En la política peruana, la vacancia presidencial ha dejado de ser un mecanismo excepcional de control para convertirse, en los hechos, en un camino desde el Congreso hacia Palacio de Gobierno. En efecto, en menos de cinco años, tres expresidentes del Congreso de la República han terminado asumiendo la jefatura del Estado. El episodio más reciente fue la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, ocurrida el año que se fue - producto de la venganza de un gorrino a quien no se le quiso dar autorización para el funcionamiento de su tren chatarra con claros propósitos electorales - que dio lugar a un gobierno encabezado por el entonces Presidente del Parlamento José Jerí, el cual ahora es víctima también de una infame campaña de demolición por parte tanto la prensa basura como los parásitos caviares, quienes exasperados ante las inminentes elecciones a celebrarse en poco mas de dos meses, buscan censurarlo con acusaciones absurdas y sin sustento alguno - erigiéndose en jueces pasando por encima de la justicia - para colocar en su lugar a otro amante de terroristas como sucedió con el caviar Francisco Sagasti en el 2021, para ‘digitar’ los próximos comicios y posibilitar que mediante el fraude, un analfabeto mononeuronal como Pedro Castillo acceda al poder y poder ellos regresar al aparato del Estado, del cual como sabéis, fueron echados a patadas tras el fracasado golpe de Estado de esa bestia que termino en la cárcel ese mismo día por golpista y ladrón. Por lo visto, quieren repetir la gastada formula desestabilizadora, pero fracasaran en su vil intento. En su insania buscan utilizar el mecanismo de la censura cuando ello constitucionalmente no le corresponde, ya que al ocupar el cargo de Presidente de la República, para sacarlo únicamente le correspondería la vacancia, pero no lo hacen porque saben que no tienen los votos para lograrlo. Una censura seria nula por ese motivo. ¿Cómo pueden ser tan ignorantes? ¿que? ¿no hay abogados entre ellos que le hagan ver su error? Por cierto, el uso y abuso que han hecho de la vacancia en los últimos años revelan al menos dos problemas de fondo. El primero es la necesidad urgente de una reforma constitucional que impida que la vacancia presidencial sea utilizada de manera discrecional y sin márgenes claros en el próximo período presidencial, que se avizora convulso por la exagerada cantidad de ‘agrupaciones políticas’ (vientres de alquiler que se ofrecen al mejor postor) y que indudablemente, dará origen a un congreso a un más fragmentado que el actual. El segundo es la enorme responsabilidad política que recae tanto en el Congreso como en el electorado, para evitar que ese Parlamento sobrerrepresentado - integrado, a partir del 28 de julio del 2026, por ciento noventa parásitos - promueva o avale desde el primer momento mociones de vacancia cuya única finalidad responda a intereses partidarios o cálculos de poder, arrastrando nuevamente al país a una crisis democrática evitable. Lo alarmante de este escenario no es lo que ya suscitó, sino lo que puede volver a ocurrir en el próximo quinquenio presidencial si se mantienen intactas las reglas y, sobre todo, las prácticas políticas que se han venido consolidando. La experiencia reciente ha dejado una lección a tener en consideración: vacar a un presidente es posible, es relativamente sencillo y, en determinados contextos, puede resultar políticamente rentable. Esa lección no se pierde con el paso del tiempo. Al contrario, se incorpora al cálculo de los actores políticos que competirán en las próximas elecciones generales. Candidatos con nulo respaldo parlamentario, ‘partidos’ sin mayoría propia y bancadas fragmentadas saben que gobernar será un ejercicio de equilibrio precario desde el primer día. En ese escenario, la vacancia deja de ser una amenaza remota y se convierte en una variable permanente del juego político por alcanzar el poder. Como podéis imaginar, el próximo presidente asumirá el cargo en un contexto especialmente adverso. Con un sistema de partidos débil, sin bancadas cohesionadas y con un Congreso más desprestigiado que el actual, el margen de maniobra del Ejecutivo será reducido. Cada decisión relevante estará sujeta a negociación, y cada error - real o percibido - podrá ser utilizado como argumento para reabrir la discusión sobre la vacancia. Este panorama genera un incentivo perverso: en lugar de apostar por la estabilidad y la gobernabilidad, algunos sectores del Congreso - como los parásitos caviares o populistas de derecha -podrían optar por una estrategia de desgaste temprano. No para corregir rumbos, sino para forzar una salida política que les permita reposicionarse o incluso acceder al poder. La historia reciente demuestra que ese cálculo no es teórico, sino perfectamente plausible... y peligroso. Además, el hecho de que los presidentes del Congreso puedan terminar asumiendo la Presidencia de la República, en caso los vicepresidentes sean también vacados, introduce un elemento adicional de tensión. La línea de sucesión, concebida como un mecanismo de continuidad institucional, ha terminado convirtiéndose en un incentivo político concreto. De cara al próximo quinquenio, esa posibilidad estará presente desde el inicio del mandato, condicionando la relación entre ambos poderes. El riesgo no es solo la caída de un presidente, sino la normalización de gobiernos transitorios, sin legitimidad electoral directa y con horizontes cortos. Ejecutivos que nacen de una vacancia suelen concentrarse en sobrevivir políticamente, no en impulsar reformas estructurales. Ello profundiza la sensación de provisionalidad y refuerza la idea de que el país se gobierna a empujones, sin rumbo claro. Este escenario también afecta obviamente la calidad del debate electoral. Si los propios actores asumen que un presidente puede no completar su mandato, las campañas se vacían de propuestas de largo plazo. ¿Para qué plantear reformas profundas si el horizonte es incierto? La política se reduce entonces a promesas inmediatas y discursos defensivos, alimentando el cortoplacismo. De cara al próximo quinquenio, el país andino se enfrenta a una disyuntiva clara. O se corrigen los incentivos que han convertido la vacancia en una herramienta recurrente, o se acepta, de facto, un modelo de inestabilidad crónica. No se trata de proteger a futuros presidentes de todo control, sino de evitar que la amenaza de la vacancia condicione desde el primer día el ejercicio del poder. La pregunta que debería guiar el debate no es si el Congreso tiene derecho a vacar, sino cuándo y para qué. Mientras esa discusión no se aborde con rigor, el próximo gobierno estará tan expuesto como los anteriores. Y el Congreso, lejos de fortalecerse, seguirá cargando con la responsabilidad política de cada crisis que contribuya a generar. Si algo ha demostrado la experiencia reciente es que la vacancia presidencial no resuelve los problemas que dice enfrentar. Cambia nombres, reordena mayorías, pero no mejora la gobernabilidad ni la confianza ciudadana. Pensar que el próximo quinquenio será distinto sin cambiar esta dinámica es, en el mejor de los casos, ingenuo. El desafío, entonces, no es jurídico ni técnico, sino político. Consiste en decidir si el país quiere un próximo quinquenio marcado por la amenaza constante de la vacancia o uno en el que el voto ciudadano tenga un peso real durante todo el mandato. Lo contrario es aceptar que la inestabilidad no es una anomalía, sino “la nueva normalidad”. En suma, la vacancia no puede seguir siendo un atajo a Palacio ni una herramienta de reconfiguración del poder cada vez que el Ejecutivo pierde respaldo parlamentario. O se recupera su carácter excepcional y se asume el costo político de gobernar y controlar con responsabilidad, o se acepta que el próximo presidente será, desde el primer día, un mandatario en prueba permanente que puede ser vacado en cualquier momento. En ese escenario, el problema ya no será quién gobierna, sino si el país puede seguir siendo gobernado, con una progresiva degradación del régimen presidencialista. ¿Puede un país sobrevivir a su propia inestabilidad?
Como no podía otra forma, el paupérrimo fútbol peruano - colero absoluto del continente y cuya selección y equipos son humillados una y otra vez en las canchas - vuelve a hacer noticia, y de la peor manera. En efecto, este jueves se ha dado a conocer una noticia procedente del Argentina, donde tres jugadores de un equipo bidescendido han sido acusados de violar a una ciudadana argentina en Uruguay. Se trata de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, los cuales fueron denunciados en Argentina, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 14, por el delito de abuso sexual. De acuerdo al documento que contiene la denuncia, presentada el miércoles 21 de enero, una joven argentina de 22 años señala que ya conocía a Zambrano y que, tras una cena, fue invitada con engaños junto a una amiga al hotel donde se hospedaba el equipo blanquiazul, el Hyatt Centric, de Montevideo, Uruguay. Cabe precisar que Alianza Lima había realizado su pretemporada en ese país, participando en un torneo amistoso, donde para variar, termino eliminado. Fue en dicho recinto donde habrían ocurrido los hechos denunciados. Al respecto, el periodista argentino Javier Díaz, del medio argentino A24, que informó de este caso, señaló que la Policía de Buenos Aires otorgó a la denunciante un botón de pánico para brindarle apoyo. Además, indicó que la joven acudió al Hospital Muñiz, donde se realizó exámenes y entregó la ropa que llevaba el día del hecho, para pruebas de ADN. En tanto, el abogado penalista y experto en derecho internacional, James Rodríguez, señaló que la situación que afrontan los tres futbolistas es muy grave. “Dentro del derecho internacional, tiene la obligación el juez de Argentina de comunicar en Uruguay que hay una denuncia en proceso por hechos ocurridos allá. Las investigaciones tienen que darse en Uruguay, donde se habrían dado los hechos. Deberá recabarse las cámaras del hotel donde estaban hospedados los jugadores, los testimonios”, explicó. Añadió: “La Fiscalía y la justicia uruguaya van a citar a estos jugadores presuntamente implicados, y si no se presentan, hasta se les puede pedir una extradición (...). Acá se conoce como violación, pero allá se le dice abuso sexual. En el Perú hay una condena de 25 años y allá sería similar. Si son declarados culpables, deben cumplir la pena en Uruguay, por el principio de territorialidad y nacionalidad, porque allá habrían ocurrido los hechos”, agregó. De momento el club ha separado indefinidamente a los tres implicados, mientras se realicen las investigaciones que comprueben su culpabilidad. “La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración”, admitió el director deportivo del club, Franco Navarro. Tras formalizarse la denuncia, los jugadores deberán presentarse ante la justicia en la Argentina, donde bien pueden ser detenidos preventivamente, y tras ser condenados, cumplirían su sentencia en Uruguay, donde cometieron ese aberrante delito. El castigo debe ser ejemplar con estos impresentables sujetos que han dejado por los suelos - una vez más - al futbol peruano. Es de esperar que, una vez tras las rejas, les apliquen ‘la ley del burro’ a estos miserables... A por ellos.
