Ya lo habíamos advertido desde hace un tiempo atrás. El megapuerto de Chancay construido por China se ha convertido en el nuevo tema de interés por parte de los EE.UU. Como recordareis, el año pasado, la administración estadounidense había expresado su “preocupación” por el incremento de las relaciones comerciales e inversiones estratégicas, como la minería y la infraestructura portuaria y vial por parte del Gobierno y las empresas chinas. En el 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, durante una reunión con los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, advirtió a las autoridades peruanas “que China representaba una amenaza para los pueblos y la paz en la región”, enfatizando que era necesario frenar sus “oscuros intereses económicos” (?). Como sabéis, la situación del Perú en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China se ha vuelto más compleja en los últimos meses, no solo porque se mantiene la creciente presencia económica china, sino también por declaraciones públicas de autoridades de ambos países y por el reciente fallo judicial a favor de la empresa china Cosco Shipping y en contra de OSITRAN sobre el megapuerto de Chancay. Perú intenta navegar entre las dos potencias con una estrategia de «multi alineamiento» o «neutralidad activa», aunque el enorme peso económico de China y la reciente agresividad geopolítica de EEUU están poniendo a prueba este equilibrio. Habría que preguntarse si esta “estrategia” continúa siendo o no manejable para el Perú, en momentos en que se atraviesa una nueva crisis política con el regreso del comunismo al Poder, (gracias a Rafael López Aliaga, el topo caviar). Es clara la existencia de una interdependencia económica con China; además, Perú forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta desde el 2019, lo que ha profundizado su vínculo con Beijing, para disgusto de Washington. Sin embargo, también existe una relación estratégica “histórica” con Estados Unidos (para quienes siguen siendo parte de su patio trasero). Cabe precisar que, luego del autogolpe de Kenyo Fujimori en 1992, Washington priorizó la estabilidad económica y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En los años noventa, el gobierno de Fujimori promovió reformas estructurales en el marco del llamado Consenso de Washington: privatizaciones, apertura comercial y disciplina fiscal. De igual manera, Estados Unidos fue un actor clave en la reinserción financiera internacional del Perú tras la crisis de la deuda de los años ochenta. Empresas estadounidenses, aprovechando este contexto, invirtieron en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y finanzas, consolidando su presencia en sectores estratégicos. A ello debemos agregar que, en el 2006, el Perú firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, implementado en el 2009; facilitando el acceso preferencial al mercado estadounidense; aunque lo puso en desventaja en cuanto a candados en inversión y resolución de controversias. En el 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el documento “Agency Strategic Plan Fiscal Years 2026-2030 U.S. DEPARTMENT of STATE”; en dicho documento, la Administración Trump señaló que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás será cuestionado” y estableció la denominada nueva “Doctrina Donroe” en alusión a la Doctrina Monroe de 1823, señalando que no permitirán que ningún adversario establezca una base militar en cualquier lugar de la región, incluidas instalaciones con posibilidades de doble uso, como han señalado los funcionarios estadounidenses respecto al megapuerto de Chancay, al que consideran que puede convertirse en una base para los submarinos chinos, al estar ubicado en aguas profundas, y por lo tanto, “una amenaza a su seguridad que debe ser neutralizada”. Resumiendo, fue una relación de alta dependencia económica y fuerte alineamiento político, que sentó las bases del modelo económico peruano contemporáneo y definió buena parte de su inserción internacional antes del ascenso de China como principal socio comercial. Como sabéis, Cabe recordar que China es actualmente el principal socio comercial del Perú y concentra alrededor del 33 al 40% de sus exportaciones, (comparado con aproximadamente el misero 11 al 14% de EE.UU.) especialmente de minerales como cobre y hierro. Su presencia es determinante en minería (Las Bambas, Toromocho, Shougang), energía eléctrica (monopolio de la distribución en Lima Metropolitana) e infraestructura portuaria y de transporte (donde destaca el megapuerto de Chancay), que ha adquirido una dimensión geopolítica. Debido a ello, autoridades estadounidenses han expresado su “preocupación” sobre la creciente influencia china en infraestructura crítica en América Latina, aludiendo a posibles implicancias estratégicas. En respuesta, las autoridades chinas han defendido la naturaleza “estrictamente comercial” del proyecto y han cuestionado lo que consideran interferencias externas. Para el Perú, China representa inversión, financiamiento y un mercado clave para sus exportaciones. Por cierto, las recientes declaraciones públicas de representantes de Estados Unidos sobre la presencia china en puertos e infraestructura estratégica han sido interpretadas en el debate interno como advertencias sobre seguridad y soberanía. Paralelamente, voceros chinos han subrayado que sus inversiones respetan la legislación peruana y la soberanía nacional. No está de más recordar que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense se pronunció en X (exTwitter) de la siguiente manera: “Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”. Como era lógico, China expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del megapuerto de Chancay y acusó a Washington de realizar una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco Shipping. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense. Por su parte, el nuevo Embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, también en su cuenta de X dijo: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”. Vaya hipocresía, de alguien que representa a un país que prácticamente se ha apoderado de Venezuela, adueñándose de su petróleo, cosa que pretende repetir en Irán, cual piratas que actúan al margen de la ley. Este cruce discursivo ha colocado al Perú en una posición incómoda: cualquier pronunciamiento puede ser interpretado como un alineamiento con una de las potencias. La narrativa de la “soberanía” se ha vuelto central, especialmente en un contexto donde el país enfrenta fragilidad institucional y polarización política. Y, hablando de soberanía, a Estados Unidos no le importa ni el concepto ni la práctica. Es más, las intervenciones militares de EE.UU. en otros países siempre estuvieron hipócritamente acompañadas del discurso de “paz”, “democracia” y sí, aunque no lo crean, “soberanía”. Sin embargo, ahora el Criminal de Guerra, maldito pedófilo y violador de niños Donald Trump es mucho más claro y transparente en relación a países que en su insania, considera sus enemigos: quiere su petróleo, quiere sus recursos, recuperando así su protagonismo global, por lo que países como el Perú, podrían ser presas fáciles de esta estrategia imperialista. Un elemento particularmente sensible ha sido el proceso judicial mediante el cual Cosco Shipping logró en primera instancia un fallo favorable que limita determinadas funciones de supervisión de OSITRAN (organismo regulador de infraestructura de transporte de uso público) en relación con el megapuerto de Chancay. La sentencia señala que «El uso público no convierte al bien en dominio público ni lo somete automáticamente a un régimen concesional o regulatorio pleno». Si bien el proceso se enmarca en disputas contractuales y regulatorias, en el contexto de la rivalidad geopolítica adquiere una lectura mayor: ¿hasta qué punto el Estado peruano mantiene plena capacidad de regulación y supervisión sobre activos estratégicos operados por empresas estatales extranjeras? ¿Qué tan fuertes son sus organismos autónomos, como OSITRAN? ¿Tiene la capacidad, como país, para tener un equilibrio entre la promoción de la inversión y la defensa del interés público? La respuesta cae por su propio peso: el marco normativo y la institucionalidad pública han seguido debilitándose, los poderes públicos están tomados por intereses mafiosos sedientos de poder. Tradicionalmente, el Perú ha seguido una política exterior pragmática, manteniendo relaciones comerciales tanto con China como con Estados Unidos. Sin embargo, el creciente peso económico de China y la agresividad geopolítica de EE.UU. están rompiendo ese equilibrio. La competencia entre ambas potencias reduce el margen de maniobra que Perú había venido teniendo. A ello hay que sumar la permanente inestabilidad política por la que atraviesa el país andino, por culpa de una corrupta clase política que, desde el Congreso, saca y coloca gobernantes a su voluntad, con el único objetivo de repartirse el poder. En este escenario, los riesgos de la inestabilidad están referidos, por un lado, a la dependencia excesiva de un solo mercado, al debilitamiento institucional frente a grandes inversiones y a la instrumentalización política de proyectos estratégicos. Reiteramos, el Perú no es un actor protagónico en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, pero sí es un territorio estratégico por sus recursos y su ubicación. Los últimos acontecimientos evidencian que la competencia entre potencias ya no es abstracta: se expresa en decisiones regulatorias concretas y en debates sobre la capacidad del Estado peruano para ejercer plenamente su autoridad. Con un demente como Trump - quien con la fuerza de las armas pretende decidir el destino del mundo - no le será difícil intentar doblegar al Perú para expulsar a los chinos de su territorio y ocupar su lugar. De un pederasta que se ufana de decidir “quien debe gobernar un país” usando la fuerza para alcanzar sus objetivos, se puede esperar lo peor. (Por cierto, en estos momentos se realiza en Miami, la denominada “Cumbre Escudo de las Americas” con la presencia de Trump y sus perros falderos de la región - liderados por ese abyecto arrastrado de Javier Milei - con el único propósito de cerrarle el paso a China y "restaurar la preeminencia" de los EE.UU. en el hemisferio occidental, tratando de imponer su aberrante Doctrina Donroe. Si bien el Perú no está presente en la cita, al haber sido José Jerí censurado - quien había sido invitado previamente - la mirada de Washington estará puesta en el megapuerto de Chancay. A estar atentos a sus pérfidas amenazas)
