sábado, 5 de enero de 2019

PERÚ: El zarpazo de la bestia

Luego de varias semanas de rumores y aprovechando las celebraciones que le pusieron fin al 2018 - tal como sucedió en vísperas de la Navidad del 2017 cuando el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski decidió indultar ilegalmente al despreciable genocida Kenyo Fujimori para intentar salvarse de la vacancia presidencial - el cuestionadísimo integrante de la mafia criminal aprofujimorista que funge de Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial encargado del Caso Odebrecht. Una acción que dejaba al descubierto su intención no solo de ‘blindar’ a Alan García y Keiko Fujimori cubriéndolos con un manto de impunidad, sino también de bloquear la firma del acuerdo con la constructora brasileña a realizarse en los próximos días para acceder a nuevas y explosivas revelaciones que comprometen seriamente a sus protegidos. Sin embargo, no esperaba la reacción del gobierno ante semejante arbitrariedad y ahora se encuentra entre la espada y la pared. En efecto, ante el anuncio por parte del precario inquilino de Palacio Martín Vizcarra de presentar en el Congreso un proyecto de Ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, Chávarry retrocedió en su intentona y confirmo a los citados fiscales en sus cargos, pero la decisión del gobierno de sacarlo de la Fiscalía de la Nación esta tomada. No cabe duda que la bestia de la corrupción quiso sorprender una vez mas a los peruanos pero al final, el sorprendido fue el. Todo parece indicar que sus días al frente del Ministerio Público están contados y terminara en la cárcel junto a los que tanto defendió. Como recordareis, el susodicho pretendió descabezar el Equipo Especial del Caso Odebrecht, destituyendo a los dos fiscales que más logros obtuvieron en el caso más importante de la corrupción de las últimas décadas que involucra a cuatro expresidentes y decenas de políticos. Quiso ‘justificar’ lo injustificable pero a nadie engaña; no lo ha podido hacer durante los seis meses en el cargo (con una sucesión de mentiras sobre sus relaciones en el sistema de justicia y el Congreso, sus probados vínculos con el CNM, su desenmascaramiento en los denominados Audios de la Vergüenza y su oscuro pasado en la fiscalía) y menos lo podía a ser ahora. La destitución de Rafael Vela y José Domingo Pérez fue no solo fue el producto de la venganza de un fiscal corrupto y cómplice de los investigados. Era la captura del caso Odebrecht, para ahogarla en la impunidad, cancelar los avances logrados, impedir el acuerdo de colaboración en vísperas de ser firmado, paralizar y desviar las indagaciones y salvar a Alan García, Keiko Fujimori y sus secuaces de los graves delitos en los cuales están seriamente implicados. En una palabra, era un golpe a la lucha anticorrupción instaurada recientemente con mucho esfuerzo, pero fracasó miserablemente. Este fallido intento no pudo haber podido ser más vergonzoso; anunciado a pocas horas del Año Nuevo y sus argumentos, de una extrema pobreza, eran de orden personal: haber sido criticado por los destituidos. Chávarry se paso semanas y semanas buscando razones ‘creíbles’ para este golpe y no las ha encontrado simplemente porque no existen, por lo que decidió actuar con alevosía y ventaja, sacándolos entre gallos y medianoche, para reemplazarlos por dos magistrados incondicionales que han mostrado reiterada negligencia en otras diligencias a su cargo, y además mencionados con vínculos a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el informe de la Acusación Constitucional del exvocal César Hinostroza - capturado en España a la espera de su extradición tras fugar del país - que presentó un congresista de oposición y que como es obvio, fue encarpetada en el Parlamento por la mafia. Chávarry actuó así de una manera vil y rastrera, creyendo que tenía el control de la situación, amparado por la mafia aprofujimorista en el Congreso que se apresuro en felicitarlo efusivamente - pero vaya que se equivocó. Su derrota no pudo ser más clamorosa y ahora se encuentra totalmente deslegitimado. La batalla por la restitución de los fiscales Vela y Pérez al caso Odebrecht no fue, exclusivamente, la defensa del caso y de los ejemplares magistrados. Fue la batalla por la defensa de la fiscalía y la legalidad que esta institución debe representar. Pero no nos engañemos, la grotesca embestida de la red mafiosa investigada para eludir la acción de la justicia continuará si Chávarry permanece en el cargo; él sabe qué hacer para favorecer a sus socios y actúa en consonancia con ello, por lo que su destino esta marcado. En las últimos días se han propuesto diversas medidas legales para destituirlo y salvar la lucha contra la corrupción en el Perú, desde la aprobación de las acusaciones constitucionales en el Congreso (retenidas por sus socios del delito como son Fuerza Popular y el APRA, que ahora aparentan darle la espalda, pero que en el fondo siguen apoyándolo) hasta la presentación esta semana por parte el propio Vizcarra de un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Publico por 90 días, así como la destitución tanto de Chávarry como de la Junta de Fiscales Supremos que lo eligió, quienes también son infiltrados de la mafia. “Exhorto al Congreso a tratar con carácter de urgencia, que el caso requiere, para no tener que llegar a una cuestión de confianza, ya que la lucha contra la corrupción representa el eje número uno de la política general de Gobierno”, resaltó. Ahora está en manos del Legislativo aprobar la propuesta del Ejecutivo a la brevedad posible. Pero sobre todo, dependerá de la bancada de la mafia criminal aprofujimorista la misma que, en más de una ocasión, por ser mayoritaria, ha avalado una y otra vez el accionar de Chávarry, dilatando el debate de las acusaciones constitucionales presentadas en su contra. Si bien ahora de boca para afuera dicen que este “debe dar un paso al costado”, lo cierto es que trataran de obstruir todo lo que puedan para evitar que sea apartado de su cargo. Por lo pronto, se han negado a que el proyecto de ley pase directamente al Pleno del Congreso para su votación y la han derivado a la comisión de Constitución, donde no se descarta que busquen aprobar otro esquema de reorganización de la fiscalía “para mejorarlo”, buscando en realidad que nada cambie. Lo peor que podría suceder es que estos grupos mafiosos pretendan canjear la salida de Chávarry con un falso retorno a la “normalidad” del Ministerio Público para colocar al mando de esta institución a otro socio suyo que obstruya la lucha contra la corrupción. Para evitar que suceda esta sucia maniobra, deben ser obligados a aprobar el pedido original sin cambio alguno, caso contrario a Vizcarra solo le quedara pedir la cuestión de confianza y si se niegan a rectificar, no le quedara más remedio que cerrar el Congreso, legal y constitucionalmente … A por ellos (Al momento de escribir esta nota, me entero que Keiko Fujmori deberá permanecer en prisión luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones declarara infundado el recurso de apelación presentado por la cabecilla de la mafia contra la orden de 36 meses de prisión preventiva por el delito de lavado de activos y liderar una organización criminal. Bien por el Perú) :)