‘Heredero’ del emblemático Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia (MNAAH), que se ubicaba en Pueblo Libre, un lugar céntrico y fácilmente accesible, pero que, debido a la antigüedad del edificio y la falta de espacio para exponer sus colecciones, se decidió trasladarlas a un nuevo destino ubicado en un agreste desierto lejos de Lima, donde hoy - para mayor vergüenza de las autoridades que no hacen nada por recuperarlo - yacen prácticamente en el olvido. Nos referimos al Museo Nacional del Perú (MUNA), que se encuentra en el kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín. Su volumen domina el paisaje cercano al santuario de Pachacámac y ocupa casi setenta mil metros cuadrados distribuidos en siete niveles, tres de ellos subterráneos. Fue concebido como el gran espacio de la memoria precolombina del país, pero que hoy atraviesa un periodo de incertidumbre debido a que permanece cerrado al público, prácticamente abandonado a su suerte. El imponente edificio, que cuenta con cerca de 70,000 metros cuadrados de infraestructura moderna destinada - aseguraron - “a albergar y exhibir el patrimonio cultural del país”, desde su apertura nunca ha podido operar con normalidad. Entre las principales dificultades se encuentran problemas técnicos en sus instalaciones y deficiencias en el acceso vial al recinto, factores que han limitado su funcionamiento y la llegada de visitantes. Esta situación ha generado preocupación en el sector cultural, dado que el MUNA fue concebido como uno de los proyectos museísticos más ambiciosos del Perú, llamado a convertirse en un espacio clave para la preservación y difusión de la historia nacional. Cabe precisar que, desde el 14 de diciembre del 2024, el espacio permanece sin recibir público. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, se precisó que el viernes 13 de diciembre del mismo año fue la última jornada de atención. De este modo, el proyecto más emblemático del sector Cultura supera ya más de un año con las puertas cerradas, a pesar de que su edificación implicó una inversión cercana a los S/ 500 millones y de que fue inaugurado el 24 de julio del 2021, en el contexto de las celebraciones por el Bicentenario. Durante su breve etapa operativa funcionó con exposiciones temporales, pero la gran muestra permanente de arte precolombino nunca estuvo lista. El proyecto que buscaba reorganizar y poner en valor el patrimonio nacional atraviesa ahora cuestionamientos por fallas técnicas y por limitaciones de acceso que impiden su funcionamiento regular. El exministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, detalló públicamente las fallas durante una entrevista concedida a Willax Televisión. De acuerdo con lo señalado, el techo presenta problemas de filtración, no se implementó un sistema de bombeo para la napa freática y el sistema de climatización - fundamental para la adecuada conservación de piezas arqueológicas - no funciona de manera óptima, producto del apuro y la improvisación en su construcción. A esta problemática se añade un obstáculo fundamental: el acceso. Por ese motivo, el Museo Nacional del Perú (MUNA) no cuenta con las condiciones óptimas necesarias, lo que hace imposible visitarlo debido a la inexistencia de una vía de ingreso. Además, el sistema de bombeo para la napa freática y el sistema de frío, esenciales para la conservación de piezas arqueológicas, no funcionan correctamente. “Si el MUNA estuviera en perfecto estado, tampoco lo podríamos visitar porque no existe una vía de acceso. No hay cómo”, afirmó el exministro. La frase resume una paradoja: aun con las salas listas, el público no podría llegar con seguridad. Cabe precisar además que el sistema de climatización resulta clave en un museo dedicado a bienes precolombinos. Las variaciones de temperatura y humedad comprometen textiles, cerámicas y piezas orgánicas. Pero sin un control estable, la exhibición permanente pierde viabilidad. El recinto cuenta con bibliotecas, auditorio, archivos, talleres y laboratorios de investigación. Sin embargo, esas instalaciones no operan a plena capacidad mientras el edificio permanece cerrado. El problema no radica en la falta de espacio, sino en la imposibilidad de garantizar condiciones técnicas y logísticas para su uso continuo. Cabe precisar que la idea de un museo nacional no nació en el siglo XXI. En 1822, el Libertador José de San Martín propuso la creación de un museo, una biblioteca y un archivo nacional en plena guerra de independencia. El anhelo permaneció como referencia histórica durante décadas. El proyecto del actual Museo Nacional del Perú surgió como parte de un plan de remodelación del antiguo Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y como una estrategia para reorganizar colecciones que excedían sus depósitos. La por entonces ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón Gallo, impulsó la iniciativa durante el gobierno de Ollanta Humala. En un inicio se evaluó la construcción de un gran museo en la Amazonía. Finalmente se optó por la zona sur de Lima, cerca del Santuario de Pachacámac, en un área con disponibilidad de terreno. En el 2014 el Ministerio de Cultura lanzó el concurso de ideas arquitectónicas y en el 2016 comenzó la construcción. El 29 de diciembre del 2020, mediante el Decreto Supremo Nº 018-2020-MC, Francisco Sagasti formalizó la creación del Museo Nacional del Perú. La inauguración oficial ocurrió meses después, en julio del 2021. El MUNA definió como misión “ser un espacio de diálogo y encuentro a través de la protección y valoración de la diversidad cultural”, con énfasis en las relaciones entre distintos grupos a lo largo de la historia. También proyectó convertirse en entidad rectora y articuladora de los museos del país. Sin embargo, ese diseño institucional contrasta con su situación actual. El edificio se ubica en Lurín, en un tramo de la Antigua Panamericana Sur. No cuenta con un acceso peatonal seguro ni con infraestructura vial suficiente para grandes flujos de visitantes. Tampoco se contempló una estación del futuro metro subterráneo que conecte directamente con el museo. En otras ciudades, los grandes museos integran su planificación a sistemas de transporte masivo. En este caso, el visitante depende de vehículos particulares o de rutas que no llegan hasta la puerta del recinto. El ministro fue directo al describir el escenario: “No hay cómo”. La falta de conectividad afecta tanto a escolares como a investigadores y turistas. Sin vías adecuadas, el museo queda aislado. La inversión millonaria no se traduce en circulación constante de público ni en dinamización cultural de la zona. El Museo Nacional del Perú representa una de las obras culturales más costosas del Estado en los últimos años. Su construcción demandó alrededor de quinientos millones de soles. Pese a ello, funcionó menos de tres años hasta fines del 2024 y nunca consolidó su exposición permanente de arte precolombino. El debate público gira en torno a la supervisión de la obra y a la continuidad de la política cultural. El propio exministro reconoció que los problemas estructurales requieren atención prioritaria. Las declaraciones oficiales evidencian que la reapertura depende de correcciones técnicas y de soluciones de acceso. El contraste resulta evidente: un edificio de gran escala, concebido para custodiar piezas que narran miles de años de historia, permanece cerrado mientras se revisan sistemas básicos. La misión institucional apunta a articular memoria, investigación y difusión. La realidad impone resolver filtraciones, bombeo de agua subterránea y climatización. A más de un año del cierre, el MUNA se mantiene como un proyecto inconcluso en términos operativos. ¿Un elefante blanco? Obviamente que sí. Su estructura permanece en pie en Lurín, a pocos kilómetros de Pachacámac. Las salas esperan visitantes que no llegan. Las colecciones aguardan condiciones estables para exhibirse. El calendario avanza mientras el museo más grande del país continúa sin público... Es el precio de la improvisación que lamentablemente, se da en todo sentido en el Perú.
Ya lo habíamos advertido desde hace un tiempo atrás. El megapuerto de Chancay construido por China se ha convertido en el nuevo tema de interés por parte de los EE.UU. Como recordareis, el año pasado, la administración estadounidense había expresado su “preocupación” por el incremento de las relaciones comerciales e inversiones estratégicas, como la minería y la infraestructura portuaria y vial por parte del Gobierno y las empresas chinas. En el 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, durante una reunión con los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, advirtió a las autoridades peruanas “que China representaba una amenaza para los pueblos y la paz en la región”, enfatizando que era necesario frenar sus “oscuros intereses económicos” (?). Como sabéis, la situación del Perú en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China se ha vuelto más compleja en los últimos meses, no solo porque se mantiene la creciente presencia económica china, sino también por declaraciones públicas de autoridades de ambos países y por el reciente fallo judicial a favor de la empresa china Cosco Shipping y en contra de OSITRAN sobre el megapuerto de Chancay. Perú intenta navegar entre las dos potencias con una estrategia de «multi alineamiento» o «neutralidad activa», aunque el enorme peso económico de China y la reciente agresividad geopolítica de EEUU están poniendo a prueba este equilibrio. Habría que preguntarse si esta “estrategia” continúa siendo o no manejable para el Perú, en momentos en que se atraviesa una nueva crisis política con el regreso del comunismo al Poder, (gracias a Rafael López Aliaga, el topo caviar). Es clara la existencia de una interdependencia económica con China; además, Perú forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta desde el 2019, lo que ha profundizado su vínculo con Beijing, para disgusto de Washington. Sin embargo, también existe una relación estratégica “histórica” con Estados Unidos (para quienes siguen siendo parte de su patio trasero). Cabe precisar que, luego del autogolpe de Kenyo Fujimori en 1992, Washington priorizó la estabilidad económica y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En los años noventa, el gobierno de Fujimori promovió reformas estructurales en el marco del llamado Consenso de Washington: privatizaciones, apertura comercial y disciplina fiscal. De igual manera, Estados Unidos fue un actor clave en la reinserción financiera internacional del Perú tras la crisis de la deuda de los años ochenta. Empresas estadounidenses, aprovechando este contexto, invirtieron en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y finanzas, consolidando su presencia en sectores estratégicos. A ello debemos agregar que, en el 2006, el Perú firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, implementado en el 2009; facilitando el acceso preferencial al mercado estadounidense; aunque lo puso en desventaja en cuanto a candados en inversión y resolución de controversias. En el 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el documento “Agency Strategic Plan Fiscal Years 2026-2030 U.S. DEPARTMENT of STATE”; en dicho documento, la Administración Trump señaló que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás será cuestionado” y estableció la denominada nueva “Doctrina Donroe” en alusión a la Doctrina Monroe de 1823, señalando que no permitirán que ningún adversario establezca una base militar en cualquier lugar de la región, incluidas instalaciones con posibilidades de doble uso, como han señalado los funcionarios estadounidenses respecto al megapuerto de Chancay, al que consideran que puede convertirse en una base para los submarinos chinos, al estar ubicado en aguas profundas, y por lo tanto, “una amenaza a su seguridad que debe ser neutralizada”. Resumiendo, fue una relación de alta dependencia económica y fuerte alineamiento político, que sentó las bases del modelo económico peruano contemporáneo y definió buena parte de su inserción internacional antes del ascenso de China como principal socio comercial. Como sabéis, Cabe recordar que China es actualmente el principal socio comercial del Perú y concentra alrededor del 33 al 40% de sus exportaciones, (comparado con aproximadamente el misero 11 al 14% de EE.UU.) especialmente de minerales como cobre y hierro. Su presencia es determinante en minería (Las Bambas, Toromocho, Shougang), energía eléctrica (monopolio de la distribución en Lima Metropolitana) e infraestructura portuaria y de transporte (donde destaca el megapuerto de Chancay), que ha adquirido una dimensión geopolítica. Debido a ello, autoridades estadounidenses han expresado su “preocupación” sobre la creciente influencia china en infraestructura crítica en América Latina, aludiendo a posibles implicancias estratégicas. En respuesta, las autoridades chinas han defendido la naturaleza “estrictamente comercial” del proyecto y han cuestionado lo que consideran interferencias externas. Para el Perú, China representa inversión, financiamiento y un mercado clave para sus exportaciones. Por cierto, las recientes declaraciones públicas de representantes de Estados Unidos sobre la presencia china en puertos e infraestructura estratégica han sido interpretadas en el debate interno como advertencias sobre seguridad y soberanía. Paralelamente, voceros chinos han subrayado que sus inversiones respetan la legislación peruana y la soberanía nacional. No está de más recordar que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense se pronunció en X (exTwitter) de la siguiente manera: “Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”. Como era lógico, China expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del megapuerto de Chancay y acusó a Washington de realizar una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco Shipping. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense. Por su parte, el nuevo Embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, también en su cuenta de X dijo: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”. Vaya hipocresía, de alguien que representa a un país que prácticamente se ha apoderado de Venezuela, adueñándose de su petróleo, cosa que pretende repetir en Irán, cual piratas que actúan al margen de la ley. Este cruce discursivo ha colocado al Perú en una posición incómoda: cualquier pronunciamiento puede ser interpretado como un alineamiento con una de las potencias. La narrativa de la “soberanía” se ha vuelto central, especialmente en un contexto donde el país enfrenta fragilidad institucional y polarización política. Y, hablando de soberanía, a Estados Unidos no le importa ni el concepto ni la práctica. Es más, las intervenciones militares de EE.UU. en otros países siempre estuvieron hipócritamente acompañadas del discurso de “paz”, “democracia” y sí, aunque no lo crean, “soberanía”. Sin embargo, ahora el Criminal de Guerra, maldito pedófilo y violador de niños Donald Trump es mucho más claro y transparente en relación a países que en su insania, considera sus enemigos: quiere su petróleo, quiere sus recursos, recuperando así su protagonismo global, por lo que países como el Perú, podrían ser presas fáciles de esta estrategia imperialista. Un elemento particularmente sensible ha sido el proceso judicial mediante el cual Cosco Shipping logró en primera instancia un fallo favorable que limita determinadas funciones de supervisión de OSITRAN (organismo regulador de infraestructura de transporte de uso público) en relación con el megapuerto de Chancay. La sentencia señala que «El uso público no convierte al bien en dominio público ni lo somete automáticamente a un régimen concesional o regulatorio pleno». Si bien el proceso se enmarca en disputas contractuales y regulatorias, en el contexto de la rivalidad geopolítica adquiere una lectura mayor: ¿hasta qué punto el Estado peruano mantiene plena capacidad de regulación y supervisión sobre activos estratégicos operados por empresas estatales extranjeras? ¿Qué tan fuertes son sus organismos autónomos, como OSITRAN? ¿Tiene la capacidad, como país, para tener un equilibrio entre la promoción de la inversión y la defensa del interés público? La respuesta cae por su propio peso: el marco normativo y la institucionalidad pública han seguido debilitándose, los poderes públicos están tomados por intereses mafiosos sedientos de poder. Tradicionalmente, el Perú ha seguido una política exterior pragmática, manteniendo relaciones comerciales tanto con China como con Estados Unidos. Sin embargo, el creciente peso económico de China y la agresividad geopolítica de EE.UU. están rompiendo ese equilibrio. La competencia entre ambas potencias reduce el margen de maniobra que Perú había venido teniendo. A ello hay que sumar la permanente inestabilidad política por la que atraviesa el país andino, por culpa de una corrupta clase política que, desde el Congreso, saca y coloca gobernantes a su voluntad, con el único objetivo de repartirse el poder. En este escenario, los riesgos de la inestabilidad están referidos, por un lado, a la dependencia excesiva de un solo mercado, al debilitamiento institucional frente a grandes inversiones y a la instrumentalización política de proyectos estratégicos. Reiteramos, el Perú no es un actor protagónico en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, pero sí es un territorio estratégico por sus recursos y su ubicación. Los últimos acontecimientos evidencian que la competencia entre potencias ya no es abstracta: se expresa en decisiones regulatorias concretas y en debates sobre la capacidad del Estado peruano para ejercer plenamente su autoridad. Con un demente como Trump - quien con la fuerza de las armas pretende decidir el destino del mundo - no le será difícil intentar doblegar al Perú para expulsar a los chinos de su territorio y ocupar su lugar. De un pederasta que se ufana de decidir “quien debe gobernar un país” usando la fuerza para alcanzar sus objetivos, se puede esperar lo peor. (Por cierto, en estos momentos se realiza en Miami, la denominada “Cumbre Escudo de las Americas” con la presencia de Trump y sus perros falderos de la región - liderados por ese abyecto arrastrado de Javier Milei - con el único propósito de cerrarle el paso a China y "restaurar la preeminencia" de los EE.UU. en el hemisferio occidental, tratando de imponer su aberrante Doctrina Donroe. Si bien el Perú no está presente en la cita, al haber sido José Jerí censurado - quien había sido invitado previamente - la mirada de Washington estará puesta en el megapuerto de Chancay. A estar atentos a sus pérfidas amenazas)
Como sabéis, el Perú está atravesando una crisis energética con tres componentes: la agresión criminal de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha causado una disminución de la oferta de petróleo y gas natural, lo que ha traído como consecuencia una fuerte alza de precios. A ello debemos agregar que la sospechosa voladura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), impide el flujo de gas natural de Camisea a Lima y que ha causado el cierre del poliducto que trae los líquidos sobre todo el GLP. A ello debemos agregar la crisis financiera de Petroperú, que ha causado la disminución de la oferta de combustibles de la refinería de Talara, debido al déficit de caja que le impide comprar el petróleo crudo para la producción de combustibles, sobre todo gasolinas y diésel. Ante todo, veamos primero la voladura. Para traer el gas natural hay un gasoducto operado por TGP que va de Camisea a Lima (algo más de 500 Km). Los primeros 200 km de este gasoducto atraviesan zona de selva hasta llegar a Chiquintirca, ya en la sierra. Desde allí se ha construido un segundo gasoducto, de propiedad de Peru LNG, alimentado por el ducto de TGP, y que va desde Chiquintirca hasta Cañete, donde se encuentra su planta de exportación de gas. El ducto, que llegó a la costa en el 2004, ha volado en la zona de selva, antes de Chiquintirca, lo que ha interrumpido el transporte de los dos gasoductos. ¿No se sabía que esto podía suceder? Claro que se sabía. Entonces aquí frente a un problema grave de seguridad en el abastecimiento energético que tiene dos fallas: una, la del concesionario (la empresa EGI, de EE.UU., que acaba de comprar el 48% del paquete accionario a un fondo canadiense) relacionada al mantenimiento de la tubería. La otra falla es del Estado, que sabía que debía construirse un gasoducto paralelo hasta Chiquintirca para tener redundancia. Si falla un ducto, se tenía otro. Este segundo gasoducto serviría para atender la demanda de la sierra sur, llegaría al Cuzco y, de allí, bajaría a Arequipa, Ilo y Mollendo. De esta manera, se tendría también descentralización energética. Ese era el Gasoducto Sur Andino (hoy denominado Sur Peruano), que quedó trunco a principios del 2017 (con un 40% de avance) debido a que la corrupción de Odebrecht llevó a la finalización del contrato. Los tubos están custodiados por la empresa Estudios Técnicos SAS, desde esa fecha, al costo de US$ 45 millones anuales. En el 2020 se encargó un estudio a la empresa británica Mott Macdonald para analizar la vialidad de un gasoducto al sur. Mott ratificó la ruta del GSP como la más adecuada, pero, hasta ahora, todo ha quedado en nada. Esa es una grave responsabilidad del Estado: no se ha tomado ninguna iniciativa para reanudar el proyecto. En consecuencia, no hay redundancia desde Camisea hasta Chiquintirca. Y por eso, ahora, no llega el gas a Lima. Y, claro está, tampoco se puede abastecer al gasoducto de Peru LNG de Chiquintirca a Cañete. Agreguemos que hay un ducto de líquidos desde Camisea a Lima, que trae el GLP. Ese ducto no ha volado, pero ha sido parado “por seguridad”. Ojo, ese ducto de líquidos tampoco tiene redundancia. La solución ideal sería tener una red nacional de gasoductos, como en Bolivia, Argentina, Méjico y Colombia para masificar el gas en todo el país. Esa masificación necesita, siempre, el impulso del Estado, como ha sido el caso del proyecto Camisea que ha traído el gas a Lima, ya que ha tenido múltiples incentivos tributarios e, incluso financiamiento del propio gasoducto con el alza de las tarifas eléctricas pagadas por todos los usuarios. Como no hay esa red, Lima representa, hoy, el 83% del consumo nacional con 600 millones de pies cúbicos diarios, a diferencia de los países arriba mencionados, donde la red de gasoductos permite una masificación descentralizada. Con ese consumo, Lima puede hacer subsidio cruzado (los sectores de mayores ingresos subsidian a los de menores ingresos). Pero, ojo, ese gran consumo no se va encontrar en la sierra. Allí debe tenerse en cuenta la rentabilidad social. Pero eso no ha “calado” en los proyectos de las 7 Regiones que han fracasado todos, desde el 2005. Sigue predominando el centralismo limeño. Incluso en la costa norte y la costa sur solo llega gas a domicilios en pequeños camiones cisterna, los mismos que no pueden alimentar la demanda ni siquiera de una ladrillera grande. Aquí viene el gran problema: las centrales térmicas de Chilca (que consumen la mitad de los 600 mmpcd) se abastecen de gas natural y proveen el 50% de la oferta eléctrica del Perú. Ahora van a quemar diesel, que es cinco (5) veces más caro. Y los precios de la luz pueden subir, comenzando por los consumidores independientes. Y están también los taxistas que usan GNV. Y los dos millones de domicilios de Lima con conexiones de gas natural. Sobre esos temas hay amplia cobertura periodística. Es el costo de no planificar. Tampoco tocamos aquí el tema de la exportación de 600 mmpcd por año del gas de Camisea, cuyo contrato vence en el 2028. El segundo componente es la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de los grandes buques petroleros y originando un alza global de precios, que no solo se da en el Perú. Se instala así mediante la fuerza un nuevo marco, que incluye el fin del multilateralismo, el orden basado en reglas desde la Conferencia de Bretton Woods en 1944 y la vuelta de la preeminencia del Estado-Nación (Trump, Make America Great Again), los ataques al neoliberalismo y al libre comercio (ahora “el capital sí tiene patria”) y con el ascenso de una plutocracia tecnocrática concentradora del ingreso y el aumento de la desigualdad. Asimismo, un eje central es la lucha por la hegemonía global en el siglo XXI planteada por EEUU, en momentos de ascenso de China, con transformaciones estructurales. La geopolítica avanza a toda vela, renace el imperialismo, la doctrina Monroe (rebautizada como ‘Donroe’ por el Criminal de Guerra, maldito pedófilo y violador de niños Donald Trump) para América Latina y la “seguridad” en el Medio Oriente, que para Trump y los sionistas significaría el cambio de régimen en Irán buscando su completa aniquilación y apoderarse de sus riquezas. Para lo que interesa en este artículo: el Medio Oriente comienza a estar en llamas, Irán afirma cerro el Estrecho de Ormuz por donde pasa el 25% del petróleo mundial y se produce, en Qatar, el 25% del gas natural licuefactado (LNG). Se atacan las refinerías de la zona y aumentan los precios de los combustibles. El tercer componente es la crisis de Petroperú. En estos momentos no tiene la caja suficiente para comprar los 85,000 barriles diarios de petróleo crudo para alimentar la refinería y está operando con solo 60,000 mbd, cantidad que disminuirá mes a mes. Como resultado, cae la oferta de gasolinas y diesel. Como la demanda se mantiene, los precios comienzan a subir. Llueve sobre mojado. Para el actual gobierno “de transición” los problemas que atraviesa la empresa son de su sola responsabilidad. Ciertamente, existen problemas de gobernanza y de gestión que deben ser encarados, siendo uno de ellos la demora en la contratación de las unidades auxiliares de la refinería de Talara. Pero se obvia la responsabilidad de las políticas de Estado, que no le ha permitido volver a la integración vertical, privándola de ingentes ingresos. Su injerencia ha sido constante, imponiendo desembolsos inconstitucionales (pago de pensiones, impuestos a las ventas de combustibles, no devolución del IGV por las ventas de combustibles en la Amazonia), ya que se viola el Art. 60 de la Constitución (las empresas privadas y públicas deben tener igual trato). Además, se bloquearon los planes de fortalecimiento del Informe de la consultora Wood Mackenzie en el 2015, que recomendó la eliminación del IGV de la amazonia y que la empresa retome la integración vertical accediendo a la producción de petróleo en lotes sin riesgo. Es necesaria una discusión de fondo sobre estos problemas, lo cual no puede ser abordado en 60 días, amparado en un Decreto de Urgencia cuestionado está siendo revisado en el Tribunal Constitucional) y carece de base técnica, como lo ha resaltado el Colegio de Ingenieros. En los últimos meses la empresa había comenzado a revertir la situación: las pérdidas disminuyeron y el EBITDA (capacidad de pago de las deudas) pasó de rojo a azul. Similar situación atravesó la Refinería de Cartagena en Colombia (a mediados de la década pasada) ya que tuvo pérdidas (y EBITDA negativos) hasta que su funcionamiento se estabilizó y ahora es un activo valorado. Lo preocupante aquí es que los números positivos hasta diciembre pasado se van a volver negativos en este primer trimestre: si produces menos, vendes menos, pierdes mercado. Y, para lo que interesa en este artículo, un menor abastecimiento de combustibles causa escasez. Y aumentan las pérdidas. ¿Es eso lo que se está buscando? ¿Es la crónica de una muerte anunciada? Debe haber es una discusión integral sobre los problemas de la empresa para entender y analizar cómo superarlas para lograr un consenso. No se trata de un juego de suma cero, donde solo gana un sector. Si hablamos de consenso es que se llega a metas, fines y políticas compartidas. Se sabe también que hay alternativas de financiamiento presentadas por la banca de inversión internacional. Por tanto, hay caminos de salida que no son aquellos del remate al martilleo de los activos del Estado. En conclusión, el Perú no tiene un Plan Energético de Largo Plazo, aunque usted no lo crea. Debemos tener seguridad y soberanía energética. Hay que planear la matriz energética de los próximos 30 años, ahora: el rol de las energías renovables (solar, eólica) en medio de una transición energética para combatir el cambio climático que amenaza al planeta. y, en ese marco como se orienta la inversión privada, así como las políticas públicas, lo que incluye el rol de Petroperú; el apoyo a las poblaciones alejadas de la amazonia, la protección al medio ambiente y la amazonia, las energías limpias y las tierras raras, base de la inteligencia artificial en el siglo XXI. La transición energética necesita un Plan Nacional de Masificación del Gas Natural, que es más barato y menos contaminante que el petróleo. También incrementar las reservas de gas natural, que debieran incluir al Lote 58 de la empresa china CNPC (la cual no produce actualmente) para garantizar el abastecimiento del mercado interno por 30 años más. Urge además una red nacional de gasoductos (con redundancia en Chiquintirca, claro está) que lleguen a la Sierra y la Costa Sur, con participación privada. El gas de Talara puede fácilmente llegar hasta Trujillo. Todo no se puede hacer a la vez, pero falta decisión política. En cuanto al Gasoducto Sur Peruano, paralizado desde el 2017 - tras la disolución del contrato por corrupción - este proyecto energético no debe quedar abandonado, retrasando la masificación del gas natural y afectando con ello la expectativa de energía más económica para hogares e industrias. De estar actualmente en funcionamiento, no existiría el grave problema que se vive ahora. Este podría haber una realidad hace mucho si hubiese existido voluntad política por parte de los gobiernos de turno, que cedieron a las presiones de grandes grupos económicos que se opusieron a su realización, argumentando que se trataba de “una competencia desleal”. Por cierto ¿Os habéis percatado que, por tratarse TGP una empresa privada, los talibanes privatizadores callan en todos los idiomas y no la culpabilizan de nada? Pero si sería una empresa estatal como Petroperú, les faltaría espacio y tiempo para despotricar de ella en todos los medios de comunicación... Menuda panda de hipócritas. El desabastecimiento de hoy motiva esa reflexión y los partidos políticos deben liderar la discusión del futuro. Con esta situación mundial no se deben dejar las cosas “a la suerte”, ni solo a las reglas del mercado. Nada puede garantizar que nunca más haya una voladura (y se deben determinar las responsabilidades). Pero sí hay que ser ser capaces de tener alternativas potentes frente a cualquier adversidad que se presente. Por ello, el Gasoducto Sur Peruano no puede quedarse en una promesa más... el país lo reclama.
Lo que nos enseña la historia, es que muchas veces en el Perú ocurre lo impensado. Cuando en el mundo y en la región, la izquierda retrocede desprestigiada por su incompetencia e incapacidad de resolver los problemas de sus poblaciones, y en el Perú se había logrado con un gran esfuerzo del bloque democrático en el Congreso destituir al golpista Pedro Castillo y enrumbar al Perú en la dirección del crecimiento económico, del desarrollo y reducción de pobreza, a través de alianzas que permitieron gobernabilidad frente a la irresponsabilidad e incompetencia de una izquierda corrupta, el cabecilla de Renovación Caviar, Rafael López Aliaga , posibilito que un comunista como José María Balcazar ocupe el sillón de Pizarro en reemplazo de José Jerí. Por cierto, su elección como presidente no fue un accidente político; es un síntoma de la descomposición moral de la clase dirigente peruana. ¿Quién es realmente Balcázar? Es el depravado que, desde su curul, defendió el matrimonio infantil y que las niñas tengan relaciones sexuales “tempranas” para su bien psicológico. Un despreciable sujeto expulsado de su gremio, el Colegio de Abogados de Lambayeque, por un desvío de 2.7 millones de soles a sus cuentas personales, hablamos de alguien capaz de plagiar la tesis de su propio hijo y que lleva con desparpajo el récord de más de una docena de carpetas fiscales en las que es el investigado. Este es el insulso personaje que hoy ostenta la banda presidencial: un hombre sin credenciales éticas, una sombra que debería estar respondiendo ante la justicia por corrupto, pedófilo y ladrón, y no gobernando un país. Como recordareis, el Perú avanzó mucho en estos últimos años desde el caótico régimen filosenderista de Pedro Castillo que solo trajo fuga de capitales y de talento, pobreza, inflación y una parálisis económica. En los últimos dos años, las inversiones que se habían ejecutado años atrás, especialmente en infraestructura, minería y agricultura, desde el gobierno de Fujimori dieron frutos y permitieron aprovechar los altos precios internacionales de los metales y los tratados de libre comercio que el Perú había firmado años atrás. De esta manera se llegó al 2026 con una situación expectante, indicadores macroeconómicos inmejorables y la expectativa de unas elecciones entre candidatos que abrazaban la libertad de empresa y la economía de mercado. Ese sueño se truncó a con la destitución de Jeri y la elección, otra vez, de un comunista a la Presidencia de la República por las bancadas de izquierda, y la complicidad irresponsable de Renovación Caviar. No podemos culpar únicamente de este desenlace a la izquierda que está en su juego, pero hay varios que actuaron irresponsablemente o se dejaron estar frente a la permanente amenaza de la izquierda. En primer lugar, la prensa basura fue implacable tanto con Dina Boluarte como posteriormente con José Jeri, ambos con defectos y acciones criticables, pero que no merecían destituciones express, violando la Constitución y el espíritu democrático del debido proceso. En segundo lugar, la llamada sociedad civil, las élites intelectuales, sociales y económicas del país que se dejaron estar, bajando la guardia frente a la izquierda, con la complacencia que les generaba ver una región que se derechizaba y una economía peruana que se enrumbaba otra vez al crecimiento y desarrollo. Finalmente, el otro gran responsable de este desastre es López Aliaga, que sabiendo la fragilidad de la alianza en el Congreso que había logrado dar gobernabilidad al país y respaldar a presidentes no comunistas como Boluarte y Jeri que tuvieron defectos pero también logros, no tuvo empacho en anteponer sus intereses políticos personales, sin medir las consecuencias de sus acciones sobre los intereses del Perú, y subirse al coche de la izquierda y los caviares para destituir a Jerí y terminar permitiendo que el Congreso nombre a un presidente de extrema izquierda. Lo más indignante de todo ello es que López Aliaga no admita la barbaridad cometida, y trate de culpar a otros de su bestialidad, pero a nadie engaña, como se percibe en las encuestas donde su caída es imparable. El daño ya está hecho y lo que resta es controlar los daños para que el Perú no termine en la mano del comunismo en las próximas elecciones. Quedan poco más de 5 meses a este gobierno y será responsabilidad del Congreso, de los medios de comunicación sensatos, y de la sociedad civil que todos representan, de hacer una marcación estricta a este nefasto régimen filosenderista, no permitiendo acciones que desestabilicen más al país, como intentar convocar a una espuria constituyente para cambiar la Constitución, la liberación de delincuentes terroristas como Pedro Castillo, Betssy Chávez o Guillermo Bermejo, que intenten afectar el proceso electoral, o lo avanzado en la economía. Otro caso similar es del prófugo líder de Peru Libre - Vladimir Cerron - que ha demostrado meridianamente que gobierna desde las sombras y que hará todo lo posible mediante el fraude, imponerse en los comicios del próximo 12 de abril. Ya lo hicieron el 2021 y ahora pretenderán repetirlo con ese monigote de Balcázar en Palacio, que no tiene poder alguno. Por ello, los sectores democráticos deberán en sus plataformas electorales desenmascarar tanto a la izquierda empobrecedora por lo que es - y resaltar la superioridad moral, material y democrática de sus idearios - así como a los topos de los caviares representados por Rafael López Aliaga. El adversario no solo está en él comunismo anacrónico y en la izquierda caviar que por más de 20 años ha manejado el país, impidiendo su desarrollo y que pretenden continuar haciéndolo, sino también en aquellos sujetos inescrupulosos y venales como Porky, quien, en busca de lograr sus propósitos, no duda en aliarse groseramente con los enemigos del Perú. Que ello no se repita y sea castigado severamente en las urnas.... Lo que ha hecho este miserable no tiene perdón.
Su nombre deriva del idioma quechua que significa “cabe en el centro”, en referencia a su ubicación entre las montañas de Huascarán y Contrahierbas. Localizada en la región de Ancash, provincia de Yungay, a una altitud de 6354 msnm., se trata de la quinta montaña más alta del Perú, también considerada como el tercer pico del Macizo del Huascarán, y es uno de los ascensos más retadores para los andinistas. Al ubicarse en el corazón de la Cordillera Blanca, su cima nos muestra una vista panorámica exclusiva, ofreciéndonos una espléndida vista de los lagos turquesa de Llanganuco. La primera ascención del Chopicalqui se realizó en 1932. La expedición del DAV (Deutscher Alpenverein) a Cordillera Blanca, dirigida por Philip Borchers (DE). Tras fracasar en el Champará y Contrahierbas, y realizar la primera ascensión del Huascarán Sur, Borchers (DE), H. Hoerlin (DE), E. Schneider (DE) y E. Hein (DE), alcanzaron la cumbre del Chopicalqui, siguiendo la arista suroeste, el 3 de agosto. En días posteriores se realizarían varias primeras ascensiones, entre ellas el Artesonraju y Huandoy Norte. Para llegar al nevado, hay que iniciar el recorrido desde Huaraz, para realizar una aclimatación en la Laguna de Churup a 4.450 m.s.n.m. siguiendo el recorrido debe dirigirse hacia el norte del Callejón de Huaylas, hasta la ciudad de Yungay y ascender a la Quebrada Llanganuco, pasando por las lagunas Chinancocha y Orconcocha. Son dos espejos turquesa rodeados de paredes verticales. Desde sus orillas se observa perfectamente la cara de la montaña. Por cierto, su reflejo es uno de los paisajes más buscados por viajeros y fotógrafos. Luego, hay que dirigirse hacia el portachuelo de Llanganuco y terminar hasta el campo base de Chopicalqui a 4.350 m.s.n.m. para empezar la ascensión hacia la cumbre. El transcurso hacia el glaciar es bien pesado y se encuentra señalado por hitos de piedra, ya que el ascenso es peligroso, porque se desploman rocas desde encima de la pared, por lo que se recomienda pasar esos puntos velozmente, sin agruparse y con casco. Lamentablemente, al igual que muchos otros picos de la Cordillera Blanca, el Nevado Chopicalqui ha experimentado un retroceso significativo de sus glaciares en las últimas décadas debido al cambio climático. Este fenómeno ha cambiado el paisaje de la montaña y ha planteado nuevos desafíos para los alpinistas que buscan conquistar sus cumbres. La evidencia del impacto del cambio climático es visible en cada grieta y serac del glaciar. Por ese motivo, ante la creciente amenaza del cambio climático, es más importante que nunca practicar el turismo responsable y apoyar la conservación de los ecosistemas frágiles de la Cordillera Blanca. Esto incluye seguir las regulaciones locales, respetar el entorno natural y contribuir a iniciativas de conservación que ayuden a proteger estos paisajes para las generaciones futuras. En resumen, el Nevado Chopicalqui es mucho más que una montaña; es un símbolo de la grandeza y la fragilidad de la naturaleza, así como un desafío para los espíritus aventureros. Con su impresionante belleza y su rica historia, esta maravilla natural continúa cautivando y asombrando a todos aquellos que tienen el privilegio de explorarla, recordándonos la importancia de preservar y proteger estos preciosos paisajes montañosos para las generaciones venideras.
El fuego quema. La política también. El aprendiz de brujo no lo sabe. El aprendiz de político tampoco. Rafael López Aliaga y su partido Renovación Caviar han demostrado esta semana lo que muchos ya sabían desde hace mucho tiempo. Son sólo aprendices en el peligroso oficio de la política. Pobres ingenuos a los cuales la astucia serrana de los Cerrón, la criollada de los Luna y el cinismo inagotable de los Acuña se han engullido en un sólo bocado. Ellos son los responsables, no los únicos claro, del retorno del comunismo a Palacio de Gobierno con el prontuariado José María Balcázar, un izquierdista radical de 83 años, toda una joyita, quien, entre otras cosas, se ha mostrado a favor del indulto al delincuente terrorista Pedro Castillo (condenado por golpista y ladrón), asiduo promotor de las relaciones sexuales de niñas con hombres adultos - lo que ha ratificado una y otra vez -, siendo echado a la calle por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por su deficiente desempeño, expulsado además del Colegio de Abogados de Lambayeque por apropiarse de los fondos de la institución - por lo cual ha sido citado por la Fiscalía para declarar en los próximos días - y para colmo, ha defendido a pederastas condenados a cadena perpetua... Vamos, un pedófilo como Trump. Aparte de esos negros antecedentes con los que nadie sabe cómo pudo llegar a ser candidato al Congreso, aunque sea por Perú Libre, el cual como sabéis, es propiedad de un prófugo de la justicia como Vladimir Cerrón, lo cuestionable es que además se está ante un viejo senil que sigue creyendo en dictaduras, intervenciones en la economía, la inexistencia de la separación de poderes y hasta la restricción de libertades. ¿Lo dudan? Lean el ideario del partido que lo llevó a donde está hoy sentado. Propiciar por ello una censura presidencial con acusaciones sin fundamento a José Jerí en un contexto como el actual, para que entre en su lugar este sujeto, a menos de dos meses de las elecciones generales y menos de cinco del cambio de gobierno, sin aquilatar el escenario trágico (como él mismo ahora lo califica hipócritamente) al que se podía llegar, con el afán de aparecer como “abanderados de la moral pública” - lo cual jamás han sido - no es una mera irresponsabilidad, sino una clara evidencia de que no saben de qué se trata la política y no están preparados para representar al electorado que busca a políticos que sean alternativas viables y competentes frente a los parásitos caviares y la izquierda retrógrada y cavernaria. No estaban en el juego para ser censores de la moral nacional. No estaban de candidatos a obispos o pastores. La moral tiene su espacio y no se exuda. Están haciendo política señores y esta, como lo aprendieron los obispos franceses desde la revolución francesa que los dejó al margen de la Ley y sin bienes - y también sin cabezas - no es oficio de ingenuos, es oficio de demonios. Un elenco de intonsos y cándidos no es lo que se busca para enfrentar la vileza de la política nacional. López Aliaga - quien también propicio la vacancia de Dina Boluarte por su negativa a aprobar la circulación de esos trenes viejos y contaminantes, “donados” por 80 millones de dólares y que hoy se oxidan abandonados a su suerte - ha hecho posible ahora que un pérfido aliado de Cerrón tome el poder en el país, pero que ahora a manera de ridícula defensa, ese adiposo sujeto adicto a la bebida como Toledo, afirme que fue obra del “Pacto Mafioso que controla el Congreso” es ofender la inteligencia de los peruanos. ¿Ignoraban que la censura y la mesa directiva se eligen con votos y que estos no alcanzaban para que su candidata Alva sea la ganadora? ¿Ignoraban que esa votación requería de los mismos de Somos Perú que quieren conservar ministerios, de los inefables Lunas y Acuñas que le dan su voto al diablo a cambio de poder y presupuesto? Si lo ignoraban es que no saben lo básico para el juego. Y si no es así, su imprudencia es aún más descalificante. Cabe precisar que en las elecciones del 2016 sólo 2.2 millones apostaron por las opciones marxistas, algo que para el 2021- mediante el escandaloso fraude propiciado por los caviares enquistados en la ONPE, la RENIEC y el JNE, subió “mágicamente” a 4.1 millones, lo que es nada frente a un electorado de 25 millones y tampoco frente a quienes asisten a votar y eligen una de las opciones disponibles, que fue de 12.2 millones el 2016, 13.1 el 2020 en las elecciones complementarios y 12.5 millones el 2021. López Aliaga y su partido, dieron la muestra de que no tienen la talla para representar a ese sector. Lo abandonarán a su suerte cuando el dogma o el prejuicio lo exijan. Topos de la política vendidos a los caviares. Seguramente Keiko Fujimori, cuyos partidarios advirtieron esta tragedia, recuperará sus posiciones en este sector de la política peruana; sin embargo, el antifujimorismo la hace otra vez el bolo menos viable en segunda vuelta. Chiabra nació muerto. Olivera y Diez Canseco sólo hacen acto de presencia. Espá no levanta y Williams, por su ingreso tardío a la contienda tampoco. Los demás aspirantes conservadores tampoco sirven. Se trata de un escenario peligroso en el cual la derecha puede quedar fuera del juego, inclusive del ballotage, que necesariamente se dará en junio, porque ninguno de los actuales candidatos podrá ganar en primera vuelta con más del 50%. ¿Se imaginan una segunda vuelta entre el prófugo de la justicia Vladimir Cerron y el admirador de terroristas López Chau, para quien el asesino emerretista Polay Campos en “un luchador social”? ...de terror. Queda entonces que sea el elector de derecha el que tenga que tomar el protagonismo para evitar que ello suceda. Con Porky fuera de carrera y Keiko no es viable en segunda vuelta, será el propio elector el que identifique al llamado a portar sus banderas y jugar con habilidad este partido, pero ninguno de los anteriormente nombrados, han demostrado ser la alternativa de la derecha. En el centro, donde abundan los candidatos demagogos y oportunistas, también pueden re perfilarse para buscar esos votos, aunque es difícil que lo consigan. Al elector de derecha le toca identificar el candidato viable y migrar hacia él de manera orgánica, como lo hace la izquierda, en las semanas previas a la elección. De lo contrario, verán este partido desde fuera del escenario, quien sabe cuántos años. El comunismo asesino, que uno creía que ya era cosa del pasado, ha vuelto e intentara quedarse en el poder indefinidamente. De eso no hay duda alguna. El gran culpable de que ello suceda es indudablemente López Aliaga, quien debe ser sepultado en los comicios en medio del oprobio y la vergüenza por la alevosa traición a la democracia que ha cometido. Por cierto, en cuanto a Balcázar, ¿qué podemos decir de él? Su estreno al asumir el cargo no ofreció ningún consuelo. En su primer discurso, la improvisación fue tan evidente como la ausencia de una idea rectora. Referencias históricas lanzadas al aire, conceptos inconexos y ninguna hoja de ruta. No hubo visión, ni proyecto, ni siquiera una narrativa coherente que permitiera suponer que existe un plan de gobierno. Lo que quedó fue la sensación inquietante de que el timón está en manos de un inoperante, que se va a dejar manejar como un títere desde las sombras por Cerron. Que no os engañe el lenguaje conciliador que dio en su soporífero discurso, que todos los comunistas son así de hipócritas y al menor descuido, dan el zarpazo, comenzando con preparar el fraude en las elecciones del 12 de abril para que gane “su candidato” que no es otro que el prófugo de la justicia y jefe de su partido, quien de seguro de un momento a otro saldrá de su agujero sintiéndose “ganador”. Por lo visto, se está repitiendo el mismo escenario del 2021, donde mediante el fraude más escandaloso, “gano” los comicios ese analfabeto mononeuronal de Castillo. Cabe reiterar que la asunción de ese octogenario se produce así en paralelo al avance de investigaciones fiscales por corrupción y otros delitos que continúan su trámite en las instancias correspondientes. Quienes impulsaron su candidatura, hicieron hincapié en el paso del parlamentario de Perú Libre en el Poder Judicial, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, para darle peso a su postulación a la Presidencia del Congreso. Sin embargo, omitieron mencionar que fue ignominiosamente expectorado del Poder Judicial por no cumplir con los estándares para seguir desempeñándose como juez. Así lo determinó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2011, antes de que esta institución sea capturada por la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto. Para entender una de las razones por las que Balcázar fue expectorado del Poder Judicial debemos remitirnos al 2004. En ese año, el hoy congresista se desempeñaba como juez supremo provisional de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Se le inició un proceso disciplinario porque dejó sin efecto una sentencia de casación emitida por los miembros anteriores de la referida sala. Las sentencias de casación son consideradas “ejecutorias supremas”, es decir, es el pronunciamiento final sobre una controversia y no puede ser dejada sin efecto ya que automáticamente adquiere la calidad de cosa juzgada. El CNM inicialmente destituyó a Balcázar en el 2006 por este hecho, pero luego se echó para atrás y, en el 2009, dispuso que la Sala Plena de la Corte Suprema imponga la sanción que considere justa, diferente a la destitución. Ahora bien, este antecedente luego fue invocado por el CNM en el proceso de ratificación de Balcázar en el 2011. “Al dejar el magistrado evaluado sin efecto una resolución que había adquirido la autoridad de cosa juzgada incurrió en una grave violación del debido proceso y de la seguridad jurídica a la que estaba obligado cumplir como integrante de una sala de la Corte Suprema. La gravedad radica no solo en el quebrantamiento de la cosa juzgada, sino en que, se incurrió en tal violación desde nuestro más alto tribunal”, sostuvo el CNM. Pero no fue el único motivo por el que la institución puso en duda su idoneidad para seguir en la magistratura. Consta en la resolución que, durante la entrevista de ratificación, se le consultó sobre la fundamentación para declarar fundado un recurso de Eugenio Bertini Vinci, quien fue investigado por su presunta participación en ayudar a Vladimiro Montesinos a sacar dinero del país hacia paraísos fiscales. Balcázar presentó un recurso de reconsideración, con el objetivo de volver a la carrera judicial, pero este fue declarado infundado. En suma, este es la catadura moral de un impresentable sujeto, quien hoy está el Sillón de Pizarro, gracias a Porky. Recuerden a la hora de votar este 12 de abril quien fue el miserable que entregó el Perú al comunismo. Si alguien creía que ya se había tocado fondo, López Aliaga se encargó de recordar que en el Perú siempre se puede caer aún más bajo. (Por cierto, con estos graves cuestionamientos a su persona, ¿A que está esperando Rospigliosi para convocar a una reunión extraordinaria para censurar a Balcázar? Como hemos visto con Boluarte y Jerí - que por mucho menos fueron expectorados, es tan fácil lograrlo... Cuanto antes mejor)
