Con Keiko Fujimori tras las rejas, y el monstruo de su padre ad portas de regresar a su centro de reclusión en la DINOES tras la anulación de su indulto, ha llegado el momento que Alan García Pérez - protagonista estelar de genocidios y todos los escándalos de corrupción habidos y por haber en el Perú - responda por sus múltiples delitos ante la justicia. ‘Autoexiliado’ en España y al enterarse que este 15 de noviembre tendrá que regresar al país para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez por el caso del Metro de Lima (por la cual la constructora brasileña Odebrecht pagó 24 millones de dólares en sobornos al gobierno aprista, según reconocen sus exdirectivos) y temeroso de que si se presenta, pueda dictarse una orden de prisión preventiva en su contra, puso en marcha desde su cómodo refugio en Madrid una campaña de psicosociales afirmando que se estaría preparando “un golpe de Estado” con el claro objetivo de desviar la atención pública, buscando con ello ‘victimizarse’. En efecto, el pasado 1 de noviembre, en una seguidilla de mensajes divulgados a través de su cuenta de Twitter tras la captura de Keiko Fujimori, el bufón aprista planteó una hipótesis temeraria y poco fundamentada. Tras hacerse eco de una afirmación del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre un presunto interés político coordinado entre el fiscal José Domingo Pérez y el gobierno para ‘tapar’ la investigación del Caso Chinchero, dio por sentado que fueron el improvisado inquilino de Palacio Martín Vizcarra (integrante de ‘Los Cuellos Blancos de Choquehuanca’) y su primer ministro César Villanueva quienes encarcelaron a Keiko Fujimori - cabecilla de una banda delincuencial destinada al lavado de activos de dinero procedente de la corrupción - para luego diagnosticar que se ha “politizado la justicia” y hacerse - dos veces - la pregunta retórica de si ese escenario, el de aplicar la justicia a los criminales convictos y confesos, suponía “una ruptura” del orden constitucional. “¿Es un golpe de Estado?”, escribió. No se estaba refiriendo con esa expresión, a uno de esos cuartelazos que tristemente caracterizaron la historia política de este país de pandereta el siglo pasado, sino al supuesto avasallamiento al que un poder del Estado - el Ejecutivo - podría haber sometido a otro - el Judicial - y a una entidad autónoma como la fiscalía. Un atropello semejante, qué duda cabe, configuraría también una alteración de la institucionalidad… Pero la verdad es que sencillamente no existen elementos que permitan aseverar, con algún viso de seriedad, que tal cosa haya ocurrido, porque aunque Vizcarra lo deseara para frenar las investigaciones del Caso Chinchero, no esta capacitado para hacerlo ya que solo busca sobrevivir políticamente el máximo tiempo posible que pueda. Salvo algunos descerebrados de siempre y los impresentables parlamentarios del APRA, muy poca gente ha prestado credibilidad alguna a la pretendida alarma activada por García. Ni siquiera en el fujimorismo, sus socios del delito y principal interesado en que la prisión preventiva dictada contra la hija del genocida sea percibida como “una medida abusiva”, se han animado a ir tan lejos. El congresista Carlos Tubino, nuevo vocero de la bancada de Fuerza Popular, ha calificado de “imprudente” la agitación del tópico golpista y ha dicho: “Hay que tener el sustento del caso; […] no estamos para ese tipo de cosas”. Daría la impresión, en consecuencia, de que García ha quedado descolocado con su absurda amenaza. En lugar de regresar inmediatamente y ponerse a disposición de la justicia para responder por las múltiples acusaciones en su contra, este vil sujeto parecería haberse lanzado esta vez a una piscina sin agua, arrastrando además a varios de sus compañeros del viejo y desgastado partido de la estrella en el inconducente clavado, producto de la desesperación por el cariz que van cobrando las investigaciones de los aportes y sobornos otorgados por Odebrecht al propio García, por lo que no está en la mejor posición de exigir nada. “García está buscando crear un ambiente de inestabilidad y zozobra para argumentar ‘una persecución política’, preparando las condiciones para evitar regresar al Perú y no presentarse frente a la posibilidad de que la justicia defina una medida de detención preliminar o de una prisión preventiva”, opinó Luís Alberto Salgado, ex procurador público especializado supranacional. “Al afirmar falazmente que ‘se intenta chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal de la Nación, descabezar la Corte Suprema, digitar a los fiscales y comprar opiniones, lo que es un golpe, aunque no use tanques’, lo que está buscando García es crear un ambiente para justificar, su miedo a ser capturado si regresa a raíz de las pruebas contundentes que están llegando del Brasil sobre los millonarios sobornos que recibió de Odebrecht”, aseveró en el programa No Hay Derecho, de Ideeleradio. “Esto es lo que hace que García ataque de esa manera y genere un ambiente de inestabilidad y zozobra frente al Gobierno que lo está combatiendo en lo político. Yo por eso comprendo la reacción de Vizcarra y también se entiende así esta campaña interesada de desprestigio lanzada irresponsablemente desde Madrid, para preparar el camino a ver si le funciona también como en el 92 de decir que es un perseguido político”, declaró. “García Pérez está dando señales de que se le puede venir la noche, porque se comenzaría a hacer justicia y acabar esta trama indignante de impunidad del cual hace gala desde hace tantos años” aseveró. Estimó que il Capo della Maffia habría tenido en mente tres posibilidades frente a un escenario judicial. Explicó que a su juicio el “plan A”, no ser incluido en ninguna denuncia, y el “plan B”, generar una trama, no le ha funcionado. “El plan A era no ser incluido en ningún tipo de denuncia, a raíz del contubernio que tienen con el fujimorismo en el Congreso sus cinco peones, sus cinco congresistas que le sirven para blindar, sobre todo Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Javier Velásquez. Su plan A, que era salir ‘limpio de polvo y paja’ y que no se le incluya para nada, se está cayendo” agregó. “El plan B era que funcionara en el Poder Judicial una trama corrupta, que se les ha venido abajo con el tema de esta investigación que iniciaron en el Callao. Su plan B era que a nivel del Poder Judicial con el exjuez Hinostroza en contubernio con un fiscal como Pedro Chávarry lograra la impunidad a nivel judicial. Eso no ha funcionado”, manifestó. Advirtió que el “plan C” que estaría contemplando García Pérez sería el de advertir de un supuesto “golpe de Estado” para generar un ambiente que le permita no regresar al país. “Y el plan C llega en el sentido de una salida política, a ver si le funciona como sucedió en el año 1992, que a raíz del autogolpe de Estado del 5 de abril de Kenyo Fujimori arguyo que sí había condiciones para alegar que no existía en el Perú garantías jurídicas de ninguna especie, y ahí sí pudo afirmar que se trataba de una persecución política, consiguiendo en tan ansiado asilo político. Eso le funcionó, y ahora quiere que ese mismo plan funcione en el plan C ante la desesperación de ver que sus otros planes no le han dado resultado”, puntualizó. Se pueden criticar los permanentes pronunciamientos de Vizcarra y otros representantes del Ejecutivo sobre la “conveniencia” de que el actual Fiscal de la Nación Pedro Chávarry deje su cargo, con mayor razón cuando este ha declarado como prioridad absoluta de su gestión investigar el Caso Chinchero, donde los peruanos perdieron millones de soles y hasta hoy increíblemente no hay responsables - donde como sabéis, el propio Vizcarra como ministro de Transportes de Kuczynski, aparece seriamente involucrado, al intentar favorecer groseramente al consorcio chileno Kuntur Wasi para que se encargara de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (Cuzco) intentando presionar al por entonces Contralor General Edgar Alarcón para que aprobará la addenda al contrato original firmada a su favor, el cual iba en contra de los intereses del Perú, por lo que a raíz del escándalo desatado al descubrirse la trama, el contrato fue resuelto y Vizcarra destituido - ello no puede ser una excusa esgrimida por García para evitar rendir cuentas ante la justicia. Trátese de quien se trate - García, Toledo, Fujimori, Kuczynski o Vizcarra - nadie puede creerse intocable como para no responder por sus delitos cometidos, con mayor razón cuando existen pruebas abrumadoras que los comprometen seriamente en sonados casos de corrupción. Dejemos que jueces y fiscales hagan su trabajo - sin amenazas ni presiones de por medio tanto del gobierno como del Congreso - y que les caiga todo el peso de la Ley y sin contemplación alguna a quienes se lo merecen. Basta de impunidad (Por cierto, a modo de respuesta a las medidas tomadas por el Fiscal de la Nación, Vizcarra adelantó este jueves que a pesar de los graves cuestionamientos existentes, el aeropuerto en el Cuzco sí se hará "a partir de este año", dejando entrever el negociado que tiene entre manos, razón demás para profundizar las investigaciones en su contra. No nos extraña por ello la virulenta campaña en la prensa oficialista contra Chávarry para removerlo de su cargo a como de lugar. Por lo visto, García no es el único que tiene miedo) :)
