la labor “periodística”, sino obtener información relevante para esclarecer un caso de corrupción que ha involucrado a políticos, empresarios y operadores de justicia. Su mensaje fue claro: “Gorriti debía dar la cara y responder ante el país, advirtiendo que se evaluarían medidas legales en caso de persistir en su negativa”. Pero hasta ahora, incomprensiblemente, no es llevado a rastras como se merece. En este punto, el debate dejó de ser meramente institucional y pasó a un plano personal y discursivo mucho más tenso. Gorriti, en una de sus declaraciones más polémicas, mostrándose cual cabecilla de la mafia caviar, advirtió grotescamente que si intentaban llevarlo por la fuerza para obligarlo a comparecer, “habría que pensarlo bien porque habrá consecuencias”. Esa frase, breve pero cargada de implicaciones, encendió las alarmas entre congresistas y analistas, que la interpretaron como una amenaza directa hacia un órgano del Estado. El propio Muñante señaló que tal expresión era inaceptable en un país democrático y que el referido sujeto estaba cruzando una línea peligrosa: la de usar un lenguaje claramente soez como intimidatorio, acusándolo de emplear tácticas retóricas propias de un capo de la mafia. Como podéis imaginar, Gorriti no se quedó en esa amenaza. En declaraciones posteriores a la prensa basura - que le sirve de caja de resonancia de sus exabruptos - denunció que la comisión presidida por Muñante buscaba, en el fondo, el “triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder”. Según su disparatada visión, el Congreso actual, “dominado por fuerzas políticas vinculadas a casos de corrupción, estaría intentando reescribir la historia de Odebrecht para victimizar a quienes fueron investigados y desacreditar a quienes, como él y su equipo, se dedicaron a exponerlos” (?). Y continuando con su falsa narrativa, acusó a ciertos partidos de querer controlar instituciones clave como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y otras instancias, “en un intento coordinado por manipular los hechos y asegurar la impunidad”. Esta ridícula denuncia - viniendo de quien viene, acostumbrado a manipular el Ministerio Público y quien se dedica a defender por medio de sus sicarios de la prensa basura a corruptos como Toledo, Castillo, Vizcarra y Villarán por ejemplo, colocándose además del lado del terrorista colombiano Gustavo Petro “justificando” sus pretensiones de apoderarse de territorio nacional - no resiste el menor análisis, la cual ha sido vista por sus críticos como un patético salto a la arena política, donde el mafioso se coloca a sí mismo en un rol de ‘victima’ enfrentado al poder, más que como lo que es en realidad: un burdo manipulador de jueces y fiscales en el Poder Judicial, a quienes maneja a su antojo. La tensión escaló todavía más cuando, en medio de este intercambio, Gorriti publicó un artículo en IDL-Reporteros titulado “Muñante, Soros y López Aliaga”. En dicho texto, el mafioso abordó las acusaciones sobre sus conocidos vínculos financieros de su medio con George Soros, aclarando hipócritamente “que jamás han recibido fondos directos, sino apoyo a través de programas independientes de la Open Society Foundations, ganados en concursos internacionales”. Pero a nadie puede engañar con sus afirmaciones, ya que la tal Open Society es manejado por el propio Soros, para que con sus millones mal habidos, desestabilizar países en el mundo entero y tratar de imponer el sionismo. Eso lo sabe todo el mundo, así que no nos venga con cuentos. Más allá de los ataques, el sesgado artículo establecía conexiones y referencias que fueron interpretadas por Muñante como una represalia directa por las críticas y la citación. El congresista calificó el texto como “inverosímil” y como un ejemplo de cómo Gorriti, lejos de mantener la distancia, utilizaba el espacio editorial de su medio para responder a cuestionamientos políticos con ataques personales. A nadie debe extrañar ese método, ya que los caviares lo utilizan con frecuencia para “victimizarse” cada vez que son señalados con sus vínculos con la corrupción, atacando a su vez a sus acusadores con burdas patrañas para intentar desviar la atención pública de sus ilícitas actividades que lindan con el delito, propia de toda organización mafiosa como es IDL. Para lograrlo, Gorriti primero realiza campañas mediáticas a través de la prensa basura para denigrar a quienes considera sus enemigos y a continuación, en base a esas “evidencias mostradas” entran a tallar los fiscales caviares quienes les abren carpetas donde los tienen como “investigados” como una forma de amedrentamiento, para posteriormente, si les conviene, ampliar dicha “investigación” solicitando su prisión preventiva. Pero cuando se tratan de los suyos, ahí si los “blindan” estirando las investigaciones hasta las calendas griegas, esperando que sus delitos prescriban. Así ha sido siempre y los ejemplos sobran. No hay duda alguna que la negativa rotunda de ese mafioso a acudir a la citación y su elección de un lenguaje cargado de amenazas demuestran claramente su culpabilidad. Al rehusarse a declarar, pretende rehuir el control político. Por cierto, el elemento discursivo de este sujeto también merece un análisis profundo. Frases como “habrá consecuencias si me llevan a la fuerza” no son inocuas en el debate público. En un contexto político polarizado, donde la retórica beligerante abunda, ese tipo de expresiones tienden a ser interpretadas como advertencias intimidatorias de quien pretende estar al margen de la ley. Y ello no debe permitirse por ningún motivo. Para comprender la magnitud del problema, es necesario recordar que el Perú atraviesa desde hace años una grave crisis de confianza institucional. El caso Odebrecht, que reveló una red continental de sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas a cambio de contratos millonarios, salpicó a presidentes, ministros, congresistas, gobernadores y empresarios, fue distorsionada por Gorriti a través de IDL de la forma más grosera, buscando que la justicia persiga únicamente a sus adversarios políticos hasta la muerte - como es el caso de García -, pero a su vez ‘blindando’ a los suyos como intentando alargar sus procesos ad infinitum esperando que estos prescriban y queden libres de todos sus delitos. Si bien no pudieron evitar que Toledo sea condenado - y Vizcarra puesto esta semana bajo arresto preventivo - en el caso de Villarán y Kuczynski, han pasado casi 10 años y a pesar de que han reconocido abiertamente haber recibido millones de Odebrecht y hacer negociados sumamente perjudiciales para el Perú, hasta el día de hoy, increíblemente aun no han sido juzgados y sentenciados por la justicia caviar, y andan libres creyéndose impunes, gracias a la “protección” que les brinda Gorriti. ¿Qué más pruebas quieren de su complicidad con la corrupción y tener una agenda política encubierta? En este contexto, el enfrentamiento actual con el Congreso no puede entenderse solo como un episodio aislado. Es, en realidad, un nuevo capítulo en la larga tensión entre este sujeto y un sistema político al que ve como una amenaza para sus perversos fines, ya que siente que el control que ejerce sobre la justicia durante décadas se le está escapando de las manos. En efecto, el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía - a lo que se opuso férreamente por todos los medios - y la entrada en prisión del lagarto Vizcarra demuestra que no las tiene todas consigo. La defensa de los principios democráticos exige también una disposición a rendir cuentas, incluso ante órganos que se perciban como hostiles. Esa rendición no implica entregar fuentes ni ceder información protegida, sino explicar, ante la ciudadanía y bajo las reglas del Estado de derecho, por qué se rechaza una determinada citación y cuáles son los peligros que se advierten. Hacerlo desde la confrontación total y el rechazo absoluto demuestra que el miedo lo consume y que la impunidad del que hace gala pronto llegara a su fin. Nadie está por encima de la Ley, mucho menos un mafioso como Gorriti, quien mas temprano que tarde deberá rendir cuentas ante la justicia. (Una buena noticia digna de destacar esta semana, es la esperada promulgación por parte del Gobierno de la Ley de Amnistía para los valerosos integrantes de las FF.AA. y la PNP, perseguidos y procesados injustamente por jueces y fiscales caviares, por el “delito” de haber salvado al Perú de caer en las garras del comunismo homicida. Se acabo el ensañamiento con los Héroes de la Democracia. Y aquellos jueces que se nieguen a aplicarla, serán inmediatamente denunciados por prevaricato y destituidos. No habrá ninguna contemplación con esas sucias alimañas... a por ellos)
La Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción” del valle de Arequipa fue fundada con toda solemnidad por don Garcí Manuel de Carbajal el 15 de agosto de 1540, luego de celebrarse una misa Te Deum. Entre los frailes y demás fieles presentes, se encontraba el padre Rodrigo Bravo, primer párroco y luego vicario, nombrado además apoderado y protector de los naturales de la villa. El fundador plantó la cruz en el lugar donde se levantaría el templo mayor. Con este acto la Villa Hermosa de Arequipa fue parroquia perteneciente al Obispado del Cuzco, dedicada inicialmente a San Pedro. Geográficamente hablando, fue enorme la extensión del Obispado del Cuzco en los inicios de la conquista española. Pero dada la importancia que rápidamente fue adquiriendo, por Cédula Real, a petición de los vecinos, el emperador Carlos V le concedió a la villa el título de ciudad el 22 de septiembre de 1541. Rápidamente la región se fue poblando y fue evidente que el obispado del Cuzco no podía atender adecuadamente las necesidades espirituales y civiles de los fieles, por lo que se efectuaron repetidas gestiones para conseguir la separación del Cuzco, empezando con el pedido que la población hace al virrey Francisco de Toledo y a sus sucesores. Arequipa fue considerada como la Parroquia de San Pedro, hasta 1576, cuando el rey Felipe II, por petición expresa del obispo del Cuzco, fray Juan Solano, suplicó a Su Santidad se dignase erigir la diócesis de Arequipa bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, cuya festividad desde entones se celebra con mucha devoción y piedad el 15 de agosto de todos los años. De esta manera, el 16 de abril de 1577, el Papa Gregorio XIII expidió la bula “Apostolatus officium”, creando la diócesis y como obispo al R.P. Fray Antonio de Hervías, O.P. No obstante, el sucesor de Solano, el obispo Sebastián de Lartaún se opuso radicalmente a la desmembración de la diócesis declarando nulos tanto la creación de la diócesis como la designación de su obispo. Será don Antonio de la Raya quien a fines del siglo XVI renovará la petición de Solano. En 1609, Paulo V autorizó la erección de esta diócesis y su demarcación. En 1614, el virrey Montesclaros fijó el deslinde y límites de las diócesis desprendidas del Cusco. En 1943, es elevada a Sede Arzobispal por Pío XII, asignándole como sufragánea la diócesis de Puno. En 1945 se vinculó la diócesis de Tacna; en 1957, las prelaturas de Juli y Caravelí; en 1959 de la Ayaviri y en 1962 la de Chuquibamba. Por cierto ¿Y cuál es el origen de la conmemoración de la Virgen de la Asunción?, Esta tiene sus raíces en el siglo IV, cuando se realizaba una fiesta en honor a la memoria de la Virgen María. En dicha celebración se hacía mención de su ascensión al cielo, siendo recibida por los brazos de su hijo Jesús. La fiesta se denominaba en aquel momento “Dormición de María” y en ella se honraba la obra de la madre de Jesús en la tierra. La creencia en la Asunción de María se comenzó a desarrollar en el siglo XII. Específicamente en el tratado “Ad Interrogata”. En él se afirmaba que el cuerpo de María había ascendido a los cielos luego de la muerte de Jesucristo, sin detalles de su muerte física. Por ello se cree que María ascendió sin fallecer antes. En el año 1849 el dogma religioso comenzó a tomar una forma concreta. En la Santa Sede surgieron peticiones, de parte de los obispos, para que la creencia se declarara doctrina de fe. En el año 1946, el papa Pío XII, la declaró dogma de la iglesia ante los obispos. Más tarde, específicamente en el año 1950, se publicó la constitución apostólica en la que el papa declaró dogma de fe la Asunción de la Virgen María. Pasó a formar parte de una verdad absoluta e infalible a través de las sagradas escrituras.
Una vez más, Gustavo Petro - otrora integrante del grupo terrorista M -19, secuaz de Pedro Castillo y enemigo acérrimo del Perú - ha demostrado que su vocación por la improvisación no conoce límites, ni siquiera las fronteras nacionales. Su más reciente y alucinada acusación (producto de su adicción al alcohol y a las drogas) contra el Perú, por aparentemente “ocupar” territorio colombiano en la Amazonía, constituye el último episodio de una estrategia desesperada: crear conflictos externos para desviar la atención de la crisis interna que carcomesu desastrosa administración. Su disparatada denuncia –difundida irresponsablemente a través de su cuenta de X, constituye una grave falta de tacto diplomático que pone en riesgo las relaciones binacionales. Al acusar al Perú de “violar el Protocolo de Río de Janeiro” por la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, Petro ignora deliberadamente que ese territorio se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción peruana, conforme a lo establecido en el Tratado de Límites de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites de 1929. Lo más preocupante no es solo la inexactitud de las acusaciones, sino el patrón de comportamiento que revela. Como se ha hecho de público conocimiento, Petro ha convertido la irresponsabilidad en su método de (des)gobierno. Tras la humillación ante Donald Trump - con bajada de pantalones incluido, tal como lo detallamos en su momento -, el desastroso Consejo de Ministros televisado que expuso las fracturas internas de su Gabinete y la cascada de renuncias ministeriales, era obvio que necesitaba urgentemente una cortina de humo para desviar la atención publica. ¿Y qué mejor distracción que un conflicto territorial con el país vecino? En efecto, la polémica decisión de trasladar la conmemoración de la batalla de Boyacá a Leticia no obedeció a razones patrióticas, sino a un cálculo político mezquino, propio de los regímenes izquierdistas como el que lidera. Petro busca de esta manera vestirse de “defensor de la soberanía nacional” precisamente cuando su autoridad se desmorona internamente. Por el contrario, la defensa peruana ha sido categórica y fundamentada en el derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recordado que el Perú ejerce soberanía legítima sobre Santa Rosa desde hacemás de un siglo, respaldado por tratados internacionales vigentes. Esta firmeza del Gobierno de Dina Boluarte contrasta notablemente con la ligereza con que Petro maneja los asuntos de Estado a través de redes sociales. No es la primera vez que este ha mostrado una preocupante tendencia a inmiscuirse en asuntos de países vecinos cuando enfrenta dificultades domésticas. Así, tras el fracaso de su intento de llamar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución colombiana y reelegirse indefinidamente - intentando emular a los dictadorzuelos de Cuba, Nicaragua y Venezuela - y tras la ignominiosa caída en el Perú del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo que pretendía el mismo objetivo, el ex guerrillero Petro, junto al otrora zapatista mejicano López Obrador, encabezaron la oposición internacional al Gobierno Constitucional de Dina Boluarte, calificándola de “usurpadora” y estar al frente de un “régimen golpista”, interviniendo groseramente en los asuntos internos de otro país, una falsa narrativa repetida hasta la saciedad desde entonces por los parásitos caviares y la prensa basura que le sirve de caja de resonancia para sus intentos desestabilizadores, pero de nada les ha valido. Hoy por lo visto, trata de repetir esa desgastada formula. De esta manera, a su apoyo al destituido y procesado Pedro Castillo por su fracasado golpe de Estado, Petro ha puesto en entredicho la demarcación de la frontera peruano-colombiana. Pero sus graves acusaciones de que el Perú habría “ocupado” territorio de Colombia con la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Ramón Castillo (Loreto), lo cual Petro no reconoce, son refutadas por la propia historia, ya que el Perú y Colombia firmaron y ratificaron dos tratados que delimitaron las fronteras de ambos países poniendo fin a toda controversia. El primer instrumento jurídico es el “Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre Colombia y el Perú”, del 24 de marzo de 1922 que establece las demarcaciones entre ambas naciones.Dicho tratado consagra que el lado izquierdo del río (Amazonas) quedaba para Colombia y la porción derecha para el Perú. Luego de seis años (1928) fue ratificado por los Congresos de los dos países. Tras el conflicto peruano-colombiano en 1932, en agosto de 1934 se firmó el “Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República del Perú y la República de Colombia”, denominado Protocolo de Río de Janeiro, que consagró la naturaleza jurídica del tratado de 1922 y que también fue ratificado por ambos países.Adicionalmente, en 1986 se conformó la “Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana”, que se encargó de implementar el trabajo de campo del tratado de límites.Con estos antecedentes históricos y atendiendo el clamor de la población del entonces centro poblado Santa Rosa, ubicado en la provincia Mariscal Ramón Castilla de Loreto, el mes pasado se creó el distrito Santa Rosa de Loreto.Dicha creación se oficializó con la Ley 32403, publicada el 3 de julio pasado. Esta norma establece los límites del referido distrito y precisa que se dictará las disposiciones correspondientes a fin de designar a sus autoridades políticas y administrativas.También dispone que la municipalidad provincial de Ramón Castilla deba constituir una junta de delegados vecinales de carácter transitorio, hasta que se elijan e instalen las nuevas autoridades. Pero tras la creación de este distrito, Petro señaló una aparente “acción unilateral” del Perú que incluso “puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”. Manifestó que su “gobierno usará antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional” pero no descarto la guerra. Estas afiebradas imputaciones de Petro fueron secundadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que se pronunció señalando que “la denominada ´Isla de Santa Rosa´ es una formación surgida en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929”, reiterando la posición colombiana de que “la Isla de Santa Rosa no ha sido asignada al Perú”. Como era obvio, las absurdas acusaciones de Petro merecieron la firme respuesta del Gobierno peruano, en la persona del canciller Elmer Schialer, así como de la Mesa Directiva del Congreso, legisladores de diversas bancadas y otras autoridades. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó a nombre del Gobierno peruano “su más firme y enérgica protesta” respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia sobre los derechos soberanos y actos de jurisdicción que el Perú ejerce desde hace más de un siglo”. Subrayó que la reciente creación del distrito de Santa Rosa de Loreto “se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción peruana” y en el marco de los instrumentos jurídicos binacionales. A todo ello, el canciller Elmer Schialer, lamentó las expresiones de Petro y dijo que esto obedecería “a que no fue informado adecuadamente sobre la situación real, histórica y jurídica de nuestra frontera común en esa parte del territorio”. En comunicación con RPP desde Nueva York (Estados Unidos), durante su viaje a Japón para acompañar a la presidenta Dina Boluarte, sostuvo que en esa parte de la frontera la isla La Chinería (donde se ubica el distrito de Santa Rosa) fue asignada al Perú. “Cuando el rio Amazonas cambio de curso, dividió la isla peruana en dos, denominándose a la parte separada como Santa Rosa” asevero. “El Perú ha creado correctamente el distrito de Santa Rosa en suelo que siempre fue peruano, por lo que no se ha tocado un milímetro de territorio colombiano como se afirma ligeramente... El Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”, manifestó. Por su lado, la Mesa Directiva del Congreso rechazó enérgicamentelas acusaciones de Petro que pretende desconocer la soberanía peruana respaldada por los tratados de 1922 y de 1934, vigentes y ratificados por ambos países. Señaló que la creación de distrito de Santa Rosa de Loreto se enmarca en las competencias del Congreso, respaldando asimismo el pronunciamiento de la Cancillería. Similar postura expresaron parlamentarios de diversas bancadas, entre ellos Alejandro Muñante (Renovación Popular), Héctor Valer (Somos Perú), Elvis Vergara (AP) y la bancada de Honor y Democracia. Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, señaló que con su ridícula acusación, el mandatario colombiano utiliza al Perú para crear “una cortina de humo frente al desastre de su política gubernamental interna” apunto.“Un tratado como Salomón-Lozano de 1922 y el protocolo de 1934, son instrumentos jurídicos de naturaleza pétrea y Petro los ha vulnerado en la relación bilateral y a osado decir que el Perú es un país invasor”, indicó a Correo.Sostuvo que Petro no se da cuenta del daño que le hace a las relaciones bilaterales de Perú y Colombia, que no están en su mejor momento desde la caída de Castillo, por lo que se trabaja para mejorarla. Asimismo, anotó que el tratado de 1922 es un instrumento jurídico bilateral que establece las demarcaciones entre Perú y Colombia, mientras que el Protocolo de Río de Janeiro suscrito en 1934, consagra la naturaleza jurídica del tratado de 1922, el cual fue ratificado por los Congresos de ambos países, por lo que no hay nada que reclamar. Esperemos que las autoridades peruanas mantengan la serenidad frente a sus amenazas y continúen defendiendo su posición a través de canales diplomáticos apropiados. La historia y el derecho internacionalestán del lado del Perú; no se necesita de patéticos espectáculos mediáticos para defender lo que legítimamente les pertenece. Por lo menos, es una magnífica oportunidad para acelerar la compra de los nuevos aviones para la FAP ya que la defensa de la Patria está en peligro ¿No os parece?... POR CIERTO, CON LOS TERRORISTAS NO SE NEGOCIA. (Como era de esperar, y ello a nadie ya puede sorprender, los parásitos caviares y la izquierda retrógrada se han colocado del lado de Petro desde el primer momento, dándole la razón en todo y demostrando su traición a los intereses peruanos una vez más. Peor aún, un infeliz de esos - Gonzales Posada es su nombre - ha tenido el atrevimiento de criticar la decisión soberana del Gobierno peruano de enviar tropas a Santa Rosa. De seguro esperaba que su amado Petro invadiera la isla para apoderarse de ella. ¿Recuerdan que, al inicio de su nefasto régimen, Castillo pretendió regalar el Mar de Grau a Bolivia? De seguir en el Poder, de seguro le entregaba a su “camarada” no solo Santa Rosa, sino también todo Loreto ¿Hasta dónde puede llegar la ruindad de estos malnacidos?)
Se trata de un sitio arqueológico ubicado en el distrito de Huancán, provincia de Huancayo, en la región Junín, Perú. Fue un importante centro ceremonial y administrativo que data del Horizonte Medio y fue utilizado por las culturas Wari y Wanka. El nombre "Wariwillka" proviene de las voces quechuas "wari" (antiguo) y "willka" (sagrado o santuario). El santuario, según tradiciones recogidas por los españoles, era sede de la pacarina o fuente de donde surgió la primera pareja que dio origen a la nación Wanka, conocidos por ser bravos guerreros y que ofrecieron una férrea resistencia a los Incas. Al respecto, el cronista español Pedro Cieza de León, que pasó por la zona hacia 1545, fue el primero en describir el santuario, recogiendo la información de los lugareños que consideraban a Wariwillka como el lugar de origen del pueblo Wanka, la etnia dominante de la zona: “Estos indios cuentan una cosa muy curiosa, y es que afirman que su origen y nacimiento procede de cierto varón (de cuyo nombre no me acuerdo) y de una mujer que se llamaba Urochombe, que salieron de una fuente, a quien llaman Guaribilca, los cuales se dieron tan buena maña de engendrar, que los guancas proceden de ellos; y que para memoria de esto que cuentan hicieron sus pasados una muralla alta y muy grande, y junto a ella un templo, a donde, como cosa principal, venían a adorar”. En 1931, Federico Gálvez Durán identificó el santuario descrito por Cieza y señaló además la presencia tiahuanacode en Wariwillka y en general en todo el valle del Mantaro. Instaló además un museo en el poblado de Huari. Posteriormente Isabel Flores Espinoza describió el lugar (1959), publicando, adicionalmente, láminas que reproducen la cerámica del sitio, de clara filiación Tiahuanaco-Huari. Cabe precisar que los Wankas formaron una nación muy numerosa y aguerrida. En el santuario se adoraba al dios Huamani, bajo forma de un ídolo de piedra negra enterrado a medio cuerpo, al que los feligreses daban ofrendas y hacían consultas (oráculos). Cuando los incas conquistaron la región, mandaron construir un gran templo al Sol, aunque permitieron que continuara funcionando el santuario de Wariwillka, al que reconstruyeron con una arquitectura mixta (inca-wanka). Cuando los españoles arribaron al valle en 1534, el ídolo fue destruido por el sacerdote español Vicente de Valverde, ya que según la interpretación cristiana, era una representación del demonio. El lugar desde entonces fue abandonado, quedando cubierto de herbazales y maleza. Así lo encontró Pedro Cieza de León cuando pasó por el lugar hacia 1545. Si bien los extirpadores de idolatrías del siglo XVI lo clausuraron definitivamente, los lugareños continuaron furtivamente realizando sus rituales de origen prehispánico. En cuanto al santuario, tiene una forma irregular tendiente al cuadrilátero. Por cierto, la edificación existente sería solo parte de un conjunto mucho mayor cuya magnitud aún falta determinar. Los restos se extienden desde una meseta hasta la orilla del río Mantaro. En el extremo sur se ve una muralla de cerca de 46 m de largo, y de 5 m de espesor; su máxima altura llega a 5,30 m. Sus paredes son de piedras canteadas e irregulares, dispuestas en hiladas y unidas con argamasa de barro. En la parte inferior de la misma muralla hay unos huecos o “respiraderos” de 0,30 m de lado, con una profundidad no conocida; se supone que dan entrada a un subterráneo. En su parte superior, el conjunto forma una especie de plataforma rectangular limitada al este y el oeste por paredes semejantes a las descritas. Los muros servían de celdas para las víctimas del sacrificio al dios huanca. La cerámica asociada con estas estructuras es de estilo típicamente Wari. Dentro de esta construcción se encuentran 2 imponentes árboles de molle, y también se ubicaba una piscina de purificación, de la que aún se encuentra una escalera de piedras bien conservada que pasa por el costado del santuario, el que nos lleva a un manantial en el lado sureste del cual se dice que los Wankas recogían agua sagrada y que ha sido identificado como la fuente o pacarina del que habla Cieza de León. En la actualidad este manantial sigue abasteciendo de agua a los pobladores del anexo de Huari. Cuenta la leyenda que si los miembros de una pareja beben juntos del agua que brota del manantial, pero uno de ellos es infiel al otro, entonces este muere. En el interior del templo se han descubierto el cuerpo de una mujer de aproximadamente 20 años atada a un ave de rapiña, en la zona conocida como las celdas. También se encontró en el año 2009 la osamenta de un niño de aproximadamente 8 años junto a los huesos de posiblemente una llama bebe o un perro, el descubrimiento lo efectuó el arqueólogo estadounidense Steven Wirtz. En cuanto a los molles de Wariwillka, considerados como árboles sagrados por los antiguos wankas de acuerdo a un escrito de Cieza de León del siglo XVI, son árboles centenarios de la especie Schinus molle ubicados en el Santuario Arqueológico de Wariwillka y son considerados como árboles patrimoniales desde el año 2023. Cieza describió unos molles sagrados que existían en el interior del santuario, en número de tres a cuatro. Se han conservado en el santuario dos molles que fácilmente se suelen identificar con los que vio el cronista español hacia 1550, aunque no hay certeza si efectivamente sean los mismos. Estos árboles son muy apreciados por los lugareños como patrimonio de la nación Wanka.
Como sabéis, hace unas semanas atrás, el Congreso de la República - en uso de sus facultades constitucionales, aprobó por amplia mayoría una Ley de Amnistía que beneficia a aquellos valerosos miembros de las FF.AA. y la PNP que a riesgo de sus vidas, lucharon contra esa maldita lacra terrorista que ensangrentó al pais andino en las últimas décadas del pasado siglo. Catalogados en su momento como ‘Héroes de la Democracia’ - porque salvaron al Perú de caer en las garras de comunismo homicida - todo cambio con la llegada al poder de los parásitos caviares, quienes primero con Paniagua (ya muerto) y especialmente con Toledo (hoy en la cárcel por ladrón) se dieron a la tarea de perseguirlos incansablemente con toda clase de vejaciones y humillaciones, sometiéndolos a procesos interminables, reabriendo de forma ilegal casos ya resueltos una y otra vez, al no encontrar pruebas que los incriminen de las absurdas acusaciones que se les hacen. Este intolerable abuso por parte de aquella mafia caviar, quienes al mismo tiempo ‘santifican’ a los terroristas, victimizando a los asesinos con su falsa narrativa, tenía que acabar de una vez por todas, y ello ocurrió con esta ley aprobada por el Congreso, que aun no ha sido promulgada por el Gobierno y publicada en El Peruano, para que entre en vigencia inmediatamente. Como era de esperar, la caviarada puso el grito en el cielo y acudieron a desacreditados organismos internacionales como la CIDH - la misma que clama por la “inocencia” de los terroristas, exigiendo que se les indemnice económicamente - en busca de apoyo, y vaya que lo consiguieron, ya que al instante esta “ordeno” al Perú que dicha Ley de Amnistía “no se aplique”. Pero lo que no se esperaban era la enérgica respuesta del Gobierno peruano por medio de la Presidenta Constitucional Dina Boluarte, quien los puso en su sitio, alegando que “el Perú no es colonia de nadie, para que desde fuera nos digan lo que tenemos que hacer”. En efecto, en una ceremonia realizada este jueves, la Jefa de Estado remarcó que el mandato de un país democrático como el Perú se ejerce de acuerdo con la Constitución y las leyes, y aseguró que siempre respaldará a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las organizaciones que defendieron al Perú del terrorismo. “El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana. Y eso debe quedar claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia”, puntualizó. “Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos, y esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, añadió durante su discurso. Esta declaración ha tenido un amplio apoyo de la ciudadanía, que rechazan la burda injerencia de la CIDH en los asuntos internos del Perú. En sintonía con la cabeza del ejecutivo, varios ministros salieron a defender la posición esgrimida por la señora Boluarte .Tal fue el caso del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien apoyó la medida y trató el rechazo a la CIDH como una defensa soberana."Soy un general en situación de retiro, pero sigo siendo policía, ¿cómo no estar de acuerdo con haber visto en 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país. La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer", sostuvo durante una entrevista en Canal N. Similar fue el caso del ministro de Justicia, Juan Alcántara, quien aseguró que los procesos de observación de la corte internacional deben venir luego de que se promulgue la norma. Además, criticó el accionar de ese organismo caviar señalando que, no ocultan su apoyo a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú."La corte nos dice que no sigamos con el trámite. Es una ley que ni siquiera ha sido promulgado. ¿Cómo la corte nos va a decir que no hagamos lo que tenemos que hacer? (…) Recién estamos por promulgar una norma. Han promulgado una medida cautelar donde nos dicen que no hagamos lo que nuestra Constitución nos pide que hagamos. (...) No es de extrañar que todas las decisiones de la Corte siempre han sido favorables a terroristas, ahí están las evidencias y demuestran de que lado están", indicó Pero no solo el Ejecutivo se ha pronunciado en contra de la CIDH. La nueva presidencia del Congreso también ha arremetido contra ese cuestionado organismo. José Jerí, recientemente elegido como titular del Legislativo, afirmó que la pena de muerte -propuesta como una posible medida para combatir la delincuencia “importada” de Venezuela - debe ser evaluada para su eventual implementación, incluso si ello implicara el retiro del país de la CIDH, “lo que seria lo mas conveniente” aseveró. “Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más firmes”, declaró Jerí ante la prensa, sugiriendo la posibilidad de que el Perú se retire del infame Pacto de San José, dada su completa inutilidad. Como recordareis, durante su pedido del voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, llamo a que el Poder Legislativo de los primeros pasos para que el Perú salga de la CIDH (que únicamente vela `por los “derechos” de los terroristas) "Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema que es sumamente perjudicial para el Perú", declaró en aquel entonces el actual primer ministro. En buena hora, los titulares de los ministerios se han pronunciado rechazando esta resolución intrusiva. Y obviamente, desde el Congreso de la República se debe reafirmar que la decisión de otorgar o no una amnistía es competencia exclusiva del Parlamento, no de una corte extranjera. No se puede seguir permitiendo que un organismo internacional, cuyos miembros nadie ha elegido, intente supervisar y censurar los procesos legislativos del Perú, queriendo imponer límites a su sistema democrático. Se necesita que el Gobierno actúe con firmeza y coraje frente a esta inaceptable intromisión, asumiendo la férrea defensa de su soberanía nacional. Esta no se negocia... A que lo tengan claro.
