Como sabéis, en estos días tanto la prensa basura como los caviares arrecian en su campaña desestabilizadora contra el Gobierno constitucional de Dina Boluarte, acusándola de todo lo inimaginable, buscando vacarla a como dé lugar y reemplazarla por un arribista (como sucedió en el 2021 con Francisco Sagasti), para que digite las elecciones del 2026 y posibiliten el regreso de esos impresentables al poder para volver a parasitar a costa del Estado, de donde fueron echados en el 2022 tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo. Cuánta razón por ello tiene la señora Presidenta al señalarlos acertadamente como lo que son: Los enemigos de la Patria. En efecto, en una ceremonia de entrega de reconocimientos a nuevos beneficiarios del programa Beca 18 del 2025 en San Borja, la presidenta dijo: “Tenemos año y dos meses más de acá a julio del 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno porque entramos a una etapa electoral y yo respondo que no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que he asumido la presidencia y no me he rendido y este año, para mí, va a ser ‘papaya’. Será fácil transitar y, como se dice en otros países, me han hecho la vida a cuadritos aquellos enemigos de la patria, aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos trabajando, pero no lo lograran. Vengo trabajando incansablemente desde que asumí el cargo de jefa de Estado, pese a los ataques que recibo prácticamente todos los días, pero no le tengo miedo a esas voces menudas de gente resentida” expresó. Es indudable que con esos interesados ataques mediáticos, los caviares buscan crear además ‘una cortina de humo’ para que no se hable del fraude masivo que pensaban realizar en los próximos comicios, como es la falsificación masiva de firmas para inscribir a ‘vientres de alquiler’ como ‘partidos políticos’, coincidentemente todos de izquierda y/o caviares - que básicamente son lo mismo - intentando volver a copar las instituciones del Estado. Pero les salió mal la jugada a quienes utilizan la política como mercancía. Para nadie es un secreto que las democracias estables se apoyan en verdaderos partidos políticos, que representan grandes corrientes de opinión y cuyo proceso de formación ha estado vinculado a movimientos universitarios, sindicales o profesionales, algo que no ha ocurrido nunca en el país andino, donde sujetos inescrupulosos al frente de organizaciones informales que pomposamente llamaban “partidos políticos” lograron en su momento auparse al poder, pero que a su muerte, estos desaparecían de la escena política o bien vegetan cual cadáveres vivientes. En los últimos tiempos, ese ha sido el caso por ejemplo del APRA, AP y el PPC, arrastrándose actualmente en la ignominia intentando sobrevivir en medio del repudio generalizado, por lo que no les quedó más remedio que dar paso a los llamados outsiders, que han sido más de lo mismo. Pero ello sucedió también tras el golpe militar de 1968, donde el velasquismo tampoco fue capaz de organizar un partido político, creando el SINAMOS como plataforma política dispuesta a movilizar al pueblo en apoyo a la dictadura, pero fue barrido cuando cayó el régimen. Ya en democracia, durante el corrupto gobierno de Alejandro Toledo, fue alentada por la ONPE y su entonces director ejecutivo, el caviar Fernando Tuesta Soldevilla, la promulgación de la Ley de Partidos Políticos, del cual se dijo que “buscaba fortalecer los partidos políticos, promover la democracia interna y evitar que las cúpulas partidarias decidieran la suerte de los partidos” lo cual no era cierto, ya que por el contrario, dio inició a un proceso de burocratización de la política. En ese mismo periodo, desde la cuestionadísima Comisión de la Verdad y Reconciliación se trató de reescribir la historia nacional, intentando ‘santificar’ a los terroristas y culpar a las FF.AA. de las muertes ocurridas durante los años 80, mientras que el sistema electoral, a través de la RENIEC, la ONPE y el JNE, aumentaba su presupuesto y burocratizaba el control y fiscalización de los partidos políticos. Es más, durante el nefasto régimen del golpista Martín Vizcarra, se estableció una Comisión de Alto Nivel abocada “a proponer los grandes lineamientos de reforma política en el país”. Como no podía ser de otra manera, el caviar Tuesta Soldevilla, presidió la comisión que redactó un denso informe, que pretendió sentar las bases “de un sistema político y electoral renovado”. Más allá de la teoría política y los conceptos doctrinarios desarrollados en ese sesgado informe, fue evidente que Vizcarra utilizó la llamada "reforma política" como arma contra sus adversarios. Como recordareis, desde los tiempos de Velasco y Fujimori - lo cual fue repetido por Vizcarra - se habló con insistencia de la llamada ‘partidocracia’, pretendiendo mellar la imagen de los partidos políticos. Hoy que el país comprueba el rotundo fracaso de la reforma política promovida por ese lagarto, por lo que es necesario precisar que, al haberse acreditado la falsificación de cientos de miles de firmas de aparentes militantes de partidos políticos, se pretendía consumar un fraude de grandes proporciones. El Perú no puede ser indiferente ante esta burda maniobra caviar instrumentada con el claro propósito de inscribir fraudulentamente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a ‘vientres de alquiler’ cuyos dirigentes han transgredido la ley. No se trata de hechos aislados o de errores materiales intranscendentes. Decenas de agrupaciones políticas han sido registradas en el registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones de una manera dolosa. El país no necesita de decenas de ‘partidos políticos’ para fortalecer la institucionalidad democrática. En las elecciones generales del 2000, la agrupación fujimorista Perú 2000 (hoy denominada Fuerza Popular) logró su inscripción ante el entonces JNE de una forma fraudulenta. Se comprobó la existencia de una "fábrica de firmas" y la participación de un conocido notario público (Óscar Medelius) en la "trama de las firmas falsas". De esta manera Kenyo Fujimori ganó las elecciones en un proceso electoral lleno de irregularidades, para intentar atornillarse en el poder tras el autogolpe de 1992. Su tercer gobierno fue breve, poniéndose al descubierto la existencia de una siniestra red de corrupción liderada por su “asesor” Vladimiro Montesinos quien tuvo un rol hegemónico durante la década de los noventa. Fueron parte de la "trama del fraude de ese año quienes estaban al frente del JNE y la ONPE, colocados por Fujimori para “legitimar” su fraudulenta reelección. Pero todo fue en vano, ya que el escándalo de los llamados ‘vladivideos’ provoco la caída de su régimen. Pasaron los años y esta vez los caviares quisieron repetir la misma manobra, colocando al frente de los organismos electorales a impresentables elementos como Jorge Salas Arenas en el JNE y Luis Corvetto en la ONPE, para “asegurar” la victoria de sus candidatos. Así sucedió en el 2021, cuando en las elecciones de ese año, otorgaron el triunfo a un burro chotano de limitado lenguaje y nula inteligencia llamado Pedro Castillo, cuya ignominiosa caída ocurrió cuando pretendió dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando en su vil propósito y terminando en la cárcel. Tras el final de ese oprobioso régimen filosenderista, los caviares agazapados aun en el JNE intentaron repetir la jugada en el 2026, pero la abrupta salida de Salas Arenas y el descubrimiento del fraude que estaban preparando, ha frustrado de momento sus planes. Cabe recalcar que la reforma política impulsada por Vizcarra fue parte de un plan urdido para afectar la institucionalidad democrática. El golpista del 30 de septiembre hoy es parte de la "trama de las firmas falsas". Su ‘partido político’ ha actuado dolosamente. A pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y de estar a pocas semanas para que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra el vacado golpista y exgobernador de Moquegua, es notorio que se siente "intocable". Demás está decir que esos ‘partidos políticos’ incursos en la falsificación de firmas no deben participar en las elecciones generales del próximo año. Al respecto, el JNE acaba de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), con la finalidad de reforzar la fiscalización y sancionar a las agrupaciones que recurran al uso de firmas falsas. Esperemos que sea aprobado a la brevedad posible. Por cierto, es indudable que el fraude ha sido financiado con los millones procedentes de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal u organizaciones criminales. Es decir, buscan utilizar la política como mercancía, alejada de ideales y de acciones políticas transformadoras. Es evidente que detrás de la inscripción de decenas de esos `vientres de alquiler’, existe el propósito de alentar el caos electoral, facilitando la elección de algún extremista como jefe de Estado financiado por organizaciones criminales, como pretendieron hacerlo con Antauro Humala, aquel despreciable asesino de policías y adicto a la marihuana que afortunadamente ha quedado fuera de carrera, por lo que de seguro buscarán a otro similar. Y ello no hay que permitirlo... A estar atentos para desbaratar cualquier maniobra caviar.
Ubicada en la intersección de la Avenida Antonio José de Sucre y el Jirón 28 de Julio, en el Distrito de Magdalena del Mar, la monumental obra fue concebida por el sacerdote claretiano Simón Llobet. Con una altura que alcanza los 70 metros, posee el título de ser el templo más alto del Perú, ofreciendo una vista panorámica que abarca varios sectores de Lima, incluyendo San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María y San Isidro. La obra fue concebida por el claretiano Simón Llobet y desde su inauguración en 1957 se estableció como uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos más prominentes de la ciudad. Financiada por donativos y eventos benéficos, este santuario no solo representa un punto de encuentro espiritual, sino también un testimonio vivo de la generosidad de la comunidad para levantar esta impresionante edificación. Este templo católico deslumbra con su arquitectura neorrenacentista, destacando su cúpula coronada por una estatua de la Virgen María, con brazos abiertos. Su fachada conserva los distintivos colores rosados y verdes que la han caracterizado a lo largo del tiempo. El esplendor de la iglesia se revitalizó gracias a trabajos de restauración tanto en su exterior como en su interior del edificio. Las campanas fueron adquiridas gracias a la generosidad de mujeres limeñas a través de donaciones canalizadas por Acción Católica. Estos aportes contribuyeron a mantener viva la esencia y el espíritu de este monumento religioso, consolidándolo como un punto de referencia no solo espiritual, sino también cultural, dentro de la comunidad limeña. Cabe precisar que en sus inicios, la estatua de la Virgen, se había diseñado para ubicarse en la cima de la cúpula. Sin embargo, debido a su peso de más de cuatro toneladas, fue imposible ubicarla en ese lugar. Por ello, permaneció almacenada durante cuarenta años hasta que finalmente fue colocada en 1996 en la plaza homónima, al final de la Avenida Brasil. Fue recién en el año 2004 cuando la congregación adquirió una nueva imagen para la cúpula de la iglesia, diseñada por el escultor arequipeño Fredy Luque, quien fue el encargado de fabricarla. A pesar de mantener las mismas dimensiones que el original, esta fue elaborada con fibra de vidrio y resina, lo que la convierte en una figura mucho más liviana y única en su estilo. Si bien no tiene la larga historia ni el recargado estilo colonial de la Catedral de Lima, la Iglesia del Inmaculado Corazón de María es especial por sí misma. Desde su imponente cúpula hasta su elegante y hermoso interior, es algo completamente único. Y a diferencia de otros templos de Lima, es más una iglesia activa que un museo viviente, con misas diarias y una gran congregación que asiste regularmente, por lo que no es un destino turístico muy popular y a pesar de su imponente tamaño, paradójicamente sigue siendo una joya escondida en Lima. Anímate a conocerla.
Mientras el país andino se encamina hacia las elecciones del 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de vientres de alquiler que eufemísticamente se hacen llamar “partidos políticos”. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a los sectores caviares, desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años por los mismos que cometieron fraude en el 2021 para colocar a un burro chotano en Palacio, y que pretendían repetir la misma maniobra en los próximos comicios. Lo grave del asunto es que la falsificación de firmas ya lo conocía el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) desde noviembre del 2022, pero recién se hizo pública por estos días a raíz de la denuncia de la ciudadanía y al organismo de mala gana no le quedó más que confirmar el delito que ocurría ante sus ojos y con su abierta complicidad ¿Cómo confiar entonces en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? Hoy, las evidencias son contundentes: peritajes grafotécnicos, omisiones sospechosas de las autoridades y un silencio cómplice de quienes antes clamaban por elecciones limpias. Estamos indudablemente ante un fraude incubado por los caviares desde los cimientos del sistema para su propio beneficio ¿Qué les espera a los peruanos en el 2026 si no actúan ahora para evitarlo? Como sabéis, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados a “partidos políticos” sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Las dimensiones del reclamo sugieren que se está ante un auténtico problema cuyas consecuencias enturbiaran los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán el próximo año. Contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los “partidos políticos” puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo. Ahora, para ser incorporado como militante de un “partido”, lo que la autoridad exige es que el ciudadano interesado, amén de proporcionar sus datos generales, firme y coloque su huella dactilar en una nómina que luego será revisada por el RENIEC. De manera que una vez comprobada que alguna falsedad se ha deslizado entre esos elementos, la responsabilidad es, en primer lugar, de quien presentó la nómina (el “partido” en cuestión) y, en segundo lugar, de quien realizó defectuosamente la verificación (RENIEC). Asimismo, la sanción debería recaer sobre el “partido” que presentó información adulterada - cuya inscripción debería ser anulada automáticamente - y sobre la institución que no cumplió adecuadamente los procedimientos de vigilancia de esa presentación. Pero ya no se trata solo de las denuncias de ciudadanos que descubren su nombre en la nómina de un conglomerado político sin haberla jamás firmado, sino también del destape periodístico sobre auténticas fábricas de falsificación de rúbricas y huellas digitales que han ofrecido sus turbios servicios al mejor postor... y han encontrado varios. Los más comprometidos son hasta ahora Nueva Gente, Primero la Gente (que tiene como precandidata visible a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Perú Primero (alentado por el golpista Martín Vizcarra, a pesar de que no puede postular a cargo alguno por haber sido inhabilitado por el Congreso), Voces del Pueblo (acaudillado por el congresista filosenderista Guillermo Bermejo), Ciudadanos por el Perú (vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte), así como del recién deshabilitado A.N.T.A.U.R.O. (del asesino de policías Antauro Humala). En efecto, un informe del programa dominical “Panorama” reveló recientemente que, en los últimos tres años, en medio de los esfuerzos de organizaciones políticas nacionales o regionales por lograr su inscripción, se registró un total de 238.335 firmas que debieron ser descartadas por indicios de falsificación. En muchos casos, además, se ha detectado que múltiples firmas corresponden a un mismo puño; es decir, que fueron hechas por un solo individuo. Y algo parecido ha sucedido con las huellas dactilares. Se trata, claramente, de un esquema de timo que no puede quedar impune, y que tiene responsables en cada etapa. Para empezar, quienes hayan ofrecido el servicio deberán tener sin duda una sanción penal, y luego también los encargados de hacer las verificaciones a nombre del Estado. Asimismo, es indispensable sancionar a los “partidos” mismos. No es aceptable que organizaciones fantasmales que han querido competir en las elecciones sobre la base de un engaño sigan en carrera. Entre otras cosas, porque si son capaces de colocarse en el partidor con semejante disposición fraudulenta, es de imaginar cómo podrían gobernar si es que saliesen triunfantes. Por último, pero no por ello menos importante, es hacer una reorganización total de los organismos electorales - JNE, ONPE, RENIEC - que inexplicablemente siguen en manos de los caviares. Si bien fue expectorado un impresentable sujeto como Jorge Salas Arenas (Alias ‘camarada Coquito’) que desde el JNE avalo el fraude de Castillo y busco hasta el último minuto que Antauro no sea inhabilitado, el resto de sus cómplices continúan como si nada y deben ser purgados de inmediato, si los peruanos quieren que sus comicios sean limpios e intachables, lo que no ocurriría en ningún caso si esa panda de sanguijuelas expertas en fraudes electorales permanecen indebidamente en sus cargos. ¿A que espera el Congreso para fumigarlos? Las denuncias no pueden quedar en el aire porque el tiempo apremia y las elecciones están cada vez más cerca. Al respecto, el abogado Alfredo Ghersi nos da su opinión sobre esta polémica y cómo afectaría de cara a los procesos electorales del 2026, donde se define el futuro de una nación que cada vez se desangra en el espectro político: “Es un tema muy serio. Creo que lo importante de esta noticia es que desmiente esa falsa narrativa que ha sostenido la izquierda en los últimos años y que, además, contradice su postura histórica. Porque, recordemos, la izquierda históricamente ha denunciado que Kenyo Fujimori cometió fraude en el Perú. Mejor dicho, eran ellos quienes ponían en tela de juicio la integridad electoral en el país. Sin embargo, desde las épocas de Castillo, la izquierda ha volteado su narrativa y en los últimos años ha tratado de vender esta falsa imagen de que el sistema electoral peruano es incorruptible, que es imposible que haya fraude, ‘porque nuestras instituciones electorales son sólidas’. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Ahora que estamos a puertas de las siguientes elecciones, estalla este tremendo escándalo. ¿Y cuál es? Que en el proceso de inscripción de esos cascarones vacíos que se hacen decir partidos, ha salido a la luz que muchísimas personas aparecen afiliadas de los que no tienen conocimiento alguno. Llama mucho la atención, porque uno de esos partidos es el del golpista Martín Vizcarra, con 5.117 firmas, y todas hechas de un solo puño. Según la misma pericia grafotécnica, hay elementos técnicos suficientes para descubrir este tipo de irregularidades. Y no solo ha ocurrido en el partido de Martín Vizcarra, también en el de Guillermo Bermejo. Es cierto que algunas de estas irregularidades han sido observadas por el Reniec y se ha rechazado la inscripción de algunos partidos. Pero no de todos. En algunos casos, estas irregularidades han sido omitidas y no han sido subsanadas adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo que sucede es que nacen, en esta elección, graves sospechas de fraude. Se desmantela por completo esta falsa narrativa de la izquierda que quería pintar al sistema electoral en manos aún de los caviares, como ‘incorruptible’. Al comprobarse que grupos políticos de izquierda y ligadois a los caviares están involucrados en la falsificación de firmas, se demostraría que hay una confabulación en marcha. Porque son los mismos agentes, las mismas personas que se estan beneficiando de este sistema electoral tan cuestionable quienes, al mismo tiempo, decían que el fraude era imposible porque el sistema era perfecto. Aquí hay una agenda, un plan. Por un lado, cometen acciones sospechosas; por el otro, a través de sus portavoces más importantes, juraban que el fraude era imposible. A quienes, de manera escéptica, denunciábamos posibles fraudes, nos llamaban "golpistas" o "conspiranoicos". Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarse: ¿dónde están ahora todos estos grandes exponentes de la izquierda que durante años se burlaron de los peruanos? ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Esto también es una advertencia para el público: revisen la página correspondiente para ver si han sido víctimas de esta usurpación. Hay un proceso de desafiliación que deben seguir. Además, los invito a buscar apoyo, por ejemplo en el estudio GERSI o conmigo, para iniciar los procesos penales correspondientes. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de bien, el bloque democrático, no permitir que nos engañen nuevamente como en el 2021. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la que ya hemos sufrido. El factor común de aquellos es su nulo compromiso con la democracia. Tienen una agenda para socavar los valores del Estado de Derecho y de nuestra frágil República. ¿Qué tienen en común Vizcarra, Castillo, Antauro Humala? Que cuando tuvieron el poder, su objetivo fue debilitar nuestras instituciones democráticas para concentrar el poder, promover golpes de Estado e impulsar una agenda socialista nefasta. La ciudadanía tiene que estar muy atenta. Esta gente quiere llegar al poder de manera apócrifa, falsificando firmas, aprovechándose del sistema electoral. Y eso es muy grave. La gente de bien, el bloque democrático, debe estar más vigilante que nunca, para que no se repita” indico. Es indudable que se debe investigar a fondo esta pérfida maniobra caviar y sancionar ejemplarmente a los responsables. Aun están a tiempo para cerrarles el paso.
Considerado la fiel representación de Naylamp, fundador de la Cultura Lambayeque - que se desarrolló en el norte del actual Perú entre el siglo VIII y el XIV - se trata de un emblemático cuchillo ceremonial, recuperado en 1937 por el arqueólogo Julio C. Tello junto a diversos objetos de oro y plata para el Museo Nacional que provenían de un templo indígena (huaca) denominado ‘La ventana’, en Batán Grande, jurisdicción de Poma, en Lambayeque. El objeto más preciado se distinguió rápidamente entre lo rescatado y se constituyó en paradigma de la metalurgia del Perú Antiguo: el ‘Tumi de Íllimo’ o ‘Tumi de Lambayeque’. Este objeto precioso estaba formado por una sola pieza, el mango tiene forma rectangular o trapezoidal y la hoja cortante es semicircular. Algunos tenían incrustaciones de piedras semipreciosas. Al ser objetos ceremoniales, los Tumis eran fabricados a menudo con algún tipo de metal precioso, como oro, plata, cobre o bronce. Fue usado también por los Mochicas, los Chimú y los Incas en sus ritos para el sacrificio de animales a sus dioses. Por tal motivo, estos adquirieron un carácter sagrado, y no sorprende que los cuchillos que utilizaban en ellos recibieran un nombre vinculado a lo divino. Esta es la razón por la que el Tumi aparece a menudo por ejemplo en la iconografía mochica, habitualmente cortando el cuello de las víctimas. Cuenta la leyenda que cuando Naylamp murió, le crecieron alas en la espalda, despertándose y volando por los cielos. Por tal razón, crearon la imagen del hombre pájaro en memoria de su fundador, decorando el Tumi con la figura de un hombre pájaro. Lo que vendría a ser su empuñadura es la representación de una deidad antropomorfa, de ojos almendrados, que se halla de pie sobre una especie de pedestal, conformado por la hoja metálica. Medía 42 cm de alto, pesaba 992 gramos y estaba trabajada en oro de 24 quilates. A mayor abundamiento, el personaje porta una máscara (felínica, según Tello). En la cabeza lleva un enorme tocado semilunar, tratado parcialmente en filigrana y por una serie de bolitas huecas; de ambos lados de esta diadema cuelgan sendas representaciones de aves movibles. Tiene también incrustaciones de sodalita. De su cuello pende un collar de cuentas esféricas. El resto del cuerpo está cubierto por un camisón corto, un taparrabos y una especie de rodilleras de las que cuelgan cartuchos en forma de campanilla. En la espalda lleva unos ornamentos movibles que parecen imitar conchas marinas y en sus costados tiene alas pequeñas. Por la gran diadema o tocado que lleva la imagen, es evidente que el personaje sea una representación del mítico Naylamp, que llego de lejanas tierras proveniente del mar, el cual es mencionado en la crónica de Miguel Cabello de Balboa (1586). Por cierto, los Tumis también se utilizaban en la cirugía, más específicamente para la trepanación, una intervención en la que se practica un orificio en el cráneo mediante el raspado o la perforación. Pero a diferencia de los Tumis ceremoniales, las hojas de estos escalpelos eran más pequeñas. Los médicos realizaban esta cirugía para aliviar a los pacientes que sufrían inflamaciones a causa de traumatismos craneales. Estas operaciones muchas veces permitían que el herido siguiera viviendo, tal como lo demuestra la evidencia arqueológica de cráneos trepanados encontrados sobre todo en la costa sur peruana, especialmente de las culturas Paracas y Nazca. Ahora, es una idea generalizada que los cortes se practicaban con cuchillos de pedernal y con Tumis metálicos. Sin embargo, lo más probable es que este haya sido utilizado para circunstancias especiales y específicas, ya que el filo hace que no pueda utilizarse para cortar hueso debido a que el borde cortante solamente se presta para incisiones largas y superficiales. El Tumi de Lambayeque fue el ejemplar más famoso de la orfebrería del Antiguo Perú, siendo robado en 1981 del Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. Al año siguiente se hallaron algunos de sus restos fraccionados, ya que los ladrones lo habían triturado para vender el oro al peso. Posteriormente, se encontraron otros Tumis con diferentes características al de Lambayeque - siempre representando a Naylamp - los cuales se exhiben actualmente en museos alemanes o forman parte de colecciones privadas.
La inseguridad ciudadana que se ve en el país andino es de tal gravedad que ha llamado la atención de diversos medios europeos - en este caso The Economist - que le dedica una amplia entrada al tema, el cual debido a su interés os presento traducido y entrecomillado ¿vale?: “Los peruanos han visto cómo su país se hunde en una creciente ola de criminalidad en el último año. La delincuencia venezolana proveniente de las cárceles chavistas - y que llegaron por millones a partir del 2016 cuando el por entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski les abrió las fronteras de par en par, argumentando ‘que escapaban de una dictadura’ - dominan actualmente Lima y otras ciudades costeras, exigiendo “cuotas de protección” a negocios de todo tipo, desde tiendas minoristas hasta empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar. En paralelo, el narcotráfico crece en la Amazonía peruana y las bandas criminales están tomando control de minas en los Andes. Todo ello con la abierta complicidad de jueces y fiscales - los llamados caviares por su claro sesgo ideológico de izquierda - que liberan a esos criminales al día siguiente de ser detenidos por la policía. Así ¿cómo se les va a combatir? Ante esta situación que evidentemente se ha salido de control, la Presidenta Constitucional Dina Boluarte no ha tenido mejor idea que declarar continuamente el estado de emergencia en el país, ordenando que el ejército salga a las calles para apoyar a una policía que se ha visto sobrepasada en su capacidad para combatir al crimen, pero nada ha cambiado y la delincuencia - que se siente empoderada - sigue haciendo lo que les da la gana. Previamente, el 25 de marzo, la señora Boluarte convocó a elecciones generales para dentro de un año, asegurando que busca poner fin a la inestabilidad del país. Cabe precisar que el orden público nunca ha sido el fuerte del Perú. La economía informal sigue siendo enorme, la justicia se encuentra politizada, la policía está plagada de corrupción y muchas personas dependen de la cocaína y el oro ilegal para sobrevivir. La actual ola de violencia demuestra que si no se reforma el Ministerio Público expectorando a los caviares, la situación aún puede empeorar más de lo que está. Pero no hay decisión política para hacerlo ni en el Gobierno ni mucho menos en el Congreso, que son los únicos que pueden hacerlo. En el 2024, los asesinatos por encargo representaron la mitad de los homicidios, que se han duplicado en cinco años. Los casos de extorsión se han multiplicado por ocho, a pesar de que muchas más víctimas no denuncian por temor. Quienes lo hacen, a menudo descubren que los extorsionadores se enteran en pocas horas y los ultiman a balazos. ‘Las bandas tienen mejor inteligencia que la policía’, afirma Katherine Gómez, administradora de un mercado donde casi todos los comerciantes son extorsionados. El innegable que el aumento del crimen está afectando seriamente a las empresas legítimas. ‘Nunca habíamos visto este nivel de penetración de la minería ilegal’, comenta Pablo de la Flor, representante de La Poderosa, la mina de oro más grande del país. En los últimos tres años, grupos armados han asesinado a 18 trabajadores de la compañía y destruido 17 torres de transmisión eléctrica clave para sus operaciones. Por cierto, el Perú no es el único país de la región que enfrenta el caos. En Ecuador, al norte, nuevas rutas del narcotráfico han disparado los índices de criminalidad. Pero en Perú, la situación se debe a múltiples factores: las secuelas de la pandemia del Coronavirus llevaron a muchos delincuentes a dedicarse a la extorsión; el sistema de justicia colapsado y las cárceles saturadas no ayudan; y el tráfico de armas se ha intensificado. A ello debemos reiterar la politización del Ministerio Público, donde los caviares protegen a los delincuentes, pero a su vez persiguen con saña y alevosía a integrantes de las fuerzas del orden que solo cumplen su deber. Para ellos si decretan la cárcel, pero cuando se trata de la lacra venezolana, disponen su libertad inmediata ‘ya que se les ha afectado sus derechos’ (?) con el claro propósito que sigan delinquiendo para que aumente así el clima de inseguridad en el Perú que esperan, produzca el colapso del Gobierno - de donde fueron echados tras la ignominiosa caída del golpista Pedro Castillo - y puedan volver al Poder para seguir viviendo a costa del Estado. Su estrategia desestabilizadora está clara. Lo más preocupante - como anotamos líneas arriba - es la nula reacción de los políticos peruanos para combatir a esas bandas criminales. Y es que al estar en un año electoral, seguramente no quieren indisponerse con sus “electores”. Hacen promesas que se las lleva el viento mientras no se construyen nuevas cárceles, mientras las existentes están sobrepobladas. Cuando se sugiere reabrir El Frontón y Yanamayo, los autoproclamados ‘defensores de los derechos humanos’ salen al frente para oponerse rotundamente a ello, demostrando su complicidad con la delincuencia. Eso no es nada nuevo, ya lo hacían en la época del terrorismo, donde se colocaban abiertamente del lado de Sendero. ¿Será Perú el próximo Ecuador? Aunque su tasa de homicidios aún es más baja si se les compara, el impacto podría ser mayor debido a su población y economía más grandes. Mientras, la emigración ya va en aumento. Los expertos creen que aún es posible controlar la crisis, pero se requiere una voluntad política que hasta ahora ha brillado por su ausencia, tal como señala Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. No es de extrañar que muchos peruanos sueñen con un líder de “mano dura” como Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. Es más, en algunas zonas populosas de Lima, puede leerse en grandes letras rojas “el Bukele peruano” pintado en los muros, como un grito desesperado por un líder firme que imponga el orden que no ven por ningún lado. Entretanto, más de 40 partidos políticos - demostrando la precariedad de su democracia - se han inscrito para las elecciones del próximo año. El que suene más parecido a Bukele, bien podría ganar” puntualiza la nota. Por cierto ¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador? Ese país parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose? En el 2015, El Salvador era catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio del 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal. El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio a 20 días de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron. "Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios", dijo en el 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes. Pero las dos principales pandillas - Mara Salvatrucha y Barrio 18 - ordenaron en varias ocasiones "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre del 2019, abril del 2020, octubre del 2020 e inicios del 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local. El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales. El gobierno, que había sido cuestionado por aparentemente negociar con estos grupos, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo de 2022 la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales. A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. A su vez, el gobierno pidió al Legislativo la aprobación del régimen de excepción y depurar el Órgano Judicial, al que considero como cómplice del crimen organizado, tal como ocurre actualmente en el Perú. Tras una purga masiva de jueces y fiscales, también fueron creados 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos en el régimen de excepción. Asimismo, se reformo el Código Penal y Procesal Penal, introduciendo la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción. Además se construyeron cárceles de alta seguridad donde los criminales encadenados, rapados y en cueros son encerrados de por vida sin contacto alguno con el exterior. La finalidad es que sufran hasta el final de sus días el mal que le han hecho a la sociedad. De esta manera, el ‘modelo Bukele’ logro reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7,8 en el 2022, según cifras oficiales. Para este año, el mandatario informó que la tasa de los homicidios prácticamente ha desaparecido, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina en base a esas estadísticas. Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado, mientras que el apoyo a Bukele supera el 95%. Siendo la formula tan fácil de replicar ¿Por qué no lo repiten en el Perú? La señora Boluarte, en lugar de pretender asistir a los funerales de un hereje en El Vaticano - lo que finalmente no pudo hacer porque se lo negó el Congreso - bien podría si quisiera, poner en práctica el Plan Bukele ya mismo ¿A que le tiene miedo? Es como si viviera en otro mundo mientras su país se cae a pedazos. Simplemente no lo entiendo.
Dispuesta a convertirla en un gran cementerio, Abimael Guzmán y sus hordas asesinas de Sendero Luminoso centraron sus ataques en Lima, la capital del país, de una manera salvaje, brutal y desenfrenada con una serie de sangrientos atentados de gran magnitud nunca antes vistos, convencido que solo mediante el terror a gran escala iba a conseguir su propósito de instaurar sobre ríos de sangre su “república popular de nueva democracia” que iba a empequeñecer el genocidio polpotiano en Camboya… y valgan verdades, estuvo a punto de lograrlo. En efecto, era 1992 y nadie que haya vivido en ese instante en los edificios ‘Tarata’, ‘Residencial Central’, ‘El Condado’, ‘San Carlos’ y ‘San Pedro’, en la calle Tarata, en Miraflores, podía imaginar que la noche del jueves 16 de julio sentiría el infierno sobre la tierra. Lo ocurrido en esa oportunidad fue una historia trágica y, a la vez, significó el final de siete meses continuos de inmisericordes atentados demenciales en Lima. Guzmán consideraba que se debía pasar a una etapa de "equilibrio estratégico" en su objetivo de capturar el poder. Solo entre enero y julio de ese año, los terroristas habían hecho estallar nada menos que 37 coches-bomba en la ciudad que ocasionaron decenas de muertos. Lima entonces parecía una zona de guerra y los ciudadanos sus víctimas indefensas. Era la ofensiva más intensa desatada por Sendero contra la capital peruana, que incluyeron: el atentado con coche bomba contra la sede principal del canal de televisión Frecuencia 2, en la avenida Salaverry del distrito de Jesús María, ocurrido el 5 de junio. El hecho se llevó a cabo cuando un camión de la Marina de Guerra - el cual había sido robado dos horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita y ANFO - se dirigió hacia la fachada de la mencionada televisora y estalló, dejando sus instalaciones destruidas; el asesinato de María Elena Moyano, la denominada "madre coraje", una conocida dirigente popular de un barrio marginal, a quien luego de acribillarla a balazos, hicieron volar su cuerpo con dinamita; Pero el peor de los atentados senderistas ocurrió, ciertamente, en la segunda cuadra de la calle Tarata, en Miraflores. Eran las 9 de la noche, aproximadamente, de ese 16 de julio de 1992, cuando la ferocidad homicida de SL castigó duramente la pequeña y estrecha calle. La onda expansiva afectó también una zona amplia de esa parte del distrito de Miraflores. Y es que, a la violenta explosión de un primer automóvil en el interior de la calle, le siguió un segundo coche-bomba que estalló en la esquina de Tarata y Alcanfores. La explosión de 400 kilos de ANFO y dinamita en plena calle destruyó no solo viviendas multifamiliares y locales comerciales sino también otros vehículos y agencias bancarias a 300 metros a la redonda. En Miraflores, no solo fueron afectados los edificios ya mencionados; en igual o menor medida lo fueron los hoteles Las Américas, César’s y Diplomat; los bancos Continental, De Crédito, Popular, Industrial, Del Sur, Interbank, Mutual Perú; así como las tiendas Mass, Scala, Studium, Galerías Persia, Le Baron, La Americana, Galerías Larco, La Pluma de Oro, entre otros locales ubicados a varias cuadras de distancia de la calle Tarata. La Policía Nacional del Perú (PNP) cumplió su rol e informó que habían sido detenidos, en las cercanías del lugar del atentado, dos presuntos terroristas de SL: un hombre, en la calle Shell, tras un tiroteo con vigilantes del Banco de Crédito; y una mujer, a tres cuadras de donde se produjo el estallido. La búsqueda de otros senderistas fue incesante y daría sus frutos posteriormente. Pero esa noche fue difícil conciliar el sueño en Miraflores, en Lima y en casi todo el país. Lo ocurrido en la calle Tarata de Miraflores fue inconcebible, con 25 muertos y 155 heridos; además de las 360 viviendas seriamente afectadas. Sin embargo, tras la conmoción que causó el atentado de la calle Tarata se pasó a la indignación y a una masiva movilización ciudadana contra una organización que ya había causado miles de muertos desde 1980 en el país andino. El ataque permitió a los capitalinos tomar la dimensión de la violencia senderista que asolaba al país, al haber golpeado en el distrito símbolo, si se quiere, de Lima y recién tomaron conciencia de la brutalidad del terrorismo, al sentir en carne propia lo que durante una década habían sentido los pobladores al interior del país. Por cierto, Abimael Guzmán nunca dio ni una mínima señal de arrepentimiento ni pidió perdón a sus víctimas, ni al país en general, por los crímenes como el ocurrido en la calle Tarata. Tampoco lo han hecho nunca los miembros de la dirigencia de Sendero Luminoso que lo sobreviven. Al contrario, o los han justificado como parte de una “guerra popular” o los han presentado, en todo caso, como “un simple error táctico”. Eso es lo que argumento el propio cabecilla senderista durante su interrogatorio tras su captura, afirmando que el objetivo era la sede del Banco de Crédito, a una cuadra del lugar. Visto desde fuera del país, la situación que se vivía en el Perú era verdaderamente preocupante porque muchos gobiernos temían que esa violencia podría expandirse a sus países por lo que para evitarlo, el por entonces presidente argentino Carlos Saúl Menen solicito a los EE.UU. “liderar una fuerza multinacional que invadiría inmediatamente el Perú si Sendero se hacía con el poder para evitar que se convierta en una segunda Camboya”, donde como recordareis, los genocidas maoístas del Krmer Rojo asesinaron a la mitad de la población (un millón y medio de los tres que eran originalmente) durante su breve y sangriento régimen de 1975 a 1979, y si no los mataron a todos cuál era su vil propósito - “para empezar desde cero” como propugnaba un enloquecido Pol Pot, a quien admiraba Guzmán - es que fueron invadidos por los vietnamitas, quienes los derrocaron. Paradójicamente, el sangriento atentado de la calle Tarata fue el inicio del fin del grupo terrorista, ganándose el rechazo general y el repudio a sus atroces crímenes. Ciego ante la realidad, Guzmán se creía invencible, pero lo que no sabía es que su hora de rendir cuentas estaba cerca (Próximo capítulo: La caída del Sol)
