No cabe duda que por estos días, el bufón aprista Alan García Pérez esta temblando como una hoja al viento y tiene sobrados motivos para ello. En efecto, esta semana se publico un informe de la Oficina de Peritajes del Instituto de Medicina Legal, el cual descarto de plano que los equipos ubicados en la parte superior y posterior de una camioneta que acompañaba al resguardo policial que protegía su vivienda en diciembre del año pasado, hayan servido “para interceptar” cualquier tipo de teléfono, como anuncio interesadamente por ese entonces por il capo della mafia en su afán de ‘victimizarse’ tras su fracasada fuga el país al ser rechazada su petición de asilo por parte de la embajada uruguaya, en su afán de escapar del Perú para no tener que responder por sus múltiples delitos ante la justicia. Según el informe dado a conocer por un diario local, debido sus características esos aparatos no eran capaces de hacerlo. Y es que ante la ridícula denuncia presentada por García, la Fiscalía ordenó el peritaje que concluye en que el equipamiento “corresponde a un sistema de monitoreo que permite realizar codificación y transmisión de señales audiovisuales en alta calidad sin evidencia de que estas sirvan para el registro de escuchas grabadas” desbaratando otra mentira mas de aquel corrupto, desesperado por no saber que hacer para tratar de desviar la atención publica hacia su persona. Como recordareis, el escándalo se armó el 5 de diciembre cerca de las 8 de la noche. En medio de una turba ubicada en la puerta de su casa, el propio mafioso denunció ser “víctima de una interceptación telefónica” (?) acusando al gobierno del regreso de las prácticas montesinistas. Pero fue más allá, identificó como el “gran responsable” al precario inquilino de Palacio (e integrante de la organizaciones delictivas ‘Los Cuellos Blancos de Choquehuanca’ y ‘El Club de la Construcción’) Martín Vizcarra. En una coyuntura electoral previa a comicios municipales y regionales y al referéndum en el que votarían las reformas política y judicial, García protagonizó esta grotesca escena, esperando sacar réditos políticos, luego del ridículo en el que quedo apenas 48 horas antes, cuando fue forzado a abandonar la residencia del embajador de Uruguay en Lima, ya el gobierno de Tabaré Vázquez le negó el asilo político solicitado. Un cuestionadísimo personaje que había gobernado dos veces el país saqueándola a su antojo (cometiendo múltiples delitos y genocidios que no prescriben con el tiempo) no tuvo reparos en cuestionar al Perú frente al mundo, presentando al gobierno como abusivo y autoritario y a él mismo como “víctima de una persecución política” algo que solo cabía en su retorcida imaginación. Sin embargo, el sainete montado la noche del 5 de diciembre sí sirvió para distraer a la ciudadanía. Ese mismo día, el Congreso de mayoría aprofujimorista aprobó un proyecto de ley para impedir que se investigue a los partidos políticos como organizaciones criminales; en otras palabras, para que el APRA y Fuerza Popular no tengan que responder por el delito de lavado de activos. La norma, que bien podría ser un salvavidas para varios de los políticos involucrados en el caso Odebrecht - como el propio Alan García o la encarcelada cabecilla de la mafia Keiko Fujimori - aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo que ha decidido observarla, pero el día de su aprobación no fue una casualidad. Todo estaba calculado de antemano, ya que el crear ‘cortinas de humo’ por parte de la mafia para distraer a la opinión pública, mientras por otro lado, buscan asegurar la impunidad para sus delitos, es una vieja táctica empleada con anterioridad para conseguir sus objetivos, solo que en esta ocasión no salio como ellos lo querían, ya que no solo quedo desbaratada la burda maniobra del bufón aprista, sino que con el nueva correlación de fuerzas en el Parlamento, donde la mafia sufre una incesante sangría - acelerada con la captura y encarcelamiento de Keiko Fujimori - será difícil que logren alcanzar los votos para insistir en ese malhadado proyecto con nombre propio. Pero este no es el único problema que le quita el sueño a Alan García, ya que este viernes por fin se firmo en el Brasil el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht que posibilitara los interrogatorios programados por la fiscalia, donde se detallaran minuciosamente los aportes recibidos tanto por Alan García y Keiko Fujimori, así como de otros implicados, los cuales se darán a conocer a partir de la próxima semana. De allí el miedo de los integrantes de la mafia criminal aprofujimorista que hicieron todo lo posible para evitar que la firma de dicho acuerdo se llevará a cabo. En dicho evento, participaron también los fiscales del equipo especial para el Caso Odebrecht encabezado por Rafael Vela Barba y el procurador ad hoc Jorge Ramírez, quienes entre el 18 y 22 de febrero, llevarán a cabo la toma de declaraciones testimoniales de otros siete ex empleados de Odebrecht: Marcos de Queiroz Grillo, José Américo Vieira Spinola, Luiz Fernando de Castro Santos, Sergio Nogueira Panicali, Igor Braga Vasconcelos Cruz, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Raymundo Nonato Trindade Serra, los cuales se realizaran en la sede de la Procuraduría del Estado de Paraná, ciudad de Curitiba. Queiroz Grillo fue operador del Departamento de Operaciones Estructuradas y Vieira Spinola es considerado como el intermediario para los pagos por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima. En tanto, De Castro Santos fue miembro del directorio de Kuntur Transportadora de Gas, Trasvase Olmos y de H20lmos; Nogueira Panicali fue secretario de la junta general de Conirsa; y Vasconcelos Cruz fue apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción. Finalmente, Da Rocha Soares fungió de tesorero internacional de Odebrecht y Trindade Serra fue el gerente general de Odebrecht en el Perú. Al respecto, el ex presidente de Consejo de Ministros Pedro Cateriano consideró que el interrogatorio a exejecutivos de Odebrecht, desentrañará toda la ruta de los sobornos pagados a funcionarios peruanos por obras ejecutadas en el segundo gobierno de Alan García, ya que es importante saber todos los detalles de una trama de corrupción que involucró ingentes recursos del Estado peruano. En tal sentido, dijo confiar que, pese a las recientes acciones de entorpecimiento a la justicia realizadas por García Pérez - entablando un recurso por presunta ‘afectación a su defensa’ - la diligencia se realice de manera independiente y eficaz. “García Pérez nunca ha dado explicaciones a la justicia por sus múltiples delitos cometidos. Siempre ha utilizado triquiñuelas, inclusive con una ilegal acción de amparo otorgada por jueces apristas, se libró de la acción de la Megacomisión, pero eso se acabo. Queremos saber todos los detalles de los gigantescos sobornos recibidos aquí y en cualquier parte del mundo", dijo a la agencia Andina. Cateriano destacó que ahora estamos en una escenario diferente porque con la salida del juez César Hinostroza - quien huyo del país y se encuentra a la espera de su extradición de España - y el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, Garcia se quedó sin los alfiles que eran piezas fundamentales dentro de su infame estrategia de defensa jurídica. A eso se suma - subrayó - que la ciudadanía ya no confía en el valor de la palabra de García porque cobardemente buscó asilo político, alegando una imaginaria ‘persecución política’, en lugar de cumplir la orden de impedimento de salida del país dictada en su contra. “Su palabra no vale nada” indicó. Por eso, agregó, es importante que en los interrogatorios se logre especificar cómo se llegó a los acuerdos ilícitos, cómo se solicitaron los sobornos, a quiénes fueron asignados y la modalidad de la entrega. "Es importante preguntar sobre a qué fundaciones y empresas off shore se realizó los pagos porque en operaciones delictivas no solo se emplean testaferros", puntualizó. Por su parte, el coordinador del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, consideró que la información proveniente de Brasil es fundamental para la consolidación de las investigaciones sobre los casos de corrupción. “Es probable que las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht ayuden a entender mejor cómo es posible que durante el gobierno aprista se realizaron contratos millonarios de manera ilegal”. Respecto a la intervención de García en los negocios de corrupción, Rivera considera poco probable que las más altas esferas del Ejecutivo no hayan participado en los negociados debido a los jugosos beneficios que reportaban en perjuicio de los intereses peruanos. “Resulta inconcebible que los múltiples actos de corrupción como los que se realizaron durante el gobierno de García Pérez, hayan sido posibles de ser realizados sin la intervención decisiva y protagónica de quien se ufanaba reiteradamente de que ‘la plata le llegaba sola’ …. ya sabemos de donde”, señaló. Solo nos queda esperar que a partir de la próxima semana, podamos enterarnos con todo lujo de detalles de los millonarios sobornos recibidos por García y los demás implicados de parte de Odebrecht, para que sean sancionados ejemplarmente con todo el peso de la ley. A la cárcel con todos ellos :)
