Todo ya estaba planeado desde el comienzo para traerse abajo los comicios, y fue la difusión de mensajes sobre un aparente ‘fraude electoral’ en las elecciones peruanas del pasado 12 de abril - del cual no existe evidencia alguna - que comenzó apenas a una hora de iniciada la votación. Precisamente, un análisis sobre cómo se amplificaron estas falsas narrativas desde las redes sociales - elaborado por el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral (EITF), un equipo desplegado en África, Asia y hoy en América Latina, - expone el mecanismo detrás de esta viralidad sin pruebas, así como la participación de actores políticos nacionales y extranjeros, bajo un patrón de coordinación agresivo, violento y sistemático desde redes sociales como X. Al respecto, OjoPúblico ha dado a conocer este interesante informe sobre aquel operativo de desinformación electoral - dirigido por Rafael López Aliaga (alias “Camarada Porky”) sabiéndose derrotado de antemano - desmontando la arquitectura detrás de la interesada narrativa del ‘fraude’ sin mostrar evidencia alguna de ello, por lo cual debido a su interés he decidido publicarlo, entrecomillado claro está ¿Vale?: “Apenas paso una hora del inicio de las elecciones generales en Perú, el pasado 12 de abril y un gran número de cuentas en X, ubicadas tanto en el Perú como en el extranjero, comenzaron a publicar contenidos alusivos a la existencia de un aparente ‘fraude electoral’ sin ninguna prueba real. Un análisis detallado - elaborado por el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral (EITF), en el que participa OjoPúblico - identificó que un grupo de cuentas de trolls impulsaron mensajes para construir la imagen de un proceso amañado, a pesar de la ausencia absoluta de alguna evidencia de manipulación intencional y sistemática. El análisis de estas publicaciones muestra que estas cuentas usaron los problemas logísticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para presentar estos hechos como parte de un ‘fraude’. Los mensajes se publicaron desde las 8:00 a.m., con un primer grupo de cuentas sin nombres reales: @eljokerpe (30.700 seguidores), @ultimopaladin (19.000 seguidores), @PKN2023 (25.900 seguidores) y @elorwelliano (13.600 seguidores). Estas dos últimas se presentan como espacios ‘informativos’, aunque en realidad difunden hechos no verificados. El análisis - realizado con el apoyo de la herramienta Bloom Social Analytics, para la descarga masiva de mensajes y patrones de relacionamiento - identificó inicialmente que desde una red inicial de 53 cuentas en X los mensajes se amplificaron - a través de etiquetas, reposts y respuestas- a miles de otras cuentas. Diversos estudios científicos confirman que la desinformación electoral suele originarse así, desde pequeños grupos que luego se amplifican masivamente a través de redes sociales. En conjunto, se contabilizaron 17 mil perfiles que generaron 40 mil publicaciones, entre respuestas y retuits. Todas estas acumularon 855 mil interacciones y superaron los 21 millones de visualizaciones, lo que evidencia el amplio alcance que tuvo esta conversación dentro de la plataforma. Los mensajes más recurrentes entre el 12 y el 16 de abril fueron ‘fraude’, ‘nuevas elecciones’ y ‘plan morrocoy’, además de mencionar con frecuencia a figuras como Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE, atacado además sistemáticamente de manera innoble por medios de desinformación - como El Comercio, Expreso, Panamericana, Willax y PBO -, aquellas cloacas que actúan como abiertos sicarios del fraudismo. Una de las cuentas más virales el primer día de la elección fue @PKN2023, cuyo contenido está compuesto por información sin evidencia, ni contexto ni enlaces verificables. Alcanzó su pico a las 4:00 p.m. con una mentira en formato de video que fue reproducida 163.000 veces y republicada más de 3.000 veces: decía que más de ‘un millón de votantes habían sido impedidos de sufragar en Lima’ lo cual no es cierto. En realidad, el número de votantes afectados por la no instalación de mesas fue de 55.000 personas, que votaron al día siguiente. Ese mismo domingo 12 de abril, a las 9:48 a.m., el candidato presidencial por Renovación Caviar, Rafael López Aliaga (331.000 seguidores) publicó en X: "Creo que el intento de fraude ya ha comenzado". Con esa afirmación, se convirtió en el principal actor político en iniciar la campaña de un aparente ‘fraude’, a pesar de que no presentaron ninguna prueba de ello. Al mediodía de ese domingo 12 de abril, los hashtags ‘fraudeelectoral’, ‘fraudealavista’ y ‘esfraude’ alcanzaban cada uno aproximadamente 100.000 publicaciones por hora, ritmo que se mantuvo hasta la medianoche. Con el paso de las horas y los días los hashtags fueron evolucionando y orientando la conversación hacia los términos ‘viciado’ y ‘nulidad’, a pesar de que los informes preliminares de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) detallaron que, a pesar de los problemas y demoras en la instalación de mesas - algo habitual en America Latina - el escrutinio se realizó con respeto a las libertades fundamentales. El último informe de la Misión Electoral de la OEA, publicado el viernes, saludó la decisión del JNE de no realizar elecciones complementarias y subrayó la importancia de garantizar la integridad del proceso en curso y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada por millones de peruanas y peruanos en las urnas. Por cierto, el análisis de estas redes muestra también la presencia activa y sostenida de un grupo de cuentas extranjeras que amplificaron los mensajes con acusaciones agresivas sin pruebas. Por ejemplo, Martín de Luca (@emd_worldwide, Estados Unidos, 119.600 seguidores), Agustín Laje (@AgustinLaje, Argentina, 958.100 seguidores) y Hermann Tertsch (@hermanntertsch, eurodiputado por el partido español Vox, 403.400 seguidores). Martín de Luca ha sido identificado como abogado de la empresa de medios de Donald Trump (Trump Media Group) y asesor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Además, está vinculado al estudio de abogados que fue contratado por la Municipalidad de Lima, cuando Rafael López Aliaga era alcalde de la capital. De otro lado, Hermann Tertsch pertenece al grupo parlamentario europeo Patriotas por Europa, creado por el ex-primer ministro húngaro Viktor Orbán. Estas cuentas contribuyeron a amplificar los mensajes sin pruebas de fraude. La desinformación no solo busca instalar una falsa narrativa, sino también sembrar el caos. ‘Lo primero que hay que sostener es que estas narrativas son preelectorales, electorales y postelectorales, por lo tanto, la idea de caos tiene que ver con un tiempo estrictamente electoral, pero luego, son muchos más los años, donde, ante la deslegitimación de estas instituciones, cualquier arremetida contra ellas tiene algún tipo de justificación’, explica Mario Riorda, consultor argentino y docente en comunicación política. El impacto de estas acusaciones sin pruebas también deteriora aún más la democracia. ‘La medida cumbre de una democracia funcional es la transición pacífica del poder luego de una elección. Si esto se rompe, es muy difícil llamarla una democracia representativa funcional. Por eso el evento de una elección es tan importante, tanto para quienes quieren defender la democracia como para quienes la atacan’, señala Olaf Steenfadt, director de Global Media Registry (Alemania), integrante del EITF, junto a International Foundation for Electoral Systems (IFES, Estados Unidos) y Fundación Hirondelle (Suiza). Cabe precisar que López Aliaga es uno de los políticos que más desinforma e impulsa un discurso violento y de odio. A dos días de la ampliación de la votación en las mesas que no se instalaron, el miércoles 15 de abril, en un raleado mitin al que convocó contra los resultados electorales, lanzó una discurso de agresión sexual contra el jefe del JNE, Roberto Burneo, en el contexto de su disparatada denuncia de la existencia de un Plan Morrocoy en el Perú. Este concepto surgió en Venezuela en el 2012, luego de que denunciaran masivas irregularidades de las elecciones en todo el país, durante el régimen de Hugo Chávez. La ONG Transparencia Venezuela denunció ese año que ese plan consistió en el cierre de mesas por problemas técnicos, denuncias por intimidación a través de motorizados afectos al oficialismo, intimidación política y retraso en la apertura de las mesas de votación. En el Perú, los problemas se concentraron en 211 mesas - de las más de 92.000 instaladas en todo el Perú - ubicadas en tres distritos de la capital. En el Perú, esa palabra era hasta entonces desconocida. El término apareció en la cuenta de un usuario de X (@jlcastillocev) a las 5:26 p.m. del 12 de abril, en medio de las votaciones. En el mensaje se etiquetó a un periodista de Willax, el canal que más apoya la hipótesis del ‘fraude electoral’ y que hizo lo mismo en el 2021. Una de las autoridades más amenazadas en sus redes y en presentaciones públicas ha sido Piero Corvetto, quien renunció el 21 de abril al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras una grotesca campaña mediática dirigida contra él y su familia, sometiéndolo a toda clase de humillaciones en su casa, en complicidad con la Fiscalía y una politizada policía. ‘El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a, voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera’, llegó a decir el 22 de abril en una presentación pública en su página de Facebook. Es más, López Aliaga y las otras cuentas asociadas a su falsa narrativa, apuntaron a la disparatada teoría de que ‘había venezolanos y cubanos trabajando en la ONPE en el conteo de votos’. Esta situación en redes sociales generó que incluso la cuestionada presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega - excongresista por Podemos Perú, de José Luna Gálvez, integrante del pacto mafioso-, enviara de inmediato una solicitud formal a la autoridad electoral para que le remitiera información detallada sobre el personal extranjero que presta servicios en la institución. En respuesta, la ONPE aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros y precisó que los 16.757 trabajadores y prestadores de servicio son de nacionalidad peruana, desbaratando sus planes. Al respecto, el consultor argentino y docente en comunicación política, Mario Riorda, sostiene que el objetivo de este tipo de narrativas que desinforman ‘no es tanto, no reconocer la derrota, sino complicar las victorias, sea quien sea el que gane, y permitirse desde esta línea argumental un proceso de erosión de la democracia, deslegitimar a gobiernos (si son otros los que ganan), además de estar agazapados para cooptar instituciones’ puntualiza el informe. Venga ya, si bien esta falsa narrativa ha quedado desbaratada, algunas de las llorosas “viudas” de López Aliaga siguen con la misma cantaleta, ya que los conspiradores no se dan por vencidos y ahora se dice que ciertos congresistas están buscando anular las elecciones para quedarse en el cargo un año más y seguir ROBANDO a sus anchas. Además, hay quienes están tocando afanosamente las puertas de los cuarteles, buscando “un golpe militar democrático” (?) como aquel remedo de “periodista” Diego Acuña, quien a viva voz lo está exigiendo; o ese otro sujeto, un ex coronel del ejército convertido en un proxeneta, acusado de regentar un prostíbulo.... más patéticos no pueden ser. Lo único que van a conseguir será un levantamiento general en todo el país por quienes con toda razón verán vulnerados sus derechos al querer pretender ignorar sus votos... Que no jueguen con fuego, porque se van a quemar (Por cierto, Porky y sus secuaces siguen cometiendo delitos todos los días a vista y paciencia de las autoridades - como el utilizar recursos públicos de la Municipalidad de Lima a cargo de ese inútil de Reggiardo en favor de su agrupación política, quien violando groseramente la neutralidad electoral al cual está obligado, dio un ridículo “mensaje a la nación” para referirse a un proceso que nada tiene que ver con su gestión, cometiendo además un delito de peculado de uso - pero no hacen nada, como tampoco han abierto un proceso al propio López Aliaga por amenazar de muerte a las autoridades electorales y llamar a la insurgencia, lo cual es un grave delito de sedición, pero para la Fiscalía no pasa nada... ¿O son cómplices o les tienen miedo?)
Como sabéis, el consorcio Lockheed Martin confirmó la firma del cuestionado contrato con la Fuerza Aérea del Perú para la compra de 12 cazas F-16 Block 70 por USD 1.500 millones, con opción a un segundo escuadrón de otros 12 aviones. Cabe precisar que la citada empresa de defensa mantiene una estrecha relación con la administración de Donald Trump, su principal cliente, que representó el 72% de sus ingresos en el 2025. Ese mismo año, la compañía registró pérdidas de USD 950 millones en su división aeronáutica - que incluye al obsoleto modelo F-16 - vinculadas a un proyecto clasificado. Al respecto, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, calificó la adquisición de los viejos cazas por el país andino como una "propuesta extraordinaria". Por su parte, el fabricante, la compañía norteamericana Lockheed Martin, definió la venta como "un símbolo profundo" de la relación entre ambas naciones. Aunque desde EE.UU. el acuerdo ha sido presentado como un éxito unánime, en el Perú ha motivado fricciones en el Ejecutivo. Como recordareis, el pasado 22 de abril, los ministros peruanos de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, renunciaron a sus cargos luego de que el presidente José María Balcázar asegurara, un día antes, que la compra se pospondría para el siguiente periodo presidencial. El entonces canciller aseguró que el mandatario mentía, porque los contratos ya habían sido firmados el lunes 20 de abril. Sin embargo, las dilaciones en la compra de los aviones caza llevaban ya varios días. El viernes 17 de abril, Navarro de una forma desvergonzada e impropia de un embajador, ejerció mediante amenazas, una presión pública para la continuidad del proceso de compra a través de un mensaje publicado en la plataforma X: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”. Tras las renuncias en el gabinete ministerial, Balcázar reconoció que se firmó el contrato, pero insistió en que su posición es que el acuerdo debió ser suscrito por el siguiente gobierno. La tarde de ese mismo día, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la transferencia del primer hito del contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa Lockheed Martin, por USD 462 millones. Un análisis de los informes financieros y de las contribuciones políticas de Lockheed Martin evidencia la estrecha relación del Gobierno de Estados Unidos con la compañía. La empresa registró, precisamente en el año en que comenzó a perfilarse el acuerdo por los F-16 entre Perú y Estados Unidos, pérdidas por USD 950 millones en su división aeronáutica debido a los costos de un programa clasificado. Según el informe anual de Lockheed Martin, el 72% de sus ingresos totales en el 2025, equivalentes a USD 75 mil millones, provino del Gobierno estadounidense. De ese monto, el 63% correspondió al Departamento de Defensa, denominado “Departamento de Guerra” por la administración de Donald Trump. Entre los principales productos de la empresa - una de las mayores proveedoras de armamento del mundo, con sede en Bethesda, Maryland - se encuentran aviones de combate, sistemas de defensa antimisiles, helicópteros militares, así como drones y sistemas espaciales. La empresa incrementó sus ingresos en el 2025 en un 6% respecto al año anterior, debido a una “demanda sin precedentes”. Su director ejecutivo, Jim Taiclet, afirmó que este aumento ha sido impulsado por el “rendimiento comprobado en combate” de sus sistemas en los conflictos actuales del mundo. La relación cercana con la administración de Donald Trump se mantiene este año. Hace pocos días, Lockheed Martin anunció un nuevo contrato con el Pentágono por USD 1.900 millones para continuar con el mantenimiento de un avión de transporte militar. En el caso del Perú, el 15 de septiembre del 2025, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de los Estados Unidos autorizó la venta de un paquete de cazas a Perú: diez F-16C Block 70 y dos F-16D Block 70, junto con motores, sistemas de radar y misión, además de repuestos y equipos de entrenamiento por USD 3,42 mil millones. La autorización también incluía - según afirma - “misiles, cañones de a bordo, radares de última generación, sistemas de guerra electrónica, tecnologías de navegación y puntería, equipos de comunicaciones y cifrado, así como componentes logísticos, de mantenimiento y formación”. En conjunto, la operación propuesta no se limita a las aeronaves, sino que contempla una infraestructura completa para su operación, entrenamiento, mantenimiento y armamento. El 23 de abril de este año, el director ejecutivo Jim Taiclet confirmó la firma de un contrato con la Fuerza Aérea del Perú para la compra de 12 cazas F-16 Block 70 por USD 1.500 millones, con opción a un segundo escuadrón de otros 12 aviones. Calificó el acuerdo como “el primer contrato de venta comercial directa del F-16 en décadas”. Según Lockheed Martin, los clientes internacionales y las ventas realizadas a través del programa estatal Foreign Military Sales (FMS) - que permite a países aliados adquirir armamento estadounidense y a través del cual Perú también compra los cazas F-16 - representaron el 28% de sus ingresos en el 2025. La empresa de defensa ha ampliado de manera significativa la producción de sus aviones F-16. Según sus informes anuales, en el 2023 entregó solo cinco aeronaves del modelo. Para el 2024, la cifra aumentó a 16 cazas. En el 2025, la compañía declaró haber entregado también 16 aeronaves. En total, 30 países han adquirido el F-16 de Lockheed Martin, entre ellos Venezuela, Chile y Argentina. La flota mundial supera en total los 2.800 cazas F-16 en operación, según informó la empresa. Todas las ventas en el marco del programa FMS están sujetas a estrictos controles establecidos por la legislación de los Estados Unidos, especialmente bajo la Ley sobre el Control de la Exportación de Armamento y el sistema de supervisión del uso final. Estas normas obligan al país comprador a usar los sistemas exclusivamente para los fines autorizados, prohíben su transferencia a terceros y permiten inspecciones y supervisión permanentes por parte de autoridades estadounidenses. En la práctica, esto significa que, aunque Washington apruebe políticamente la venta, los F-16 permanecerían bajo mecanismos de control de los Estados Unidos durante todo su ciclo operativo, desmintiendo así a Navarro que afirma lo contrario. De otro lado, en mayo del 2025, Perú también recibió los tres primeros de los nueve helicópteros Black Hawk acordados, que serán utilizados como una donación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando se le envió por correo un listado de preguntas a Lockheed Martin sobre el contrato con el Gobierno peruano para la adquisición de los obsoletos F-16, la relación de la empresa con la administración de Trump y sus donaciones políticas - sumamente lesivo para los intereses peruanos - no se obtuvo respuesta alguna ¿Qué es lo que pretende ocultar? Se dice que en la FAP aceleraron su compra - pasando sobre la autoridad de Balcázar, que por lo visto esta pintado en la pared - debido al temor de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez gane el ballotage del 7 de junio y cancele la operación. Mientras Chile adquirirá modernos F-35, el Perú tendrá que conformarse con chatarra similar al tren de Porky ¿Qué oscuro negociado esconden? Tarde o temprano se sabrá la verdad y se sancionará a los responsables de este delito de Traición a la Patria.
