Ya lo habíamos advertido desde hace un tiempo atrás. El megapuerto de Chancay construido por China se ha convertido en el nuevo tema de interés por parte de los EE.UU. Como recordareis, el año pasado, la administración estadounidense había expresado su “preocupación” por el incremento de las relaciones comerciales e inversiones estratégicas, como la minería y la infraestructura portuaria y vial por parte del Gobierno y las empresas chinas. En el 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, durante una reunión con los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, advirtió a las autoridades peruanas “que China representaba una amenaza para los pueblos y la paz en la región”, enfatizando que era necesario frenar sus “oscuros intereses económicos” (?). Como sabéis, la situación del Perú en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China se ha vuelto más compleja en los últimos meses, no solo porque se mantiene la creciente presencia económica china, sino también por declaraciones públicas de autoridades de ambos países y por el reciente fallo judicial a favor de la empresa china Cosco Shipping y en contra de OSITRAN sobre el megapuerto de Chancay. Perú intenta navegar entre las dos potencias con una estrategia de «multi alineamiento» o «neutralidad activa», aunque el enorme peso económico de China y la reciente agresividad geopolítica de EEUU están poniendo a prueba este equilibrio. Habría que preguntarse si esta “estrategia” continúa siendo o no manejable para el Perú, en momentos en que se atraviesa una nueva crisis política con el regreso del comunismo al Poder, (gracias a Rafael López Aliaga, el topo caviar). Es clara la existencia de una interdependencia económica con China; además, Perú forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta desde el 2019, lo que ha profundizado su vínculo con Beijing, para disgusto de Washington. Sin embargo, también existe una relación estratégica “histórica” con Estados Unidos (para quienes siguen siendo parte de su patio trasero). Cabe precisar que, luego del autogolpe de Kenyo Fujimori en 1992, Washington priorizó la estabilidad económica y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En los años noventa, el gobierno de Fujimori promovió reformas estructurales en el marco del llamado Consenso de Washington: privatizaciones, apertura comercial y disciplina fiscal. De igual manera, Estados Unidos fue un actor clave en la reinserción financiera internacional del Perú tras la crisis de la deuda de los años ochenta. Empresas estadounidenses, aprovechando este contexto, invirtieron en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y finanzas, consolidando su presencia en sectores estratégicos. A ello debemos agregar que, en el 2006, el Perú firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, implementado en el 2009; facilitando el acceso preferencial al mercado estadounidense; aunque lo puso en desventaja en cuanto a candados en inversión y resolución de controversias. En el 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el documento “Agency Strategic Plan Fiscal Years 2026-2030 U.S. DEPARTMENT of STATE”; en dicho documento, la Administración Trump señaló que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás será cuestionado” y estableció la denominada nueva “Doctrina Donroe” en alusión a la Doctrina Monroe de 1823, señalando que no permitirán que ningún adversario establezca una base militar en cualquier lugar de la región, incluidas instalaciones con posibilidades de doble uso, como han señalado los funcionarios estadounidenses respecto al megapuerto de Chancay, al que consideran que puede convertirse en una base para los submarinos chinos, al estar ubicado en aguas profundas, y por lo tanto, “una amenaza a su seguridad que debe ser neutralizada”. Resumiendo, fue una relación de alta dependencia económica y fuerte alineamiento político, que sentó las bases del modelo económico peruano contemporáneo y definió buena parte de su inserción internacional antes del ascenso de China como principal socio comercial. Como sabéis, Cabe recordar que China es actualmente el principal socio comercial del Perú y concentra alrededor del 33 al 40% de sus exportaciones, (comparado con aproximadamente el misero 11 al 14% de EE.UU.) especialmente de minerales como cobre y hierro. Su presencia es determinante en minería (Las Bambas, Toromocho, Shougang), energía eléctrica (monopolio de la distribución en Lima Metropolitana) e infraestructura portuaria y de transporte (donde destaca el megapuerto de Chancay), que ha adquirido una dimensión geopolítica. Debido a ello, autoridades estadounidenses han expresado su “preocupación” sobre la creciente influencia china en infraestructura crítica en América Latina, aludiendo a posibles implicancias estratégicas. En respuesta, las autoridades chinas han defendido la naturaleza “estrictamente comercial” del proyecto y han cuestionado lo que consideran interferencias externas. Para el Perú, China representa inversión, financiamiento y un mercado clave para sus exportaciones. Por cierto, las recientes declaraciones públicas de representantes de Estados Unidos sobre la presencia china en puertos e infraestructura estratégica han sido interpretadas en el debate interno como advertencias sobre seguridad y soberanía. Paralelamente, voceros chinos han subrayado que sus inversiones respetan la legislación peruana y la soberanía nacional. No está de más recordar que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense se pronunció en X (exTwitter) de la siguiente manera: “Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”. Como era lógico, China expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del megapuerto de Chancay y acusó a Washington de realizar una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco Shipping. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense. Por su parte, el nuevo Embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, también en su cuenta de X dijo: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”. Vaya hipocresía, de alguien que representa a un país que prácticamente se ha apoderado de Venezuela, adueñándose de su petróleo, cosa que pretende repetir en Irán, cual piratas que actúan al margen de la ley. Este cruce discursivo ha colocado al Perú en una posición incómoda: cualquier pronunciamiento puede ser interpretado como un alineamiento con una de las potencias. La narrativa de la “soberanía” se ha vuelto central, especialmente en un contexto donde el país enfrenta fragilidad institucional y polarización política. Y, hablando de soberanía, a Estados Unidos no le importa ni el concepto ni la práctica. Es más, las intervenciones militares de EE.UU. en otros países siempre estuvieron hipócritamente acompañadas del discurso de “paz”, “democracia” y sí, aunque no lo crean, “soberanía”. Sin embargo, ahora el Criminal de Guerra, maldito pedófilo y violador de niños Donald Trump es mucho más claro y transparente en relación a países que en su insania, considera sus enemigos: quiere su petróleo, quiere sus recursos, recuperando así su protagonismo global, por lo que países como el Perú, podrían ser presas fáciles de esta estrategia imperialista. Un elemento particularmente sensible ha sido el proceso judicial mediante el cual Cosco Shipping logró en primera instancia un fallo favorable que limita determinadas funciones de supervisión de OSITRAN (organismo regulador de infraestructura de transporte de uso público) en relación con el megapuerto de Chancay. La sentencia señala que «El uso público no convierte al bien en dominio público ni lo somete automáticamente a un régimen concesional o regulatorio pleno». Si bien el proceso se enmarca en disputas contractuales y regulatorias, en el contexto de la rivalidad geopolítica adquiere una lectura mayor: ¿hasta qué punto el Estado peruano mantiene plena capacidad de regulación y supervisión sobre activos estratégicos operados por empresas estatales extranjeras? ¿Qué tan fuertes son sus organismos autónomos, como OSITRAN? ¿Tiene la capacidad, como país, para tener un equilibrio entre la promoción de la inversión y la defensa del interés público? La respuesta cae por su propio peso: el marco normativo y la institucionalidad pública han seguido debilitándose, los poderes públicos están tomados por intereses mafiosos sedientos de poder. Tradicionalmente, el Perú ha seguido una política exterior pragmática, manteniendo relaciones comerciales tanto con China como con Estados Unidos. Sin embargo, el creciente peso económico de China y la agresividad geopolítica de EE.UU. están rompiendo ese equilibrio. La competencia entre ambas potencias reduce el margen de maniobra que Perú había venido teniendo. A ello hay que sumar la permanente inestabilidad política por la que atraviesa el país andino, por culpa de una corrupta clase política que, desde el Congreso, saca y coloca gobernantes a su voluntad, con el único objetivo de repartirse el poder. En este escenario, los riesgos de la inestabilidad están referidos, por un lado, a la dependencia excesiva de un solo mercado, al debilitamiento institucional frente a grandes inversiones y a la instrumentalización política de proyectos estratégicos. Reiteramos, el Perú no es un actor protagónico en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, pero sí es un territorio estratégico por sus recursos y su ubicación. Los últimos acontecimientos evidencian que la competencia entre potencias ya no es abstracta: se expresa en decisiones regulatorias concretas y en debates sobre la capacidad del Estado peruano para ejercer plenamente su autoridad. Con un demente como Trump - quien con la fuerza de las armas pretende decidir el destino del mundo - no le será difícil intentar doblegar al Perú para expulsar a los chinos de su territorio y ocupar su lugar. De un pederasta que se ufana de decidir “quien debe gobernar un país” usando la fuerza para alcanzar sus objetivos, se puede esperar lo peor. (Por cierto, en estos momentos se realiza en Miami, la denominada “Cumbre Escudo de las Americas” con la presencia de Trump y sus perros falderos de la región - liderados por ese abyecto arrastrado de Javier Milei - con el único propósito de cerrarle el paso a China y "restaurar la preeminencia" de los EE.UU. en el hemisferio occidental, tratando de imponer su aberrante Doctrina Donroe. Si bien el Perú no está presente en la cita, al haber sido José Jerí censurado - quien había sido invitado previamente - la mirada de Washington estará puesta en el megapuerto de Chancay. A estar atentos a sus pérfidas amenazas)
Como sabéis, el Perú está atravesando una crisis energética con tres componentes: la agresión criminal de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha causado una disminución de la oferta de petróleo y gas natural, lo que ha traído como consecuencia una fuerte alza de precios. A ello debemos agregar que la sospechosa voladura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), impide el flujo de gas natural de Camisea a Lima y que ha causado el cierre del poliducto que trae los líquidos sobre todo el GLP. A ello debemos agregar la crisis financiera de Petroperú, que ha causado la disminución de la oferta de combustibles de la refinería de Talara, debido al déficit de caja que le impide comprar el petróleo crudo para la producción de combustibles, sobre todo gasolinas y diésel. Ante todo, veamos primero la voladura. Para traer el gas natural hay un gasoducto operado por TGP que va de Camisea a Lima (algo más de 500 Km). Los primeros 200 km de este gasoducto atraviesan zona de selva hasta llegar a Chiquintirca, ya en la sierra. Desde allí se ha construido un segundo gasoducto, de propiedad de Peru LNG, alimentado por el ducto de TGP, y que va desde Chiquintirca hasta Cañete, donde se encuentra su planta de exportación de gas. El ducto, que llegó a la costa en el 2004, ha volado en la zona de selva, antes de Chiquintirca, lo que ha interrumpido el transporte de los dos gasoductos. ¿No se sabía que esto podía suceder? Claro que se sabía. Entonces aquí frente a un problema grave de seguridad en el abastecimiento energético que tiene dos fallas: una, la del concesionario (la empresa EGI, de EE.UU., que acaba de comprar el 48% del paquete accionario a un fondo canadiense) relacionada al mantenimiento de la tubería. La otra falla es del Estado, que sabía que debía construirse un gasoducto paralelo hasta Chiquintirca para tener redundancia. Si falla un ducto, se tenía otro. Este segundo gasoducto serviría para atender la demanda de la sierra sur, llegaría al Cuzco y, de allí, bajaría a Arequipa, Ilo y Mollendo. De esta manera, se tendría también descentralización energética. Ese era el Gasoducto Sur Andino (hoy denominado Sur Peruano), que quedó trunco a principios del 2017 (con un 40% de avance) debido a que la corrupción de Odebrecht llevó a la finalización del contrato. Los tubos están custodiados por la empresa Estudios Técnicos SAS, desde esa fecha, al costo de US$ 45 millones anuales. En el 2020 se encargó un estudio a la empresa británica Mott Macdonald para analizar la vialidad de un gasoducto al sur. Mott ratificó la ruta del GSP como la más adecuada, pero, hasta ahora, todo ha quedado en nada. Esa es una grave responsabilidad del Estado: no se ha tomado ninguna iniciativa para reanudar el proyecto. En consecuencia, no hay redundancia desde Camisea hasta Chiquintirca. Y por eso, ahora, no llega el gas a Lima. Y, claro está, tampoco se puede abastecer al gasoducto de Peru LNG de Chiquintirca a Cañete. Agreguemos que hay un ducto de líquidos desde Camisea a Lima, que trae el GLP. Ese ducto no ha volado, pero ha sido parado “por seguridad”. Ojo, ese ducto de líquidos tampoco tiene redundancia. La solución ideal sería tener una red nacional de gasoductos, como en Bolivia, Argentina, Méjico y Colombia para masificar el gas en todo el país. Esa masificación necesita, siempre, el impulso del Estado, como ha sido el caso del proyecto Camisea que ha traído el gas a Lima, ya que ha tenido múltiples incentivos tributarios e, incluso financiamiento del propio gasoducto con el alza de las tarifas eléctricas pagadas por todos los usuarios. Como no hay esa red, Lima representa, hoy, el 83% del consumo nacional con 600 millones de pies cúbicos diarios, a diferencia de los países arriba mencionados, donde la red de gasoductos permite una masificación descentralizada. Con ese consumo, Lima puede hacer subsidio cruzado (los sectores de mayores ingresos subsidian a los de menores ingresos). Pero, ojo, ese gran consumo no se va encontrar en la sierra. Allí debe tenerse en cuenta la rentabilidad social. Pero eso no ha “calado” en los proyectos de las 7 Regiones que han fracasado todos, desde el 2005. Sigue predominando el centralismo limeño. Incluso en la costa norte y la costa sur solo llega gas a domicilios en pequeños camiones cisterna, los mismos que no pueden alimentar la demanda ni siquiera de una ladrillera grande. Aquí viene el gran problema: las centrales térmicas de Chilca (que consumen la mitad de los 600 mmpcd) se abastecen de gas natural y proveen el 50% de la oferta eléctrica del Perú. Ahora van a quemar diesel, que es cinco (5) veces más caro. Y los precios de la luz pueden subir, comenzando por los consumidores independientes. Y están también los taxistas que usan GNV. Y los dos millones de domicilios de Lima con conexiones de gas natural. Sobre esos temas hay amplia cobertura periodística. Es el costo de no planificar. Tampoco tocamos aquí el tema de la exportación de 600 mmpcd por año del gas de Camisea, cuyo contrato vence en el 2028. El segundo componente es la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de los grandes buques petroleros y originando un alza global de precios, que no solo se da en el Perú. Se instala así mediante la fuerza un nuevo marco, que incluye el fin del multilateralismo, el orden basado en reglas desde la Conferencia de Bretton Woods en 1944 y la vuelta de la preeminencia del Estado-Nación (Trump, Make America Great Again), los ataques al neoliberalismo y al libre comercio (ahora “el capital sí tiene patria”) y con el ascenso de una plutocracia tecnocrática concentradora del ingreso y el aumento de la desigualdad. Asimismo, un eje central es la lucha por la hegemonía global en el siglo XXI planteada por EEUU, en momentos de ascenso de China, con transformaciones estructurales. La geopolítica avanza a toda vela, renace el imperialismo, la doctrina Monroe (rebautizada como ‘Donroe’ por el Criminal de Guerra, maldito pedófilo y violador de niños Donald Trump) para América Latina y la “seguridad” en el Medio Oriente, que para Trump y los sionistas significaría el cambio de régimen en Irán buscando su completa aniquilación y apoderarse de sus riquezas. Para lo que interesa en este artículo: el Medio Oriente comienza a estar en llamas, Irán afirma cerro el Estrecho de Ormuz por donde pasa el 25% del petróleo mundial y se produce, en Qatar, el 25% del gas natural licuefactado (LNG). Se atacan las refinerías de la zona y aumentan los precios de los combustibles. El tercer componente es la crisis de Petroperú. En estos momentos no tiene la caja suficiente para comprar los 85,000 barriles diarios de petróleo crudo para alimentar la refinería y está operando con solo 60,000 mbd, cantidad que disminuirá mes a mes. Como resultado, cae la oferta de gasolinas y diesel. Como la demanda se mantiene, los precios comienzan a subir. Llueve sobre mojado. Para el actual gobierno “de transición” los problemas que atraviesa la empresa son de su sola responsabilidad. Ciertamente, existen problemas de gobernanza y de gestión que deben ser encarados, siendo uno de ellos la demora en la contratación de las unidades auxiliares de la refinería de Talara. Pero se obvia la responsabilidad de las políticas de Estado, que no le ha permitido volver a la integración vertical, privándola de ingentes ingresos. Su injerencia ha sido constante, imponiendo desembolsos inconstitucionales (pago de pensiones, impuestos a las ventas de combustibles, no devolución del IGV por las ventas de combustibles en la Amazonia), ya que se viola el Art. 60 de la Constitución (las empresas privadas y públicas deben tener igual trato). Además, se bloquearon los planes de fortalecimiento del Informe de la consultora Wood Mackenzie en el 2015, que recomendó la eliminación del IGV de la amazonia y que la empresa retome la integración vertical accediendo a la producción de petróleo en lotes sin riesgo. Es necesaria una discusión de fondo sobre estos problemas, lo cual no puede ser abordado en 60 días, amparado en un Decreto de Urgencia cuestionado está siendo revisado en el Tribunal Constitucional) y carece de base técnica, como lo ha resaltado el Colegio de Ingenieros. En los últimos meses la empresa había comenzado a revertir la situación: las pérdidas disminuyeron y el EBITDA (capacidad de pago de las deudas) pasó de rojo a azul. Similar situación atravesó la Refinería de Cartagena en Colombia (a mediados de la década pasada) ya que tuvo pérdidas (y EBITDA negativos) hasta que su funcionamiento se estabilizó y ahora es un activo valorado. Lo preocupante aquí es que los números positivos hasta diciembre pasado se van a volver negativos en este primer trimestre: si produces menos, vendes menos, pierdes mercado. Y, para lo que interesa en este artículo, un menor abastecimiento de combustibles causa escasez. Y aumentan las pérdidas. ¿Es eso lo que se está buscando? ¿Es la crónica de una muerte anunciada? Debe haber es una discusión integral sobre los problemas de la empresa para entender y analizar cómo superarlas para lograr un consenso. No se trata de un juego de suma cero, donde solo gana un sector. Si hablamos de consenso es que se llega a metas, fines y políticas compartidas. Se sabe también que hay alternativas de financiamiento presentadas por la banca de inversión internacional. Por tanto, hay caminos de salida que no son aquellos del remate al martilleo de los activos del Estado. En conclusión, el Perú no tiene un Plan Energético de Largo Plazo, aunque usted no lo crea. Debemos tener seguridad y soberanía energética. Hay que planear la matriz energética de los próximos 30 años, ahora: el rol de las energías renovables (solar, eólica) en medio de una transición energética para combatir el cambio climático que amenaza al planeta. y, en ese marco como se orienta la inversión privada, así como las políticas públicas, lo que incluye el rol de Petroperú; el apoyo a las poblaciones alejadas de la amazonia, la protección al medio ambiente y la amazonia, las energías limpias y las tierras raras, base de la inteligencia artificial en el siglo XXI. La transición energética necesita un Plan Nacional de Masificación del Gas Natural, que es más barato y menos contaminante que el petróleo. También incrementar las reservas de gas natural, que debieran incluir al Lote 58 de la empresa china CNPC (la cual no produce actualmente) para garantizar el abastecimiento del mercado interno por 30 años más. Urge además una red nacional de gasoductos (con redundancia en Chiquintirca, claro está) que lleguen a la Sierra y la Costa Sur, con participación privada. El gas de Talara puede fácilmente llegar hasta Trujillo. Todo no se puede hacer a la vez, pero falta decisión política. En cuanto al Gasoducto Sur Peruano, paralizado desde el 2017 - tras la disolución del contrato por corrupción - este proyecto energético no debe quedar abandonado, retrasando la masificación del gas natural y afectando con ello la expectativa de energía más económica para hogares e industrias. De estar actualmente en funcionamiento, no existiría el grave problema que se vive ahora. Este podría haber una realidad hace mucho si hubiese existido voluntad política por parte de los gobiernos de turno, que cedieron a las presiones de grandes grupos económicos que se opusieron a su realización, argumentando que se trataba de “una competencia desleal”. Por cierto ¿Os habéis percatado que, por tratarse TGP una empresa privada, los talibanes privatizadores callan en todos los idiomas y no la culpabilizan de nada? Pero si sería una empresa estatal como Petroperú, les faltaría espacio y tiempo para despotricar de ella en todos los medios de comunicación... Menuda panda de hipócritas. El desabastecimiento de hoy motiva esa reflexión y los partidos políticos deben liderar la discusión del futuro. Con esta situación mundial no se deben dejar las cosas “a la suerte”, ni solo a las reglas del mercado. Nada puede garantizar que nunca más haya una voladura (y se deben determinar las responsabilidades). Pero sí hay que ser ser capaces de tener alternativas potentes frente a cualquier adversidad que se presente. Por ello, el Gasoducto Sur Peruano no puede quedarse en una promesa más... el país lo reclama.
