Han pasado trece días desde la segunda vuelta para elegir al presidente en el país andino, pero los resultados y la proclamación oficial de la victoria están todavía pendientes de un 0,84% de votos que están en revisión por la justicia electoral, que se ha dado hasta mediados de julio como plazo máximo para resolver. En efecto, en una votación muy reñida y no libre de controversias - como la grosera injerencia del embajador de los EE.UU. en el conteo de votos sin que las autoridades electorales protesten por ello - entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez, la primera mantiene una ligera ventaja en el escrutinio y se proyecta como la virtual ganadora. A la espera de que termine el proceso, la incertidumbre, las movilizaciones, y los recursos de nulidad agitados por la izquierda calan en un electorado agotado por la polarización y la inestabilidad política de los últimos años, propiciado por el fujimorismo desde el Congreso, debido al pacto mafioso que mantiene con otras fuerzas para someter al Ejecutivo a su voluntad. La mayoría de los analistas dan como vencedora a Keiko Fujimori apoyándose en que esas actas impugnadas, con 200.000 votos en juego, proceden sobre todo de Lima y Callao, donde tiene sus grandes bastiones electorales y lo previsible es que al final, le sean favorables. “A estas alturas es prácticamente imposible que Sánchez revierta la diferencia de votos” indico el experto en procesos lectorales Fernando Tuesta. “Peru es el único país con resultados tan ajustados en tres elecciones consecutivas, que se resolverá por menos del 1% de diferencia entre los candidatos” añadió. De esta manera, con los resultados parciales oficiales ya escrutados al 99%, la imagen es la de un país partido en dos, reflejo de los proyectos políticos antagónicos que se enfrentaron en el ballotage. De un lado, la izquierda de Roberto Sánchez, que ha recogido el voto rural, el de los olvidados del sistema, proveniente del empobrecido sur del país vinculado a Pedro Castillo, encarcelado por el intento de autogolpe de Estado en el 2022 y que amplio apoyos al suavizar sus posiciones extremas de primera vuelta, para intentar acercarse al centro y despejar temores en los sectores económicos. De otro lado, el fujimorismo, encarnado en la hija dictador Kenyo Fujimori - que gobernó el Perú con mano de hierro desde 1990, hasta su deshonrosa caída y entrada en prisión, tras ser condenado a 25 años de cárcel por Crímenes de Lesa Humanidad - quien llega por cuarta vez consecutiva a una segunda vuelta, quien ha usado esa controvertida herencia política para hacer un paralelismo entre la lucha de su padre contra el terrorismo comunista en la década de los noventa, y el combate a la criminalidad creciente de hoy, por parte de millones de indeseables venezolanos que ingresaron al país libremente desde la época del (des)gobierno del conocido lobbysta y Traidor a la Patria, el judío Pedro Pablo Kuczynski, quienes han desatado el terror en el país, que es la principal preocupación de la ciudadanía y el eje de su campaña. Pero conforme avanzan los días y se amplía la ventaja de Keiko, los partidarios de Sánchez han salido a las calles a “defender el voto” en dos ocasiones y están convocando a “grandes movilizaciones” en estos días, tanto en Lima como en el interior del país, por lo que se teme el estallido de la violencia tal como ocurrió en el 2023, tras la ignominiosa caída del golpista Castillo. “El voto ha sido deslegitimado” dice el partido JPP en un comunicado hecho el lunes, para denunciar a continuación “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral” y las “maniobras político-mediáticas que atentan conta la justicia electoral y la voluntad del pueblo” añadieron. Cabe precisar que el voto exterior, ya escrutado, ha favorecido ampliamente a Keiko Fujimori, sobre todo en los EE.UU., donde vive la mayor comunidad peruana en el exterior y donde la cabecilla de Fuerza Popular ha obtenido el 76.4% de los votos. En el interior del Perú, sin embargo, el conteo inclino la balanza a Sánchez, que tuvo el 50.1% de las boletas frente al 49.8% de su adversaria. Esta divergencia ha llevado a algunos a cuestionar el derecho al voto de quienes viven en el extranjero. Al respecto, un aliado de Sánchez escribió en la red social X (antes Twitter) que había interpuesto una demanda de amparo contra una resolución de las elecciones en el exterior para anularlo: “Es sospechoso que, a ocho días de la segunda vuelta, de un momento a otro cambiaron las reglas de juego. Se elimino la digitalización de las actas del exterior. Sin motivación. Sin ley. Por lo tanto, es nulo las elecciones en el extranjero” escribió. La línea que separa la retórica del fraude de la expresión de dudas sobre aspectos del proceso electoral es fina, sobre todo luego de una primera vuelta tumultuosa y salpicada de problemas logísticos, así como de absurdas denuncias por parte de un alcoholizado candidato de ultraderecha, sin sustento alguno, pero que la prensa basura magnificó. Si bien Sánchez se mantiene em la importancia de respetar los resultados y exige transparencia de los mismos, al mismo tiempo apoya las movilizaciones, autoproclamándose “ganador” en un mitin realizado en el Cuzco. “El reconteo y la transparencia no daña la democracia, sino que la fortalece, ya que el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar por ello con esta democracia hibrida” declaro el martes. “Juntos por el Perú (el partido de Sánchez) está cuestionando puntos del proceso, como el hecho de que se hayan tardado más de la cuenta en llegar en esta segunda vuelta, los votos del exterior, especialmente de los EE.UU. y Argentina - que lo hicieron en valija diplomática en vez de en urna electrónica, tal como sucedió en primera vuelta - pero no hay grito de fraude per se, se trata más de mostrar fuerza” explico la politóloga Paula Tavara. Lo mismo observo el politólogo Eduardo Dargent, quien asegura que “hasta ahora Sánchez se ha cuidado de gritar fraude, más allá de frases altisonantes de miembros de su equipo, ´porque es muy peligroso en un país en el que mucha gente cree que unos y otros lo cometen, aunque no se pruebe” afirmo. “Sin embargo, si ha sido una elección vergonzosa por parte de los medios de comunicación, que se pusieron abiertamente de parte de la candidata de la impunidad y la corrupción en estos comicios” señalo. De esta manera, mientras se agitan las aguas en el campo de la izquierda y el antifujimorismo - que despertó de su letargo en estas últimas semanas de campaña - la candidata apenas se ha pronunciado un par de veces, llamado hipócritamente “al respeto de los resultados y el proceso electoral” algo que no hizo ella en anteriores comicios, mientras anunciaba un sospechoso “viaje familiar” a los EE.UU. donde según sus críticos, ha ido a agradecer su “participación” en los comicios, asegurando que los votos emitidos en ese país - previo anforazo - la hayan favorecido, como finalmente ocurrió. Se trata de una actitud muy distinta a la que tuvo en el 2021, cuando se enfrentó y perdió contra Pedro Castillo. “Ha habido un interés sistemático en quebrantar la voluntad popular” expreso Fujimori cuando su derrota era inminente. “En esas elecciones, ella y su partido, pretendieron anular el voto rural bajo la creencia de que habían sido engañados. Ahí si hubo un cuestionamiento basado en el racismo” comparo Paula Tavara. “Ahora nadie ha salido a decir que ‘los blancos de Lima nos robaron la elección’”. Aunque no se sabe con exactitud cuando la justicia electoral terminará de evaluar las actas impugnadas, si vence Fujimori como parece probable para los analistas, sumará el Ejecutivo a su elevada cuota de poder en el Congreso y el reconstituido Senado, donde su partido tendrá mayoría. “En lo que va del siglo, los presidentes han sido débiles, apoyado por remedos de ‘partidos’, que en realidad son vientres de alquiler que se ofertan al mejor postor, por lo que no se ha construido una alternativa fuerte a la persistencia de Keiko Fujimori, que ha acumulado experiencia en todos estos años, para lograr concentrar el poder de casi todas las instituciones del Estado. Solo le faltaba el Ejecutivo, que ahora todo parece indicar que lo obtendrá” apunto Tavara. En un país que ha tenido ocho presidentes en una década, sacudido por la inestabilidad política, Dargent pone el acento en la necesidad de “recuperar la gobernabilidad” como primer objetivo de quien asuma el cargo el 28 de julio. Tuesta cree que en una eventual victoria de Fujimori. “Keiko tendrá que armar un gobierno más allá del fujimorismo, porque sale de una elección sumamente polarizada en la que dentro del país ha ganado Sánchez, mientras el voto exterior que la favoreció, no va a estar presente en el día a día, y habrá que ver cómo va a tratar esos territorios, los del sur rural, los más pobres e ignorados, que no van votado ni votaran nunca por ella” puntualizo. Como recordareis, durante su cierre de campaña - en un local cerrado por temor a las protestas con gente llevada en buses traídos de lugares lejanos - apelo “a la unidad y reconciliación” de los peruanos, Está por ver si vencerá, y si lo hace, si ese será el camino que elija en su cuarto intento, o por el contrario, siguiendo el oscuro legado de su padre, dará rienda suelta a su venganza tan largamente esperada con el objetivo de aplastar toda oposición y pretender quedarse unos 30 años en el poder. El fujimorismo es sinónimo de autoritarismo y represión, por lo que muchos sectores no creen en sus falsas palabras y esperan lo peor de su régimen, que algunos ya denominan el segundo fujimorato, el neofujimorismo o el keikismo... Trágico destino el del Perú, donde la historia al parecer, volverá a repetirse.
La política de las esterilizaciones forzadas, implementada en el Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, por parte de la dictadura fujimorista. En efecto, durante aquellos años, el régimen implementó una campaña masiva de esterilización forzosa patrocinada por el Estado entre 1996 y 2000. Ejecutada bajo la fachada del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, la iniciativa se comercializó públicamente como “una estrategia progresista de salud pública orientada al alivio de la pobreza y el empoderamiento femenino”. En realidad, el programa operaba bajo un rígido sistema de cuotas impuesto por el Estado que se dirigió de manera desproporcionada a poblaciones empobrecidas, rurales y a los pueblos indígenas quechuahablantes y aimaras, hacia quienes estaban dirigidos. Es considerada ampliamente como la mayor iniciativa de esterilización promovida por un Estado en América, resultando en la esterilización quirúrgica de aproximadamente 314 000 mujeres y 24 000 hombres, la gran mayoría de los cuales fueron operados sin su consentimiento libre e informado. Las raíces ideológicas de esta campaña se encontraban en la eugenesia de principios del siglo XX y en las teorías económicas neomalthusianas de finales del siglo XX, que concebían la reproducción indígena como un obstáculo para la modernización nacional. Durante la época del terrorismo (1980-2000), las Fuerzas Armadas del Perú codificaron estas ansiedades en el Plan Verde, una doctrina militar clandestina que exigía explícitamente el «uso generalizado de la esterilización» para exterminar a poblaciones «culturalmente atrasadas», percibidas como caldo de cultivo para la insurgencia de Sendero Luminoso. Tras el autogolpe de 1992 de Fujimori, estos objetivos militares se integraron en la política de Estado. Subvencionado con millones de dólares por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Nippon, el Ministerio de Salud desplegó brigadas médicas en remotas regiones andinas y amazónicas. Operando bajo la amenaza de perder sus empleos, los trabajadores de salud estatales utilizaron el engaño, el terror psicológico y la extorsión con ayuda alimentaria del Estado para coaccionar a ciudadanos marginados a someterse a ligaduras de trompas y vasectomías. Los procedimientos se realizaban frecuentemente en clínicas improvisadas e insalubres, sin anestesia ni cuidados posoperatorios, lo que provocó infecciones generalizadas, debilitamiento físico crónico, ostracismo social y decenas de muertes documentadas. Tras el colapso del régimen de Fujimori, la campaña fue deliberadamente excluida del Informe final del 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, iniciando una arquitectura de negación estatal e impunidad legal que duraría décadas. A pesar de los esfuerzos de las activistas indígenas sobrevivientes y las organizaciones de derechos humanos, los fiscales nacionales archivaron repetidamente las investigaciones penales contra Fujimori y sus ministros de salud. Frustradas por la obstrucción interna, las sobrevivientes llevaron su lucha a tribunales internacionales. En el 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró la campaña como un crimen de lesa humanidad, y en el 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico que responsabilizó internacionalmente al Estado peruano por las consecuencias letales de las esterilizaciones forzadas. Cabe precisar que, a mediados del siglo XX, el Perú experimentó un drástico cambio demográfico. Impulsada por la disminución de las tasas de mortalidad y la rápida urbanización, la población nacional aumentó de aproximadamente seis millones en 1940 a más de veinticinco millones a finales de siglo. En 1972, la tasa de fertilidad nacional se situaba en un promedio de seis hijos por mujer. A medida que la población se expandía, la percepción de la élite peruana sobre la reproducción indígena pasó de ser una preocupación puramente racial a una amenaza económica y de seguridad neomalthusiana. Las familias numerosas y empobrecidas eran vistas cada vez más como «culturalmente primitivas» y como una causa principal del estancamiento económico del país. Durante la década de 1980, los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García hicieron intentos iniciales de implementar programas nacionales de planificación familiar para frenar este crecimiento. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron severamente restringidos por la influencia política de la Iglesia católica, quien se opuso vehementemente a los métodos anticonceptivos modernos, promoviendo en su lugar la «paternidad responsable» a través de métodos naturales como el método del ritmo. Pero como las tasas de fertilidad indígena seguían siendo altas, se intensificaron las ansiedades de la élite sobre una clase baja rural empobrecida y en explosión demográfica, que eran un riesgo para sus intereses. Esa oportunidad de acabar con este “peligro”, llego con la asunción al Poder de Kenyo Fujimori en 1990. A través de la orquestación de Vladimiro Montesinos, este objetivo se integró en la agenda del nuevo gobierno. Tras el autogolpe de Fujimori en 1992, que disolvió el Congreso y consolidó su gobierno autoritario, las esterilizaciones forzadas se formalizaron como política de salud pública del Estado. La campaña de esterilización se apoyó fuertemente en la intersección de clase, raza e idioma para sofocar la resistencia. Para 1998, aproximadamente el 8 % de la población peruana era analfabeta, pero esta tasa era exponencialmente mayor entre las mujeres indígenas rurales, y hacia ello se dirigió el programa. Los funcionarios de salud, que operaban casi exclusivamente en español, descendieron sobre comunidades monolingües quechuas y aimaras. Los formularios de consentimiento estaban impresos en español y rara vez se traducían. Las mujeres analfabetas eran obligadas rutinariamente a estampar sus pulgares manchados de tinta en documentos que no podían leer, cumpliendo con el requisito burocrático del Estado de «consentimiento» mientras violaban por completo su premisa ética. Cuando el engaño fallaba, las brigadas médicas recurrían al terror psicológico y la fuerza física. Operando bajo el marco neopopulista de Fujimori, el Estado había centralizado los programas de asistencia social, en particular el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Los trabajadores estatales instrumentalizaron esta dependencia, ofreciendo bolsas de arroz o azúcar a cambio de la esterilización, o amenazando a las mujeres con retirarles la ayuda alimentaria si se negaban. En muchos casos, las mujeres que visitaban las clínicas por motivos no relacionados - como tratar la gripe de un hijo, recibir vacunas de rutina o recuperarse del parto - eran anestesiadas y esterilizadas sin su conocimiento. Tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000, el Perú entró en un período de transición democrática y justicia transicional. En el 2001, el gobierno interino estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y el año 2000. Aunque la CVR poseía un mandato amplio para investigar «otros crímenes y violaciones graves», los comisionados tomaron una decisión deliberada de excluir la campaña de esterilización patrocinada por el Estado de su Informe final del 2003. Al omitir las esterilizaciones forzadas, el Estado peruano borró efectivamente la violencia reproductiva infligida a cientos de miles de mujeres indígenas de la memoria colectiva oficial del país. Esta exclusión reforzó una jerarquía de victimización, señalando que la mutilación reproductiva de mujeres quechuas marginadas no merecía el mismo reconocimiento legal o histórico que otras atrocidades cometidas en tiempos de guerra. Hubo que esperar hasta diciembre del 2021, cuando un juez finalmente abrió una investigación penal preliminar contra Kenyo Fujimori y sus exministros de salud - Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta - por su papel en las muertes y lesiones graves de miles de víctimas. Sin embargo, el proceso legal nacional fue descarrilado repetidamente por maniobras políticas. En diciembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia del Perú anuló por completo el proceso judicial tras una demanda de Aguinaga, devolviendo la investigación de décadas a la fiscalía para que fuera presentada nuevamente. Ese mismo mes, Fujimori fue liberado de prisión tras el restablecimiento de un indulto humanitario por sus otras condenas por violaciones a los derechos humanos, sin haber enfrentado nunca un juicio por la campaña de esterilización, muriendo al año siguiente sin ser juzgado por estos crímenes. Pero el hampa fujimorista, también tenía otros intereses, como el reforzar sus lazos con el narcotráfico - iniciada en 1992 - posibilitando que el contrabando masivo de drogas a cargo de Vladimiro Montesinos fuera pan de cada día en el Perú (Próximo capitulo: Secretos del narcoavión)
Luego de quince años de campañas y una colección de humillantes derrotas que habrían retirado a cualquier otro político de la vida pública - como sucede en Europa, donde sería algo inconcebible que alguien con un ‘récord’ semejante de fracasos continuase al frente de una organización política - Keiko Fujimori está a las puertas de Palacio de Gobierno. En efecto, la hija del ex dictador Kenyo Fujimori, que durante años por el estigma que carga consigo - a pesar de que no puede ser considerada culpable por lo que hizo su progenitor - parecía estar condenada a quedarse a un paso del poder, ha remontado en la noche del miércoles en una de las elecciones más inciertas de la historia reciente del país andino y recuperado el primer lugar gracias a los votos de los peruanos en el exterior. Si la tendencia se mantiene, la cabecilla de Fuerza Popular podría convertirse en la primera presidenta elegida en las urnas (a diferencia de Dina Boluarte, que fue vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, y que asumió la Primera Magistratura de la Nación tras la vacancia de este). El recuento de votos, por cierto, es una vez más, una larga espera. En las primeras horas del miércoles, el izquierdista radical Roberto Sánchez conservaba una ventaja de 30.000 votos. Pero con las horas se estancó y la heredera de la mafia logró superarlo en la noche por un puñado de votos. Al 98.327% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de este sábado, lleva 50,012%, mientras que Sánchez se ha quedado en 49.988%. Donde la diferencia a favor de Fujimori es de unos 4.000 votos. Cabe precisar que la ‘recuperación’ de la Señora K está envuelta en la misma atmósfera de sospecha que acompaña a las elecciones peruanas desde hace años. Mientras algunos estadísticos sostuvieron que las actas pendientes podían revertir la ventaja inicial que tenía Sánchez, por lo que una parte importante de la ciudadanía mira ese escenario con gran desconfianza. El recuerdo del fraude electoral del año 2000, ocurrido durante el régimen dictatorial de Fujimori para intentar eternizarse en el Poder, todavía sobrevuela la política peruana. La memoria reciente tampoco ayuda: en los últimos procesos electorales, Keiko Fujimori cuestionó los resultados oficiales y denunció un fraude que nunca llegó a demostrar. A diferencia de otras elecciones, esta vez el factor decisivo ha estado fuera de las fronteras del país, donde los votos - afirman sus adversarios – “habrían sido manipulados para favorecer a Fujimori”, Ello debido a que sospechosamente ad portas del ballotage, los embajadores de los países que tienen la mayor concentración de peruanos en el extranjero - EE.UU. España y Argentina - fueron separados sorpresivamente de sus cargos y reemplazados por quienes tienen reconocidas simpatías por el fujimorismo. Como podéis imaginar, debido a esta maniobra, el voto de los peruanos residentes en el extranjero, habría alterado el tablero electoral, colocando a Fujimori en el primer lugar, al menos hasta ahora. En Estados Unidos, que concentra el 30% de los inmigrantes nacionales, Fujimori arrasó con el 76,5%. En España, el segundo destino de los migrantes peruanos, obtuvo el 60,1%. Lo mismo podría suceder en Argentina, otro gran foco de migrantes peruanos: por ahora, el 61,3% votó por la candidata de la derecha. Ahora con todos los votos contabilizados, queda un último capítulo: el de las actas observadas, esos expedientes que suelen prolongar la incertidumbre. Las autoridades electorales ya han advertido que su revisión será un proceso lento y complejo, por lo que la proclamación del próximo presidente podría postergarse hasta mediados de julio, hasta pocos días antes del 28 de ese mes, donde el ganador de los comicios debe asumir el cargo - se espera - hasta el 2031, ya que, cualquiera de los dos aspirantes, Fujimori y Sánchez, tienen credenciales nada democráticas, por lo que todo se puede esperar. Hasta el momento, hay 1.552 actas observadas, equivalentes al 1,7% del total. En una elección decidida por unos miles de votos, ese pequeño porcentaje tiene al país entero mirando el conteo con la ansiedad de quien espera un veredicto. Durante la jornada, la Señora K apareció en la puerta de su casa para enviar un mensaje a su rival. Le pidió a Sánchez que cumpliera su promesa de respetar el resultado final, cualquiera que este sea. “Yo creo que el señor Roberto Sánchez ha dicho que va a respetar los resultados finales y a esa declaración me remito. Hay que actuar con mucha cautela y responsabilidad. Lo importante es lo que señalen las actas. Dato mata relato”, declaró. Sus palabras, sin embargo, despertaron una oleada de comentarios adversos en las redes sociales. Muchos usuarios recordaron que, en las elecciones del 2021, Fuerza Popular impulsó una estrategia legal para anular cerca de 200.000 votos en las regiones andinas donde Pedro Castillo obtuvo una amplia ventaja, fracasando en su intento. Roberto Sánchez, por su parte, ha elevado las tensiones. Aunque en un primer momento dejó entrever que desistiría de la protesta si el escrutinio le era adverso, luego reivindicó el derecho de sus seguidores a movilizarse. Precisamente, portavoces de Juntos por el Perú realizaran una marcha nacional este sábado por el centro de Lima, que culminará en la plaza San Martín, el escenario habitual de las grandes manifestaciones limeñas para protestar- alegan los organizadores - “por el fraude que se estaría montando en el JNE para favorecer a Fujimori”. “Es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Fue una autoconvocatoria, la gente tiene derecho. La democracia se defiende”, afirmó. Sánchez también denunció que simpatizantes de su partido, que habían instalado carpas frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones para defender la victoria del pueblo, fueron desalojados por la fuerza por parte del alcalde distrital, de las filas de López Aliaga, a cuyos seguidores, por el contrario, no expulso del lugar cuando estuvieron durante días reclamando por un “fraude” inexistente. Al respecto, el historiador José Ragas ha expresado sus dudas sobre el talante democrático de la cabecilla fujimorista en una eventual victoria en su cuarto intento por ser presidenta. “¿Ustedes creen que, luego de postular cuatro veces durante quince años, ser la única presidenta de su partido, cambiar las reglas de juego a su antojo, copar instituciones, contar con el respaldo de buena parte de la élite y utilizar el capital político de su familia, Keiko Fujimori va a quedarse solo cinco años y entregar el poder en el 2031? No sean ingenuos”, escribió. La pregunta, más que una predicción, resume uno de los grandes temores del antifujimorismo. Como recordareis, su padre, quien luego de dar un autogolpe de Estado en 1992, instaurando una feroz dictadura, mediante una “interpretación autentica” de la Constitución se reeligió ilegalmente en dos ocasiones, y si no continúo haciéndolo de por vida - como era su propósito - fue por el escandalo desatado por la difusión de un vladivideo, que desnudo la putrefacción de su régimen criminal, provocando su huida del país y el colapso de la dictadura el año 2000. Hay muchos por ello que están convencidos por ello que la Señora K hará lo imposible para quedarse en el cargo más allá del 2031. Es lógico que, con todo el Poder que ya concentra en sus manos, no lo soltara de buenas a primeras. Pero en medio de esta turbulencia política, otro de los grandes protagonistas de la crisis peruana volvió a irrumpir en escena. La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó el sexto pedido de indulto humanitario presentado por la defensa del golpista Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido autogolpe del 2022, al considerar que no cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos por la norma. Sus abogados tendrán veinte días para subsanar las observaciones y volver a intentarlo, antes de que el encargado de la presidencia José María Balcázar entregue el poder a quien lo suceda el 28 de julio. Hasta el momento, Keiko Fujimori continúa ocupando el primer lugar, pero nadie se atreve a dar la elección por resuelta. La contienda se ha convertido en una carrera de resistencia en la que cada actualización modifica el ánimo de un país acostumbrado a los finales inciertos. Luego de tres derrotas y quince años de insistencia, para la hija de un dictador, la cuarta podría ser la vencida. Aun si en el último suspiro, es derrotada por Sánchez, ello no significara su retirada de la vida política. Por el contrario, seguiría como ahora desde el Congreso, intentando desestabilizar al nuevo Gobierno a través de un pacto que mantendrá en el Senado con López Aliaga y Nieto Montesinos. Pero si al final gana los comicios, sectores radicalizados han anunciado que rechazaran su posible triunfo y anuncian desde ya una serie de violentas protestas - como las ocurridas del sur del Perú en el 2023 tras la caída de Castillo, que dejaron más de 60 muertos - considerando “que les están robando las elecciones”. Incluso hay quienes ya están hablando en las redes sociales de que “las calles arderán en Lima” si se confirma la victoria de quien, de entrada, va a tener medio país en contra. En esas circunstancias, cualquier otro político haría un llamado a la conciliación entre peruanos, pero la polarización existente impediría que ello se llevase a cabo. Por lo visto, tiempos difíciles y turbulentos le esperan al Perú con Keiko Fujimori en el Poder, donde toda clase de protestas o manifestaciones serán sin duda aplastadas a sangre y fuego, que para ello los fujimoristas son expertos. No por gusto, la Señora K ha dicho que, de ganar, “va a seguir el legado de su padre”, cuyos oscuro legado aún resuena en la mente de los peruanos. De esta manera, el odio y la venganza tan largamente esperada por parte de la hija del autócrata (a quien de seguro tratará de “rehabilitar” póstumamente, levantándole monumentos y reescribiendo la historia) estará a la orden del día. En su rostro se refleja la maldad y si de algo estoy convencido, es que Keiko se va a vengar de todos y cada uno de los ataques que recibió durante tanto tiempo... Oscuros nubarrones se ciernen sobre el horizonte.
Durante la oprobiosa dictadura fujimorista, existían unos pasquines sensacionalistas cuyas líneas editoriales fueron compradas por el régimen con dinero del Estado, para colocarse completamente a su servicio y atacar ferozmente a sus adversarios políticos, como hoy puede verse con la prensa basura que no oculta su inclinación ‘naranja’ mostrándose servil a la hija del sátrapa Kenyo Fujimori. Ante todo, cabe precisar, por cierto, que, en el Perú, a dicha prensa sensacionalista - aquella que se especializa en publicar noticias escandalosas y fotografías de mal gusto -, se le llama también "prensa chicha", quienes, tras vender su alma al diablo por unos miles de dólares, eran utilizados exclusivamente para difamar, atacar e insultar a miembros de la oposición, e incluso a periodistas incómodos para un régimen que buscaba un total control de la información. Con nombres tan ridículos como “El Chino”, “El Mañanero”, “El Chato”, “La Yuca”, “Diario Más”, “Conclusión”, “El Tio”, “La Chuchi” y otros de similar corte, insultaban y atacaban con saña y alevosía en sus portadas a los enemigos del régimen con falsas noticias que afectaban sus honras y denigrarlos a mas no poder. De escasa o nula venta, solo servían para ser expuestas diariamente en los quioscos para que sus insultantes portadas sean leídas por la gente que circulaba por el lugar. Pero si uno se animaba a comprar esos pasquines, se sorprendía que en su interior no ampliaban las escandalosas noticias de la portada, simplemente porque eran inventadas. Ese era su único propósito de existencia, expandir mentiras, que repetidas mil veces pueden convertirse en una “verdad” y ser recordadas de esa manera por quienes en una dictadura como la que padecían, tenían pocos medios independientes para confrontarlos, que, a su vez, eran hostilizados de mil formas para silenciarlos. Durante el juicio que se llevó a cabo a Fujimori - cuando este ya se encontraba en la cárcel tras ser condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad - se supo que se habían destinado varios millones de dólares para "comprar" estos diarios y así comenzar una estrategia para las elecciones fraudulentas del 2000. La Procuraduría Anticorrupción señaló en un informe del 2014 que se habían gastado 122 millones de soles (unos 32 millones de euros). El propio Vladimiro Montesinos en su juicio confesó que "Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión a su favor". Por cierto, varios de los directores de esos pasquines tras la caída del régimen, fueron condenados a penas de cárcel. Como recordareis, a finales de los años 90, Fujimori tenía entre sus principales amenazas a Alberto Andrade (1943-2009), en aquella época alcalde de Lima (1996-2003) que gozaba de un enorme índice de popularidad. Aún no había aparecido en escena Alejandro Toledo, quien finalmente se presentaría como principal opositor en las elecciones del 2000. Andrade fue un político con mucho carisma que realizó numerosas mejoras en la capital peruana, entre ellas, el reordenamiento y mejora del Centro Histórico de Lima. Fue justamente eso lo que lo hizo crecer en la intención de voto y lo que comenzó a hacer temblar a Fujimori. Por esa razón Andrade se convirtió en el principal objetivo de esta prensa inmunda que se había vendido al régimen y cuyos titulares eran prácticamente dictados desde bien desde Palacio de Gobierno o del sótano del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con Montesinos a la cabeza. El plan era sencillo: compra de diarios y creación de nuevos. Entre estos últimos llegaron a aparecer nombres como "Repúdica" y "Repudio", destinados a atacar específicamente al diario La República, muy crítico con Fujimori. Por los otros pasquines previamente captados por el régimen - ya detallados líneas arriba -, según la procuradora Rocío Armas, "se pagaba entre 2.000 y 3.000 dólares diarios por cada titular de portada de cada periódico. Fueron entre 900.000 dólares y un millón de soles mensuales lo que se desembolsó en algunos casos" agrego. Mientras que estos libelos siguieron atacando e insultando a Andrade - lo llamaban en titulares "chancho" (cerdo), marrano o puerco en tono despectivo -, también comenzaron a concentrarse en Toledo, un oscuro candidato que comenzó a subir en las encuestas y que se convirtió en la principal figura de la oposición, a quien llamaban cholo, borracho, fumón, putañero y drogadicto. Pero no se trató sólo de políticos. Fujimori también tuvo entre sus objetivos desprestigiar a periodistas. Por ejemplo, El Chino, uno de esos pasquines "comprados", publicó en marzo de 1998 un suplemento que tituló "Los Rabiosos de la prensa antiperuana, Rospigliosi, Arrieta y Páez" en el que acusaban a estos periodistas de ser espías de países vecinos a los que vendían secretos militares y hasta de ser cómplices del terrorismo y estar detrás de un intento de golpe militar, tal y como lo recuerda el diario La República, cuyo director Gustavo Mohme también fue constantemente atacado y acosado. (Quien se iba a imaginar que, pasando los años, Fernando Rospigliosi, se pasó al “lado oscuro” y quien en sus inicios era miembro del grupo terrorista Vanguardia Revolucionaria, tras la vergonzosa fuga de Fujimori, lo califico despectivamente como dictadorzuelo - en un artículo que escribió en Caretas - vendió su alma al diablo y hoy se haya convertido en un pobre, triste y miserable arrastrado seguidor de su hija Keiko, siendo bautizado acertadamente por ello en las redes como ´Rospulgoso´. No cabe duda que los conversos y traidores como ese vil sujeto, son de los peores) Volviendo al tema de fondo, otros objetivos fueron César Hildebrandt, la hoy también impresentable Cecilia Valenzuela (vendida actualmente a la mafia fujimorista) y Luis Iberico. Este último era por ese entonces presidente del Congreso y fue quien reveló - junto al congresista Fernando Olivera - el primer vídeo que mostró el pago por parte de Montesinos a un congresista opositor para lograr su voto en diversos asuntos. Bautizado como el ´Vladivideo´ estas imágenes televisadas fueron el inicio del fin de la dictadura. Lo cierto es que este triste episodio de la convulsa historia peruana no sólo representa uno de los momentos más críticos y vergonzosos a nivel moral para el régimen fujimorista, sino también para ciertos medios de comunicación, entre ellos los diarios considerados "chicha", además de cadenas de televisión, cuyos dueños prefirieron venderse en lugar de mantener el propósito de informar de manera independiente. Lamentablemente, hoy se repite la misma historia y quienes lo vieron en los 90, volvieron a apreciarlo en el 2021, se han percatado que diarios como El Comercio, Correo, Gestión, Expreso, La Razón, Perú 21. Ojo, Trome, por ejemplo, así como radioemisoras y canales de televisión - RPP, América, Latina, ATV, Panamericana, Willax, PBO, Canal N, entre otras cloacas de desinformación - catalogados como la prensa basura, muchas de ellas en quiebra (como el Grupo El Comercio, rematado recientemente a precio de saldo) y que sobreviven con la publicidad estatal, hoy están coludidos nuevamente y en forma vergonzosa con la mafia fujimorista, liderada por la hija del genocida, quien con ánimo de venganza está a punto de acceder a Palacio, desde donde seguirá utilizando a esos medios en su plan de silenciar voces críticas y eternizarse en el poder, como quiso hacerlo su padre. Pero el odio de este vil sujeto no se concentraba únicamente en sus adversarios políticos y periodistas independientes que denunciaban sus crímenes, sino también - demostrando su racismo más extremo - en las mujeres indígenas, a quienes las operaron contra su voluntad para que no tuvieran hijos (Próximo capítulo: Las esterilizaciones forzadas)
Marcada por la polarización, este 7 de junio el país andino se enfrenta a una disyuntiva que marcará su destino: votar entre el cambio prometido por las mayorías desposeídas del Perú que nada tienen, o por el continuismo del modelo neoliberal, que solo ha favorecido a unos cuantos privilegiados, mientras que millones de peruanos sobreviven como pueden en medio de la pobreza más extrema. Hay quienes podrían pensar que para salir de esa situación de miseria en la que viven, elegirían sin dudar la primera alternativa, pero embrutecidos - en el caso de Lima - por la prensa basura y su nauseabunda campaña mediática de demolición del candidato izquierdista Roberto Sánchez, opten de modo suicida por la que representa Keiko Fujimori, que está utilizando los mismos métodos del cual hacía gala su padre durante su régimen dictatorial para que se mantenga el status quo y nada cambie, por lo que en estos comicios, se enfrentaran dos modelos diferentes: el primero, representado por Keiko Fujimori, una política ‘profesional’ - a tal punto que nunca se le ha conocido trabajo alguno - que ha sido primera dama, congresista y fundadora de su propia agrupación política, Fuerza Popular (FP); y su contendor, el psicólogo Roberto Sánchez, quien ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, actual parlamentario y líder de su partido Juntos Por el Perú (JPP). Pero a pesar de dichos galones, el principal capital político de ambos no proviene de sus trayectorias, sino de los legados que defienden: el fujimorismo y el castillismo, de raíces nada democráticas. Dos herencias que parten en dos al Perú. Por cierto, en su novela Al filo de la navaja, publicada en 1944, William Somerset Maugham retrató el drama interior de un individuo desalentado por el derrumbe del mundo en que vivía. El momento en que debió optar entre quedar atrapado en un pasado que ya no existía o saltar hacia un futuro imprevisible quedó grabado en el título de la obra. Dicha imagen pasó luego al uso coloquial para describir esa situación límite e inevitable frente a la que solo resta decidir, sin saber a ciencia cierta cuál será el resultado. La escena política peruana de estos días muestra un dilema parecido. Como recordareis, la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril dejó unas elecciones empañadas por dificultades organizativas, retrasos, desánimo y hasta disparatadas denuncias de ‘fraude’ por parte de un candidato perdedor, que nunca existieron. Tras la borrasca electoral, la situación parece haber vuelto a la normalidad. Pero no a la ‘normalidad’ de un clima de estabilidad democrática capaz de procesar unos comicios difíciles. Ocurre más bien todo lo contrario. Lo habitual en el Perú no es la vigencia de las instituciones y las reglas de juego democráticas, sino una crisis política permanente, acompañada de inestabilidad al límite y deterioro acelerado por obra y gracia del fujimorismo desde el 2018, cuando propicio la obligada renuncia del judío Pedro Pablo Kuczynski, convirtiéndose desde entonces en el poder detrás del trono, una mafia que gobierna el Perú desde el Congreso, colocando y sacando presidentes a voluntad, a pesar de que la candidata y cabecilla de esa organización criminal Keiko Fujimori (alias la Señora K) insista en negarlo mil veces. Ese cóctel pone en riesgo hasta lo elemental. El funcionamiento mínimo de un régimen político basado en la legitimidad de la alternancia electoral, por ejemplo. De esta forma, el ballotage del próximo 7 de junio, zanjará unas elecciones sujetas a las reglas de juego impuestas arbitrariamente por un corrupto y desacreditado Congreso, como parte de un pacto de mutuas conveniencias entre agrupaciones políticas coludidas para mantener el control del poder. El principal beneficiario obviamente, es Fuerza Popular, agrupación heredera de la dictadura que encabezó Kenyo Fujimori durante la década final del siglo pasado. Debido al modo de distribución de escaños, el fujimorismo obtuvo mayoría relativa tanto en diputados como en senadores. La ‘novedad’ será la reinstalación del Senado a tres décadas y media de haber sido suprimida precisamente por la autocracia fujimorista que hoy promueve groseramente su retorno, desconociendo los resultados de un referéndum - donde más del 80% de los ciudadanos rechazo esa posibilidad - pero a los congresistas, como podéis imaginar, no les importo los resultados y coludidos con el corrupto Tribunal Constitucional (TC) - cuyos integrantes fueron elegidos precisamente por el pacto mafioso del Congreso - lo declararon ‘inaplicable’. Para nadie es un secreto que el resurrecto Senado no responde en modo alguno al objetivo de incrementar la representatividad, sino más bien al interés del fujimorismo y sus secuaces para ganar cupos laborales y concentrar influencia política. En la práctica, será un superpoder mediante el cual el Legislativo buscará seguir controlando a un Ejecutivo maniatado y sometido a sus deseos, amenazando al inquilino de Palacio con la vacancia cuando se les dé la gana. En cuanto a la elección presidencial del domingo, esta se definirá entre dos candidaturas contrapuestas que, en conjunto, acaban de conseguir menos del 30% del total de votos válidos en la primera vuelta, por lo cual el 70% de los peruanos no se siente representado por ninguno de los dos. En estos comicios, Keiko Fujimori, convertida luego de un conflicto intestino con su hermano en única dueña de la herencia electoral del exdictador, intentara por cuarta vez consecutiva llegar a la presidencia. Pero en realidad, ya controla muchas cosas desde el 2016, cuando obtuvo 73 escaños parlamentarios de un total de 130, pasando a ejercer un poder desmesurado que desató una tremenda inestabilidad presidencial sin visos de acabar pronto. Pero no contenta con ello, ahora quiere el poder total para no dejarlo jamás. Por culpa del fujimorismo y sus aliados, el Perú exhibe el triste récord de haber tenido nueve presidentes en la última década, con solo dos elegidos directamente en las urnas. El manejo mafioso del actual Congreso muestra la cara inversa del fin del presidencialismo que caracterizó al Estado peruano desde su creación republicana, a inicios del siglo XIX. La actual campaña fujimorista se basa en la cínica promesa de “recuperar el orden” cuando fueron ellos quienes originaron el ‘Kaos’ (con K de Keiko) actual. En un país asolado por la criminalidad, la informalidad y la pérdida de confianza, dicho mensaje busca capitalizar la memoria de eficacia y mano dura vinculada al genocida Kenyo Fujimori. Pero ese cóctel discursivo busca ocultar el legado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos que dejó su sangriento régimen. Con su discurso del ‘orden’, Keiko Fujimori aseguro su pase a la segunda vuelta, junto al control de la primera de las minorías electorales actualmente existentes en la política peruana. En medio de la extrema fragmentación política, reflejada en 35 candidaturas presidenciales, el fujimorismo ha podido rearticularse y reaparecer con cierto aparato y presencia territorial. Sin embargo, también sigue generando fuerte oposición y rechazo, los cuales resultarán decisivos en la segunda vuelta. En efecto, el antifujimorismo existente en el país, que ya la derroto en tres ocasiones durante el ballotage - perdiendo frente a Humala, Kuczynski y Castillo - hoy puede volver a repetirse por cuarta vez frente a la opción que encarna Sánchez. Actual congresista de izquierda y exministro durante el régimen de Pedro Castillo, su candidatura proviene de la alianza pragmática de varios grupos de izquierda y nacionalistas interesados en alcanzar alguna cuota de poder. utilizando a su favor el respaldo popular que Castillo obtuvo en los comicios del 2021, donde consiguió irrumpir como un outsider, sacudiendo el tinglado político en el último tramo de la primera vuelta. Con buen cálculo electoral, Sánchez impulsa su campaña llevando el sombrero típico que Castillo exhibió en la elección anterior, ofreciendo indultarlo e impulsar un cambio de rumbo estructural en el país. Esto le permitió captar el voto provinciano, rural y campesino, en lo que ha sido visto para terror de los sectores conservadores, como una repetición de los resultados electorales del 2021. Pero dicho voto no es una simple réplica de los resultados obtenidos anteriormente por Castillo. Su régimen fue una exhibición de falta de rumbo, ineficacia e improvisación, que debió enfrentar, además, la arremetida del Congreso. El corolario de este desastre ocurrió el 7 de diciembre del 2022, cuando Castillo intento dar un autogolpe de Estado que nadie obedeció, regalando a sus opositores del Congreso - que ya conspiraban contra él, junto a grupos empresariales, el Ministerio Público y medios de comunicación, tal como confeso el fujimorista Micky Torres - el motivo perfecto para destituirlo y enviarlo a la cárcel. Posteriormente, a pesar del descrédito de su régimen, Castillo pasó a convertirse en una víctima del sistema, una suerte de mito movilizador que, desde los ojos de sus votantes, especialmente en el sur andino, tiene que ser reivindicado en las urnas. El factor que explica esto se halla en la avalancha del pacto congresal que defenestró a Castillo, así como en el gobierno de quien fuera su exvicepresidenta y sucesora, Dina Boluarte, quien traiciono a sus votantes. Prestándose a ser la herramienta de los enemigos de Castillo, Boluarte asumió la presidencia sin imaginar que ello desataría un levantamiento popular en el sur peruano en exigencia de su renuncia. La respuesta fue una brutal represión estatal causante de medio centenar de muertos, la gran mayoría de origen provinciano e indígena, siendo Boluarte responsable directa de la masacre, pero que ha sido “blindada” tanto por el pacto mafioso del Congreso, como por el Ministerio Publico - también en manos del fujimorismo - para evitar que responda por ello ante la justicia. En cuanto a los comicios, tras pasar a la segunda vuelta, imitando en todo a Castillo, Sánchez necesita ampliar el respaldo político que ya ha conseguido, articulando las expectativas de cambio y rechazo al fujimorismo y la derecha. Esto en medio de un escenario que muestra una fuerte fragmentación socio territorial del voto, ya que, con el derrumbe del sistema de partidos, las ánforas ya no expresan horizontes programáticos o partidarios, sino más bien expectativas subjetivas que mezclan temores y anhelos sobre el presente y futuro. La división territorial de las preferencias electorales muestra el empalme de las diferencias clasistas, étnico-culturales y políticas vigentes en la sociedad peruana. En Lima, la parte costera del Norte y la Amazonía urbana predomina un sentido conservador que busca mantener el modelo de desarrollo neoliberal, expresándose en el respaldo al fujimorismo. En cambio, en las zonas rurales y provincianas, especialmente en el sur andino, prevalece una demanda de cambio y rechazo frontal al fujimorismo, que se expresa en un voto contestario y de izquierda. Este clivaje socio territorial es el que definirá quién será el ganador en las elecciones. Cabe precisar que el mayor perdedor de la primera vuelta fue el conspirador y paranoico Rafael López Aliaga - alias ‘Camarada Porky’ - fracasado exalcalde de Lima y candidato de la extrema derecha, a quien Sánchez superó por poco más de 20 000 votos. Tras denunciar un ‘fraude’ que solo existió en su alcoholizada imaginación, López Aliaga cuestionó a los organismos electorales y promovió movilizaciones, haciendo incluso un llamado a la ‘insurgencia’, para obligarlos a anular los comicios o realizar elecciones complementarias, donde se presentaron dificultades para instalar las mesas de votación. Su rabieta incluyó, además, la exigencia de anular el voto de centros poblados alejados de Lima, mayoritariamente rurales e indígenas, mostrando su desprecio por esos sectores. Esto evidencia una vez más el racismo y clasismo de la derecha peruana con el respaldo de una élite empresarial y mediática, alarmada por los resultados de las urnas, que no se dieron como ellos esperaban, y ahora incluso hablan de quitarles el derecho de votar a las masas indígenas “porque no saben elegir” esperando ilusamente que lo hagan por quienes los oprimen, asesinen y mantienen en la miseria con sus políticas neoliberales. Puestas así las cosas, la campaña de segunda vuelta está llegando a su fin esta semana, luego del debate entre ambos candidatos el pasado domingo, donde Sánchez prácticamente ‘barrio el piso’ con la hija del sátrapa, quien, de una forma patética y una mirada de odio a su contendor, solo se limitaba a leer prometiendo obras millonarias que sabe muy bien que no va a poder cumplir. La interrogante que plantea el desempeño político ya conocido de Keiko Fujimori es hasta qué punto, y de qué forma, buscará concentrar el poder y dar nuevo impulso al modelo de desarrollo neoliberal autocrático legado por su padre, buscando además la forma de intentar eternizarse en el cargo. En el caso de Roberto Sánchez, la gran pregunta es si podrá llevar adelante sus promesas de cambio de ese modelo, sacudiéndose de sus antecedentes políticos pragmáticos e inescrupulosos, para asumir la representación de un bloque popular y de izquierda suficientemente amplio. Precisamente, acaba de presentar un plan de gobierno más moderado, aglutinando a su alrededor a otros sectores para enfrentar la arremetida de la mafia, que se da especialmente de una forma nauseabunda en la prensa basura, reeditando estos días el mismo papel que cumplían durante la oprobiosa dictadura fujimorista, por lo que la democracia peruana, debe hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre ella. La polarización en las urnas, repetimos, refleja la encrucijada de unas elecciones situadas al filo de la navaja, entre el riesgo de la regresión al pasado autoritario o a un necesario cambio de rumbo. Si aun estas Indeciso, recuerda que el voto por Keiko es a favor de la continuidad de la corrupción, la delincuencia y el caos que ellos mismos originaron. No se le puede dar todo el poder, ya están viendo las barbaridades que está haciendo desde el Congreso. Por ello, este 7 de junio vota sin miedo y con alegría ... ¡Fujimori nunca más! (A tener cuidado con la jefa de la Yakuza, quien amenaza con desconocer los resultados si no gana los comicios. Habrá que estar atentos a sus intentos desestabilizadores)
Conocida militarmente como Operativo Secuestro, fue una masacre que tuvo lugar en Lima el 18 de julio de 1992 cuando un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como "La Cantuta") fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente por el destacamento clandestino del Ejército conocido como Grupo Colina, conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y liderado por el mayor Santiago Martín Rivas. Según las investigaciones realizadas por Ricardo Uceda y Umberto Jara, originalmente el objetivo del operativo habría sido capturar a sospechosos de haber participado en el atentado de Tarata, siendo, según Uceda, Martín Rivas quien ordenó la ejecución de las víctimas. En el 2009, la Corte Suprema determinó que ninguna de las víctimas de la masacre estaba vinculada con organizaciones terroristas. En el 2007, tras ser extraditado de Chile, Kenyo Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. Ante todo, cabe precisar que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, y pasó a ser universidad en 1965. Cerrada durante la dictadura del felón Morales Bermúdez en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda, Fue reabierta en 1980. Por ese entonces, los elementos radicales multiplicaban sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, tuvieron una fuerte presencia en dicho campus, iniciando una serie ataques a la población, lo que motivó que el Estado realizara algunas intervenciones. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y durante el toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, UNI y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para 1988, Sendero Luminoso tenía el control del Comité de Comensales de La Cantuta, además "organismos generados" de Sendero Luminoso como el Movimiento de Artistas Populares (MAP) y Socorro Popular (SOPO) operaban en las instalaciones de la universidad. A inicios de la década de 1990, luego de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA - con la complicidad de Alan García - se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo marxista-leninista-maoísta. Tras el autogolpe de Fujimori en abril de 1992, se dispuso de un plan para combatir al terrorismo con base en cuatro puntos: quitar el control de las cárceles y universidades a Sendero Luminoso y al MRTA, desarticular la presencia de los elementos terroristas en los pueblos jóvenes e implementar leyes antiterroristas junto a operaciones psicosociales para minar la voluntad de las huestes subversivas. Cuando el 16 de julio de ese año, un coche bomba explotó en la calle miraflorina de Tarata, mató a 25 personas e hirió a 250. Tras el atentado, se evaluó la situación en una reunión en la que estuvieron presentes Kenyo Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, entre otros. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) le informó a Fujimori que los responsables del atentado eran estudiantes de La Cantuta. En medio de esto, llegó una llamada de un funcionario del gobierno norteamericano quien les advirtió que, si los atentados senderistas continuaban con el mismo salvajismo mostrado en Tarata y la frecuencia con la que se venían desarrollando los atentados, se iba a evaluar “una intervención multinacional en el Perú”. Luego de la reunión, el general Juan Nolberto Rivero Lazo (jefe del SIE), le comunicó al general Luis Pérez Documet mediante una llamada encriptada que en las próximas horas "un grupo especial del ejército" ingresaría a La Cantuta por lo que Pérez Documet debía ordenar al jefe de la base militar acantonada en la universidad que franqueara el ingreso del pelotón especial. La orden comunicada por Rivero Lazo fue dictada por Hermoza Ríos quien la recibió de Fujimori. La operación quedó en manos de Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina. A las 6:30 de la noche del 17 de julio, Martín Rivas envió un mensaje a los integrantes del Grupo Colina. En dicho mensaje se decía: "El Tío ha ordenado capturar a unos angelitos que participaron en lo de Tarata. Uno de los agentes ha confirmado que hoy habrá una reunión en una de las residencias. Tenemos una lista con los nombres". A cien metros de la universidad, Rivas ordenó detener los vehículos. Este, junto al teniente Aquilino Portella (enviado por Pérez Documet), descendió y se dirigió al puesto de control militar contiguo a la puerta principal. A la media hora, los vehículos ingresaron a la universidad, estacionándose en el pabellón de la residencia de varones. Por otra parte, las tropas a cargo de Pérez Documet rodearon la universidad. Al llegar a la puerta de la residencia de varones, tocaron, pero nadie respondió. El agente Dámaso Petrell golpeó la puerta a patadas, cediendo esta. Un ropero metálico había sido colocado detrás, bloqueando la entrada. Tras sortear el ropero, alguien se levantó y encendió la luz, golpearon al sujeto y lo obligaron a regresar a su cama. Tras esto, la luz se apagó. Los estudiantes recibieron la orden de taparse con frazadas y salir al exterior, siendo separados en dos grupos. El agente Tena y el profesor Mejía separaron a los estudiantes de acuerdo a una lista que tenía Martín Rivas. Los 6 estudiantes separados figuraban también en la lista que poseía Velarde y fueron llevados, sin resistencia, a las camionetas con el rostro cubierto. Luego, se dirigieron al pabellón de mujeres, donde se encontraban celebrando una fiesta. Debido al ruido, los agentes pasaron inadvertidos. Tras cesar la música, los estudiantes fueron trasladados a los pasillos y puestos boca abajo. Tras ser revisados, fueron seleccionados 3 estudiantes adicionales, quienes fueron llevados a los vehículos. Estos eran: Bertila Lozano Torres; Dora Oyague Fierro; Luis Enrique Ortiz Perea; Armando Richard Amaro Cóndor; Robert Édgar Teodoro Espinoza; Heráclides Pablo Meza; Felipe Flores Chipana; Marcelino Rosales Cárdenas; Juan Gabriel Mariños Figueroa; y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. En el camino, Rivas empezó a detener su vehículo de forma intermitente, lo que motivó que Sosa le preguntara a Pichilingue (miembro del Grupo Colina) sobre sus intenciones. Debido a que le habían ordenado entregar a los sospechosos a la DINCOTE, Rivas consideraba que la acción realizada (captura de sospechosos) era una acción para policías y no para un cuerpo de élite del ejército, como consideraba a su equipo. Por ende, disgustado, decidió ejecutar a los detenidos. Tras tomar un desvío, Martín Rivas ordenó bajar la velocidad y seguir a su vehículo. En el trayecto, dejaba estacionado su auto, bajaba y luego de unos minutos proseguía la marcha. Tanto para Sosa como para Pichilingue, Rivas estaba buscando un lugar para enterrar los cuerpos tras realizar las ejecuciones. Ante esto, Sosa comunicó a Rivas que conocía un lugar y los guio hacia un lugar donde existía un campo de tiro. Los detenidos fueron bajados de los vehículos y se les hizo formar en columna, dos agentes se quedaron en la carretera haciendo guardia mientras que otros dos se dirigieron a las alturas. Mientras un grupo buscaba un lugar propicio para los entierros, los detenidos eran vigilados por otros, y a los pocos minutos, fueron ejecutados Posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en el lugar, guardando Sosa los documentos. Al día siguiente, en una reunión en lugar de operaciones del Grupo Colina, Rivas comunicó su preocupación sobre los entierros, a lo que Sosa propuso enviar a dos agentes de inteligencia a verificar el lugar. Tras retornar, uno de ellos les comunicó que "se nota todo. Hay un brazo y una mano que sobresalen. Se puede ver la ropa de otro de los cuerpos", por lo que, tras evaluar la situación, concordaron en desenterrarlos y sepultarlos en diversas fosas. Ya para entonces, el diario La República reportaba la detención de 9 estudiantes y 1 profesor. En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el Grupo Colina había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas en una fosa común. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, miembros del Grupo Colina exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "informantes" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en la masacre, identificando al jefe de las operaciones, Santiago Martín Rivas, y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del dictador Kenyo Fujimori, quien también tenía pleno conocimiento de estos acontecimientos y había ordenado la “desaparición” de los detenidos. En junio de 1993, un reciclador que se encontraba por la zona durante la masacre, y su amigo Guillermo Catacora, entrego un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez, quien lo compartió con la revista Sí que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por la Fiscalía reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses realizados a los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, resultaron pertenecientes a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de ese año, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Así, el 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años. Pero antes las protestas de los deudos, Fujimori, tras regresar de un viaje en agosto de dicho año, declaró ante los periodistas: "Si. la gente supiera que ellos fueron los que hicieron el atentado de Tarata, no pensarían igual"; pero investigaciones periodísticas y los procesos judiciales posteriores desmintieron sus afirmaciones, dichas para intentar desviar su responsabilidad en la matanza. Precisamente para tratar de blindarse- tanto el cómo sus secuaces, dicto una aberrante Ley de Amnistía para los criminales, la cual fue abrogada tras la caída del régimen el año 2000. El 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta matanza como de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Tras ser extraditado de Chile, se le sometió a juicio por esos crímenes. Durante el proceso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. Fujimori recibió el 7 de abril del 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como Crímenes de Lesa Humanidad. Penas similares cayeron sobre Montesinos, Rivas y demás integrantes del Grupo Colina, los cuales a diferencia del primero - quien, liberado en el 2023 por orden del corrupto TC, moriría al año siguiente - siguen cumpliendo su condena. Pero el régimen fujimorista no solo se caracterizó por sus crímenes, sino también por corromper a todos aquellos - como empresarios, periodistas, medios de comunicación - que les podían ser útiles en su objetivo de seguir atornillándose al poder, y para ello se valió de Vladimiro Montesinos para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación, que se vendieron alegremente a la dictadura (Próximo capitulo: La prensa chicha)
