En 1991, el Perú vivía convulsionado por la escalada de atentados que los terroristas de Sendero Luminoso llevaban a cabo en la capital del país. Hasta ese entonces, los criminales habían centrado en el campo sus acciones violentas, que causaron decenas de miles de muertos, y la ofensiva urbana se convirtió en un problema para Kenyo Fujimori, quien había llegado al poder con la promesa de acabar con el terrorismo y estabilizar la economía. Si bien el autogolpe lo realizaría al año siguiente, desde el primer momento y de la mano de su siniestro asesor Vladimiro Montesinos, creo un grupo paramilitar para asesinar a todos aquellos sospechosos de ser simpatizantes o integrantes de grupos subversivos, siendo responsables por ello de las masacres que cometieron, y por los cuales fueron condenados tras la caída de su régimen. Como recordareis, la masacre de Barrios Altos se produjo el 3 de noviembre de 1991 en la cual fueron asesinadas 15 personas (incluido un niño de ocho años) y quedaron heridas otras cuatro. Más tarde, se identificó a los atacantes como miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte compuesto por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que tenía por objetivo eliminar extrajudicialmente a personas aparentemente vinculadas a Sendero Luminoso. Las víctimas eran partícipes de una pollada organizada en el primer piso de la quinta para reparar el servicio de desagüe, cuando fueron atacados por sorpresa por miembros del Grupo Colina (quienes buscaban atacar una reunión senderista, según lo reportado por un agente de inteligencia infiltrado apodado "Abadía"). Las víctimas fueron seleccionados previamente, y separados de los demás participantes del evento, por el agente "Abadía" para posteriormente ser ultimados. La Corte Suprema de Justicia determinó que ninguna de las víctimas era terrorista ni tenía vínculos con Sendero Luminoso. Esta masacre es considerada como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de Kenyo Fujimori y fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición del prófugo ex dictador presentada a Japón en el 2003, el cual fue denegado. Sin embargo, en el 2007, tras ser extraditado de Chile (país al que llegó Fujimori procedente de Japón, esperando ser recibido triunfalmente en Lima, pero que a último momento se acobardo y el avión que lo trasladaba se desvió al país sureño), fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad. Ante todo, cabe precisar que las labores de inteligencia del SIE para infiltrarse entre los terroristas se iniciaron en 1989, cuando el agente del SIE, Douglas Arteaga, como parte del Plan Telaraña (una operación destinada a obtener información de la relación entre Sendero Luminoso con ONGs y otros partidos marxistas como Patria Roja (PR) y el Partido Unificado Mariateguista (PUM)), es destinado a Villa El Salvador bajo la fachada de vendedor ambulante. En dicho lugar, se convirtió en un activista vecinal que, con el paso del tiempo, le sirvió para convertirse en un dirigente con acceso a las asambleas de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), desde la cual podría infiltrarse tanto en PR como en el PUM. En dicho cargo, un senderista lo buscó en su puesto ambulante para que lo acompañe a recoger latas vacías en la Pampa San Juan para luego invitarlo a un "bingo" que resultó ser una reunión clandestina de Sendero Luminoso. En la reunión, fue recibido por otros miembros de la organización subversiva, logrando infiltrarse en ella. Los senderistas se interesaron en su captación gracias a la recomendación de un huesero del Mercado Central, conociendo a Arteaga como "Enrique". Este, mientras tanto, tras ser captado informó de su situación a sus superiores, quienes le ordenaron dejar de lado su objetivo inicial y centrarse en los senderistas. En 1990, luego de recibir instrucción en el Pensamiento Gonzalo, conocer sobre la regla "Nunca admitas que eres del Partido" y ganarse la confianza de los senderistas a la par que recopilaba información, Arteaga fue destinado por éstos al jirón Huanta N.º 840, en Barrios Altos, donde entró en contacto con Filomeno León, un técnico que reparaba cocinas averiadas. Según reportes de inteligencia de la DIRCOTE, León, que era conocido como "José", visitaba con regularidad el penal Castro Castro y se sospechaba que estaba relacionado con Socorro Popular, un organismo de fachada de Sendero Luminoso. Por cierto, la zona de Barrios Altos era parte de vigilancia en el marco del Plan Ambulante para identificar activistas senderistas que operaban en el lugar. Según una nota de inteligencia que Javier Diez Canseco obtuvo tras la masacre, se realizó “una operación especial de inteligencia a partir del 08MAR89, de una vigilancia discreta, continua y esporádica(sic) al inmueble del Jr. Huanta No. 840, Barrios Altos, a fin de obtener informaciones sobre las actividades y acciones que tendrían previsto realizar, particularmente contra las FF.OO.(Fuerzas Operativas)”. En abril de 1991, tres agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) fueron detenidos por la policía cuando tomaban fotografías de los inmuebles del jirón Huanta. Dos de dichos agentes eran parte de una Brigada Especial de Detectives (BREDET) y estaban siguiendo a un terrorista que se dirigía a un inmueble del lugar. Para junio de 1991, fueron detenidos los terroristas Juan Laurente Rivas y Carmen Paredes Laurente en el N.º 829 del jirón Huanta. Mientras tanto, Arteaga empezó a vivir con León en el departamento 102. En su convivencia, Arteaga supo que el departamento era una fachada para encubrir un refugio senderista ya que en el departamento había una escalera que llevaba a un altillo donde había 8 camarotes y 1 pizarra acrílica, siendo dicho lugar usado por senderistas que venían de provincias para, tras realizar su misión, regresar a sus lugares de origen. Además, Arteaga reportó que los senderistas se habían infiltrado en la empresa D'Onofrio como heladeros, haciendo seguimiento a objetivos bajo dicha fachada. Según Arteaga, los carros heladeros habían sido acondicionados para transportar armas, dinamita y anfo. A mediados de 1991, se le indicó a Arteaga que entregara sus reportes a un administrador de un taller de mecánica que respondía al nombre de "señor Alejandro", alias del siniestro cabecilla del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas. Se identificó que del inmueble del jirón Huanta N.º 840 salieron los senderistas que realizaron el atentado a los Húsares de Junín en 1989 y que era un centro de operaciones senderista. Como parte de esta identificación, se usó la información obtenida del material incautado durante la Operación Caballero, del GEIN, que orientó el trabajo de los agentes de inteligencia en el campo para la identificación de lugares senderistas. En octubre de 1991, Arteaga, como parte de sus reportes de inteligencia, le dijo a "Alejandro" que León junto a Manuel Ríos iban a organizar una pollada en el lugar el 3 de noviembre y que vendrían mandos senderistas para intercambiar informes, definir acciones armadas y disponer de los fondos recaudados para la compra de medicinas y ropas para los presos senderistas. Arteaga, además, le entregó una tarjeta donde decía: "Gran pollada bailable, organizada por el Sr. [Filomeno] Oscar León pro-fondos arreglo de desagüe". Con el reporte entregado por "Abadía" y sabiéndose del uso de las polladas por parte de los senderistas para el intercambio de información y planes, Martín Rivas recibió la orden de entrenar a un grupo de efectivos para realizar el operativo. Por otro lado, los senderistas ya sabían que la quinta estaba vigilada. Al enterarse los senderistas de la realización de la pollada, según una entrevista de uno de ellos dada al periodista Ricardo Uceda, le dieron una advertencia a Filomeno León para que lo cancelara. En la misma entrevista, el senderista negó que Filomeno fuera militante de Sendero Luminoso, aunque "podía saber quiénes éramos algunos de nosotros". Por otra parte, el senderista entrevistado mencionó que Luis León Borja, involucrado en la pollada, era un militante senderista "alejado temporalmente de la organización" luego de quedar herido en un incidente con la policía mientras realizaba pintas subversivas en enero de 1991. El entrenamiento de los miembros del Grupo Colina se realizó en la playa La Tiza, ubicada en el Distrito de Pucusana. El 2 de noviembre, un grupo de agentes se dirigieron a las cercanías de la quinta y establecieron vigilancia simulando diversos roles. Estos informaron que la situación estaba bajo control por lo que en la tarde del 3 de noviembre dos camionetas salieron de la playa La Tiza rumbo al jirón Huanta N.º 840. Las camionetas pertenecían al Estado y fueron reportadas como "robadas" para tener una coartada. Para pasar las tranqueras policiales engañaron a la policía encendiendo las circulinas de las camionetas. Dichas camionetas habían sido asignadas a Kenji Fujimori, hijo del presidente, pero Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, difundió el rumor que las camionetas estaban asignadas a Santiago Fujimori, hermano del presidente y también asesor, para perjudicarlo. Al llegar al lugar, el mayor Martín Rivas ordenó al agente Sosa Saavedra ingresar a la quinta con el objetivo de corroborar que el plano dado por Arteaga era correcto. Entre las nueve y diez de la noche, Arteaga confirmó la presencia de senderistas en especial el "Camarada Joel", jefe del grupo de aniquilamiento, y una muchacha "con gorrita", quien fue identificada como mando político de Sendero Luminoso. Arteaga, además, informó que había dos eventos desarrollándose en el primer y segundo piso de la quinta, pero que el que importaba era el del primer piso ya que los objetivos, según Arteaga, estaban allí. La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una pollada, en el primer piso del inmueble del jirón Huanta N.º 840 para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe de la quinta. Aproximadamente a las 10:30 p. m., seis individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de dos vehículos. Ingresaron con unas maletas que depositaron en el piso mientras decían "Cerveza, cerveza". En el lugar había unas 40 personas. Con ayuda de "Abadía" (Arteaga) se procedió a seleccionar a las víctimas. Los que no fueron seleccionados fueron retirados bruscamente y obligados a entrar a sus cuartos. Mientras esto sucedía, uno de los agentes subió el volumen del equipo de sonido mientras otro disparó hacia arriba para espantar a los que miraban en el segundo piso. Cuando se le preguntó a "Abadía" quiénes eran los senderistas, él respondió que todos lo eran, para luego salir huyendo del lugar. Según el senderista entrevistado por Uceda, algunos miembros de Sendero Luminoso habían estado en la pollada, pero se retiraron cuando los miembros del Grupo Colina ingresaron. Una vez que "Abadía" confirmara a los seleccionados, Martín Rivas dio la orden de disparar contra ellos. Mientras disparaban a los seleccionados, Javier Ríos, un niño de 8 años, escapó del lugar por la ventana del lugar donde había sido llevado previamente para correr hacia donde su padre, siendo alcanzado por las balas. En total, fueron asesinadas quince personas, incluyendo a 11 varones adultos, 3 mujeres adultas y un niño: respectivamente, Luis León Borja, Luis Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Filomeno León León, Odar Sifuentes Núñez, Teobaldo Ríos Lira, Máximo León León, Octavio Huamanyauri Nolasco, Lucio Quispe Huanaco, Manuel Ríos Pérez, Tito Ramírez Alberto, Benedicta Yanche Churo, Placentina Chumbipuma Aguirre, Nelly Rubina Arquíñigo y Javier Ríos Rojas. Resultaron heridas seriamente otras cuatro personas, una de los cuales, Tomás Livias Ortega, quedó permanentemente tetrapléjico. Los atacantes usaron silenciadores ya que los testigos declararon que los disparos sonaban "apagados". Luego, sacaron los ejemplares de El Diario, periódico de Sendero Luminoso, que se encontraban al interior de la quinta y los arrojaron por sobre los cadáveres. Luego, los atacantes subieron a los vehículos y escaparon rumbo sur a las afueras de Lima, reuniéndose en la playa militar La Tiza, donde celebraron por el éxito del operativo y el cumpleaños de Martín Rivas. Durante la investigación, la policía, en total, encontró 130 casquillos de bala en la escena del crimen. El objetivo del ataque, para los miembros del Grupo Colina, era dejar una advertencia a Sendero Luminoso de que conocían sus lugares de operaciones y vengar a las víctimas de los atentados a los Húsares de Junin y a un ómnibus que transportaba agentes del SIE. Por tal razón, las circulinas de los coches fueron encendidos deliberadamente para, según testimonio de Santiago Martín Rivas, "dejar en claro que no se trataba de un atentado terrorista, sino de un operativo misterioso, confuso para los demás, pero que Sendero Luminoso sabría identificar". Según las diligencia del Poder Judicial, llevadas a cabo en el año 2002, un porta tropas con seis militares a bordo (cinco hombres y una mujer) se estacionó en el jirón Huallaga impidiendo que algún vehículo siguiera a los miembros del Grupo Colina, quienes luego de la masacre huyeron por aquel jirón. Además, constataron que los policías de la DIRIN y de la comisaría de San Andrés no actuaron de manera inmediata ante lo sucedido a pesar de encontrarse cerca del lugar. Las investigaciones judiciales y los reportajes de la prensa revelaron que los involucrados en el crimen trabajaban para la inteligencia militar siendo estos miembros pertenecientes al denominado Grupo Colina. Se verificó luego que los atacantes buscaban atacar una reunión de subversivos senderistas. Se constató que los asistentes a la pollada no tenían vinculación con Sendero Luminoso o el MRTA, según consta en el artículo 827 del fallo impuesto por el tribunal el 7 de abril del 2009 a Fujimori por el caso Barrios Altos. Tras hacerse público el hecho, el 4 de noviembre de 1991, en La República, se informó que los perpetradores de los hechos podrían ser senderistas, policías o paramilitares. El 6 de noviembre, el diario Última Hora, entrevistó a un testigo que informó que posiblemente los victimarios sean paramilitares. Al día siguiente, tanto La República como Última Hora deslizaron la posibilidad de que los atacantes fueran paramilitares. El 10 de noviembre, La República informó que todos los indicios sostenían que los atacantes eran paramilitares. El 11 de noviembre, el diario Expreso informó que efectivos militares estarían detrás de los hechos. El 10 de noviembre de 1991, la Comisión de Derechos Humanos del Senado peruano citó a los generales Juan Briones y Víctor Malca para que informen sobre lo sucedido en Barrios Altos. Ellos dijeron que la masacre pudo ser obra de Sendero Luminoso, el MRTA u "organizaciones ajenas a estos grupos". En dicha sesión, Javier Diez Canseco exhibió notas de inteligencia militar donde se establecía que el inmueble era investigado por un comando del SIE de nombre "Sheraton". En otra nota exhibida por Diez Canseco se decía que un agente de nombre "Alker" efectuaba vigilancia sobre el inmueble. El 15 de noviembre, en una nueva sesión, el general Briones negó la existencia del Plan Ambulante, así como del "Puesto de vigilancia de Lima Sheraton". El 27 de noviembre se instaló una comisión investigadora con respecto al caso Barrios Altos. En diciembre, la comisión inspeccionó el edificio donde sucedieron los hechos, entrevistó a los heridos y realizó otras investigaciones. Sin embargo, no pudo completar su tarea debido al autogolpe que ejecutó Fujimori el 5 de abril de 1992 en el que disolvió el Congreso. Como era de esperar, el Congreso Constituyente Democrático elegido en su lugar en noviembre de 1992 no continuó la investigación ni publicó las conclusiones preliminares que se habían logrado. Las autoridades judiciales no pudieron realizar una investigación seria del incidente hasta abril de 1995. En esa oportunidad las cortes militares respondieron presentando una petición a la Corte Suprema de Justicia para que se le otorgue jurisdicción sobre el caso. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema pudiera resolver la petición, careció de sentido pronunciarse sobre el fondo del asunto, debido a que el Congreso fujimorista aprobó la Ley N.º 26479, que ordenó una amnistía general para todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad del estado así como civiles que fueron sujetos de una denuncia, queja, investigación, sindicación, juicio o detención, o que estuvieran cumpliendo sentencias de prisión por delitos contra los derechos humanos por actos cometidos luego de mayo de 1980. Antes de la aprobación de la ley de amnistía, sin embargo, las investigaciones revelaron información comprometedora. En mayo de 1993 y nuevamente en enero de 1995, oficiales disidentes del Ejército del Perú hicieron público que los miembros del Grupo Colina fueron los responsables de la masacre de Barrios Altos. Los oficiales también señalaron que tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú como el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tenían pleno conocimiento de la masacre. Luego de la caída de la dictadura fujimorista en el año 2001, fue derogada la ley de amnistía y el caso reabierto con lo que un buen número de los acusados fueron detenidos. El 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón denunció a Fujimori ante el Congreso, sindicándolo como coautor de la masacre. Presentó evidencia que el ex dictador, actuando de acuerdo con Vladimiro Montesinos, jefe del SIN, tuvo control sobre el Grupo Colina. La denuncia señala que dicho grupo no hubiera podido cometer crímenes de esa magnitud sin el consentimiento expreso o las órdenes directas de Fujimori, y que tanto la formación como el funcionamiento del grupo Colina fue parte de una política integral de contrainsurgencia que implicó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El 13 de septiembre del 2001, el Vocal Supremo José Luis Lecaros presentó una solicitud internacional a la Interpol para que se efectúe el arresto de Fujimori, que, en ese entonces, vivía refugiado en el Japón. En agosto del 2003, el gobierno de Perú presentó una solicitud de extradición de Fujimori y entre los crímenes que se citan en el documento se encuentra la masacre de Barrios Altos. Inicialmente el gobierno japonés se opuso a la extradición porque los padres de Fujimori habían emigrado a Perú desde Japón y era ciudadano japonés. Sus leyes prohibían la extradición de nacionales; además, Japón y Perú no tenían entonces un acuerdo de extradición. Pero cuando Fujimori viajó a Chile, fue inmediatamente detenido, extraditado, juzgado y condenado a 25 años de prisión junto a su cómplice Vladimiro Montesinos, por su responsabilidad en la masacre. Por cierto, esta matanza fue el inicio de una serie de crímenes que se sucedieron durante su régimen, y para buscar impunidad para sus delitos y que nadie le pida cuentas por ello, el 5 de abril de 1992 dio un autogolpe de Estado, cerrando el Congreso e instaurando una oprobiosa dictadura, manteniéndose ilegalmente en el poder hasta su ignominiosa caída el año 2000. (Próximo capitulo: El autogolpe de 1992)
Como sabéis, las cofradías formaron parte esencial de la vida limeña durante siglos. Sus celebraciones, procesiones y espacios de encuentro marcaron la manera en que se organizaba la ciudad y se vivía la fe en el Centro Histórico. Con esa mirada, PROLIMA presenta “El arte de las cofradías”, una exposición que revisa el legado cultural, social y urbano de estas hermandades desde los felices tiempos de la época virreinal. La muestra, organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, propone un recorrido por ambientes inspirados en antiguas capillas virreinales, recreadas museográficamente para acercar al visitante a la experiencia colectiva que definió a las cofradías limeñas. El proyecto pone en valor el legado de cinco importantes hermandades: Jesús Nazareno y Santa Catalina de Siena, el Santo Cristo de Burgos, Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Entierro, Nuestra Señora de la Piedad y la Archicofradía de la Veracruz. La exposición reúne esculturas, pinturas, documentos históricos, planos y fotografías antiguas que permiten entender cómo estas agrupaciones participaron activamente en la construcción de la identidad limeña. Además, incorpora elementos de planimetría histórica que reconstruyen las rutas procesionales que atravesaban la ciudad durante Semana Santa. “Esta muestra nos permite entender cómo se construyó la vida de la ciudad a partir de sus tradiciones, de sus recorridos y de sus espacios”, señaló Luis Martín Bogdanovich, gerente de PROLIMA. “Recuperar esa memoria también fortalece el sentido de pertenencia en el Centro Histórico de Lima”. El proyecto es resultado de un trabajo interdisciplinario que incluyó investigación en iglesias y archivos de Lima, una curaduría especializada y un diseño museográfico centrado tanto en la conservación de las piezas como en la experiencia del visitante. La propuesta expositiva busca no solo difundir el patrimonio material, sino también poner en valor la dimensión inmaterial de estas tradiciones, fundamentales en la configuración de la identidad limeña. Por cierto, hay quienes se preguntarán: ¿Que son las cofradías? Son asociaciones laicas de fieles católicos, arraigadas en la Edad Media (s. XII-XIV) en la Península Ibérica, cuyo fin principal es el culto público a una figura religiosa, la organización de procesiones (especialmente en Semana Santa) y el ejercicio de la caridad. Funcionan como hermandades o congregaciones que fortalecen la fe y la comunidad. Surgieron inicialmente vinculadas a gremios profesionales para fomentar el catolicismo, brindar ayuda mutua entre sus miembros y dar asistencia en la "buena muerte". Se componen de devotos (cofrades) y están aprobadas por la jerarquía eclesiástica. Son las responsables de la organización de las procesiones y el cuidado de las imágenes religiosas que salen en andas. Aunque la cofradía suele confundirse con la Hermandad, pero a diferencias de ello, la cofradía se asocia más con gremios específicos, mientras que la hermandad es una asociación más abierta a diversos miembros. Durante los virreinatos en América, las cofradías fueron fundamentales para articular la vida social, económica y espiritual de la población. Cabe precisar que “El arte de las cofradías” forma parte de las iniciativas de recuperación integral del Centro Histórico impulsadas por PROLIMA, incorporando no solo la restauración física de los espacios, sino también la difusión de la memoria cultural de la ciudad. Por cierto, la exposición puede visitarse en la Galería Municipal Pancho Fierro, ubicada en el Pasaje Santa Rosa 116, en el Centro Histórico de Lima, hasta el 17 de mayo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. El ingreso es libre.
Mientras en el país andino, Rafael López Aliaga, alias “Camarada Porky”, cabecilla de la agrupación criminal Renovación Caviar (rebautizada acertadamente como el MRLA: Movimiento Revolucionario López Aliaga), insiste en sus ridículos argumentos fraudistas sin prueba alguna que lo sustente, mientras que a su vez bajo el influjo del alcohol, llama a la insurgencia conspirando con ciertos grupos económicos y la prensa basura para dar paso a un golpe de Estado, de otro lado, financia a grupos marginales integrantes de barras bravas de equipos de futbol para que desaten la violencia en las calles, por lo que varios sectores de la propia derecha, considerando su posición demasiado extremista y una causa perdida, han comenzado a alejarse de él, buscando “pasar la página” y unir a todas las fuerzas conservadoras para enfrentar al candidato de la izquierda radical Roberto Sánchez (con quien Keiko Fujimori se enfrentara en el ballotage del 7 de junio), a quien por lo visto, le tienen terror no solo por sus disparatadas propuestas - como el de querer llamar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución de corte estatista, revisar los tratados de libre comercio, intervenir la autonomía del BCR, destituir a Julio Velarde, tener el control total sobre recursos naturales y sectores estratégicos e incluso estatizar los medios de comunicación, así como indultar al golpista Pedro Castillo y demás elementos terroristas condenados a Cadena Perpetua - sino porque lleva como ‘compañero de viaje’ a Antauro Humala, quien con un lenguaje sumamente explosivo, pretende fusilar a sus adversarios políticos y llegar incluso a enfrentarse militarmente a Chile para recuperar Arica y Tarapacá (perdidas en la Guerra del Pacifico, en el siglo XIX), además de tener vínculos con elementos afines a Sendero Luminoso y la minería informal. Por ello, ante la posibilidad de que Sánchez sea quien gane los comicios y Keiko sufra su cuarta derrota consecutiva - lo cual puede ser posible ante el altísimo antivoto que existe en su contra - están invocando insistentemente a la derecha a unirse para evitar ese escenario, para ellos ‘apocalíptico’ porque tendrían muchísimo que perder, incluso la propia vida a manos de los reservistas de Antauro. Al respecto, su vocero empresarial Semana Económica ha publicado un editorial titulado “Pasemos la página”, donde fija la posición de este sector conservador, que por su interés he decidido reproducirlo entrecomillado claro esta ¿vale?: “El Perú no puede darse el lujo de seguir entrampado en discusiones estériles sobre inexistentes fraudes electorales. Es hora que nuestros actores políticos y empresariales recuperen la cordura y miren a una segunda vuelta que definirá el futuro del país. Ha pasado casi un mes desde las elecciones y en condiciones normales, el país debería estar inmerso en la dinámica propia de un balotaje que enfrentara a dos posiciones irreconciliables en todo sentido: Democracia y autoritarismo. Por ello deberíamos estar conociendo y debatiendo con minuciosidad las propuestas de ambos candidatos, mientras el resto de fuerzas políticas - que quedaron fuera - evalúan potenciales endosos, acuerdos o alianzas, mientras los electores meditan sus votos. Pero, lamentablemente, nada de ello está sucediendo. El debate público ha quedado entrampado, virtualmente paralizado por el berrinche de un perdedor que se niega a reconocer su derrota y llama a la violencia. Ello se explica en gran medida porque un sector relevante de actores políticos, grupos mediáticos e incluso empresariales han optado por seguir peligrosamente la ruta del engaño, seguida por el líder del MRLA, Rafael López Aliaga, de denunciar un aparente fraude sin que exista hasta el momento una sola prueba convincente que este a la altura de tan seria acusación. Y no la pueden presentar porque - fuera de la gritería, fake news y amenazas de sus alucinados seguidores - simplemente no existe. La defensa de la democracia requiere un mínimo de responsabilidad, algo que por lo visto escasea en el entorno de López Aliaga. Perto resulta más preocupante la deleznable actitud de otras autoridades, como el del encargado de la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo - quien lejos del deber de neutralidad que exige su cargo y ocuparse de la ciudad que está en el abandono - ha anunciado e impulsado acciones legales contra el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional lo cual es un despropósito jurídico. O de lideres gremiales como el nuevo presidente de la Camara e Comercio de Lima (CCL), Raul Barrios, quien de manera irresponsable ha llegado a demandar de forma temeraria - demostrando que por lo visto desconoce las leyes - la realización de nuevas elecciones. Una falsa narrativa que flaco favor le hace a la imagen de un empresariado que, por el contrario, debería defender a ultranza la institucionalidad y nuestra democracia, por más imperfecta que sea. Estas personas y otras tantas no parecen ser conscientes del inmenso daño que sus posturas extremas e irracionales le hacen a un país, que como muestra el mapa electoral, evidencian graves fracturas. O tal vez sí lo son, pero no les importa en absoluto, en cuyo caso quedaría en claro que para ellos el voto popular solo es digno de ser defendido cuando únicamente favorece a sus intereses. Y cuando ello no sucede, lo llaman ‘fraude’ ignorando el voto de amplios sectores desfavorecidos del interior del país que opinan de forma distinta a ellos. Ciertamente, la organización del proceso electoral del pasado 12 de abril dejo mucho que desear, a tal punto que, cerca de un mes de sucedido, recién se dará a conocer los resultados finales la semana que viene, cuando todo el mundo ya sabe quiénes han pasado a segunda vuelta, demorando injustificadamente la proclamación de los ganadores. Y es que, lejos de ser impecable, la gestión de la ONPE ha sido evidentemente cuestionable. Fue un canto a la ineptitud, a la negligencia y a diversos manejos que ya están siendo investigados. Pero de allí a suscribir la tesis del fraude esgrimida por López Aliaga hay un trecho largo que los peruanos debemos evitar reconocer por el bien de nuestra frágil democracia. Esperamos por eso, que la razón y la cordura se impongan finalmente sobre la irracionalidad y el fanatismo de quienes afanosamente buscan el golpe de Estado, y que el país pase la página de este escenario de una buena vez. Porque lo que está por definirse en los próximos meses es muy importante. Enfoquémonos en eso, que es tangible y realmente decisivo” puntualiza la nota. Demas esta decir que suscribo totalmente este punto de vista. La política no espera, menos aun cuando está en juego el rumbo del Perú. La derecha debe entender que este no es momento para cálculos individuales ni apetitos personales. Se requiere urgencia, unidad y sentido de responsabilidad, tanto en la campaña como en la construcción de mayorías en el Congreso. Tienen que darse cuenta del rol que jugarán en el próximo Parlamento para frenar cualquier deriva radical de la izquierda, por lo que ya no es hora de no seguir perdiendo el tiempo, tratando de desconocer los resultados simplemente porque no les gusta haber quedado excluidos y llamar por ello a la violencia, demostrando que de “demócratas” nada tienen. Por eso mismo, no se puede tolerar de ninguna manera los llamados a la insurgencia o a un “golpe militar democrático” (?) ya que es inadmisible que se pida algo así. La institucionalidad no se defiende derribándola. Aquellos que lo promueven irresponsablemente, se rehúsan a entender que cualquier golpe de Estado destruye la democracia. Tampoco hay causa alguna que justifique las agresiones como las ocurridas frente a la vivienda del presidente del JNE por parte de un enajenado mental, conocido raquetero y traficante de drogas que actúa por orden del “Camarada Porky”. El Perú en estos momentos enfrenta una disyuntiva clara: o las fuerzas de centro y derecha (de la cual debe excluirse expresamente al MRLA, convertida en una agrupación criminal y, por lo tanto, tiene que ser ilegalizada), entienden la gravedad del momento y actúan en consecuencia - así les desagrade profundamente Keiko Fujimori y todo lo que representa - o volverán a pagar el costo de la división, ya que la alternativa comunista que representa Sánchez es mucho peor. La historia reciente ya dio suficientes lecciones. Ignorarlas, esta vez, sería imperdonable. Al mismo tiempo, no hay que dejarse engañar por la falsa narrativa fraudista por parte de los verdaderos enemigos del Perú, que buscan desestabilizarla a como dé lugar, sin importarles las consecuencias. (Un agregado, hay que ser un miserable para burlarse de la discapacidad física de las personas como lo hace alegremente López Aliaga respecto al jefe del JNE ¿No os parece? Por cierto, quien en su insania se autoproclama como “La Quinta Espada de la Revolución Porcina” ha vuelto a amenazar con realizar una asonada terrorista, bautizada en las redes como La Marcha de los 4 Starbucks, si a mediados de la próxima semana, el JNE proclama finalmente a los ganadores de la primera vuelta... Que alguien detenga a ese loco)
Como sabéis, hace unos días, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori - quien competirá en el ballotage del 7 de junio con el izquierdista Roberto Sánchez - declaro que “voy a gobernar como mi padre”, ello me ha dado una idea para hacer una serie sobre aquella época en la que gobernó Kenyo Fujimori, quien en medio de un gran polémica, fue elegido presidente en las elecciones de 1990, el cual ante la galopante hiperinflación aprista y el avance del terrorismo homicida que desangraba el Perú - aparte claro está de una rabiosa oposición en el Congreso - dio un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, instaurando una feroz dictadura y gobernando con mano de hierro hasta su caída el año 2000. A diferencia de la anterior serie sobre Sendero Luminoso, titulada Crónicas del Horror que originalmente iban a ser 12 capítulos (al final fueron 15), y eso que deje varios temas sin tratar, porque nunca lo hubiese terminado, entre ellos, el papel de las FF.AA. y la Policía en la lucha contra el terrorismo, esta vez tratare de hacerlo en esta serie que lleva como título Dossier Fujimori, ya que este fue precisamente el responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos que se dieron en aquellos tiempos, y por lo cual fue condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad, siendo liberado en el 2023, falleciendo al año siguiente. Sin más, comenzamos con el primer capítulo ¿Vale?: Kenyo Fujimori será recordado como una de las figuras más controversiales en la política latinoamericana. Se dice que nació en Lima en 1938, aunque existe fuertes sospechas de que lo hizo en Japón. Se afirma que sus padres habrían llegado cuatro años antes al país americano provenientes de Japón, en busca de mejores oportunidades. Por su origen, tuvo doble nacionalidad y eso le valió más de una polémica. Se tituló en agronomía y ciencias, saltando a la política con una candidatura en 1990, en la cual derroto sorpresivamente a su oponente, Mario Vargas Llosa. Como recordareis. a mediados de ese año llegaba a su fin el desastroso gobierno de Alan García Pérez, que se caracterizó por una gravísima crisis económica, el incremento de la violencia terrorista y el total descrédito de las fuerzas políticas. Para ese año, el número de candidatos fue excesivo y el tipo de contienda electoral fue muy agresiva. En la campaña se enfrentaron en primera y segunda vuelta el prestigioso literato Mario Vargas Llosa, por el Frente Democrático, FREDEMO (integrada por el Movimiento Libertad, junto con los viejos y corruptos partidos Acción Popular y el Partido Popular Cristiano), y el hasta entonces desconocido Kenyo Fujimori como cabeza de Cambio 90, una formación política que Fujimori había fundado en 1989. La feroz operación de desprestigio desatada contra el candidato opositor por parte del gobierno aprista y las promesas electorales que Fujimori reiteraba en su lema electoral («honradez, tecnología y trabajo»), favorecieron a este último, que salió vencedor en las elecciones generales de 1990. Sin plan de gobierno alguno y bajo denuncias de evasión de impuestos y sospechas de su nacionalidad japonesa, el nuevo presidente juramentó el cargo por un período de cinco años el 28 de julio de 1990. Haciendo un recuento de su régimen de 10 años (que detallaremos en profundidad en siguientes capítulos), una de las primeras medidas adoptadas por su gobierno fue apropiarse del Plan Económico del FREDEMO, con la realización de un fuerte ajuste económico - el llamado Fujishock - que durante toda su campaña electoral había prometido evitar. Acto seguido, tras una premeditada campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y el Congreso, al cual se acusaba de generar ingobernabilidad y entorpecer las medidas necesarias para organizar el Estado, Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron el 5 de abril de 1992 un golpe de estado que abolió la Constitución de 1979, cerró el Congreso e intervino el Palacio de Justicia. El golpe se había inspirado en el llamado «Plan Verde», documento elaborado en 1988 por un grupo de militares descontentos con el gobierno de García. Fue reelecto en 1995 para un segundo periodo y al obtener la reelección en el año 2000, su mandato terminó abruptamente, sumido en acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos, que lo llevarían a la cárcel durante muchos años. El 7 de abril del 2009 el Tribunal Supremo de Perú condenó a Fujimori a 25 años de prisión, al hallarlo responsable directo del asesinato de veinticinco personas y de dos secuestros, crímenes perpetrados durante su primer mandato presidencial. Otro juicio, celebrado sumariamente en tres días a fines de septiembre del 2009, encontró a Fujimori culpable de los delitos de espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y sobornos a parlamentarios, por lo que fue condenado a otros seis años de prisión. Desde el 2009 hasta diciembre del 2023, cumplía una condena en el penal de Barbadillo por Crímenes de Lesa Humanidad, relacionados con la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por escuadrones de la muerte, creadas durante su régimen. Liberado en diciembre desde año, donde hasta esa fecha cumplía una condena de 25 años por los casos “La Cantuta” y “Barrios Altos”. Fujimori se hizo internacionalmente conocido por su lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, cuyos principales líderes fueron apresados y sus grupos descabezados, presentándose como el vencedor del terrorismo, a tal punto que le sirvió para “justificar” las acciones autoritarias de su gobierno. Cabe señalar que, para aquel entonces, el régimen ya había cooptado a gran parte de los medios de comunicación, como pudo verse en los famosos vladivideos donde se aprecia los dueños de canales de televisión, recibiendo millones de dólares de parte de su siniestro asesor Vladimiro Montesinos, los cuales, al darse a conocer al público, origino tal escándalo que precipitaron su caída y fuga del país, siendo extraditado luego de varios años y condenado a 25 años de cárcel. Durante su mandato además comenzó con un polémico plan de salud pública que fomentó la esterilización entre mujeres de bajos recursos con el objetivo de frenar la pobreza en el país. Una medida controvertida que lo fue más cuando se empezaron a denunciar esterilizaciones forzadas en condiciones infrahumanas a mujeres indígenas y pobres de áreas especialmente rurales. Fujimori lo justificó como “una herramienta para la planificación familiar y el alivio de la pobreza", por lo cual nunca mostró ningún remordimiento por sus crímenes, como pudo verse en sus declaraciones ante la justicia peruana, en las que jamás reconoció las acusaciones en su contra ni pidió perdón a las víctimas. Liberado por un indulto para tratar un cáncer lingual, que fue el que le terminó con su vida el 2024. Pese a su precaria condición de salud, Fujimori había anunciado semanas antes de su deceso, de que se postularía a la presidencia en las elecciones del 2026, lo cual no pudo llevar a cabo, siendo su hija Keiko la heredera del movimiento y quien dijo que continuara su legado. Más allá de su muerte, el fujimorismo es una corriente política que sigue generando una fuerte polarización en la sociedad peruana: por un lado, están quienes admiran el orden que puso en la economía y en la seguridad nacional y, por otro lado, están quienes repudian las graves vulneraciones a los derechos humanos, la corrupción y el clientelismo político durante la década que estuvo en el poder. No cabe duda que sea cual sea el resultado de los comicios del 7 de junio, la sociedad peruana seguirá fragmentada por muchos años más. Ahora toca detallar lo que Fujimori hizo durante su régimen dictatorial (Próximo capitulo: La Masacre de Barrios Altos)
Todo ya estaba planeado desde el comienzo para traerse abajo los comicios, y fue la difusión de mensajes sobre un aparente ‘fraude electoral’ en las elecciones peruanas del pasado 12 de abril - del cual no existe evidencia alguna - que comenzó apenas a una hora de iniciada la votación. Precisamente, un análisis sobre cómo se amplificaron estas falsas narrativas desde las redes sociales - elaborado por el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral (EITF), un equipo desplegado en África, Asia y hoy en América Latina, - expone el mecanismo detrás de esta viralidad sin pruebas, así como la participación de actores políticos nacionales y extranjeros, bajo un patrón de coordinación agresivo, violento y sistemático desde redes sociales como X. Al respecto, OjoPúblico ha dado a conocer este interesante informe sobre aquel operativo de desinformación electoral - dirigido por Rafael López Aliaga (alias “Camarada Porky”) sabiéndose derrotado de antemano - desmontando la arquitectura detrás de la interesada narrativa del ‘fraude’ sin mostrar evidencia alguna de ello, por lo cual debido a su interés he decidido publicarlo, entrecomillado claro está ¿Vale?: “Apenas paso una hora del inicio de las elecciones generales en Perú, el pasado 12 de abril y un gran número de cuentas en X, ubicadas tanto en el Perú como en el extranjero, comenzaron a publicar contenidos alusivos a la existencia de un aparente ‘fraude electoral’ sin ninguna prueba real. Un análisis detallado - elaborado por el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral (EITF), en el que participa OjoPúblico - identificó que un grupo de cuentas de trolls impulsaron mensajes para construir la imagen de un proceso amañado, a pesar de la ausencia absoluta de alguna evidencia de manipulación intencional y sistemática. El análisis de estas publicaciones muestra que estas cuentas usaron los problemas logísticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para presentar estos hechos como parte de un ‘fraude’. Los mensajes se publicaron desde las 8:00 a.m., con un primer grupo de cuentas sin nombres reales: @eljokerpe (30.700 seguidores), @ultimopaladin (19.000 seguidores), @PKN2023 (25.900 seguidores) y @elorwelliano (13.600 seguidores). Estas dos últimas se presentan como espacios ‘informativos’, aunque en realidad difunden hechos no verificados. El análisis - realizado con el apoyo de la herramienta Bloom Social Analytics, para la descarga masiva de mensajes y patrones de relacionamiento - identificó inicialmente que desde una red inicial de 53 cuentas en X los mensajes se amplificaron - a través de etiquetas, reposts y respuestas- a miles de otras cuentas. Diversos estudios científicos confirman que la desinformación electoral suele originarse así, desde pequeños grupos que luego se amplifican masivamente a través de redes sociales. En conjunto, se contabilizaron 17 mil perfiles que generaron 40 mil publicaciones, entre respuestas y retuits. Todas estas acumularon 855 mil interacciones y superaron los 21 millones de visualizaciones, lo que evidencia el amplio alcance que tuvo esta conversación dentro de la plataforma. Los mensajes más recurrentes entre el 12 y el 16 de abril fueron ‘fraude’, ‘nuevas elecciones’ y ‘plan morrocoy’, además de mencionar con frecuencia a figuras como Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE, atacado además sistemáticamente de manera innoble por medios de desinformación - como El Comercio, Expreso, Panamericana, Willax y PBO -, aquellas cloacas que actúan como abiertos sicarios del fraudismo. Una de las cuentas más virales el primer día de la elección fue @PKN2023, cuyo contenido está compuesto por información sin evidencia, ni contexto ni enlaces verificables. Alcanzó su pico a las 4:00 p.m. con una mentira en formato de video que fue reproducida 163.000 veces y republicada más de 3.000 veces: decía que más de ‘un millón de votantes habían sido impedidos de sufragar en Lima’ lo cual no es cierto. En realidad, el número de votantes afectados por la no instalación de mesas fue de 55.000 personas, que votaron al día siguiente. Ese mismo domingo 12 de abril, a las 9:48 a.m., el candidato presidencial por Renovación Caviar, Rafael López Aliaga (331.000 seguidores) publicó en X: "Creo que el intento de fraude ya ha comenzado". Con esa afirmación, se convirtió en el principal actor político en iniciar la campaña de un aparente ‘fraude’, a pesar de que no presentaron ninguna prueba de ello. Al mediodía de ese domingo 12 de abril, los hashtags ‘fraudeelectoral’, ‘fraudealavista’ y ‘esfraude’ alcanzaban cada uno aproximadamente 100.000 publicaciones por hora, ritmo que se mantuvo hasta la medianoche. Con el paso de las horas y los días los hashtags fueron evolucionando y orientando la conversación hacia los términos ‘viciado’ y ‘nulidad’, a pesar de que los informes preliminares de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) detallaron que, a pesar de los problemas y demoras en la instalación de mesas - algo habitual en America Latina - el escrutinio se realizó con respeto a las libertades fundamentales. El último informe de la Misión Electoral de la OEA, publicado el viernes, saludó la decisión del JNE de no realizar elecciones complementarias y subrayó la importancia de garantizar la integridad del proceso en curso y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada por millones de peruanas y peruanos en las urnas. Por cierto, el análisis de estas redes muestra también la presencia activa y sostenida de un grupo de cuentas extranjeras que amplificaron los mensajes con acusaciones agresivas sin pruebas. Por ejemplo, Martín de Luca (@emd_worldwide, Estados Unidos, 119.600 seguidores), Agustín Laje (@AgustinLaje, Argentina, 958.100 seguidores) y Hermann Tertsch (@hermanntertsch, eurodiputado por el partido español Vox, 403.400 seguidores). Martín de Luca ha sido identificado como abogado de la empresa de medios de Donald Trump (Trump Media Group) y asesor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Además, está vinculado al estudio de abogados que fue contratado por la Municipalidad de Lima, cuando Rafael López Aliaga era alcalde de la capital. De otro lado, Hermann Tertsch pertenece al grupo parlamentario europeo Patriotas por Europa, creado por el ex-primer ministro húngaro Viktor Orbán. Estas cuentas contribuyeron a amplificar los mensajes sin pruebas de fraude. La desinformación no solo busca instalar una falsa narrativa, sino también sembrar el caos. ‘Lo primero que hay que sostener es que estas narrativas son preelectorales, electorales y postelectorales, por lo tanto, la idea de caos tiene que ver con un tiempo estrictamente electoral, pero luego, son muchos más los años, donde, ante la deslegitimación de estas instituciones, cualquier arremetida contra ellas tiene algún tipo de justificación’, explica Mario Riorda, consultor argentino y docente en comunicación política. El impacto de estas acusaciones sin pruebas también deteriora aún más la democracia. ‘La medida cumbre de una democracia funcional es la transición pacífica del poder luego de una elección. Si esto se rompe, es muy difícil llamarla una democracia representativa funcional. Por eso el evento de una elección es tan importante, tanto para quienes quieren defender la democracia como para quienes la atacan’, señala Olaf Steenfadt, director de Global Media Registry (Alemania), integrante del EITF, junto a International Foundation for Electoral Systems (IFES, Estados Unidos) y Fundación Hirondelle (Suiza). Cabe precisar que López Aliaga es uno de los políticos que más desinforma e impulsa un discurso violento y de odio. A dos días de la ampliación de la votación en las mesas que no se instalaron, el miércoles 15 de abril, en un raleado mitin al que convocó contra los resultados electorales, lanzó una discurso de agresión sexual contra el jefe del JNE, Roberto Burneo, en el contexto de su disparatada denuncia de la existencia de un Plan Morrocoy en el Perú. Este concepto surgió en Venezuela en el 2012, luego de que denunciaran masivas irregularidades de las elecciones en todo el país, durante el régimen de Hugo Chávez. La ONG Transparencia Venezuela denunció ese año que ese plan consistió en el cierre de mesas por problemas técnicos, denuncias por intimidación a través de motorizados afectos al oficialismo, intimidación política y retraso en la apertura de las mesas de votación. En el Perú, los problemas se concentraron en 211 mesas - de las más de 92.000 instaladas en todo el Perú - ubicadas en tres distritos de la capital. En el Perú, esa palabra era hasta entonces desconocida. El término apareció en la cuenta de un usuario de X (@jlcastillocev) a las 5:26 p.m. del 12 de abril, en medio de las votaciones. En el mensaje se etiquetó a un periodista de Willax, el canal que más apoya la hipótesis del ‘fraude electoral’ y que hizo lo mismo en el 2021. Una de las autoridades más amenazadas en sus redes y en presentaciones públicas ha sido Piero Corvetto, quien renunció el 21 de abril al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras una grotesca campaña mediática dirigida contra él y su familia, sometiéndolo a toda clase de humillaciones en su casa, en complicidad con la Fiscalía y una politizada policía. ‘El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a, voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera’, llegó a decir el 22 de abril en una presentación pública en su página de Facebook. Es más, López Aliaga y las otras cuentas asociadas a su falsa narrativa, apuntaron a la disparatada teoría de que ‘había venezolanos y cubanos trabajando en la ONPE en el conteo de votos’. Esta situación en redes sociales generó que incluso la cuestionada presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega - excongresista por Podemos Perú, de José Luna Gálvez, integrante del pacto mafioso-, enviara de inmediato una solicitud formal a la autoridad electoral para que le remitiera información detallada sobre el personal extranjero que presta servicios en la institución. En respuesta, la ONPE aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros y precisó que los 16.757 trabajadores y prestadores de servicio son de nacionalidad peruana, desbaratando sus planes. Al respecto, el consultor argentino y docente en comunicación política, Mario Riorda, sostiene que el objetivo de este tipo de narrativas que desinforman ‘no es tanto, no reconocer la derrota, sino complicar las victorias, sea quien sea el que gane, y permitirse desde esta línea argumental un proceso de erosión de la democracia, deslegitimar a gobiernos (si son otros los que ganan), además de estar agazapados para cooptar instituciones’ puntualiza el informe. Venga ya, si bien esta falsa narrativa ha quedado desbaratada, algunas de las llorosas “viudas” de López Aliaga siguen con la misma cantaleta, ya que los conspiradores no se dan por vencidos y ahora se dice que ciertos congresistas están buscando anular las elecciones para quedarse en el cargo un año más y seguir ROBANDO a sus anchas. Además, hay quienes están tocando afanosamente las puertas de los cuarteles, buscando “un golpe militar democrático” (?) como aquel remedo de “periodista” Diego Acuña, quien a viva voz lo está exigiendo; o ese otro sujeto, un ex coronel del ejército convertido en un proxeneta, acusado de regentar un prostíbulo.... más patéticos no pueden ser. Lo único que van a conseguir será un levantamiento general en todo el país por quienes con toda razón verán vulnerados sus derechos al querer pretender ignorar sus votos... Que no jueguen con fuego, porque se van a quemar (Por cierto, Porky y sus secuaces siguen cometiendo delitos todos los días a vista y paciencia de las autoridades - como el utilizar recursos públicos de la Municipalidad de Lima a cargo de ese inútil de Reggiardo en favor de su agrupación política, quien violando groseramente la neutralidad electoral al cual está obligado, dio un ridículo “mensaje a la nación” para referirse a un proceso que nada tiene que ver con su gestión, cometiendo además un delito de peculado de uso - pero no hacen nada, como tampoco han abierto un proceso al propio López Aliaga por amenazar de muerte a las autoridades electorales y llamar a la insurgencia, lo cual es un grave delito de sedición, pero para la Fiscalía no pasa nada... ¿O son cómplices o les tienen miedo?)
Como sabéis, el consorcio Lockheed Martin confirmó la firma del cuestionado contrato con la Fuerza Aérea del Perú para la compra de 12 cazas F-16 Block 70 por USD 1.500 millones, con opción a un segundo escuadrón de otros 12 aviones. Cabe precisar que la citada empresa de defensa mantiene una estrecha relación con la administración de Donald Trump, su principal cliente, que representó el 72% de sus ingresos en el 2025. Ese mismo año, la compañía registró pérdidas de USD 950 millones en su división aeronáutica - que incluye al obsoleto modelo F-16 - vinculadas a un proyecto clasificado. Al respecto, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, calificó la adquisición de los viejos cazas por el país andino como una "propuesta extraordinaria". Por su parte, el fabricante, la compañía norteamericana Lockheed Martin, definió la venta como "un símbolo profundo" de la relación entre ambas naciones. Aunque desde EE.UU. el acuerdo ha sido presentado como un éxito unánime, en el Perú ha motivado fricciones en el Ejecutivo. Como recordareis, el pasado 22 de abril, los ministros peruanos de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, renunciaron a sus cargos luego de que el presidente José María Balcázar asegurara, un día antes, que la compra se pospondría para el siguiente periodo presidencial. El entonces canciller aseguró que el mandatario mentía, porque los contratos ya habían sido firmados el lunes 20 de abril. Sin embargo, las dilaciones en la compra de los aviones caza llevaban ya varios días. El viernes 17 de abril, Navarro de una forma desvergonzada e impropia de un embajador, ejerció mediante amenazas, una presión pública para la continuidad del proceso de compra a través de un mensaje publicado en la plataforma X: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”. Tras las renuncias en el gabinete ministerial, Balcázar reconoció que se firmó el contrato, pero insistió en que su posición es que el acuerdo debió ser suscrito por el siguiente gobierno. La tarde de ese mismo día, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la transferencia del primer hito del contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa Lockheed Martin, por USD 462 millones. Un análisis de los informes financieros y de las contribuciones políticas de Lockheed Martin evidencia la estrecha relación del Gobierno de Estados Unidos con la compañía. La empresa registró, precisamente en el año en que comenzó a perfilarse el acuerdo por los F-16 entre Perú y Estados Unidos, pérdidas por USD 950 millones en su división aeronáutica debido a los costos de un programa clasificado. Según el informe anual de Lockheed Martin, el 72% de sus ingresos totales en el 2025, equivalentes a USD 75 mil millones, provino del Gobierno estadounidense. De ese monto, el 63% correspondió al Departamento de Defensa, denominado “Departamento de Guerra” por la administración de Donald Trump. Entre los principales productos de la empresa - una de las mayores proveedoras de armamento del mundo, con sede en Bethesda, Maryland - se encuentran aviones de combate, sistemas de defensa antimisiles, helicópteros militares, así como drones y sistemas espaciales. La empresa incrementó sus ingresos en el 2025 en un 6% respecto al año anterior, debido a una “demanda sin precedentes”. Su director ejecutivo, Jim Taiclet, afirmó que este aumento ha sido impulsado por el “rendimiento comprobado en combate” de sus sistemas en los conflictos actuales del mundo. La relación cercana con la administración de Donald Trump se mantiene este año. Hace pocos días, Lockheed Martin anunció un nuevo contrato con el Pentágono por USD 1.900 millones para continuar con el mantenimiento de un avión de transporte militar. En el caso del Perú, el 15 de septiembre del 2025, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de los Estados Unidos autorizó la venta de un paquete de cazas a Perú: diez F-16C Block 70 y dos F-16D Block 70, junto con motores, sistemas de radar y misión, además de repuestos y equipos de entrenamiento por USD 3,42 mil millones. La autorización también incluía - según afirma - “misiles, cañones de a bordo, radares de última generación, sistemas de guerra electrónica, tecnologías de navegación y puntería, equipos de comunicaciones y cifrado, así como componentes logísticos, de mantenimiento y formación”. En conjunto, la operación propuesta no se limita a las aeronaves, sino que contempla una infraestructura completa para su operación, entrenamiento, mantenimiento y armamento. El 23 de abril de este año, el director ejecutivo Jim Taiclet confirmó la firma de un contrato con la Fuerza Aérea del Perú para la compra de 12 cazas F-16 Block 70 por USD 1.500 millones, con opción a un segundo escuadrón de otros 12 aviones. Calificó el acuerdo como “el primer contrato de venta comercial directa del F-16 en décadas”. Según Lockheed Martin, los clientes internacionales y las ventas realizadas a través del programa estatal Foreign Military Sales (FMS) - que permite a países aliados adquirir armamento estadounidense y a través del cual Perú también compra los cazas F-16 - representaron el 28% de sus ingresos en el 2025. La empresa de defensa ha ampliado de manera significativa la producción de sus aviones F-16. Según sus informes anuales, en el 2023 entregó solo cinco aeronaves del modelo. Para el 2024, la cifra aumentó a 16 cazas. En el 2025, la compañía declaró haber entregado también 16 aeronaves. En total, 30 países han adquirido el F-16 de Lockheed Martin, entre ellos Venezuela, Chile y Argentina. La flota mundial supera en total los 2.800 cazas F-16 en operación, según informó la empresa. Todas las ventas en el marco del programa FMS están sujetas a estrictos controles establecidos por la legislación de los Estados Unidos, especialmente bajo la Ley sobre el Control de la Exportación de Armamento y el sistema de supervisión del uso final. Estas normas obligan al país comprador a usar los sistemas exclusivamente para los fines autorizados, prohíben su transferencia a terceros y permiten inspecciones y supervisión permanentes por parte de autoridades estadounidenses. En la práctica, esto significa que, aunque Washington apruebe políticamente la venta, los F-16 permanecerían bajo mecanismos de control de los Estados Unidos durante todo su ciclo operativo, desmintiendo así a Navarro que afirma lo contrario. De otro lado, en mayo del 2025, Perú también recibió los tres primeros de los nueve helicópteros Black Hawk acordados, que serán utilizados como una donación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando se le envió por correo un listado de preguntas a Lockheed Martin sobre el contrato con el Gobierno peruano para la adquisición de los obsoletos F-16, la relación de la empresa con la administración de Trump y sus donaciones políticas - sumamente lesivo para los intereses peruanos - no se obtuvo respuesta alguna ¿Qué es lo que pretende ocultar? Se dice que en la FAP aceleraron su compra - pasando sobre la autoridad de Balcázar, que por lo visto esta pintado en la pared - debido al temor de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez gane el ballotage del 7 de junio y cancele la operación. Mientras Chile adquirirá modernos F-35, el Perú tendrá que conformarse con chatarra similar al tren de Porky ¿Qué oscuro negociado esconden? Tarde o temprano se sabrá la verdad y se sancionará a los responsables de este delito de Traición a la Patria.
