Una buena noticia dada a conocer en medio de la campaña desestabilizadora de la prensa basura y los parásitos caviares contra el Gobierno, es la promulgación de la Ley N.º 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados como adultos por delitos graves. Como sabéis, esta norma fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, la cual modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario, y que fue publicada en el diario oficial El Peruano para su entrada en vigencia. Con esta reforma, el Estado busca responder a los delitos cada vez más violentos en los que participan sicarios adolescentes, quienes hasta ahora eran sancionados con ridículas medidas ‘socioeducativas’ (?) incluso en casos de extrema gravedad, pero al cumplir la mayoría de edad – 18 años – salían libres. La ley también establece un tratamiento penitenciario diferenciado para este grupo etario, orientado “a su posible rehabilitación”, lo cual ha quedado demostrado que es imposible. La ley modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves. Entre los más de 30 tipos penales incluidos figuran el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas y delitos vinculados al terrorismo y al narcotráfico, en las cuales los menores participan activamente, porque saben que las leyes eran benignas con ellos y así roben, violen o maten, jueces y fiscales caviares los dejaban libres de inmediato para que sigan delinquiendo con total impunidad. Ello se acabó. Asimismo, la responsabilidad penal se aplicará sin necesidad de un régimen especial, aunque se podrá considerar la edad del infractor para atenuar la pena en ciertos casos. Para delitos de alta gravedad, la sanción ya no será únicamente educativa, sino que podrá conllevar pena privativa de libertad según las reglas del sistema penal ordinario, incluida la cadena perpetua. El cambio legal introduce un sistema de tratamiento penitenciario específico para internos de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y científico. Este sistema incluirá acciones terapéuticas, educativas y de desarrollo personal, “con la finalidad de reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social de los jóvenes infractores” como si estos delincuentes tuvieran remedio, ya que estos ‘perfeccionan’ sus habilidades delictivas en la cárcel. Los adolescentes condenados serán separados de los adultos en los centros penitenciarios, y se implementarán programas adecuados a sus características personales. Esta separación -conocida como sistema de individualización científica - busca evitar influencias negativas y propiciar un entorno rehabilitador, sin que ello excluya sanciones severas para los crímenes más graves. En casos como el sicariato o la violación sexual seguida de muerte, la pena puede ser de hasta ocho años de internamiento. El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, fue enfático en justificar la necesidad de esta reforma. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, expresó. Además, destacó que este nuevo marco legal no solo endurece las penas, sino que también promueve una reinserción responsable: “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”. Desde el Congreso, la norma ha sido presentada como una respuesta firme frente a la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado y un paso clave para recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana. Según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef), más de 640 homicidios se han reportado en el país solo en los primeros meses del 2025, una cifra que representa un incremento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte evidencia una preocupante escalada de violencia que ha generado alarma en las autoridades y en la población. A pesar de las medidas adoptadas, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la criminalidad continúa creciendo y afectando a diversas regiones, lo que pone en duda la eficacia de las actuales políticas de seguridad. En este contexto, el Congreso ha buscado reforzar la legislación penal, como con la reciente ley que endurece las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves, con el objetivo de frenar una tendencia que no da tregua, que cuenta con la complicidad de jueces y fiscales caviares con el claro objetivo de que la situación en el país andino sea ingobernable. Al respecto, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, saludo la iniciativa: “No interesa qué edad tenga el asesino, debe ser sancionado por igual. Para mí son irrecuperables” señalo. “Acá estamos protegiendo al real adolescente, el que no comete delitos está protegido por la ley. Pero uno que comete delitos como violación, sicariato, participar en bandas organizadas, ese ya no es un adolescente, esa es una persona que está agrediendo a la sociedad. Está siendo el enemigo de todos. Entonces, requiere tener las mismas medidas que los adultos", refirió. Estas declaraciones las dio tras conocer que el Poder Judicial rechazó la normativa indicando que cualquier juez podría aplicar el recurso de control difuso "e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales". Dicha posición fue criticada férreamente por el legislador para quien no existe el respeto de un poder del Estado a otro. "El Poder Judicial ha sacado un comunicado realmente espeluznante. O sea, un poder del Estado diciendo que no va a cumplir las normas que ha emitido el otro poder del Estado que es autónomo. Las normas que da el Congreso son para cumplimiento obligatorio de todos y uno de los que tiene que preocuparse de que sea así es el Poder Judicial y no decir que no la va a cumplir y que va a aplicar control difuso. O sea, esto es una insolencia, por emplear la palabra más suave que se me ocurre en este momento", declaró para RPP. Cabe mencionar que la aprobación de esta reforma se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia delictiva en el país. Por su parte, el past decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández, expresó que los menores implicados en delitos como extorsión y sicariato deben ser juzgados como adultos. Manifestó que “debemos tomar el ejemplo de la escuela anglosajona-norteamericana, en la cual los menores con delitos graves son juzgados como mayores y de ser hallados culpables, reciben la misma sentencia. Estados Unidos o Inglaterra ya lo han hecho, y hoy penan hasta con cadena perpetua a menores homicidas. Es un ejemplo a seguir” acoto. Como podéis imaginar, organismos “defensores de los derechos humanos” han salido rápidamente para oponerse a la norma, pero no dicen una sola palabra cuando esos mismos malditos asesinan a la gente en plena vía pública para robarles el celular, colocan bombas en las puertas de los colegios y extorsionan a toda clase de negocios sino les pagan miles de soles “a cambio de seguridad”. Muchas de esas bandas están integradas por menores de edad, que jueces y fiscales caviares pretenden que sigan siendo inimputables. Pero ello se acabó. Si pueden matar gente y aterrorizarlas ¿Por qué no pueden ser condenados por la justicia? Toda acción tiene una consecuencia… Y pobres de aquellas sanguijuelas que se nieguen a condenarlos. Como titulamos al principio: “La ley es dura, pero es la ley”
Cuando el 19 de Abril de 1870 se ordenó la apertura del tráfico del ferrocarril entre Lima y Ancón, y posteriormente se inauguró oficialmente el tramo que faltaba, entre Ancón y Chancay, el 7 de Diciembre de 1870, con la presencia de las autoridades y las personalidades más beneficiarias, se sintió un nuevo porvenir en esta parte del norte de Lima. Los más agradecidos con la obra fueron los hacendados productores de azúcar, ubicados en el valle de Comas y Carabayllo, que deseaban sacar sus artículos al mercado local y externo, quienes no solamente la promovieron sino también participaron directamente en su construcción. Esto quedó manifestado el 21 de Julio de 1868, cuando el gobierno aceptó el traspaso de los privilegios de la construcción del ferrocarril, que antes había sido dado (19 de Agosto de 1867) a Modesto Basadre, a una sociedad que tenía intereses en el valle del río Chillón, que estaba integrada por algunas personas que poseían propiedades e inversiones en esta parte del valle: Nicolás Rodrigo (en la hacienda Pro y Comas), Emilio Althaus (socio de Tenaud en Infantas), José F. Canevaro, Miceno Espantoso, y Waldo Graña (delegado del concejo de Carabayllo en 1879). Éstos tuvieron el apoyo del Presidente José Balta y Montero (1868-1872), quien no sólo ayudó a transferir el privilegio a los inversionistas del valle, sino también el mismo Estado invirtió con un porcentaje económico importante en su construcción. Se pensaba que con solamente la construcción del ferrocarril se garantizaría una dinámica comercial y económica en todo su recorrido, pero no sucedió así. Los más beneficiados fueron los inversionistas del valle dedicados a la caña de azúcar, no ocurriendo lo mismo cuando se incrementó la producción del algodón en las haciendas cercanas al ferrocarril. La intención era construir un ferrocarril hasta el valle y puerto de Huacho, con algunas ramificaciones a los interiores de su radio de influencia. Pero sólo llegó hasta el Km. 66, en el valle de Chancay, con algunas deficiencias en su trazo y recorrido, como la zona de Pasamayo, que resultó siendo muy peligrosa por el temor que generaba. El ferrocarril, desde un inicio, era administrado por la empresa constructora, pero debido a deficiencias en su conducción y manejo económico, el Estado, que desde el comienzo había tenido participación económica en esta obra, a través del préstamo de unos bonos a la compañía férrea, obteniendo de esta manera acciones en la empresa, decidió tomar el control de la misma. Por Decreto Supremo del 29 de Marzo de 1872 el gobierno adquirió el dominio exclusivo y absoluto del ferrocarril. A pesar de este cambio, la administración del ferrocarril continuó en pérdida. Durante el bienio de 1874 -75 hubo un déficit de 21,500 soles. El gobierno decidió darlo en arriendo, para lo cual sacó a licitación su manejo. Pero ante las propuestas poco atractivas decidió continuar con la administración hasta más adelante, en que volvió a sacarlo en oferta. La primera sección del ferrocarril funcionaba hasta Ancón, con cinco estaciones ubicadas según el uso y necesidad de los usuarios. Las dos primeras, luego de Lima, estaban ubicadas en el área distrital: Repartición (Km.8) e Infantas (Km. 13). Estas dos eran utilizadas por los comerciantes y hacendados cañaveleros del valle de Comas. La primera por Naranjal y Aznapuquio, mientras que la segunda por Infantas, Pro y Chuquitanta. Aunque al parecer la primera era más activa que la segunda. Uno de los que realizó el viaje hasta Infantas, afines del XIX, fue el alemán Ernest Midendorf, quien de esta aventura decía: “El viaje es el paseo más agradable que puede hacerse desde Lima. La línea desciende al principio por un suave declive de varias millas a través de una amena zona, rica en vegetación, pasa por cañaverales y campos de pasto rodeados de árboles y llega entonces al río del valle de Chillón”. Durante la guerra con Chile (1879-1883), parte del tramo del ferrocarril fue destruido. Se dice que los chilenos pusieron explosivos en el tramo entre Ancón – Chancay, lo que, junto con el abandono y la falta de mantenimiento, generó que la línea sea cubierta por las arenas de Pasamayo, echándose a poder. Por ello no es de extrañar que tras la guerra, el ferrocarril se encontrase muy dañado. Cuando el Estado decidió entregar los ferrocarriles a través del contrato Grace (1890), a la empresa inglesa Peruvian Corporation, en representación de los tenedores de la deuda externa, esta última puso reparos con la línea a Chancay porque resultaba muy costosa repararla. Por ello, con la firma del contrato Grace, los ingleses sólo aceptaron el tramo del ferrocarril de Lima a Ancón, que era parte del ferrocarril de La Oroya, dejando en manos del Estado el tramo de Ancón a Chancay que se encontraba destruido. A partir de esa fecha se hablaría sólo del ferrocarril Lima – Ancón. Y como formaba parte del Ferrocarril Central, todas las normas dictadas para el segundo tenían injerencia en el primero. Desde entonces, el Ferrocarril Lima - Ancón tuvo una cierta recuperación, ya que volvió a ser utilizado por las haciendas, que embarcaban volúmenes considerables de azúcar y otros derivados de la misma por las estaciones del área distrital, para ser transportados al puerto de Ancón, de donde eran enviados al mercado exterior. En efecto, en 1903 los ingenios de las haciendas Chuquitanta, Infantas y Naranjal sacaban sus embarques por este puerto, haciendo uso del ferrocarril. Sin embargo, durante el siglo XX, este medio de transporte comenzó a quedar relegado por el auge de los automóviles y los ómnibus, así como por la construcción de carreteras, a lo que debemos agregar que sufrieron desinterés estatal y falta de inversión, lo cual se agudizó en las décadas de 1950 y 1960. Debido a ello, el servicio de trenes y vagones para pasajeros se suspendió definitivamente el 5 de Julio de 1958 y todo el ferrocarril en 1964. Tras la desaparición del Ferrocarril Lima-Ancón, se construyó una carretera paralela a la antigua vía ferroviaria, que con el tiempo dio lugar a la actual Panamericana Norte. En los años posteriores, muchas de las áreas ocupadas por la vía férrea también se reutilizaron para la urbanización. Esto significó un desenlace previsto, ya que no se realizó ningún esfuerzo significativo para preservar o rehabilitar el sistema ferroviario. Su deterioro y posterior desaparición en 1967 de la ruta marcaron el fin de una etapa de avances ferroviarios en el Perú. Hoy en día, su historia se recuerda como un ejemplo de lo que pudo haber sido un sistema de transporte sostenible y eficiente si se hubiera adaptado a los cambios tecnológicos. Ahora que se habla de la próxima construcción del Ferrocarril Lima-Barranca, del cual se dice que conectará Ancón con las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, con una extensión aproximada de 245 km que la uniría con el megapuerto de Chancay, pareciera que el viejo ferrocarril de alguna manera regresaría del pasado, pero vamos hay que ser realistas, todas estas son promesas que se las lleva el viento y al final nunca se cumplirán. Lamentablemente, sobran ejemplos de ello…
Como sabéis, en estos días tanto la prensa basura como los caviares arrecian en su campaña desestabilizadora contra el Gobierno constitucional de Dina Boluarte, acusándola de todo lo inimaginable, buscando vacarla a como dé lugar y reemplazarla por un arribista (como sucedió en el 2021 con Francisco Sagasti), para que digite las elecciones del 2026 y posibiliten el regreso de esos impresentables al poder para volver a parasitar a costa del Estado, de donde fueron echados en el 2022 tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo. Cuánta razón por ello tiene la señora Presidenta al señalarlos acertadamente como lo que son: Los enemigos de la Patria. En efecto, en una ceremonia de entrega de reconocimientos a nuevos beneficiarios del programa Beca 18 del 2025 en San Borja, la presidenta dijo: “Tenemos año y dos meses más de acá a julio del 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno porque entramos a una etapa electoral y yo respondo que no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que he asumido la presidencia y no me he rendido y este año, para mí, va a ser ‘papaya’. Será fácil transitar y, como se dice en otros países, me han hecho la vida a cuadritos aquellos enemigos de la patria, aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos trabajando, pero no lo lograran. Vengo trabajando incansablemente desde que asumí el cargo de jefa de Estado, pese a los ataques que recibo prácticamente todos los días, pero no le tengo miedo a esas voces menudas de gente resentida” expresó. Es indudable que con esos interesados ataques mediáticos, los caviares buscan crear además ‘una cortina de humo’ para que no se hable del fraude masivo que pensaban realizar en los próximos comicios, como es la falsificación masiva de firmas para inscribir a ‘vientres de alquiler’ como ‘partidos políticos’, coincidentemente todos de izquierda y/o caviares - que básicamente son lo mismo - intentando volver a copar las instituciones del Estado. Pero les salió mal la jugada a quienes utilizan la política como mercancía. Para nadie es un secreto que las democracias estables se apoyan en verdaderos partidos políticos, que representan grandes corrientes de opinión y cuyo proceso de formación ha estado vinculado a movimientos universitarios, sindicales o profesionales, algo que no ha ocurrido nunca en el país andino, donde sujetos inescrupulosos al frente de organizaciones informales que pomposamente llamaban “partidos políticos” lograron en su momento auparse al poder, pero que a su muerte, estos desaparecían de la escena política o bien vegetan cual cadáveres vivientes. En los últimos tiempos, ese ha sido el caso por ejemplo del APRA, AP y el PPC, arrastrándose actualmente en la ignominia intentando sobrevivir en medio del repudio generalizado, por lo que no les quedó más remedio que dar paso a los llamados outsiders, que han sido más de lo mismo. Pero ello sucedió también tras el golpe militar de 1968, donde el velasquismo tampoco fue capaz de organizar un partido político, creando el SINAMOS como plataforma política dispuesta a movilizar al pueblo en apoyo a la dictadura, pero fue barrido cuando cayó el régimen. Ya en democracia, durante el corrupto gobierno de Alejandro Toledo, fue alentada por la ONPE y su entonces director ejecutivo, el caviar Fernando Tuesta Soldevilla, la promulgación de la Ley de Partidos Políticos, del cual se dijo que “buscaba fortalecer los partidos políticos, promover la democracia interna y evitar que las cúpulas partidarias decidieran la suerte de los partidos” lo cual no era cierto, ya que por el contrario, dio inició a un proceso de burocratización de la política. En ese mismo periodo, desde la cuestionadísima Comisión de la Verdad y Reconciliación se trató de reescribir la historia nacional, intentando ‘santificar’ a los terroristas y culpar a las FF.AA. de las muertes ocurridas durante los años 80, mientras que el sistema electoral, a través de la RENIEC, la ONPE y el JNE, aumentaba su presupuesto y burocratizaba el control y fiscalización de los partidos políticos. Es más, durante el nefasto régimen del golpista Martín Vizcarra, se estableció una Comisión de Alto Nivel abocada “a proponer los grandes lineamientos de reforma política en el país”. Como no podía ser de otra manera, el caviar Tuesta Soldevilla, presidió la comisión que redactó un denso informe, que pretendió sentar las bases “de un sistema político y electoral renovado”. Más allá de la teoría política y los conceptos doctrinarios desarrollados en ese sesgado informe, fue evidente que Vizcarra utilizó la llamada "reforma política" como arma contra sus adversarios. Como recordareis, desde los tiempos de Velasco y Fujimori - lo cual fue repetido por Vizcarra - se habló con insistencia de la llamada ‘partidocracia’, pretendiendo mellar la imagen de los partidos políticos. Hoy que el país comprueba el rotundo fracaso de la reforma política promovida por ese lagarto, por lo que es necesario precisar que, al haberse acreditado la falsificación de cientos de miles de firmas de aparentes militantes de partidos políticos, se pretendía consumar un fraude de grandes proporciones. El Perú no puede ser indiferente ante esta burda maniobra caviar instrumentada con el claro propósito de inscribir fraudulentamente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a ‘vientres de alquiler’ cuyos dirigentes han transgredido la ley. No se trata de hechos aislados o de errores materiales intranscendentes. Decenas de agrupaciones políticas han sido registradas en el registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones de una manera dolosa. El país no necesita de decenas de ‘partidos políticos’ para fortalecer la institucionalidad democrática. En las elecciones generales del 2000, la agrupación fujimorista Perú 2000 (hoy denominada Fuerza Popular) logró su inscripción ante el entonces JNE de una forma fraudulenta. Se comprobó la existencia de una "fábrica de firmas" y la participación de un conocido notario público (Óscar Medelius) en la "trama de las firmas falsas". De esta manera Kenyo Fujimori ganó las elecciones en un proceso electoral lleno de irregularidades, para intentar atornillarse en el poder tras el autogolpe de 1992. Su tercer gobierno fue breve, poniéndose al descubierto la existencia de una siniestra red de corrupción liderada por su “asesor” Vladimiro Montesinos quien tuvo un rol hegemónico durante la década de los noventa. Fueron parte de la "trama del fraude de ese año quienes estaban al frente del JNE y la ONPE, colocados por Fujimori para “legitimar” su fraudulenta reelección. Pero todo fue en vano, ya que el escándalo de los llamados ‘vladivideos’ provoco la caída de su régimen. Pasaron los años y esta vez los caviares quisieron repetir la misma manobra, colocando al frente de los organismos electorales a impresentables elementos como Jorge Salas Arenas en el JNE y Luis Corvetto en la ONPE, para “asegurar” la victoria de sus candidatos. Así sucedió en el 2021, cuando en las elecciones de ese año, otorgaron el triunfo a un burro chotano de limitado lenguaje y nula inteligencia llamado Pedro Castillo, cuya ignominiosa caída ocurrió cuando pretendió dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando en su vil propósito y terminando en la cárcel. Tras el final de ese oprobioso régimen filosenderista, los caviares agazapados aun en el JNE intentaron repetir la jugada en el 2026, pero la abrupta salida de Salas Arenas y el descubrimiento del fraude que estaban preparando, ha frustrado de momento sus planes. Cabe recalcar que la reforma política impulsada por Vizcarra fue parte de un plan urdido para afectar la institucionalidad democrática. El golpista del 30 de septiembre hoy es parte de la "trama de las firmas falsas". Su ‘partido político’ ha actuado dolosamente. A pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y de estar a pocas semanas para que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra el vacado golpista y exgobernador de Moquegua, es notorio que se siente "intocable". Demás está decir que esos ‘partidos políticos’ incursos en la falsificación de firmas no deben participar en las elecciones generales del próximo año. Al respecto, el JNE acaba de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), con la finalidad de reforzar la fiscalización y sancionar a las agrupaciones que recurran al uso de firmas falsas. Esperemos que sea aprobado a la brevedad posible. Por cierto, es indudable que el fraude ha sido financiado con los millones procedentes de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal u organizaciones criminales. Es decir, buscan utilizar la política como mercancía, alejada de ideales y de acciones políticas transformadoras. Es evidente que detrás de la inscripción de decenas de esos `vientres de alquiler’, existe el propósito de alentar el caos electoral, facilitando la elección de algún extremista como jefe de Estado financiado por organizaciones criminales, como pretendieron hacerlo con Antauro Humala, aquel despreciable asesino de policías y adicto a la marihuana que afortunadamente ha quedado fuera de carrera, por lo que de seguro buscarán a otro similar. Y ello no hay que permitirlo... A estar atentos para desbaratar cualquier maniobra caviar.
Ubicada en la intersección de la Avenida Antonio José de Sucre y el Jirón 28 de Julio, en el Distrito de Magdalena del Mar, la monumental obra fue concebida por el sacerdote claretiano Simón Llobet. Con una altura que alcanza los 70 metros, posee el título de ser el templo más alto del Perú, ofreciendo una vista panorámica que abarca varios sectores de Lima, incluyendo San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María y San Isidro. La obra fue concebida por el claretiano Simón Llobet y desde su inauguración en 1957 se estableció como uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos más prominentes de la ciudad. Financiada por donativos y eventos benéficos, este santuario no solo representa un punto de encuentro espiritual, sino también un testimonio vivo de la generosidad de la comunidad para levantar esta impresionante edificación. Este templo católico deslumbra con su arquitectura neorrenacentista, destacando su cúpula coronada por una estatua de la Virgen María, con brazos abiertos. Su fachada conserva los distintivos colores rosados y verdes que la han caracterizado a lo largo del tiempo. El esplendor de la iglesia se revitalizó gracias a trabajos de restauración tanto en su exterior como en su interior del edificio. Las campanas fueron adquiridas gracias a la generosidad de mujeres limeñas a través de donaciones canalizadas por Acción Católica. Estos aportes contribuyeron a mantener viva la esencia y el espíritu de este monumento religioso, consolidándolo como un punto de referencia no solo espiritual, sino también cultural, dentro de la comunidad limeña. Cabe precisar que en sus inicios, la estatua de la Virgen, se había diseñado para ubicarse en la cima de la cúpula. Sin embargo, debido a su peso de más de cuatro toneladas, fue imposible ubicarla en ese lugar. Por ello, permaneció almacenada durante cuarenta años hasta que finalmente fue colocada en 1996 en la plaza homónima, al final de la Avenida Brasil. Fue recién en el año 2004 cuando la congregación adquirió una nueva imagen para la cúpula de la iglesia, diseñada por el escultor arequipeño Fredy Luque, quien fue el encargado de fabricarla. A pesar de mantener las mismas dimensiones que el original, esta fue elaborada con fibra de vidrio y resina, lo que la convierte en una figura mucho más liviana y única en su estilo. Si bien no tiene la larga historia ni el recargado estilo colonial de la Catedral de Lima, la Iglesia del Inmaculado Corazón de María es especial por sí misma. Desde su imponente cúpula hasta su elegante y hermoso interior, es algo completamente único. Y a diferencia de otros templos de Lima, es más una iglesia activa que un museo viviente, con misas diarias y una gran congregación que asiste regularmente, por lo que no es un destino turístico muy popular y a pesar de su imponente tamaño, paradójicamente sigue siendo una joya escondida en Lima. Anímate a conocerla.
Mientras el país andino se encamina hacia las elecciones del 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de vientres de alquiler que eufemísticamente se hacen llamar “partidos políticos”. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a los sectores caviares, desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años por los mismos que cometieron fraude en el 2021 para colocar a un burro chotano en Palacio, y que pretendían repetir la misma maniobra en los próximos comicios. Lo grave del asunto es que la falsificación de firmas ya lo conocía el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) desde noviembre del 2022, pero recién se hizo pública por estos días a raíz de la denuncia de la ciudadanía y al organismo de mala gana no le quedó más que confirmar el delito que ocurría ante sus ojos y con su abierta complicidad ¿Cómo confiar entonces en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? Hoy, las evidencias son contundentes: peritajes grafotécnicos, omisiones sospechosas de las autoridades y un silencio cómplice de quienes antes clamaban por elecciones limpias. Estamos indudablemente ante un fraude incubado por los caviares desde los cimientos del sistema para su propio beneficio ¿Qué les espera a los peruanos en el 2026 si no actúan ahora para evitarlo? Como sabéis, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados a “partidos políticos” sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Las dimensiones del reclamo sugieren que se está ante un auténtico problema cuyas consecuencias enturbiaran los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán el próximo año. Contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los “partidos políticos” puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo. Ahora, para ser incorporado como militante de un “partido”, lo que la autoridad exige es que el ciudadano interesado, amén de proporcionar sus datos generales, firme y coloque su huella dactilar en una nómina que luego será revisada por el RENIEC. De manera que una vez comprobada que alguna falsedad se ha deslizado entre esos elementos, la responsabilidad es, en primer lugar, de quien presentó la nómina (el “partido” en cuestión) y, en segundo lugar, de quien realizó defectuosamente la verificación (RENIEC). Asimismo, la sanción debería recaer sobre el “partido” que presentó información adulterada - cuya inscripción debería ser anulada automáticamente - y sobre la institución que no cumplió adecuadamente los procedimientos de vigilancia de esa presentación. Pero ya no se trata solo de las denuncias de ciudadanos que descubren su nombre en la nómina de un conglomerado político sin haberla jamás firmado, sino también del destape periodístico sobre auténticas fábricas de falsificación de rúbricas y huellas digitales que han ofrecido sus turbios servicios al mejor postor... y han encontrado varios. Los más comprometidos son hasta ahora Nueva Gente, Primero la Gente (que tiene como precandidata visible a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Perú Primero (alentado por el golpista Martín Vizcarra, a pesar de que no puede postular a cargo alguno por haber sido inhabilitado por el Congreso), Voces del Pueblo (acaudillado por el congresista filosenderista Guillermo Bermejo), Ciudadanos por el Perú (vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte), así como del recién deshabilitado A.N.T.A.U.R.O. (del asesino de policías Antauro Humala). En efecto, un informe del programa dominical “Panorama” reveló recientemente que, en los últimos tres años, en medio de los esfuerzos de organizaciones políticas nacionales o regionales por lograr su inscripción, se registró un total de 238.335 firmas que debieron ser descartadas por indicios de falsificación. En muchos casos, además, se ha detectado que múltiples firmas corresponden a un mismo puño; es decir, que fueron hechas por un solo individuo. Y algo parecido ha sucedido con las huellas dactilares. Se trata, claramente, de un esquema de timo que no puede quedar impune, y que tiene responsables en cada etapa. Para empezar, quienes hayan ofrecido el servicio deberán tener sin duda una sanción penal, y luego también los encargados de hacer las verificaciones a nombre del Estado. Asimismo, es indispensable sancionar a los “partidos” mismos. No es aceptable que organizaciones fantasmales que han querido competir en las elecciones sobre la base de un engaño sigan en carrera. Entre otras cosas, porque si son capaces de colocarse en el partidor con semejante disposición fraudulenta, es de imaginar cómo podrían gobernar si es que saliesen triunfantes. Por último, pero no por ello menos importante, es hacer una reorganización total de los organismos electorales - JNE, ONPE, RENIEC - que inexplicablemente siguen en manos de los caviares. Si bien fue expectorado un impresentable sujeto como Jorge Salas Arenas (Alias ‘camarada Coquito’) que desde el JNE avalo el fraude de Castillo y busco hasta el último minuto que Antauro no sea inhabilitado, el resto de sus cómplices continúan como si nada y deben ser purgados de inmediato, si los peruanos quieren que sus comicios sean limpios e intachables, lo que no ocurriría en ningún caso si esa panda de sanguijuelas expertas en fraudes electorales permanecen indebidamente en sus cargos. ¿A que espera el Congreso para fumigarlos? Las denuncias no pueden quedar en el aire porque el tiempo apremia y las elecciones están cada vez más cerca. Al respecto, el abogado Alfredo Ghersi nos da su opinión sobre esta polémica y cómo afectaría de cara a los procesos electorales del 2026, donde se define el futuro de una nación que cada vez se desangra en el espectro político: “Es un tema muy serio. Creo que lo importante de esta noticia es que desmiente esa falsa narrativa que ha sostenido la izquierda en los últimos años y que, además, contradice su postura histórica. Porque, recordemos, la izquierda históricamente ha denunciado que Kenyo Fujimori cometió fraude en el Perú. Mejor dicho, eran ellos quienes ponían en tela de juicio la integridad electoral en el país. Sin embargo, desde las épocas de Castillo, la izquierda ha volteado su narrativa y en los últimos años ha tratado de vender esta falsa imagen de que el sistema electoral peruano es incorruptible, que es imposible que haya fraude, ‘porque nuestras instituciones electorales son sólidas’. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Ahora que estamos a puertas de las siguientes elecciones, estalla este tremendo escándalo. ¿Y cuál es? Que en el proceso de inscripción de esos cascarones vacíos que se hacen decir partidos, ha salido a la luz que muchísimas personas aparecen afiliadas de los que no tienen conocimiento alguno. Llama mucho la atención, porque uno de esos partidos es el del golpista Martín Vizcarra, con 5.117 firmas, y todas hechas de un solo puño. Según la misma pericia grafotécnica, hay elementos técnicos suficientes para descubrir este tipo de irregularidades. Y no solo ha ocurrido en el partido de Martín Vizcarra, también en el de Guillermo Bermejo. Es cierto que algunas de estas irregularidades han sido observadas por el Reniec y se ha rechazado la inscripción de algunos partidos. Pero no de todos. En algunos casos, estas irregularidades han sido omitidas y no han sido subsanadas adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo que sucede es que nacen, en esta elección, graves sospechas de fraude. Se desmantela por completo esta falsa narrativa de la izquierda que quería pintar al sistema electoral en manos aún de los caviares, como ‘incorruptible’. Al comprobarse que grupos políticos de izquierda y ligadois a los caviares están involucrados en la falsificación de firmas, se demostraría que hay una confabulación en marcha. Porque son los mismos agentes, las mismas personas que se estan beneficiando de este sistema electoral tan cuestionable quienes, al mismo tiempo, decían que el fraude era imposible porque el sistema era perfecto. Aquí hay una agenda, un plan. Por un lado, cometen acciones sospechosas; por el otro, a través de sus portavoces más importantes, juraban que el fraude era imposible. A quienes, de manera escéptica, denunciábamos posibles fraudes, nos llamaban "golpistas" o "conspiranoicos". Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarse: ¿dónde están ahora todos estos grandes exponentes de la izquierda que durante años se burlaron de los peruanos? ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Esto también es una advertencia para el público: revisen la página correspondiente para ver si han sido víctimas de esta usurpación. Hay un proceso de desafiliación que deben seguir. Además, los invito a buscar apoyo, por ejemplo en el estudio GERSI o conmigo, para iniciar los procesos penales correspondientes. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de bien, el bloque democrático, no permitir que nos engañen nuevamente como en el 2021. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la que ya hemos sufrido. El factor común de aquellos es su nulo compromiso con la democracia. Tienen una agenda para socavar los valores del Estado de Derecho y de nuestra frágil República. ¿Qué tienen en común Vizcarra, Castillo, Antauro Humala? Que cuando tuvieron el poder, su objetivo fue debilitar nuestras instituciones democráticas para concentrar el poder, promover golpes de Estado e impulsar una agenda socialista nefasta. La ciudadanía tiene que estar muy atenta. Esta gente quiere llegar al poder de manera apócrifa, falsificando firmas, aprovechándose del sistema electoral. Y eso es muy grave. La gente de bien, el bloque democrático, debe estar más vigilante que nunca, para que no se repita” indico. Es indudable que se debe investigar a fondo esta pérfida maniobra caviar y sancionar ejemplarmente a los responsables. Aun están a tiempo para cerrarles el paso.
Considerado la fiel representación de Naylamp, fundador de la Cultura Lambayeque - que se desarrolló en el norte del actual Perú entre el siglo VIII y el XIV - se trata de un emblemático cuchillo ceremonial, recuperado en 1937 por el arqueólogo Julio C. Tello junto a diversos objetos de oro y plata para el Museo Nacional que provenían de un templo indígena (huaca) denominado ‘La ventana’, en Batán Grande, jurisdicción de Poma, en Lambayeque. El objeto más preciado se distinguió rápidamente entre lo rescatado y se constituyó en paradigma de la metalurgia del Perú Antiguo: el ‘Tumi de Íllimo’ o ‘Tumi de Lambayeque’. Este objeto precioso estaba formado por una sola pieza, el mango tiene forma rectangular o trapezoidal y la hoja cortante es semicircular. Algunos tenían incrustaciones de piedras semipreciosas. Al ser objetos ceremoniales, los Tumis eran fabricados a menudo con algún tipo de metal precioso, como oro, plata, cobre o bronce. Fue usado también por los Mochicas, los Chimú y los Incas en sus ritos para el sacrificio de animales a sus dioses. Por tal motivo, estos adquirieron un carácter sagrado, y no sorprende que los cuchillos que utilizaban en ellos recibieran un nombre vinculado a lo divino. Esta es la razón por la que el Tumi aparece a menudo por ejemplo en la iconografía mochica, habitualmente cortando el cuello de las víctimas. Cuenta la leyenda que cuando Naylamp murió, le crecieron alas en la espalda, despertándose y volando por los cielos. Por tal razón, crearon la imagen del hombre pájaro en memoria de su fundador, decorando el Tumi con la figura de un hombre pájaro. Lo que vendría a ser su empuñadura es la representación de una deidad antropomorfa, de ojos almendrados, que se halla de pie sobre una especie de pedestal, conformado por la hoja metálica. Medía 42 cm de alto, pesaba 992 gramos y estaba trabajada en oro de 24 quilates. A mayor abundamiento, el personaje porta una máscara (felínica, según Tello). En la cabeza lleva un enorme tocado semilunar, tratado parcialmente en filigrana y por una serie de bolitas huecas; de ambos lados de esta diadema cuelgan sendas representaciones de aves movibles. Tiene también incrustaciones de sodalita. De su cuello pende un collar de cuentas esféricas. El resto del cuerpo está cubierto por un camisón corto, un taparrabos y una especie de rodilleras de las que cuelgan cartuchos en forma de campanilla. En la espalda lleva unos ornamentos movibles que parecen imitar conchas marinas y en sus costados tiene alas pequeñas. Por la gran diadema o tocado que lleva la imagen, es evidente que el personaje sea una representación del mítico Naylamp, que llego de lejanas tierras proveniente del mar, el cual es mencionado en la crónica de Miguel Cabello de Balboa (1586). Por cierto, los Tumis también se utilizaban en la cirugía, más específicamente para la trepanación, una intervención en la que se practica un orificio en el cráneo mediante el raspado o la perforación. Pero a diferencia de los Tumis ceremoniales, las hojas de estos escalpelos eran más pequeñas. Los médicos realizaban esta cirugía para aliviar a los pacientes que sufrían inflamaciones a causa de traumatismos craneales. Estas operaciones muchas veces permitían que el herido siguiera viviendo, tal como lo demuestra la evidencia arqueológica de cráneos trepanados encontrados sobre todo en la costa sur peruana, especialmente de las culturas Paracas y Nazca. Ahora, es una idea generalizada que los cortes se practicaban con cuchillos de pedernal y con Tumis metálicos. Sin embargo, lo más probable es que este haya sido utilizado para circunstancias especiales y específicas, ya que el filo hace que no pueda utilizarse para cortar hueso debido a que el borde cortante solamente se presta para incisiones largas y superficiales. El Tumi de Lambayeque fue el ejemplar más famoso de la orfebrería del Antiguo Perú, siendo robado en 1981 del Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. Al año siguiente se hallaron algunos de sus restos fraccionados, ya que los ladrones lo habían triturado para vender el oro al peso. Posteriormente, se encontraron otros Tumis con diferentes características al de Lambayeque - siempre representando a Naylamp - los cuales se exhiben actualmente en museos alemanes o forman parte de colecciones privadas.
