En estos días en que la prensa en su conjunto de este país bananero trata un asunto sin importancia como si fuera un tema de interés nacional, no podemos pasar por alto la situación del despreciable genocida Kenyo Fujimori (ilegalmente indultado por el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski, quien aun así no pudo evitar su ignominioso final) contra quien el Poder Judicial ha dictado una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, debido a que esta siendo procesado como presunto autor mediato de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por el asesinato de seis campesinos en Pativilca (Barranca) por lo que la fiscalía solicita 25 años de cárcel. Junto a el, están siendo acusados por el mismo delito otras 20 personas, entre ellas ex integrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas. El fiscal Luís Landa había justificado ese pedido argumentando que Fujimori empezó a tramitar inmediatamente su pasaporte luego de haber recibido el cuestionado indulto, con el propósito de fugar del país rumbo al Japón, para disfrutar de los seis mil millones de dólares robados al Estado peruano, producto de las ilegales privatizaciones de las empresas publicas ocurridas durante su régimen dictatorial, los cuales transformados en barras de oro, fueron enviadas al Japón utilizando para ello la valija diplomática. Su larga estancia en prisión tras ser extraditado en el 2007 y condenado en un proceso ejemplar a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad, impidió que pueda hacer uso de esa fortuna mal habida, por lo que apenas liberado por Kuczynski en diciembre pasado, se propuso escapar sigilosamente del país a la brevedad posible de una forma cobarde y artera tal como lo hizo en el año 2000 tras el estallido del escándalo de los ‘Vladivideos’ que dejo al descubierto la podredumbre de su régimen criminal, refugiándose en ese entonces en el Japón y ‘renunciando’ vía fax, pero esta decisión de la justicia echo por tierra todos sus planes. “Se trata de una medida positiva frente a la posibilidad de fugar otra vez del país. Para esta decisión, sobre todo han tomado en cuenta los antecedentes de Fujimori, quien se refugio en el Japón y fue, por largo tiempo, un prófugo de la justicia”, manifestó Francisco Soberón, presidente adjunto de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Es una buena señal para las víctimas: hay garantías de que el proceso de Pativilca se va a llevar a cabo”, agregó desde la asociación que brinda apoyo legal a los familiares de las víctimas de la masacre ordenada por Fujimori. La resolución ordena 18 meses de comparecencia restringida. En este periodo, el procesado no puede ausentarse de Lima ni cambiar de domicilio sin haberlo solicitado (con sustentos razonables) y ser autorizado por el Colegiado. Además, se resolvió su impedimento de salida del país por cuatro meses prorrogables. En la resolución, la sala ordenó que se oficie a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional, para que se evite la salida del exdictador. De esta manera cambia así la condición de comparecencia simple que pesaba sobre Fujimori desde febrero. Como sabéis, esta masacre (una de los muchas cometidas durante su sangriento régimen so pretexto de “luchar contra el terrorismo”) fue realizada por el Grupo Colina por orden expresa del mismo Fujimori. Si bien este caso no ha tenido la relevancia mediática de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los que el sátrapa fue condenado, pero como estas dos masacres, también fue un hecho macabro. El 29 de enero de 1992, efectivos del grupo Colina, al mando del mayor (r) del Ejército Peruano (EP), Santiago Martín Rivas, acudieron a Pativilca para cumplir con un “encargo” del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos. Según consta en el expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de “senderistas”, y pidió a un familiar cercano a Hermoza que “le diera una mano” para eliminarlos. Es así como bajo la dirección del siniestro Martín Rivas (un feroz asesino cuyas bestialidades cometidas contra la indefensa población civil fueron ‘premiadas’ por Fujimori, quien ascendió posteriormente a el y sus carniceros al grado superior y condecorándolos “por los valiosos servicios prestados a la Nación” al cumplir estrictamente sus órdenes) los integrantes del Grupo Colina llegaron encapuchados a la zona a las dos de la mañana e ingresaron por la fuerza a sus casas y secuestraron a John Calderón Ríos(18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique(38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). Todas las víctimas eran vecinos que nada tenían que ver con los terroristas. Uno a uno, los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la noche. Los testimonios de los testigos (hijos, esposas de los asesinados) coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y que para su fin utilizaron desmedida violencia. Nunca más los volvieron a ver. Luego de reducirlos, los torturaron brutalmente con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron miles de patadas sin piedad alguna hasta dejarlos medio muertos, tratando de que ‘confiesen’ lo que no eran. Luego de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral. Este atroz crimen tiene el mismo modus operandi del ocurrida en la provincia de El Santa, en la región Áncash, el 2 de mayo de 1992, dos meses antes de la masacre de La Cantuta. Sin embargo, el técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina quien confesó su participación en la masacre de Pativilca, ha sido clave para dar con la responsabilidad de Fujimori en este crimen. Ortiz Mantas es uno de los pocos exagentes que ha señalado que el Grupo Colina dependía, además de Hermoza Ríos, de Fujimori y el ex-asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos, quien respondía a las órdenes de Fujimori. Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el exagente respondió: “(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte, el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo para felicitarnos por nuestra labor, lo que demuestra que el general Hermoza lo sabía todo (...) En el Ejército no es posible que alguien haga algo por su cuenta. Nada se hace sin una orden superior, en este caso del propio Fujimori”. Esta declaración, además de sentencias judiciales como las de los casos La Cantuta y Barrios Altos, que indican la plena responsabilidad de Fujimori como autor mediato de esa masacre ha dado como consecuencia que sea procesado por estos crímenes, catalogados también como de Lesa Humanidad. Es por ese motivo que a 26 años del asesinato, la Sala Penal Nacional decidió incluir a Kenyo Fujimori en el proceso. El ilegal indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski trato de borrar todos los procesos pendientes que tenia este criminal. Sin embargo, la justicia sentó un precedente y determinó que el acusado de la autoría mediata podría ser juzgado por ello, desestimando la impunidad con el que se le quiso ‘blindar’ al genocida. Fujimori es acusado en este caso de secuestro, tortura y asesinato. Según declaraciones tanto de Martín Rivas como del propio Vladimiro Montesinos, la acción militar necesitaba un aval político que Fujimori les dio y lo hace responsable de ello. “Miren, cuando se combatió el terrorismo había cuatro ejes centrales: la primera era la decisión política. ¿A quién le correspondía esto? Al jefe de Estado, al presidente. Si no había decisión política, nada funcionaba”, decía Montesinos en una reunión en abril de 1998 con miembros de Cambio 90 (como se llamaba por entonces el partido oficialista) reconociendo explícitamente con ello la responsabilidad de Fujimori. Hoy sentado nuevamente en el banquillo de los acusados, deberá responder por estos crímenes cometidos con su aprobación y pleno conocimiento, así como del accionar de los distintos grupos paramilitares que bañaron en sangre al Perú por aquellos años. Fujimori por mas que lo niegue reiteradamente, es el responsable y tiene que pagar por ello :)
