Marcada por la polarización, este 7 de junio el país andino se enfrenta a una disyuntiva que marcará su destino: votar entre el cambio prometido por las mayorías desposeídas del Perú que nada tienen, o por el continuismo del modelo neoliberal, que solo ha favorecido a unos cuantos privilegiados, mientras que millones de peruanos sobreviven como pueden en medio de la pobreza más extrema. Hay quienes podrían pensar que para salir de esa situación de miseria en la que viven, elegirían sin dudar la primera alternativa, pero embrutecidos - en el caso de Lima - por la prensa basura y su nauseabunda campaña mediática de demolición del candidato izquierdista Roberto Sánchez, opten de modo suicida por la que representa Keiko Fujimori, que está utilizando los mismos métodos del cual hacía gala su padre durante su régimen dictatorial para que se mantenga el status quo y nada cambie, por lo que en estos comicios, se enfrentaran dos modelos diferentes: el primero, representado por Keiko Fujimori, una política ‘profesional’ - a tal punto que nunca se le ha conocido trabajo alguno - que ha sido primera dama, congresista y fundadora de su propia agrupación política, Fuerza Popular (FP); y su contendor, el psicólogo Roberto Sánchez, quien ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, actual parlamentario y líder de su partido Juntos Por el Perú (JPP). Pero a pesar de dichos galones, el principal capital político de ambos no proviene de sus trayectorias, sino de los legados que defienden: el fujimorismo y el castillismo, de raíces nada democráticas. Dos herencias que parten en dos al Perú. Por cierto, en su novela Al filo de la navaja, publicada en 1944, William Somerset Maugham retrató el drama interior de un individuo desalentado por el derrumbe del mundo en que vivía. El momento en que debió optar entre quedar atrapado en un pasado que ya no existía o saltar hacia un futuro imprevisible quedó grabado en el título de la obra. Dicha imagen pasó luego al uso coloquial para describir esa situación límite e inevitable frente a la que solo resta decidir, sin saber a ciencia cierta cuál será el resultado. La escena política peruana de estos días muestra un dilema parecido. Como recordareis, la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril dejó unas elecciones empañadas por dificultades organizativas, retrasos, desánimo y hasta disparatadas denuncias de ‘fraude’ por parte de un candidato perdedor, que nunca existieron. Tras la borrasca electoral, la situación parece haber vuelto a la normalidad. Pero no a la ‘normalidad’ de un clima de estabilidad democrática capaz de procesar unos comicios difíciles. Ocurre más bien todo lo contrario. Lo habitual en el Perú no es la vigencia de las instituciones y las reglas de juego democráticas, sino una crisis política permanente, acompañada de inestabilidad al límite y deterioro acelerado por obra y gracia del fujimorismo desde el 2018, cuando propicio la obligada renuncia del judío Pedro Pablo Kuczynski, convirtiéndose desde entonces en el poder detrás del trono, una mafia que gobierna el Perú desde el Congreso, colocando y sacando presidentes a voluntad, a pesar de que la candidata y cabecilla de esa organización criminal Keiko Fujimori (alias la Señora K) insista en negarlo mil veces. Ese cóctel pone en riesgo hasta lo elemental. El funcionamiento mínimo de un régimen político basado en la legitimidad de la alternancia electoral, por ejemplo. De esta forma, el ballotage del próximo 7 de junio, zanjará unas elecciones sujetas a las reglas de juego impuestas arbitrariamente por un corrupto y desacreditado Congreso, como parte de un pacto de mutuas conveniencias entre agrupaciones políticas coludidas para mantener el control del poder. El principal beneficiario obviamente, es Fuerza Popular, agrupación heredera de la dictadura que encabezó Kenyo Fujimori durante la década final del siglo pasado. Debido al modo de distribución de escaños, el fujimorismo obtuvo mayoría relativa tanto en diputados como en senadores. La ‘novedad’ será la reinstalación del Senado a tres décadas y media de haber sido suprimida precisamente por la autocracia fujimorista que hoy promueve groseramente su retorno, desconociendo los resultados de un referéndum - donde más del 80% de los ciudadanos rechazo esa posibilidad - pero a los congresistas, como podéis imaginar, no les importo los resultados y coludidos con el corrupto Tribunal Constitucional (TC) - cuyos integrantes fueron elegidos precisamente por el pacto mafioso del Congreso - lo declararon ‘inaplicable’. Para nadie es un secreto que el resurrecto Senado no responde en modo alguno al objetivo de incrementar la representatividad, sino más bien al interés del fujimorismo y sus secuaces para ganar cupos laborales y concentrar influencia política. En la práctica, será un superpoder mediante el cual el Legislativo buscará seguir controlando a un Ejecutivo maniatado y sometido a sus deseos, amenazando al inquilino de Palacio con la vacancia cuando se les dé la gana. En cuanto a la elección presidencial del domingo, esta se definirá entre dos candidaturas contrapuestas que, en conjunto, acaban de conseguir menos del 30% del total de votos válidos en la primera vuelta, por lo cual el 70% de los peruanos no se siente representado por ninguno de los dos. En estos comicios, Keiko Fujimori, convertida luego de un conflicto intestino con su hermano en única dueña de la herencia electoral del exdictador, intentara por cuarta vez consecutiva llegar a la presidencia. Pero en realidad, ya controla muchas cosas desde el 2016, cuando obtuvo 73 escaños parlamentarios de un total de 130, pasando a ejercer un poder desmesurado que desató una tremenda inestabilidad presidencial sin visos de acabar pronto. Pero no contenta con ello, ahora quiere el poder total para no dejarlo jamás. Por culpa del fujimorismo y sus aliados, el Perú exhibe el triste récord de haber tenido nueve presidentes en la última década, con solo dos elegidos directamente en las urnas. El manejo mafioso del actual Congreso muestra la cara inversa del fin del presidencialismo que caracterizó al Estado peruano desde su creación republicana, a inicios del siglo XIX. La actual campaña fujimorista se basa en la cínica promesa de “recuperar el orden” cuando fueron ellos quienes originaron el ‘Kaos’ (con K de Keiko) actual. En un país asolado por la criminalidad, la informalidad y la pérdida de confianza, dicho mensaje busca capitalizar la memoria de eficacia y mano dura vinculada al genocida Kenyo Fujimori. Pero ese cóctel discursivo busca ocultar el legado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos que dejó su sangriento régimen. Con su discurso del ‘orden’, Keiko Fujimori aseguro su pase a la segunda vuelta, junto al control de la primera de las minorías electorales actualmente existentes en la política peruana. En medio de la extrema fragmentación política, reflejada en 35 candidaturas presidenciales, el fujimorismo ha podido rearticularse y reaparecer con cierto aparato y presencia territorial. Sin embargo, también sigue generando fuerte oposición y rechazo, los cuales resultarán decisivos en la segunda vuelta. En efecto, el antifujimorismo existente en el país, que ya la derroto en tres ocasiones durante el ballotage - perdiendo frente a Humala, Kuczynski y Castillo - hoy puede volver a repetirse por cuarta vez frente a la opción que encarna Sánchez. Actual congresista de izquierda y exministro durante el régimen de Pedro Castillo, su candidatura proviene de la alianza pragmática de varios grupos de izquierda y nacionalistas interesados en alcanzar alguna cuota de poder. utilizando a su favor el respaldo popular que Castillo obtuvo en los comicios del 2021, donde consiguió irrumpir como un outsider, sacudiendo el tinglado político en el último tramo de la primera vuelta. Con buen cálculo electoral, Sánchez impulsa su campaña llevando el sombrero típico que Castillo exhibió en la elección anterior, ofreciendo indultarlo e impulsar un cambio de rumbo estructural en el país. Esto le permitió captar el voto provinciano, rural y campesino, en lo que ha sido visto para terror de los sectores conservadores, como una repetición de los resultados electorales del 2021. Pero dicho voto no es una simple réplica de los resultados obtenidos anteriormente por Castillo. Su régimen fue una exhibición de falta de rumbo, ineficacia e improvisación, que debió enfrentar, además, la arremetida del Congreso. El corolario de este desastre ocurrió el 7 de diciembre del 2022, cuando Castillo intento dar un autogolpe de Estado que nadie obedeció, regalando a sus opositores del Congreso - que ya conspiraban contra él, junto a grupos empresariales, el Ministerio Público y medios de comunicación, tal como confeso el fujimorista Micky Torres - el motivo perfecto para destituirlo y enviarlo a la cárcel. Posteriormente, a pesar del descrédito de su régimen, Castillo pasó a convertirse en una víctima del sistema, una suerte de mito movilizador que, desde los ojos de sus votantes, especialmente en el sur andino, tiene que ser reivindicado en las urnas. El factor que explica esto se halla en la avalancha del pacto congresal que defenestró a Castillo, así como en el gobierno de quien fuera su exvicepresidenta y sucesora, Dina Boluarte, quien traiciono a sus votantes. Prestándose a ser la herramienta de los enemigos de Castillo, Boluarte asumió la presidencia sin imaginar que ello desataría un levantamiento popular en el sur peruano en exigencia de su renuncia. La respuesta fue una brutal represión estatal causante de medio centenar de muertos, la gran mayoría de origen provinciano e indígena, siendo Boluarte responsable directa de la masacre, pero que ha sido “blindada” tanto por el pacto mafioso del Congreso, como por el Ministerio Publico - también en manos del fujimorismo - para evitar que responda por ello ante la justicia. En cuanto a los comicios, tras pasar a la segunda vuelta, imitando en todo a Castillo, Sánchez necesita ampliar el respaldo político que ya ha conseguido, articulando las expectativas de cambio y rechazo al fujimorismo y la derecha. Esto en medio de un escenario que muestra una fuerte fragmentación socio territorial del voto, ya que, con el derrumbe del sistema de partidos, las ánforas ya no expresan horizontes programáticos o partidarios, sino más bien expectativas subjetivas que mezclan temores y anhelos sobre el presente y futuro. La división territorial de las preferencias electorales muestra el empalme de las diferencias clasistas, étnico-culturales y políticas vigentes en la sociedad peruana. En Lima, la parte costera del Norte y la Amazonía urbana predomina un sentido conservador que busca mantener el modelo de desarrollo neoliberal, expresándose en el respaldo al fujimorismo. En cambio, en las zonas rurales y provincianas, especialmente en el sur andino, prevalece una demanda de cambio y rechazo frontal al fujimorismo, que se expresa en un voto contestario y de izquierda. Este clivaje socio territorial es el que definirá quién será el ganador en las elecciones. Cabe precisar que el mayor perdedor de la primera vuelta fue el conspirador y paranoico Rafael López Aliaga - alias ‘Camarada Porky’ - fracasado exalcalde de Lima y candidato de la extrema derecha, a quien Sánchez superó por poco más de 20 000 votos. Tras denunciar un ‘fraude’ que solo existió en su alcoholizada imaginación, López Aliaga cuestionó a los organismos electorales y promovió movilizaciones, haciendo incluso un llamado a la ‘insurgencia’, para obligarlos a anular los comicios o realizar elecciones complementarias, donde se presentaron dificultades para instalar las mesas de votación. Su rabieta incluyó, además, la exigencia de anular el voto de centros poblados alejados de Lima, mayoritariamente rurales e indígenas, mostrando su desprecio por esos sectores. Esto evidencia una vez más el racismo y clasismo de la derecha peruana con el respaldo de una élite empresarial y mediática, alarmada por los resultados de las urnas, que no se dieron como ellos esperaban, y ahora incluso hablan de quitarles el derecho de votar a las masas indígenas “porque no saben elegir” esperando ilusamente que lo hagan por quienes los oprimen, asesinen y mantienen en la miseria con sus políticas neoliberales. Puestas así las cosas, la campaña de segunda vuelta está llegando a su fin esta semana, luego del debate entre ambos candidatos el pasado domingo, donde Sánchez prácticamente ‘barrio el piso’ con la hija del sátrapa, quien, de una forma patética y una mirada de odio a su contendor, solo se limitaba a leer prometiendo obras millonarias que sabe muy bien que no va a poder cumplir. La interrogante que plantea el desempeño político ya conocido de Keiko Fujimori es hasta qué punto, y de qué forma, buscará concentrar el poder y dar nuevo impulso al modelo de desarrollo neoliberal autocrático legado por su padre, buscando además la forma de intentar eternizarse en el cargo. En el caso de Roberto Sánchez, la gran pregunta es si podrá llevar adelante sus promesas de cambio de ese modelo, sacudiéndose de sus antecedentes políticos pragmáticos e inescrupulosos, para asumir la representación de un bloque popular y de izquierda suficientemente amplio. Precisamente, acaba de presentar un plan de gobierno más moderado, aglutinando a su alrededor a otros sectores para enfrentar la arremetida de la mafia, que se da especialmente de una forma nauseabunda en la prensa basura, reeditando estos días el mismo papel que cumplían durante la oprobiosa dictadura fujimorista, por lo que la democracia peruana, debe hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre ella. La polarización en las urnas, repetimos, refleja la encrucijada de unas elecciones situadas al filo de la navaja, entre el riesgo de la regresión al pasado autoritario o a un necesario cambio de rumbo. Si aun estas Indeciso, recuerda que el voto por Keiko es a favor de la continuidad de la corrupción, la delincuencia y el caos que ellos mismos originaron. No se le puede dar todo el poder, ya están viendo las barbaridades que está haciendo desde el Congreso. Por ello, este 7 de junio vota sin miedo y con alegría ... ¡Fujimori nunca más! (A tener cuidado con la jefa de la Yakuza, quien amenaza con desconocer los resultados si no gana los comicios. Habrá que estar atentos a sus intentos desestabilizadores)
Conocida militarmente como Operativo Secuestro, fue una masacre que tuvo lugar en Lima el 18 de julio de 1992 cuando un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como "La Cantuta") fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente por el destacamento clandestino del Ejército conocido como Grupo Colina, conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y liderado por el mayor Santiago Martín Rivas. Según las investigaciones realizadas por Ricardo Uceda y Umberto Jara, originalmente el objetivo del operativo habría sido capturar a sospechosos de haber participado en el atentado de Tarata, siendo, según Uceda, Martín Rivas quien ordenó la ejecución de las víctimas. En el 2009, la Corte Suprema determinó que ninguna de las víctimas de la masacre estaba vinculada con organizaciones terroristas. En el 2007, tras ser extraditado de Chile, Kenyo Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. Ante todo, cabe precisar que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, y pasó a ser universidad en 1965. Cerrada durante la dictadura del felón Morales Bermúdez en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda, Fue reabierta en 1980. Por ese entonces, los elementos radicales multiplicaban sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, tuvieron una fuerte presencia en dicho campus, iniciando una serie ataques a la población, lo que motivó que el Estado realizara algunas intervenciones. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y durante el toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, UNI y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para 1988, Sendero Luminoso tenía el control del Comité de Comensales de La Cantuta, además "organismos generados" de Sendero Luminoso como el Movimiento de Artistas Populares (MAP) y Socorro Popular (SOPO) operaban en las instalaciones de la universidad. A inicios de la década de 1990, luego de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA - con la complicidad de Alan García - se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo marxista-leninista-maoísta. Tras el autogolpe de Fujimori en abril de 1992, se dispuso de un plan para combatir al terrorismo con base en cuatro puntos: quitar el control de las cárceles y universidades a Sendero Luminoso y al MRTA, desarticular la presencia de los elementos terroristas en los pueblos jóvenes e implementar leyes antiterroristas junto a operaciones psicosociales para minar la voluntad de las huestes subversivas. Cuando el 16 de julio de ese año, un coche bomba explotó en la calle miraflorina de Tarata, mató a 25 personas e hirió a 250. Tras el atentado, se evaluó la situación en una reunión en la que estuvieron presentes Kenyo Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, entre otros. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) le informó a Fujimori que los responsables del atentado eran estudiantes de La Cantuta. En medio de esto, llegó una llamada de un funcionario del gobierno norteamericano quien les advirtió que, si los atentados senderistas continuaban con el mismo salvajismo mostrado en Tarata y la frecuencia con la que se venían desarrollando los atentados, se iba a evaluar “una intervención multinacional en el Perú”. Luego de la reunión, el general Juan Nolberto Rivero Lazo (jefe del SIE), le comunicó al general Luis Pérez Documet mediante una llamada encriptada que en las próximas horas "un grupo especial del ejército" ingresaría a La Cantuta por lo que Pérez Documet debía ordenar al jefe de la base militar acantonada en la universidad que franqueara el ingreso del pelotón especial. La orden comunicada por Rivero Lazo fue dictada por Hermoza Ríos quien la recibió de Fujimori. La operación quedó en manos de Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina. A las 6:30 de la noche del 17 de julio, Martín Rivas envió un mensaje a los integrantes del Grupo Colina. En dicho mensaje se decía: "El Tío ha ordenado capturar a unos angelitos que participaron en lo de Tarata. Uno de los agentes ha confirmado que hoy habrá una reunión en una de las residencias. Tenemos una lista con los nombres". A cien metros de la universidad, Rivas ordenó detener los vehículos. Este, junto al teniente Aquilino Portella (enviado por Pérez Documet), descendió y se dirigió al puesto de control militar contiguo a la puerta principal. A la media hora, los vehículos ingresaron a la universidad, estacionándose en el pabellón de la residencia de varones. Por otra parte, las tropas a cargo de Pérez Documet rodearon la universidad. Al llegar a la puerta de la residencia de varones, tocaron, pero nadie respondió. El agente Dámaso Petrell golpeó la puerta a patadas, cediendo esta. Un ropero metálico había sido colocado detrás, bloqueando la entrada. Tras sortear el ropero, alguien se levantó y encendió la luz, golpearon al sujeto y lo obligaron a regresar a su cama. Tras esto, la luz se apagó. Los estudiantes recibieron la orden de taparse con frazadas y salir al exterior, siendo separados en dos grupos. El agente Tena y el profesor Mejía separaron a los estudiantes de acuerdo a una lista que tenía Martín Rivas. Los 6 estudiantes separados figuraban también en la lista que poseía Velarde y fueron llevados, sin resistencia, a las camionetas con el rostro cubierto. Luego, se dirigieron al pabellón de mujeres, donde se encontraban celebrando una fiesta. Debido al ruido, los agentes pasaron inadvertidos. Tras cesar la música, los estudiantes fueron trasladados a los pasillos y puestos boca abajo. Tras ser revisados, fueron seleccionados 3 estudiantes adicionales, quienes fueron llevados a los vehículos. Estos eran: Bertila Lozano Torres; Dora Oyague Fierro; Luis Enrique Ortiz Perea; Armando Richard Amaro Cóndor; Robert Édgar Teodoro Espinoza; Heráclides Pablo Meza; Felipe Flores Chipana; Marcelino Rosales Cárdenas; Juan Gabriel Mariños Figueroa; y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. En el camino, Rivas empezó a detener su vehículo de forma intermitente, lo que motivó que Sosa le preguntara a Pichilingue (miembro del Grupo Colina) sobre sus intenciones. Debido a que le habían ordenado entregar a los sospechosos a la DINCOTE, Rivas consideraba que la acción realizada (captura de sospechosos) era una acción para policías y no para un cuerpo de élite del ejército, como consideraba a su equipo. Por ende, disgustado, decidió ejecutar a los detenidos. Tras tomar un desvío, Martín Rivas ordenó bajar la velocidad y seguir a su vehículo. En el trayecto, dejaba estacionado su auto, bajaba y luego de unos minutos proseguía la marcha. Tanto para Sosa como para Pichilingue, Rivas estaba buscando un lugar para enterrar los cuerpos tras realizar las ejecuciones. Ante esto, Sosa comunicó a Rivas que conocía un lugar y los guio hacia un lugar donde existía un campo de tiro. Los detenidos fueron bajados de los vehículos y se les hizo formar en columna, dos agentes se quedaron en la carretera haciendo guardia mientras que otros dos se dirigieron a las alturas. Mientras un grupo buscaba un lugar propicio para los entierros, los detenidos eran vigilados por otros, y a los pocos minutos, fueron ejecutados Posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en el lugar, guardando Sosa los documentos. Al día siguiente, en una reunión en lugar de operaciones del Grupo Colina, Rivas comunicó su preocupación sobre los entierros, a lo que Sosa propuso enviar a dos agentes de inteligencia a verificar el lugar. Tras retornar, uno de ellos les comunicó que "se nota todo. Hay un brazo y una mano que sobresalen. Se puede ver la ropa de otro de los cuerpos", por lo que, tras evaluar la situación, concordaron en desenterrarlos y sepultarlos en diversas fosas. Ya para entonces, el diario La República reportaba la detención de 9 estudiantes y 1 profesor. En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el Grupo Colina había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas en una fosa común. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, miembros del Grupo Colina exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "informantes" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en la masacre, identificando al jefe de las operaciones, Santiago Martín Rivas, y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del dictador Kenyo Fujimori, quien también tenía pleno conocimiento de estos acontecimientos y había ordenado la “desaparición” de los detenidos. En junio de 1993, un reciclador que se encontraba por la zona durante la masacre, y su amigo Guillermo Catacora, entrego un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez, quien lo compartió con la revista Sí que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por la Fiscalía reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses realizados a los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, resultaron pertenecientes a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de ese año, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Así, el 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años. Pero antes las protestas de los deudos, Fujimori, tras regresar de un viaje en agosto de dicho año, declaró ante los periodistas: "Si. la gente supiera que ellos fueron los que hicieron el atentado de Tarata, no pensarían igual"; pero investigaciones periodísticas y los procesos judiciales posteriores desmintieron sus afirmaciones, dichas para intentar desviar su responsabilidad en la matanza. Precisamente para tratar de blindarse- tanto el cómo sus secuaces, dicto una aberrante Ley de Amnistía para los criminales, la cual fue abrogada tras la caída del régimen el año 2000. El 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta matanza como de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Tras ser extraditado de Chile, se le sometió a juicio por esos crímenes. Durante el proceso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. Fujimori recibió el 7 de abril del 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como Crímenes de Lesa Humanidad. Penas similares cayeron sobre Montesinos, Rivas y demás integrantes del Grupo Colina, los cuales a diferencia del primero - quien, liberado en el 2023 por orden del corrupto TC, moriría al año siguiente - siguen cumpliendo su condena. Pero el régimen fujimorista no solo se caracterizó por sus crímenes, sino también por corromper a todos aquellos - como empresarios, periodistas, medios de comunicación - que les podían ser útiles en su objetivo de seguir atornillándose al poder, y para ello se valió de Vladimiro Montesinos para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación, que se vendieron alegremente a la dictadura (Próximo capitulo: La prensa chicha)
A solo una semana del ballotage en el país andino a realizarse el próximo 7 de junio, toca ocuparnos en esta ocasión del candidato de la izquierda radical Roberto Sánchez (JPP) quien como una “gran novedad”, ofrece un retorno al pasado estatista de los años 70, precisamente a la época de la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968 - 1975), que tan desastrosos resultados ocasionó a la economía peruana, del cual aún le cuesta salir. Por ello, es incomprensible que existan quienes pretendan que el Perú regrese a aquella época infausta, como si no hubiesen aprendido la lección que dejo aquel experimento socialista, que al final condujo a los peruanos a la pobreza más absoluta. Como todos los izquierdistas, en lugar de producir riqueza, buscan arrebatársela a quien la tiene para repartirla - según afirman - “entre los desposeídos” (aunque ellos se quedan con la mayor parte de lo robado, convirtiéndose en los privilegiados del nuevo régimen). Pero como podéis suponer, llega el momento que esa riqueza se acaba y ya no tienen que repartir, por lo que comienzan las protestas, que son violentamente aplastadas acusando a sus promotores de ser “contrarrevolucionarios al servicio del imperialismo” ¿Les suena conocidas esas palabras? Así sucedió en las postrimerías del régimen velasquista, cuando en medio de una grave crisis económica, el 5 de febrero de 1975 se desato la violencia en Lima, con el saqueo e incendio de una serie de locales comerciales y sedes de organismos públicos por parte de aquellos sectores a quienes el régimen había malacostumbrado a estirar la mano y no trabajar. Ese fue el comienzo del fin de la dictadura, que meses más tarde era derrocada por el felón Francisco Morales Bermúdez, que pocos años más tarde, restauro la “democracia” entregando un país en ruinas y que fue el caldo de cultivo del terrorismo homicida de Sendero Luminoso a partir de mayo de 1980. Miren el patético “ejemplo” que hoy es Cuba (“faro” ideológico de todos los izquierdistas del continente desde 1959) arruinado económicamente y que solo se sostiene “gracias” a sus aparatos represivos que aplastan inmisericordemente cualquier tipo de protesta, a la vez que estira la mano a China y Rusia, que les regalan alimentos y petróleo para sobrevivir. Es la misma situación en la que se encuentran Nicaragua y Venezuela. Si bien en este último país, el sátrapa Nicolas Maduro fue capturado y enviado a prisión por los EE.UU., el chavismo sigue haciendo de las suyas en el poder como si nada hubiera pasado, ya que a Donald Trump solo le interesaba apoderarse del petróleo venezolano - que lo ha conseguido - olvidándose de sus promesas de “restaurar la democracia” ... de ello ya nadie habla. Un caso más cercano del fracaso de la izquierda es Bolivia, hoy convulsionada por obra del narcopedófilo Evo Morales - al haber la justicia dictado orden de captura para que responda por los graves cargos de violación de niñas del cual está acusado - quien ha ordenado que miles de sus “ponchos rojos”, un grupo terrorista por el creado, desate el terror en las calles de La Paz, intentando derrocar al gobierno conservador de Rodrigo Paz. Como recordareis, cuando Morales estuvo en el poder, nacionalizo la industria petrolera y los yacimientos de gas en el 2006, dando origen a un ilusorio “estado de bienestar” entre los bolivianos, que únicamente duro hasta el 2014 cuando se acabó el espejismo y comenzó el declive, debido a que ninguna empresa extranjera quiso hacer nuevas inversiones en exploraciones, mientras que la estatal YPFB fue incapaz de realizarla, ocasionando el derrumbe total de la economía que hoy padece el país altiplánico y del cual el hoy prófugo de la justicia es el principal responsable. Lo que originó la nacionalización, fue la caída de la producción, acabando con las reservas y destrozando la gallina de los huevos de oro que era su industria petrolera y gasífera. Como consecuencia de ello, hoy existe una mayor dependencia de Bolivia de las importaciones, hasta el punto de que actualmente compra del exterior el 90 % del diésel y el 50 % de la gasolina que consume y, según proyecciones oficiales, en el 2029 el país se convertirá en importador neto de gas natural. Para colmo, no hay dinero para adquirirla, ya que las reservas monetarias del país se “evaporaron” en manos de Morales. A ese desastre lo ha llevado el socialismo, que Sánchez pretende imitar. Por otro lado, para nadie es un secreto que la izquierda siempre ha tenido una enfermiza fijación en cambiar la Constitución - especialmente en lo referente al capítulo económico - con el objetivo indisimulado de acabar con la independencia del BCR y apoderarse de las Reservas internacionales del Perú que superan los US$ 100.000 millones, para - según afirman - “reactivar la economía”, cuando estos son ahorros de todos los peruanos que están ahí para respaldar el valor de su moneda - el Sol - que es la más fuerte de la región, posibilitando que la economía peruana no se vea afectada por el caos político que se vive en el país. De no existir esas reservas, los peruanos estarían viviendo una hiperinflación tan terrible como en la época de Alan García. ¿A que no lo pueden entender? Por lo visto, no, ya que Sánchez y sus partidarios insisten con su cantaleta de “Asamblea Constituyente” y “Nueva Constitución” que lo presentan como la ‘solución’ a los problemas que vive el Perú, cuando ello no es cierto. Es lamentable que la izquierda latinoamericana - y la peruana en particular - se haya quedado anclada en el pasado y que a diferencia de sus “colegas” europeos, siga siendo desfasada y anacrónica, insistiendo en fórmulas desgastadas de estatizaciones y controles de precios que han demostrado hasta la saciedad su fracaso allí donde se han implantado, pero insisten una y otra vez con lo mismo. A propósito, cabe preguntarse ¿Quién es Roberto Sánchez? Candidato presidencial de Juntos por el Perú, fue acusado de traidor por su excompañero político Yehude Simon. “Es un tipo muy peligroso para la política, peligroso para el Perú. Carece de moral y de ética. Se portó muy mal, mordió la mano de quien le dio de comer. Le dimos el cargo más alto, lo defendimos todo el tiempo que pudimos y a la primera vendió su alma al diablo”, dijo hace unas semanas en una entrevista. Simon acuso a Sánchez de haberle abierto las puertas de su partido, pero al final lo desembarcó y se quedó con su organización política. “Roberto Sánchez se robó el partido, manipuló y traicionó a Verónika Mendoza y a todo el mundo, definitivamente”, agregó. A Simon no le falta razón. Sánchez, quien es un izquierdista radical, tiene un rosario de traiciones. Veamos. El candidato de JPP cuenta en las actuales elecciones con el apoyo público de Pedro Castillo, quien, tras fracasar en su intentona golpista del 7 de diciembre del 2022, fue detenido a las pocas horas de ese mismo día y condenado a varios años de prisión. Por cierto, Sánchez no es nada original en su discurso: repite su misma prédica incendiaria, la de dividir a los peruanos “entre ricos y pobres”, clamando por una Asamblea Constituyente y se pone un sombrero similar al que usaba el golpista. De esta manera, Sánchez ha logrado el apoyo del encarcelado Castillo - a quien ha prometido indultarlo si llega al Poder - pese a que él fue el primero de sus ministros en abandonarlo cuando dio el golpe de Estado. Aquella vez, cuando renunció, escribió en su cuenta X este texto que hasta hoy está en las redes sociales: “El golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema del presidente. Pero no puedo por principios democráticos estar de acuerdo con esa decisión”. Y seguidamente enfatizó: “Presento mi renuncia irrevocable al Ejecutivo. Exhorto a la OEA a su asistencia”. Más tarde, durante el juicio por ese fallido golpe a la democracia, Sánchez lo volvió a traicionar. Afirmó que Castillo fue el único responsable de esa decisión que él no compartió. Al mismo tiempo, el candidato izquierdista ha incorporado a su movimiento y en su campaña electoral al líder etnocacerista Antauro Humala (de ideas tan extremistas, como el de dar el poder a lo que denomina la raza cobriza, “postergados durante siglos por el centralismo limeño”; Declarar la guerra a Chile “para recuperar Arica y Tarapacá”; Restaurar la religión Tawantinsuyana, “ya que el Cristianismo ha sido una imposición de los invasores y es ajena a nuestra realidad”... entre otras disparatadas “propuestas”), quien como recordareis, fue procesado por el asesinato de cuatro policías durante la revuelta que protagonizó el 2005 en Andahuaylas (Apurimac), conocido como el ‘Andahuaylazo’ siendo condenado a 19 años de prisión, pero que salió de la cárcel antes de tiempo, gracias a unas maniobras de parte del Ejecutivo. A Sánchez le ha importado poco o nada que el exmilitar le haya dicho de todo a Castillo, desde ignorante hasta ladrón. Y lo mismo hizo con sus militantes. Cuando Castillo fue vacado por el congreso, Antauro declaró al portal Infobae: “No puedo defender moralmente al expresidente Pedro Castillo porque es un ladrón de gallinas y me ratifico (…). Pudo haber sido un proyecto nacional de 50 años después de Velasco Alvarado. Falló porque se corrompió”. Ahí no quedaron sus ofensas. En otra entrevista afirmó: “A mí me dan risa los castillistas. Me dan risa tremendamente. Me dan vergüenza ajena. Castillo gobernó con la Constitución de (Vladimiro) Montesinos. Gobernó con piloto automático. También tuvo muertos por conflictos sociales”. Seguidamente agregó: “Lo conocí a (Pedro) Castillo por teléfono. Y, sinceramente, viendo su gobierno desde la prisión, he visto pasar a siete presidentes. Y te digo que Castillo fue, definitivamente, el más inepto. Castillo ha hecho un tremendo daño al movimiento social. Lo ha hecho retroceder. Es lamentable, pero yo creo que debemos superar el problema de Castillo”. Para atraerlo a sus filas, Sánchez le ofreció a Antauro las carteras de Defensa o Interior, claro, si es que gana las elecciones, según fuentes de su entorno, a pesar que ahora lo niegue y busque distanciarse de él. Y también prometió inicialmente expectorar a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), a quien los peruanos le deben su estabilidad económica y la fuerza de su moneda. Si bien ahora para la segunda vuelta, Sánchez ha decidido “ocultar” a Humala, y cambiar su posición respecto a la salida de Velarde, las dudas persisten. Uno se pregunta ¿Por qué Castillo aceptó que Sánchez incluya a Antauro Humala en su campaña pese a que ha despotricado de él? Yehude Simon ensaya esta respuesta válida: “Él (Sánchez) se ha aprovechado de Pedro Castillo. Yo diría por la ingenuidad que a veces existe en el mundo andino. No sé por qué Castillo puede creer tanto a una persona que lo ha traicionado o que lo ha negado. Seguramente, porque a cambio, ha logrado que su hermano José Castillo ingrese al Senado por Juntos por el Perú, mientras que su hija política, Yenifer Paredes, lo haya hecho a la Cámara de Diputados”. De lo que sí se puede estar seguro es que Sánchez no traicionará a los mineros informales e ilegales que están apoyando, abiertamente, su costosa campaña electoral. Se les conoce como ‘Los Reinfos’. Son grupos de mineros que han logrado que el Congreso extienda su permiso en reiteradas oportunidades para continuar operando sin ningún tipo de control. Un posible gobierno de Sánchez les permitiría hacerlo permanentemente. Es más, su apoyo a ese sector ilegal, que mueve millones de dólares todos los días arrasando con el medio ambiente, está documentado. El año pasado presentó un proyecto de ley solicitando una prórroga del Reinfo y el reingreso de 50 mil mineros ilegales, logrando que esa extensión fuera aprobada. “Lo que está haciendo es facilitar la ilegalidad y perpetuarla. Roberto Sánchez es el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas”, dijo en aquella oportunidad la congresista Diana Gonzales, integrante de esa comisión y la única que se ha enfrentado a los oscuros propósitos de Sánchez. El apoyo financiero al candidato de Juntos por el Perú se evidencia en los reiterados viajes al sur y centro del país, y a zonas donde predomina la minería ilegal. En esos lugares tiene alta aceptación que le ha permitido pasar al ballotage para enfrentarse a Keiko Fujimori el 7 de junio. Hasta allí llega acompañado de cientos de sus seguidores en modernas camionetas cuatro por cuatro y reparte profusa propaganda de su candidatura. Por lo que hasta hoy se conoce, Sánchez es una persona en la que no se puede confiar. Aparenta “moderación” ante los medios, pero en sus giras proselitistas es el radical de siempre. Tal vez sea cierto lo que sobre él dice Yehude Simon: “Este señor no tiene ninguna formación, es un oportunista, sabe que lo que dice es falso. Si falsea con alguien que le dio de comer, con alguien que le dio la vida política, que lo sacó encima de la pobreza, qué se puede esperar de este señor” asevero. Como podéis notar, si Sánchez es malo, la alternativa que representa Keiko es mucho peor, ya que reivindica los crímenes de su padre y de seguro pretenderá emularlo para quedarse por siempre en el Poder. Para ello, se cree que tendría el apoyo en el Senado de López Aliaga y del traidor de Jorge Nieto, con los cuales podría gobernar sin sobresaltos (siempre y cuando ‘el camarada Porky’ no conspire contra ella debido a que lo dejo solo es su absurdo relato fraudista), algo que el candidato de JPP no podrá emular porque su bancada no es tan numerosa como la fujimorista, por lo que, de ganar los comicios, al contrario de lo que afirma insistentemente la prensa basura, tampoco podrá hacer realidad ninguna de sus promesas centrales de campaña - como el de indultar a Castillo, nacionalizar los recursos naturales “en manos de los grupos oligopólicos”, recuperar el Gobierno “para el pueblo” , crear una nueva Constitución “basada en igualdad de derechos” o realizar “una segunda Reforma Agraria” - ya que además estará desde el primer minuto enfrentándose a los pedidos de vacancia, como ya lo han adelantado sus adversarios políticos. Si los fujimoristas conspiraron junto con el Congreso, el Ministerio Publico y medios de comunicación para derribar a Castillo según propia confesión del ‘naranja’ Miguel Torres, lo cual, por cierto, es un delito de sedición ¿Qué les impediría repetir la formula en esta ocasión? Su gobierno seria débil y no duraría mucho, a menos claro, que se les adelante y disuelva ese antro de corrupción que es el Congreso, apenas asuma el mando. De seguro en una situación similar, Keiko lo haría sin duda alguna, repitiendo los pasos de su padre....Por cierto, eso de que “dejaría el cargo luego de cumplir 5 años” (Keiko) o de “renunciar si enfrento un congreso hostil” (Sánchez) no se los cree nadie, ya que no está en el ADN de quienes admiran a los golpistas. Triste destino el del Perú, porque gane quien gane, perderá la democracia.
Se denomino así a un escuadrón de la muerte del Ejército Peruano establecido en octubre de 1991 como parte de “una estrategia de guerra de baja intensidad” emprendida por el Estado peruano a través de sus fuerzas armadas durante el regimen de Kenyo Fujimori. Fue desactivado oficialmente en noviembre de 1992 - tras su participación en la matanza de La Cantuta - y dado a conocer públicamente en 1993. Dependía directamente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) directamente, y, a través de una cadena de mando paralela, del Comandante General del Ejército y del siniestro “asesor” presidencial Vladimiro Montesinos. Este escuadrón de la muerte fue dirigido por el mayor del Ejército Peruano Santiago Martín Rivas y participó en una serie de asesinatos y desapariciones de al menos cuarenta y nueve personas, mediante sistemáticas violaciones a los derechos humanos, siendo las más destacadas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Durante los procesos de Kenyo Fujimori, el exdictador fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad mediata de las actividades de este destacamento criminal, al igual que su exasesor Vladimiro Montesinos y el excomandante general Nicolás Hermoza. En tanto, los miembros del escuadrón con Martin Rivas a la cabeza, también fueron condenados a penas entre quince y veinticinco años de cárcel. Por cierto, cabe precisar que el grupo, por ser una unidad de inteligencia, no tenía nombre oficial. El nombre de “Colina” fue puesto por un integrante del grupo en honor al capitán de infantería José Colina Gaige quien fue acribillado por una patrulla militar en 1984 cuando operaba como infiltrado dentro de Sendero Luminoso. Cabe precisar que estos escuadrones de la muerte ya existían con antelación, siendo uno de los más conocidos durante el régimen aprista, denominado Comando Rodrigo Franco, que desapareció al terminar el (des)gobierno de Alan García. En cuanto al origen del Grupo Colina, tras la confiscación de los archivos de Sendero Luminoso por parte del GEIN en la Operación Caballero, acaecida en enero de 1991, Santiago Martín Rivas fue destinado a analizar los archivos confiscados junto a un equipo de analistas al edificio de la DINCOTE de la avenida España. El trabajo de análisis de la documentación confiscada estuvo coordinado por Vladimiro Montesinos a través de su representante el comandante Roberto Páucar Carbajal. Montesinos, a su vez, transmitía los avances a Kenyo Fujimori. Tras el análisis, se logró establecer la estructura de Sendero Luminoso, los conceptos usados, los nombres de una buena parte de los integrantes del Comité Central, sus modos de actuar y las razones del salvajismo de sus acciones. “Para ellos [los senderistas] eran mensajes de guerra, una manera de asustar a la población para que no ayude a las fuerzas del orden” apuntaron. Luego, Martín Rivas junto a Carlos Pichilingue, elaboraron un informe de alrededor de 400 páginas sobre cómo enfrentar a Sendero Luminoso usando la guerra de baja intensidad, además de entregar reportes de inteligencia a Montesinos. Debido al informe, ambos recibieron una felicitación de Fujimori en junio de 1991. Entre agosto y septiembre de ese año, se reunió el personal que integrará el Grupo Colina. En el taller de mantenimiento del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), en agosto de 1991, se llevó a cabo una ceremonia de inauguración donde asistieron Martín Rivas, Pichilingue, Rivero, Rodríguez Zabalbeascoa, Julio Salazar Monroe y los agentes de Colina seleccionados hasta el momento. Los agentes de Colina fueron divididos en 3 equipos, siendo el primero liderado por Jesús Sosa Saavedra, el segundo por Julio Chuqui Aguirre y el tercero por Pedro Suppo Sánchez. Posteriormente, Suppo se convertiría en coordinador operativo entre los equipos por lo que Wilmer Yarlequé Ordinola asumió su puesto en el liderazgo del tercer equipo. En esta época, en septiembre de 1991, realizaron operaciones de seguimiento y vigilancia a la Asociación de Abogados Democráticos (AAD), organismo generado de Sendero Luminoso. La misión era identificar a los abogados Jorge Cartagena y Alfredo Crespo, miembros de la AAD. Al mes siguiente, el Grupo Colina quedo bajo el liderazgo de Santiago Martín Rivas, quien decidió casi de inmediato de pasar a la acción por órdenes del propio Fujimori, dando inicio así a una serie de matanzas de elementos considerados sospechosos de ser integrantes de Sendero Luminoso. Su primera acción de envergadura fue la llamada "Masacre de Barrios Altos", acaecida el 3 de noviembre de 1991 (del cual nos ocupamos hace un par de semanas). Las operaciones del Grupo Colina eran secretas y los miembros de este grupo no podían definir claramente si tenían oficialmente licencia para realizar las ejecuciones. Luego siguieron otras matanzas, que detallamos a continuación; Masacre de Pativilca (29 de enero de 1992), donde secuestraron, torturaron y asesinaron a seis personas aparentemente vinculadas a Sendero Luminoso: John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez; El Asunto Henri Cherriére (Febrero de 1992), una operación destinada a liquidar a un senderista de rango importante (Celis Pomatanta) para lograr el ascenso de un senderista colaborador identificado como "Henri Charriére" mediante el cual podrían obtener la ubicación de Abimael Guzmán. Se descubrió, sin embargo, que "Charriére" (Clemente Alayo) había mentido junto a Mesmer Talledo y que el objetivo real de ambos era robarle a Celis Pomatanta, quien en realidad era un narcotraficante; Masacre del Santa (2 de mayo de 1992), donde secuestraron y ‘desaparecieron’ a diez campesinos en el valle del Santa al parecer vinculados a Sendero Luminoso. La masacre habría sido instigada por intereses privados a través de Nicolás Hermoza; Operación Mudanza 1(6-9 de mayo de 1992), donde el Grupo Colina ingresó al penal de Canto Grande, mientras se realizaba un operativo para retomar el control del penal en manos de las autodenominadas “Luminosas Trincheras de Combate”, para liquidar a los miembros capturados del Comité Central de Sendero Luminoso; Asesinato de Pedro Yauri (23 de junio de 1992), del cual se decía que estaba vinculado al MRTA, quien abogó por la libertad de la familia Ventocilla luego que cuatro miembros de esta familia fueran secuestrados por elementos militares el 25 de mayo de 1992; Asesinato de Santiago Gómez (9 de julio de 1992), quien se trataba de un dirigente israelita, el cual fue secuestrado al ser confundido por miembros del Grupo Colina por otro sujeto, y termino siendo asesinado; Masacre de La Cantuta (18 de julio de 1992), donde secuestraron, torturaron y asesinaron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta a quienes acusaron de estar vinculados a Sendero Luminoso. Este monstruoso crimen (del cual nos ocuparemos con detalle la próxima semana) origino tal indignación en la opinión pública - sobre todo por las disparatadas declaraciones de la rabiosa fujimorista Martha Chávez, quien dijo que las víctimas “se autosecuestraron”, “se autotorturaron” y “se autoasesinaron” (?) - obligo al régimen a desactivar dicho escuadrón de la muerte en noviembre de 1992. Aunque en un principio se negó la existencia de este grupo por su carácter secreto, los documentos encontrados y la confesión de algunos agentes permitieron establecer su existencia. En 1995, se aprobó la Ley 26749, conocida también como la Ley de Amnistía, mediante la cual los miembros del Grupo Colina fueron puestos en libertad al acogerse a dicha ley. Previamente, los miembros del Grupo Colina habían sido condenados por un tribunal militar, por lo que Fujimori busco la impunidad para sus crímenes. Asimismo, se ha vinculado al Grupo Colina con los asesinatos del sindicalista Saúl Cantoral (febrero de 1989, asesinado por el Comando Rodrigo Franco), el coronel Edmundo Obregón Valverde (agosto de 1991, muerto en una emboscada senderista), el sindicalista Pedro Huilca (diciembre de 1992) y al miembro disidente del Grupo Colina Dámaso Pretell (1997, muerto “en un accidente de tránsito”). Asimismo, se especula que algunos agentes del Grupo Colina fueran los responsables del asesinato, tortura y descuartizamiento de la agente del SIE Mariela Barreto (quien fue conviviente y tuvo una hija con Martin Rivas) el 22 de marzo de 1997. Esto instigado por el propio Fujimori en venganza por haber denunciado la existencia de los planes “Bermuda”, “El Pino” y "Narval" para atentar contra César Hildebrandt, Heriberto Benítez y Global TV. Tras la caída del régimen el año 2000, se anuló la Ley de Amnistía dictada por Fujimori, lo cual posibilitó que los responsables de esos crímenes fueran perseguidos, detenidos y condenados a largos años de prisión, entre ellos el propio Kenyo Fujimori, su “asesor” Vladimiro Montesinos y Santiago Martin Rivas a 25 años de prisión. En el 2007, cuatro exintegrantes fueron sentenciados a 15 años por la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. En el 2008, el exagente Jesús Sosa Saavedra afirmó que el grupo tenía vínculos con las fuerzas del Ejército peruano, mientras que, en el 2024, cinco exintegrantes confesaron los crímenes del caso Pativilca por anticipado. Ese mismo año, durante el proceso judicial por la masacre de Pativilca, Rivas no ha mostrado signos de arrepentimiento e incluso ha amenazado a quienes han intentado hacer justicia por los crímenes cometidos por ese escuadrón de la muerte. De todas sus acciones, el más abominable ocurrió en la Universidad de La Cantuta en julio de 1992, donde varios estudiantes acusados de ser terroristas, fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados, por orden del propio Fujimori, y que detallaremos a continuación (Próximo capítulo: La Matanza de La Cantuta)
“Voy a gobernar como mi padre” fue la frase dicha recientemente por Keiko Fujimori - candidata por Fuerza Popular (FP), quien se enfrentará al izquierdista radical Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JPP) en el ballotage del 7 de junio -, con el cual prácticamente amenaza a los peruanos con volver a los aciagos días de la dictadura de su progenitor Kenyo Fujimori, quien como recordareis, mediante un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992 traiciono al Perú e instauró en el país andino una sangrienta dictadura, donde la corrupción generalizada, la brutal represión, los asesinatos indiscriminados, las desapariciones forzadas, la compra de líneas editoriales, el tráfico de drogas en el avión presidencial y como la cereza del pastel, mediante una “interpretación auténtica” reelegirse una y otra vez pretendiendo eternizarse en el poder y saquearla a su antojo, pero que todo ello se derrumbó en año 2000 al darse a conocer un tristemente célebre vladivideo ,en el cual se aprecia a su “asesor” Vladimiro Montesinos comprando mediante fajos de miles de dólares - colocados uno sobre otro - a un congresista “opositor”, quedando al descubierto la entraña criminal de su régimen, por lo cual tras el escándalo desatado, el sátrapa huyo vergonzosamente al Japón - abandonando a su suerte a sus hijos - hasta su posterior captura en Chile, siendo extraditado y condenado a 25 años de prisión por sus Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Esto es lo que buscara ‘reeditar’ su hija? Por lo que se ve por estos días, todo parece indicar que sí, ya que, por ejemplo, el Pacto Mafioso del Congreso liderado por su partido, rechazo interpelar al ministro fujimorista de Defensa por el alevoso asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba (Huancavelica) por parte de los militares - una masacre que la prensa basura ha ignorado olímpicamente - buscando la impunidad de los responsables por esos crímenes. Si así está comenzando a imitar los sangrientos métodos utilizados por su padre ¿Que puede esperarles a los peruanos si llega al Poder? Se proclama “respetuosa del estado de derecho” como si uno no supiera que tiene secuestrado al TC, a la JNJ, a la Defensoría del Pueblo, a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que están enteramente a su servicio. Solo le falta acceder a Palacio de Gobierno para no soltarlo jamás. Aunque valgan verdades, ya lo dirige a control remoto desde el Congreso, porque el octogenario José María Balcázar es un holograma al que ni sus ministros hacen caso. Ahí está, por ejemplo, el asunto de los viejos y destartalados aviones F-16 que, pasando por encima de su autoridad, fueron adquiridos por orden del presidente del Congreso, el fujimorista reciclado Fernando Rospigliosi (proveniente de Vanguardia Revolucionaria y que fue feroz critico de su padre) quién es que realmente gobierna el Perú, por órdenes de Keiko, obviamente. Otra muestra de su poder, es que tras la grave denuncia que involucra a su candidato a primer vicepresidente Luis Galarreta, quien posee un patrimonio de más de un millón de soles del cual no puede explicar su origen, pero que para la politizada Fiscalía no pasa nada, demostrando que el Pacto Mafioso manda en los tribunales, al servicio del fujimorismo. Que no venga ahora quien no tiene trabajo conocido - a quien sus congresistas tienen que darle el 10 % de su sueldo para pagar su salario, obteniendo al año la suma de 271 mil dólares - a decir “que solo me quedaré cinco años y que no habrá otro 5 de abril” porque nadie se lo cree. Se trata de una mitómana compulsiva a quien no se puede dar crédito a una sola palabra que salga de su boca. Por ejemplo, en el 2011 prometió que “no volvería a postular para evitar la polarización” ... MENTIRA, ya que postulo nuevamente en el 2016; Es más, ese año juro que “no habría ningún candidato que se apellide Fujimori” ... OTRA MENTIRA, ya que postulo nuevamente en el 2021; Como si ello no fuera suficiente, ese año dijo “que no volvería a postular por cuarta vez” ... VOLVIO A FALTAR A LA VERDAD, ya que lo ha vuelto a hacer en el 2026. Sin palabra y sin honor, Keiko Fujimori no oculta su deseo de perpetuarse en el poder al igual que pretendió hacer su padre. Se trata además de una desnaturalizada hija que permitió que su madre Susana Higuchi fuera torturada y electrocutada, tanto en Palacio como en el Pentagonito por los esbirros del SIN, luego de denunciar una serie de delitos que involucraban a los hermanos del tirano, mientras Keiko, que usurpo su cargo de “primera dama”, disfrutaba de las delicias del Poder. Pero eso no es todo, ya que años más tarde, se negó a que Alan García indultara a su progenitor porque este le quitaría el liderazgo del partido, y también amenazó a su hermano Kenji con enviarlo a la cárcel porque se distancio de ella y dividió la bancada fujimorista, demostrando que no tiene sentimiento alguno. Si así se comporta con los de su propia sangre ¿Cómo creeréis que lo haga con el resto de peruanos? Ahora pretende engañar a todos, mostrándose conciliadora, moderada, ordenada y serena; Pero en realidad es fría, malvada y vengativa, quien solo está esperando el momento de sentarse en el sillón presidencial para ir a por quienes la enviaron a la cárcel en tres ocasiones - entre el 2018 y el 2020 - acusada de liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos, y hubiese terminado condenada a 34 años de cárcel sino capturaba el Tribunal Constitucional por medio del Congreso que controla, que acudió prontamente en su ‘ayuda’ decretando ilegalmente su libertad. Es más, se dice que en su “lista negra” están quienes serian sus primeras víctimas, encabezados por el ex fiscal José Domingo Pérez - quien la envió a prisión - y el periodista Cesar Hildebrandt, su más acido crítico desde hace años. Asimismo, es indudable que buscará desde el comienzo silenciar toda oposición utilizando para ello a una prensa mercenaria, venal y prostituida, como está sucediendo ahora, atacando a toda hora a su contendor Roberto Sánchez en el ballotage, lo cual es una copia exacta de lo que hacía el autócrata durante su régimen dictatorial, el cual añora sin ningún rubor ni vergüenza. ¿Vieron los dominicales de la semana pasada? Fue algo realmente nauseabundo. Es el inicio de lo que se viene si Keiko gana. Niega que sabía de la existencia Grupo Colina; Niega que sabía la corrupción montada por Vladimiro Montesinos; Niega que hubo esterilizaciones forzadas; Niega las torturas sufridas por su madre; Niega que saboteó el gobierno de PPK, siendo la directa responsable de la inestabilidad democrática que se vive desde entonces en el Perú; Niega las leyes pro crimen, a pesar de que su bancada en el Congreso lo promovió y aprobó. Lo niega todo, pero luego dice que va a hacer “el mismo gobierno de su padre”, el mismo que destruyó instituciones, mintió, robó y asesinó. Por cierto, en el 2011 declaro a Al Jazzera: “Estoy orgullosa de lo que hizo mi padre” como podéis apreciarlo al final de la nota, demostrando que ella nunca va a cambiar. El odio que siente por los peruanos, solo lo esconde en la campaña. No sería nada raro por ello que una de sus primeras acciones de llegar al Poder, será la de indultar a su “tío” Vladimiro Montesinos, promoviendo además el retorno de los escuadrones de la muerte - como el siniestro Grupo Colina - para sembrar el terror y acallar toda critica en un baño de sangre. Es ingenuo pensar por ello que quien reivindica alegremente el proyecto golpista de su padre intentará actuar por la vía constitucional y democrática. Ella por más que lo disimula, no puede ocultar su vena autoritaria y si gana los comicios, será para quedarse en el poder de por vida, utilizando todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Keiko ha justificado su cuarta postulación señalando que “el Perú no resiste más experimentos fallidos y que la actual crisis de inseguridad exige respuestas firmes”. Su narrativa combina la valoración de los escasos logros del gobierno de su padre, en especial en la lucha contra el terrorismo, con la necesidad de brindar una respuesta firme a la inseguridad. Sin embargo, el antivoto que origina - por lo cual fue derrotada en los tres últimos comicios - continúa siendo un factor estructural en la política peruana. A propósito, una encuesta dada a conocer a mitad de semana, indica que está a unos puntos delante de Sánchez (39% a 35%) pero ello no indica nada, ya que los peruanos son muy volubles y deciden su voto al momento de estar en la cabina de votación, tal como sucedió el 12 de abril donde apareció el llamado “voto escondido”, que posibilito que el candidato izquierdista pase al ballotage y que no aparecía en los sondeos previos, por lo que bien este escenario puede repetirse este 7 de junio, por lo que el resultado final puede ser una moneda al aire. En el colmo del cinismo, en su campaña electoral dice “defender al Perú” cuando representa la corrupción, la mafia, la dictadura, la impunidad, la mentira y la ignorancia, por lo que cabe preguntarse: ¿Y quién defiende al Perú de Keiko? A Sánchez se le puede vacar, pero a Keiko no... Piénsalo a la hora de votar (Por cierto, de seguro por lo que he escrito, algún despistado me dirá “Rojo” “Rojete” “Caviar” o cualquiera de esos adjetivos calificativos que suele expresar el lumpen fujimorista, pero estáis equivocados completamente. Así como describí perfectamente a Keiko Fujimori y todo el mal que representa, hare lo mismo la próxima semana con Roberto Sánchez y su proyecto anacrónico propio de la época velasquista, porque ninguno merece ser Gobierno, mucho menos Rafael López Aliaga quien seguirá revolcándose en su chiquero tras su rotundo fracaso electoral. Para que estéis enterados, eso se llama I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-I-A, algo que en ese país no conocen ¿A qué se enteran?)
Retrocedamos un poco en el tiempo: Corría el año 1989 y el Perú asistía a la mayor crisis económica de su historia. A la hiperinflación heredada del (des)gobierno aprista de Alan García Pérez, se sumaba la arremetida terrorista de Sendero Luminoso - de inspiración maoísta y liderada por Abimael Guzmán - así como una profunda desafección ciudadana hacia los viejos y corruptos partidos políticos tradicionales. Está crisis múltiple fue el caldo de cultivo que permitió el ascenso de un outsider llamado Kenyo Fujimori; un completo desconocido, un verdadero “intruso” al sistema político que atizando demagógicamente un discurso antisistema, con el lema “Honradez, Tecnología y Trabajo” salió de la marginalidad electoral y terminó - con el abierto y desvergonzado apoyo del régimen aprista - imponiéndose en la segunda vuelta presidencial de 1990 al candidato conservador Mario Vargas Llosa, del FREDEMO, quien fracaso en su intento de asumir la Primera Magistratura de la Nación (ello debido a que en lugar de postular con su Movimiento Libertad, prefirió aliarse con dos momias políticas como Fernando Belaunde y Luis Bedoya Reyes, cuyo cogobierno de 1980 a 1985 fue un completo desastre, terminando en sonados casos de corrupción).... El resto es historia harto conocida: el “chino” - como Fujimori también era conocido, aunque su ascendencia es japonesa - traiciono a todos y embarcó al Perú en una década de autoritarismo, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su arremetida frontal contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, acompañado además de una corrupción endémica que a la postre condujo a su caída el año 2000. Sin embargo, el fujimorismo que el creo, logro sobrevivir al colapso de su régimen y todavía persiste en los cimientos del inestable sistema político peruano. Por cierto, cabe precisar que en su autobiografía publicada en el 2021 “La Palabra del Chino: El Intruso”, el mismo Fujimori reconstruyo las condiciones que le facilitaron llegar y consolidarse en el poder, siendo la más importante, sin lugar a discusión, el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 también conocido como el fujimorazo. Ese día, tras una alocución en cadena nacional, Fujimori suspendió el Poder Judicial, militarizó los medios de comunicación y disolvió el Congreso, un episodio de gran resonancia en América latina y del que recientemente se conmemoraron 34 años. Como recordareis, para las elecciones de 1990 el Congreso peruano era bicameral y conformado por 240 congresistas. Aunque Fujimori ganó la elección presidencial en segunda vuelta con 4.522.563 votos, su partido, Cambio 90, solo alcanzó 14 escaños en el Senado y 32 en la Cámara. Esta débil representación sumada a la incapacidad de agregar otras fuerzas partidistas, derivó en una relación hostil entre Fujimori y el Congreso; al punto, que llegó a tildar a este último como “obstruccionista”. Ya en noviembre de 1990, se empezó a difundir el rumor de una posible vacancia por parte de la oposición usando la denuncia de evasión de impuestos que se presentara contra él durante la campaña de 1990. En marzo de 1991, la revista Caretas, difundió la noticia de que algunos congresistas estaban estudiando la posibilidad de la destitución presidencial. Sin embargo, para la primera mitad de 1991, la oposición y Fujimori no llegaron a enfrentarse de manera definitiva debido a la formación de alianzas provisionales del gobierno con algunas figuras de la oposición aprovechando puntos coincidentes. Ello posibilito que la relación entre Fujimori y el Congreso tuviera leves encuentros; inclusive, las mayorías - articuladas en torno al Partido Aprista y el Frente Democrático - le aprobaron tres periodos de facultades legislativas para avanzar en sus reformas económicas de corte neoliberal (conocidas como el Fujishock, para lo cual se apropió del programa económico del FREDEMO). Pero esto no fue suficiente para quien en medio de una guerra contra Sendero Luminoso - donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos - le exigió al Congreso que le aprobara poderes absolutos para legislar. Ante la negativa de las cámaras y tras la aprobación de una ley que limitaría sus facultades, Fujimori optó por disolver el Congreso y anunció la creación de “un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” con la finalidad de reestructurar el Estado. Además, contando con el pleno respaldo de las fuerzas militares - entre las cuales su siniestro “asesor” Vladimiro Montesinos tenía mucha influencia -, saco los tanques a las calles, militarizando medios de comunicación, suspendiendo el Poder Judicial y los gobiernos regionales, arrestando a sus principales opositores, y censurando varios artículos de la Constitución de 1979. Consumado el autogolpe - apoyado por amplios sectores de la población, ante la insania terrorista - y tras una inmediata reacción por parte de la comunidad internacional, Fujimori se vio presionado a “reestablecer el orden democrático” y convocó una elección para integrar un Congreso Constitutivo que diseñara una nueva Constitución. Pero este solo sería un paso adicional para acrecentar su poder, ya que una gran mayoría de los partidos que integraban el disuelto Congreso se abstuvo de participar y esto le permitió al fujimorismo, aupado en Cambio 90 y el recién creado Nueva Mayoría, obtener, con 44 de 80 escaños, una mayoría absoluta en el denominado Congreso Constituyente Democrático. De allí salió el mayor legado de Fujimori: la Constitución de 1993 - aprobada mediante un referéndum - y que persiste hasta ahora. De esta forma el otrora “outsider” liquidó al antiguo sistema de viejos partidos tradicionales y reprimir a los sectores opositores, ya que la nueva Constitución amplió sus facultades presidenciales, otorgándole un mayor control sobre las fuerzas militares, permitiéndole ajustar cuentas con los integrantes del pasado Congreso “obstruccionista”, ya que, instó a sus aliados en el Constituyente para convertirlo en un Congreso unicameral con solo 120 miembros. Para 1995 y concentrando todos los poderes, Fujimori se reeligió con 4.798.515 votos. Como era de esperar, su coalición obtuvo mayoría absoluta en el nuevo Congreso. Si bien se declaró vencedor del terrorismo - con la captura de Abimael Guzman en 1992 y el desmantelamiento de SL - así como el del MRTA tras el rescate de los rehenes tras la toma por los terroristas la embajada japonesa en Lima en 1996, la corrupción generalizada de su régimen y el reelegirse de forma fraudulenta el año 2000 precipito su ignominiosa caída, huida del país, posterior captura y condena a prisión. Pero a pesar de las controversias y las críticas, Fujimori logró estabilizar la economía peruana y acabar con el terrorismo en el Perú. No es de extrañar por ello que su régimen dictatorial fuera ampliamente respaldado por sectores de la sociedad peruana que valoraron su mano dura contra el terrorismo, tal como ahora ofrece su hija Keiko, quien ha dicho que pretende “gobernar como lo hizo su padre” para acabar esta vez con el denominado “terrorismo urbano” que campea en el país gracias al conocido lobbysta y Traidor a la Patria, el judío Pedro Pablo Kuczynski, quien abrió las fronteras de par en par a millones de indeseables venezolanos que ingresaron en masa al país andino, desatando el caos y la violencia como nunca antes se había visto. Pero en relación a Fujimori, poco les importo a los peruanos que en ese camino haya liquidado el orden institucional y creado un régimen sumamente corrupto, autoritario y violento. Es indudable que el autogolpe del 5 de abril de 1992 redefinió la política peruana. Para algunos, representó una decisión necesaria para recuperar el orden y la estabilidad; para otros, fue un grave atentado contra la democracia. A 34 años del luctuoso hecho, el debate sigue abierto. Sin embargo, cabe precisar que los crímenes de Fujimori comenzaron mucho antes del autogolpe, precisamente el 3 de noviembre de 1991 - tal como lo detallamos el capítulo anterior, por parte de un grupo paramilitar creado por Vladimiro Montesinos y cuyas actividades salieron a la luz, precisamente con la masacre de Barrios Altos, el cual sería solo el inicio de una larga y sangrienta serie de matanzas y desapariciones de personas, mediante el terror institucionalizado dirigido desde el propio Estado (Próximo capítulo: El Grupo Colina)
