De una forma por lo demás irresponsable y jugando en pared con el régimen filosenderista de Pedro Castillo quien como recordareis, lo había anunciado al inicio de su desastroso (des)gobierno en su patético Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio, el Congreso de la República, haciendo todos los “meritos” suficientes para ser tan repudiado como ese oscuro individuo, en lugar de echarlo a patadas del cargo que ocupa ilegalmente gracias a fraude, ha preferido hacer realidad uno de sus más caros - y peligrosos - sueños que se cierne sobre el país andino, que ya sufre lo indecible con la imparable alza de precios de los alimentos y el combustible, para que ahora se haya dado luz verde a la creación de grupos paramilitares armados por el Estado, autodenominados “comités de autodefensa”, aparentemente para combatir la inseguridad ciudadana que se ve en las calles, donde la delincuencia hace de las suyas, pero que indudablemente se convertirá en el brazo armado del régimen para ser usados como fuerzas de choque en cualquier momento para acallar violentamente las protestas ciudadanas, tal como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela - a los cuales Castillo pretende imitar - donde la sangrienta represión y desaparición de opositores a cargo de esas “milicias revolucionarias” son pan de cada día, con el peligro de que terminen enfrentándose con la Policía y las propias FF.AA. a los cuales terminarían por reemplazar “en sus funciones” tal como ha sucedido en los países antes mencionados, siguiendo además los lineamientos de su idolatrado líder Abimael Guzmán, con el objetivo de instaurar en el Perú su “república popular de nueva democracia”. Al respecto, acudimos nuevamente al ex ministro del Interior Carlos Basombrio, para que nos ilustre más acerca del tema y darlo a conocer, entrecomillado claro esta ¿vale?: “Con todo lo que se sabe, sentarse en el Gabinete Ministerial con Pedro Castillo al mando solo se entiende ya para quienes, refraseando la consigna leninista, ‘¡salvo el fajín, todo es ilusión!’. Lo es mucho más para el todavía ministro del Interior, Dimitri Senmache, que, si el Congreso cumple con sus obligaciones, será el próximo en salir. Es que en su sector la complicidad tiene un correlato práctico inmediato; a saber, que mientras los fugados Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva puedan mantenerse en la clandestinidad, no representan un peligro para la permanencia en el cargo de ese pobre diablo atornillado en Palacio. Los problemas con Senmache no se agotan allí. Parece, además, ser un buen discípulo del imprensetable Aníbal Torres. Quizás por razones generacionales no expresa su admiración hacia Adolf Hitler, pero sí hace el joven dictador de El Salvador, Nayib Bukele, que está haciendo trizas la democracia en su país utilizando métodos vedados (y de muy dudosa eficacia a mediano plazo) para combatir la delincuencia. Expresamente, el ministro ha dicho que, si lo dejan en el cargo, quiere emularlo. Algo delirante, porque el admirado es un sátrapa autoritario de lo peor, pero que por ahora puede hacer lo que quiera porque ha logrado seducir al 82% de sus ciudadanos (así empiezan muchos autoritarismos y ya sabemos cómo terminan), mientras que su nuevo fan es un precario ministro de un todavía más precario individuo como Castillo, de un (des)gobernante que raspa el 10% de aprobación y que se mantiene en el poder gracias a sus “ niños” de Acción Popular. Delirios aparte, ¿qué se hecho Pedro Castillo por la seguridad ciudadana? Lo único: la efectista decisión de restringir derechos ciudadanos y poner a la Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la labor de seguridad (lo que esta obedece casi simbólicamente). Medida que no ha servido para nada, pero que ha sido ampliada otra vez por 45 días. Como una cosa es con guitarra y otra con cajón, el ministro Senmache, que había expresado su desacuerdo con esta medida, se ha unido al populismo barato. Súmese un nuevo y grave peligro: la aprobación por insistencia en el Congreso, con la asombrosa votación de 97 a favor y solo 15 en contra, de una ley que le da nuevas atribuciones y a nivel nacional a los Comités de Autodefensa (CAD). Los CAD en el Vraem, importantísimos hace tres décadas para la derrota de Sendero Luminoso, merecen reconocimiento y hasta beneficios materiales y honores por su sacrificio. Pero lo que hace esta norma es convertir lo que fue una situación excepcional, urgente y temporal - en la que el Estado tuvo que ceder sus atribuciones a una organización paramilitar, en una región muy inaccesible y asolada por el terror - en un esquema de aplicación nacional en todas las zonas rurales del país. Con ello, se hace trizas uno de los principios fundamentales en un Estado de derecho, que limita el uso de las armas para garantizar el orden y la seguridad a las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ahora, el estado les puede dar armas, pueden recibirlas por donación de privados, los incluye el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y les dan múltiples funciones de orden público. Nuria Esparch, que fue ministra de Defensa cuando se observó la ley en el gobierno de Francisco Sagasti, señala otros problemas; por ejemplo, el hecho de que cualquier grupo de ciudadanos, incluso sin estado de emergencia, puede formar su CAD en cualquier lugar rural del país. Surge el riesgo de que exista manipulación política de estas organizaciones paramilitares autorizadas a operar con armas de fuego por grupos ultra radicales afines al régimen. Pero más inminente es que van a potenciar las economías criminales en el país. Rubén Vargas, gran conocedor del Vraem, señaló que, salvo en la zona asháninka, donde los CAD están luchando por la sobrevivencia ante el avance arrasador de la coca ilegal y el narcotráfico, en el resto del Vraem más del 60% de sus miembros son cocaleros ilegales que viven del narcotráfico. Muy probablemente, más pronto que tarde, tendremos CAD financiados y armados por mineros y taladores ilegales, por mencionar otras dos economías ilegales que crecen en el país con la complicidad del régimen. Si las rondas campesinas que no pueden legalmente estar armadas ya se encuentran en muchas zonas detrás del apoyo a economías ilegales, como en el caso de los wampis, amenazados por taladores ilegales armados que están apoyados por las rondas del lugar, no hay que imaginar mucho para hacerse una idea de lo que puede ocurrir con los CAD a los que se les ha dado carta libre para armarse en todas las zonas rurales. La principal responsabilidad por lo ocurrido es del Congreso, pero cuenta con la complicidad del régimen, que ante la polémica surgida, recién expresa hipócritamente “su preocupación” a través de una solitaria declaración del ministro de Defensa, el pintoresco José Luis Gavidia, que probablemente lo haga presionado como respuesta a la justa indignación de las FF.AA. Dicen los suspicaces que el ministro del Interior, antes de pronunciarse, le preguntará a Bukele” puntualiza la nota. Venga ya, es imprescindible denunciar estos hechos y advertir del grave peligro que se cierne sobre el país para evitar que esta amenaza se cumpla :(
