Graves noticias provenientes del país andino indican que la fundamentada acusación de la Fiscal de la Nación presentada el pasado martes ante el Congreso y la respuesta de la corrupta gavilla comunista en el régimen filosenderista, muestran que los peruanos se dirigen a una colisión violenta entre los delincuentes que han asaltado el poder mediante el fraude (del cual han anunciado que ‘solo muertos’ los van a sacar) y lo poco que queda de institucionalidad en el Perú. Contrariamente a lo que muchos creían -¡aún hay algunos que siguen ¡creyendo! -, el delincuente terrorista Pedro Castillo no va a renunciar, ni se va a asilar, ni va a huir. No todavía, mientras tenga la expectativa de liquidar el Congreso, el único organismo que puede destituirlo, y la fiscalía, que luego de la defenestración de la corrupta ‘lagarta’ Zoraida Ávalos, está cumpliendo un papel fundamental en investigar y denunciar la enorme red de corrupción con la que, en pocos meses, Castillo y sus secuaces infestaron el Estado, a través de la organización delincuencial conocida como La Chota Nostra, del cual ese oscuro individuo es su cabecilla. Su intención desestabilizadora está clara desde el primer día y se ha hecho más que evidente en los últimos meses con sus sistemáticos y permanentes ataques al Congreso y la fiscalía. Como recordareis, el pasado martes ern horas de la tarde, luego de presentarse la acusación constitucional contra Castillo, el impresentable Aníbal Torres tuvo la desfachatez de acusar abiertamente, sin prueba alguna, a la fiscal de la Nación “de estar coludida con el narcotráfico”. Lo hizo cobardemente ante la prensa extranjera mientras encerraba a sus colegas peruanos bajo llave en otro ambiente de Palacio, impidiendo que participasen en esa patética conferencia. Que lo diga ese viejo senil, vocero de un régimen que apoya abierta y descaradamente la expansión de los cultivos ilegales de coca que sirven para producir droga por parte de los narcoterroristas que además financiaron la campaña de Castillo, es solo una muestra más de la absoluta mendacidad que impregna a esos parásitos comunistas. Pero a la vez, comprueba que adelantan las justificaciones para el golpe que preparan. La ilegal liberación del desequilibrado mental, despreciable asesino de policías y consuetudinario adicto a la marihuana Antauro Humala, y su bien financiada campaña, es otro indicio de los propósitos delincuenciales del acorralado régimen. Ese criminal se moviliza por el país atacando al Congreso y amenazando con clausurarlo violentamente. En realidad, es una pieza que pretenden utilizar para, en algún momento, provocar una asonada que justifique la disolución del Parlamento. Pero para lograr ese objetivo necesita controlar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A la PNP ya la tiene capturada parcialmente, solo hay algunos oficiales y unidades que todavía resisten, pero si el régimen logra subsistir algunos meses más, es evidente que van lograr el control total. El mecanismo usado para sus protervos fines ha sido la corrupción. En las FF.AA. el elemento decisivo es el Ejército y allí han avanzado bastante desde el año pasado, cuando destituyeron al Comandante General que se negó a obedecer las órdenes ilegales de ascender corruptamente a quienes no lo merecían, y nombraron a un individuo maleable, de la promoción de Antauro Humala y que, según el general (r) Roger Zevallos, es funcional a los móviles de los delincuentes que ocupan Palacio. Cabe precisar que en las próximas semanas se decidirán los ascensos, retiros y mandos de unidades en el Ejército y, dada la situación, la camarilla en el poder, se la va a jugar para desplazar a oficiales institucionalistas y ocupar los puestos claves con aquellos que se presten a su infame juego. Por cierto, últimamente algunos gestos e imágenes han provocado entusiasmo entre los opositores a la corrupta camarilla comunista. La foto de los mandos militares con el presidente del Congreso, el general (r) José Williams y oficiales retirados que son congresistas, ha sido interpretada como muestra de respaldo de los uniformados a esa institución, y una suerte de garantía para la misma. Eso es parcialmente cierto. Obviamente, ha sido importante el gesto, que es inusual, e implica una deferencia hacia Williams y el organismo que preside. Pero no garantiza nada. Así como tampoco las fotos que se ha hecho tomar Castillo con esos mismos mandos militares no significa necesariamente que lo vayan a ayudar a cerrar el Congreso y liquidar la fiscalía, como es su intención. Igualmente se han tomado como señales importantes algunos discursos públicos del presidente del Comando Conjunto de las FFAA y del Comandante General de la Marina de Guerra -también del general PNP Oscar Arriola-, que condenan a las organizaciones terroristas, cuyos herederos usurpan hoy el poder, y manifiestan su respeto a la Constitución. (Contrastan, por cierto, con el silencio del jefe del Ejército).En efecto, son mensajes muy positivos y muestran que quienes los emiten no se prestan al juego de la banda de forajidos en el régimen. El punto es que quienes así se expresan pueden ser removidos de sus cargos por Castillo y reemplazados por otros que no sean firmemente institucionalistas. En suma, los gestos, las imágenes, los discursos aludidos, son expresiones importantes, pero, finalmente son posturas esencialmente defensivas, signos de resistencia de determinados mandos ante el avance de la captura del Estado por los delincuentes comunistas. Sin embargo, con esos ademanes no pueden cambiar el comportamiento de la banda criminal que, en último término, sigue manejando los resortes del poder. Por eso el tiempo corre a favor de ellos. Hoy más que nunca son indispensables soluciones radicales. Y es que desesperado por las claras evidencias que lo comprometen seriamente, el analfabeto ese amenaza con que “correrá ríos de sangre”. La suya querrá decir y terminar como Allende. Si eso es lo que quiere, habrá que complacerlo, porque esta situación no puede continuar más. De seguro a algunos le parecerá una solución extrema, pero no hay otra forma de resolver la crisis, antes que la banda de Castillo acabe con lo que queda de democracia en el Perú. De momento toca al Congreso decidir el destino de ese delincuente, acelerando de ser posible los plazos para ello. Si deciden no vacarlo, serán responsables de lo que venga a continuación, porque - como titulo la nota - su suerte estará echada :)
Como sabéis, el pasado 9 de octubre la Fiscal de la Nación Patricia Benavides publico en el diario El Comercio un muy comentado artículo acerca de que toda investigación es necesaria para develar todo aquello que se oculta y evitar la impunidad. Se trata de una valiente mujer que a riesgo de su vida ha decidido enfrentarse frontalmente con la mafia homicida asentada en Palacio de Gobierno, liderada por el filosenderista Pedro Castillo, y a quien por cierto, acuso constitucionalmente ante el Congreso este martes, sindicándolo como cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Los cargos son muy graves y es por ello que debido a su importancia, he decidido reproducir in extenso la nota (que a todas luces indica que es el inicio del fin del régimen), entrecomillado claro esta ¿vale?: “Una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia peruana es la corrupción en el poder, no solo por el impacto negativo que genera el desvío de ingentes cantidades de recursos para el beneficio particular de algunos pocos, sino también porque defrauda la confianza ciudadana en el régimen democrático, dañando la gobernabilidad y las bases institucionales del Estado de derecho, y perjudicando, de esa manera, el desarrollo y el futuro nacional. Durante la historia parece haberse creado una relación perversa entre el ejercicio del poder y la corrupción. Lamentablemente, en el Perú, se viene produciendo una suerte de ‘normalización’ de la corrupción, casi una costumbre y aceptación, que se remonta a la época colonial, como lo explica Alfonso Quiroz en su clásico libro ‘Sobre la historia de la corrupción en el Perú’. Al parecer, quienes así perciben esa práctica delincuencial no logran comprender que quienes pagamos el costo económico y moral de la corrupción somos todos los ciudadanos y, en especial, los más pobres. Según un último informe de la Contraloría General de la República, la corrupción pública significó en el 2021 una pérdida de más S/24 mil millones. Por ejemplo, de los más de 216 mil fallecidos por la pandemia del COVID-19, muchos hubieran podido salvarse si hubiéramos contado con todos los hospitales que se quedaron a medio construir, producto de la corrupción; si no hubieran faltado camas UCI, oxígeno, medicamentos, etc. Ese es el efecto práctico y mortal que puede llegar a alcanzar la corrupción en nuestras vidas. Ellos tampoco advierten el gravísimo riesgo que representa para la democracia la vinculación de la corrupción con el crimen organizado, que utiliza sus ganancias ilícitas no solo para insertarse en la economía nacional, a través del lavado de activos, sino también para pretender introducirse e instalarse cada vez más en las esferas del poder político. Es aquí donde ubicamos la denominada ‘corrupción en el poder’, que es más peligrosa, debido a que los funcionarios involucrados tienen mayor capacidad de información y posibilidad de influir en el uso del aparato estatal para sus fines delictivos. Así, la corrupción en el poder se caracteriza, siguiendo a Díez-Picazo, porque ‘bien para cometer el delito, bien para evitar que sea investigado y perseguido, sus autores pueden disponer de medios jurídicos, económicos, humanos y tecnológicos que son privativos del Estado’. Esta capacidad perniciosa genera una crisis del proceso penal de los países democráticos, tal y como destaca Gómez Colomer. Por esa razón, los países a nivel mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción; y ese propósito ha sido plasmado en los textos constitucionales y las leyes, así como en los diversos compromisos internacionales vinculantes, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, entre otros, que nos exigen implementar una estrategia para luchar activamente contra la corrupción. En esa línea, ¿cuál es la misión del Ministerio Público y, en especial, de la Fiscalía de la Nación? Nuestra misión es luchar contra la corrupción desde el ámbito constitucional y legal, basándonos en los hechos y no en las personas. Para el cumplimiento de esa tarea fundamental es indispensable el respeto a la autonomía del Ministerio Público; sin embargo, somos conscientes de que muchas veces debemos enfrentar intentos de presión, intimidación y campañas de desprestigio y descalificación orientadas a obstruir el avance de las investigaciones. Desde el inicio de mi gestión como fiscal de la Nación, he decidido enfrentar la corrupción en el poder de una manera frontal. El poder es otorgado a los funcionarios para servir y no para lucrar o aprovecharse de él. Nada puede socavar más el orden democrático de una sociedad que la corrupción enquistada en el poder y ejercida desde este. El Estado de derecho se afianza y fortalece cuando existen instituciones autónomas capaces de contrapesar el poder y de ser necesario investigar cuando se hace un mal uso de este, pero requerimos de una investigación moderna, con las técnicas especiales contra el crimen organizado, pero, sobre todo, con el respeto de la independencia de los órganos investigadores. En nuestro caso, el Ministerio Público tiene el mandato constitucional de investigar el delito, y no vamos a claudicar en ese deber. Sabemos, como nos enseña el Papa Francisco I, que ‘el corrupto no acepta la crítica, […] ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, persigue a quien lo contradiga. […] El corrupto no percibe su corrupción’. Por eso, es necesaria la investigación para develar aquello que se oculta y para evitar la impunidad. Aquí radica el cumplimiento del mandato constitucional de la Fiscalía de la Nación y la razón principal de la lucha frontal contra la corrupción en el poder, con orden, firmeza y celeridad, caiga quien caiga y pese a quien le pese, por el bien de la democracia y el Estado de derecho” puntualiza la nota. Nada que agregar de mi parte y solo me queda invocarle que siga adelante sin miedo alguno y combatiendo sin descanso a esa gavilla delincuencial. Los peruanos de bien se lo agradecerán :)
