Traicionada por los mismos sectores que la auparon al poder un 7 de diciembre del 2022, como consecuencia de la ignominiosa caída del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo (hoy en la cárcel por golpista y ladrón), la señora Dina Boluarte fue vacada por el Congreso la madrugada de este viernes y reemplazada por el Pdte. del Congreso José Jerí Ore, cuyo breve mandato de 9 meses, quizá sea más corto de lo que cree, ya que sectores de la izquierda terrorista y los parásitos caviares ya han anunciado una serie de violentas protestas para provocar su salida, intentando reeditar lo sucedido con Manuel Merino, quien como recordareis, sucedió al lagarto Martin Vizcarra, pero no duro ni una semana en el cargo, renunciando cobardemente tras la muerte de dos terroristas durante la asonada senderista que se originó en aquel entonces, siendo reemplazado por el conocido admirador de terroristas Francisco Sagasti, el cual se encargó de digitar las elecciones que posibilito mediante el fraude, el “triunfo” del analfabeto Pedro Castillo, aquel oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia que cogobernó abiertamente de la mano con Sendero Luminoso. Hoy se pretende reeditar aquel oscuro escenario, arrastrando al país andino a un periodo de incertidumbre total sobre su futuro a pocos meses de las elecciones generales programadas para abril del 2026. Y todo por el cálculo político de aquellos sectores irresponsables que vacaron a Boluarte, quienes ilusamente creen que así van a ganar votos cuando muchos los ven como quienes la sostuvieron en el Poder - blindándola de todos los ataques orquestados de la prensa basura - y hoy Jerí es visto solo la continuación de aquello, por lo que su mantenimiento en el cargo se ve incierto. Estamos asistiendo así, al suicidio de un país. Como sabéis, el Congreso del Perú aprobó la madrugada de este viernes una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral” en medio de una ola de inseguridad que azota el país andino. El Pleno del Congreso decidió proceder con la vacancia tras aprobar, con 122 votos a favor, las cuatro mociones presentadas por distintos partidos políticos. Por cierto, Boluarte se negó a asistir al Congreso, luego de que su abogado Juan Carlos Portugal, cuestionara el proceso parlamentario, alegando que el plazo de preparación de la defensa no cumple con las exigencias mínimas y esenciales. "Cincuenta minutos entre la notificación y la hora de audiencia, es, en paridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento", escribió en su cuenta de X. Entretanto, Jerí, se dirigió al país tras asumir el cargo presidencial. "Pueblo peruano, hoy asumo con humildad la Presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base", fueron las primeras palabras de quien se espera que permanezca al frente del país hasta el 26 de julio del 2026. En ese sentido llamó a construir juntos una serie de acuerdos mínimos, “en medio de la crisis política constante que atraviesa el país, con Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada, todo ello en medio de una aguda ola de criminalidad. Tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos y como enemigos debemos declarar la guerra a la delincuencia”, expresó, llamando a las instituciones del Estado a comprometerse con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para ganar esa batalla. Finalmente, se comprometió a "garantizar con transparencia la legalidad y la neutralidad del proceso electoral" que habrá de conducir a la elección de un próximo gobierno constitucional. Con apenas 38 años y un historial cargado de denuncias, Jerí asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Boluarte, pero su permanencia está en entredicho. Su carrera ha sido tan vertiginosa como polémica: ingresó al Congreso de manera accesoria, se convirtió en titular de la Comisión de Presupuesto, fue elegido presidente del Legislativo en julio pasado, y hoy aterriza en Palacio de Gobierno con un prontuario de denuncias, acusaciones archivadas y controversias que lo persiguen desde antes de llegar al poder. Nacido en Lima el 13 de noviembre de 1986, Jerí se formó en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Inca Garcilaso de la Vega, donde estudió Derecho. Desde los años universitarios militó en Somos Perú, el partido fundado por el fallecido alcalde Alberto Andrade, en el que ocupó cargos de dirigencia juvenil. Su salto político vino de la mano de la casualidad institucional: asumió la curul en reemplazo del inhabilitado lagarto Martín Vizcarra, quien no pudo jurar como congresista en el 2021. Desde entonces, Jerí intentó construir un perfil moderado, pero su gestión pronto quedó marcada por los excesos de la política de transacción. Como presidente de la Comisión de Presupuesto (2023-2024), Jerí cultivó relaciones con alcaldes, gobernadores y empresarios del rubro de obras públicas, redes que - según fuentes parlamentarias - le permitieron tejer el bloque que lo catapultó a la presidencia del Congreso el 26 de julio del 2025 con 79 votos y apoyo transversal de bancadas de derecha y centro. Ese consenso, que se explicaba más por conveniencia que por ideología, lo convirtió en el hombre de los acuerdos prácticos en un Parlamento fragmentado. Pero el nuevo presidente no llega libre de controversias. En enero del 2025 fue denunciado por una mujer que lo acusó de violación sexual tras una reunión de Año Nuevo en Canta. El caso derivó en medidas de protección judicial, y un informe psicológico que hablaba de “impulsividad y conducta sexual patológica”. Jerí negó los cargos y los calificó de “maniobra política”. En agosto del 2025, la Fiscalía Suprema archivó la investigación, pero el episodio dejó una marca imborrable que ya está siendo utilizado por sus enemigos. Durante su paso por Presupuesto, una empresaria lo señaló además por presuntos cobros irregulares - una soborno de 150 mil soles - para favorecer proyectos regionales. La denuncia nunca prosperó judicialmente, pero la bancada Alianza para el Progreso (APP) exigió explicaciones y pidió levantar su secreto bancario. Como podéis imaginar, Jerí negó los hechos y los atribuyó a “una operación mediática”, aunque el episodio fortaleció su fama de operador tras las sombras. También enfrenta una investigación por desobediencia a la autoridad por presunto incumplimiento de medidas judiciales derivadas del caso civil de Canta. Pese a ello, sus aliados del Congreso lo blindaron, argumentando que “ninguna de las causas había concluido con condena”. Hace pocas horas, un semanario local dio cuenta de un sospechoso y millonario cambio en la contratación de los seguros médicos para trabajadores del Congreso. Esa historia que lo involucra recién empieza. En el hemiciclo, Jerí se ha caracterizado por un discurso formalmente institucionalista, pero de fondo transaccional. Su elección como presidente del Congreso fue posible gracias al voto conjunto de Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Avanza País, Perú Libre y Somos Perú, una coalición impensable en otro contexto. Esa transversalidad pragmática lo convirtió en el vehículo perfecto de las bancadas que hoy controlan el Parlamento y que prefieren un presidente manejable a uno confrontacional. Si algo une a los últimos jefes de Estado del Perú es la falta de legitimidad de origen. Jerí asume con ese mismo lastre, agravado por sus antecedentes judiciales y la percepción pública de que el Parlamento ha cerrado filas para controlar el Ejecutivo. Su primera tarea será formar un gabinete que ofrezca estabilidad y continuidad institucional, pero las bancadas que lo llevaron al poder ya preparan su cuota, tal como hicieron con Boluarte, quien, sin partido propio, se sometió a los caprichos de sus “socios” quienes la utilizaron cuanto quisieron y luego la desecharon cuando ya no les servía y era un lastre para sus aspiraciones electorales del próximo año, (si es que aun los tienen). En cuanto a Jerí, fuentes del Congreso anticipan que su gabinete podría mantener el tono conservador de Boluarte, con figuras provenientes de APP y Fuerza Popular en carteras clave como Economía e Interior. Por cierto. con la llegada de Jerí a Palacio, el Perú suma su octavo presidente en menos de una década. De esta manera, el país se encamina a un nuevo interregno, gobernado por un Congreso que devora a sus propios aliados, y encabezado por un mandatario cuyo principal activo no es el respaldo popular, sino la aritmética parlamentaria. A sus 38 años, Jerí encarna la paradoja de la política peruana: un presidente sin votos, sin partido sólido y con causas pendientes, llamado a encabezar un gobierno transitorio que podría durar menos de un año. Su destino dependerá menos de su discurso que de su capacidad para sobrevivir a los mismos que lo pusieron ahí, y que tal como hicieron con Boluarte, no dudaran en deshacerse de el para “desmarcarse” del Gobierno y aparentar ser “opositores” a medida que se acerque el día de las elecciones para que no los salpique su desgaste. Una tarea algo imposible (Por lo visto, a la mafia caviar no le ha gustado para nada que Jerí sea el nuevo Presidente del país, y especialmente porque su némesis y enemigo jurado Fernando Rospigliosi – conocido por promover y lograr la aprobación de leyes de amnistía a favor de los integrantes de las FFAA y la PNP que lucharon contra el terrorismo homicida en la década de los 90 - sea ahora quien está al frente del Congreso, por lo que, fuera si, ya anuncian una asonada terrorista este 15 de octubre .... Pobres diablos ¿a qué no querían que se vaya Dina? así sucedió, pero lo que no esperaban es tener al fujimorista bien metido adentro. Sigan llorando malditos, vomitando bilis y votando espuma por la boca, que su derrota ha sido total)
Curioso país el Perú, donde los perdedores son considerados ‘héroes’ y le levantan monumentos a su derrota. En efecto, imaginen un país que sufrió una catastrófica derrota militar, que significo el saqueo de su capital y la perdida de territorios cedidos al vencedor a cambio de la paz. Imaginen que esa provoca una crisis nacional que lo postra durante décadas e incluso, según muchos autores, lo puso en riesgo de desaparecer. Imaginen que - paradójicamente - ese país declara feriado la fecha y cada año la recuerda con orgullo a los vencidos. Ese país es el Perú. Esa es su peculiar relación con uno de los episodios más decisivos y trágicos de su pasado: el combate naval de Angamos del 8 de octubre de 1879, en el que el buque Huáscar, comandado por el almirante Miguel Grau Seminario, sucumbió al fuego de un grupo de naves chilenas liderado por las fragatas Blanco Encalada y Almirante Cochrane, donde Grau perdió la vida con su cuerpo volando por los aires y despedazado por una bomba - y del cual solo se pudo encontrar una pierna - mientras que el Huáscar, capturado, paso desde entonces a ser un preciado trofeo de guerra para el enemigo. Una derrota clamorosa y fulminante en todo el sentido de la palabra, sí, pero mucho más que ello. Porque hay maneras y maneras de perder, y los peruanos como - buenos perdedores que son - todavía se enorgullecen de aquel desastre en Angamos. Como sabéis, en la primavera de 1879 había estallado una guerra entre Bolivia y Chile por la explotación del salitre de la región de Antofagasta. El salitre es un mineral que vivió un auge a finales del siglo XIX por su amplio uso en la industria de la época. Perú, que había firmado una alianza con Bolivia, se vio arrastrado al conflicto con los chilenos. Fue la denominada Guerra del Pacífico (1879-1884). La superioridad militar de Chile era notoria, pero no había logrado imponerla en el mar, lo que dificultaba sus planes de desembarcar y desplegar tropas en los territorios ricos en el apreciado salitre que se disputaba con sus vecinos. Un hombre, el almirante Miguel Grau, y un barco, el monitor Huáscar, habían sido la causa principal. Desarrollando una audaz táctica de guerrilla, Grau, conocido como "el caballero de los mares", había sacado el máximo rendimiento a su monitor, un barco de guerra blindado típico de la guerra naval de entonces, y logrado mantener a raya a la superior armada chilena. Avezado y experimentado hombre de mar, evitaba el enfrentamiento directo y castigaba sus objetivos en apariciones inesperadas y fulgurantes tras las que se retiraba rápidamente. Sus certeras incursiones dejaban en mal lugar al gobierno y al alto mando militar enemigo que pusieron precio a su cabeza. Capturar al Huáscar se había convertido en la obsesión de los estrategas chilenos. La oportunidad se presentó finalmente en la mañana del 8 de octubre de 1879 en las aguas de Punta Angamos, en lo que entonces era el litoral boliviano. Ese día, tras tenderle una emboscada, los barcos chilenos lograron por fin dar caza al Huáscar y al barco que lo acompañaba en sus correrías, la fragata Unión. Sabedor de que no podía escapar, pero sí resistir para facilitar la huida de la Unión, Grau combatió hasta que el impacto de un proyectil lo hizo pedazos. Según los relatos de la época, del Caballero de los Mares no quedó más que una pierna ensangrentada, la que hoy reposa en el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro de Lima. Desde un primer momento quedó clara la trascendencia que para el devenir de la contienda tuvieron la derrota de Angamos y la neutralización del Huáscar. Chile obtenía vía libre para avanzar y golpear a su vecino del norte. A las pocas semanas, el cronista del The New York Times que informó de la batalla acertó al vaticinar que "el 8 de octubre de 1879 figurará siempre en los Anales peruanos como un glorioso, pero al mismo tiempo desastroso aniversario". Imbuido de la visión romántica de la guerra propia del siglo XIX, el corresponsal celebraba que "el contraalmirante Grau, junto con la mayor parte de sus hombres y oficiales, murió como deben hacerlo los hombres, al pie del cañón". Si Bolivia lleva desde entonces reclamando, incluso en los tribunales internacionales, que se le restituya la salida al mar que perdió en la contienda, Perú también sufrió graves consecuencias. En 1881 tropas chilenas ocuparon y saquearon Lima, mientras el país vio como la región de Tarapacá y la provincia de Arica se incorporaban definitivamente a Chile. Al respecto, Max Hernández, fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y autor de un estudio sobre la memoria histórica peruana, afirmó: "La derrota fue terrible y en Perú quedó una herida muy grande de la que nos llevó mucho tiempo reponernos." Para el historiador Cristóbal Aljovín, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, "la derrota en la guerra con Chile fue un trauma porque supuso reconocer que Perú, que en la época colonial había sido más importante que Chile, dejaba de ser el país clave en el Pacífico Sur". Es entonces cuando arraiga un fuerte sentimiento antichileno en gran parte de la sociedad peruana y Perú se ve sumido en una etapa de inestabilidad y atraso que, según algunos, llegó a poner en cuestión su propia viabilidad como país. ¿Por qué entonces conmemorar lo acaecido en Angamos cada 8 de octubre con un feriado nacional? Como sucedió en España en 1898 tras la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas de su imperio, en los círculos intelectuales y políticos peruanos se instaló la idea de que su país había fracasado y vivía una decadencia irreversible. El ejemplo de Grau y otros hombres de guerra actuaron entonces como una suerte de asidero moral. "En Perú no conmemoramos Angamos, conmemoramos a Grau", responde Hernández. Según él, "la sola idea de Perú hubiera perecido sin el ejemplo de Grau, porque la idea de la patria es mucho más difícil de mantener en la derrota". Como ponen de manifiesto los centenares de plazas, calles y monumentos que se les han dedicado en todo el país, Miguel Grau y Francisco Bolognesi - aquel coronel que murió en la batalla de Arica - son los dos grandes héroes nacionales, ambos forjados a base de dignidad en la derrota. Si de Bolognesi, el militar que prefirió pelear "hasta quemar el último cartucho" en la defensa de Arica, los peruanos admiran su coraje y determinación, la figura de Grau presenta además otras aristas que explican por qué fue elegido "el peruano del milenio" asevero. Por su parte, Michel Laguerre, jefe del Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú, dijo que Grau "fue un marino extremadamente audaz y tenaz que logró durante mucho tiempo contener a un enemigo superior a base de ingenio, por lo que se le reconoce no solo en Perú, sino también en Chile y Bolivia". Efectivamente, los historiadores coinciden en que las correrías de Grau mantuvieron en los primeros meses de la guerra la ilusión de una victoria peruana. Pero, tanto como a su genio náutico, el reconocimiento a Grau se debe a su caballerosidad en la victoria. Sus biografías repiten el episodio en el que, tras hundir la fragata chilena Esmeralda en la batalla de Iquique, en mayo de 1879, dio orden de rescatar a los supervivientes que habían caído al mar, en vez de ametrallarlos como hacían los chilenos. También dispuso el envío a la viuda del capitán de la Esmeralda, Arturo Prat, de una sentida carta de condolencias acompañada de las pertenencias de su marido. Fueron actuaciones como esta las que le ganaron el sobrenombre de "caballero de los mares". Por cierto, los chilenos también tuvieron su héroe en aquella guerra, precisamente el mencionado capitán Prat, un veterano de la guerra de 1865 contra España, a la que peruanos y chilenos combatieron juntos entonces, que se convertiría en protagonista de la lucha contra sus antiguos aliados en años posteriores. Según los manuales que desde entonces estudian los escolares chilenos y recuerdan centenares de placas en todas las estatuas que lo recuerdan en su país, Prat prefirió morir combatiendo en la batalla de Iquique del 21 de mayo de 1879 antes que rendir su nave precisamente a Grau. Desde entonces, cada año se conmemora la fecha como una de las "glorias navales" de la Armada chilena y sus compatriotas reconocen en Prat las mismas virtudes de arrojo y sacrificio que los peruanos admiran en su adversario. Son retratos paralelos. La muerte de Prat en Iquique es una de las razones por las que en Chile se celebra cada año en esa fecha el Día de las Glorias Navales, que incluye un desfile militar al que acude el presidente de la República en el Monumento a la Marina Nacional de Valparaíso. En el último, el presidente Gabriel Boric recordó el ejemplo de Prat y los otros caídos del Esmeralda: "Nos recuerda los valores que tiene nuestra patria, la lealtad, el coraje, la humildad, la hidalguía y son cosas que hoy tienen plena vigencia". El historiador chileno Rafael Sagredo, último ganador del Premio Nacional de Historia de Chile, dijo que "ya en la época la figura de Prat, como un hombre que se había sacrificado por la República, se utilizó para construir la unidad de los chilenos en torno a la guerra". El Chile que emergió de la contienda sería muy diferente, un país fortalecido por los ingresos del salitre, con los que pudo llevar a cabo grandes inversiones y una modernización general. Sagredo explica que "el desenlace de la guerra y el desarrollo de los años posteriores instalaron en Chile una cierta visión de superioridad respecto a sus vecinos". El paso del tiempo ha ido difuminando tanto en Chile como en Perú el recuerdo de todo lo que significó la guerra y cambiando el relato que se hace de ella. Cristóbal Aljovín afirma que "en las generaciones más jóvenes se ha perdido algo del patriotismo de la guerra, también por cómo se enseña ahora la historia en las escuelas". Lejos queda ya el espíritu de 1924, cuando el dictador Augusto Leguía decretó que cada 8 de octubre se guardaran dos minutos de silencio en todo el país en memoria de Grau y los otros héroes de Angamos, y que en las escuelas peruanas se dictaran lecciones sobre el gran almirante. Y en los últimos años algunas voces han destacado algunos aspectos más cuestionables de su biografía, como el hecho de que fuera uno de esos militares del XIX que con su constante participación política impidieron el despliegue de un verdadero gobierno civil en la joven república peruana. Estudios publicados en los últimos años se han centrado además en el papel jugado por los indígenas peruanos que fueron enviados a combatir contra el ocupante chileno en una guerra que les resultaba ajena. Pero si en Perú la Guerra sigue siendo objeto de interés para los investigadores, en Chile ese interés ha decaído. Sagredo indica que "quizá hay un cierto complejo por haber sido los vencedores, y mientras en Perú se siguen publicando libros sobre el tema, ningún historiador chileno ha producido una obra relevante en los últimos años". Según el historiador, eso se refleja en que la celebración institucional de la batalla de Iquique tiene cada vez un tono "más deslucido". También parece haberse impuesto una mirada más crítica. Pablo Artaza, director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, señaló que "en realidad, la heroicidad de Prat debe ser puesta a prueba, ya que fue levantada por la historiografía tradicional y el mando militar", y "sirvió para evitar la crítica interna dentro de un contexto bélico". Artaza señala que el tono nacionalista en torno a la Guerra del Pacífico fue constante durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y durante los años finales de la década de 1980, cuando Chile recibió a muchos inmigrantes peruanos, volvió a repetirse la idea de la ‘superioridad’ chilena. "Pero con la llegada de la democracia, se impuso una visión más crítica y menos nacionalista, e incluso se empieza a hablar de que aquello no fue más que una guerra de élite para lograr una expansión del estado nacional chileno", indica Artaza. Es así como cada 8 de octubre, Perú vuelve a rendir homenaje a Grau y a recordar el combate de Angamos, aunque su significado haya cambiado mucho desde que los peruanos convirtieron al almirante en su gran héroe.
Es indudable – y es algo que no se puede negar – que Sendero Luminoso, aquella bestia asesina que ensangrentó el país andino el pasado siglo está intentando levantar su horrible cabeza de nuevo, utilizando para ello como carne de cañón a aquellos despistados que con el nombre de ‘Generación Z’ (una burda copia de aquel movimiento nacido en Nepal) han desatado en las últimas semanas el caos y la violencia en e l centro de la ya de por si caótica Lima, utilizando los mismos métodos senderistas - cual calco y copia - para saber quiénes están detrás de ellos. Hipócritamente dicen que “no tienen líderes ni ideología” pero siguen a pie juntillas el Pensamiento Gonzalo. Cabe precisar que este escenario de violencia subversiva ha sido montado por ese grupo terrorista en contubernio con la mafia caviar y la prensa basura, dentro de su escalada desestabilizadora contra el Gobierno Constitucional de la señora Dina Boluarte. Se trata de una banda terrorista muy bien articulada de manifestantes - vagos y malvivientes sin oficio no beneficio - quienes ha buscado el enfrentamiento directo con la policía so pretexto de avanzar desde la plaza San Martín hacia el Congreso de la República para incendiarlo. La máscara usada para esta asonada terrorista ha sido el ícono de One Piece (el pirata japonés con sombrero de paja que navega liberando pueblos oprimidos) y la identidad manipulada es el nombre de la denominada ‘Generación Z’. Ambas cosas son un disparate, el personaje de la serie manga está siendo utilizado como estandarte de revueltas en otras partes del mundo, como Nepal, aunque allá fue utilizada para derrocar a un régimen COMUNISTA, cuya ideología criminal enarbolan paradójicamente los que marchan por las calles de Lima, con la cantaleta de siempre: “Liberen a Castillo” “Asamblea Constituyente” “Nueva Constitución” entre otras frases subversivas. Es más, esa bandera negra con el símbolo que ahora enarbolan (escondiendo subrepticiamente el trapo rojo con la hoz y el martillo) no representa a nada ni a nadie, salvo darle un sentido internacional a las protestas con el mismo método usado por organizaciones terroristas como Antifa. Cuando se revisan los vídeos, se advierte que la nueva “camada” de Sendero están bien estructurados en columnas, escalafones, vanguardias violentas y equipos de apoyo médico y abogadil. Eso no es fruto del azar, cuesta y revela que una organización (Open Society de la maldita rata sionista George Soros a través de sus ONG’s como IDL) son quienes los proveen desde pancartas hasta petardos; y se comprueba que los líderes son personas de 40 años a más. Venga ya, de jóvenes nada, son las mismas caras viejas y desgastadas que marchan en las calles desde la ignominiosa caída del régimen filosenderista de Pedro Castillo en el 2022... Son los ‘Cojudignos’ reciclados y el mismo discurso violentista de siempre. Gracias a las cámaras de vigilancia, se verifica, además, que algunos escalones de la protesta están encabezados por bandas filoterroristas como el MIR (heredero del MRTA), el ML-19, los neoindigenistas aymaras portadores del trapo colorado llamado wiphala y, directamente, siendo dirigidos por miembros de Sendero Luminoso. Obviamente, que también existen quienes actúan ante problemas como la corrupción o la inseguridad, cuando este último por ejemplo no es culpa del Gobierno como se presenta en la prensa basura, sino de jueces y fiscales caviares que liberan ipso facto a los delincuentes y sicarios detenidos por la policía, para que sigan delinquiendo con total impunidad. Ellos son los verdaderos responsables de la situación, pero claro, sus campañas desestabilizadoras no van dirigidos contra ellos, ya que son sus cómplices. Aquellos ilusos integrantes de la Degeneración Z sin saberlo, son solo borregos de quienes quieren reeditar la asonada del 2020 contra Manuel Merino, quien renuncio tras la muerte de dos terroristas en esas protestas. Pero este gobierno no es timorato como aquel y con mano dura ha enfrentado y seguirá haciendo a esa banda de criminales que solo quieren sembrar el caos, haciendo pedidos estúpidos como la reposición de la usurpadora Delia Espinoza o la liberación del golpista Pedro Castillo. Asimismo, existen cómplices que pretenden ‘justificar’ la violencia desatada por esos maleantes - destruyendo a su paso propiedad pública y privada, así como ataques a la policía con armas incendiarias - desde periodistas caviares que ‘justifican’ el uso de armas letales como las bombas molotov, hasta medios, trolls web, ONG’s, universidades y cardenales rojos que satanizan a una policía apedreada y con efectivos quemados vivos, a la vez que santifican a los terroristas. ¿Qué pretenden con ello esos malnacidos? Claramente, alcanzar un momentum de desborde popular que frustre las elecciones y desate el caos revolucionario. Eso no solo hay que denunciarlo, sino reprimirlo con dureza. Como hemos repetido en innumerables oportunidades, con los terroristas no se negocia y solo hay que aplicarles la ley, tanto a los que marchan en las calles como a los parásitos caviares que los promueven en las redes sociales, obviamente desde la comodidad y seguridad de sus casas. Que sean otros quienes mueran por ellos, para utilizarlos políticamente, como siempre lo han hecho. Sendero, entiéndanlo bien, renunció a la guerra popular del campo a la ciudad, ahora su estrategia es el golpe de masas, y para ello necesita capturar el poder, del cual fueron expectorados con la caída de Castillo. Por eso necesita incendiar la pradera e imponer sus demenciales ideas con extrema violencia y a los cuales hay que combatir con firmeza. Entiéndanlo. Esa es una guerra total contra el terror contra Sendero Luminoso y si no lo reconocen, peor para ellos, porque de la misma forma serán tratados.
Desde la cima del acantilado, el único movimiento apreciable a simple vista es el del mar reventando contra los peñascos cercanos a una estrecha playa. Pero un ojo entrenado es capaz de distinguir mucho más, incluso a decenas de metros de distancia. “Mira, ahí están”, dice la bióloga Patricia Saravia Guevara mientras señala uno de los islotes. Me entrega un par de binoculares y, enseguida, el panorama se transforma completamente. Sobre las rocas –sólidas e inmóviles– va apareciendo vida en plenitud: una loba de mar que amamanta a su cría, un individuo juvenil que persigue a otro sin descanso, un par de machos que saltan al agua y se pierden entre la espuma, mientras otros que reposan al sol sin inmutarse. Nos encontramos en la Reserva Nacional de Paracas, creada hace medio siglo por el régimen militar de aquel entonces con el fin de preservar la biodiversidad. Esta área protegida alberga a más de 1.500 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción. En un sector de la Reserva denominada Punta Arquillo, se ha priorizado la investigación científica, por lo que su acceso está restringido para los turistas. En el lugar, se observó un grupo de más de 40 lobos finos, una especie amenazada que solo habita en las costas sudamericanas. “Estamos en una época baja, la población está dispersa. Entre octubre y diciembre, su presencia es mucho mayor, porque vuelven para el período de reproducción. En esta zona hemos monitoreado entre 150 y 180 lobos [finos]”, relata Saravia, especialista de recursos naturales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad estatal que administra la reserva. Cabe precisar que el documento de la creación de la Reserva Nacional de Paracas destaca que “la península constituye el hábitat de varias especies en peligro de extinción y otras que constituyen un atractivo para el turismo de vista”, por lo que era necesario preservarla. Para el régimen militar, Paracas también tenía un valor simbólico. “El establecimiento de una reserva nacional […] permitirá conservar en su estado natural una parte de la bahía donde desembarcó el Libertador don José de San Martín al mando de la expedición libertadora y donde tuvo lugar la concepción de la primera bandera nacional”, concluye la norma. La reserva natural está compuesta por 335.000 hectáreas, un área mayor que la de toda Lima Metropolitana. El 65% son aguas marinas; y el 35% restante, islas y tierra firme. La bióloga marina e investigadora Joanna Alfaro Shigueto explico que el caso de Paracas es especial, ya que se trata de la primera reserva natural marítima establecida en el Perú. “Cuando uno piensa en una reserva natural, muchas veces piensa en la selva, que es maravillosa, pero no en el mar o el desierto. En Paracas encontramos mucha biodiversidad y especies únicas, algunas de las cuales no podemos ver en otros lugares”, agrega la docente de la Universidad Científica del Sur. Esta área protegida alberga a más de 1.500 especies de flora y fauna, algunas de ellas incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tales como la nutria marina, el pingüino de Humboldt y el gaviotín peruano, entre otras. En la mayoría de los casos, el ser humano es el principal responsable del daño –a veces irreversible– ocasionado a los ecosistemas. “Las amenazas recientes incluyen caza local para consumo, mascotas o trueque, reducción de su fuente de alimento debido a la sobrepesca […] uso de dinamita para la pesca y severa mortalidad durante los eventos de El Niño”, advierte el “Libro rojo de fauna silvestre amenazada del Perú” (2018) sobre el pingüino de Humboldt, un ave que solo ocupa territorios costeros del Perú y Chile. Ubicada a solo 250 km al sur de Lima –a cuatro horas por carretera–, la Reserva Nacional de Paracas es el quinto destino del país más visitado por los turistas locales, según información oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el 2024, acogió a 412.424 personas, 89% de las cuales eran peruanas. Al respecto, el jefe de la reserva de Paracas, Gonzalo Quiroz Jiménez, comentó que ahora se trabaja en diversificar la oferta turística para captar un mayor número de visitantes extranjeros. Quiroz también informó que los turistas solo tienen acceso a un 5% del inmenso territorio de Paracas. Lejos del bullicio y el caos, la mayoría de la reserva se utiliza para el monitoreo e investigación de especies, pero también para actividades como la pesca artesanal, una de las principales fuentes de ingresos para las familias locales. Finalmente, Joanna Alfaro relató que como investigadora ha tenido acceso a áreas de Paracas desconocidas para la mayoría de peruanos. “El acceso limitado permite que [la reserva] se mantenga en sus condiciones naturales. En Paracas encontramos lugares hermosos e increíbles. Cuando uno los visita, descubre por qué debemos estar orgullosos de vivir en el Perú”, aseveró. Precisamente, celebrando el 50 aniversario de su creación, el Museo Amano está presentando desde el pasado 25 de septiembre hasta el 5 de octubre la exposición titulada Paracas / Silencio Habitado, organizada por la Asociación Civil sin Fines de Lucro “Protejamos Paracas” en alianza con “Planeta Océano”, la cual reúne obras de reconocidos artistas que han encontrado inspiración en la biodiversidad, el paisaje y la carga simbólica de Paracas. La muestra propone una reflexión colectiva sobre la urgencia de preservar el ecosistema y revalorar su papel en la identidad cultural peruana. “Consideramos que es imprescindible hacer un llamado que toque la conciencia de todos los peruanos y que comprendan que preservar su legado es responsabilidad de todos”, afirman desde “Protejamos Paracas”. Para ello, la Asociación ha reunido una selección de obras de reconocidos artistas de diversas disciplinas que, impregnados de su magia, atraídos por su belleza y profundamente tocados por su sacralidad, han plasmado en sus trabajos ese sentimiento que Paracas les ha despertado. Ellos son: Manongo Mujica, Pauline Barberi, Reynaldo Luza, Rafael Hastings, Eduardo Eielson, Lorry Salcedo, Esther Vainstein, Ester Ventura, Carlos Runcie, Walter Wust, Yuri Hooker, entre varios otros. “Paracas es mucho más que un paisaje. Es parte esencial de nuestra identidad”, señalan los organizadores, al destacar la necesidad de una conciencia ambiental compartida. La inauguración permanecerá abierta al público en el Museo Amano (Calle Retiro 160, Miraflores), de forma totalmente gratuita, hasta el domingo 5 de octubre... Aun tienes tiempo de visitarla.
Este martes por fin comenzó el juicio contra la corrupta Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, que por años hipócritamente enarboló la bandera de la anticorrupción y se jactaba de tener “las manos limpias” cuando era una ladrona de marca mayor como todos los parásitos caviares. La ironía es patética: quien se presentaba como “defensora de la transparencia”(¿?) terminó en el banquillo por recibir millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña del No a la Revocatoria, tal como ella misma lo admitió hace 8 años, pero a pesar del largo tiempo transcurrido del delito cometido, la justicia caviar puso mil y un obstáculos para que se diera inicio a su juicio con el claro objetivo de que este prescribiera - al tratarse de una de las suyas - e incluso no solicito su arresto preventivo, por lo que la muy sinvergüenza se daba la gran vida con el dinero de la corrupción. Pero el escándalo era tan evidente que no tuvo otra opción que aceptar de mala gana que dé comienzo el proceso en contra de la susodicha. Al respecto, la fiscalía le imputa cinco delitos graves: asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración y falsedad genérica. El pedido es contundente: 29 años de prisión por liderar una red criminal (conocida en el ambiente gansteril como el de 'las chalinas verdes') que lavó más de US$11 millones provenientes de estas empresas corruptas. Lo más revelador no son las cifras astronómicas, sino la actitud de quien prometió cínicamente “una gestión sin corrupción”. Es más, en una entrevista con César Hildebrandt el pasado lunes, tras seis años de silencio, Villarán de la Puente ofreció un perdón insultante para quienes confiaron en ella. No pidió disculpas por aceptar dinero sucio de empresas que operaban bajo esquemas corruptos globales, sino únicamente por haber callado. “Pedí perdón por callar”, declaró la individua. Más grave aún, afirmó sin pudor que “volvería a hacer lo mismo” si estuviera en esas circunstancias, como si recibir financiamiento ilícito fuera legítimo para mantenerse en el poder. Esta confesión desnuda su naturaleza: para esta sujeta, el fin - quedarse en la alcaldía de Lima y no ser revocada - ‘justificaba’ cualquier medio. Su defensa es igualmente desvergonzada. Sostiene que no hubo “ningún acto de corrupción”, porque afirma que no otorgó ventajas a las constructoras. Nada más falso. Como si recibir millones de empresas con contratos de concesión otorgados por la comuna siendo la titular de la Municipalidad de Lima no constituyera, per se, un acto irregular que vulnera principios elementales de la función pública y un delito que se paga con cárcel. Villarán no merece perdón, porque nunca lo pidió realmente. Su arrepentimiento es selectivo: lamenta haber sido descubierta y no haber defraudado a limeños que creyeron en un discurso ético de “manos limpias”. Como sabéis, los aportes de más de US$ 11 millones hechos por Odebrecht, OAS y Graña y Montero a las campañas de Susana Villarán fueron a cambio de favorecimientos en tres proyectos que tenían estas constructoras con la Municipalidad de Lima, vinculados al cobro de peajes, la firmas de contratos y de una adenda. Esa es la tesis central de la acusación contra la exalcaldesa de Lima, expuesta durante su juicio, como parte de los alegatos iniciales de la fiscalía y la procuraduría del Caso Odebrecht. Estas entregas fueron para las campañas en las que participó Susana Villarán mientras era alcaldesa: contra su revocatoria (2013) y la de su fallida reelección (2014). A cambio, Odebrecht se aseguró un contrato favorable en el proyecto Rutas de Lima o Vías Nuevas de Lima; OAS obtuvo una adenda en el proyecto Línea Amarilla y Graña y Montero ganó el contrato de la Vía Expresa Sur. Estos acuerdos ilícitos son la base de la acusación por el delito de colusión. Los aportes se hicieron de distintas formas: pagos al publicista brasileño Valdemir Garreta, entregas en efectivo, contratos simulados, movimientos bancarios, emisión de cheques; etc. Según la acusación, OAS entregó US$ 7 millones (3 millones para el 2013 y 4 millones para el 2014); Odebrecht dio US$ 4.1 millones (3 millones para el 2013 y 1.1 millón para el 2014); y Graña y Montero aportó US$ 200 mil (2013): un total de US 11.3 millones. Todo eso es parte de la imputación por lavado de activos y falsedad genérica/falsa declaración. Todo esto se realizó, como parte de la actuación de una organización criminal enquistada dentro de la Municipalidad de Lima que tenía como objetivo mantenerse en el poder. Esta es la base de la acusación por asociación ilícita para delinquir. Sumados los cinco delitos, se solicitó una pena de 29 años de cárcel para Susana Villarán. El fiscal Pérez advirtió que los principales perjudicados con estos hechos fueron los vecinos de Lima, debido a los cobros de peajes y las restricciones al derecho al libre desplazamiento. En tanto, el procurador Carlos Fernández remarcó que los aportes resultaron siendo rentables para las empresas debido, precisamente, al cobro de peajes; y que este no es solo un caso de aportes a un candidato, sino de entregas de dinero a una autoridad en funciones que buscaba seguir en el cargo. Ambos incidieron en que todo lo afirmado durante estos alegatos se probará a lo largo del juicio oral con la presentación de múltiples testigos, entre ellos colaboradores eficaces, así como peritos con sus respectivas pericias y distintas pruebas documentales. La exposición del fiscal Pérez, integrante del equipo especial Odebrecht, se extendió por casi tres horas y resumió a grandes rasgos la acusación que él mismo presentó contra Villarán y los otros 17 enjuiciados por este caso. Esta aborda un total de doce hechos, agrupados en cuatro ‘bloques’: los actos de corrupción previa, el lavado de dinero, la falsa declaración y la organización criminal. Para comenzar, el fiscal recordó que entre el 2012 y el 2013, durante la gestión de Susana Villarán, la entonces alcaldesa enfrentó un intento de revocatoria que se votó en marzo de ese último año. “Dentro de ese proceso de revocatoria es que se gesta el contrato para la concesión del proyecto Rutas de Lima (…) Susana del Villarán pacta con Odebrecht y le otorga los peajes de la ciudad de Lima a la empresa Odebrecht”, dijo. El contrato se firmó, por un plazo de 30 años, en enero del 2013. “La Municipalidad de Lima, que recaudaba los peajes a través de su empresa municipal, Emape, a partir de este concierto ilícito, se los entrega a la empresa Odebrecht. En buena cuenta, será esta empresa la que se encargará de recaudar los peajes de los ciudadanos y ciudadanas de Lima que circulen por las vías de la Panamericana Norte y Sur, vías que, cuando se da este pacto, estaban construidas y en operación”, sostuvo Pérez. ¿Qué dio y qué obtuvo Odebrecht para este favorecimiento? De acuerdo con el fiscal, “la contraprestación es que Odebrecht da un pago ilícito de US$ 3 millones y a cambio, Susana Villarán de la Puente y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima”. Para, ello los funcionarios municipales realizaron múltiples irregularidades: “Adelantan la adjudicación de la concesión de una manera inusual y procuran evitar la competencia de otros postores. Ejecutan la concesión y aprueban el cierre financiero antes de un cambio de gestión municipal”. Además, remarcó que el contrato se firmó sin que se haga la consulta o se reciba la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), situación que repetiría en los otros proyectos. La participación de Odebrecht se repite en el 2014, durante la campaña de reelección de Susana Villarán. Para ello, sostuvo que también hubo una concertación con la constructora brasileña, porque la acusada buscaba dinero para la campaña. En esta, sostuvo que el monto dado por Odebrecht fue de US$ 1 193 816,68, generados mediante pagos “sobrevalorados” a un contratista o por servicios ficticios. “¿Qué ganó Odebrecht financiando la reelección? Sostener su contrato de concesión, que le implicaba poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo en una concesión que le habían dado por 30 años”, dijo. Agregó que se generó perjuicio a los limeños porque no se aplicaron penalidades a la empresa y porque “restringieron su derecho al libre de tránsito, bloqueando vías públicas, como es el caso de los vecinos de Puente Piedra, que no tuvieron un acceso alternativo”. De acuerdo con la acusación fiscal, con OAS y el proyecto Línea Amarilla se siguió un patrón similar, aunque con la diferencia de que este el contrato ya se había firmado en el 2009, con la gestión municipal previa del corrupto Luis Castañeda. Sin embargo, la municipalidad y la constructora firmaron una adenda al contrato en febrero del 2013, en el contexto de la revocatoria, que se votaba en marzo de ese mismo año. “El objeto de probanza en el juzgamiento será el acuerdo colusorio entre la empresa OAS y la referida exalcaldesa para materializar la adenda uno al contrato de concesión (de Línea Amarilla, renombrada Vía Parque Rímac). ¿Qué les prometió OAS? US$ 3 millones", dijo. Las entregas habrían sido a través de los hoy acusados Luis Gómez Cornejo (US$ 1 millón) y Óscar Vidaurreta (1 millón), además de 1 millón directamente para Valdemir Garreta, “por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez y Susana María del Carmen Villarán de la Puente”. “¿Cómo termina favoreciendo Susana Villarán a OAS con la suscripción de esta adenda? Nuevamente como ocurrió con Odebrecht, la adenda se firma sin la opinión favorable del MEF, es decir, con el incumplimiento de un requisito legal (…), sin opinión técnica. Se le dio a Línea Amarilla la concesión hasta 40 años (….) Cambió la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciada”, apuntó. También destacó que la adenda “eliminó el Metropolitano” que debía ir por la Línea Amarilla. “El contrato estipulaba que OAS le diera a la ciudad de Lima un nuevo metropolitano, la ex alcaldesa, pensando en su propio interés, eliminó con esta adenda esa posibilidad. El resultado: cero transporte público masivo en Lima. La consecuencia: más carros, más combis y, por lo tanto, más peaje que pagar para la empresa OAS” asevero. Como con Odebrecht, el plato se repitió en la campaña del 2014, pero con una cifra mayor: fueron US$ 4 millones, de acuerdo con el Ministerio Público, para favorecer a OAS en un “trato directo”, un mecanismo para resolver una controversia sin llegar a un arbitraje: “¿Qué gana OAS en este trato directo? Van a venir auditores de la Contraloría que les indicarán que, con el aumento del peaje, como consecuencia de haberse utilizado una fórmula distinta de reajuste a la establecida en el contrato, se obtuvo un beneficio para el concesionario de hasta S/ 28,982,386.72”. La tercera constructora implicada es la peruana Graña y Montero (GyM). Según dijo el fiscal, la gestión de Susana Villarán tenía una deuda con América Televisión de US$ 200 mil por la campaña contra la revocatoria y querían que la constructora la pague. El fiscal sostuvo que esto se canalizó a través de las empresas de publicidad Chisac y Ogilvy. Luego, en agosto de ese año, se firmó el contrato por la Vía Expresa Sur, el único de estos proyectos que no llegó a ejecutarse. “¿Qué ganó GyM? Se firmó el contrato por 40 años con un sistema de peaje electrónico que no estaba proyectado. De la misma manera como ocurrió en los casos anteriores, (se hizo) sin la opinión favorable del MEF (…) sin opinión técnica. Iba a tener poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo”, señaló el fiscal Pérez. En cuanto al delito de organización criminal, el fiscal expuso el esquema de la organización criminal, con Susana Villarán a la cabeza y José Miguel Castro como jefe, además de otros acusados del caso. A su turno, el procurador Carlos Fernández remarcó que todos “estos actos de corrupción y lavado de activos fueron posibles gracias a que una organización criminal se enquistó en el aparato municipal para mantenerse en el poder y que tenía como líder a la entonces alcaldesa de Lima”. En sus propios alegatos, el procurador del caso, encargado de plantear el cobro de una reparación civil contra los acusados, resaltó que este es el caso más emblemático y de mayor potencia vinculado “al cobro de peajes en el ámbito del gobierno municipal”. Según dijo, lo particular de este caso es que los funcionarios municipales “encontraron en el cobro de peajes un negocio altamente rentable para poder negociar ventajas económicas y legales”. “¿De quién es? De la contraparte privada, vinculada a tres proyectos públicos: Vías Nuevas de Lima, Línea amarilla y Vía Expresa Sur. Las empresas privadas también encontraron rentables estos cobros de peajes, para que a cambio de dar aportes de campaña ellos puedan obtener ventajas indebidas en cada uno de estos proyectos. Definitivamente, la ‘inversión’ que hicieron estas empresas vinculadas a estos tres proyectos era absolutamente simbólica en comparación a la rentabilidad que les iba a generar”. En otro momento, recordó que este caso es distinto al de otros donde se investigaron aportes de campañas a un candidato, como serían los de Ollanta Humala o Keiko Fujimori, ya que “estamos hablando de funcionarios que, en el contexto de proyectos públicos, negociaron ventajas económicas a cambio de otorgar beneficios en esos proyectos. No son menos aportes de campaña”. La audiencia llegó a su fin justo antes de que el procurador indique cuál es el monto de la reparación civil requerido contra Susana Villarán y el resto de acusados. Esa parte de la exposición continuará en la próxima sesión del juicio, programada para el lunes 6 de octubre. Ese día también dará sus alegatos de apertura la defensa de la exalcaldesa. En tanto, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y, alternativamente, falsedad genérica se basa en la imputación de haber entregado información falsa a las autoridades electorales sobre los aportes a ambas campañas. Pérez dijo además que espera que, en los alegatos de su defensa, Villarán admita ante los jueces haber recibido los aportes de Odebrecht y OAS, tal como ha hecho en distintas entrevistas periodísticas. Será el Poder Judicial el que defina qué pena le corresponde a la procesada, pero la historia la juzgará como la primera mujer elegida alcaldesa de Lima que prometió transparencia y traicionó a los millones de limeños que confiaron en ella para poder permanecer en el cargo robando a manos llenas y vanagloriándose por ello... A la cárcel con ella y sus secuaces.
Se trata de una organización social sin fines de lucro que desde hace 14 años trabaja por el desarrollo de la niñez e infancia en el Perú, mediante la educación musical gratuita y colectiva, transformando sus vidas a través de la música. Liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, apuesta por generar procesos de transformación social mediante la enseñanza colectiva de la música. En sus núcleos y módulos, ubicados en distintos lugares del territorio peruano, niñas, niños y jóvenes del programa reciben una formación orientada a forjar habilidades para la vida, competencias artísticas, así como a la práctica de valores y a la formación en ciudadanía. En estos espacios, se estimula la convivencia, el sentido de comunidad, la excelencia, el desarrollo integral y la formación artística. “Sinfonía por el Perú me recuerda cada día cómo la música no solo cambió mi vida, sino la de miles de niños, ofreciéndoles un nuevo futuro lleno de esperanza” afirmo Flórez. Cabe precisar que Sinfonía por el Perú llevó a cabo por primera vez en el 2014 una exigente investigación para medir el impacto real del proyecto sobre los participantes y su entorno. El estudio arrojó contundentes resultados, tales como niños y jóvenes que forman parte de Sinfonía por el Perú muestran mayor autoestima y creatividad; su rendimiento escolar es mejor y muestran mayor determinación al llevar a cabo sus tareas; asimismo, los participantes disminuyen las expresiones de agresividad verbal y física y mejora el ambiente familiar. En el año 2018 se realizó una segunda evaluación experimental de impacto del programa y esta demostró que su participación en él, reorienta positivamente el futuro de los niños y jóvenes: disminuyen las actividades de riesgo, se reduce el embarazo adolescente, incrementan las horas de estudio, y la expectativa de realizar estudios de maestría y posgrado aumentan considerablemente. “Estos resultados nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir adelante. Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo de todas las instituciones y personas del Perú y el mundo; quienes hacen que posible llevar el cambio a más y más niños y a sus familias” añadió. “No olvidamos que la formación musical debe ser de calidad, buscando que los beneficiarios desarrollen su máximo potencial en las distintas dimensiones artísticas, ejecución, apreciación, y creación; sabemos que no es tarea fácil, por ello es indispensable fomentar el desarrollo de motivación auténtica, motivación que les permita perseverar en el tiempo en el camino de la música; nuestra dinámica de trabajo artístico es colectiva y colaborativa, además de comprender al individuo y por tanto a su desarrollo como integral. Desarrollo artístico con un enfoque integral. Cada beneficiario es único y diferente y los procesos formativos se desarrollan tomando esa individualidad en cuenta. Guardamos un profundo respeto a cada uno de ellos y sus características, habilidades e intereses; valoramos y reconocemos tanto su logro de metas, como los pasos de su proceso de crecimiento constante, proceso que disfruta y le causa satisfacción. Es decir, para nosotros es importante llegar a la meta, pero más importante y satisfactorio es el camino hacia ella, acompañando y poniendo atención a cada beneficiario en su proceso. Somos testigos e impulsores del enorme poder transformador que tiene el arte y, en especial, la música. De su capacidad de impactar, tanto a nivel individual como colectivo, deshaciendo formas y relaciones impuestas por la desigualdad y la violencia, con ese enorme poder cohesionador y de transformación social que trae consigo la experiencia artística colectiva. Estamos embarcados en la constante búsqueda por construir un mundo mejor, reconocemos la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestra sociedad, y la alentamos” apunto Flórez. “Nuestro objetivo principal es trabajar por que los niños, niñas y jóvenes del Perú, accedan a espacios de formación musical en los que impulsen sus capacidades y potencialidades para emprender, con autonomía, sus trayectorias de vida; y se conviertan en agentes de cambio para la sociedad” puntualizo. Desde su creación, Sinfonía por el Perú se ha presentado en diversos escenarios, generando elogios por el esfuerzo alcanzado. Ahora, la orquesta y coro juvenil anuncia su regreso este viernes 26 de septiembre, presentando la “Misa de Requiem en Re menor” de Wolfgang Amadeus Mozart” en el Teatro Municipal de Lima. Cabe precisar que se trata de una de las obras más impactantes de Wolfgang Amadeus Mozart, envuelta en sutil misterio ya que el insigne austriaco falleció en 1791 sin poder concluirla. Su amigo Franz Xaver Süssmayr continuó el proceso creativo, conservando el lenguaje profundamente humano cargado de dramatismo, esperanza y fe católica. El programa musical incluirá la composición solemne “Maurerische Trauermusik (música para un funeral masónico) en Do menor”. De otro lado, del 26 al 28 Sinfonía por el Perú presentará además el Festival Perú Canta con grupos vocales de sus núcleos de Lima y conjuntos invitados de la Universidad Nacional de Música y Camerata Vocal de Lima, que se realizará en el Museo de Arte de Lima (MALI), a partir de las 3:30 de la tarde, con el patrocinio de la Fundación Hilti. Pero ello no es todo, ya que, en el plano internacional, Sinfonía por el Perú anuncia la participación de su Coro Juvenil en el prestigioso Congreso Internacional “La promesa de la música” (The promise of music), evento auspiciado por la Fundación Glenn Gould y programado del 6 al 10 de octubre en Toronto, Canadá. En su periplo canadiense, la agrupación ofrecerá asimismo un concierto didáctico el martes 7, una gala especial el miércoles 8 y, al día siguiente, compartirá aprendizajes y anécdotas con las delegaciones invitadas en el Arena Concert. Asimismo, algunos integrantes del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú intervendrán en la “Mesa de discusión: Lecciones aprendidas – Programas exitosos en el mundo”, actividad académica que permitirá analizar el vínculo de la música con el bienestar infantil y la transformación social que puede generar, objetivos que justamente persigue la organización liderada por Juan Diego Flórez. Esta actividad contará además con la presencia de importantes delegaciones latinoamericanas y europeas.
El Perú atraviesa un momento histórico en su relación con el sistema interamericano de derechos humanos. La aprobación de la Ley de Amnistía para militares, policías y rondas campesinas procesados o condenados por hechos vinculados a los años de terrorismo en el país andino (1980-2000) ha puesto en el centro del debate un tema mayor: ¿hasta qué punto los organismos internacionales deben tener injerencia en decisiones soberanas de un país? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reaccionó de inmediato ordenando suspender la aplicación de la norma, y el Ejecutivo, en un giro frontal, decidió no acatar el mandato, reafirmando un principio largamente discutido: la soberanía nacional por encima de cualquier tutela foránea. Esta tensión no es nueva, pero hoy adquiere un carácter de urgencia. Los defensores del retiro del Perú de la Corte IDH argumentan que los fallos de este tribunal han limitado al país, sometiéndolo a una jurisdicción supranacional con un claro sesgo ideológico. Desde esa perspectiva, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento de presión política contra los Estados que intentan garantizar orden, seguridad y estabilidad. La disyuntiva del Perú es clara: seguir bajo la supervisión de organismos internacionales con agendas ajenas al interés nacional o recuperar plenamente la capacidad de decidir su destino. La Corte IDH nació con el objetivo de garantizar derechos fundamentales en América Latina, especialmente en contextos donde los Estados no ofrecían justicia a sus ciudadanos. Sin embargo, con el paso de las décadas, su rol se ha transformado en algo más parecido a un tribunal ideológico que a un árbitro imparcial, en manos de la mafia caviar. Sus sentencias no solo han cuestionado políticas de seguridad interna, sino que han intentado reescribir la memoria histórica de las naciones. El caso peruano es paradigmático. Desde los años noventa, la Corte IDH ha emitido pronunciamientos que, en lugar de fortalecer la reconciliación nacional, han buscado sentar a los Estados en el banquillo de los acusados, siempre bajo la narrativa de las “víctimas del Estado”, minimizando o invisibilizando el accionar de los sanguinarios grupos terroristas Sendero Luminoso y del MRTA, responsables de decenas de miles de muertes. Esa lógica encierra una lectura parcializada de la historia: los militares y policías son presentados como victimarios, mientras que los terroristas son ‘santificados’ y sus abominables crímenes terminan diluidos en un relato de “conflicto armado interno”. No es casual que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se alineen sistemáticamente con esta versión parcializada y antojadiza. Estas ONG, financiada - cuando no - por esa inmunda rata judía de George Soros a través de Open Society, presionan a los países para que acepten la supervisión de cortes extranjeras, bajo la premisa de un “universalismo de los derechos humanos”. Sin embargo, detrás de esa retórica se oculta un hecho contundente: se busca limitar la capacidad de los Estados soberanos de aplicar sus propias leyes y administrar justicia conforme a su contexto histórico, social y político. Como sabéis, en julio del 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó una ley de amnistía que ha generado una tormenta mediática e internacional. El espíritu de la norma es claro: exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas que enfrentan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. En ese sentido, la Corte IDH reaccionó con dureza, exigiendo al Estado peruano frenar su aplicación. Pero el Gobierno peruano, esta vez, decidió no acatar. La presidenta Dina Boluarte y varios ministros recalcaron que el Perú no puede seguir siendo “colonia de nadie” y que las decisiones internas deben respetarse: “La justicia internacional no puede estar por encima de la justicia nacional”. Desde sectores afines a Sendero Luminoso y la mafia caviar se ha levantado la crítica interesada de que la amnistía “implica impunidad”. Sin embargo, esa afirmación ignora un hecho esencial: los militares y policías actuaron en defensa del Estado, enfrentando una guerra no convencional contra grupos terroristas brutales, sin reglas ni límites. Pretender juzgarlos con parámetros de laboratorio, desconectados del contexto, es una injusticia histórica. El debate de fondo no es solo jurídico, sino profundamente político. ¿Quién tiene la última palabra sobre la justicia en el Perú? ¿Los jueces nacionales, elegidos conforme a la Constitución, o magistrados extranjeros de una corte internacional, muchas veces alejados de la realidad peruana? La respuesta, desde una perspectiva de defensa de la nación, es evidente: ningún país libre puede aceptar la intromisión de entes supranacionales en sus decisiones internas. Pero la ideologizada Corte IDH no es un caso aislado. En las últimas décadas, se ha configurado un andamiaje internacional de organismos, cortes y ONG que dictan pautas a los Estados bajo el ropaje de la “comunidad internacional”. Naciones Unidas, sus agencias, la OEA, la propia Corte IDH e incluso tribunales europeos ejercen presión constante sobre gobiernos soberanos. En la práctica, muchas de estas instituciones se han convertido en instrumentos del progresismo global, promoviendo agendas aberrantes sobre género, migración, multiculturalismo o justicia transicional que responden más a intereses políticos que a la defensa genuina de los pueblos. El Perú debe preguntarse con valentía: ¿quiere seguir siendo un país tutelado por agendas extranjeras o queremos decidir por ellos mismos? La respuesta de una derecha soberanista y realista es clara: la independencia no se negocia. Juristas como el chileno José Antonio Ramírez, experto en derecho constitucional, señalan que “los tribunales internacionales se han desviado de su misión inicial, convirtiéndose en órganos de presión política contra gobiernos que defienden el orden y la autoridad. En lugar de fortalecer los Estados, los debilitan”. Por su parte, el economista Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, también ha admitido que la Corte IDH supone “una pérdida de soberanía”. Aunque dentro del propio gabinete existen posiciones divididas, es claro que la discusión ya no se limita a círculos académicos, sino que ha llegado al corazón de la política nacional. Uno de los mayores problemas del discurso propalado por los caviares a través de la prensa basura sobre derechos humanos, es su visión sesgada de la historia. En el caso peruano, se insiste en que las Fuerzas Armadas y la Policía “fueron responsables de violaciones sistemáticas” mientras que la barbarie de Sendero Luminoso y el MRTA se ignora olímpicamente, presentándolos como ‘victimas’ exigiendo que sean liberados inmediatamente e indemnizados económicamente por el Estado “por el daño causado” (?). Esta falsa narrativa ha sido reforzada por la Corte IDH y por organismos internacionales que, en nombre de los derechos humanos, buscan imponer una lectura oficial de la memoria histórica. La cuestionada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), también reflejó este sesgo, responsabilizando al Estado en un porcentaje desproporcionado frente al accionar terrorista. Esta visión, trasladada al ámbito jurídico por la Corte IDH, terminó criminalizando a quienes lucharon en defensa del país, pero no a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú. El derecho a la memoria y la justicia de las víctimas no puede convertirse en un instrumento de persecución contra las Fuerzas Armadas. De lo contrario, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en una herramienta de revancha ideológica. Resulta paradójico que los mismos sectores caviares que denuncian la amnistía en el Perú aplaudan medidas similares en otros contextos, cuando se trata de perdonar a grupos subversivos o de aplicar “justicia transicional” para integrar a terroristas en la vida política. En Colombia, por ejemplo, los acuerdos con las FARC incluyeron beneficios jurídicos que garantizaron impunidad a guerrilleros responsables de masacres y secuestros. Allí, los organismos caviares celebró la medida “como un paso hacia la paz”. En cambio, cuando se trata de reivindicar a militares que defendieron al Estado peruano de la barbarie comunista, la reacción es de escándalo. Esta doble moral evidencia que el problema no es la amnistía en sí misma, sino a quién favorece. Si beneficia a los terroristas, es justicia transicional; pero si beneficia a militares que enfrentaron al terrorismo, es impunidad. Esa es la absurda lógica con la que actúan los parásitos caviares a los cuales hay que exterminar sin demora, como sucedió con sus primos hermanos de Sendero Luminoso y el MRTA. Este operativo de “limpieza” debe comenzar en el Ministerio Publico donde esas sanguijuelas se encuentran agazapadas y que utilizan para sus protervos fines, de la mano con la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia para sus campañas mediáticas de demolición ... A por ellos (Por cierto, este viernes la JNJ suspendió a la usurpadora Delia Espinoza del cargo que ocupaba ilegalmente en la Fiscalía de la Nación. Su caída es solo el primer paso)
Considerado por muchos expertos como el colibrí más extravagante del mundo, es un ave endémica del norte de la Amazonía del Perú, y destaca por su extravagante cola, cuyas plumas cambian de color cada cierto tiempo. Su hábitat se localiza en el Valle Alto del Utcubamba, ubicado en la zona nororiental del Perú, en las provincias de Luya y Chachapoyas, al sur del departamento de Amazonas, el cual además es uno de los más representativos de la cultura Chachapoyas con más de 1500 años de antigüedad. Con el nombre científico Loddigesia mirabilis, el colibrí de cola de espátula habita entre los 2000 y 2900 m s. n. m., y es una de las especies más solicitadas por los turistas que llegan al norte de la Amazonía peruana y buscan apreciar los colores brillantes de su plumaje y cómo “flota” en el aire de una manera bastante peculiar. El detalle más resaltante de esta ave es su cola, la cual -en los machos- cuenta con cuatro plumas: dos están rectas en el medio -y son más pequeñas- y las otras dos tienen la punta ancha y se abren como raquetas que se cruzan mutuamente, y terminan en un gran disco de color violeta azul que pueden mover independientemente de su cuerpo. Esa última característica, el colibrí macho la usa, principalmente, en sus danzas de apareamiento y para ahuyentar a sus depredadores (su mayor enemigo es la serpiente). Por su parte, la hembra, no posee los colores tan vivos como los del macho, es algo más pequeña y carece de las dos plumas más largas en la cola. Este colibrí mide alrededor de 15 cm de largo y su peso oscila entre los 40 y 70 g; además, el color de su cuerpo es iridiscente -como la mayoría de colibríes-, eso quiere decir que cambia de color dependiendo desde que punto lo mires. Su cabeza es azul y la garganta es verde. Cuenta con un pico largo y una lengua fina y alargada que usa para alimentarse del néctar de las flores y ocasionalmente de insectos y pequeñas arañas. Esta especie cuenta con un saco en la garganta que le sirve de estómago. Otra de sus peculiaridades está en el momento de comer, pues parece estar en un estado de frenesí. La importancia del colibrí de cola de espátula para el ecosistema radica en que muchas plantas de los bosques tropicales agradecen su existencia a esta ave. Cuando esta especie visita la flor y recoge su néctar, el polen se adhiere a su plumaje o al pico para asegurarse la diversidad y la reproducción de las plantas. A pesar de su importancia, la deforestación y otras amenazas de origen humano han reducido su población a menos de 2500 individuos - encontrándose en la Lista Roja de la UICN - por lo que está en peligro de extinción. Los colibríes desempeñan un papel importante en los ecosistemas por su función como agentes polinizadores. Con su pico alargado, transportan polen de flor en flor, contribuyendo a la reproducción de numerosas especies vegetales y a la conservación de los bosques tropicales. Además, ayudan a la dispersión de semillas que asegura nuevos árboles. Curiosamente, algunas plantas han evolucionado para desarrollar colores más llamativos para atraer a los colibríes, ya que estos carecen de sentido del olfato. “El colibrí cola de espátula se dirige a las flores para obtener su néctar, pero al obtenerlo en su frente se pega el polen, el cual deja en otras flores cuando va a consumir el néctar. Es un trabajo maravilloso del que obviamente las aves no son conscientes, pero ahí reside su máxima importancia. Además, obviamente, solo se le encuentra en Amazonas” señalo un naturalista. Sus principales amenazas tienen origen humano: la deforestación, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como la minería y los proyectos de desarrollo a gran escala, han provocado la pérdida y fragmentación de su hábitat, reduciendo su población. Asimismo, la caza furtiva para la obtención de su plumaje y corazón es otra de las amenazas que enfrenta. En el 2007 y el 2008 se calculó que solo existían un promedio de 800 individuos en los bosques de los valles de Utcubamba y Chido (Amazonas). Por ello, con el objetivo de salvar esta especie de una posible extinción, se desarrolló el proyecto de reforestación de la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN). En alianza con la comunidad de San Lucas de Pomacocha, se construyó un centro de interpretación dedicado a la investigación y monitoreo de esta emblemática especie. Desde su creación, se reforestaron 29 especies de plantas que sirven como alimento para los colibríes y se instalaron bebederos para atraerlos nuevamente a la zona. Los primeros meses fueron un desafío: durante el primer mes no se visualizó ningún ejemplar. Pero a los ocho meses lograron ver el primer colibrí, pero tuvieron que pasar hasta cuatro meses más cuando finalmente regresó el colibrí de cola de espátula. Según las últimas estimaciones, quedan entre 1000 y 2500 individuos en estado silvestre.
Se veía venir. En efecto, el gobierno populista de Javier Milei sufrió una aplastante derrota en los comicios provinciales celebrados el pasado domingo en la Argentina, ante un renaciente peronismo ávido de venganza. Este resultado es visto por los analistas como consecuencia de los escándalos de corrupción que tanto del propio Milei (el caso de las criptomonedas $LIBRA, donde miles de argentinos perdieron su dinero es uno de ellos) como el de su hermana Karina (que lidera una red de sobornos desde la propia Casa Rosada) aparecen involucrados, por los que tarde o temprano, terminaran en la cárcel. Quien en su campaña electoral atacaba ferozmente a la “casta que hundió a la Argentina” - representada por el PRO y Mauricio Macri - termino al final por convertirse en su socio de gobierno, adoptando sus propios métodos de corrupción. Lo triste de todo ello es que le ha dado alas a un desfalleciente kirchnerismo, que espera repetir estos resultados en las elecciones nacionales a celebrarse en octubre, para que una vez que tomen el control del Congreso, procedan a destituir a Milei. Están con la sangre en el ojo y según sus propios dirigentes, no van a descansar hasta verlo en prisión. Entretanto, los 14 puntos de ventaja obtenidos por el peronismo sobre La Libertad Avanza de Milei (47,28% de los votos contra 33,71%, con el 98,96% escrutado), en el oficialismo ya apuntan contra algunos responsables de la debacle electoral. Ahora saltan por doquier las divisiones internas, las acusaciones cruzadas y se nota mucho más el daño que le han hecho los escándalos de corrupción protagonizados por Karina Milei, hacia donde se ubica el centro de las críticas. Según La Nación, entre ellos también se sitúan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado nacional y salpicado por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que alude a numerosas coimas. “Los cambios son reclamados, en principio, por el ala que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y pegan en la línea de flotación de los primos Menem, ya cuestionados puertas adentro por su estrategia electoral en las provincias, y el manejo del Congreso en el caso de Martín Menem”, indicó el periódico argentino. Al respecto, según el medio La Política Online (LPO), Caputo aprovechó la paliza que se comió el gobierno en las elecciones bonaerenses para volver al lado de Javier Milei y “enterrar” a los Menem y Sebastián Pareja, el principal armador de La Libertad Avanza, “que lo habían marginado de las listas”. “Antes, el presidente y los ministros escucharon los consejos del gurú, que había perdido ascendencia por el avance de Karina en el manejo político del gobierno”, destacó LPO. Con el escenario esta vez a su favor, Caputo fue categórico: dijo que los Menem y Pareja “dilapidaron” el capital político de Milei porque corrieron a los jóvenes, tanto de las listas como de la campaña, para meter candidatos de la tercera edad y originarios del kirchnerismo. Tampoco escapó a los cuestionamientos Karina Milei, la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. “La derrota tiene un padre y una madre: Javier y Karina Milei. Tiene tíos, también. Y varios. Sebastián Pareja y los Menem, Martín y Lule. La estrategia fue calamitosa y allí quien saldrá fortalecido es Santiago Caputo, quien podrá levantar el dedo y azuzar: ‘Yo les avisé’. El armado ‘border’ con expulsados del PJ, con los desplazados de los partidos tradicionales, no le hizo ganar territorialidad. Las Fuerzas del Cielo, agrupación que responde al asesor, lo había advertido: no podían confiar en dirigentes que hace unos años se desvivían por (el gobernador de Buenos Aires, el kirchnerista Axel) Kicillof”, escribió el diario Ámbito Financiero. En medio de este escenario, el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, se expresó en redes sociales tras la derrota electoral del gobierno y adelantó: “Corregiremos lo necesario de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre”. Sin embargo, advirtió que “el rumbo que eligieron los argentinos en el 2023 seguirá avanzando y no podemos volver atrás”. “Nuestro compromiso con hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia: o la Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, completó. El propio Javier Milei anticipó la noche del domingo tras conocer la debacle cuál será el futuro de su gestión. “No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar más”, enfatizó. “El peronismo celebra, y levanta el mito del Ave Fénix, resurgiendo de las cenizas con una victoria resonante a apenas dos años del descalabro de la presidencia de Alberto Fernández. Se posiciona como opción de gobierno, y eso lleva a recalcular a todos los actores de la política y la economía doméstica”, escribió a su vez Ámbito Financiero. A juicio del periódico, el gobernador de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, “es el gran ganador del peronismo, el referente que se proyecta hacia el 2027 y blinda la Legislatura provincial, de paso, para transitar dos años de gestión más calmos, con menos roces de los compañeros del partido. Le da aire fresco al peronismo, que venía pidiendo una renovación”. “Mostró el gobernador que el carácter es decisivo para ponerse al frente de un partido verticalista como el PJ. Sostuvo los embates de La Cámpora y ganó la pulseada”, agregó. En la misma línea, Infobae catalogó a Kicillof como “el gran ganador de la jornada electoral”. “Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección (realizarla en un día distinto a los comicios nacionales) y los resultados le dieron la razón”, apuntó el periódico, destacando que “la victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a presidente en el 2027”. “El peronismo encontró candidato”, coincidió Ignacio Fidanza, director de La Política Online. “Pueden surgir otros, pero la punta para empezar a ordenar el tránsito del peronismo hacia octubre del 2027 apareció. El impresionante triunfo del domingo validó toda la estrategia de Kicillof desde que resistió las presiones de Cristina y Máximo para que fuera candidato a la Presidencia en el 2023, hasta la decisión arriesgadísima de desdoblar las elecciones bonaerenses, por primera vez en la historia de la provincia. Jugo fuerte y ganó fuerte”, escribió. Y en el entorno del gobernador lo saben: por eso la noche del domingo se escuchó en La Plata el nuevo estribillo “borombombom, borombombom, es para Axel la conducción”, apuntó Ámbito Financiero. En su discurso como gran ganador de la noche, Kicillof “abrazó” a toda la dirigencia y aseguró enfáticamente que la condena a Cristina Kirchner es injusta, todo un gesto en medio de la interna. Luego apuntó directamente contra el gobierno libertario. “Las urnas le dijeron al presidente Milei que va a tener que rectificar el rumbo; las urnas le dijeron al presidente que no se les puede pegar a los jubilados; las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, puntualizó. Y continuó: “Las urnas le dijeron que no se puede desfinanciar ni a la educación, ni a la universidad ni a la ciencia ni a la cultura en la Argentina”. Y cerró con un mensaje rumbo al 2027: “Hay otro camino y hoy empezamos a transitarlo”. Si el kirchnerismo ya ha propuesto iniciarle juicio político en el Congreso a Milei por los más diversos motivos, ahora que las urnas le dieron el primer golpe y lo ha puesto contra las cuerdas, redoblará sus esfuerzos. De ello no hay duda alguna. Milei ya no es aquel coloso en ascenso que en el 2023 entusiasmó a las masas para ganar las presidenciales con más de once puntos de ventaja. De ser un outsider vociferante que ofreció, hasta hace pocos días, incrustar el "último clavo a la urna kirchnerista" poniendo (equivocadamente) toda la "carne en el asador" en esta elección, ahora tendrá que cargar con esta derrota política de cara a las elecciones de "medio término" que se llevarán a cabo dentro de escasas siete semanas. Durante este lapso, el presidente y su partido estarán siendo rondados por el fantasma de la experiencia del "macrismo", el movimiento de derecha que ganó la Presidencia con tremendo empuje en el 2015 y que, luego de dos años, recibió como Milei, el primer garrotazo que le exorcizó toda su soberbia. En pocas horas, el presidente argentino ha pasado de estar seguro de su victoria en las legislativas de octubre, al conteo regresivo hacia una posible debacle para su proyecto personalista. Lo peor es que, si bien reconoció su derrota y llamó a la autocrítica, en su discurso tras conocerse los resultados se mostró tremendamente tozudo en la línea de continuar, o incluso acelerar, su "plan de ajuste" económico. No tiene intención de "enmendar el capote" en el breve tiempo que resta. Desde este momento hasta el próximo 26 de octubre, cuando se elijan casi la mitad de diputados de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta, Milei tiene que dar señales de su capacidad política de recuperación, generar algún avance en el legislativo y maniobrar en torno a su proyecto económico, que es lo que más peso le hace. Solo que ahora enfrenta a un peronismo con nuevos aires y un liderazgo como el del gobernador Axel Kicillof, que ya no puede ser reducido a una simple extensión del kirchnerismo, sino que ha logrado producir una nueva aura que lo proyecta como un presidenciable “con tacto e independencia”, aunque en realidad sería un retorno al pasado vergonzante, que Milei pudo aprovechar en su momento, pero que ahora ese aura que lo rodeaba se acabó. Tal vez un buen termómetro del malestar político deba buscarse entre los dirigentes de PRO, donde les empiezan a pasar duras facturas políticas a los que llaman “los apresurados” (en aliarse con Milei) y a reivindicar a dirigentes que tomaron distancia a tiempo del mileísmo, como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato. Otros dirigentes de ese partido contraargumentan que la soledad de PRO en las elecciones pasadas lo hubiera dejado en un lugar muy pobre en los resultados del domingo, y que, encima, el Gobierno habría tenido el pretexto de culparlo de la derrota. “Pagamos el precio de acercarnos, es cierto, pero ahora el Gobierno está obligado a mirarse en el espejo si quiere encontrar el culpable”, señala, socarrón, un alto dirigente de PRO. El silencio de Mauricio Macri es también un síntoma de su incomodidad. “Le dio todo su apoyo al presidente cuando el país vacilaba entre caer en manos de Sergio Massa o de Javier Milei, y el Gobierno le contestó con el destrato, la indiferencia o el agravio”, cuentan los que frecuentan al expresidente. Ni siquiera, aseguran, aceptaron un solo consejo de los muchos que les dio el macrismo. La soledad es también una construcción propia. Milei corre el riesgo de perder en octubre por ello todos los votos que PRO le dio en la segunda vuelta de las presidenciales del 2023. Hasta el sábado, la política y los encuestadores aseguraban que el Gobierno perdería las elecciones bonaerenses del último domingo (nunca imaginaron que sería por semejante diferencia) y que ganaría las elecciones nacionales de octubre. Pero luego del descalabro de Buenos Aires, ninguna certeza está vigente. Para peor, al frente lo tiene al odiado peronismo que juro “enterrar” y que, al parecer, tal como sucedió con Macri, terminara “enterrado”. Se vienen siete semanas de terror para el Gobierno. Si vuelve a ser derrotado, se enfrentará a su destitución por el Congreso. La ley de acefalía señala que, ante el alejamiento definitivo del presidente y vicepresidente de la Nación, la Asamblea Legislativa elegirá un presidente provisional para cumplir el mandato en curso entre funcionarios elegidos: gobernadores, senadores o diputados nacionales. Schiaretti es candidato a diputado nacional por Córdoba para los comicios de octubre. Lo primero que debe señalarse es que Milei debe llegar a las elecciones de octubre (también eso se pone ahora en duda) y que debe cumplir con su actual mandato, que concluirá el 10 de diciembre del 2027. La caída apresurada de un presidente conlleva demasiado sufrimiento social, como se vio cuando cayó Fernando de la Rúa. Lo segundo que debe advertirse es que existe una vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que Milei se encargó de alejar de sus logros y, felizmente para ella, de sus fracasos. Y que la Constitución señala que es el vicepresidente quien debe concluir el mandato en caso de acefalía en la Presidencia, si es que los peronistas se lo permiten, claro. En conclusión, a menos de dos años de haber asumido, Milei sufrió su primera gran derrota. Se derrumbaron las acciones y los bonos argentinos y tanto el dólar como el riesgo país emprendieron vuelo. Se esfumó la autoimagen del “mejor gobierno de la historia”, enfrentando un escenario de muy difícil pronóstico.... por lo visto, esa motosierra ya no corta.
Una grave denuncia dada conocer esta semana por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) involucra al cuestionado alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (alias Porky, debido a su descomunal gordura) en un sonado escándalo de corrupción. En efecto, el MTC presentó el informe técnico sobre el estado de los trenes Caltrain “donados” a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el proyecto Lima – Chosica. El estudio fue elaborado por la consultora estadounidense Rail Electrical Service, contratada en marzo del 2025 por la propia comuna a un coste de 100 mil dólares. El diagnóstico determinó que el material rodante —93 vagones y 20 locomotoras— se encuentra en un estado crítico que compromete seriamente su operatividad. Según el reporte, varias unidades se encuentran en condiciones tan deterioradas que ni siquiera resulta viable su reparación (La imagen que acompaña nuestra nota es elocuente). Se trata de chatarra vieja y oxidada que estuvo abandonada durante décadas en los EE.UU. y que por razones netamente políticas Porky lo trajo a Lima y hoy se encuentran arrinconadas tanto en la antigua estación de Desamparados como en el Parque de la Muralla debido a que, además de ser obsoletos - y si a ello sumamos la falta de infraestructura para operar - no pueden funcionar. Las fallas técnicas detectadas son las siguientes: Vagones no reparables, cuyo desgaste estructural impide su recuperación; Tres locomotoras que requieren una reconstrucción completa de motores, con costos elevados; Fugas de aceite y problemas de drenaje, que afectan la seguridad y funcionalidad de los equipos; Motores bloqueados, imposibilitando su arranque y operación; Fallas en los turbos, lo que reduce la potencia y rendimiento de las locomotoras; Ausencia de puertas y ventanas, impidiendo el uso de los vagones para transporte de pasajeros; Aire acondicionado inoperativo, lo que limita las condiciones de habitabilidad; Pisos dañados y cables cortados, con riesgo de fallas eléctricas y estructurales; Obsolescencia de repuestos, muchos de ellos descontinuados por sus fabricantes. El informe también señala que, incluso reparando los componentes más críticos, el gasto en repuestos superaría los US$ 1.8 millones, sin contar mano de obra calificada, ni los procesos adicionales de ingeniería inversa y desmontaje que serían necesarios para su puesta en servicio. El traslado de este material ferroviario “donado” al Perú ya había demandado un desembolso previo de US$ 24 millones, lo que agrava las dudas sobre la conveniencia de su uso. Rail Electrical Service incluso recomienda que una de las locomotoras no sea reparada y se destine únicamente como fuente de repuestos. En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó además que iniciará acciones legales y administrativas tras conocerse el informe que reveló el grave deterioro de los trenes “donados” por Caltrain y que la Municipalidad de Lima pretendía utilizar en la ruta Lima - Chosica. El estudio, elaborado en marzo del 2025 por la consultora estadounidense Rail Electrical Service, determinó que las 93 unidades y 20 locomotoras evaluadas presentan un desgaste crítico. Solo en repuestos, las reparaciones demandarían cerca de dos millones de dólares, sin considerar los costos de mano de obra especializada. “La consultoría alertó sobre la obsolescencia de repuestos como uno de los riesgos más relevantes en bienes con décadas de uso, especialmente si fueron descontinuados por su fabricante. Incluso, Rail Electrical Service recomienda no reparar una locomotora y usarla como fuente de repuestos”, explicó Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC. Asimismo, Rojas adelantó que el ministerio “en aras de la transparencia, cursará cartas a la Contraloría General de la República, al Congreso, al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal”. De igual manera, toda esta documentación será entregada a la quinta mesa de trabajo, instancia encargada de evaluar la factibilidad y puesta en marcha del tren Lima - Chosica. El funcionario reiteró que el MTC busca garantizar el uso honesto de los fondos públicos y evitar que proyectos de transporte de gran impacto social terminen afectados por irregularidades. “No se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos”, insistió Rojas al dar a conocer los resultados de la evaluación. El funcionario destacó que las conclusiones se basan en criterios técnicos y no políticos, subrayando que el material rodante adquirido no cumple con los estándares de seguridad ni de operatividad exigidos para un sistema de transporte urbano. Cabe precisar que, durante meses, la Municipalidad de Lima negó el acceso a la documentación sobre la donación de trenes, alegando que la información “era reservada”. Pero gracias a pedidos en Estados Unidos bajo la Freedom of Information Act y con el respaldo del Tribunal de Transparencia en Perú, se obtuvo los archivos que demuestran la inoperatividad de esa chatarra. Ahora ya se sabe porque no querían darlo a conocer al público...
