Hace más de cinco siglos, alguien cortó cuidadosamente mechones de su propio cabello y los tejió en un intrincado sistema de cuerdas anudadas. Este acto, en apariencia simple, podría revolucionar nuestra comprensión del Imperio Inca y desafiar todo lo que creíamos saber sobre su sofisticado sistema de comunicación. Los khipus o quipus –esas fascinantes cuerdas repletas de nudos con las que los incas registraban tributos, censos y otros aspectos de la vida económica y social, y que también pudieron tener funciones narrativas y rituales– han mantenido en silencio uno de sus misterios más profundos durante siglos. La comunidad académica sostenía que únicamente las élites de alto rango del imperio podían crear estos complejos dispositivos de información. Sin embargo, un nuevo análisis científico publicado esta semana en Science Advances ha puesto esta teoría en duda: un equipo internacional dirigido por Sabine Hyland, de la Universidad de St. Andrews, ha estudiado un quipu del año 1498 y sus hallazgos sugieren que la "alfabetización" en quipus podría haber sido mucho más extendida e inclusiva de lo que se pensaba. El elemento revelador había permanecido oculto a plena vista durante décadas: hebras de cabello humano entretejidas en las cuerdas. Fue Kit Lee, investigador asociado que participó en el estudio, quien hizo el descubrimiento crucial durante el análisis del quipu KH0631. "Kit me miró y me dijo: ‘Sabine, este cordón principal es pelo humano'", recuerda Hyland en una entrevista con NPR. El análisis confirmó que, de forma insólita, el cordón principal estaba hecho enteramente con cabello humano de una sola persona, algo nunca antes documentado en un quipu inca. En algunos quipus documentados, los especialistas –conocidos como khipu kamayuq– dejaron su "firma" incorporando mechones de cabello, a veces en el cordón principal y otras en los colgantes. También podían añadir objetos personales, como tiras de una prenda distintiva, para marcar la autoría o la autoridad sobre el registro. Para los incas, el cabello no era un simple residuo corporal. En su cosmología transportaba la esencia de la persona y conservaba su identidad incluso al separarse del cuerpo. Así, cuando un creador entretejía su cabello en un quipu, estaba impregnando el objeto con su vitalidad. El cabello del cordón principal medía 104 centímetros de largo; más de ocho años de crecimiento, según los investigadores. Pero lo verdaderamente revelador surgió cuando analizaron los isótopos de carbono, nitrógeno y azufre presentes en el cabello. Los resultados demostraron que esta persona tenía la dieta típica de un plebeyo de bajo estatus, basada principalmente en tubérculos como patatas, legumbres y verduras, con muy poca carne o maíz. Una alimentación muy diferente a la que disfrutaban las élites incas, que se deleitaban regularmente con carne y chicha (cerveza de maíz). "No es realmente posible evitar beberla", explicó Hyland a NPR sobre la cerveza de maíz. "Incluso hoy en día, en los Andes, cuando participas en rituales, tienes que beber lo que te dan". La ausencia de esta bebida en la dieta del creador del quipu, según los investigadores, es una prueba casi definitiva de su estatus social. Este hallazgo trasciende la mera curiosidad científica. Según Lee, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la civilización inca, que gobernó aproximadamente entre 1400 y 1532 y que los historiadores han citado frecuentemente como la notable excepción a la regla de que los grandes imperios deben poseer alguna forma de escritura. Como sabéis, el Imperio Inca fue conquistado por los españoles en 1532, y desde entonces solo ha sobrevivido un pequeño porcentaje de los quipus originales, ya que miles fueron destruidos por los sacerdotes españoles durante su extirpación de idolatrías al considerarlos “obras del demonio”. Los que vemos ahora en los museos fueron encontrados por los arqueólogos en las tumbas. Durante siglos, nuestro conocimiento sobre quiénes fabricaban estos dispositivos se ha fundamentado principalmente en las crónicas redactadas por los españoles. "Los incas tenían el imperio más grande del Nuevo Mundo en aquella época", señala Hyland, quien destaca que este descubrimiento sugiere que el conocimiento de los quipus podría haber estado mucho más extendido de lo que se creía. El análisis también reveló que el creador del quipu vivía en las tierras altas, entre 2.600 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, probablemente en el sur de Perú o el norte de Chile. Además, según los investigadores, estos resultados concuerdan con investigaciones recientes y relatos de Felipe Guamán Poma de Ayala, un noble y cronista inca del siglo XVI, según los cuales las mujeres del Imperio Inca también fabricaban quipus, contradiciendo la visión tradicional de que solo los hombres de la élite realizaban esta labor. Los resultados cobran aún más relevancia cuando se considera que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, los quipus modernos han sido fabricados principalmente por personas de clase social baja: trabajadores de haciendas, campesinos y pastores. La continuidad entre los quipus antiguos y modernos había sido controvertida precisamente por la creencia de que los quipus incas eran exclusivos de las élites. Manny Medrano, investigador de quipus de la Universidad de Harvard entrevistado por NPR, y que no participó en el estudio, considera que, aunque "el KH0631 es solo un quipu" –como reconocen los propios investigadores–, este trabajo es "sin precedentes" y podría inspirar una nueva oleada de investigaciones. Los museos conservan cientos de quipus que nunca han sido estudiados por especialistas, y muchos podrían contener información similar. "En última instancia, esto nos acerca a la posibilidad de contar la historia de los incas utilizando sus propias fuentes", afirma Medrano. "Necesitamos contar una historia de la alfabetización, la escritura y el registro de datos en el Imperio Inca que sea mucho más plural y que incluya a personas que no han sido incluidas en la narrativa estándar" concluyó.
En las últimas semanas, un impresentable sujeto - asalariado de Soros - que controla cual titiritero al Poder Judicial está en el centro de la noticia, tanto por su negativa a asistir a una comisión del Congreso para responder por los graves acusaciones que pesan sobre él, como por sus amenazas proferidas si es llevado a la fuerza a declarar. Nos referimos obviamente al judío Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, cuyo execrable comportamiento lo ha convertido nuevamente en el centro de un debate político y mediático que expone, con toda crudeza, la frágil relación entre quienes afirman ejercer “el periodismo de investigación” (?) y el poder político en el Perú. La controversia se desató a raíz de la citación que le hizo la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso para que declare sobre sus conocidos vínculos con la corrupción y el conocimiento privilegiado obtenido de forma ilegal en el marco del caso Odebrecht. La citación, firmada por el congresista Alejandro Muñante, fue recibida con un rechazo frontal por parte de Gorriti, quien se ha negado rotundamente a asistir, calificando a la comisión como “viciada” y cuestionando su legitimidad para convocarlo. En sus declaraciones, el mafioso aseguró que no se sometería a lo que considera “un proceso carente de imparcialidad”, sosteniendo que “toda la información publicada por su medio está disponible públicamente y que el secreto profesional y la reserva de fuentes, amparados por la Constitución, lo protegen”- alega - “de tener que acudir a dar explicaciones ante el Parlamento”, creyéndose intocable. La postura de Gorriti, lejos de pasar inadvertida, generó una reacción inmediata en el propio Muñante, quien replicó con dureza, acusándolo de pretender evadir la citación y de parapetarse tras el falaz argumento del llamado “periodismo de investigación” - que no lo es tal - para no responder sobre las reiteradas menciones a su nombre en testimonios fiscales relacionados con Odebrecht. Según Muñante, la comisión no busca censurar ni cuestionar la labor “periodística”, sino obtener información relevante para esclarecer un caso de corrupción que ha involucrado a políticos, empresarios y operadores de justicia. Su mensaje fue claro: “Gorriti debía dar la cara y responder ante el país, advirtiendo que se evaluarían medidas legales en caso de persistir en su negativa”. Pero hasta ahora, incomprensiblemente, no es llevado a rastras como se merece. En este punto, el debate dejó de ser meramente institucional y pasó a un plano personal y discursivo mucho más tenso. Gorriti, en una de sus declaraciones más polémicas, mostrándose cual cabecilla de la mafia caviar, advirtió grotescamente que si intentaban llevarlo por la fuerza para obligarlo a comparecer, “habría que pensarlo bien porque habrá consecuencias”. Esa frase, breve pero cargada de implicaciones, encendió las alarmas entre congresistas y analistas, que la interpretaron como una amenaza directa hacia un órgano del Estado. El propio Muñante señaló que tal expresión era inaceptable en un país democrático y que el referido sujeto estaba cruzando una línea peligrosa: la de usar un lenguaje claramente soez como intimidatorio, acusándolo de emplear tácticas retóricas propias de un capo de la mafia. Como podéis imaginar, Gorriti no se quedó en esa amenaza. En declaraciones posteriores a la prensa basura - que le sirve de caja de resonancia de sus exabruptos - denunció que la comisión presidida por Muñante buscaba, en el fondo, el “triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder”. Según su disparatada visión, el Congreso actual, “dominado por fuerzas políticas vinculadas a casos de corrupción, estaría intentando reescribir la historia de Odebrecht para victimizar a quienes fueron investigados y desacreditar a quienes, como él y su equipo, se dedicaron a exponerlos” (?). Y continuando con su falsa narrativa, acusó a ciertos partidos de querer controlar instituciones clave como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y otras instancias, “en un intento coordinado por manipular los hechos y asegurar la impunidad”. Esta ridícula denuncia - viniendo de quien viene, acostumbrado a manipular el Ministerio Público y quien se dedica a defender por medio de sus sicarios de la prensa basura a corruptos como Toledo, Castillo, Vizcarra y Villarán por ejemplo, colocándose además del lado del terrorista colombiano Gustavo Petro “justificando” sus pretensiones de apoderarse de territorio nacional - no resiste el menor análisis, la cual ha sido vista por sus críticos como un patético salto a la arena política, donde el mafioso se coloca a sí mismo en un rol de ‘victima’ enfrentado al poder, más que como lo que es en realidad: un burdo manipulador de jueces y fiscales en el Poder Judicial, a quienes maneja a su antojo. La tensión escaló todavía más cuando, en medio de este intercambio, Gorriti publicó un artículo en IDL-Reporteros titulado “Muñante, Soros y López Aliaga”. En dicho texto, el mafioso abordó las acusaciones sobre sus conocidos vínculos financieros de su medio con George Soros, aclarando hipócritamente “que jamás han recibido fondos directos, sino apoyo a través de programas independientes de la Open Society Foundations, ganados en concursos internacionales”. Pero a nadie puede engañar con sus afirmaciones, ya que la tal Open Society es manejado por el propio Soros, para que con sus millones mal habidos, desestabilizar países en el mundo entero y tratar de imponer el sionismo. Eso lo sabe todo el mundo, así que no nos venga con cuentos. Más allá de los ataques, el sesgado artículo establecía conexiones y referencias que fueron interpretadas por Muñante como una represalia directa por las críticas y la citación. El congresista calificó el texto como “inverosímil” y como un ejemplo de cómo Gorriti, lejos de mantener la distancia, utilizaba el espacio editorial de su medio para responder a cuestionamientos políticos con ataques personales. A nadie debe extrañar ese método, ya que los caviares lo utilizan con frecuencia para “victimizarse” cada vez que son señalados con sus vínculos con la corrupción, atacando a su vez a sus acusadores con burdas patrañas para intentar desviar la atención pública de sus ilícitas actividades que lindan con el delito, propia de toda organización mafiosa como es IDL. Para lograrlo, Gorriti primero realiza campañas mediáticas a través de la prensa basura para denigrar a quienes considera sus enemigos y a continuación, en base a esas “evidencias mostradas” entran a tallar los fiscales caviares quienes les abren carpetas donde los tienen como “investigados” como una forma de amedrentamiento, para posteriormente, si les conviene, ampliar dicha “investigación” solicitando su prisión preventiva. Pero cuando se tratan de los suyos, ahí si los “blindan” estirando las investigaciones hasta las calendas griegas, esperando que sus delitos prescriban. Así ha sido siempre y los ejemplos sobran. No hay duda alguna que la negativa rotunda de ese mafioso a acudir a la citación y su elección de un lenguaje cargado de amenazas demuestran claramente su culpabilidad. Al rehusarse a declarar, pretende rehuir el control político. Por cierto, el elemento discursivo de este sujeto también merece un análisis profundo. Frases como “habrá consecuencias si me llevan a la fuerza” no son inocuas en el debate público. En un contexto político polarizado, donde la retórica beligerante abunda, ese tipo de expresiones tienden a ser interpretadas como advertencias intimidatorias de quien pretende estar al margen de la ley. Y ello no debe permitirse por ningún motivo. Para comprender la magnitud del problema, es necesario recordar que el Perú atraviesa desde hace años una grave crisis de confianza institucional. El caso Odebrecht, que reveló una red continental de sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas a cambio de contratos millonarios, salpicó a presidentes, ministros, congresistas, gobernadores y empresarios, fue distorsionada por Gorriti a través de IDL de la forma más grosera, buscando que la justicia persiga únicamente a sus adversarios políticos hasta la muerte - como es el caso de García -, pero a su vez ‘blindando’ a los suyos como intentando alargar sus procesos ad infinitum esperando que estos prescriban y queden libres de todos sus delitos. Si bien no pudieron evitar que Toledo sea condenado - y Vizcarra puesto esta semana bajo arresto preventivo - en el caso de Villarán y Kuczynski, han pasado casi 10 años y a pesar de que han reconocido abiertamente haber recibido millones de Odebrecht y hacer negociados sumamente perjudiciales para el Perú, hasta el día de hoy, increíblemente aun no han sido juzgados y sentenciados por la justicia caviar, y andan libres creyéndose impunes, gracias a la “protección” que les brinda Gorriti. ¿Qué más pruebas quieren de su complicidad con la corrupción y tener una agenda política encubierta? En este contexto, el enfrentamiento actual con el Congreso no puede entenderse solo como un episodio aislado. Es, en realidad, un nuevo capítulo en la larga tensión entre este sujeto y un sistema político al que ve como una amenaza para sus perversos fines, ya que siente que el control que ejerce sobre la justicia durante décadas se le está escapando de las manos. En efecto, el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía - a lo que se opuso férreamente por todos los medios - y la entrada en prisión del lagarto Vizcarra demuestra que no las tiene todas consigo. La defensa de los principios democráticos exige también una disposición a rendir cuentas, incluso ante órganos que se perciban como hostiles. Esa rendición no implica entregar fuentes ni ceder información protegida, sino explicar, ante la ciudadanía y bajo las reglas del Estado de derecho, por qué se rechaza una determinada citación y cuáles son los peligros que se advierten. Hacerlo desde la confrontación total y el rechazo absoluto demuestra que el miedo lo consume y que la impunidad del que hace gala pronto llegara a su fin. Nadie está por encima de la Ley, mucho menos un mafioso como Gorriti, quien mas temprano que tarde deberá rendir cuentas ante la justicia. (Una buena noticia digna de destacar esta semana, es la esperada promulgación por parte del Gobierno de la Ley de Amnistía para los valerosos integrantes de las FF.AA. y la PNP, perseguidos y procesados injustamente por jueces y fiscales caviares, por el “delito” de haber salvado al Perú de caer en las garras del comunismo homicida. Se acabo el ensañamiento con los Héroes de la Democracia. Y aquellos jueces que se nieguen a aplicarla, serán inmediatamente denunciados por prevaricato y destituidos. No habrá ninguna contemplación con esas sucias alimañas... a por ellos)
La Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción” del valle de Arequipa fue fundada con toda solemnidad por don Garcí Manuel de Carbajal el 15 de agosto de 1540, luego de celebrarse una misa Te Deum. Entre los frailes y demás fieles presentes, se encontraba el padre Rodrigo Bravo, primer párroco y luego vicario, nombrado además apoderado y protector de los naturales de la villa. El fundador plantó la cruz en el lugar donde se levantaría el templo mayor. Con este acto la Villa Hermosa de Arequipa fue parroquia perteneciente al Obispado del Cuzco, dedicada inicialmente a San Pedro. Geográficamente hablando, fue enorme la extensión del Obispado del Cuzco en los inicios de la conquista española. Pero dada la importancia que rápidamente fue adquiriendo, por Cédula Real, a petición de los vecinos, el emperador Carlos V le concedió a la villa el título de ciudad el 22 de septiembre de 1541. Rápidamente la región se fue poblando y fue evidente que el obispado del Cuzco no podía atender adecuadamente las necesidades espirituales y civiles de los fieles, por lo que se efectuaron repetidas gestiones para conseguir la separación del Cuzco, empezando con el pedido que la población hace al virrey Francisco de Toledo y a sus sucesores. Arequipa fue considerada como la Parroquia de San Pedro, hasta 1576, cuando el rey Felipe II, por petición expresa del obispo del Cuzco, fray Juan Solano, suplicó a Su Santidad se dignase erigir la diócesis de Arequipa bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, cuya festividad desde entones se celebra con mucha devoción y piedad el 15 de agosto de todos los años. De esta manera, el 16 de abril de 1577, el Papa Gregorio XIII expidió la bula “Apostolatus officium”, creando la diócesis y como obispo al R.P. Fray Antonio de Hervías, O.P. No obstante, el sucesor de Solano, el obispo Sebastián de Lartaún se opuso radicalmente a la desmembración de la diócesis declarando nulos tanto la creación de la diócesis como la designación de su obispo. Será don Antonio de la Raya quien a fines del siglo XVI renovará la petición de Solano. En 1609, Paulo V autorizó la erección de esta diócesis y su demarcación. En 1614, el virrey Montesclaros fijó el deslinde y límites de las diócesis desprendidas del Cusco. En 1943, es elevada a Sede Arzobispal por Pío XII, asignándole como sufragánea la diócesis de Puno. En 1945 se vinculó la diócesis de Tacna; en 1957, las prelaturas de Juli y Caravelí; en 1959 de la Ayaviri y en 1962 la de Chuquibamba. Por cierto ¿Y cuál es el origen de la conmemoración de la Virgen de la Asunción?, Esta tiene sus raíces en el siglo IV, cuando se realizaba una fiesta en honor a la memoria de la Virgen María. En dicha celebración se hacía mención de su ascensión al cielo, siendo recibida por los brazos de su hijo Jesús. La fiesta se denominaba en aquel momento “Dormición de María” y en ella se honraba la obra de la madre de Jesús en la tierra. La creencia en la Asunción de María se comenzó a desarrollar en el siglo XII. Específicamente en el tratado “Ad Interrogata”. En él se afirmaba que el cuerpo de María había ascendido a los cielos luego de la muerte de Jesucristo, sin detalles de su muerte física. Por ello se cree que María ascendió sin fallecer antes. En el año 1849 el dogma religioso comenzó a tomar una forma concreta. En la Santa Sede surgieron peticiones, de parte de los obispos, para que la creencia se declarara doctrina de fe. En el año 1946, el papa Pío XII, la declaró dogma de la iglesia ante los obispos. Más tarde, específicamente en el año 1950, se publicó la constitución apostólica en la que el papa declaró dogma de fe la Asunción de la Virgen María. Pasó a formar parte de una verdad absoluta e infalible a través de las sagradas escrituras.
Una vez más, Gustavo Petro - otrora integrante del grupo terrorista M -19, secuaz de Pedro Castillo y enemigo acérrimo del Perú - ha demostrado que su vocación por la improvisación no conoce límites, ni siquiera las fronteras nacionales. Su más reciente y alucinada acusación (producto de su adicción al alcohol y a las drogas) contra el Perú, por aparentemente “ocupar” territorio colombiano en la Amazonía, constituye el último episodio de una estrategia desesperada: crear conflictos externos para desviar la atención de la crisis interna que carcomesu desastrosa administración. Su disparatada denuncia –difundida irresponsablemente a través de su cuenta de X, constituye una grave falta de tacto diplomático que pone en riesgo las relaciones binacionales. Al acusar al Perú de “violar el Protocolo de Río de Janeiro” por la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, Petro ignora deliberadamente que ese territorio se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción peruana, conforme a lo establecido en el Tratado de Límites de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites de 1929. Lo más preocupante no es solo la inexactitud de las acusaciones, sino el patrón de comportamiento que revela. Como se ha hecho de público conocimiento, Petro ha convertido la irresponsabilidad en su método de (des)gobierno. Tras la humillación ante Donald Trump - con bajada de pantalones incluido, tal como lo detallamos en su momento -, el desastroso Consejo de Ministros televisado que expuso las fracturas internas de su Gabinete y la cascada de renuncias ministeriales, era obvio que necesitaba urgentemente una cortina de humo para desviar la atención publica. ¿Y qué mejor distracción que un conflicto territorial con el país vecino? En efecto, la polémica decisión de trasladar la conmemoración de la batalla de Boyacá a Leticia no obedeció a razones patrióticas, sino a un cálculo político mezquino, propio de los regímenes izquierdistas como el que lidera. Petro busca de esta manera vestirse de “defensor de la soberanía nacional” precisamente cuando su autoridad se desmorona internamente. Por el contrario, la defensa peruana ha sido categórica y fundamentada en el derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recordado que el Perú ejerce soberanía legítima sobre Santa Rosa desde hacemás de un siglo, respaldado por tratados internacionales vigentes. Esta firmeza del Gobierno de Dina Boluarte contrasta notablemente con la ligereza con que Petro maneja los asuntos de Estado a través de redes sociales. No es la primera vez que este ha mostrado una preocupante tendencia a inmiscuirse en asuntos de países vecinos cuando enfrenta dificultades domésticas. Así, tras el fracaso de su intento de llamar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución colombiana y reelegirse indefinidamente - intentando emular a los dictadorzuelos de Cuba, Nicaragua y Venezuela - y tras la ignominiosa caída en el Perú del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo que pretendía el mismo objetivo, el ex guerrillero Petro, junto al otrora zapatista mejicano López Obrador, encabezaron la oposición internacional al Gobierno Constitucional de Dina Boluarte, calificándola de “usurpadora” y estar al frente de un “régimen golpista”, interviniendo groseramente en los asuntos internos de otro país, una falsa narrativa repetida hasta la saciedad desde entonces por los parásitos caviares y la prensa basura que le sirve de caja de resonancia para sus intentos desestabilizadores, pero de nada les ha valido. Hoy por lo visto, trata de repetir esa desgastada formula. De esta manera, a su apoyo al destituido y procesado Pedro Castillo por su fracasado golpe de Estado, Petro ha puesto en entredicho la demarcación de la frontera peruano-colombiana. Pero sus graves acusaciones de que el Perú habría “ocupado” territorio de Colombia con la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Ramón Castillo (Loreto), lo cual Petro no reconoce, son refutadas por la propia historia, ya que el Perú y Colombia firmaron y ratificaron dos tratados que delimitaron las fronteras de ambos países poniendo fin a toda controversia. El primer instrumento jurídico es el “Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre Colombia y el Perú”, del 24 de marzo de 1922 que establece las demarcaciones entre ambas naciones.Dicho tratado consagra que el lado izquierdo del río (Amazonas) quedaba para Colombia y la porción derecha para el Perú. Luego de seis años (1928) fue ratificado por los Congresos de los dos países. Tras el conflicto peruano-colombiano en 1932, en agosto de 1934 se firmó el “Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República del Perú y la República de Colombia”, denominado Protocolo de Río de Janeiro, que consagró la naturaleza jurídica del tratado de 1922 y que también fue ratificado por ambos países.Adicionalmente, en 1986 se conformó la “Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana”, que se encargó de implementar el trabajo de campo del tratado de límites.Con estos antecedentes históricos y atendiendo el clamor de la población del entonces centro poblado Santa Rosa, ubicado en la provincia Mariscal Ramón Castilla de Loreto, el mes pasado se creó el distrito Santa Rosa de Loreto.Dicha creación se oficializó con la Ley 32403, publicada el 3 de julio pasado. Esta norma establece los límites del referido distrito y precisa que se dictará las disposiciones correspondientes a fin de designar a sus autoridades políticas y administrativas.También dispone que la municipalidad provincial de Ramón Castilla deba constituir una junta de delegados vecinales de carácter transitorio, hasta que se elijan e instalen las nuevas autoridades. Pero tras la creación de este distrito, Petro señaló una aparente “acción unilateral” del Perú que incluso “puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”. Manifestó que su “gobierno usará antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional” pero no descarto la guerra. Estas afiebradas imputaciones de Petro fueron secundadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que se pronunció señalando que “la denominada ´Isla de Santa Rosa´ es una formación surgida en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929”, reiterando la posición colombiana de que “la Isla de Santa Rosa no ha sido asignada al Perú”. Como era obvio, las absurdas acusaciones de Petro merecieron la firme respuesta del Gobierno peruano, en la persona del canciller Elmer Schialer, así como de la Mesa Directiva del Congreso, legisladores de diversas bancadas y otras autoridades. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó a nombre del Gobierno peruano “su más firme y enérgica protesta” respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia sobre los derechos soberanos y actos de jurisdicción que el Perú ejerce desde hace más de un siglo”. Subrayó que la reciente creación del distrito de Santa Rosa de Loreto “se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción peruana” y en el marco de los instrumentos jurídicos binacionales. A todo ello, el canciller Elmer Schialer, lamentó las expresiones de Petro y dijo que esto obedecería “a que no fue informado adecuadamente sobre la situación real, histórica y jurídica de nuestra frontera común en esa parte del territorio”. En comunicación con RPP desde Nueva York (Estados Unidos), durante su viaje a Japón para acompañar a la presidenta Dina Boluarte, sostuvo que en esa parte de la frontera la isla La Chinería (donde se ubica el distrito de Santa Rosa) fue asignada al Perú. “Cuando el rio Amazonas cambio de curso, dividió la isla peruana en dos, denominándose a la parte separada como Santa Rosa” asevero. “El Perú ha creado correctamente el distrito de Santa Rosa en suelo que siempre fue peruano, por lo que no se ha tocado un milímetro de territorio colombiano como se afirma ligeramente... El Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”, manifestó. Por su lado, la Mesa Directiva del Congreso rechazó enérgicamentelas acusaciones de Petro que pretende desconocer la soberanía peruana respaldada por los tratados de 1922 y de 1934, vigentes y ratificados por ambos países. Señaló que la creación de distrito de Santa Rosa de Loreto se enmarca en las competencias del Congreso, respaldando asimismo el pronunciamiento de la Cancillería. Similar postura expresaron parlamentarios de diversas bancadas, entre ellos Alejandro Muñante (Renovación Popular), Héctor Valer (Somos Perú), Elvis Vergara (AP) y la bancada de Honor y Democracia. Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, señaló que con su ridícula acusación, el mandatario colombiano utiliza al Perú para crear “una cortina de humo frente al desastre de su política gubernamental interna” apunto.“Un tratado como Salomón-Lozano de 1922 y el protocolo de 1934, son instrumentos jurídicos de naturaleza pétrea y Petro los ha vulnerado en la relación bilateral y a osado decir que el Perú es un país invasor”, indicó a Correo.Sostuvo que Petro no se da cuenta del daño que le hace a las relaciones bilaterales de Perú y Colombia, que no están en su mejor momento desde la caída de Castillo, por lo que se trabaja para mejorarla. Asimismo, anotó que el tratado de 1922 es un instrumento jurídico bilateral que establece las demarcaciones entre Perú y Colombia, mientras que el Protocolo de Río de Janeiro suscrito en 1934, consagra la naturaleza jurídica del tratado de 1922, el cual fue ratificado por los Congresos de ambos países, por lo que no hay nada que reclamar. Esperemos que las autoridades peruanas mantengan la serenidad frente a sus amenazas y continúen defendiendo su posición a través de canales diplomáticos apropiados. La historia y el derecho internacionalestán del lado del Perú; no se necesita de patéticos espectáculos mediáticos para defender lo que legítimamente les pertenece. Por lo menos, es una magnífica oportunidad para acelerar la compra de los nuevos aviones para la FAP ya que la defensa de la Patria está en peligro ¿No os parece?... POR CIERTO, CON LOS TERRORISTAS NO SE NEGOCIA. (Como era de esperar, y ello a nadie ya puede sorprender, los parásitos caviares y la izquierda retrógrada se han colocado del lado de Petro desde el primer momento, dándole la razón en todo y demostrando su traición a los intereses peruanos una vez más. Peor aún, un infeliz de esos - Gonzales Posada es su nombre - ha tenido el atrevimiento de criticar la decisión soberana del Gobierno peruano de enviar tropas a Santa Rosa. De seguro esperaba que su amado Petro invadiera la isla para apoderarse de ella. ¿Recuerdan que, al inicio de su nefasto régimen, Castillo pretendió regalar el Mar de Grau a Bolivia? De seguir en el Poder, de seguro le entregaba a su “camarada” no solo Santa Rosa, sino también todo Loreto ¿Hasta dónde puede llegar la ruindad de estos malnacidos?)
Se trata de un sitio arqueológico ubicado en el distrito de Huancán, provincia de Huancayo, en la región Junín, Perú. Fue un importante centro ceremonial y administrativo que data del Horizonte Medio y fue utilizado por las culturas Wari y Wanka. El nombre "Wariwillka" proviene de las voces quechuas "wari" (antiguo) y "willka" (sagrado o santuario). El santuario, según tradiciones recogidas por los españoles, era sede de la pacarina o fuente de donde surgió la primera pareja que dio origen a la nación Wanka, conocidos por ser bravos guerreros y que ofrecieron una férrea resistencia a los Incas. Al respecto, el cronista español Pedro Cieza de León, que pasó por la zona hacia 1545, fue el primero en describir el santuario, recogiendo la información de los lugareños que consideraban a Wariwillka como el lugar de origen del pueblo Wanka, la etnia dominante de la zona: “Estos indios cuentan una cosa muy curiosa, y es que afirman que su origen y nacimiento procede de cierto varón (de cuyo nombre no me acuerdo) y de una mujer que se llamaba Urochombe, que salieron de una fuente, a quien llaman Guaribilca, los cuales se dieron tan buena maña de engendrar, que los guancas proceden de ellos; y que para memoria de esto que cuentan hicieron sus pasados una muralla alta y muy grande, y junto a ella un templo, a donde, como cosa principal, venían a adorar”. En 1931, Federico Gálvez Durán identificó el santuario descrito por Cieza y señaló además la presencia tiahuanacode en Wariwillka y en general en todo el valle del Mantaro. Instaló además un museo en el poblado de Huari. Posteriormente Isabel Flores Espinoza describió el lugar (1959), publicando, adicionalmente, láminas que reproducen la cerámica del sitio, de clara filiación Tiahuanaco-Huari. Cabe precisar que los Wankas formaron una nación muy numerosa y aguerrida. En el santuario se adoraba al dios Huamani, bajo forma de un ídolo de piedra negra enterrado a medio cuerpo, al que los feligreses daban ofrendas y hacían consultas (oráculos). Cuando los incas conquistaron la región, mandaron construir un gran templo al Sol, aunque permitieron que continuara funcionando el santuario de Wariwillka, al que reconstruyeron con una arquitectura mixta (inca-wanka). Cuando los españoles arribaron al valle en 1534, el ídolo fue destruido por el sacerdote español Vicente de Valverde, ya que según la interpretación cristiana, era una representación del demonio. El lugar desde entonces fue abandonado, quedando cubierto de herbazales y maleza. Así lo encontró Pedro Cieza de León cuando pasó por el lugar hacia 1545. Si bien los extirpadores de idolatrías del siglo XVI lo clausuraron definitivamente, los lugareños continuaron furtivamente realizando sus rituales de origen prehispánico. En cuanto al santuario, tiene una forma irregular tendiente al cuadrilátero. Por cierto, la edificación existente sería solo parte de un conjunto mucho mayor cuya magnitud aún falta determinar. Los restos se extienden desde una meseta hasta la orilla del río Mantaro. En el extremo sur se ve una muralla de cerca de 46 m de largo, y de 5 m de espesor; su máxima altura llega a 5,30 m. Sus paredes son de piedras canteadas e irregulares, dispuestas en hiladas y unidas con argamasa de barro. En la parte inferior de la misma muralla hay unos huecos o “respiraderos” de 0,30 m de lado, con una profundidad no conocida; se supone que dan entrada a un subterráneo. En su parte superior, el conjunto forma una especie de plataforma rectangular limitada al este y el oeste por paredes semejantes a las descritas. Los muros servían de celdas para las víctimas del sacrificio al dios huanca. La cerámica asociada con estas estructuras es de estilo típicamente Wari. Dentro de esta construcción se encuentran 2 imponentes árboles de molle, y también se ubicaba una piscina de purificación, de la que aún se encuentra una escalera de piedras bien conservada que pasa por el costado del santuario, el que nos lleva a un manantial en el lado sureste del cual se dice que los Wankas recogían agua sagrada y que ha sido identificado como la fuente o pacarina del que habla Cieza de León. En la actualidad este manantial sigue abasteciendo de agua a los pobladores del anexo de Huari. Cuenta la leyenda que si los miembros de una pareja beben juntos del agua que brota del manantial, pero uno de ellos es infiel al otro, entonces este muere. En el interior del templo se han descubierto el cuerpo de una mujer de aproximadamente 20 años atada a un ave de rapiña, en la zona conocida como las celdas. También se encontró en el año 2009 la osamenta de un niño de aproximadamente 8 años junto a los huesos de posiblemente una llama bebe o un perro, el descubrimiento lo efectuó el arqueólogo estadounidense Steven Wirtz. En cuanto a los molles de Wariwillka, considerados como árboles sagrados por los antiguos wankas de acuerdo a un escrito de Cieza de León del siglo XVI, son árboles centenarios de la especie Schinus molle ubicados en el Santuario Arqueológico de Wariwillka y son considerados como árboles patrimoniales desde el año 2023. Cieza describió unos molles sagrados que existían en el interior del santuario, en número de tres a cuatro. Se han conservado en el santuario dos molles que fácilmente se suelen identificar con los que vio el cronista español hacia 1550, aunque no hay certeza si efectivamente sean los mismos. Estos árboles son muy apreciados por los lugareños como patrimonio de la nación Wanka.
Como sabéis, hace unas semanas atrás, el Congreso de la República - en uso de sus facultades constitucionales, aprobó por amplia mayoría una Ley de Amnistía que beneficia a aquellos valerosos miembros de las FF.AA. y la PNP que a riesgo de sus vidas, lucharon contra esa maldita lacra terrorista que ensangrentó al pais andino en las últimas décadas del pasado siglo. Catalogados en su momento como ‘Héroes de la Democracia’ - porque salvaron al Perú de caer en las garras de comunismo homicida - todo cambio con la llegada al poder de los parásitos caviares, quienes primero con Paniagua (ya muerto) y especialmente con Toledo (hoy en la cárcel por ladrón) se dieron a la tarea de perseguirlos incansablemente con toda clase de vejaciones y humillaciones, sometiéndolos a procesos interminables, reabriendo de forma ilegal casos ya resueltos una y otra vez, al no encontrar pruebas que los incriminen de las absurdas acusaciones que se les hacen. Este intolerable abuso por parte de aquella mafia caviar, quienes al mismo tiempo ‘santifican’ a los terroristas, victimizando a los asesinos con su falsa narrativa, tenía que acabar de una vez por todas, y ello ocurrió con esta ley aprobada por el Congreso, que aun no ha sido promulgada por el Gobierno y publicada en El Peruano, para que entre en vigencia inmediatamente. Como era de esperar, la caviarada puso el grito en el cielo y acudieron a desacreditados organismos internacionales como la CIDH - la misma que clama por la “inocencia” de los terroristas, exigiendo que se les indemnice económicamente - en busca de apoyo, y vaya que lo consiguieron, ya que al instante esta “ordeno” al Perú que dicha Ley de Amnistía “no se aplique”. Pero lo que no se esperaban era la enérgica respuesta del Gobierno peruano por medio de la Presidenta Constitucional Dina Boluarte, quien los puso en su sitio, alegando que “el Perú no es colonia de nadie, para que desde fuera nos digan lo que tenemos que hacer”. En efecto, en una ceremonia realizada este jueves, la Jefa de Estado remarcó que el mandato de un país democrático como el Perú se ejerce de acuerdo con la Constitución y las leyes, y aseguró que siempre respaldará a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las organizaciones que defendieron al Perú del terrorismo. “El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana. Y eso debe quedar claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia”, puntualizó. “Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos, y esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, añadió durante su discurso. Esta declaración ha tenido un amplio apoyo de la ciudadanía, que rechazan la burda injerencia de la CIDH en los asuntos internos del Perú. En sintonía con la cabeza del ejecutivo, varios ministros salieron a defender la posición esgrimida por la señora Boluarte .Tal fue el caso del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien apoyó la medida y trató el rechazo a la CIDH como una defensa soberana."Soy un general en situación de retiro, pero sigo siendo policía, ¿cómo no estar de acuerdo con haber visto en 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país. La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer", sostuvo durante una entrevista en Canal N. Similar fue el caso del ministro de Justicia, Juan Alcántara, quien aseguró que los procesos de observación de la corte internacional deben venir luego de que se promulgue la norma. Además, criticó el accionar de ese organismo caviar señalando que, no ocultan su apoyo a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú."La corte nos dice que no sigamos con el trámite. Es una ley que ni siquiera ha sido promulgado. ¿Cómo la corte nos va a decir que no hagamos lo que tenemos que hacer? (…) Recién estamos por promulgar una norma. Han promulgado una medida cautelar donde nos dicen que no hagamos lo que nuestra Constitución nos pide que hagamos. (...) No es de extrañar que todas las decisiones de la Corte siempre han sido favorables a terroristas, ahí están las evidencias y demuestran de que lado están", indicó Pero no solo el Ejecutivo se ha pronunciado en contra de la CIDH. La nueva presidencia del Congreso también ha arremetido contra ese cuestionado organismo. José Jerí, recientemente elegido como titular del Legislativo, afirmó que la pena de muerte -propuesta como una posible medida para combatir la delincuencia “importada” de Venezuela - debe ser evaluada para su eventual implementación, incluso si ello implicara el retiro del país de la CIDH, “lo que seria lo mas conveniente” aseveró. “Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más firmes”, declaró Jerí ante la prensa, sugiriendo la posibilidad de que el Perú se retire del infame Pacto de San José, dada su completa inutilidad. Como recordareis, durante su pedido del voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, llamo a que el Poder Legislativo de los primeros pasos para que el Perú salga de la CIDH (que únicamente vela `por los “derechos” de los terroristas) "Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema que es sumamente perjudicial para el Perú", declaró en aquel entonces el actual primer ministro. En buena hora, los titulares de los ministerios se han pronunciado rechazando esta resolución intrusiva. Y obviamente, desde el Congreso de la República se debe reafirmar que la decisión de otorgar o no una amnistía es competencia exclusiva del Parlamento, no de una corte extranjera. No se puede seguir permitiendo que un organismo internacional, cuyos miembros nadie ha elegido, intente supervisar y censurar los procesos legislativos del Perú, queriendo imponer límites a su sistema democrático. Se necesita que el Gobierno actúe con firmeza y coraje frente a esta inaceptable intromisión, asumiendo la férrea defensa de su soberanía nacional. Esta no se negocia... A que lo tengan claro.
El triste epílogo a las guerras de emancipación contra el Imperio español del siglo XIX fue, como es habitual, un baño de sangre. El escenario fue el Callao, en el Virreynato del Perú, que a diferencia de Nueva Granada y de Río de la Plata, se mantuvo al principio inmune a la fiebre independentista que se extendió por la América española. La mayor presencia de peninsulares que en otros territorios, la escasa implantación del espíritu independentista y la capacidad de mando de los sucesivos virreyes convirtieron el lugar en una roca en el camino de los rebeldes. Para someter al Perú fue necesaria la acción conjunta de las fuerzas de Bolívar y de San Martín . Así, solo en julio de 1821 el virrey José de la Serna ordenó evacuar Lima, dando vía libre a que San Martín proclamara la independencia del Perú el 28 de ese mes. Y aún cambiaría de manos varias veces la capital hasta que, con las fuerzas españolas al límite, llegó la batalla de Ayacucho y con ella la derrota del contingente militar realista más importante que seguía en pie. En paralelo a los sucesos de Ayacucho, todavía hubo una última guarnición que acometió una resistencia heroica, casi suicida. En efecto, el brigadier José Ramón Rodil - cual un nuevo Leónidas - y los últimos españoles del Perú se atrincheraron en la Fortaleza del Real Felipe del Callao, construida inicialmente para defender el puerto contra los ataques de piratas y corsarios. Lima y la fortaleza en el Callao habían sido recuperadas por los españoles meses antes del desastre de Ayacucho, coincidiendo con uno de los pocos periodos de la guerra favorables a los intereses realistas. En efecto, el general Monet al frente de las fuerzas realistas había entrado de nuevo en la capital el 25 de febrero de 1824 y designó al brigadier José Ramón Rodil como jefe de la guarnición del Callao . Lo hizo, claro, sin sospechar que este oficial gallego iba a protagonizar una resistencia de tintes épicos. Lima fue abandonada tras la batalla de Junín. Se esperaba por ello que los españoles del Callao tomaran el mismo camino tras la capitulación de Ayacucho, pero Rodil y sus 2.800 soldados se negaron a rendirse ante la perspectiva de que aún podría recibir pronto refuerzos de España. Rodil incluso se negó a recibir a los enviados del virrey la Serna, derrotado en Ayacucho, porque los consideraba poco menos que desertores. Tampoco quiso escuchar el 26 de diciembre a los representante de Simón Bolívar , quienes daban por hecho que el español iba a rendir la fortaleza en cuanto se enterara de los generosos términos de la capitulación. Sin embargo, ello no ocurrió. El gallego creía que el suyo era un viaje sin vuelta atrás. La entrada de Bolívar en Lima provocó la huida masiva de la población de españoles peninsulares y de los leales a la Corona hacia el Callao. De esta manera, 8.000 refugiados convirtieron el Callao en el último bastión español en Sudamérica y en la última esperanza de recuperar estos territorios. El asedio de las tropas libertadoras, unos 4.700 soldados, dirigidas por el venezolano Bartolomé Salom , se inició en forma de bombardeo con artillería pesada al puerto del recinto amurallado. Se calcula que en los dos años que duró el sitio se dispararon 20.327 balas de cañón, 317 bombas e incontables balas. Al ataque aéreo y terrestre, se sumó también el bloqueo naval de las flotas combinadas de la Gran Colombia, Perú y Chile. Pero a pesar de contar con menos hombres armados y pocos recursos, los españoles tenían varias cosas a su favor. José Ramón Rodil contaba entre sus filas con los regimientos veteranos Real de Lima y Arequipa, así como una de las fortalezas más grandes de todo el continente. Las murallas y las minas enclavadas a sus alrededores hacían imposible un asalto por tierra, mientras que el bastión artillado mantenía la flota combinada a distancia. Asimismo, la veteranía de su comandante jugaba a favor de las fuerzas realistas. Nacido en Lugo el 5 de febrero de 1779, Rodil había combatido contra Napoleón y luego había saltado a Sudamérica, donde prestó importantes servicios en Talca, Cancharrayada y Maipo. Por ello, el gallego coleccionaba múltiples condecoraciones por el valor desplegado en los combates. Sin posibilidad de hincarle el diente a la fortaleza, los ejércitos libertadores mantuvieron el bombardeo día y noche en un intento por dejar que la fruta cayera por su propio peso. Desde el principio se hizo latente la dificultad de alimentar a una población civil de miles de refugiados, así como el mantener un régimen casi carcelario para evitar las deserciones entre las filas españolas. En un solo día Rodil fusiló a 36 conspiradores, entre ellos a un muchacho andaluz muy popular por sus chanzas. En un informe fechado el 26 de septiembre de 1825, Hipólito Unanue escribió a Simón Bolívar el estado del sitio, convertido en una prisión tanto dentro como fuera de la fortaleza: “Rodil sigue defendiéndose obstinadamente y no pasa día sin que se haga fuego fuerte contra él. Por su parte tiene una vigilancia enorme y apenas ve que se pasa alguno del pueblo o que se trabajó en la línea, cuando cubre de balazos el sitio, así es que no se pasan de miedo muchos que desean hacerlo”. Debido al sitio, la hambruna, las malas condiciones sanitarias y las epidemias crecieron al mismo ritmo que la carne de rata disparaba su precio en el mercado negro. Es por ello que Rodil envió hacia el frente enemigo a aquellos civiles cuya presencia no era importante en el campo militar . Ante esta estrategia los libertadores empezaron a rechazar las oleadas de civiles con plomo y pólvora, sabiendo que el hambre era la mejor arma para sacar a los españoles de su castillo. Muchos refugiados se vieron atrapados entre ambos fuegos. Debido a las pésimas condiciones de salubridad, solo cerca del 25% de los civiles lograron sobrevivir al asedio de dos años. El escorbuto, la disentería y la desnutrición fueron rebajando el número de defensores cada día de resistencia. No así la determinación de Rodil , que únicamente aceptó rendirse cuando la situación adquirió una atmósfera extrema. A principios de enero de 1826, el coronel realista Ponce de León desertó y, al poco tiempo le siguió el comandante Riera, gobernador de una de las secciones fortificadas, el Castillo de San Rafael. Ambos conocían al detalle el entramado defensivo establecido por Rodil y así se lo desvelaron a los sitiadores. Ponce de León, además, era amigo próximo de Rodil, lo que supuso una doble traición para el gallego. Sin comida, con la munición cercana a terminarse, y sin noticias de que fueran a llegar refuerzos desde España como se esperaba, Rodil accedió a negociar con Bolívar luego de las ilustres deserciones. De esta forma, el 23 de ese mes, tras dos años de resistencia, los españoles entregaron la fortaleza en condiciones que permitieron conservar la honra y la vida a los defensores. O al menos a los supervivientes. Solo unos 376 soldados lograron salir con vida de aquellos dos años extremos, salvando las banderas de los regimientos Real Infante y del Regimiento de Arequipa. La vida de Rodil también fue respetada, entre otras cosas porque el propio Bolívar salió en defensa del español: “El heroísmo no es digno de castigo”. Es indudable que envuelto en sus propios problemas, España se había olvidado de los últimos defensores de Sudamérica cuando éstos combatían, pero al regreso a la península, algunos de ellos fueron recompensados por su gesta. José Ramón Rodil por ejemplo, fue nombrado Mariscal de Campo y se le otorgó en 1831 el título nobiliario de Marqués de Rodil por su heroica actuación en el Perú. No obstante, su consideración de estratega quedó en entredicho con varias derrotas en la Primera Guerra Carlista. Su carrera política finalizó a consecuencia de su antagonismo personal con Baldomero Espartero, quien posteriormente auspició que Rodil fuera juzgado por un consejo de guerra y se le retiraran sus honores, títulos y condecoraciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, sería reivindicado por su valor y heroísmo mostrado en esas horas tan críticas para la causa española ¿Pero qué motivó su obcecada resistencia en el Callao?, siguen preguntándose hoy los historiadores. Sucede que en su obstinación realmente confiaba, hasta el verano de 1825, en que desde la Península se enviaría una fuerza de reconquista. Controlar aquella posición estratégica era clave para tener un punto de desembarco en América. Cuando se dio cuenta de que la ayuda nunca llegaría dejó de dormir y apenas comía ante el temor, tal vez, de que todo su esfuerzo al final iba a ser en vano. "Como buen militar que era, fue plenamente consciente de que no tenía sentido una resistencia numantina. No, no pensaba en un suicidio, por muy heroico que fuera. Estaba plenamente convencido de que su resistencia daría tiempo a organizar una verdadera 'reconquista' del Perú. Pero no acertó en sus cálculos", explica María Saavedra Inaraja, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano de Historia y Cultura Naval, en su artículo La resistencia sin esperanza. “Desde Madrid, el rey celebró su resistencia en sus Consejos de Estado, pero no movió un dedo por ellos. En Perú siguieron encajando cañonazos y repeliendo asaltos. Los últimos días del asedio de aquel castillo del siglo XVII fueron un infierno. Rodil seguía confiando en que los refuerzos del rey estaban de camino, en algún punto del océano. Mientras, su plaza era bombardeada día y noche. El 19 de enero de 1826 Chiloé cayó en manos chilenas y el hechizo del brigadier se rompió. Comprendió que no había ninguna flota en camino”. El 23 de enero, capituló de forma honrosa ante Bartolomé Salom, general venezolano responsable del asedio, y regreso a España, junto con los pocos el resto de supervivientes del ejército realista de Perú. Habían resistido uno de los asedios más horribles de todas las guerras de emancipación de la América hispana.
En los últimos 20 años, América Latina ha experimentado un preocupante aumento en la demanda por liderazgos autoritarios o de “mano dura”. No es extraño escuchar frases como “lo que el Perú necesita es un gobierno autoritario”, reflejo de un hartazgo ciudadano frente a la ineficiencia gubernamental, la corrupción de su clase política y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, estos pedidos ponen en riesgo la democracia, un sistema que, pese a sus fallas, ha demostrado generar mejores resultados que las alternativas populistas y autoritarias de todo signo político. Según el Latinobarómetro, si en el 2002 solo el 15% de la región justificaba un gobierno autoritario si resolvía los problemas económicos; hoy, en países como el Perú, esa cifra supera el 30%. El 65% de los ciudadanos considera que la democracia funciona “mal o muy mal”, frente al 39% de hace dos décadas. En consecuencia, se premia a los outsiders que prometen “orden”, incluso a costa de las libertades. Sin embargo, las cifras contradicen esa nostalgia. Del 2005 al 2025, Chile, Costa Rica y Uruguay - democracias consolidadas - lograron mayor crecimiento del PBI per cápita, menor volatilidad macroeconómica y una atracción sostenida de inversión extranjera. En cambio, regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua o Venezuela muestran un colapso económico total, inseguridad absoluta y migración masiva. Es indudable que las democracias han logrado reducir más la pobreza y ampliar los servicios básicos, porque permiten un mejor control ciudadano y la corrección de políticas mediante el voto. Las dictaduras en cambio, al no enfrentar rendición de cuentas y silenciar a la oposición de forma incruenta – llegando en el caso de Nicaragua por ejemplo, a expatriar y quitar la ciudadanía a quienes disienten del régimen sandinista - terminan cometiendo errores más graves y persistentes, así como utilizar la violencia extrema como método de opresión. En cambio, las democracias muestran menor corrupción y mayor respeto a la propiedad privada, pilares para la innovación y el crecimiento sostenible. Ante ello, uno se pregunta ¿Por qué crece la añoranza autoritaria? La respuesta es que en muchos países latinoamericanos la democracia no ha sido eficaz. Donde hay fragmentación política, corrupción sistémica e incapacidad de garantizar servicios básicos, la ciudadanía castiga a los partidos y apuesta por líderes fuertes, por más demagogos que fueran al prometer lo imposible, ya que lo único que les interesa en el fondo es alcanzar el poder y una vez llegado, no soltarlo. Para ellos la alternancia del Poder “es una cojudez” (como dijo cierto político peruano admirador del Castrochavismo). A ello debemos agregar que la inseguridad que se vive en las calles, donde nadie tiene la vida asegurada, obra de bandas delincuenciales ‘importadas’ desde Venezuela (del cual millones han huido escapando de la miseria propiciada por el régimen) es clave en esta ecuación: No es de extrañar por ello que América Latina concentre más de 100.000 homicidios anuales, con redes criminales que capturan instituciones, como en el caso del Perú, donde los llamados ‘caviares’ – que ‘ controlan el Poder Judicial – liberan ipso facto a los delincuentes que atrapa la policía, para que sigan delinquiendo con total impunidad, sintiéndose así estos últimos empoderados por jueces y fiscales que los defienden y velan “por sus derechos”, pero al mismo tiempo persiguen con saña y odio indisimulado a los policías que cumplen su deber... Frente a esta absurda situacion, alimentada por la indecisión de las autoridades para intervenir el Poder Judicial y expulsar a quienes están abiertamente coludidos con la delincuencia, la promesa de “restaurar el orden con mano dura” es irresistible. A ello podemos agregar que las redes sociales amplifican esta lógica perversa, con sus discursos de odio y resentimiento. De esta manera, la democracia, que requiere negociación y tiempo, se percibe como débil; mientras el autoritarismo, se ve veloz y resolutivo. Pero esta velocidad cuesta cara: erosiona instituciones, reduce libertades y ahuyenta la inversión. La democracia no se sostiene por razones morales, sino por resultados concretos. Pero mientras esto no sea evidente para la ciudadanía, seguirá optando por quienes ofrecen ‘orden’ a cualquier precio. Como sabéis, en América Latina el voto autoritario no surge del desprecio a la libertad, sino de la frustración, ya que perciben que la primera no ha resuelto sus problemas. El reto no es solo defender la democracia con discursos filosóficos, sino hacerla eficaz. Apostar por un caudillo con sus discursos incendiarios puede dar un alivio inmediato, pero generará a la larga un retroceso que costará revertir, y mucho. Por cierto, en el Perú ¿qué ofrece su desacreditada y desgastada clase política envuelta en toda clase de escándalos? En ella no existe la renovación de sus cuadros dirigenciales, por lo que en las próximas elecciones, con sus candidatos nombrados “a dedo” se verán las mismas caras con sus promesas repetidas hasta el cansancio: Keiko Fujimori insistirá en una estrategia basada en “inteligencia, estrategia y mano dura” para enfrentar la violencia; Cesar Acuña - aquel cacique provinciano que dice cada cosa – afirma que la inseguridad afirma que “no es problema suyo” mientras deja abandonada a su suerte a la Región La Libertad - que se desangra por la violencia - de la cual es gobernador, para irse continuamente de vacaciones a Europa o EE.UU. a lo cual - asegura - “tiene derecho”. Por cierto, se proclama “ingeniero” pero no sabe ni multiplicar 8x7. ¿Dónde habrá sacado su titulo “bamba” (falsificado)?. De seguro en alguna de sus universidades de ínfima categoría; Luego esta un cómico televisivo, que con sus discursos simplistas cree que está en capacidad de llegar a Palacio, buscando imitar al salvadoreño Nayib Bukele en lo relativo a la lucha contra la delincuencia, cuando el territorio de el Salvador equivale solamente a la Región Ica y que cuenta apenas con 6 millones de habitantes frente a los 34 que tiene el Perú, por lo que se trata de otra realidad que el evidentemente no conoce; Asimismo, un alcalde-candidato, que no contento con tener a Lima convertida en un basurero - y que por razones electorales quiere poner en funcionamiento de la forma que sea, un tren chatarra de 40 años de antigüedad que se descarrila solo, cuando no existe la infraestructura necesaria para ello - ha planteado convocar a un referéndum “para aplicar la pena de muerte en casos de homicidios de menores, corrupción grave o ataques contra policías”. Sus propuestas incluyen la militarización de la seguridad y la penalización acelerada, reduciendo garantías procesales. A primera vista parecen ideas razonables, pero viniendo de quien viene y dada su absoluta incapacidad para resolver los problemas de una ciudad tan caótica como Lima, mucho menos podrá resolver los del Perú, por lo que todas sus propuestas son palabras que se las llevara el viento. Por último y como era de esperar, la izquierda radical aliada de Sendero Luminoso ofrece también “soluciones” como es mano dura… orientada únicamente a golpear a las élites políticas y económicas, refundar el Estado instaurando un régimen comunista, imponer sanciones ejemplares a “los corruptos” (pero a los suyos como Cerrón, Castillo, Kuczynski, Vizcarra o Villarán que han robado millones al Estado o bien han hecho negociados con Odebrecht, obviamente que no), para concentrar poder en un Ejecutivo fuerte, y eternizarse en el poder por los siglos de los siglos, emulando a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos sátrapas solo muertos dejan el Poder. El autoritarismo, de esta manera, se ha convertido en una tentación transversal, presentada como “un remedio instantáneo a la inseguridad y la corrupción”… nada más falso, ya que detrás de esa promesa late la misma amenaza: debilitar la democracia. No os dejáis engañar por quienes claman por “mano dura”, ya que al mismo tiempo suelen traer consigo tijeras para recortar libertades de todo tipo. Y, por más que les incomode, los datos son claros: las democracias han dado mejores resultados que las aventuras autoritarias que estos aventureros oportunistas buscan imponer. A que no hay que permitírselo.
Escenario transversal de la vida de la Lima del último siglo, la Plaza San Martín está presidida por un imponente monumento al general argentino que motorizó la independencia del Perú. Corazón de la vida política y cultural de la capital peruana, está rodeada de un conjunto de edificios de arquitectura barroca. Con una superficie de 12 mil metros cuadrados, la plaza configura un cuadrilátero perfecto, dividiendo en dos a la avenida Nicolás de Piérola. Enmarcado dentro del área protegida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está decorada con grandes jardines, balaustradas y bancas de mármol, y farolas que rodean la estatua del héroe. Ruta de paso de cientos de miles de limeños a diario, sentarse un rato en sus bancas sirve para medir el pulso de la capital del Perú. Inaugurada en 1921 durante la dictadura de Augusto B. Leguía, la plaza fue una de las tantas obras que se edificaron en Lima para celebrar el centenario de la independencia de la República del Perú. En su centro está el monumento, un conjunto de 16 metros de alto, coronado por una estatua ecuestre del general José de San Martín atravesando los Andes. El pedestal es un contrastante monumento de granito blanco. Justo bajo la estatua es un volumen de roca viva, en el pie es un pedestal geométrico. Una alegoría de la Patria, una figura femenina de laurel, sostiene una inscripción: “La Nación al General D José de San Martín”. Las caras del pedestal tienen inscripciones y en la cara posterior, las figuras esculpidas de dos soldados entrecruzan banderas. Es este último un símbolo de agradecimiento y hermandad del Perú a la Argentina por los inestimables servicios brindados por el Libertador. El conjunto monumental es obra del escultor español Mariano Benlliure.La plaza está rodeada de un conjunto de edificios que se construyeron siguiendo un patrón adecuado de uniformidad. Los primeros edificios de la plaza fueron el Teatro Colón y el edificio Giacoletti, construidos ambos en 1914. El resto de edificios se construyó posteriormente en tres etapas: la primera correspondió al ya mencionado Gran Hotel Bolívar que data de 1924-1925, obra de Rafael Marquina; en la segunda se hicieron los edificios de los portales de Zela (al sur) y Pumacahua (al norte), ambas construcciones casi idénticas y que datan de 1926, y el Club Nacional, edificado en 1929 por Ricardo de Jaxa Malachowski y Enrique Bianchi en estilo académico francés; y en la tercera y última etapa hacia 1930-1945 se consolidaron los frentes de la plaza con la elevación de los edificios Cerro de Pasco Copper Corporation (1930), Fénix (1934), Cine Metro (1936, de José Álvarez Calderón), Sudamérica (1941) y Boza (1941). En el edificio Fénix se ubicó en 1935 el británico Phoenix Club, hasta su posterior mudanza al distrito de San Isidro en 1992. Como resultado la plaza guarda una unidad por medio de la uniformidad entre sus fachadas, correspondiendo al tipo de plaza barroca que crea un marco arquitectónico coherente en torno al espacio central y su monumento. El estilo final de la mayoría de los edificios que rodean este espacio es neohispano o neocolonial dentro de una composición espacial clásica de raíz hispana y europea. Si se visita Lima hay que llevarse una foto en la plaza San Martín. En resumen, la Plaza San Martín es un espacio emblemático de Lima que combina historia, arte y cultura. Su diseño, estatua central y edificios circundantes la convierten en un lugar de interés tanto para turistas como para residentes, y su historia refleja la evolución de la sociedad peruana a lo largo del tiempo. Lamentablemente no todo es perfecto, ya que el 27 de octubre del 2018, el edificio Giacoletti fue dañado por un incendio. En el primer nivel del edificio de cinco pisos se encontraba la pollería Roky's, donde se presume que inició el fuego. Además, el edificio era sede de un hostal. El fuego habría iniciado en el ducto de una chimenea y que por ello se expandió rápidamente hacia los pisos superiores. Desde entonces luce abandonado y ennegrecido por el fuego, sin que las autoridades municipales, en su incapacidad manifiesta - y peor aún con Porky, que ha convertido a Lima en un basurero - hagan algo por restaurarla.
La fragmentación política en el país andino, caracterizada por la proliferación de vientres de alquiler que eufemísticamente se autodenominan “organizaciones políticas”, la volatilidad electoral y la debilidad institucional, constituye un fenómeno estructural que se ha intensificado en la última década. En efecto, la crisis de institucionalización de las “organizaciones políticas” es una de sus causas principales. Como sabéis, la transición democrática post-fujimorismo en el año 2000 no consolidó a los viejos partidos tradicionales – barridos tras el autogolpe de 1992 así como el desprestigio que arrastraban desde años atrás al estar envueltos en sonados casos de corrupción - sino que dio paso a un sistema de “democracia sin partidos”, donde las “organizaciones políticas” que los sucedieron, funcionan como vehículos electorales efímeros, más que como instituciones democráticas programáticas. Esta dinámica se acentuó en el 2016 cuando el fujimorismo obtuvo 73 parlamentarios y se exacerbó tras la disolución del Congreso en el año 2019 por el golpista Martin Vizcarra y las elecciones extraordinarias del 2020, que reflejaron una ruptura del predominio fujimorista y el ascenso de nuevas fuerzas políticas atomizadas, financiados por la minería informal y el narcotráfico. A medida que se aproximan las elecciones generales del 2026, este fenómeno se intensifica, generando desafíos significativos para la gobernabilidad, la representatividad y la estabilidad democrática en el Perú. Cabe precisar que el sistema político peruano se rige por la Constitución de 1993, que establece un régimen esencialmente presidencialista con elecciones concurrentes cada cinco años para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. La normativa electoral, regulada principalmente por la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, fija requisitos para la inscripción de partidos, como la recolección de firmas equivalente al 0.1% del padrón electoral, una barrera relativamente baja que ha facilitado la proliferación de 43 vientres de alquiler inscritos para las elecciones del 2026. Esta multiplicidad de actores políticos refleja una atomización del sistema de partidos, agravada por la ausencia de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tras su instauración en el año 2019 y su cuestionable eliminación en el año 2024, lo que ha permitido la participación de pseudo organizaciones políticas con nula representatividad. La fragmentación se ve agravada por el sistema de voto preferencial en las elecciones parlamentarias, que incentiva la competencia individual sobre la cohesión partidaria, y por la falta de una barrera electoral efectiva, fijada en 5% para partidos y 6% para alianzas. Este diseño institucional, combinado con la reinstauración del infame sistema bicameral para el 2026, con 60 senadores y 130 diputados (que pueden incrementarse mediante ley orgánica), amplifica la dispersión de la representación legislativa, como se observó en el año 2021, cuando nueve agrupaciones lograron escaños en un Congreso de 18 contendientes. A nivel jurídico, la baja barrera para la inscripción de partidos y la falta de incentivos para formar alianzas electorales sostenibles contribuyen a la proliferación de candidaturas. En el 2026, se estima que podrían competir aproximadamente más de cuarenta candidatos presidenciales, un récord histórico. La eliminación de las PASO ha permitido que agrupaciones fantasmales con limitado respaldo popular participen, incrementando la fragmentación del voto. Además, el sistema de voto preferencial fomenta la personalización de la política, debilitando la cohesión de las bancadas parlamentarias, como se observa en la “migración” de 55 de 130 congresistas a otras bancadas desde el 2021, que, más propiamente, podría ser considerado en la mayoría de los casos como actos típicos de transfuguismo parlamentario. La crisis de legitimidad de las instituciones políticas, con un Congreso que registra un 93% de desaprobación ciudadana, y la desconfianza en los partidos, reflejada en un 30% de voto blanco o viciado en encuestas recientes, alimentan un escenario de apatía y volatilidad electoral. Esta situación se agrava por la percepción de corrupción sistémica y la influencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación, que concentran el 80% de la prensa escrita en el Grupo El Comercio, adalid de la prensa basura (quebrada económicamente y que se encuentra a la venta). En este escenario, las elecciones del 2026 se perfilan como las más complejas de la historia peruana. La primera vuelta, programada para abril de ese año, será una suerte de una primaria de facto, definiendo las dos candidaturas presidenciales más votadas para el balotaje y la composición del Congreso bicameral. Sin embargo, la alta fragmentación del voto podría conducir a que los candidatos que pasen a la segunda vuelta obtengan un porcentaje bajo de votos que podría comprometer la legitimidad del presidente electo. En el ámbito parlamentario, la fragmentación se manifiesta en la proliferación de bancadas y la inestabilidad de las alianzas legislativas. La reintroducción del sistema bicameral y el voto preferencial para senadores y diputados podría complicar aún más la cohesión legislativa. Se debe evidenciar, asimismo, que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han avizorado la oportunidad de permanecer en el poder más allá del 2026. Para ello, la Constitución ha sido reformada “a su medida” en casi sesenta artículos en el 2024. La reforma central de estos cambios constitucionales es la reintroducción del bicameralismo del Congreso de la República. Hay que recordar que Fujimori justificó el golpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso que era bicameral en aquel entonces porque era ineficiente, corrupto y obstruccionista. Sin embargo, la reintroducción del bicameralismo no ha tomado en cuenta la decisión de los peruanos que, en el referéndum del 2018, rechazó con el 90% de los votos el reestablecimiento de la bicameralidad. Es indudable por ello que la fragmentación política plantea desafíos significativos para la gobernabilidad del Perú en los próximos años. El presidente electo en el 2026 enfrentará un Congreso fragmentado y con alianzas frágiles, donde ningún partido alcanzará mayoría. La ambigüedad de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” y la disolución del Congreso, utilizados en crisis recientes, sigue sin resolverse, perpetuando la inestabilidad. No obstante, las elecciones podrían representar también una oportunidad para replantear el sistema político peruano; pero sin reformas estructurales, por lo que el riesgo de inestabilidad persistirá, perpetuando un ciclo de crisis que amenaza la viabilidad de su endeble democracia. La fragmentación política en el Perú de hoy tiene también una causa más grave: la “banalización de la Constitución”, que se ha acrecentado en los últimos años y se puede percibir en el hecho de que ella misma ha dejado de ser fundamento y límite del poder político. Formalmente lo es, aunque es constantemente manipulada al antojo de la voluntad de las fuerzas políticas, principalmente, del Parlamento. Es así que la actual Constitución ya no racionaliza el poder y su ejercicio, sino que es instrumentalizada por la política parlamentaria para “legitimar” la aprobación de leyes que favorecen sin ambages a los propios congresistas. Cuando en los últimos años, durante el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo se pretendió convocar a una espuria asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna, pero al no conseguirlo, intento dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando miserablemente y terminando ese mismo día en la cárcel por golpista y ladrón, los defensores de la Constitución han apelado a recordar sus bondades, sobre todo, en el ámbito económico y en la derrota del flagelo del terrorismo. Ello es innegable. Sin embargo, hay que reconocer que esa intangibilidad de la Constitución ha sido dejada de lado cuando las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han decidido que es más importante perpetuarse en el poder más allá del 2026, a través de la restauración del Senado, que defender la Constitución. Esto confirma la afirmación aguda que alguna vez hizo Horst Dreier, de que la Constitución no es un “seguro de vida político”. La democracia peruana no se sostiene solo por “tener” una Constitución, sino por mantener su vigencia, y protegerla de las fuerzas antidemocráticas que pretenden acabar con ella y sustituirla por otra de corte comunista como sucedió en Cuba, Nicaragua y Venezuela por sus sátrapas pretendiendo eternizarse en el poder. Ello no debe suceder en el Perú y por ese motivo hay que desbaratar infatigablemente cualquier intentona de la mafia caviar (que inexplicablemente aun controla los organismos electorales), quienes buscan repetir el fraude realizado en el 2021 para colocar en Palacio a un oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia, para que destruya la democracia por dentro, como quiso hacerlo Castillo. A estar atentos a sus sucias maniobras... Pero con tal cantidad de candidatos demagogos y oportunistas que se van a presentar en los comicios ofreciendo hasta lo imposible a los incautos para conseguir su voto – y luego olvidarse de sus promesas como siempre lo hacen - las elecciones del 2026 van a ser de difícil pronóstico.
Como sabéis, cada tercer domingo de julio, miles de peruanos se reúnen en torno a una mesa para rendir culto a uno de los platos más queridos del país andino: el pollo a la brasa, que este año cumple su 75 aniversario. Esta celebración no solo exalta su sabor inconfundible, sino también su rol como símbolo de su identidad nacional. Crujiente y de aroma especial, acompañado de patatas fritas, ensalada y cremas, como el kétchup y la mayonesa, es reconocido por su sabor inigualable dentro y fuera del país. Este suculento plato recibió el reconocimiento oficial como “Patrimonio Cultural de la Nación”, mediante la resolución Ministerial Nº 0441-2010-AG, emitido por el Ministerio de Cultura que resolvió declarar al tercer domingo de julio de cada año, como “El día del pollo a la brasa”. Desde entones, este plato se ha ganado un lugar especial en la gastronomía y en el corazón de los comensales peruanos.El origen del pollo a la brasa se remonta a 1949, cuando el inmigrante suizo Roger Schuler, dueño del restaurante Granja Azul, ubicado en Santa Clara, diseñó una técnica innovadora de cocción giratoria para asar pollos de manera uniforme. Gracias a Franz Ulrich, el experto que ideó el horno con barras giratorias, Schuler fundó el primer restaurante de pollos a la brasa tras varias pruebas con diferentes mecanismos hasta que, finalmente, quedó el modelo que se usa y fabrica hasta la actualidad. La idea partió luego de que Schuler viera a su cocinera hornear pequeños pollos de una manera similar, pero más rudimentaria. Desde entonces, el emprendimiento de Schuler creció a niveles nacionales y se masificó en todo el Perú. Aquel método, conocido como rotombo, permitió preparar múltiples piezas simultáneamente, manteniendo la jugosidad de la carne y ese dorado perfecto que hoy lo caracteriza y que lo hace inconfundible. La receta original incluía solo sal, pero con el tiempo se fueron incorporando ingredientes peruanos como ají panca, comino, sillao y cerveza negra. Con el correr de los años, el pollo a la brasa se convirtió en el almuerzo dominical por excelencia. Asequible, abundante y sabroso, supo adaptarse a todos los bolsillos y estilos de vida. Actualmente, se estima que más de 150 millones de pollos a la brasa se consumen al año en el Perú, según cifras de la Asociación Peruana de Avicultura. Es, sin duda, uno de los productos más vendidos en restaurantes, y su popularidad trasciende fronteras, con versiones exportadas a países como Chile, Estados Unidos y Japón. Cabe precisar que la celebración no solo promueve el consumo, sino que también busca revalorizar una preparación que combina técnica, cultura e historia. Durante esta jornada, muchas pollerías ofrecen promociones especiales, concursos y actividades familiares. Además, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la gastronomía popular peruana, donde la innovación y la tradición conviven en armonía. Por cierto, se estima que hay más de 13 mil pollerías en el Perú.Así que este tercer domingo de julio, la mesa está servida. Ya sea en un restaurante de lujo o en una reunión familiar, el pollo a la brasa convoca, une y celebra.
Una buena noticia sin duda alguna, es la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Ley de Amnistía con la que se hace justicia a todos aquellos valerosos integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. que a riesgo de sus vidas se enfrentaron y vencieron a las demenciales hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA, que originaron un baño de sangre en el país andino en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, pero a pesar de ese logro y de haber sido reconocidos en su momento como Héroes de la Democracia, desde la llegada de los parásitos caviares al Estado con Valentín Paniagua a la cabeza, fueron desde entonces injustamente perseguidos por esa maldita mafia enquistada en la justicia, sometiéndolos a procesos interminables que duran décadas, así como estigmatizados por los politizados organismos “defensores de los derechos humanos” (de los terroristas, se sobreentiende) que los calificaban con todos los epítetos inimaginables. Pero ello se acabó. En efecto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años. La medida fue aprobada el miércoles con 16 votos a favor y 11 en contra. Recibió el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que como era de esperar, las bancadas de izquierda - que siempre actúan como voceros del terrorismo y que como recordareis, fueron cómplices del oprobioso régimen filosenderista de Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón - votaron en contra. Si bien aún está pendiente que se resuelva un pedido de reconsideración a esa votación, presentado por los impresentables congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista), esta solicitud será rechazada. Ahora solo queda que el Gobierno promulgue la ley cuanto antes y sea publicada en el diario oficial El Peruano para que entre en vigencia. Como sabéis, la iniciativa tiene su origen en un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. La Comisión Permanente se pronunció a su favor en segunda votación al ejercer, durante el actual receso parlamentario, las funciones que corresponden al pleno del Congreso. Por cierto, la primera votación del dictamen se resolvió el pasado 11 de junio con 61 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien sustentó el dictamen ante la Comisión Permanente, argumentó que la amnistía responde “a una necesidad de justicia y es una forma de saldar una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”. Según el legislador, la norma permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales. Rospigliosi recordó el caso de los marinos procesados por el motín de El Frontón, que data de 1986: “De forma escandalosa se les ha reabierto nuevamente el juicio. [...] No puede ser que los procesos duren eternamente y que los militares, policías y miembros de autodefensa que derrotaron al terrorismo sean sometidos a la tortura de procesos interminables”, dijo. Afirmó que actualmente hay más de mil personas en esa situación. En la misma línea, el legislador Jorge Montoya, autor de la propuesta, defendió la ley como una respuesta al abuso que se ha cometido durante décadas contra las fuerzas del orden. “El abuso que se ha cometido a lo largo de 40 años sobre el personal militar y policial es inadmisible para una sociedad que se respete. Acá estuvimos en una lucha permanente por defender la democracia. Hubo excesos que ya han sido sentenciados y castigados, pero no hubo asesinatos sistemáticos como afirman falazmente los caviares. Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Aun así, están buscando pruebas durante 30 años y no las encuentran” asevero. Montoya también criticó especialmente el caso El Frontón que no tiene cuando acabar. “Lo abren cada vez que pueden. Eso es inconcebible”, señaló. Por último, dijo que “esta ley de amnistía permitirá vivir tranquilos el resto de vida que les queda a los que están siendo injustamente acusados por el ‘delito’ de cumplir con su deber y salvar al Perú de caer en las garras del comunismo” puntualizó. Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el país no borra su pasado: lo enfrenta con justicia y dignidad. Esta no es una norma para el olvido, sino un acto de soberanía moral que repara, aunque tarde, una deuda histórica con quienes evitaron que la patria cayera bajo las botas del totalitarismo, defendiéndola en su hora más oscura. Desde los años 80, las FFAA y la PNP enfrentaron una guerra no declarada contra el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Enfrentaron coches bomba, asesinatos de autoridades, secuestros de niños, ejecuciones públicas, y lo hicieron sin una legislación de guerra, con una opinión pública dividida y muchas veces con directivas políticas ambiguas o cobardes. Sin embargo, lograron contener al enemigo, evitar el colapso del Estado y restituir el orden en regiones enteras. ¿Qué recibió el personal en retorno? Juicios interminables, olvido institucional y una estigmatización sistemática. En muchos casos, los acusados ni siquiera han recibido sentencia. En otros, han sido absueltos luego de años de prisión preventiva. La justicia tardía no es justicia. Y la persecución eterna, sin resolución ni reparo, constituye una forma de tortura institucional. El Perú tiene derecho a defenderse en todos los frentes: militar, judicial y simbólico. Esta ley es parte de esa defensa. No vulnera tratados internacionales; por el contrario, aplica principios básicos como el debido proceso y el respeto por la dignidad de la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En muchos casos, estos plazos fueron largamente superados. ¿Deben estos peruanos que combatieron al terrorismo morir esperando justicia? La ley tampoco borra crímenes ni elimina la posibilidad de investigación en casos graves. Sólo establece que, por razones humanitarias y procesales, se exonera de responsabilidad penal a personas en situación vulnerable que han enfrentado un desgaste sin fin. No es olvido: es decencia. Quienes sirvieron en las FFAA y PNP durante los años del terror lo hicieron por convicción, por deber y por amor al país. Muchos lo pagaron con la vida, otros con la salud, otros con su libertad. Es hora de saldar esa deuda moral. No para encubrir excesos, como afirma la sesgada narrativa caviar, sino para reconocer que, sin ellos, el Perú no tendría hoy democracia. El patriotismo no es un recurso retórico: es una obligación civil. Defender esta ley es defender la verdad completa de la historia y reafirmar el principio de que el Perú tiene derecho a honrar a quienes lo protegieron cuando casi todo estaba perdido. Que la democracia no olvide nunca a los héroes que la salvaron.
