Ya estamos en febrero y a poco más de dos meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril en el país andino, existe una total indiferencia y rechazo a las burdas propuestas - cada una más disparatada que la otra - hechas por quienes ofrecen de todo lo inimaginable, haciendo además el ridículo en las redes sociales, donde aparecen bailando, organizando rifas o disfrazados de payasos, con el único objetivo de lo ganar los votos que les posibilite sentarse en el sillón de Pizarro y robar a manos llenas “para recuperar lo invertido” según sus propias palabras, dichas sin vergüenza alguna. Nadie se salva de ello y todos en mayor o menor grado, están envueltos en grandes escándalos de corrupción, que ha originado que estos comicios sean los más anodinos e insulsos de los últimos tiempos, y donde ninguno de los mas de 30 candidatos - cuyo solo número es una vergüenza absoluta que demuestra el país bananero e informal que es el Perú, donde cualquier oportunista y aventurero, analfabeto consumado y sin estudios como Pedro Castillo puede presentarse, y ganarlas mediante el fraude, como sucedió en el 2021, donde los parásitos caviares digitaron las elecciones a su gusto, y que ahora desesperadamente pretenden repetir, tratando primero de vacar al Presidente José Jerí con acusaciones sin fundamento y colocar en su lugar a quien posibilite que “su” candidato sea el triunfador - tienen algo bueno que ofrecer, por lo que el resultado de seguro será de imprevisibles consecuencias. Nada bueno, por cierto. En efecto, los peruano se encuentran frente a las elecciones más desabridas, anónimas y carentes de épica que haya conocido su historia reciente. La intención de voto se ha desplomado dentro del electorado, sin que surja un solo nombre que cautive el nombre siquiera de una pequeña porción de los votantes. El caudillismo que siempre ha caracterizado el sufragio nacional esta vez ha fracasado estrepitosamente, al no poder colocar referentes significativos dentro de los espectros políticos. Entre inhabilitaciones oportunas y decepciones acumuladas, tanto la derecha como la izquierda han visto erosionarse la consistencia de sus candidaturas. Hay menos dispersión interna, es cierto, pero también una preocupante ausencia de convicción y una alarmante carencia de contundencia. En este contexto, la incertidumbre no es una anomalía: es la regla. Sin embargo, el plan de la izquierda se consolida de manera mucho más clara que el de la derecha, la cual se ha partido en frentes completamente disparejos. El ex burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga - cuya gestión ha sido un total desastre, con una caótica ciudad convertida en un inmenso basural - domina el espectro sin pena ni gloria, sostenido más por inercia que por un apoyo del electorado. Su campaña colinda más con soberbia y optimismo que con el trabajo de la persuasión. Y su estabilidad, debemos decirlo, responde menos a su campaña electoral que a la ausencia de competidores de peso en su propio campo ideológico. Pretende imitar al argentino Javier Milei, aquel ‘perro faldero’ de Trump que se arrastra ante su amo y acude solícitamente a la Casa Blanca a cualquier llamado de quien tiene jalando su cadena. Se puede ser de derecha - como quien escribe - pero JAMÁS llegaría a ese grado de sumisión y entreguismo de lo más patético que he visto. Y ‘Porky’ de seguro quiere seguir sus pasos, no como un perro, sino como el cerdo que es. Por otro lado, el coronel José Williams intenta liderar a la derecha menos ortodoxa, pero lo hace desde una candidatura deslucida, insípida, evidentemente apresurada y casi desatendida. Es más, el cobrar dos sueldos del Estado, como pensionista del ejército y como congresista - lo cual está prohibido y es un delito, pero la justicia sospechosamente no dice nada - lo deslegitima completamente por lo que es el menos indicado para dar clases de moral. Las expectativas, por ende, son nulas. Todo dentro de ese ‘vientre de alquiler’ que no ha sabido como prepararse de cara al 2026, desde candidaturas exasperadas y fracasadas, en búsqueda de un voto como sea, hasta la candidatura de emergencia del ex Comando Chavín de Huántar buscando salvar un naufragio sin salvavidas. El resultado es evidente: un remedo de ‘partido’ sin dirección clara ni proyecto reconocible. El fujimorismo en tanto, otrora omnipresente en el Perú, atraviesa el periodo de mayor debilidad de los últimos 15 años, pero se resiste a reconocerlo. Se aferra a la falaz creencia que sus votantes pasados optaban por ellos por convicción, cuando en realidad solo se remontaban a un voto nostálgico y anhelo de injerencia del fallecido exdictador Kenyo Fujimori. Su hija Keiko, autoproclamada heredera quien se resiste a dar un paso al costado y permitir que nuevos rostros dirijan el movimiento, presentándose por cuarta vez como candidata, a pesar del gran antivoto que ha recibido en anteriores comicios, donde siempre perdió en el ballotage. No hay que olvidar que, por culpa del fujimorismo, quien vaco a Kuczynski en el 2017, mas por revanchismo que por otra cosa, dio origen a la actual inestabilidad política en el Perú, sucediéndose en Palacio una serie de improvisados, hasta la actualidad. En cuanto al resto de los candidatos dizque derechistas, debido a su irrelevancia, no ameritan mención alguna. La izquierda como siempre, va profundamente fracturada, no tiene nada que ofrecer y solo tienen el mismo discurso violentista que busca además busca indultar y reivindicar a un delincuente terrorista como Pedro Castillo. Es de esperar que la defensa que hacen de este tenga algún impacto en el proceso electoral y sus seguidores voten por ellos. Como sabéis, este vil y despreciable sujeto - ladrón y golpista por añadidura, el cual cumple una condena por ello - ha sido el peor inquilino que haya pasado por Palacio de Gobierno, pero para el pueblo bruto e ignorante, una indiada soliviantada atraída por retoricas y narrativas simplistas de odio y revanchismo, no importa. Durante tres años el discurso ha sido orientado por su parte en negar el golpe de Estado y construir una falsa imagen de aquel oscuro individuo como un “preso político” (?). Es cierto que ese respaldo no garantiza triunfos, pero en un escenario atomizado puede inclinar balanzas. No sorprende entonces, que figuras como el impresentable José Luna - procesado por múltiples actos de corrupción - haya transitado sin rubor desde la condena inicial al golpe hasta su negación sistemática, siguiendo el pulso de la conveniencia política, buscando con ello la impunidad para sus delitos. De esta manera, la derecha no capta nuevos votantes, especialmente en el sur del país, mientras la izquierda parasita juega a la “democracia” mientras prepara el indulto a ese analfabeto mononeuronal. En este terreno baldío emerge la figura folclórica de un cómico ambulante llamado Carlos Álvarez, quien busca presentarse como el “Bukele” peruano, con lo cual espera lograr raspar algo más que solo una muerte en primera vuelta. Candidatura que deja más incógnitas que respuestas (aunque últimas informaciones provenientes de ese país afirman que piensa abandonar la carrera electoral). Como dejar de lado a otro aventurero como Alfonso López Chau - de nefasta gestión al frente de la UNI - quien afronta una investigación fiscal por colusión agravada por escandalosas irregularidades cometidas cuando era rector de esa universidad pública. Además, registra antecedentes judiciales de décadas anteriores, terminando en la cárcel por robo y no por “oposición al velasquismo” como hizo hacer creer a los incautos, además de su publica admiración por el cabecilla terrorista del MRTA, Victor Polay Campos - condenado a Cadena Perpetua en la Base Naval - a quien considera “un luchador social” (?), por lo cual podría indultarlo en un eventual gobierno suyo - tal como Castillo pretendió hacer con Abimael Guzmán, quien se murió un día antes - hechos que contrastan con su discurso de “renovación política” que de ello no tiene absolutamente nada. De esta manera, y con más de treinta postulantes en carrera - lo cual es algo inédito en el mundo - el país andino enfrenta unas elecciones donde todo puede suceder. No hay liderazgos claros, no hay proyectos estructurados, no hay narrativas movilizadoras. Lima debería ser la región con la situación más clara, sin embargo, las encuestas indican que el trabajo no está bien hecho. ¿Fracaso de los candidatos? naturalmente. Todo aquel que conoce la política peruana sabe que siempre se ha referido a nombres y no tanto a ideas o partidos, y los actuales parecen no mover ni a un alma. Son las mismas caras viejas y desgastadas de pasados comicios. No cabe duda por ello que estas elecciones serán un tiro de moneda al aire. A ello debemos agregar el total desprestigio del Congreso, con casi el 100% de rechazo y que indudablemente arrastra a la clase política allí representada que solo buscan su conveniencia aun en contra de los intereses de los ciudadanos. Allí está por ejemplo el referéndum del 2018 que con más del 70% dijo no tanto a la reelección de congresistas como a la vuelta del Senado. Pero estos resultados no le importaron a estos fascinerosos que insisten en reelegirse una y otra vez. Si ahora con una sola cámara despilfarran las Arcas Públicas a mas no poder, imagínense ahora que vuelve el Senado, los gastos se dispararan hasta el infinito. Por ello no de extrañar la gran cantidad de desempleados y muertos de hambre que se presentan en estos comicios. Quieren seguir viviendo a costa de Estado, aprovechándose de la ignorancia de quienes votan por ellos. A poco más de dos meses para la primera vuelta y ningún candidato despunta en la encuestas. ¿Cómo, quienes ostentan, uno el 12 % y otro con el 7%, podrían ser elegidos en el ballotage que necesariamente se va a dar en junio? Ello es absurdo, porque no representaran a nadie. Su baja aceptación - lo que originará que sus remedos de ‘partidos’ tengan una insignificante representación en el Congreso bicameral, donde la oposición podrá vacarlo en cualquier instante - puede ser un nefasto presagio para la institucionalidad democrática. A todo ello debemos agregar el tamaño de la cédula de votación, que, por sus grandes dimensiones, será tamaño “sabana” lo cual creará gran confusión en el electorado y dará origen sin ninguna duda a múltiples impugnaciones por parte de los perdedores.... ¿Y si en estos comicios sin candidatos aceptables ‘gana’ el voto nulo? A prepararse para lo peor.
Era el dios principal y creador máximo del reino Chincha (ubicado en la costa sur del Perú), y era considerado una deidad oracular poderosa y protectora. Se le veneraba en un santuario principal junto a Urpiwachay, la diosa de los peces, siendo crucial para el comercio, la agricultura y la pesca en la región. Se creía que proveía equilibrio y fertilidad a la zona de Chincha y a menudo se le asociaba con la creación y la gestión de los recursos marinos. Según los chincha, sus dioses provenían de una isla cercana. El culto se realizaba en sus templos - llamados huacas - construidos expresamente para la adoración religiosa. Dentro de las ceremonias religiosas que practicaba esta cultura se utilizaba como principal elemento una concha marina del género Spondylus, que estaba considerada como alimento y símbolo de los dioses. Era considerado además un oráculo de gran prestigio, cuyo templo era visitado para recibir predicciones y guía. Aunque la zona tenía influencias de otros dioses como Kon o Pachacámac, Chinchaycamac mantenía su preeminencia local en el valle de Chincha. Se le vinculaba a la cosmovisión de la costa sur, enfocada en la relación con el mar y el intercambio comercial, sobre todo porque los chinchanos se dedicaban al comercio y eran estimados por ello por los Incas. Debido a su gran riqueza y poder, el Señor de Chincha recibía los mismos honores y privilegios que el Inca. Es más, tras la guerra civil que asolo al Imperio, que enfrento al Inca Huáscar con el bastardo Atahualpa - y que fue ganada por este último - el rey de Chincha se alió con el usurpador traicionando a su legitimo señor, por lo que debido a su traición, obtuvo el derecho a ser llevado en andas mas lujosas que la el propio Atahualpa, pero esto al final esto le costó su propia vida, ya que en los sucesos de Cajamarca - donde el audaz explorador Francisco Pizarro capturo al bastardo quiteño - el chinchano no obtuvo la misma suerte y fue muerto de un lanzazo por un español creyendo que era el propio Atahualpa, pero al darse cuenta de su error, quiso hacer lo mismo con Atahualpa, pero Pizarro se opuso y lo capturaron vivo, a quien luego de solicitarle un rescate por su vida, lo hizo estrangular por felón y regicida, por haber matado a Huáscar. De esta manera, el Imperio Inca no solo llegaba a su fin, sino también el reino Chincha, del cual era su tributario. Cabe precisar que la aparición de esta civilización se produjo entre los años 900 y el 1000 d. C., tras el derrumbe del Imperio Wari, del cual formaban parte. En el 1476 pasaron a formar parte del Imperio Inca, aunque su fortaleza como potencia marítima les permitió conservar algo de autonomía. El nombre de la civilización proviene de la palabra chinchay o chincha, que en su lengua significa jaguar y ocelote. Desde sus dominios en el valle que le da nombre, este pueblo se extendió por los valles de Ica, Nazca, Pisco y Cañete. Gracias a las condiciones del terreno y a la infraestructura hidráulica que construyeron, los chincha pudieron desarrollar una intensa actividad agrícola. Su actividad económica más importante, no obstante, era el comercio, especialmente el marítimo. La cultura chincha estableció rutas comerciales que les permitieron intercambiar productos con pueblos ubicados en los actuales Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia. Los productos que más intercambiaban eran las conchas marinas y las piedras preciosas. Políticamente, los chinchas estaban organizados en señoríos gobernados por un monarca cruel y despótico. Los sacerdotes eran otra de las clases sociales privilegiadas dentro de una estructura social jerarquizada. Se trataba de un pueblo militarizado, por lo que la nobleza militar también se encontraba entre los grupos de poder. Tras la conquista española del Imperio Inca, sus cronistas dejaron por escrito algunos datos sobre los chinchas. En concreto, varios de ellos mencionan la existencia de un gran reino en la zona y alguno señalo la presencia de su rey en Cajamarca, cuando Atahualpa fue capturado. Sin embargo, no fue hasta que el alemán Max Uhle realizó excavaciones en la zona cuando se empezó a estudiar con más interés esa cultura. Los chincha integraron varios valles contiguos y estableció su capital en Tambo de Mora. Fue en esa fase cuando empezaron a practicar la navegación, lo que se convertiría en una de sus principales señas de identidad. Sus conocimientos acerca de ese tema les permitieron establecer rutas comerciales marinas y, en consecuencia, aumentar su prosperidad e influencia. A partir de 1438 y hasta 1471, los incas organizaron varias expediciones al territorio chincha. Según algunos investigadores, estos primeros contactos no fueron realizados con intenciones de conquista, sino que pretendían establecer relaciones económicas y políticas que beneficiasen a ambas civilizaciones. Sin embargo, otros historiadores sí apuntan a que existieron intentos de conquista por parte de los incas, entonces gobernados por Pachacútec. Finalmente, en 1476, la civilización chincha fue anexionada al Imperio inca durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui. A pesar de esa anexión, el reino chincha mantuvo su importancia. Según los relatos, el único que podía llevar andas durante las ceremonias, aparte del Inca, era el rey chincha, llamado Guavia Rucana, quien como detallamos líneas arriba, fue muerto atravezado por una lanza en Cajamarca. Buena parte de esa autonomía se debió a la gran posición económica y comercial conseguida por los chincha y que los incas querían aprovechar. De esta manera, los chincha unieron así su suerte con los incas: cuando los españoles conquistaron el Imperio, el reino Chincha sufrió el mismo destino, desapareciendo en la oscuridad. Por cierto, entre las ruinas de su capital, se pudo encontrar una gran estatua de madera - al parecer el propio Chinchaycamac - el cual se conserva en el Museo Larco.
Este fin se semana ha sido aprobado en la Asamblea Nacional de manera exprés del proyecto final de la ley que deroga la ley Orgánica de Hidrocarburos, por orden de Donald Trump, demostrando quien es el que manda efectivamente en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y el consiguiente colapso del régimen chavista, el cual aún existe, pero sin poder alguno de decisión y mientras les sirva a quienes desean hacerse con la riqueza petrolera de ese país. Efectivamente, se trata de la “erradicación” total de la política petrolera de Chávez e incluso, va más allá, de la nacionalización de 1976 e incluso de todo el pensamiento nacional petrolero venezolano. Evidentemente, la primera Reforma propuesta y que debía ser aprobada el martes pasado en la AN, no fue aceptada, ya que se necesitaba presentar un proyecto final de “Reforma” que derogue completamente, no sólo la nacionalización de 1976, que reservaba al Estado las actividades petroleras, sino la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco del 2007, que otorgaba a los venezolanos el control y manejo de la mayor reserva de petróleo del planeta y que ahora ha pasado a manos estadounidenses. Se trata sin lugar a dudas de un robo a mano armada. Una cosa es apoyar la caída de un sátrapa como Maduro - celebrado por muchos – y otra muy diferente es aprovecharse de esa circunstancia para apoderarse de sus recursos energéticos como lo ha hecho Trump, quien, por cierto, ni siquiera lo disimula. Lo grave es que la aprobación de ese proyecto, borra de un zarpazo, las conquistas venezolanas de casi 70 años y pretende cancelar el pensamiento nacionalista petrolero del país. Desde Pérez Alfonzo, pasando por Carlos Andrés Pérez, hasta Hugo Chávez, y los retrocede a la época del dictador Juan Vicente Gómez. Además de la privatización de las actividades petroleras, tanto las primarias de producción, como las de exportación de petróleo (reservadas al Estado por el artículo 302 de la Constitución), se entregan los activos y derechos de Pdvsa a los operadores privados, decretando el fin de la empresa nacional, para convertirla en una mera agencia administradora de contratos. Así, Venezuela vuelve a la época donde el país no tenía propiedad alguna sobre el petróleo, se trata por ello, de la pérdida absoluta de control sobre su principal recurso natural, sobre el cual, no tendrá manera de ejercer su control y manejo soberano. Por otra parte, se entrega a los privados la comercialización del petróleo, que era reservada al Estado por la Constitución, impedirá que, de ahora en adelante, Venezuela pueda fijar los precios y atender los mercados de acuerdo con sus propios intereses. Ahora, será lo que decidan las transnacionales. Entretanto, el peso de Venezuela en la OPEP será cada vez más insignificante. Es evidente que la ley derogatoria, que se aprobó en la Asamblea Nacional, incluye rebajas fiscales totales, en una claudicación de sus derechos como propietarios del petróleo. Se eliminó el monto mínimo de regalías, se eliminó el impuesto de extracción, se eliminó el impuesto a los precios extraordinarios y exorbitantes del petróleo, se eliminó la tasa mínima del impuesto sobre la renta. El Ejecutivo se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado, en detrimento de su propio pueblo. Se incluyó además el arbitraje internacional, cediendo su soberanía jurisdiccional, en violación del artículo 151 de la Constitución. En la nueva ley derogatoria, el Estado “se compromete a compensar a las transnacionales si en el futuro se producen cambios en el régimen fiscal, impositivo o las leyes de la República”, renunciando así a las potestades soberanas del Estado sobre el manejo de nuestros propios asuntos. Igualmente, se arrebata a la Asamblea Nacional la capacidad aprobatoria de los contratos petroleros que - como establece la Constitución - son de interés público, violando groseramente el artículo 150 constitucional, imponiendo el secreto en materias que son de interés de todo el país. Finalmente, se “legalizan” contratos, los llamados de “participación productiva” (CPP), asignados de manera discrecional a operadores privados en detrimento de la propia Pdvsa. Ahora, habría que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos. Es muy grave lo que sucede. Más allá de las diferencias o disputas políticas, del odio y la intolerancia, del insulto y la descalificación, la defensa del petróleo y la soberanía debe ser un pensamiento y una aspiración nacional, de todos los venezolanos; de lo contrario, se estará hipotecando - así, como si nada - el futuro del país, entregada en cuerpo y alma a la voracidad de las trasnacionales estadounidenses. Asimismo, cuando con posterioridad a su celebración se produzcan modificaciones en el marco legal, fiscal, regulatorio o contractual, que afecten de manera negativa y sustancial la economía del proyecto, “el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos deberá acordar los ajustes necesarios para reestablecer dicho equilibrio, mediante la modificación de regalías, tributos, tarifas, plazos contractuales, condiciones económicas o mecanismos de compensación, a fin de restituir a la empresa operadora la posición económica que habría tenido de no haberse producido tales cambios.” En otras palabras, el Estado le está otorgando garantías al inversionista, rebajas y ventajas fiscales, para protegerlo de cambios en las leyes. El Estado renuncia así a su privilegio soberano de realizar futuros ajustes cambios en su régimen fiscal o sus propias leyes, teniendo que compensar al privado por ello, pagando una penalidad por el ejercicio de su propia soberanía. Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, las partes en los Contratos de Participación Productiva y demás modelos contractuales a que hace referencia esta disposición transitoria, “realizarán las adecuaciones que resulten necesarias a dichos contratos, a los fines de ajustarlos a los términos de esta ley. Durante dicho período continuará siendo aplicable el régimen tributario vigente antes de la publicación de esta ley. En ningún caso, el proceso de adecuación implicará o generará una desmejora de las condiciones previamente acordadas contractualmente.” Es decir, se aprovecha esta coyuntura para “legalizar” figuras contractuales violatorias de la LOH y la Constitución aún vigente; Se privatizan las actividades de producción y exportación de petróleo reservadas al Estado, en violación del artículo 302 de la Constitución; Se entregan áreas y activos de Pdvsa, a empresas seleccionadas de manera discrecional por el Ejecutivo, al amparo del secreto y la absoluta falta de transparencia. Desde ahora, la propiedad, producción y ganancias del petróleo venezolano serán exclusivamente para uso y beneficio de las empresas estadounidenses, donde los venezolanos no obtendrán ningún beneficio. De esta manera, lo que las bestias de presa de Washington le están haciendo a Venezuela ahora es un ejemplo especialmente flagrante de desvergüenza, una nueva demostración de la desfachatez estadounidense y la cobardía de los chavistas que se han entregado en cuerpo y alma a quienes hasta hace poco los consideraban como sus enemigos y ahora son sus amos. No es de extrañar por ello que los trumpistas y sus medios de comunicación se regodean en su propia iniquidad. El robo sistemático de los recursos de Venezuela - lo que ya está ocurriendo y el saqueo mucho mayor que se espera con regocijo para el futuro - se celebra públicamente. Y si hay disenso, es solo sobre las ganancias que se obtendrán, su escala prospectiva y si son tan seguras como los quiere Trump. “Las ganancias serán para nosotros y el garrote para quienes no acaten nuestras órdenes” ... Es la ‘Doctrina Donroe’ en toda su magnitud, donde impera la ley del más fuerte ¿Y las elecciones prometidas? Eso puede esperar indefinidamente, mientras roban todo lo que puedan “en nombre de la libertad”. Los buitres están de fiesta y se ceban sobre un país que ha perdido la dignidad.
Con motivo del reciente estreno de una cuestionada película sobre este luctuoso suceso acaecido en 1996, Panamericana Televisión repone por estos días “Operación Rescate”, una miniserie de 24 episodios realizada en el 2010, basada en un hecho de la vida real, como fue la toma de la residencia del embajador del Japón en Lima y su posterior rescate por medio de la Operación Chavín de Huántar. Pero antes, retrocedamos un poco a la década de los 90’s, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), uno de los dos grupos terroristas que atemorizo el Perú durante años, logró colarse a la reunión que organizó el embajador de Japón por su cumpleaños, tomando como rehenes a un gran grupo de congresistas, militares y políticos reunidos por la ocasión. Inmediatamente, los terroristas - liderados por Nestor Cerpa Cartolini, cabecilla del MRTA tras la captura de su líder Victor Polay Campos - exigieron la libertad de sus compañeros encarcelados por terrorismo, sin embargo, el gobierno de Kenyo Fujimori no accedió a sus pedidos, pero tampoco respondió con hostilidad. La toma de la embajada duró 126 días y la residencia se convirtió en el focus de atención del mundo, pero no se podía ceder a las presiones nacionales de un grupo de terroristas, aunque sí se trató de negociar para ganar tiempo. Efectivamente, mientras estas conversaciones se daban, el gobierno elaboraba un operativo que consistía en cavar un túnel subterráneo debajo de la residencia para atacar por sorpresa y de ese modo, asegurar la supervivencia de los rehenes, a la vez que liquidar a todos los terroristas. Esta es la base y premisa de “Operación rescate”. Claro que los detalles varían por propósitos televisivos, pero básicamente la estructura del programa se enfoca primordialmente en mostrar cómo se puso en práctica dicha operación que duró meses. Además, como en toda serie, tenemos héroes a quienes apoyamos de manera incondicional (los militares y rehenes) y enemigos, a quienes solo queremos verlos perder (los terroristas). Aquí no se trata de humanizar a los terroristas ni tampoco justificarlos, simplemente se muestra el hecho del secuestro y sus consecuencias. En el caso de los militares se profundiza un poco más pero siempre manteniendo la misión como protagonista. En conjunto “Operación Rescate” es una serie para los estándares peruanos podría considerarse una buena alternativa. La producción cuenta con un elenco de lujo liderados por Michael Finseth, quien le da vida al desaparecido comandante Juan Valer. Otro interprete que destaca es Pold Gastello en el difícil papel de Nestor Cerpa Cartolini, el líder del MRTA que encabezó el secuestro. Entre otras personalidades que podemos encontrar se encuentran: Fabrizio Aguilar, Eduardo Cesti, Jesús Delaveaux, Mónica Dominguez, Carlos Thorton, Carlos Cano y muchos más. Esta miniserie fue producida por JC Films y dirigida por Aldo Salvini. En esta oportunidad, el tiempo no sobra ni falta y de ese modo, podemos ver tres historias paralelas: el secuestro per se, cómo se construye el operativo y cómo lo vio la prensa, pero bueno, desde el punto de vista del camarógrafo y la periodista, nos damos cuenta que sólo buscan vender la “gran noticia” de la toma de la embajada, sin muchos escrúpulos de por medio. En fin, igual son personajes secundarios de la trama, aquí los protagonistas son los militares, aunque gracias a la actuación magistral de Gastello, muchas veces queremos saber qué pasaba por la cabeza de la mente detrás del secuestro. El reciente estreno de una película que trata sobre el mismo tema, ha servido como pretexto preciso para la retransmisión de la serie - que muchos la consideran mejor que la cinta - y de ese modo, se puede ver desde una perspectiva diferente: ensalzar el heroísmo peruano y de paso aprovechar la conmoción del momento. La generación actual lamentablemente no conoce realmente lo que se vivió en las décadas pasadas y por ello, es necesario recordárselo para evitar que estas situaciones se repitan. Si bien el terrorismo ya es cosa del pasado, aún existen sus promotores los cuales buscan su retorno, y son los parásitos caviares quienes en la época del terrorismo fueron sus más fervientes defensores y que a través de una cuestionadísima “Comisión de la Verdad y Reconciliación” (CVR) trataron de ‘santificar’ a los terroristas y condenar a las valerosas FF.AA. y la Policía Nacional - muchos de los cuales perdieron la vida combatiendo a esa maldita lacra comunista - victimizando desvergonzadamente a quienes ocasionaron un baño de sangre en el Perú. Con los criminales no se negocia... Ni ahora ni nunca. Que eso les quede claro.
En la política peruana, la vacancia presidencial ha dejado de ser un mecanismo excepcional de control para convertirse, en los hechos, en un camino desde el Congreso hacia Palacio de Gobierno. En efecto, en menos de cinco años, tres expresidentes del Congreso de la República han terminado asumiendo la jefatura del Estado. El episodio más reciente fue la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, ocurrida el año que se fue - producto de la venganza de un gorrino a quien no se le quiso dar autorización para el funcionamiento de su tren chatarra con claros propósitos electorales - que dio lugar a un gobierno encabezado por el entonces Presidente del Parlamento José Jerí, el cual ahora es víctima también de una infame campaña de demolición por parte tanto la prensa basura como los parásitos caviares, quienes exasperados ante las inminentes elecciones a celebrarse en poco mas de dos meses, buscan censurarlo con acusaciones absurdas y sin sustento alguno - erigiéndose en jueces pasando por encima de la justicia - para colocar en su lugar a otro amante de terroristas como sucedió con el caviar Francisco Sagasti en el 2021, para ‘digitar’ los próximos comicios y posibilitar que mediante el fraude, un analfabeto mononeuronal como Pedro Castillo acceda al poder y poder ellos regresar al aparato del Estado, del cual como sabéis, fueron echados a patadas tras el fracasado golpe de Estado de esa bestia que termino en la cárcel ese mismo día por golpista y ladrón. Por lo visto, quieren repetir la gastada formula desestabilizadora, pero fracasaran en su vil intento. En su insania buscan utilizar el mecanismo de la censura cuando ello constitucionalmente no le corresponde, ya que al ocupar el cargo de Presidente de la República, para sacarlo únicamente le correspondería la vacancia, pero no lo hacen porque saben que no tienen los votos para lograrlo. Una censura seria nula por ese motivo. ¿Cómo pueden ser tan ignorantes? ¿que? ¿no hay abogados constitucionalistas entre ellos que le hagan ver su error? Por cierto, el uso y abuso que han hecho de la vacancia en los últimos años revelan al menos dos problemas de fondo. El primero es la necesidad urgente de una reforma constitucional que impida que la vacancia presidencial sea utilizada de manera discrecional y sin márgenes claros en el próximo período presidencial, que se avizora convulso por la exagerada cantidad de ‘agrupaciones políticas’ (vientres de alquiler que se ofrecen al mejor postor) y que indudablemente, dará origen a un congreso a un más fragmentado que el actual. El segundo es la enorme responsabilidad política que recae tanto en el Congreso como en el electorado, para evitar que ese Parlamento sobrerrepresentado - integrado, a partir del 28 de julio del 2026, por ciento noventa parásitos - promueva o avale desde el primer momento mociones de vacancia cuya única finalidad responda a intereses partidarios o cálculos de poder, arrastrando nuevamente al país a una crisis democrática evitable. Lo alarmante de este escenario no es lo que ya suscitó, sino lo que puede volver a ocurrir en el próximo quinquenio presidencial si se mantienen intactas las reglas y, sobre todo, las prácticas políticas que se han venido consolidando. La experiencia reciente ha dejado una lección a tener en consideración: vacar a un presidente es posible, es relativamente sencillo y, en determinados contextos, puede resultar políticamente rentable. Esa lección no se pierde con el paso del tiempo. Al contrario, se incorpora al cálculo de los actores políticos que competirán en las próximas elecciones generales. Candidatos con nulo respaldo parlamentario, ‘partidos’ sin mayoría propia y bancadas fragmentadas saben que gobernar será un ejercicio de equilibrio precario desde el primer día. En ese escenario, la vacancia deja de ser una amenaza remota y se convierte en una variable permanente del juego político por alcanzar el poder. Como podéis imaginar, el próximo presidente asumirá el cargo en un contexto especialmente adverso. Con un sistema de partidos débil, sin bancadas cohesionadas y con un Congreso más desprestigiado que el actual, el margen de maniobra del Ejecutivo será reducido. Cada decisión relevante estará sujeta a negociación, y cada error - real o percibido - podrá ser utilizado como argumento para reabrir la discusión sobre la vacancia. Este panorama genera un incentivo perverso: en lugar de apostar por la estabilidad y la gobernabilidad, algunos sectores del Congreso - como los parásitos caviares o populistas de derecha -podrían optar por una estrategia de desgaste temprano. No para corregir rumbos, sino para forzar una salida política que les permita reposicionarse o incluso acceder al poder. La historia reciente demuestra que ese cálculo no es teórico, sino perfectamente plausible... y peligroso. Además, el hecho de que los presidentes del Congreso puedan terminar asumiendo la Presidencia de la República, en caso los vicepresidentes sean también vacados, introduce un elemento adicional de tensión. La línea de sucesión, concebida como un mecanismo de continuidad institucional, ha terminado convirtiéndose en un incentivo político concreto. De cara al próximo quinquenio, esa posibilidad estará presente desde el inicio del mandato, condicionando la relación entre ambos poderes. El riesgo no es solo la caída de un presidente, sino la normalización de gobiernos transitorios, sin legitimidad electoral directa y con horizontes cortos. Ejecutivos que nacen de una vacancia suelen concentrarse en sobrevivir políticamente, no en impulsar reformas estructurales. Ello profundiza la sensación de provisionalidad y refuerza la idea de que el país se gobierna a empujones, sin rumbo claro. Este escenario también afecta obviamente la calidad del debate electoral. Si los propios actores asumen que un presidente puede no completar su mandato, las campañas se vacían de propuestas de largo plazo. ¿Para qué plantear reformas profundas si el horizonte es incierto? La política se reduce entonces a promesas inmediatas y discursos defensivos, alimentando el cortoplacismo. De cara al próximo quinquenio, el país andino se enfrenta a una disyuntiva clara. O se corrigen los incentivos que han convertido la vacancia en una herramienta recurrente, o se acepta, de facto, un modelo de inestabilidad crónica. No se trata de proteger a futuros presidentes de todo control, sino de evitar que la amenaza de la vacancia condicione desde el primer día el ejercicio del poder. La pregunta que debería guiar el debate no es si el Congreso tiene derecho a vacar, sino cuándo y para qué. Mientras esa discusión no se aborde con rigor, el próximo gobierno estará tan expuesto como los anteriores. Y el Congreso, lejos de fortalecerse, seguirá cargando con la responsabilidad política de cada crisis que contribuya a generar. Si algo ha demostrado la experiencia reciente es que la vacancia presidencial no resuelve los problemas que dice enfrentar. Cambia nombres, reordena mayorías, pero no mejora la gobernabilidad ni la confianza ciudadana. Pensar que el próximo quinquenio será distinto sin cambiar esta dinámica es, en el mejor de los casos, ingenuo. El desafío, entonces, no es jurídico ni técnico, sino político. Consiste en decidir si el país quiere un próximo quinquenio marcado por la amenaza constante de la vacancia o uno en el que el voto ciudadano tenga un peso real durante todo el mandato. Lo contrario es aceptar que la inestabilidad no es una anomalía, sino “la nueva normalidad”. En suma, la vacancia no puede seguir siendo un atajo a Palacio ni una herramienta de reconfiguración del poder cada vez que el Ejecutivo pierde respaldo parlamentario. O se recupera su carácter excepcional y se asume el costo político de gobernar y controlar con responsabilidad, o se acepta que el próximo presidente será, desde el primer día, un mandatario en prueba permanente que puede ser vacado en cualquier momento. En ese escenario, el problema ya no será quién gobierna, sino si el país puede seguir siendo gobernado, con una progresiva degradación del régimen presidencialista. ¿Puede un país sobrevivir a su propia inestabilidad?
Como no podía otra forma, el paupérrimo fútbol peruano - colero absoluto del continente y cuya selección y equipos son humillados una y otra vez en las canchas - vuelve a hacer noticia, y de la peor manera. En efecto, este jueves se ha dado a conocer una noticia procedente del Argentina, donde tres jugadores de un equipo bidescendido han sido acusados de violar a una ciudadana argentina en Uruguay. Se trata de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, los cuales fueron denunciados en Argentina, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 14, por el delito de abuso sexual. De acuerdo al documento que contiene la denuncia, presentada el miércoles 21 de enero, una joven argentina de 22 años señala que ya conocía a Zambrano y que, tras una cena, fue invitada con engaños junto a una amiga al hotel donde se hospedaba el equipo blanquiazul, el Hyatt Centric, de Montevideo, Uruguay. Cabe precisar que Alianza Lima había realizado su pretemporada en ese país, participando en un torneo amistoso, donde para variar, termino eliminado. Fue en dicho recinto donde habrían ocurrido los hechos denunciados. Al respecto, el periodista argentino Javier Díaz, del medio argentino A24, que informó de este caso, señaló que la Policía de Buenos Aires otorgó a la denunciante un botón de pánico para brindarle apoyo. Además, indicó que la joven acudió al Hospital Muñiz, donde se realizó exámenes y entregó la ropa que llevaba el día del hecho, para pruebas de ADN. En tanto, el abogado penalista y experto en derecho internacional, James Rodríguez, señaló que la situación que afrontan los tres futbolistas es muy grave. “Dentro del derecho internacional, tiene la obligación el juez de Argentina de comunicar en Uruguay que hay una denuncia en proceso por hechos ocurridos allá. Las investigaciones tienen que darse en Uruguay, donde se habrían dado los hechos. Deberá recabarse las cámaras del hotel donde estaban hospedados los jugadores, los testimonios”, explicó. Añadió: “La Fiscalía y la justicia uruguaya van a citar a estos jugadores presuntamente implicados, y si no se presentan, hasta se les puede pedir una extradición (...). Acá se conoce como violación, pero allá se le dice abuso sexual. En el Perú hay una condena de 25 años y allá sería similar. Si son declarados culpables, deben cumplir la pena en Uruguay, por el principio de territorialidad y nacionalidad, porque allá habrían ocurrido los hechos”, agregó. De momento el club ha separado indefinidamente a los tres implicados, mientras se realicen las investigaciones que comprueben su culpabilidad. “La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración”, admitió el director deportivo del club, Franco Navarro. Tras formalizarse la denuncia, los jugadores deberán presentarse ante la justicia en la Argentina, donde bien pueden ser detenidos preventivamente, y tras ser condenados, cumplirían su sentencia en Uruguay, donde cometieron ese aberrante delito. El castigo debe ser ejemplar con estos impresentables sujetos que han dejado por los suelos - una vez más - al futbol peruano. Es de esperar que, una vez tras las rejas, les apliquen ‘la ley del burro’ a estos miserables... A por ellos.
