Marcada por la polarización, este 7 de junio el país andino se enfrenta a una disyuntiva que marcará su destino: votar entre el cambio prometido por las mayorías desposeídas del Perú que nada tienen, o por el continuismo del modelo neoliberal, que solo ha favorecido a unos cuantos privilegiados, mientras que millones de peruanos sobreviven como pueden en medio de la pobreza más extrema. Hay quienes podrían pensar que para salir de esa situación de miseria en la que viven, elegirían sin dudar la primera alternativa, pero embrutecidos - en el caso de Lima - por la prensa basura y su nauseabunda campaña mediática de demolición del candidato izquierdista Roberto Sánchez, opten de modo suicida por la que representa Keiko Fujimori, que está utilizando los mismos métodos del cual hacía gala su padre durante su régimen dictatorial para que se mantenga el status quo y nada cambie, por lo que en estos comicios, se enfrentaran dos modelos diferentes: el primero, representado por Keiko Fujimori, una política ‘profesional’ - a tal punto que nunca se le ha conocido trabajo alguno - que ha sido primera dama, congresista y fundadora de su propia agrupación política, Fuerza Popular (FP); y su contendor, el psicólogo Roberto Sánchez, quien ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, actual parlamentario y líder de su partido Juntos Por el Perú (JPP). Pero a pesar de dichos galones, el principal capital político de ambos no proviene de sus trayectorias, sino de los legados que defienden: el fujimorismo y el castillismo, de raíces nada democráticas. Dos herencias que parten en dos al Perú. Por cierto, en su novela Al filo de la navaja, publicada en 1944, William Somerset Maugham retrató el drama interior de un individuo desalentado por el derrumbe del mundo en que vivía. El momento en que debió optar entre quedar atrapado en un pasado que ya no existía o saltar hacia un futuro imprevisible quedó grabado en el título de la obra. Dicha imagen pasó luego al uso coloquial para describir esa situación límite e inevitable frente a la que solo resta decidir, sin saber a ciencia cierta cuál será el resultado. La escena política peruana de estos días muestra un dilema parecido. Como recordareis, la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril dejó unas elecciones empañadas por dificultades organizativas, retrasos, desánimo y hasta disparatadas denuncias de ‘fraude’ por parte de un candidato perdedor, que nunca existieron. Tras la borrasca electoral, la situación parece haber vuelto a la normalidad. Pero no a la ‘normalidad’ de un clima de estabilidad democrática capaz de procesar unos comicios difíciles. Ocurre más bien todo lo contrario. Lo habitual en el Perú no es la vigencia de las instituciones y las reglas de juego democráticas, sino una crisis política permanente, acompañada de inestabilidad al límite y deterioro acelerado por obra y gracia del fujimorismo desde el 2018, cuando propicio la obligada renuncia del judío Pedro Pablo Kuczynski, convirtiéndose desde entonces en el poder detrás del trono, una mafia que gobierna el Perú desde el Congreso, colocando y sacando presidentes a voluntad, a pesar de que la candidata y cabecilla de esa organización criminal Keiko Fujimori (alias la Señora K) insista en negarlo mil veces. Ese cóctel pone en riesgo hasta lo elemental. El funcionamiento mínimo de un régimen político basado en la legitimidad de la alternancia electoral, por ejemplo. De esta forma, el ballotage del próximo 7 de junio, zanjará unas elecciones sujetas a las reglas de juego impuestas arbitrariamente por un corrupto y desacreditado Congreso, como parte de un pacto de mutuas conveniencias entre agrupaciones políticas coludidas para mantener el control del poder. El principal beneficiario obviamente, es Fuerza Popular, agrupación heredera de la dictadura que encabezó Kenyo Fujimori durante la década final del siglo pasado. Debido al modo de distribución de escaños, el fujimorismo obtuvo mayoría relativa tanto en diputados como en senadores. La ‘novedad’ será la reinstalación del Senado a tres décadas y media de haber sido suprimida precisamente por la autocracia fujimorista que hoy promueve groseramente su retorno, desconociendo los resultados de un referéndum - donde más del 80% de los ciudadanos rechazo esa posibilidad - pero a los congresistas, como podéis imaginar, no les importo los resultados y coludidos con el corrupto Tribunal Constitucional (TC) - cuyos integrantes fueron elegidos precisamente por el pacto mafioso del Congreso - lo declararon ‘inaplicable’. Para nadie es un secreto que el resurrecto Senado no responde en modo alguno al objetivo de incrementar la representatividad, sino más bien al interés del fujimorismo y sus secuaces para ganar cupos laborales y concentrar influencia política. En la práctica, será un superpoder mediante el cual el Legislativo buscará seguir controlando a un Ejecutivo maniatado y sometido a sus deseos, amenazando al inquilino de Palacio con la vacancia cuando se les dé la gana. En cuanto a la elección presidencial del domingo, esta se definirá entre dos candidaturas contrapuestas que, en conjunto, acaban de conseguir menos del 30% del total de votos válidos en la primera vuelta, por lo cual el 70% de los peruanos no se siente representado por ninguno de los dos. En estos comicios, Keiko Fujimori, convertida luego de un conflicto intestino con su hermano en única dueña de la herencia electoral del exdictador, intentara por cuarta vez consecutiva llegar a la presidencia. Pero en realidad, ya controla muchas cosas desde el 2016, cuando obtuvo 73 escaños parlamentarios de un total de 130, pasando a ejercer un poder desmesurado que desató una tremenda inestabilidad presidencial sin visos de acabar pronto. Pero no contenta con ello, ahora quiere el poder total para no dejarlo jamás. Por culpa del fujimorismo y sus aliados, el Perú exhibe el triste récord de haber tenido nueve presidentes en la última década, con solo dos elegidos directamente en las urnas. El manejo mafioso del actual Congreso muestra la cara inversa del fin del presidencialismo que caracterizó al Estado peruano desde su creación republicana, a inicios del siglo XIX. La actual campaña fujimorista se basa en la cínica promesa de “recuperar el orden” cuando fueron ellos quienes originaron el ‘Kaos’ (con K de Keiko) actual. En un país asolado por la criminalidad, la informalidad y la pérdida de confianza, dicho mensaje busca capitalizar la memoria de eficacia y mano dura vinculada al genocida Kenyo Fujimori. Pero ese cóctel discursivo busca ocultar el legado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos que dejó su sangriento régimen. Con su discurso del ‘orden’, Keiko Fujimori aseguro su pase a la segunda vuelta, junto al control de la primera de las minorías electorales actualmente existentes en la política peruana. En medio de la extrema fragmentación política, reflejada en 35 candidaturas presidenciales, el fujimorismo ha podido rearticularse y reaparecer con cierto aparato y presencia territorial. Sin embargo, también sigue generando fuerte oposición y rechazo, los cuales resultarán decisivos en la segunda vuelta. En efecto, el antifujimorismo existente en el país, que ya la derroto en tres ocasiones durante el ballotage - perdiendo frente a Humala, Kuczynski y Castillo - hoy puede volver a repetirse por cuarta vez frente a la opción que encarna Sánchez. Actual congresista de izquierda y exministro durante el régimen de Pedro Castillo, su candidatura proviene de la alianza pragmática de varios grupos de izquierda y nacionalistas interesados en alcanzar alguna cuota de poder. utilizando a su favor el respaldo popular que Castillo obtuvo en los comicios del 2021, donde consiguió irrumpir como un outsider, sacudiendo el tinglado político en el último tramo de la primera vuelta. Con buen cálculo electoral, Sánchez impulsa su campaña llevando el sombrero típico que Castillo exhibió en la elección anterior, ofreciendo indultarlo e impulsar un cambio de rumbo estructural en el país. Esto le permitió captar el voto provinciano, rural y campesino, en lo que ha sido visto para terror de los sectores conservadores, como una repetición de los resultados electorales del 2021. Pero dicho voto no es una simple réplica de los resultados obtenidos anteriormente por Castillo. Su régimen fue una exhibición de falta de rumbo, ineficacia e improvisación, que debió enfrentar, además, la arremetida del Congreso. El corolario de este desastre ocurrió el 7 de diciembre del 2022, cuando Castillo intento dar un autogolpe de Estado que nadie obedeció, regalando a sus opositores del Congreso - que ya conspiraban contra él, junto a grupos empresariales, el Ministerio Público y medios de comunicación, tal como confeso el fujimorista Micky Torres - el motivo perfecto para destituirlo y enviarlo a la cárcel. Posteriormente, a pesar del descrédito de su régimen, Castillo pasó a convertirse en una víctima del sistema, una suerte de mito movilizador que, desde los ojos de sus votantes, especialmente en el sur andino, tiene que ser reivindicado en las urnas. El factor que explica esto se halla en la avalancha del pacto congresal que defenestró a Castillo, así como en el gobierno de quien fuera su exvicepresidenta y sucesora, Dina Boluarte, quien traiciono a sus votantes. Prestándose a ser la herramienta de los enemigos de Castillo, Boluarte asumió la presidencia sin imaginar que ello desataría un levantamiento popular en el sur peruano en exigencia de su renuncia. La respuesta fue una brutal represión estatal causante de medio centenar de muertos, la gran mayoría de origen provinciano e indígena, siendo Boluarte responsable directa de la masacre, pero que ha sido “blindada” tanto por el pacto mafioso del Congreso, como por el Ministerio Publico - también en manos del fujimorismo - para evitar que responda por ello ante la justicia. En cuanto a los comicios, tras pasar a la segunda vuelta, imitando en todo a Castillo, Sánchez necesita ampliar el respaldo político que ya ha conseguido, articulando las expectativas de cambio y rechazo al fujimorismo y la derecha. Esto en medio de un escenario que muestra una fuerte fragmentación socio territorial del voto, ya que, con el derrumbe del sistema de partidos, las ánforas ya no expresan horizontes programáticos o partidarios, sino más bien expectativas subjetivas que mezclan temores y anhelos sobre el presente y futuro. La división territorial de las preferencias electorales muestra el empalme de las diferencias clasistas, étnico-culturales y políticas vigentes en la sociedad peruana. En Lima, la parte costera del Norte y la Amazonía urbana predomina un sentido conservador que busca mantener el modelo de desarrollo neoliberal, expresándose en el respaldo al fujimorismo. En cambio, en las zonas rurales y provincianas, especialmente en el sur andino, prevalece una demanda de cambio y rechazo frontal al fujimorismo, que se expresa en un voto contestario y de izquierda. Este clivaje socio territorial es el que definirá quién será el ganador en las elecciones. Cabe precisar que el mayor perdedor de la primera vuelta fue el conspirador y paranoico Rafael López Aliaga - alias ‘Camarada Porky’ - fracasado exalcalde de Lima y candidato de la extrema derecha, a quien Sánchez superó por poco más de 20 000 votos. Tras denunciar un ‘fraude’ que solo existió en su alcoholizada imaginación, López Aliaga cuestionó a los organismos electorales y promovió movilizaciones, haciendo incluso un llamado a la ‘insurgencia’, para obligarlos a anular los comicios o realizar elecciones complementarias, donde se presentaron dificultades para instalar las mesas de votación. Su rabieta incluyó, además, la exigencia de anular el voto de centros poblados alejados de Lima, mayoritariamente rurales e indígenas, mostrando su desprecio por esos sectores. Esto evidencia una vez más el racismo y clasismo de la derecha peruana con el respaldo de una élite empresarial y mediática, alarmada por los resultados de las urnas, que no se dieron como ellos esperaban, y ahora incluso hablan de quitarles el derecho de votar a las masas indígenas “porque no saben elegir” esperando ilusamente que lo hagan por quienes los oprimen, asesinen y mantienen en la miseria con sus políticas neoliberales. Puestas así las cosas, la campaña de segunda vuelta está llegando a su fin esta semana, luego del debate entre ambos candidatos el pasado domingo, donde Sánchez prácticamente ‘barrio el piso’ con la hija del sátrapa, quien, de una forma patética y una mirada de odio a su contendor, solo se limitaba a leer prometiendo obras millonarias que sabe muy bien que no va a poder cumplir. La interrogante que plantea el desempeño político ya conocido de Keiko Fujimori es hasta qué punto, y de qué forma, buscará concentrar el poder y dar nuevo impulso al modelo de desarrollo neoliberal autocrático legado por su padre, buscando además la forma de intentar eternizarse en el cargo. En el caso de Roberto Sánchez, la gran pregunta es si podrá llevar adelante sus promesas de cambio de ese modelo, sacudiéndose de sus antecedentes políticos pragmáticos e inescrupulosos, para asumir la representación de un bloque popular y de izquierda suficientemente amplio. Precisamente, acaba de presentar un plan de gobierno más moderado, aglutinando a su alrededor a otros sectores para enfrentar la arremetida de la mafia, que se da especialmente de una forma nauseabunda en la prensa basura, reeditando estos días el mismo papel que cumplían durante la oprobiosa dictadura fujimorista, por lo que la democracia peruana, debe hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre ella. La polarización en las urnas, repetimos, refleja la encrucijada de unas elecciones situadas al filo de la navaja, entre el riesgo de la regresión al pasado autoritario o a un necesario cambio de rumbo. Si aun estas Indeciso, recuerda que el voto por Keiko es a favor de la continuidad de la corrupción, la delincuencia y el caos que ellos mismos originaron. No se le puede dar todo el poder, ya están viendo las barbaridades que está haciendo desde el Congreso. Por ello, este 7 de junio vota sin miedo y con alegría ... ¡Fujimori nunca más! (A tener cuidado con la jefa de la Yakuza, quien amenaza con desconocer los resultados si no gana los comicios. Habrá que estar atentos a sus intentos desestabilizadores)
Conocida militarmente como Operativo Secuestro, fue una masacre que tuvo lugar en Lima el 18 de julio de 1992 cuando un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como "La Cantuta") fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente por el destacamento clandestino del Ejército conocido como Grupo Colina, conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y liderado por el mayor Santiago Martín Rivas. Según las investigaciones realizadas por Ricardo Uceda y Umberto Jara, originalmente el objetivo del operativo habría sido capturar a sospechosos de haber participado en el atentado de Tarata, siendo, según Uceda, Martín Rivas quien ordenó la ejecución de las víctimas. En el 2009, la Corte Suprema determinó que ninguna de las víctimas de la masacre estaba vinculada con organizaciones terroristas. En el 2007, tras ser extraditado de Chile, Kenyo Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. Ante todo, cabe precisar que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, y pasó a ser universidad en 1965. Cerrada durante la dictadura del felón Morales Bermúdez en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda, Fue reabierta en 1980. Por ese entonces, los elementos radicales multiplicaban sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, tuvieron una fuerte presencia en dicho campus, iniciando una serie ataques a la población, lo que motivó que el Estado realizara algunas intervenciones. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y durante el toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, UNI y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para 1988, Sendero Luminoso tenía el control del Comité de Comensales de La Cantuta, además "organismos generados" de Sendero Luminoso como el Movimiento de Artistas Populares (MAP) y Socorro Popular (SOPO) operaban en las instalaciones de la universidad. A inicios de la década de 1990, luego de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA - con la complicidad de Alan García - se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo marxista-leninista-maoísta. Tras el autogolpe de Fujimori en abril de 1992, se dispuso de un plan para combatir al terrorismo con base en cuatro puntos: quitar el control de las cárceles y universidades a Sendero Luminoso y al MRTA, desarticular la presencia de los elementos terroristas en los pueblos jóvenes e implementar leyes antiterroristas junto a operaciones psicosociales para minar la voluntad de las huestes subversivas. Cuando el 16 de julio de ese año, un coche bomba explotó en la calle miraflorina de Tarata, mató a 25 personas e hirió a 250. Tras el atentado, se evaluó la situación en una reunión en la que estuvieron presentes Kenyo Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, entre otros. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) le informó a Fujimori que los responsables del atentado eran estudiantes de La Cantuta. En medio de esto, llegó una llamada de un funcionario del gobierno norteamericano quien les advirtió que, si los atentados senderistas continuaban con el mismo salvajismo mostrado en Tarata y la frecuencia con la que se venían desarrollando los atentados, se iba a evaluar “una intervención multinacional en el Perú”. Luego de la reunión, el general Juan Nolberto Rivero Lazo (jefe del SIE), le comunicó al general Luis Pérez Documet mediante una llamada encriptada que en las próximas horas "un grupo especial del ejército" ingresaría a La Cantuta por lo que Pérez Documet debía ordenar al jefe de la base militar acantonada en la universidad que franqueara el ingreso del pelotón especial. La orden comunicada por Rivero Lazo fue dictada por Hermoza Ríos quien la recibió de Fujimori. La operación quedó en manos de Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina. A las 6:30 de la noche del 17 de julio, Martín Rivas envió un mensaje a los integrantes del Grupo Colina. En dicho mensaje se decía: "El Tío ha ordenado capturar a unos angelitos que participaron en lo de Tarata. Uno de los agentes ha confirmado que hoy habrá una reunión en una de las residencias. Tenemos una lista con los nombres". A cien metros de la universidad, Rivas ordenó detener los vehículos. Este, junto al teniente Aquilino Portella (enviado por Pérez Documet), descendió y se dirigió al puesto de control militar contiguo a la puerta principal. A la media hora, los vehículos ingresaron a la universidad, estacionándose en el pabellón de la residencia de varones. Por otra parte, las tropas a cargo de Pérez Documet rodearon la universidad. Al llegar a la puerta de la residencia de varones, tocaron, pero nadie respondió. El agente Dámaso Petrell golpeó la puerta a patadas, cediendo esta. Un ropero metálico había sido colocado detrás, bloqueando la entrada. Tras sortear el ropero, alguien se levantó y encendió la luz, golpearon al sujeto y lo obligaron a regresar a su cama. Tras esto, la luz se apagó. Los estudiantes recibieron la orden de taparse con frazadas y salir al exterior, siendo separados en dos grupos. El agente Tena y el profesor Mejía separaron a los estudiantes de acuerdo a una lista que tenía Martín Rivas. Los 6 estudiantes separados figuraban también en la lista que poseía Velarde y fueron llevados, sin resistencia, a las camionetas con el rostro cubierto. Luego, se dirigieron al pabellón de mujeres, donde se encontraban celebrando una fiesta. Debido al ruido, los agentes pasaron inadvertidos. Tras cesar la música, los estudiantes fueron trasladados a los pasillos y puestos boca abajo. Tras ser revisados, fueron seleccionados 3 estudiantes adicionales, quienes fueron llevados a los vehículos. Estos eran: Bertila Lozano Torres; Dora Oyague Fierro; Luis Enrique Ortiz Perea; Armando Richard Amaro Cóndor; Robert Édgar Teodoro Espinoza; Heráclides Pablo Meza; Felipe Flores Chipana; Marcelino Rosales Cárdenas; Juan Gabriel Mariños Figueroa; y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. En el camino, Rivas empezó a detener su vehículo de forma intermitente, lo que motivó que Sosa le preguntara a Pichilingue (miembro del Grupo Colina) sobre sus intenciones. Debido a que le habían ordenado entregar a los sospechosos a la DINCOTE, Rivas consideraba que la acción realizada (captura de sospechosos) era una acción para policías y no para un cuerpo de élite del ejército, como consideraba a su equipo. Por ende, disgustado, decidió ejecutar a los detenidos. Tras tomar un desvío, Martín Rivas ordenó bajar la velocidad y seguir a su vehículo. En el trayecto, dejaba estacionado su auto, bajaba y luego de unos minutos proseguía la marcha. Tanto para Sosa como para Pichilingue, Rivas estaba buscando un lugar para enterrar los cuerpos tras realizar las ejecuciones. Ante esto, Sosa comunicó a Rivas que conocía un lugar y los guio hacia un lugar donde existía un campo de tiro. Los detenidos fueron bajados de los vehículos y se les hizo formar en columna, dos agentes se quedaron en la carretera haciendo guardia mientras que otros dos se dirigieron a las alturas. Mientras un grupo buscaba un lugar propicio para los entierros, los detenidos eran vigilados por otros, y a los pocos minutos, fueron ejecutados Posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en el lugar, guardando Sosa los documentos. Al día siguiente, en una reunión en lugar de operaciones del Grupo Colina, Rivas comunicó su preocupación sobre los entierros, a lo que Sosa propuso enviar a dos agentes de inteligencia a verificar el lugar. Tras retornar, uno de ellos les comunicó que "se nota todo. Hay un brazo y una mano que sobresalen. Se puede ver la ropa de otro de los cuerpos", por lo que, tras evaluar la situación, concordaron en desenterrarlos y sepultarlos en diversas fosas. Ya para entonces, el diario La República reportaba la detención de 9 estudiantes y 1 profesor. En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el Grupo Colina había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas en una fosa común. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, miembros del Grupo Colina exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "informantes" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en la masacre, identificando al jefe de las operaciones, Santiago Martín Rivas, y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del dictador Kenyo Fujimori, quien también tenía pleno conocimiento de estos acontecimientos y había ordenado la “desaparición” de los detenidos. En junio de 1993, un reciclador que se encontraba por la zona durante la masacre, y su amigo Guillermo Catacora, entrego un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez, quien lo compartió con la revista Sí que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por la Fiscalía reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses realizados a los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, resultaron pertenecientes a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de ese año, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Así, el 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años. Pero antes las protestas de los deudos, Fujimori, tras regresar de un viaje en agosto de dicho año, declaró ante los periodistas: "Si. la gente supiera que ellos fueron los que hicieron el atentado de Tarata, no pensarían igual"; pero investigaciones periodísticas y los procesos judiciales posteriores desmintieron sus afirmaciones, dichas para intentar desviar su responsabilidad en la matanza. Precisamente para tratar de blindarse- tanto el cómo sus secuaces, dicto una aberrante Ley de Amnistía para los criminales, la cual fue abrogada tras la caída del régimen el año 2000. El 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta matanza como de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Tras ser extraditado de Chile, se le sometió a juicio por esos crímenes. Durante el proceso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. Fujimori recibió el 7 de abril del 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como Crímenes de Lesa Humanidad. Penas similares cayeron sobre Montesinos, Rivas y demás integrantes del Grupo Colina, los cuales a diferencia del primero - quien, liberado en el 2023 por orden del corrupto TC, moriría al año siguiente - siguen cumpliendo su condena. Pero el régimen fujimorista no solo se caracterizó por sus crímenes, sino también por corromper a todos aquellos - como empresarios, periodistas, medios de comunicación - que les podían ser útiles en su objetivo de seguir atornillándose al poder, y para ello se valió de Vladimiro Montesinos para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación, que se vendieron alegremente a la dictadura (Próximo capitulo: La prensa chicha)
