El Perú atraviesa un momento histórico en su relación con el sistema interamericano de derechos humanos. La aprobación de la Ley de Amnistía para militares, policías y rondas campesinas procesados o condenados por hechos vinculados a los años de terrorismo en el país andino (1980-2000) ha puesto en el centro del debate un tema mayor: ¿hasta qué punto los organismos internacionales deben tener injerencia en decisiones soberanas de un país? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reaccionó de inmediato ordenando suspender la aplicación de la norma, y el Ejecutivo, en un giro frontal, decidió no acatar el mandato, reafirmando un principio largamente discutido: la soberanía nacional por encima de cualquier tutela foránea. Esta tensión no es nueva, pero hoy adquiere un carácter de urgencia. Los defensores del retiro del Perú de la Corte IDH argumentan que los fallos de este tribunal han limitado al país, sometiéndolo a una jurisdicción supranacional con un claro sesgo ideológico. Desde esa perspectiva, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento de presión política contra los Estados que intentan garantizar orden, seguridad y estabilidad. La disyuntiva del Perú es clara: seguir bajo la supervisión de organismos internacionales con agendas ajenas al interés nacional o recuperar plenamente la capacidad de decidir su destino. La Corte IDH nació con el objetivo de garantizar derechos fundamentales en América Latina, especialmente en contextos donde los Estados no ofrecían justicia a sus ciudadanos. Sin embargo, con el paso de las décadas, su rol se ha transformado en algo más parecido a un tribunal ideológico que a un árbitro imparcial, en manos de la mafia caviar. Sus sentencias no solo han cuestionado políticas de seguridad interna, sino que han intentado reescribir la memoria histórica de las naciones. El caso peruano es paradigmático. Desde los años noventa, la Corte IDH ha emitido pronunciamientos que, en lugar de fortalecer la reconciliación nacional, han buscado sentar a los Estados en el banquillo de los acusados, siempre bajo la narrativa de las “víctimas del Estado”, minimizando o invisibilizando el accionar de los sanguinarios grupos terroristas Sendero Luminoso y del MRTA, responsables de decenas de miles de muertes. Esa lógica encierra una lectura parcializada de la historia: los militares y policías son presentados como victimarios, mientras que los terroristas son ‘santificados’ y sus abominables crímenes terminan diluidos en un relato de “conflicto armado interno”. No es casual que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se alineen sistemáticamente con esta versión parcializada y antojadiza. Estas ONG, financiada - cuando no - por esa inmunda rata judía de George Soros a través de Open Society, presionan a los países para que acepten la supervisión de cortes extranjeras, bajo la premisa de un “universalismo de los derechos humanos”. Sin embargo, detrás de esa retórica se oculta un hecho contundente: se busca limitar la capacidad de los Estados soberanos de aplicar sus propias leyes y administrar justicia conforme a su contexto histórico, social y político. Como sabéis, en julio del 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó una ley de amnistía que ha generado una tormenta mediática e internacional. El espíritu de la norma es claro: exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas que enfrentan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. En ese sentido, la Corte IDH reaccionó con dureza, exigiendo al Estado peruano frenar su aplicación. Pero el Gobierno peruano, esta vez, decidió no acatar. La presidenta Dina Boluarte y varios ministros recalcaron que el Perú no puede seguir siendo “colonia de nadie” y que las decisiones internas deben respetarse: “La justicia internacional no puede estar por encima de la justicia nacional”. Desde sectores afines a Sendero Luminoso y la mafia caviar se ha levantado la crítica interesada de que la amnistía “implica impunidad”. Sin embargo, esa afirmación ignora un hecho esencial: los militares y policías actuaron en defensa del Estado, enfrentando una guerra no convencional contra grupos terroristas brutales, sin reglas ni límites. Pretender juzgarlos con parámetros de laboratorio, desconectados del contexto, es una injusticia histórica. El debate de fondo no es solo jurídico, sino profundamente político. ¿Quién tiene la última palabra sobre la justicia en el Perú? ¿Los jueces nacionales, elegidos conforme a la Constitución, o magistrados extranjeros de una corte internacional, muchas veces alejados de la realidad peruana? La respuesta, desde una perspectiva de defensa de la nación, es evidente: ningún país libre puede aceptar la intromisión de entes supranacionales en sus decisiones internas. Pero la ideologizada Corte IDH no es un caso aislado. En las últimas décadas, se ha configurado un andamiaje internacional de organismos, cortes y ONG que dictan pautas a los Estados bajo el ropaje de la “comunidad internacional”. Naciones Unidas, sus agencias, la OEA, la propia Corte IDH e incluso tribunales europeos ejercen presión constante sobre gobiernos soberanos. En la práctica, muchas de estas instituciones se han convertido en instrumentos del progresismo global, promoviendo agendas aberrantes sobre género, migración, multiculturalismo o justicia transicional que responden más a intereses políticos que a la defensa genuina de los pueblos. El Perú debe preguntarse con valentía: ¿quiere seguir siendo un país tutelado por agendas extranjeras o queremos decidir por ellos mismos? La respuesta de una derecha soberanista y realista es clara: la independencia no se negocia. Juristas como el chileno José Antonio Ramírez, experto en derecho constitucional, señalan que “los tribunales internacionales se han desviado de su misión inicial, convirtiéndose en órganos de presión política contra gobiernos que defienden el orden y la autoridad. En lugar de fortalecer los Estados, los debilitan”. Por su parte, el economista Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, también ha admitido que la Corte IDH supone “una pérdida de soberanía”. Aunque dentro del propio gabinete existen posiciones divididas, es claro que la discusión ya no se limita a círculos académicos, sino que ha llegado al corazón de la política nacional. Uno de los mayores problemas del discurso propalado por los caviares a través de la prensa basura sobre derechos humanos, es su visión sesgada de la historia. En el caso peruano, se insiste en que las Fuerzas Armadas y la Policía “fueron responsables de violaciones sistemáticas” mientras que la barbarie de Sendero Luminoso y el MRTA se ignora olímpicamente, presentándolos como ‘victimas’ exigiendo que sean liberados inmediatamente e indemnizados económicamente por el Estado “por el daño causado” (?). Esta falsa narrativa ha sido reforzada por la Corte IDH y por organismos internacionales que, en nombre de los derechos humanos, buscan imponer una lectura oficial de la memoria histórica. La cuestionada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), también reflejó este sesgo, responsabilizando al Estado en un porcentaje desproporcionado frente al accionar terrorista. Esta visión, trasladada al ámbito jurídico por la Corte IDH, terminó criminalizando a quienes lucharon en defensa del país, pero no a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú. El derecho a la memoria y la justicia de las víctimas no puede convertirse en un instrumento de persecución contra las Fuerzas Armadas. De lo contrario, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en una herramienta de revancha ideológica. Resulta paradójico que los mismos sectores caviares que denuncian la amnistía en el Perú aplaudan medidas similares en otros contextos, cuando se trata de perdonar a grupos subversivos o de aplicar “justicia transicional” para integrar a terroristas en la vida política. En Colombia, por ejemplo, los acuerdos con las FARC incluyeron beneficios jurídicos que garantizaron impunidad a guerrilleros responsables de masacres y secuestros. Allí, los organismos caviares celebró la medida “como un paso hacia la paz”. En cambio, cuando se trata de reivindicar a militares que defendieron al Estado peruano de la barbarie comunista, la reacción es de escándalo. Esta doble moral evidencia que el problema no es la amnistía en sí misma, sino a quién favorece. Si beneficia a los terroristas, es justicia transicional; pero si beneficia a militares que enfrentaron al terrorismo, es impunidad. Esa es la absurda lógica con la que actúan los parásitos caviares a los cuales hay que exterminar sin demora, como sucedió con sus primos hermanos de Sendero Luminoso y el MRTA. Este operativo de “limpieza” debe comenzar en el Ministerio Publico donde esas sanguijuelas se encuentran agazapadas y que utilizan para sus protervos fines, de la mano con la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia para sus campañas mediáticas de demolición ... A por ellos (Por cierto, este viernes la JNJ suspendió a la usurpadora Delia Espinoza del cargo que ocupaba ilegalmente en la Fiscalía de la Nación. Su caída es solo el primer paso)
Considerado por muchos expertos como el colibrí más extravagante del mundo, es un ave endémica del norte de la Amazonía del Perú, y destaca por su extravagante cola, cuyas plumas cambian de color cada cierto tiempo. Su hábitat se localiza en el Valle Alto del Utcubamba, ubicado en la zona nororiental del Perú, en las provincias de Luya y Chachapoyas, al sur del departamento de Amazonas, el cual además es uno de los más representativos de la cultura Chachapoyas con más de 1500 años de antigüedad. Con el nombre científico Loddigesia mirabilis, el colibrí de cola de espátula habita entre los 2000 y 2900 m s. n. m., y es una de las especies más solicitadas por los turistas que llegan al norte de la Amazonía peruana y buscan apreciar los colores brillantes de su plumaje y cómo “flota” en el aire de una manera bastante peculiar. El detalle más resaltante de esta ave es su cola, la cual -en los machos- cuenta con cuatro plumas: dos están rectas en el medio -y son más pequeñas- y las otras dos tienen la punta ancha y se abren como raquetas que se cruzan mutuamente, y terminan en un gran disco de color violeta azul que pueden mover independientemente de su cuerpo. Esa última característica, el colibrí macho la usa, principalmente, en sus danzas de apareamiento y para ahuyentar a sus depredadores (su mayor enemigo es la serpiente). Por su parte, la hembra, no posee los colores tan vivos como los del macho, es algo más pequeña y carece de las dos plumas más largas en la cola. Este colibrí mide alrededor de 15 cm de largo y su peso oscila entre los 40 y 70 g; además, el color de su cuerpo es iridiscente -como la mayoría de colibríes-, eso quiere decir que cambia de color dependiendo desde que punto lo mires. Su cabeza es azul y la garganta es verde. Cuenta con un pico largo y una lengua fina y alargada que usa para alimentarse del néctar de las flores y ocasionalmente de insectos y pequeñas arañas. Esta especie cuenta con un saco en la garganta que le sirve de estómago. Otra de sus peculiaridades está en el momento de comer, pues parece estar en un estado de frenesí. La importancia del colibrí de cola de espátula para el ecosistema radica en que muchas plantas de los bosques tropicales agradecen su existencia a esta ave. Cuando esta especie visita la flor y recoge su néctar, el polen se adhiere a su plumaje o al pico para asegurarse la diversidad y la reproducción de las plantas. A pesar de su importancia, la deforestación y otras amenazas de origen humano han reducido su población a menos de 2500 individuos - encontrándose en la Lista Roja de la UICN - por lo que está en peligro de extinción. Los colibríes desempeñan un papel importante en los ecosistemas por su función como agentes polinizadores. Con su pico alargado, transportan polen de flor en flor, contribuyendo a la reproducción de numerosas especies vegetales y a la conservación de los bosques tropicales. Además, ayudan a la dispersión de semillas que asegura nuevos árboles. Curiosamente, algunas plantas han evolucionado para desarrollar colores más llamativos para atraer a los colibríes, ya que estos carecen de sentido del olfato. “El colibrí cola de espátula se dirige a las flores para obtener su néctar, pero al obtenerlo en su frente se pega el polen, el cual deja en otras flores cuando va a consumir el néctar. Es un trabajo maravilloso del que obviamente las aves no son conscientes, pero ahí reside su máxima importancia. Además, obviamente, solo se le encuentra en Amazonas” señalo un naturalista. Sus principales amenazas tienen origen humano: la deforestación, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como la minería y los proyectos de desarrollo a gran escala, han provocado la pérdida y fragmentación de su hábitat, reduciendo su población. Asimismo, la caza furtiva para la obtención de su plumaje y corazón es otra de las amenazas que enfrenta. En el 2007 y el 2008 se calculó que solo existían un promedio de 800 individuos en los bosques de los valles de Utcubamba y Chido (Amazonas). Por ello, con el objetivo de salvar esta especie de una posible extinción, se desarrolló el proyecto de reforestación de la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN). En alianza con la comunidad de San Lucas de Pomacocha, se construyó un centro de interpretación dedicado a la investigación y monitoreo de esta emblemática especie. Desde su creación, se reforestaron 29 especies de plantas que sirven como alimento para los colibríes y se instalaron bebederos para atraerlos nuevamente a la zona. Los primeros meses fueron un desafío: durante el primer mes no se visualizó ningún ejemplar. Pero a los ocho meses lograron ver el primer colibrí, pero tuvieron que pasar hasta cuatro meses más cuando finalmente regresó el colibrí de cola de espátula. Según las últimas estimaciones, quedan entre 1000 y 2500 individuos en estado silvestre.
