Como sabéis, esta semana hizo noticia en el país andino una condenable decisión adoptada por un Poder Judicial que pone en peligro la libertad de expresión en el Perú, más de la que ya se encuentra desde la llegada al poder mediante el fraude de un impresentable sujeto con conocidos lazos con Sendero Luminoso, quien busca afanosamente cambiar la actual Constitución por otra que le permita instaurar una sangrienta dictadura comunista con el objetivo de eternizarse en el cargo. Este oscuro individuo es Pedro Castillo y su socio del delito es aquel cacique provinciano - que ni vale la pena nombrarlo porque todos lo conocen - quien con los votos de su agrupación en el Congreso sostiene al filosenderista en Palacio. Ahora se comprende del porque de su cercanía al régimen… favor con favor se paga. En efecto, esta semana se consumó otro escandaloso golpe contra la libertad de prensa y expresión en el país. El juez Raúl Jesús Vega, del Juzgado Penal Liquidador 30 de la Corte Superior de Lima, condenó a dos años de prisión suspendida y al pago de S/400 mil por concepto de reparación civil al periodista Christopher Acosta y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por el “delito de difamación” agravada contra el folclórico líder del partido Alianza para el Progreso (APP). Como es de publico conocimiento, el primero es autor del libro “Plata como cancha”, publicado en la ya mencionada editorial, y en el que se presentó un perfil del dos veces fracasado candidato presidencial que incluye testimonios de terceras personas y datos recogidos en documentos oficiales no necesariamente halagüeños, pero que cumplen con todos los requerimientos del rigor periodístico. Para el juez, no obstante, muchas de esas citas (34 para ser exactos) constituyen “hechos lesivos al honor y reputación” del cacique, imputables a Acosta y a Pimentel. Es decir, nos encontramos ante un fallo que sencillamente desconoce la doctrina del reporte fiel o reporte neutral, señalada hace casi 20 años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en el acuerdo plenario del 2006 de la Corte Suprema, en el ámbito nacional. Tal doctrina apunta en realidad a algo bastante obvio: que si alguien publica o difunde lo afirmado por un tercero, lo único que tiene que probar es que esa persona en efecto dijo lo que se le atribuye y no la veracidad del contenido de la afirmación. De no ser así, la labor de la prensa, que muchas veces consiste en recoger precisamente los dichos de los políticos u otros individuos de notoriedad pública, sería sencillamente imposible. En ese sentido, el precedente que sienta el fallo del magistrado Jesús Vega pone en peligro el trabajo de los hombres y mujeres de prensa, y la libertad de expresión en general, y debe ser públicamente repudiado por todos aquellos que la valoran. Solo así se podrá conjurar la posibilidad de que este abuso sea confirmado en la instancia superior (a la que tanto Acosta como Pimentel han dicho que acudirán). Cabe anotar, por último, que la querella que ha dado pie a este trance de riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa fue increíblemente promovida por quien, meses atrás, pretendió convertirse en la cabeza de un Estado democrático y republicano, alcanzando una minúscula votación que no le permitió siquiera pasar al ballotage. Es indudable por ello que la sentencia por el libro en mención sienta un nefasto precedente para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el Perú. No solo se ha consumado el abuso de un juez que asume que un periodista tiene responsabilidad penal por lo que declaren terceros sino que también se ha legitimado un acto de intimidación de un político que aspira ser presidente de la República. En un primer momento, cuando ese cacique tuvo noticias de lo que se le venía, acudió a Indecopi para tratar de detener la publicación del libro alegando puerilmente que el título “Plata como cancha” es una frase que le pertenece. Cuando esto no le resultó volvió a la ofensiva querellando a Acosta, al director de la editorial, Jerónimo Pimentel y a la editorial misma, solicitando 100 millones de soles de indemnización, pese a que previamente había dicho que no denunciaría al periodista. Si bien Acuña reconoció en una entrevista que no había leído el libro, su abogado le dijo que “hay más de 102 frases que tienen que explicarse en el Poder Judicial”. Como era de esperar, el previamente aleccionado juez Raúl Jesús Vega determinó que 34 de esas frases “constituyen hechos lesivos al honor y reputación” del líder de APP y condenó a Acosta y Pimentel. Cabe resaltar que la defensa de Acuña pidió que no se transmita la audiencia por el canal JusticiaTV y pese a que 76 periodistas solicitaron al despacho del juez que envíe el link para cubrir la lectura de la sentencia, nunca se obtuvo respuesta, demostrando que la condena estaba preparada de antemano. Se trata sin lugar a dudas de de un fallo aberrante y hasta ridículo. Para muestra un botón: Acosta viajó a Colombia y visitó la Universidad de Los Andes donde Acuña obtuvo una “maestría” en Dirección Universitaria. El periodista ingresó a la biblioteca y pidió que le enseñen la tesis, pero la propia Universidad se excusó aduciendo que no está bajo lectura pública por disposición de su autor. Por publicar esto en el libro, el juez consideró que hay difamación porque la casa de estudios no es una fuente confiable. Es decir, el juez también pretende establecer qué fuentes se pueden utilizar y cuáles no… absurdo desde todo punto de vista. Esta sentencia en primera instancia no puede pasar por agua tibia. Es grave porque se está castigando a una editorial y condenando a un periodista por informar sobre una persona de interés público. Alguien que ha sido dos veces candidato a la presidencia, gobernador, alcalde, congresista y es el dueño de una universidad que tiene presencia en todo el país. Lo que nos dice el fallo en pocas palabras es: no te metas con un político, más aun si es cercano a Palacio y que ha nacido en esa misma perdida aldea de los Andes que Castillo. Y esto es inaudito, sobre todo, en estos tiempos en los que el silencio, la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas de las autoridades esconden graves actos de corrupción que solo se han hecho públicos gracias a investigaciones periodísticas. Hoy el periodismo es más importante que nunca y ante abusos como este -digitado desde las sombras - no se puede callar porque el silencio no es una opción. Así no les guste a algunos, la prensa siempre debe tener una relación tensa con el poder. Si un dictador como Castillo - mentiroso e incompetente - no ve en los medios una piedra en el zapato, entonces estos no están haciendo su trabajo correctamente (u operan en países como Venezuela o Cuba). Sin embargo, esta tensión, que debería ser la razón de ser del periodismo, siempre genera una respuesta de aquellos que son materia del reporteo y puede resumirse en una frase: “castigar al mensajero”. Así, el usurpador de Palacio, alérgico a la vigilancia, se niega a dar entrevistas a los medios que, en palabras del ministro de Justicia, Aníbal Torres, son “difamadores profesionales”. O, como ha ocurrido con el caso del libro de Christopher Acosta, sujetos que se sienten aludidos apuestan por una demanda ante el Poder Judicial confiados en que les tocará un juez que no sabe dónde está parado, dispuesto a zurrarse en la jurisprudencia vigente y el sentido común. Si bien este último caso acapara -y con razón -la atención de la opinión pública, la prensa en el Perú viene siendo acosada desde hace mucho. Y es que la legislación actual, con las severas penas para los crímenes contra el “honor”, hace que recurrir a la vía judicial sea moneda común para los “afectados”. Para nadie es un secreto que el plan de gobierno de Perú Libre es una pesadilla para la libertad de expresión. Como si ello no fuera suficiente, el filosenderista y su equipo han hecho gala de su desprecio al periodismo en más de una oportunidad, azuzando violencia contra reporteros en mítines y, ya en el poder, imponiéndoles prohibiciones de acceso a algunos eventos oficiales. “La democracia muere en la oscuridad” es la frase insignia de The Washington Post, y da cuenta de un hecho inescapable: sin medios de comunicación que echen luz sobre lo que ocurre en el país, más allá de lo que quieran los que protagonizan la noticia, la democracia no puede sobrevivir. Hoy, en el Perú, son muchos quienes defienden estos principios, pero lamentablemente son varios los asalariados del régimen que quieren derrumbarlos y están por todos lados, pretendiendo silenciarlos... Pero no lo lograran :)
Como sabéis, el Metropolitano de Lima cumple 12 años de inaugurado este 2022. Si bien hay quienes no se encuentran satisfechos por el servicio que presta, son preferibles a los vetustos buses y combis asesinas que hacen de las suyas con la complacencia de las ¿autoridades? edilicias y la policía. Sin embargo, pocos conocen que en décadas pasadas tuvo un antecesor que circulaba por calles y avenidas de esta caótica y congestionada ciudad. En efecto, hubo alguna vez que en Lima transitaban unos buses amarillos-mostaza, limpios y con paraderos establecidos. Estos buses eran conocidos como los “enatru”, siglas de la Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú. Fue una empresa estatal, creada en 1975, luego de que la Asociación Paramunicipal de Transporte (APTL), que iniciara sus operaciones en 1966, empezara a tener problemas financieros, cuando Lima ya estaba en plena expansión. ¿Cómo apareció esta compañía? Durante la primera mitad de los sesenta, había sido construida la Vía Expresa del Paseo de la República, y se contempló que por su berma central, debería pasar el metro de Lima, obra que nunca llegó. Entonces, cuando se creó ENATRU, se decidió aprovechar ese espacio para que fuera recorrido por unos buses articulados procedentes de Hungría. Eran de la marca Ikarus (fundada en Budapest en 1895 y desaparecida en el 2003) y como tal fueron denominados por los limeños desde entonces. Cabe destacar que la ENATRU también heredó de la Administradora Paramunicipal de Transportes de Lima (APTL) los Büssing, de color rojo vino, fabricados en Alemania y dotados de modernas direcciones hidráulicas. El Büssing tenía una suspensión muy flexible, que hacía aparecer que el bus flotaba sobre un colchón de aire. Su transmisión era manual; cuando el chofer aceleraba, un ventilador, ubicado en la parte frontal, giraba conforme la velocidad que imprimía el conductor. También tenía frenos de aire, de sonido característico al momento de accionarlos. Los primeros conductores-cobradores vestían camisa, casaca, kepís y corbata. Cuando uno pagaba al subir, el conductor le entregaba a uno el boleto que debía conservar durante el viaje. Regresando a los Ikarus, su recorrido por la Vía Expresa si bien se inició en 1975 con 50 buses articulados, en 1988 la empresa tenía unas 52 rutas en la capital y cerca de 1000 unidades. A partir de 1980 y, en adelante, fueron reemplazados por vehículos de la marca sueca Volvo con carrocerías “Marco Polo”, fabricados en Brasil, algunos articulados, todos con transmisiones automáticas. Pero ya no recorrían exclusivamente la Vía Expresa, sino que se expandían hacia zonas nuevas de Lima como los llamados “conos” populosos de la capital, donde estableció tres rutas (la ‘A’ para Villa El Salvador, la ‘B’ para Chorrillos y la ‘C’ para San Juan de Miraflores). De esta forma, había unos 500 buses articulados que recorrían avenidas como Javier Prado, Alfonso Ugarte y la Panamericana Norte, entre otras. Pese a este despliegue, la empresa no llegaba a dar abasto para la atención de todo el público. La fuerte migración que sufrió Lima en los 80 generó insuficiencia del transporte que se reflejaba en situaciones incómodas, buses llenos y gente colgada de los estribos y arriesgando sus vidas para llegar a su destino. En 1991, la empresa contaba con 1.200 buses de las marcas Volvo, Mercedes Benz e Hino (estos últimos llegaron en 1989 a través de una donación japonesa). Sin embargo, a principios de los noventa, ENATRU empezó a tener serios problemas económicos y de otra índole, que terminaron sentenciando su desaparición. Entre ellos, podemos citar: 1.-Muchas de las rutas no eran rentables, por lo que tuvo que reducir de 52 a 35 sus recorridos; 2.- La tarifa era subsidiada y muy baja. En los 80, el costo del pasaje era de US$0,03. Cuando Fujimori llego al poder, se autorizó un incremento de hasta US$0,30 por el pasaje, pero la medida fue tomada demasiado tarde; 3.- El terrorismo. Como la empresa era la única que no detenía sus servicios cuando se daban los paros armados convocados por Sendero Luminoso, en represalia, los subversivos quemaban los buses en los paraderos. Hubo por ese motivo alrededor de 100 vehículos incendiados; 4.-La empresa tenía un excesivo numero de trabajadores - más de 4 mil - lo que representaba una alta carga laboral que no podía mantener. Ante este panorama, en 1992, se decidió dar paso a su privatización y entregar los buses como parte de pago de sus beneficios a los choferes. Y así los Ikarus desaparecieron no volando por los aires (como el ser mitológico de la Antigua Grecia a quien debieron el nombre), sino en los deshuesaderos ya que quienes los recibieron no pudieron darle el mantenimiento que merecían. Lima, a cambio, por obra y gracia de la dictadura fujimorista recibió esa chatarra coreana que desde entonces han convertido las calles de la ciudad en un infierno, ya que quien se arriesga a conducir por ellas,a que no tiene la vida asegurada. Pero esa es otra historia :(
