En esta ocasión quisiera referirme a lo acontecido en Chile el pasado domingo, ya que el resultado del plebiscito encierra importantes lecciones para el Perú, ad portas de una asonada terrorista. En efecto, ese día los chilenos rechazaron abrumadoramente el texto que la llamada Convención Constitucional sometió a su consideración luego de un año de trabajo, donde cerca de un 62% de los ciudadanos que acudieron a las urnas votó en contra del malhadado proyecto. Lo ocurrido, hay que decirlo sin ambages, ha sido un terremoto político para la izquierda… y no solo chilena. Un remezón que en primer lugar alcanza sobre todo a los integrantes de la referida Convención y al demagogo populista Gabriel Boric (que sintonizaba con el espíritu del documento propuesto y alentó su aprobación desde que estaba en campaña), pero no solo a ellos. El sacudón rebasa las fronteras de dicho país y estremece a diversos sectores políticos que a lo largo y ancho del continente han venido sosteniendo de un tiempo a esta parte que las constituciones “son una especie de lista de deseos en las que basta colocar una aspiración para que se haga realidad” lo cual no es cierto. De acuerdo con esos sectores extremistas, los problemas en la educación o la salud en sociedades como la peruana derivarían del hecho de que estas no están “garantizadas” como un derecho constitucional. La verdad, sin embargo, es que en muchos casos la provisión de tales servicios sí está garantizada en las constituciones a los que esos sectores aluden y que, como es previsible, eso no ha originado la superación de las carencias que los afectan. Sin la generación de riqueza, como sabéis, no hay cómo garantizar ni educación, ni salud, ni nada de lo que un Estado debe poner al alcance de los contribuyentes. Pero es con la fantasía descrita en el país andino también el régimen filosenderista de Pedro Castillo y sus secuaces que han estado tratando - desde el primer día que llegaron al poder mediante el fraude - de promover una ilegal asamblea constituyente durante el último año. Y aunque hasta ahora fracasaron miserablemente en su empeño, vale la pena extraer algunas reflexiones de lo sucedido en Chile para el debate que seguramente seguirá teniendo lugar entre los peruanos, con mayor razón cuando ese oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia insiste demagógicamente en su absurdo empeño de intentar reemplazar la actual Carta Magna, por otra de corte comunista, en contra de la voluntad de las mayorías. En Chile era distinto, ya que la ciudadanía sí tenía la voluntad de ir a un cambio de Constitución y así lo expresó en el plebiscito celebrado en octubre del 2020. Pero, como ha quedado evidenciado ahora, no quería cualquier Constitución, sino una que reflejara las ideas moderadas que la mayoría compartía y que no perdiera de vista la razón de ser de toda Carta Magna: funcionar como un límite al poder de las autoridades sobre los individuos. Pero las organizaciones radicales de izquierda marxistas-leninistas y los “independientes” (que, juntos, ostentaban una amplia mayoría en la Convención) creyeron, sin embargo, que esa votación era una carta blanca para colocar en el documento su agenda maximalista, haciendo caso omiso de las objeciones de las otras voces que también estaban presentes en la asamblea, y ni qué decir de aquellos que, aun representando a un grueso sector de la ciudadanía, no tenían sitio en ella. En un momento que ya era difícil para ese país - por los problemas en la Araucanía, la inflación y el descontento desbordado de la gente con sus gobernantes anteriores -, trataron de incendiar la pradera... y los quemados terminaron siendo ellos mismos. El clima de revanchismo e intolerancia hacia quienes no pensaban como ellos que esas organizaciones y sus voceros trasladaron al proyecto de texto constitucional fue rechazado por una amplia mayoría de los chilenos, que se encargó de recordarles a todos ellos de quién provenía el poder que provisionalmente había sido puesto en sus manos. Para el Perú, lo que sucedió en el país vecino deben servir de advertencia tanto para aquellos que creen que cambiar la Constitución es una labor sencilla como para los que piensan que un proceso así sería la ocasión de hacer la revolución de sus sueños, imponiendo su disparatada visión del mundo sobre el resto, como aquella que pretende Castillo y su banda delincuencial, con su marxismo-leninismo-maoísmo-mariateguismo-pensamiento Gonzalo, siguiendo los lineamientos de su idolatrado líder, el genocida Abimael Guzmán. Cabe precisar por otro lado, que la carta fundamental que rige a los peruanos ha tenido varias modificaciones en el tiempo. Y cualquier modificación debe ser realizada dentro del marco de la ley - es decir, a través del Congreso - y sin tratar de hacer lo que ya se ha visto en otros países de la región. Esto es, la transformación de lo que es esencialmente un instrumento para controlar a quien ejerce el poder en todo lo contrario: una licencia para instalar tiranías, anhelado por Castillo con el objetivo de eternizarse en el poder, saqueando sin control las riquezas del país robando a manos llenas, mientras el resto lo pasa peor que antes y que no podrían protestar porque serian violentamente reprimidos por quien hipócritamente dice gobernar “en nombre del pueblo”. Ello puede verse perfectamente hoy en Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los sátrapas asesinos no dudan en recurrir a la violencia extrema para silenciar a la oposición, a la vez que les gusta victimizarse para “justificar” sus arbitrariedades y culpar a otros países de sus propios fracasos. Eso no puede permitirse que suceda en el Perú. Ni ahora ni nunca :(
