Es innegable que la delincuencia venezolana, presente desde el 2016 en el país andino y procedentes de las cárceles chavistas - llegados por obra y gracia del conocido lobbysta y Traidor a la Patria, el judío Pedro Pablo Kuczynski, quien abrió las fronteras de par en par para que ingresen libremente esos indeseables, y ello no hay que olvidarlo - hace tiempo le han ganado el pulso a las Fuerzas del Orden y al Gobierno de la Presidenta Constitucional Dina Boluarte, que se muestran impotentes para combatir a esa lacra criminal que han desatado el terror en las calles como nunca se había visto antes, con mayor razón cuando estos se encuentran “protegidos” por los parásitos caviares enquistados en la administración de Justicia, ya que los liberan al día siguiente de ser capturados para que sigan delinquiendo con total impunidad, por lo que la inseguridad ciudadana que ha llegado a niveles críticos se ha convertido en un asunto de Seguridad Nacional. No es de extrañar por ello que muchos sectores reclamen que la acción de esos grupos delincuenciales sea catalogado como terrorismo urbano, sean juzgados por tribunales militares que les apliquen la Cadena Perpetua e incluso la Pena de Muerte para los más peligrosos, así como ampliar el Penal de Challapalca y reabrir los de Yanamayo y El Frontón para encerrar de por vida a los demás. Una medida justa y necesaria por donde se le mire, pero cuando no, la basura caviar ya salió al frente para rechazar esta posibilidad, arguyendo falazmente que “atentaría con los derechos humanos de los acusados.” Me pregunto ¿Y que hay de las víctimas asesinadas salvajemente por esos miserables que defienden con tanto ardor? ¿Ellos no tienen derechos? Es la misma posición que han tomado con relación a los terroristas de Sendero Luminoso y que los sienten tan suyos - a los que ‘victimizan’ mientras que a su vez persiguen con saña y odio indisimulado a los valerosos agentes del orden que cumplen con su deber - por lo que mientras no se reforme profundamente el Poder Judicial, expectorando a los caviares del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, nada va a cambiar, por más operativos que haga la Policía para colocar tras las rejas a esas bandas asesinas, liberados ipso facto por jueces y fiscales, que en el fondo son sus cómplices. Si bien el Gobierno decreto este jueves el estado de emergencia en 14 distritos de Lima para combatir a la delincuencia venezolana, así como anunciar que las FF.AA, saldrían a las calles para apoyar a la Policía - e incluso se piensa aplicar el toque de queda - estas medidas no van a tener efecto alguno si el Gobierno y el Congreso no se deciden de una vez por todas de encargarse de los caviares, cuya agenda es hacer ingobernable al país. La prensa basura también tiene culpa de ello porque mediante campañas mediáticas impulsadas por la mafia caviar atacan sin cesar al Gobierno y la Policía, pero nunca - repito - nunca señalan a los verdaderos responsables que son quienes financian esas campañas desestabilizadoras. Si la Policía atrapa a esos delincuentes, es la justicia caviar quienes lo sueltan automáticamente. Entonces ¿Quiénes son los culpables? Para todo observador, es patente que el Perú vive un franco proceso de deterioro institucional y democrático. Algunos sectores sugieren que la vulneración permanente del Estado de Derecho implica que se acercan a un autoritarismo. Adornan estas presunciones calificando interesadamente al Perú como un “régimen híbrido” entre democracia y dictadura. Sin embargo, hay quienes sugieren lo contrario. La competencia y el canibalismo político-judicial, el desmanejo y la ineficacia generalizada en las políticas públicas, el apabullante crecimiento de la delincuencia y, ante todo, la reiterativa vulneración del Estado de Derecho, lo han convertido en un “régimen híbrido” entre la democracia y la anarquía. En el Perú, políticos y operadores judiciales han autodestruido el sistema, llevándolo a un estadio de hiperfragmentación del poder, más cercano a una anarquía que a una dictadura. No parece haber válvula de escape a esta situación. Es más, las próximas elecciones a realizarse en el 2026 avizoran un panorama de aún mayor fragmentación ante la posibilidad de que decenas de agrupaciones fantasmales participen en el proceso, a pesar de que no cumplen los requisitos para ello, pero contando con la complicidad de las cuestionadas autoridades electorales - las cuales al igual que la administración de Justicia - inexplicablemente aún continúan en manos de los caviares, listos para repetir el fraude montado el 2021, cuando de una forma por lo demás escandalosa, otorgaron la “victoria” al delincuente terrorista Pedro Castillo, hoy pudriéndose en la cárcel por golpista y ladrón, pero que ahora pretender repetir la maniobra favoreciendo al despreciable asesino de policías y sucio drogadicto, Antauro Humala. Llama la atención por ello que los responsables de esa chapuza, comenzando con el titular del JNE Jorge Salas Arenas (alias Camarada Coquito, por sus conocidos lazos con Sendero Luminoso), sigan en sus puestos como si nada. Tampoco parece haber un freno a la confrontación entre las diferentes partes del sistema de justicia. La batalla campal entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Poder Judicial -en manos de la mafia caviar - y el Congreso, parece ser una en la que solo habrá perdedores. A ello hay que sumarle que la base misma del sistema está en entredicho. Según Datum, un 63% de los peruanos no confía en los organismos electorales del país, mientras la caviarada agazapada en la JNJ usa todo su poder para mantener a las cabezas de dichas instituciones en sus cargos de forma ilegal porque hace mucho tiempo culminaron sus periodos. Esta confrontación de poderes ha desestabilizado completamente la ya baja capacidad del gobierno central para establecer políticas eficientes. Y si a ello le sumamos el mal diseñado sistema de autoridades subnacionales, no llega ninguna política o atisbo de mejora a una ciudadanía que, además de vivir con unos servicios básicos prácticamente inexistentes, soporta las secuelas de la pandemia, el desgaste económico nacional y la gigantesca ola delincuencial fomentada por jueces y fiscales que son sus mayores defensores. Esta situación supone un descontento ciudadano profundo, cataclísmico. Para resolver la involución anárquica, se pueden desarrollar miles de propuestas de reforma. Muchos están convencidos de repetir el modelo Bukele en el Perú, pero con los caviares controlando la justicia y la inacción del Gobierno para limpiar las instituciones públicas de ese cáncer maligno, va a ser muy difícil que se aplique. Como sabéis, existe un consenso sobre la gravedad del deterioro institucional y la necesidad de frenar las vulneraciones permanentes al Estado de Derecho. Para ello, creemos que lo esencial, el punto de partida, es una reforma profunda en el sistema de justicia. En ese sector - en manos de los caviares - la crisis es endémica y afecta todos los ecosistemas de vida de los peruanos. Desde el policía de la calle hasta las máximas autoridades electorales están cuestionados. La validez de los procesos electorales no existe y, al mismo tiempo, vemos noticias diarias sobre cómo los caviares no quieren procesar a delincuentes comunes, pero a su vez, cómo se dan investigaciones abusivas sin fin contra elementos policiales, por autoridades judiciales completamente politizadas. Si en los años ochenta y noventa el país involucionaba por culpa de la hiperinflación aprista y el terrorismo comunista, los males endémicos de la última década han sido la politización de la justicia y la judicialización de la política infiltrados por la mafia caviar. Eso debe parar de una vez y cambiar, ya que al día de hoy es el mayor freno al desarrollo nacional, hundiendo al país en un sistema anárquico. Hay propuestas ya encaminadas, como la creación de una Escuela de la Magistratura, que ayudaría a crear un servicio judicial autónomo y profesional, pero reiteramos que se necesita ir más allá. Es menester realizar una reforma integral del sistema judicial peruano. Acabar de una vez por todas con toda esa lacra caviar, que cual garrapatas se resisten a dejar de seguir viviendo a costa del Estado. Así como en su momento se realizaron reformas profundas y dolorosas en la macroeconomía, se debe aspirar a una reforma total, integral del sistema judicial. Sin ello, el país seguirá trazando el sendero hacia la anarquía y el subdesarrollo.
