Mientras el país andino se encamina hacia las elecciones del 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de vientres de alquiler que eufemísticamente se hacen llamar “partidos políticos”. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a los sectores caviares, desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años por los mismos que cometieron fraude en el 2021 para colocar a un burro chotano en Palacio, y que pretendían repetir la misma maniobra en los próximos comicios. Lo grave del asunto es que la falsificación de firmas ya lo conocía el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) desde noviembre del 2022, pero recién se hizo pública por estos días a raíz de la denuncia de la ciudadanía y al organismo de mala gana no le quedó más que confirmar el delito que ocurría ante sus ojos y con su abierta complicidad ¿Cómo confiar entonces en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? Hoy, las evidencias son contundentes: peritajes grafotécnicos, omisiones sospechosas de las autoridades y un silencio cómplice de quienes antes clamaban por elecciones limpias. Estamos indudablemente ante un fraude incubado por los caviares desde los cimientos del sistema para su propio beneficio ¿Qué les espera a los peruanos en el 2026 si no actúan ahora para evitarlo? Como sabéis, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados a “partidos políticos” sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Las dimensiones del reclamo sugieren que se está ante un auténtico problema cuyas consecuencias enturbiaran los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán el próximo año. Contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los “partidos políticos” puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo. Ahora, para ser incorporado como militante de un “partido”, lo que la autoridad exige es que el ciudadano interesado, amén de proporcionar sus datos generales, firme y coloque su huella dactilar en una nómina que luego será revisada por el RENIEC. De manera que una vez comprobada que alguna falsedad se ha deslizado entre esos elementos, la responsabilidad es, en primer lugar, de quien presentó la nómina (el “partido” en cuestión) y, en segundo lugar, de quien realizó defectuosamente la verificación (RENIEC). Asimismo, la sanción debería recaer sobre el “partido” que presentó información adulterada - cuya inscripción debería ser anulada automáticamente - y sobre la institución que no cumplió adecuadamente los procedimientos de vigilancia de esa presentación. Pero ya no se trata solo de las denuncias de ciudadanos que descubren su nombre en la nómina de un conglomerado político sin haberla jamás firmado, sino también del destape periodístico sobre auténticas fábricas de falsificación de rúbricas y huellas digitales que han ofrecido sus turbios servicios al mejor postor... y han encontrado varios. Los más comprometidos son hasta ahora Nueva Gente, Primero la Gente (que tiene como precandidata visible a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Perú Primero (alentado por el golpista Martín Vizcarra, a pesar de que no puede postular a cargo alguno por haber sido inhabilitado por el Congreso), Voces del Pueblo (acaudillado por el congresista filosenderista Guillermo Bermejo), Ciudadanos por el Perú (vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte), así como del recién deshabilitado A.N.T.A.U.R.O. (del asesino de policías Antauro Humala). En efecto, un informe del programa dominical “Panorama” reveló recientemente que, en los últimos tres años, en medio de los esfuerzos de organizaciones políticas nacionales o regionales por lograr su inscripción, se registró un total de 238.335 firmas que debieron ser descartadas por indicios de falsificación. En muchos casos, además, se ha detectado que múltiples firmas corresponden a un mismo puño; es decir, que fueron hechas por un solo individuo. Y algo parecido ha sucedido con las huellas dactilares. Se trata, claramente, de un esquema de timo que no puede quedar impune, y que tiene responsables en cada etapa. Para empezar, quienes hayan ofrecido el servicio deberán tener sin duda una sanción penal, y luego también los encargados de hacer las verificaciones a nombre del Estado. Asimismo, es indispensable sancionar a los “partidos” mismos. No es aceptable que organizaciones fantasmales que han querido competir en las elecciones sobre la base de un engaño sigan en carrera. Entre otras cosas, porque si son capaces de colocarse en el partidor con semejante disposición fraudulenta, es de imaginar cómo podrían gobernar si es que saliesen triunfantes. Por último, pero no por ello menos importante, es hacer una reorganización total de los organismos electorales - JNE, ONPE, RENIEC - que inexplicablemente siguen en manos de los caviares. Si bien fue expectorado un impresentable sujeto como Jorge Salas Arenas (Alias ‘camarada Coquito’) que desde el JNE avalo el fraude de Castillo y busco hasta el último minuto que Antauro no sea inhabilitado, el resto de sus cómplices continúan como si nada y deben ser purgados de inmediato, si los peruanos quieren que sus comicios sean limpios e intachables, lo que no ocurriría en ningún caso si esa panda de sanguijuelas expertas en fraudes electorales permanecen indebidamente en sus cargos. ¿A que espera el Congreso para fumigarlos? Las denuncias no pueden quedar en el aire porque el tiempo apremia y las elecciones están cada vez más cerca. Al respecto, el abogado Alfredo Ghersi nos da su opinión sobre esta polémica y cómo afectaría de cara a los procesos electorales del 2026, donde se define el futuro de una nación que cada vez se desangra en el espectro político: “Es un tema muy serio. Creo que lo importante de esta noticia es que desmiente esa falsa narrativa que ha sostenido la izquierda en los últimos años y que, además, contradice su postura histórica. Porque, recordemos, la izquierda históricamente ha denunciado que Kenyo Fujimori cometió fraude en el Perú. Mejor dicho, eran ellos quienes ponían en tela de juicio la integridad electoral en el país. Sin embargo, desde las épocas de Castillo, la izquierda ha volteado su narrativa y en los últimos años ha tratado de vender esta falsa imagen de que el sistema electoral peruano es incorruptible, que es imposible que haya fraude, ‘porque nuestras instituciones electorales son sólidas’. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Ahora que estamos a puertas de las siguientes elecciones, estalla este tremendo escándalo. ¿Y cuál es? Que en el proceso de inscripción de esos cascarones vacíos que se hacen decir partidos, ha salido a la luz que muchísimas personas aparecen afiliadas de los que no tienen conocimiento alguno. Llama mucho la atención, porque uno de esos partidos es el del golpista Martín Vizcarra, con 5.117 firmas, y todas hechas de un solo puño. Según la misma pericia grafotécnica, hay elementos técnicos suficientes para descubrir este tipo de irregularidades. Y no solo ha ocurrido en el partido de Martín Vizcarra, también en el de Guillermo Bermejo. Es cierto que algunas de estas irregularidades han sido observadas por el Reniec y se ha rechazado la inscripción de algunos partidos. Pero no de todos. En algunos casos, estas irregularidades han sido omitidas y no han sido subsanadas adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo que sucede es que nacen, en esta elección, graves sospechas de fraude. Se desmantela por completo esta falsa narrativa de la izquierda que quería pintar al sistema electoral en manos aún de los caviares, como ‘incorruptible’. Al comprobarse que grupos políticos de izquierda y ligadois a los caviares están involucrados en la falsificación de firmas, se demostraría que hay una confabulación en marcha. Porque son los mismos agentes, las mismas personas que se estan beneficiando de este sistema electoral tan cuestionable quienes, al mismo tiempo, decían que el fraude era imposible porque el sistema era perfecto. Aquí hay una agenda, un plan. Por un lado, cometen acciones sospechosas; por el otro, a través de sus portavoces más importantes, juraban que el fraude era imposible. A quienes, de manera escéptica, denunciábamos posibles fraudes, nos llamaban "golpistas" o "conspiranoicos". Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarse: ¿dónde están ahora todos estos grandes exponentes de la izquierda que durante años se burlaron de los peruanos? ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Esto también es una advertencia para el público: revisen la página correspondiente para ver si han sido víctimas de esta usurpación. Hay un proceso de desafiliación que deben seguir. Además, los invito a buscar apoyo, por ejemplo en el estudio GERSI o conmigo, para iniciar los procesos penales correspondientes. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de bien, el bloque democrático, no permitir que nos engañen nuevamente como en el 2021. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la que ya hemos sufrido. El factor común de aquellos es su nulo compromiso con la democracia. Tienen una agenda para socavar los valores del Estado de Derecho y de nuestra frágil República. ¿Qué tienen en común Vizcarra, Castillo, Antauro Humala? Que cuando tuvieron el poder, su objetivo fue debilitar nuestras instituciones democráticas para concentrar el poder, promover golpes de Estado e impulsar una agenda socialista nefasta. La ciudadanía tiene que estar muy atenta. Esta gente quiere llegar al poder de manera apócrifa, falsificando firmas, aprovechándose del sistema electoral. Y eso es muy grave. La gente de bien, el bloque democrático, debe estar más vigilante que nunca, para que no se repita” indico. Es indudable que se debe investigar a fondo esta pérfida maniobra caviar y sancionar ejemplarmente a los responsables. Aun están a tiempo para cerrarles el paso.
Considerado la fiel representación de Naylamp, fundador de la Cultura Lambayeque - que se desarrolló en el norte del actual Perú entre el siglo VIII y el XIV - se trata de un emblemático cuchillo ceremonial, recuperado en 1937 por el arqueólogo Julio C. Tello junto a diversos objetos de oro y plata para el Museo Nacional que provenían de un templo indígena (huaca) denominado ‘La ventana’, en Batán Grande, jurisdicción de Poma, en Lambayeque. El objeto más preciado se distinguió rápidamente entre lo rescatado y se constituyó en paradigma de la metalurgia del Perú Antiguo: el ‘Tumi de Íllimo’ o ‘Tumi de Lambayeque’. Este objeto precioso estaba formado por una sola pieza, el mango tiene forma rectangular o trapezoidal y la hoja cortante es semicircular. Algunos tenían incrustaciones de piedras semipreciosas. Al ser objetos ceremoniales, los Tumis eran fabricados a menudo con algún tipo de metal precioso, como oro, plata, cobre o bronce. Fue usado también por los Mochicas, los Chimú y los Incas en sus ritos para el sacrificio de animales a sus dioses. Por tal motivo, estos adquirieron un carácter sagrado, y no sorprende que los cuchillos que utilizaban en ellos recibieran un nombre vinculado a lo divino. Esta es la razón por la que el Tumi aparece a menudo por ejemplo en la iconografía mochica, habitualmente cortando el cuello de las víctimas. Cuenta la leyenda que cuando Naylamp murió, le crecieron alas en la espalda, despertándose y volando por los cielos. Por tal razón, crearon la imagen del hombre pájaro en memoria de su fundador, decorando el Tumi con la figura de un hombre pájaro. Lo que vendría a ser su empuñadura es la representación de una deidad antropomorfa, de ojos almendrados, que se halla de pie sobre una especie de pedestal, conformado por la hoja metálica. Medía 42 cm de alto, pesaba 992 gramos y estaba trabajada en oro de 24 quilates. A mayor abundamiento, el personaje porta una máscara (felínica, según Tello). En la cabeza lleva un enorme tocado semilunar, tratado parcialmente en filigrana y por una serie de bolitas huecas; de ambos lados de esta diadema cuelgan sendas representaciones de aves movibles. Tiene también incrustaciones de sodalita. De su cuello pende un collar de cuentas esféricas. El resto del cuerpo está cubierto por un camisón corto, un taparrabos y una especie de rodilleras de las que cuelgan cartuchos en forma de campanilla. En la espalda lleva unos ornamentos movibles que parecen imitar conchas marinas y en sus costados tiene alas pequeñas. Por la gran diadema o tocado que lleva la imagen, es evidente que el personaje sea una representación del mítico Naylamp, que llego de lejanas tierras proveniente del mar, el cual es mencionado en la crónica de Miguel Cabello de Balboa (1586). Por cierto, los Tumis también se utilizaban en la cirugía, más específicamente para la trepanación, una intervención en la que se practica un orificio en el cráneo mediante el raspado o la perforación. Pero a diferencia de los Tumis ceremoniales, las hojas de estos escalpelos eran más pequeñas. Los médicos realizaban esta cirugía para aliviar a los pacientes que sufrían inflamaciones a causa de traumatismos craneales. Estas operaciones muchas veces permitían que el herido siguiera viviendo, tal como lo demuestra la evidencia arqueológica de cráneos trepanados encontrados sobre todo en la costa sur peruana, especialmente de las culturas Paracas y Nazca. Ahora, es una idea generalizada que los cortes se practicaban con cuchillos de pedernal y con Tumis metálicos. Sin embargo, lo más probable es que este haya sido utilizado para circunstancias especiales y específicas, ya que el filo hace que no pueda utilizarse para cortar hueso debido a que el borde cortante solamente se presta para incisiones largas y superficiales. El Tumi de Lambayeque fue el ejemplar más famoso de la orfebrería del Antiguo Perú, siendo robado en 1981 del Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. Al año siguiente se hallaron algunos de sus restos fraccionados, ya que los ladrones lo habían triturado para vender el oro al peso. Posteriormente, se encontraron otros Tumis con diferentes características al de Lambayeque - siempre representando a Naylamp - los cuales se exhiben actualmente en museos alemanes o forman parte de colecciones privadas.
La inseguridad ciudadana que se ve en el país andino es de tal gravedad que ha llamado la atención de diversos medios europeos - en este caso The Economist - que le dedica una amplia entrada al tema, el cual debido a su interés os presento traducido y entrecomillado ¿vale?: “Los peruanos han visto cómo su país se hunde en una creciente ola de criminalidad en el último año. La delincuencia venezolana proveniente de las cárceles chavistas - y que llegaron por millones a partir del 2016 cuando el por entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski les abrió las fronteras de par en par, argumentando ‘que escapaban de una dictadura’ - dominan actualmente Lima y otras ciudades costeras, exigiendo “cuotas de protección” a negocios de todo tipo, desde tiendas minoristas hasta empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar. En paralelo, el narcotráfico crece en la Amazonía peruana y las bandas criminales están tomando control de minas en los Andes. Todo ello con la abierta complicidad de jueces y fiscales - los llamados caviares por su claro sesgo ideológico de izquierda - que liberan a esos criminales al día siguiente de ser detenidos por la policía. Así ¿cómo se les va a combatir? Ante esta situación que evidentemente se ha salido de control, la Presidenta Constitucional Dina Boluarte no ha tenido mejor idea que declarar continuamente el estado de emergencia en el país, ordenando que el ejército salga a las calles para apoyar a una policía que se ha visto sobrepasada en su capacidad para combatir al crimen, pero nada ha cambiado y la delincuencia - que se siente empoderada - sigue haciendo lo que les da la gana. Previamente, el 25 de marzo, la señora Boluarte convocó a elecciones generales para dentro de un año, asegurando que busca poner fin a la inestabilidad del país. Cabe precisar que el orden público nunca ha sido el fuerte del Perú. La economía informal sigue siendo enorme, la justicia se encuentra politizada, la policía está plagada de corrupción y muchas personas dependen de la cocaína y el oro ilegal para sobrevivir. La actual ola de violencia demuestra que si no se reforma el Ministerio Público expectorando a los caviares, la situación aún puede empeorar más de lo que está. Pero no hay decisión política para hacerlo ni en el Gobierno ni mucho menos en el Congreso, que son los únicos que pueden hacerlo. En el 2024, los asesinatos por encargo representaron la mitad de los homicidios, que se han duplicado en cinco años. Los casos de extorsión se han multiplicado por ocho, a pesar de que muchas más víctimas no denuncian por temor. Quienes lo hacen, a menudo descubren que los extorsionadores se enteran en pocas horas y los ultiman a balazos. ‘Las bandas tienen mejor inteligencia que la policía’, afirma Katherine Gómez, administradora de un mercado donde casi todos los comerciantes son extorsionados. El innegable que el aumento del crimen está afectando seriamente a las empresas legítimas. ‘Nunca habíamos visto este nivel de penetración de la minería ilegal’, comenta Pablo de la Flor, representante de La Poderosa, la mina de oro más grande del país. En los últimos tres años, grupos armados han asesinado a 18 trabajadores de la compañía y destruido 17 torres de transmisión eléctrica clave para sus operaciones. Por cierto, el Perú no es el único país de la región que enfrenta el caos. En Ecuador, al norte, nuevas rutas del narcotráfico han disparado los índices de criminalidad. Pero en Perú, la situación se debe a múltiples factores: las secuelas de la pandemia del Coronavirus llevaron a muchos delincuentes a dedicarse a la extorsión; el sistema de justicia colapsado y las cárceles saturadas no ayudan; y el tráfico de armas se ha intensificado. A ello debemos reiterar la politización del Ministerio Público, donde los caviares protegen a los delincuentes, pero a su vez persiguen con saña y alevosía a integrantes de las fuerzas del orden que solo cumplen su deber. Para ellos si decretan la cárcel, pero cuando se trata de la lacra venezolana, disponen su libertad inmediata ‘ya que se les ha afectado sus derechos’ (?) con el claro propósito que sigan delinquiendo para que aumente así el clima de inseguridad en el Perú que esperan, produzca el colapso del Gobierno - de donde fueron echados tras la ignominiosa caída del golpista Pedro Castillo - y puedan volver al Poder para seguir viviendo a costa del Estado. Su estrategia desestabilizadora está clara. Lo más preocupante - como anotamos líneas arriba - es la nula reacción de los políticos peruanos para combatir a esas bandas criminales. Y es que al estar en un año electoral, seguramente no quieren indisponerse con sus “electores”. Hacen promesas que se las lleva el viento mientras no se construyen nuevas cárceles, mientras las existentes están sobrepobladas. Cuando se sugiere reabrir El Frontón y Yanamayo, los autoproclamados ‘defensores de los derechos humanos’ salen al frente para oponerse rotundamente a ello, demostrando su complicidad con la delincuencia. Eso no es nada nuevo, ya lo hacían en la época del terrorismo, donde se colocaban abiertamente del lado de Sendero. ¿Será Perú el próximo Ecuador? Aunque su tasa de homicidios aún es más baja si se les compara, el impacto podría ser mayor debido a su población y economía más grandes. Mientras, la emigración ya va en aumento. Los expertos creen que aún es posible controlar la crisis, pero se requiere una voluntad política que hasta ahora ha brillado por su ausencia, tal como señala Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. No es de extrañar que muchos peruanos sueñen con un líder de “mano dura” como Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. Es más, en algunas zonas populosas de Lima, puede leerse en grandes letras rojas “el Bukele peruano” pintado en los muros, como un grito desesperado por un líder firme que imponga el orden que no ven por ningún lado. Entretanto, más de 40 partidos políticos - demostrando la precariedad de su democracia - se han inscrito para las elecciones del próximo año. El que suene más parecido a Bukele, bien podría ganar” puntualiza la nota. Por cierto ¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador? Ese país parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose? En el 2015, El Salvador era catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio del 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal. El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio a 20 días de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron. "Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios", dijo en el 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes. Pero las dos principales pandillas - Mara Salvatrucha y Barrio 18 - ordenaron en varias ocasiones "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre del 2019, abril del 2020, octubre del 2020 e inicios del 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local. El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales. El gobierno, que había sido cuestionado por aparentemente negociar con estos grupos, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo de 2022 la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales. A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. A su vez, el gobierno pidió al Legislativo la aprobación del régimen de excepción y depurar el Órgano Judicial, al que considero como cómplice del crimen organizado, tal como ocurre actualmente en el Perú. Tras una purga masiva de jueces y fiscales, también fueron creados 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos en el régimen de excepción. Asimismo, se reformo el Código Penal y Procesal Penal, introduciendo la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción. Además se construyeron cárceles de alta seguridad donde los criminales encadenados, rapados y en cueros son encerrados de por vida sin contacto alguno con el exterior. La finalidad es que sufran hasta el final de sus días el mal que le han hecho a la sociedad. De esta manera, el ‘modelo Bukele’ logro reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7,8 en el 2022, según cifras oficiales. Para este año, el mandatario informó que la tasa de los homicidios prácticamente ha desaparecido, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina en base a esas estadísticas. Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado, mientras que el apoyo a Bukele supera el 95%. Siendo la formula tan fácil de replicar ¿Por qué no lo repiten en el Perú? La señora Boluarte, en lugar de pretender asistir a los funerales de un hereje en El Vaticano - lo que finalmente no pudo hacer porque se lo negó el Congreso - bien podría si quisiera, poner en práctica el Plan Bukele ya mismo ¿A que le tiene miedo? Es como si viviera en otro mundo mientras su país se cae a pedazos. Simplemente no lo entiendo.
Dispuesta a convertirla en un gran cementerio, Abimael Guzmán y sus hordas asesinas de Sendero Luminoso centraron sus ataques en Lima, la capital del país, de una manera salvaje, brutal y desenfrenada con una serie de sangrientos atentados de gran magnitud nunca antes vistos, convencido que solo mediante el terror a gran escala iba a conseguir su propósito de instaurar sobre ríos de sangre su “república popular de nueva democracia” que iba a empequeñecer el genocidio polpotiano en Camboya… y valgan verdades, estuvo a punto de lograrlo. En efecto, era 1992 y nadie que haya vivido en ese instante en los edificios ‘Tarata’, ‘Residencial Central’, ‘El Condado’, ‘San Carlos’ y ‘San Pedro’, en la calle Tarata, en Miraflores, podía imaginar que la noche del jueves 16 de julio sentiría el infierno sobre la tierra. Lo ocurrido en esa oportunidad fue una historia trágica y, a la vez, significó el final de siete meses continuos de inmisericordes atentados demenciales en Lima. Guzmán consideraba que se debía pasar a una etapa de "equilibrio estratégico" en su objetivo de capturar el poder. Solo entre enero y julio de ese año, los terroristas habían hecho estallar nada menos que 37 coches-bomba en la ciudad que ocasionaron decenas de muertos. Lima entonces parecía una zona de guerra y los ciudadanos sus víctimas indefensas. Era la ofensiva más intensa desatada por Sendero contra la capital peruana, que incluyeron: el atentado con coche bomba contra la sede principal del canal de televisión Frecuencia 2, en la avenida Salaverry del distrito de Jesús María, ocurrido el 5 de junio. El hecho se llevó a cabo cuando un camión de la Marina de Guerra - el cual había sido robado dos horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita y ANFO - se dirigió hacia la fachada de la mencionada televisora y estalló, dejando sus instalaciones destruidas; el asesinato de María Elena Moyano, la denominada "madre coraje", una conocida dirigente popular de un barrio marginal, a quien luego de acribillarla a balazos, hicieron volar su cuerpo con dinamita; Pero el peor de los atentados senderistas ocurrió, ciertamente, en la segunda cuadra de la calle Tarata, en Miraflores. Eran las 9 de la noche, aproximadamente, de ese 16 de julio de 1992, cuando la ferocidad homicida de SL castigó duramente la pequeña y estrecha calle. La onda expansiva afectó también una zona amplia de esa parte del distrito de Miraflores. Y es que, a la violenta explosión de un primer automóvil en el interior de la calle, le siguió un segundo coche-bomba que estalló en la esquina de Tarata y Alcanfores. La explosión de 400 kilos de ANFO y dinamita en plena calle destruyó no solo viviendas multifamiliares y locales comerciales sino también otros vehículos y agencias bancarias a 300 metros a la redonda. En Miraflores, no solo fueron afectados los edificios ya mencionados; en igual o menor medida lo fueron los hoteles Las Américas, César’s y Diplomat; los bancos Continental, De Crédito, Popular, Industrial, Del Sur, Interbank, Mutual Perú; así como las tiendas Mass, Scala, Studium, Galerías Persia, Le Baron, La Americana, Galerías Larco, La Pluma de Oro, entre otros locales ubicados a varias cuadras de distancia de la calle Tarata. La Policía Nacional del Perú (PNP) cumplió su rol e informó que habían sido detenidos, en las cercanías del lugar del atentado, dos presuntos terroristas de SL: un hombre, en la calle Shell, tras un tiroteo con vigilantes del Banco de Crédito; y una mujer, a tres cuadras de donde se produjo el estallido. La búsqueda de otros senderistas fue incesante y daría sus frutos posteriormente. Pero esa noche fue difícil conciliar el sueño en Miraflores, en Lima y en casi todo el país. Lo ocurrido en la calle Tarata de Miraflores fue inconcebible, con 25 muertos y 155 heridos; además de las 360 viviendas seriamente afectadas. Sin embargo, tras la conmoción que causó el atentado de la calle Tarata se pasó a la indignación y a una masiva movilización ciudadana contra una organización que ya había causado miles de muertos desde 1980 en el país andino. El ataque permitió a los capitalinos tomar la dimensión de la violencia senderista que asolaba al país, al haber golpeado en el distrito símbolo, si se quiere, de Lima y recién tomaron conciencia de la brutalidad del terrorismo, al sentir en carne propia lo que durante una década habían sentido los pobladores al interior del país. Por cierto, Abimael Guzmán nunca dio ni una mínima señal de arrepentimiento ni pidió perdón a sus víctimas, ni al país en general, por los crímenes como el ocurrido en la calle Tarata. Tampoco lo han hecho nunca los miembros de la dirigencia de Sendero Luminoso que lo sobreviven. Al contrario, o los han justificado como parte de una “guerra popular” o los han presentado, en todo caso, como “un simple error táctico”. Eso es lo que argumento el propio cabecilla senderista durante su interrogatorio tras su captura, afirmando que el objetivo era la sede del Banco de Crédito, a una cuadra del lugar. Visto desde fuera del país, la situación que se vivía en el Perú era verdaderamente preocupante porque muchos gobiernos temían que esa violencia podría expandirse a sus países por lo que para evitarlo, el por entonces presidente argentino Carlos Saúl Menen solicito a los EE.UU. “liderar una fuerza multinacional que invadiría inmediatamente el Perú si Sendero se hacía con el poder para evitar que se convierta en una segunda Camboya”, donde como recordareis, los genocidas maoístas del Krmer Rojo asesinaron a la mitad de la población (un millón y medio de los tres que eran originalmente) durante su breve y sangriento régimen de 1975 a 1979, y si no los mataron a todos cuál era su vil propósito - “para empezar desde cero” como propugnaba un enloquecido Pol Pot, a quien admiraba Guzmán - es que fueron invadidos por los vietnamitas, quienes los derrocaron. Paradójicamente, el sangriento atentado de la calle Tarata fue el inicio del fin del grupo terrorista, ganándose el rechazo general y el repudio a sus atroces crímenes. Ciego ante la realidad, Guzmán se creía invencible, pero lo que no sabía es que su hora de rendir cuentas estaba cerca (Próximo capítulo: La caída del Sol)
No cabe duda que el presidente estadounidense Donald Trump está arrastrando a América Latina al centro de su encarnizada guerra comercial con China, al mismo tiempo que busca sacar al gigante asiático de una región al que EE.UU. sigue empeñado en considerar como “su patio trasero” viendo con alarma como las inversiones de su adversario crecen en Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, lo cual es considerado por la Casa Blanca como “un peligro para su seguridad nacional”, según da cuenta el Financial Times. Vamos, el mismo argumento utilizado para intentar apoderarse - por la fuerza de ser necesario - de Canadá y Groenlandia. De momento ha comenzado por el lado más débil, Panamá, donde la semana pasada envió a su secretario de Defensa, Pete Hegseth como parte de su esfuerzo para “reafirmar el dominio estadounidense sobre el canal” (?). El lunes recibió en la Casa Blanca al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, un aliado cercano, mientras que el secretario del Tesoro Scott Bessent, visitaba Buenos Aires, donde reitero los deseos de EE.UU. de que Argentina “ponga fin a su dependencia de la financiación china”. Se trata de una ofensiva diplomática destinada a frenar la creciente influencia de China en América Latina, donde se ha convertido en uno de los principales proveedores de financiación, un socio comercial de primer nivel y a su vez, una espina cada vez más molesta para Washington. “Lo que queremos evitar es que se repita lo sucedido en el continente africano” declaro el lunes Bessent en Buenos Aires, “donde China ha firmado varios de estos acuerdos rapaces, presentándolos como ayuda, en lo que se han apropiado de derechos mineros, añadiendo enorme cantidad de deuda a estos países” expreso. “Están garantizando que las generaciones futuras sean cada más pobres y sin recursos, y no queremos que eso suceda en América Latina” añadió. La intensificación de la batalla entre las dos mayores economías del mundo ha dejado a los gobiernos latinoamericanos lidiando con la realidad de que sus días para hacer grandes negocios con China sin una seria reacción de Washington están contados, un cambio que amenaza con obligarlos a elegir un bando: Con China o con EE.UU. “Es probable que el camino a seguir sea más accidentado que el de las últimas décadas” dijo Matias Spektor, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo. Como sabéis, China estableció una posición estratégica en América Latina a principios de este siglo, absorbiendo materias primas de una Sudamérica rica en recursos e invirtiendo mucho dinero en la región, suplantando a los EE.UU. como principal socio comercial del continente. También extendió su influencia a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, su programa insignia de desarrollo económico, al que se han adherido más de una docena de países latinoamericanos. Continúo avanzando a pesar de la dura retórica de Trump durante su anterior administración, con empresas chinas asumiendo megaproyectos como el metro de Bogotá en Colombia, y el puerto de Chancay en el Perú. Beijing también se ganó el apoyo de todos al distribuir ayuda y suministros médicos cuando América Latina estaba siendo devastada por el Coronavirus, a diferencia de EE.UU. que no colaboró en nada. Esta vez y para variar, Trump ha mostrado poco interés en intentar igualar la participación económica de China en la región, pero en cambio, ha criticado duramente los aparentes peligros económicos de los vehículos chinos fabricados en Méjico y sus operaciones en el canal de Panamá, amenazando “recuperar” militarmente la vía fluvial que EE.UU. construyo hace más de un siglo. Desde su regreso al cargo, ha tomado medidas que podrían poner en peligro la influencia china en la región, anunciando aranceles secundarios a los países que adquieran petróleo de Venezuela, cuyo mayor comprador es China. Un grupo de inversionistas liderado por Blackrock (BLK) dijo el mes pasado que compraría puertos en ambos extremos del canal de Panamá controlados por CK Hutchison, un conglomerado de Hong Kong con capitales chinos. Pero es una estrategia arriesgada en una región donde China todavía se inclina por un enfoque más amigable. Durante las cumbres de Perú y Brasil el año pasado, el ‘emperador’ chino Xi Jinping describió a su país como un firme defensor de la globalización económica. Y si bien Beijing ha intentado retrasar la venta de puertos en Panamá, es poco probable que intente intimidar a sus vecinos, dijo Michael Hirson, jefe de análisis de China n 22V Research en Nueva York. “China responderá con ofertas” dijo Hirson, quien se desempeñó como el principal representante del Departamento del Tesoro ante China durante la presidencia de Barack Hussein Obama. “Han sabido gestionar con destreza los cambios políticos en la región, incluso cuando Brasil y Argentina han oscilado entre la derecha y la izquierda” asevero. Cabe precisar que EE.UU. proporcionó alrededor de US$2.500 millones en asistencia exterior a las naciones latinoamericanas en el año fiscal 2024, según datos del gobierno. Pero el futuro de esa ayuda es incierto debido a los esfuerzos de Trump por desmantelar a la cuestionada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) una medida que obstaculizara los esfuerzos estadounidenses en América Latina, mientras a su vez crecen las inversiones chinas y por ende, su influencia. “Estados Unidos no contará con todas las herramientas que serían necesarias para competir realmente con China, aunque hay que reconocer que las anteriores administraciones usaron USAID con fines claramente manipuladores” admitió Hirson. El éxito de la campaña de presión de Trump probablemente estará relacionada a cuanto dependa cada país del poder económico estadounidense y podría resultar en una división ente los países más cercanos a sus fronteras y los que están más al sur” dijo por su parte Christopher Garman, director general de la consultora de riesgo político Euroasia Group. “A Méjico, Centroamérica y en menor medida, Colombia - el aliado sudamericano más cercano a Washington a pesar de tener un régimen izquierdista - los tenemos atados por la correa y están firmemente sujetados. No hay posibilidad alguna que escapen de nuestro control” dijo Gorman. Sin embargo, el problema más difícil será influir en las naciones más grandes de Sudamérica. “El comercio entre Brasil y China por ejemplo ha crecido de forma constante bajo el actual presidente de izquierda Lulz Inácio Lula da Silva y su predecesor de derecha, Jair Bolsonaro, quien nunca cumplió sus promesas de romper con la política de gobiernos anteriores de ser ‘amigos de regímenes comunistas’ aunque China de ello solo tiene el nombre, porque en realidad es más capitalista que los propios EE.UU.” agregó. “Los flujos totalizaron unos US$158.000 millones el año pasado, casi el doble de la cantidad con EE.UU. Y tras los anuncios arancelarios de Trump, China comenzó inmediatamente a aumentar sus compras de soja brasileña la semana pasada” asevero. En tanto, el presidente de Argentina Javier Milei, quien se ha posicionado como el líder más favorable a Trump en el continente, también ha adoptado un tono más cordial hacia China desde que asumió el cargo. Milei, quien durante su campaña califico a China de ser un régimen “asesino” ahora la denomina como “su gran socio comercial”, comprometiéndose a profundizar sus relaciones con el gigante asiático en los próximos meses. Si bien el libertario ha buscado fortalecer lazos con los EE.UU. y especialmente con Trump - llegando incluso a proponer lanzar un acuerdo de libre comercio entre ambos países - China es actualmente su segundo socio comercial mas importante, solo superado por su vecino Brasil, y el pragmatismo de Milei probablemente refleje su comprensión de que no puede darle la espalda a Beijing por completo, para desazón de Washington. “Que Milei busque un acuerdo de libre comercio con un país como EE.UU. que se está volviendo cada vez más proteccionista blandiendo el garrote de los aranceles un día si y al otro también, es como darse cabezazos contra la pared” dijo a su vez Ximena Zúñiga, analista de genoeconomia para América Latina de Bloomberg. “Sabe cómo protegerse” indicó. “En cuanto a los demás países sudamericanos - como el Perú donde las inversiones chinas son cada vez más importantes en todos los rubros - de seguro seguirán haciendo negocios con ellos a pesar de las amenazas de Trump. Si EE.UU. no quiere realizar grandes inversiones en la región, pero China si lo hace, ¿porque cerrarle las puertas? Al contrario, están serán bienvenidas” puntualizó. Para agravar las cosas a mediados de semana, durante una entrevista a Fox News, Trump reitero que ha llegado el momento que los países latinoamericanos “deberán elegir entre China y Estados Unidos”. Tomando el contexto de la decisión de Panamá de abandonar la Ruta de la Seda de China por presiones de Washington, se le hizo la pregunta de que si piensa que los demás países de la región deben hacer lo mismo y doblegarse a sus deseos. "Bueno, así como Panamá lo hizo, tal vez sí, quizás deberían hacer eso. Sí y me voy a encargar que así sea", afirmó el mandatario. Las declaraciones de Trump se dan en medio de varias tensiones políticas con la región latinoamericana, en la que algunos países ya han tomado decisiones en torno a las políticas del presidente estadounidense. Por lo pronto EE.UU. ha solicitado a los países de la región “mejorar el control de las inversiones de terceros países en sectores estratégicos de su economía” en clara referencia a China ¿Podrá hacer frente el Perú y demás países sudamericanos a este ultimátum? Por cierto ¿Qué sucederá con el recientemente inaugurado megapuerto de Chancay por el propio Xi Jinping, y que es controlado por un consorcio chino, al que Washington acusa de que se convertirá en una base para sus submarinos que amenazara su presencia en el Pacifico sur y para lo cual ha instalado una base militar en las Galápagos pata vigilar sus movimientos? ¿Intentara apoderárselo por la fuerza u obligará a su cierre mediante fuertes sanciones comerciales al Perú - que es lo más probable - convirtiéndose así el megapuerto en otro elefante blanco? Y el gobierno de Dina Boluarte ¿claudicará ante ello? Esta historia por lo visto, recién comienza. De Trump - que apenas tiene 4 meses en el cargo - se puede esperar lo impredecible.
Desde los felices tiempos del virreynato del Perú una de las celebraciones más importantes del calendario religioso es la Semana Santa. Una fecha que marca el ritmo de la fe y la vida social de Lima. En este marco, la Municipalidad Metropolitana de Lima nos invita a la exposición titulada Historia de la Semana Santa en Lima. Procesión y Fiesta, en la galería municipal Pancho Fierro. Esta imponente muestra recrea la Semana Santa limeña a través de sus principales manifestaciones artísticas y rituales, explorando la historia de sus cofradías, de las imágenes que protagonizan cada día de la celebración y del impacto de estas tradiciones en la memoria colectiva. Obras en óleo sobre lienzo, esculturas, fotografías y grabados de importantes colecciones como la del Convento de la Merced, la Iglesia de la Soledad, el Museo Pedro de Osma y colecciones privadas que las han cedido para esta ocasión pueden ser apreciadas por los asistentes a la exhibición. La salida y el cuidado de estas valiosas piezas a lo largo de la exhibición, ha sido posible gracias al trabajo de Prolima, cuyos especialistas una vez que concluya la muestra restauraran cada pieza exhibida antes de su devolución. También se debe destacar que varias de las piezas de arte son expuestas al público en general por primera vez o bien nunca antes habían salido de su iglesia de origen. Asimismo, por lo singular de los objetos seleccionados y la variedad de instituciones y personas propietarias, será muy difícil que se vuelvan a reunir en otra exhibición. Un atractivo principal de la muestra es que el Cristo que ocupa la parte alta del altar de Santo Domingo y que se puede apreciar a la altura del público. Como sabéis, la Semana Santa en Lima es una de las celebraciones religiosas más sentidas en el Perú. Entre sus costumbres, destaca una que combina fe, historia y arquitectura: el recorrido de las siete iglesias durante el Jueves Santo. La tradición de visitarlas cada Jueves Santo está ligada al relato bíblico de la Pasión de Cristo. Según se afirma, este número representa las siete estaciones que Jesús atravesó desde la Última Cena hasta su crucifixión. Cada templo simboliza uno de esos momentos clave, por lo que recorrerlos se convierte en una forma de acompañar espiritualmente a Jesús en su tránsito hacia el sacrificio. Entre los templos más visitados durante el Jueves Santo se encuentran la Basílica Catedral de Lima, la iglesia de San Pedro, el convento de Santo Domingo, así como las iglesias de La Merced, San Francisco, los Descalzos y Santa Rosa de Lima. Cada uno guarda una historia particular, tallada en piedra y devoción. No es de extrañar por ello que hasta el día de hoy, Lima mantenga sus procesiones, imágenes sagradas, música sacra y rituales ya que reflejan su identidad, el sincretismo cultural y la continuidad de una devoción arraigada. En esa línea, esta exposición ofrece un recorrido visual y sensorial por los momentos más emblemáticos de la Semana Santa en Lima, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Así, los visitantes podrán sumergirse en el esplendor de las antiguas procesiones y comprender la evolución de estas manifestaciones de fe que siguen convocando multitudes hasta el presente. La cita es en la Galería Municipal Pancho Fierro, ubicada en el pasaje Santa Rosa 116, en el centro de Lima. Una muestra que estará abierta hasta el 20 de abril. El ingreso es libre.
Si en el país andino se sancionara a los fiscales y jueces que hacen investigaciones politizadas, parcializadas y sin rigor, hace rato los fiscales del caso Odebrecht, los impresentables José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ya habrían sido expectorados del Ministerio Público. En efecto, la semana pasada sucedió lo que ya estaba cantado: la Segunda Sala Penal Nacional anuló el juicio oral por el caso Cócteles - en donde está comprendida la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y cerca de cincuenta personas más- y mandó todo ese largo proceso a su etapa intermedia. Es decir, confirmó el fallo que, en enero pasado, dictó otra sala, pero que estos fiscales habían apelado. Como sabéis, la politizada fiscalía no pudo presentar una acusación sólida a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones y en el camino manchó el honor de varias personas, entre ellas, empresarios, lo que contribuyó a dañar la percepción ciudadana de la inversión privada. El proceso concitó gran interés en la opinión pública porque comprendía a una candidata que estuvo tres veces a punto de llegar a la presidencia, y en cuyo último intento, en el 2021, el proceso jugó un papel determinante. Y, sin embargo, la responsabilidad les quedó grande a varios magistrados. Empezando por el equipo de la fiscalía, que, entre otras cosas, se apresuró en presentar la acusación cuando todavía faltaban diligencias por realizar y cuando esta tenía vicios tan visibles que el Ministerio Público fue parchando, una y otra vez, a posteriori. El hecho de que esta decisión precipitada haya coincidido además con el calendario electoral del 2021 solo abona a la sensación de que se dio por motivos extralegales. Añadido a ello, en el proceso se cometieron abusos que se extendieron más allá del límite de lo razonable, como la acusación contra el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, sin mayores pruebas, y otros que fueron corregidos por el TC, como el que comprendía al abogado Arsenio Oré. Por no hablar del tiempo perdido para los más de 40 imputados cuyas vidas se han visto interrumpidas por este juicio. Pero tan responsable como el equipo de la fiscalía que estuvo a cargo del Caso Cocteles es el magistrado Víctor Zúñiga, el juez que debía verificar que la acusación cumpliera con los requerimientos necesarios para evitar que se terminara cayendo, como finalmente pasó. En fin, el que debía ser un proceso emblemático se terminó convirtiendo en una grotesca farsa montada por la mafia caviar que Pérez y sus secuaces fueron arrastrando hasta la sala de audiencias solo para que, una vez allí, se terminara derrumbando por su propio peso. Se trató indudablemente de un golpe demoledor contra estos sicarios de la justicia, lo que debería haber llevado a la cuestionada fiscal de la Nación, la caviarona Delia Espinoza, a evaluar la continuidad de ambos en sus funciones, pero no lo hizo porque son sus cómplices. Pero ahora, que se encuentra de “vacaciones”, no pudo evitar que quien haya tomado la acción sea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que el martes suspendió preventivamente por seis meses a Domingo Pérez del caso Odebrecht, aplicándole esta medida cautelar subrayando que la decisión se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, “que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”. Según el documento emitido por la ANC, “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan a José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”, interfiriendo groseramente en el proceso a sabiendas que se encontraba legamente impedido de hacerlo y a pesar de que se le solicitó la inhibición; no obstante, continuó avocándose al caso por el período de cinco años y tres meses, aproximadamente. Como era de esperar, Pérez alega “persecución” calificando la sanción de “injusta y abusiva”. No es que Keiko sea inocente y que no existan pruebas de lo aparentemente hizo con los millones de soles que recibió en las campañas del 2006 y 2011. Ocurre que Domingo Pérez presentó una acusación con errores insalvables y politizado, con el claro afán, casi enfermizo, de criminalizar a la mencionada lideresa política, quien ha sido enviada a prisión tres veces sin juicio de por medio, lo que a todas luces se trató de un abuso. La mala práctica de Pérez fue detectada en diciembre pasado por el Tribunal Constitucional (TC), cuando, ante un recurso que presentó José Chlimper, estableció que dicho procesado había sido denunciado por delitos que no eran materia de investigación. Es más, una parte de la resolución por unanimidad de la sala debería haber avergonzado a dicho fiscal: “En este caso, la tesis presentada por el Ministerio Público (o sea, José Domingo Pérez) resulta incompleta y falta de los elementos necesarios para poder estructurar de manera lógica y jurídicamente válida el hecho punible”, pero con lo caradura que es y sintiéndose protegido por el mafioso Gustavo Gorriti (que hace y deshace en el Ministerio Publico), así como de la prensa basura, siguió haciendo de las suyas, creyéndose intocable, pero vaya que se equivocó. Pero como era de esperar, el afán de figuración tanto de Pérez como de su jefe Rafael Vela - otro delincuente como el - no conoce límites y han anunciado que presentarán un recurso de casación ante la Corte Suprema para seguir defendiendo su disparate jurídico. El fallo también pone en evidencia que el juez Raúl Zúñiga, quien debía controlar la denuncia de Pérez, no cumplió su función de desestimar sus flagrantes abusos. Lo corrigió 19 veces, pero al final aceptó todo. Se convirtió en su cómplice. Lo mismo hizo el folklórico juez Richard Concepción Carhuancho, quien en primera instancia vio este proceso y aceptó todo lo que le pedía el mencionado fiscal. La Sala resolvió que ninguno de los magistrados al servicio de los caviares volverá a tener en sus manos el caso Cocteles. No hay que olvidar que Domingo Pérez, Rafael Vela y Concepción Carhuancho se convirtieron en estrellas mediáticas de la prensa basura. Se paseaban por universidades y espacios periodísticos pavoneándose con este proceso que se va cayendo a pedazos por incongruente y politizado. Lo ocurrido demuestra que estos tres impresentables sujetos, que fueron endiosados por la prensa basura, eran ídolos de barro y han caído en el lodo de la ignominia de lo cual no deben levantarse más. (Una buena noticia dada a conocer este viernes indica que el Congreso decidió archivar definitivamente una disparatada acusación contra la Presidenta Dina Boluarte por el llamado Caso Rolex, desbaratando otra patraña de la mafia caviar en componenda con la prensa basura y que no tenía sustento alguno... A seguir llorando panda de perdedores)
Como sabéis, los denominados “restos simbólicos” de Fernando Túpac Amaru fueron traídos desde España el pasado domingo y recibidos con honores en Lima, a 240 - 227 años de su muerte. Los restos, colocados en un cofre de madera decorado con el estilo de los muros de piedra de las construcciones incas, fueron custodiados por agentes de la Policía Nacional y colocados sobre una bandera peruana, con el fondo de una imagen de la ciudadela de Machu Picchu. Se afirma que son “del último hijo de Túpac Amaru II”, pero no existe evidencia científica ni histórica concluyente que lo confirme. Mientras la Municipalidad del Cuzco asegura que sí, el Colegio Profesional de Historiadores del Perú (CPHP) lo puso en duda al señalar: “No se conoce el lugar exacto donde murió ni fue enterrado Fernando; No hay análisis forense que respalde que las cenizas le pertenecen; Es indudable que ciertos sectores pretendan usar su figura con fines políticos o simbólicos sin ningún rigor académico”. Es más, durante la Gran Cruzada Española contra el comunismo iniciada en 1936 por el Generalísimo Francisco Franco, el cementerio donde se encontraban sus restos fue arrasado por las bombas, y por lo tanto lo que alberga ese cofre no es más que un poco de arena del lugar. Así lo reconoció el propio Alcalde del Cuzco Luis Pantoja, quien viajo a España para traerlo: "Él muere a los 30 años en estado de indigencia, sepultado en calidad de limosna (de misericordia), según la propia partida de defunción que ubicamos. Inclusive, estando muerto, ese cementerio fue bombardeado durante la Guerra Civil española", relató. El alcalde admitió que, por ese motivo, sus restos físicos "no existen" y se le entregó "arena del cementerio donde estuvo enterrado de una cripta que está debajo de la iglesia de San Sebastián (en Madrid), con una repatriación simbólica" asevero, agregando que este cofre será colocado en un espacio de la Plaza Mayor de la antigua capital del imperio de los Incas.” Simbólico o no, Fernando ha regresado” añadió, dejando entrever que lo utilizará para su campaña electoral. Como recordareis, el 18 de mayo de 1781, en ese mismo escenario, un niño de trece años contempló un terrible espectáculo. En efecto, Fernando Túpac Amaru Bastidas fue obligado a ver el asesinato de sus padres, su hermano mayor y algunos de sus tíos. A su madre, Micaela Bastidas, quisieron cortarle la lengua y luego colocarle un collar de hierro para destrozarle la nuca, pero como su cuello era tan delgado, la remataron a garrotazos y patadas. A su padre, José Gabriel Túpac Amaru Noguera, conocido como Túpac Amaru II -descendiente directo del último inca de Vilcabamba - que lideró la rebelión indígena más grande que afrontó la monarquía española en sus siglos de dominio colonial en América, también le seccionaron la lengua, lo desnudaron y amarraron sus extremidades a cuatro caballos con la intención de desmembrarlo vivo. No lo consiguieron. Pero sus verdugos le cortaron la cabeza, la exhibieron en la plaza, y despedazaron su cuerpo, al igual que el de los otros condenados, esparciendo sus restos por distintas localidades. Según algunos cronistas presentes en la plaza, el pequeño Fernando lanzó un grito de horror que resonó en toda la ciudad y el continente. Luego de aquel trauma fue condenado a ser desterrado a África, pero finalmente le cambiaron la sentencia y su destino fue España, para ser encerrado de por vida. El propósito de la corona española era evidente: atormentar al heredero para apagar cualquier llama de rebeldía. Fernando Túpac Amaru es un personaje difuminado cuya historia adolece de investigaciones y está empachada de mitos. Se dice además que tras presenciar la ejecución de su familia, fue castrado para que no tuviese descendencia. En septiembre de 1787, desde su prisión en el castillo de Santa Catalina en Cádiz, el cautivo le escribió a Carlos III: “A Vuestra Majestad humildemente pide y suplica que en atención a los motivos y causas deducidas, se digne de tenerle piedad y conmiseración a un vasallo rendido y sumiso que implora su real clemencia con los más vivos sentimientos de dolor. Siento de que su soberana bondad se ha de mover a compasión al ver padecer a un inocente tanto tiempo un prolongado martirio sin otro delito que haber nacido” pero no se le contestó. Fernando Túpac Amaru no cesó en implorar humanidad. Y lo hizo sin renunciar a su apellido ni renegar de sus padres. En reiteradas ocasiones suplicó cuidados para su salud, así como recibir los ritos católicos y manifestó sus deseos de trabajar. Estudió aritmética, gramática y filosofía en el colegio de los padres escolapios de Getafe y Lavapiés. Y aseguraba estar preparado para ocupar un puesto como contador o archivero de rentas provinciales de la corte. En julio de 1792, a sus 23 años, le pidió al Rey de España, Carlos IV: “Se digne por un efecto de su real clemencia hacerle la gracia singular de destinarle a alguna oficina que ayude al desempeño de su lealtad innata” aunque tampoco obtuvo respuesta. Fernando Túpac Amaru falleció con apenas 30 años en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Según los manuscritos padecía de una “melancolía hipocondriaca”. Ni los baños termales habían surtido efecto. Nunca se le permitió regresar al Cuzco ni gozar de un resquicio de libertad. El hijo del cacique murió en la pobreza extrema. Si bien recibía nueve mil reales anuales para su manutención, no se le exoneró de los impuestos y terminó endeudándose a causa de su resquebrajada salud. Pero por lo visto ni muerto obtendrá descanso, porque políticos inescrupulosos lo utilizarán para sus protervos fines.
En medio de la arremetida desestabilizadora de la prensa basura y la mafia caviar a través del ideologizado Ministerio Publico contra el gobierno, llama la atención que un prófugo de la justicia desde hace más de un año, se despache a su gusto en la televisión anunciando su candidatura a las elecciones del 2026 con total desparpajo en lugar de ponerse a disposición de los tribunales para responder por sus múltiples delitos. Nos referimos obviamente a ese impresentable sujeto llamado Vladimir Cerrón, cabecilla de Perú Libre (otro organismo de fachada de Sendero Luminoso) y secuaz del golpista Pedro Castillo, que paso a la clandestinidad tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista del burro chotano, Desde entonces, desde la comodidad de su escondite - que bien podría ser la embajada cubana con cuyo régimen asesino tiene gran afinidad - utiliza las redes sociales para opinar sobre la actualidad política del país andino y arremeter contra la presidenta constitucional Dina Boluarte, haciéndole el juego a los parásitos caviares que diariamente conspiran contra la democracia. En efecto, tras permanecer casi un año y medio en la clandestinidad y desde un lugar no revelado, el guevarista brindó una entrevista exclusiva al programa Cuarto Poder (cuando no, la prensa basura dando tribuna a un delincuente) en la que no solo abordó su futuro político, sino que también criticó el gobierno y reflexionó sobre la situación judicial que lo mantiene fuera de la vida pública. En medio de un contexto político de alta incertidumbre, Cerrón dejó en claro que, si resuelve sus problemas judiciales - gracias al sospechoso apoyo que tiene del TC para anular sus condenas - “no descartaría postularse a la presidencia en el 2026” cuando todo el mundo sabe que es su obsesión. Aseguró que la posibilidad de liderar nuevamente a Perú Libre en los próximos comicios “dependerá de la decisión interna del partido y de un proceso de elecciones primarias” donde el que manda es el. Asimismo, expresó que su partido se presentará a las elecciones con una candidatura propia, como debe ser según los principios del movimiento, “con una fórmula presidencial que surja de sus bases y que se someta al escrutinio popular” o sea que será liderada por él y dos que imponga al dedazo. Sin embargo, Cerrón aclaro que aún no puede asegurar su participación, “ya que dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de cómo se resuelvan sus complicaciones judiciales” gracias a la ayuda recibida del TC que le esta “limpiando el camino” de una manera desvergonzada. “Bueno, eso de candidato natural es algo que antiguamente se manejó en los partidos. Como te digo: la política es muy cambiante, puedes estar en la cima el día de hoy y mañana en el abismo o viceversa. Por tanto, uno tiene que ir con la mesura del caso (...) la política es tan variable que uno no puede descartar absolutamente nada”, sostuvo de la forma más cínica posible. “Espero que los jueces sean sensatos, justos y que pueda llevarse el proceso en libertad, como deberían llevarlo muchas personas”, afirmó. En cuanto a su situación, el prófugo no descartó salir de la clandestinidad si se levantan las medidas en su contra, dejando entrever que, de ser así, podría retomar su actividad política con miras a la presidencia. En la entrevista, Cerrón no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra la gestión de Dina Boluarte, calificando la gestión de la actual presidenta como un “gobierno de génesis golpista” y criticó “la falta de legitimidad en su ascenso al poder” (?). Para Cerrón, la llegada de Boluarte a la presidencia “no fue un proceso democrático, sino que consideró que fue producto de una traición a la voluntad popular expresada en las urnas”. En su ignorancia supina, este vil sujeto pretende cerrar los ojos a la realidad. Como sabéis, la señora Boluarte llego al poder como integrante de la plancha de Castillo, y cuando este fue vacado por golpista, ella lo sucedió en el cargo, según lo previsto por la Constitución. Entonces ¿Dónde está su falta de legitimidad? “Lo que le queda por afrontar a la señora Boluarte en el futuro es algo bastante serio y no solamente por los casos de corrupción que pueden haberse destapado, sino por los delitos de lesa humanidad que tiene que enfrentar porque estamos hablando de 70 muertos de por medio en la protesta del sur”, manifestó este cobarde que se niega a dar la cara y que como recordareis, apoyo la asonada terrorista montada por Sendero Luminoso tras la caída de Castillo, por lo que los muertos son de su responsabilidad. Finalmente, señaló que el Congreso ha asumido un papel dominante en la política del país, desplazando al Ejecutivo y generando un contexto de lo que consideró “un gobierno parlamentarista, en el que el presidente pierde poder frente a la fuerza del Legislativo” Como si nadie no se hubiera dado cuenta de ello. Por cierto, tras su escandalosa absolución del delito de colusión agravada por el caso Aeródromo Wanka, acordado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Cerrón estaría habilitado para postular el 2026 y podría ser candidato pese a antecedentes judiciales y prisión preventiva, por lo que surge la incógnita sobre si abandonará la clandestinidad y regresará a la tribuna política. Uno se pregunta: ¿Que corona tiene este individuo para que dé a pocos este saliendo libre de sus acusaciones? Al respecto, Richard Rojas, secretario general de prensa de Perú Libre, indicó que Cerrón estaría considerando dejar de esconderse: “El doctor está listo para salir de la embajada”, comentó. Su absolución llega en un momento crucial, justo cuando comienza la convocatoria para las elecciones del 2026. Según el abogado penalista Benji Espinoza el exgobernador de Junín si podrá postular a un cargo de elección popular, ya que la restricción no es una prisión preventiva, que es lo que él tiene. La restricción es una sentencia condenatoria. Eliminada la sentencia condenatoria del Caso Wanka, se puede postular”, señaló. El abogado agregó que, pese a los procesos abiertos y el pedido de prisión preventiva que aún pesa sobre Cerrón, este podría postularse a un cargo. Sin embargo, aclaró que el problema surgiría si, al ser elegido, tuviera que ejercer el cargo bajo las condiciones actuales. “Para postular a ser elegido no hay problema. Ahora, si mantiene la prisión preventiva para ejercer el cargo, es donde va a tener problema. No para la postulación o elección, sino para el ejercicio del cargo”, remarcó Espinoza. Por su parte, el experto en derecho electoral José Ñaupari coincidió con Espinoza y sostuvo que Vladimir Cerrón puede postular, siempre y cuando no tenga una sentencia condenatoria vigente hasta el día de las elecciones. “Recordemos que los procesados no están impedidos de postular. Para que se genere el impedimento de postulación, yo tengo que tener una sentencia de primera instancia, vigente, por cualquier delito doloso, o una sentencia por calidad de cosa juzgada vigente, por cualquier delito doloso. (...) Ahora, yo no sé si esta es la única sentencia que tiene o el único caso con sentencia que tenía el señor Cerrón. Recordemos que gano un proceso constitucional en el TC, que ordenó justamente que se vuelva a emitir un pronunciamiento por parte del Poder Judicial. Quizás sea esta sentencia del TC que ha generado esta decisión reciente del PJ. Pero, si no tiene ninguna otra sentencia y no es sentenciado de acá hasta las elecciones, sí podría” añadió. Ahora, hay que recordar que en octubre del 2024, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró que Vladimir Cerrón cumplió con la sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, la cual había sido impuesta como parte de la condena por el Caso “La Oroya”. Esto significa que, al haber cumplido dicha sanción, Cerrón ya no enfrenta la restricción legal que le impedía acceder a cargos públicos. Esta decisión judicial permite que se encuentre habilitado para postularse nuevamente a cargos públicos, ya que la inhabilitación por el Caso “La Oroya” ha sido oficialmente cumplida, lo que elimina un obstáculo legal para su participación en futuros procesos electorales. Como si ello no fuera suficiente, en el Congreso, para nadie es un secreto que las iniciativas de Perú Libre buscan condicionar la independencia del sistema de justicia para proteger los intereses particulares de Vladimir Cerrón. Efectivamente, la bancada del prófugo ha evidenciado nuevamente su estrategia para socavar las bases del sistema judicial peruano. El más reciente episodio de esta ofensiva contra la independencia de la justicia es el proyecto de ley que busca prohibir que fiscales y policías divulguen información sobre detenciones preliminares en casos de no flagrancia, bajo amenaza de ser sancionados con infracciones muy graves que podrían derivar en suspensiones o destituciones. Esta iniciativa, respaldada por Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Américo Gonza, constituye una evidente mordaza al Ministerio Público y la Policía Nacional. No es casual que los especialistas califiquen la propuesta como un intento de “cortarles las manos a los encargados de las investigaciones preliminares”. El proyecto impediría que la ciudadanía esté informada sobre la labor de estas instituciones en la lucha contra la criminalidad y obstaculizaría que nuevas víctimas puedan identificar a sus agresores. Esta no es una iniciativa aislada. En marzo del 2024, se documentó al menos 16 proyectos de ley presentados por legisladores cerronistas que interfieren directamente en el sistema judicial. Desde entonces, el trabajo legislativo de esta bancada no ha cesado en su objetivo: propuestas para crear una comisión parlamentaria para fiscalizar a jueces y fiscales, iniciativas para que los hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial, proyectos para evitar que los partidos políticos sean investigados como personas jurídicas, la eliminación de la detención preliminar salvo en casos de flagrancia – en el que el Legislativo retrocedió a pesar de los votos en contra de Perú Libre –, entre otros. No es difícil detectar el beneficiario directo de estas propuestas, que no es otro que Vladimir Cerrón. Su hermano Waldemar, segundo vicepresidente del Congreso, ha presentado al menos 14 iniciativas orientados a debilitar el sistema de justicia y con ello favorecer al exgobernador regional de Junín y a diversos partidarios investigados por el caso de Los Dinámicos del Centro. El conflicto de intereses es flagrante, pero desde dicha agrupación hace tiempo que parecen haber perdido la vergüenza en ello. La democracia no puede ser ingenua ante este intento sistemático de Perú Libre por avasallar el sistema de justicia. En un país que enfrenta una grave ola de crimen organizado, lo que se necesita es más transparencia y eficiencia en el sistema de justicia extirpando a la mafia caviar que claramente actual margen de la ley, liberando a los delincuentes y procesando a los policías que los detienen “por abuso de poder”. Pero las iniciativas de Perú Libre no buscan mejorar la administración de justicia, sino condicionar su independencia para proteger los intereses particulares de Cerrón; es decir, buscan una justicia hecha a la medida de Perú Libre para favorecer a su prófugo líder... Y ello no debe ocurrir.
En medio del emblemático Parque Universitario - ubicado en el caótico centro de Lima - se yergue una torre de 29 metros con más de cien años en su haber. Se trata de la Torre Reloj, también conocida como Torre Alemana, ya que fue donada en 1921 por inmigrantes alemanes con motivo del I Centenario de la Independencia del Perú. Ubicada frente a la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente está cubierta por andamios y mallas de polipropileno debido a su restauración integral a cargo de Prolima, la gerencia de la Municipalidad de Lima (MML) que busca recuperar el valor cultural del centro histórico. La Torre Reloj del Parque Universitario fue edificada como obsequio de la colonia alemana en el Perú para conmemorar el primer centenario de la independencia del país andino. La construcción de la torre-reloj estuvo a cargo del arquitecto alemán Friedrich Jordan Barkholtz y la firma de ingenieros Dunkelberg y Pellry. Barkholtz. De acuerdo con la historiadora Carlo Casalino, el 30 de julio de 1921, Pedro Mujica Carassa, entonces alcalde de la ciudad, y las más distinguidas familias de alemanes en el país presenciaron la colocación de la primera piedra de la obra. Pasaron dos años, y la torre fue inaugurada el 10 de julio de 1923. Fue construida con un estilo neoclásico y se compone de cuatro cuerpos separados por cornisas. El primero posee un acabado almohadillado en ocre y, hacia el frente del lado este, cuenta con una placa conmemorativa en bronce con una representación del Huáscar y los escudos de Perú y Alemania. El texto reza: "La colonia alemana a la república del Perú en el primer centenario de su independencia". El segundo cuerpo posee tres ósculos arquitectónicos y ventanas. El tercero es el de mayor longitud y en él se encuentra el reloj. Finalmente, la cuarta sección está coronada por una cúpula de cobre y remates de madera. Carlos Vega, subgerente de Operaciones del Patrimonio Cultural Histórico, Paisajístico y Arqueológico de Prolima, indicó que la Torre Reloj es un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco al encontrarse en el Centro Histórico de Lima. Uno de los hechos más resaltantes de este monumento es que, desde su inauguración, todos los días al mediodía y las seis de la tarde sus campanas tocaban las notas del himno nacional. Sin embargo, estuvo en riesgo de no hacerlo en el sesquicentenario de la independencia. En efecto, el 10 de julio de 1971, se dio a conocer que el reloj no tocaría el himno el 28 de julio de aquel año. “Se tiene conocimiento que el mecanismo musical del reloj (...) ha quedado seriamente afectado por el sismo de mayo de 1970. Trascendió que la estructura concordante de 14 martillos y campanas está completamente descuadrada y que corre peligro de desplomarse”, se lee en una nota breve. Entonces, se lanzó una iniciativa para arreglar el monumento. La noticia alertó a las autoridades y, en los días siguientes, se anunció que técnicos del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y expertos suizos en mecánica de precisión estarían a cargo de la reparación del complejo mecanismo del reloj. La tarea no fue fácil y demandó 250 horas de trabajo, ya que el valioso objeto había sido abandonado por muchos años. A los pocos días, la noche del 26 de julio de 1971, el antiguo reloj empezó a funcionar bajo la supervisión del alcalde de la ciudad, Eduardo Dibós y el presidente del Consejo Nacional de Senati, George Scholfield. Así, a las 8 p.m., varios transeúntes se detuvieron para escuchar las campanadas de la renovada reliquia. Tras ello, el alcalde Dibós informó que la máquina seguiría siendo revisada hasta que quede totalmente reparada y recién funcionaría con normalidad el 28 de julio. Además, anunció que los trabajos de mantenimiento continuarían pasado los festejos por Fiestas Patrias. Cerca del mediodía del 28 de julio de 1971, miles de personas acudieron al Parque Universitario. Hasta el lugar también llegaron decenas de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas. La multitud estaba ansiosa por escuchar al reloj tocar el Himno Nacional peruano. Sin embargo, a las 12 del día, el antiguo reloj empezó a dar varias campanadas y a tocar el himno patrio con algunas raras pausas. Los asistentes al lugar tuvieron que esforzarse para poder entender la melodía. Un anciano que estaba en la ceremonia explicó qué fue lo que realmente escuchó: “Eso no es el Himno que yo alcancé a escuchar cuando la máquina estaba en uso”. Otras personas manifestaron que sí lo oyeron, pero que no sonó por completo. Fue así como el himno sonó por cinco minutos. Al finalizar, Fretz Han, el ingeniero suizo que estuvo a cargo de la reparación del reloj, explicó el trabajo que hicieron: “Solo se ha hecho una reparación provisional. No se ha podido mejorar el sonido de las campanas, las cuales no han dado aun exactamente el tono. Luego de las fiestas proseguiremos con la obra que esperamos terminarla en tres o cuatro meses más” asevero. Pero paso el tiempo y todo quedó en el olvido… hasta ahora. Vega aseguró que las campanas de la Torre Reloj “volverán a tocar el himno nacional cuando culmine la obra de restauración”. El proyecto para la restauración integral de la Torre Reloj contempla la recuperación de su acabado original, el retiro de elementos incompatibles añadidos en intervenciones a lo largo de las décadas, el mantenimiento de su reloj y la mejora de su sistema de iluminación nocturna. Vega detalló que, como parte de las primeras labores para el diagnóstico del inmueble, se realizaron calas estratigráficas y ventanas de exploración en la cúpula y los cuatro cuerpos de la torre para analizar el material constitutivo y el número de repintes que cubrían al acabado original. De esta forma, se determinó que el soporte original de cuarzo había sido cubierto por seis capas de pintura y cemento; estas serán retiradas para que el monumento luzca su color primigenio. “Se han empleado métodos mecánicos y químicos que no dañan la superficie original del material. Asimismo, se realiza la restauración y conservación de toda la carpintería metálica del monumento, al igual que su cúpula de cobre, que viene siendo liberada de pintura y polvo”, precisó Vega. Así también, la torre contará con iluminación ornamental, que resaltará el estilo arquitectónico del monumento en las noches. “Será un nuevo faro en el centro de Lima”, destacó Vega. La inversión para el proyecto de restauración es de 800 mil soles y se espera “que culmine en agosto” aunque no dijo de que año. Porque viniendo este ofrecimiento de la Municipalidad de Lima, que tiene a la ciudad convertida en un asco, a esta gente ya no se le puede creer absolutamente nada.
Dolida sin lugar a dudas porque su candidato, el asesino Antauro Humala quedo al margen de la ley, imposibilitándolo de participar en las elecciones del 2026, la caviarona fiscal de la Nación Delia Espinoza, dispuso realizar sorpresivamente una diligencia contra Fuerza Popular luego de recibir una interesada denuncia que piden la ilegalidad de dicha agrupación. Esto - afirma a modo de excusa - es “por presuntas conductas antidemocráticas”. En efecto, la cuestionada funcionaria, cuya cercanía con el judío Gustavo Gorriti de IDL (asalariado de Soros y quien lidera la mafia caviar que manda en el Ministerio Público) es por todos conocido, ordenó que el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado se encargue de las diligencias contra dicho partido, una agrupación política que ha mantenido un respaldo considerable a nivel nacional durante los últimos procesos electorales. Ello con el fin de evaluar si corresponde solicitar a la Corte Suprema que la declare ilegal, como ya ocurrió con la agrupación de Humala, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) cuando jurídicamente son dos casos distintos. La denuncia contra Fuerza Popular fue presentada por una oscura individua llamada Beatriz Cano Bernales, cuyas simpatías por el golpista Pedro Castillo no lo puede negar. La sujeta en cuestion argumentó que el partido naranja cayó en conductas antidemocráticas en tres ocasiones. La primera fue “por recibir aportes irregulares en la campaña electoral del 2011”. Sin embargo, este hecho se encuentra judicializado y al haber sentencia no existe culpabilidad alguna. Se le conoce como el Caso Cocteles; La segunda ocasión fue la postura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales 2021 y denunciar un fraude electoral montado por el JNE (En ese entonces liderado por el impresentable Jorge Salas Arenas, alias “Camarada Coquito” por su cercanía a Sendero Luminoso) quien torció la voluntad ciudadana para que salga ‘elegido’ el delincuente terrorista Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón; La tercera se refirió a la sentencia por el caso de los “Kenyivideos”, por el que Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y 6 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias real agravado. Esto por invocar influencias ante otros parlamentarios para lograr votos en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018. Aunque en esa ocasión quien cometió el delito fue Kenyi quien abandono el partido, no Keiko ni Fuerza Popular que no tienen responsabilidad alguna en ello. La tiparraca amplió su denuncia vinculando al colectivo “La Resistencia” con Fuerza Popular que le ha dado serios dolores de cabeza a Gorriti y a la mafia caviar, por lo que se deduce claramente de donde viene en realidad esta maniobra antidemocrática. Precisamente, la fiscalía ha ordenado el análisis de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y otras expresiones atribuidas a Keiko Fujimori, en su calidad de candidata presidencial durante las elecciones del 2021. En particular, se indagará si sus afirmaciones sobre presuntos fraudes en dicho proceso electoral constituyen acciones que puedan ser tipificadas como actos antidemocráticos, según lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas. En adición a los aspectos anteriormente mencionados, la investigación contempla la extracción de información de fuente abierta respecto a una publicación del diario chileno La Tercera, con el objetivo de determinar si existe algún tipo de vínculo entre el partido Fuerza Popular y el colectivo “La Resistencia”. El propósito final de estas diligencias es establecer si procede o no ejercer la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que habilita al Ministerio Público a solicitar la ilegalización de un partido político cuando se compruebe su participación en actos que vulneren el orden democrático. La decisión que se derive de este procedimiento podría tener consecuencias directas en la participación electoral de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori en los comicios del 2026. Al respecto, el vocero del partido naranja, el excongresista Miguel Torres, señaló que la decisión evidencia que el Ministerio Público está abocado a involucrarse en política para favorecer a los caviares y ni lo disimula. “Si tenemos parte de la fiscalía obsesionada, abocada a hacer política, las cosas no van a funcionar. El sistema de justicia no va a funcionar y los criminales seguirán en la calle” aseveró. Torres agregó: “Las elecciones se ganan en las urnas, no utilizando mecanismos del sistema de justicia. Eso es hacer acrobacias jurídicas. ¿Para qué? Para poder evitar que determinados candidatos y partidos que no le gustan a la caviarada participen en las elecciones". Precisamente Fuerza Popular dio a conocer mediante un comunicado que es evidente el uso desproporcionado y político de la fiscalía. Señaló que la medida amenaza el pluralismo político y la democracia. A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación política liderada por Keiko Fujimori expresó su rechazo a las diligencias anunciadas por el Ministerio Público. Además, en su mensaje señala que la Fiscalía busca anular su candidatura para los próximos comicios. “Expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias que conducen a la desaparición de nuestro partido. Es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”, se lee al inicio del mensaje. “Apenas convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez intentan sacarnos de carrera, pero no deja de ser alarmante que se continúe con este libreto del pasado”, continúa. En ese sentido, Fuerza Popular aseguró que se defenderá respetando la constitución. “Defenderemos nuestra existencia con firmeza, dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, con la convicción de que las elecciones se deben ganar en la cancha, a través del voto y no utilizando herramientas para manipular la voluntad popular”, finaliza el comunicado. Como sabéis, hoy existen 41 agrupaciones reconocidas como partidos políticos. Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró a A.N.T.A.U.R.O. de esa lista por orden de la Corte Suprema. La declaración de ilegalidad de esa agrupación extremista fue la primera que se realiza desde que entró en vigencia la Ley de Organizaciones Políticas, en el 2003. Precisamente, a esa ley apelan los caviares que buscan la ilegalidad de Fuerza Popular. El artículo 14 de la norma en mención establece que la Corte Suprema, a pedido del Fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. Como podéis imaginar, esta conducta antidemocrática ha merecido cuestionamientos de varios constitucionalistas. Los expertos no solo han criticado la medida implementada a partir de denuncias “inconsistentes” y “sin sentido”, sino que han advertido sobre su inconstitucionalidad y la intromisión de la titular del Ministerio Público en el ámbito político en medio de la campaña electoral del 2026. Espinoza, indicaron, se ha convertido en otro actor de la contienda. La Asociación Civil Transparencia también formuló observaciones. “La decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular, resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”, indicó. El jurista Aníbal Quiroga refirió que “las imputaciones son de orden penal, no de orden político” y apuntó que “para eso no está la Fiscalía”. “Es indudable que el Ministerio Público se ha convertido en un agente, en un actor político, saliendo de su rol constitucional de defensa de la legalidad y la Constitución y la represión del delito”, comentó, y sostuvo que la actuación de la fiscal de la Nación en ambos casos “es marcadamente inconstitucional y está fuera de la ley por la que debe ser denunciada ante el Congreso”. “La Fiscalía se ha convertido en una metralleta de denuncias acogiendo muchas que no tienen ni pies ni cabeza, ha perdido el rumbo del rol constitucional y jurídico que le corresponde, se está utilizando el sistema jurídico para hacer activismo político a favor de los caviares”, asevero. El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, por su parte, llamó la atención sobre el momento en que la fiscal de la Nación dispone estas diligencias, y comentó que con ello “interviene en el proceso electoral generando una distorsión que no se justifica desde el punto de vista jurídico”. Cuestionó que la Fiscalía no tenga un tamiz para evaluar la razonabilidad de la denuncia y, por el contrario, proceda a tramitarla inmediatamente, y estableció un paralelo entre el discurso violentista y atentatorio a los derechos humanos de Antauro Humala, cuyo partido fue declarado ilegal y perdió la inscripción, y la conducta de Fuerza Popular. “En este caso es claramente descabellado” que se disponga el inicio de indagaciones, refirió, y añadió que la medida “es la reiteración de un comportamiento institucional claramente ideologizado”. “No es primera vez que el Ministerio Público lleva a cabo este tipo de indagaciones que al final, directa o indirectamente, tienen un propósito político. Esto demuestra varias cosas: que hay incompetencia, que hay precipitación y mal uso del poder que tiene el Ministerio Público, y que hay un sesgo ideológico que en este caso comenzó afectando el proceso electoral y a organizaciones políticas poniéndolas en la picota”, subrayó. Al respecto, el constitucionalista Natale Amprimo afirmó que la medida responde a un “afán fiscal excesivo de generar noticia, porque es evidente que las denuncias no calzan dentro de ningunos supuestos que contempla el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas”. Lo que noto es que hay un exceso de generar noticias. Sin duda hace buen tiempo que la Fiscalía se ha convertido en un actor político”, enfatizó. “El artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos lo que busca es que no participe en el sistema democrático aquel que no cree en la democracia y que quiere utilizar este sistema para destruirla. ¿Qué tiene que ver el Caso Cocteles en esto? Es un tema que ya está en un proceso penal, por lo que es un absurdo”, expresó. “En el caso del partido de Antauro Humala había una manifestación expresa de talante antidemocrático. Dentro de la vida de los partidos políticos hay algunas personas que pueden cometer errores y delitos y por ello deben responder política y jurídicamente. En el caso de A.N.T.A.U.R.O. había una apología a un acto delictivo, como el andahuaylazo, pero en el caso de Fuerza Popular, este rechaza y no reivindica el 5 de abril de 1992”, manifestó. Sobre este tema opinó también el expresidente del TC Ernesto Blume, quien dijo estar “sorprendido” por la inconsistencia de estas investigaciones. “Me parece traído de los cabellos, falto de consistencia que la fiscal (Espinoza), no obstante la claridad (de los hechos), sostenga que hay mérito para la investigación. Está haciendo un ejercicio excesivo de facultades y creando desconcierto e inestabilidad. Me preocupa, porque eso significa falta de conocimiento y conciencia, y una suerte de intromisión en el proceso político”, concluyó. Se trata sin lugar a dudas de una burda maniobra montada por la mafia que no debe pasar. Por cierto ¿A que espera el Gobierno y el Congreso para intervenir en el Poder Judicial que libera a los delincuentes que desatan el terror en las calles, pero increíblemente procesa a policías y militares que cumplen su deber?. Es el mundo al revés... Hay que echar a esas ratas ya mismo. Cuanto antes, mejor.
