No cabe duda que America Latina está cambiando de rumbo, y los recientes resultados electorales en Colombia y Perú así lo demuestran. De esta manera, la ultraderecha más ramplona y siniestra aumenta su cuota de poder en la región. Quienes ya gobiernan esos países - o están en vías de hacerlo - tienen un común denominador: el odio a sus adversarios y a la vez, su absoluto sometimiento a los EE.UU., que mediante la infame ‘Doctrina Donroe’, impuesta por Donald Trump, quiere volver a tener controlado “su patio trasero” buscando frenar así la creciente influencia china en el continente. Washington ya tiene a 11 países en el bolsillo y su mirada esta puesta en el Brasil, donde en los próximos meses habrá elecciones generales, en la cual se presenta el hijo del encarcelado Jair Bolsonaro, que además es un asiduo visitante a la Casa Blanca. No sería de extrañar que EE.UU. también “influya” en los resultados de esos comicios como sucedió en Colombia y Perú, para que quien sea elegido sea el candidato de su preferencia. Por cierto, Venezuela - que acaba de sufrir un devastador terremoto - ya es su colonia tras la captura del dictador Nicolás Maduro a inicios de enero, con los chavistas que se rindieron sin luchar y que grotescamente siguen en sus cargos como almas en pena, sin poder alguno de decisión, ya que quien en realidad maneja ese país es el embajador estadounidense, donde nada se mueve sin su autorización. Y en cuanto a Cuba, al borde del colapso y aislada internacionalmente, su caída ocurrirá en las próximas semanas, una vez que el inquilino de la Casa Blanca - tras su capitulación ante Irán - tenga las manos libres para ir a por la isla, tal como el mismo ha declarado reiteradas ocasiones. En relación al Perú, sin estridencias ni vocinglerías, el apoyo de Donald Trump a Keiko Fujimori se expresa de manera directa y enfática, a través de su impresentable ‘embajador’ Bernie Navarro, que más parece un activista político que un diplomático. Más allá de las evidentes afinidades ideológicas, está claro que, frente a la creciente presencia económica de China en América Latina, el país andino ocupa un lugar de gran importancia en los planes y designios estratégicos de la derecha republicana, con mayor razón cuando allí los chinos construyeron en tiempo récord el megapuerto de Chancay, que al estar en aguas profundas, “es ideal para ocultar una base para sus submarinos” según han denunciado sin fundamento alguno, diversos analistas y legisladores republicanos, exigiendo su cierre inmediato por considerarlo “una amenaza a la seguridad estadounidense”, y ahora creen que con Keiko, una vez que asuma el Gobierno el 28 de julio, podrá ser posible. Ante todo, cabe precisar que, en los Estados Unidos, el principal articulador del apoyo a la Señora K es Carlos Díaz-Rosillo, nacido en Miami, hijo de cubanos, y con un extenso recorrido en la derecha de su país, primero como asesor adjunto de Trump, luego como director de Políticas y de Coordinación Interinstitucional en la Casa Blanca y, finalmente, como subsecretario de Defensa en Seguridad Internacional dentro del Pentágono. Su experiencia y múltiples contactos lo convirtieron en un promotor clave en la aceitada articulación entre el mundo político, el académico y el empresarial, proyectándolo como una de las más relevantes figuras del trumpismo en el escenario latino de los Estados Unidos y, sobre todo, en las “usinas de pensamiento” que suelen dar contenido a las derechas y que suelen operar como unidades académicas cuando, mayormente, son laboratorios de propagación ideológica. Desde el 2020 Díaz-Rosillo ocupa un lugar central como fundador y presidente del Adam Smith Center for Economic Freedom, un think tank de creciente gravitación política, ubicado en Miami, enquistado dentro de la estructura de la Universidad Internacional de la Florida y que, bajo la fachada de “un centro académico de excelencia” prioriza, en cambio, la articulación creciente entre partidos, organizaciones y dirigentes de la derecha regional. El lugar ideal para formar, proteger y fortalecer a quien es la futura mandataria del Perú. Con apoyo del gobernador republicano Ron DeSantis, y sustento financiero del estado de la Florida, Keiko Fujmori puede sentirse cobijada por aquellas entidades que colaboran con el Centro Adam Smith, principalmente, el Centro Republicano Internacional, ligado a la dirección política del partido; la Red Atlas, conformada por institutos neoconservadores esparcidos por todo el mundo y, especialmente, por la Heritage Foundation, el centro de investigación que nutre los principales aspectos ideológicos y programáticos de la administración de Donald Trump. Si bien el gobierno de Florida ha tomado medidas para eliminar el adoctrinamiento de izquierda en las instituciones de educación superior de todo el Estado, el Centro Adam Smith mantiene sus privilegios y, en cambio, impulsa una educación claramente ideologizada desde una derecha neoliberal, conservadora y con claros rasgos populistas y autoritarios. Dentro del personal del Centro se encuentran algunas de las figuras más destacadas de la derecha latinoamericana de los últimos años. Se encuentran, por ejemplo, Iván Duque, el expresidente que atacó duramente las protestas sociales producidas en Colombia en el 2021; el venezolano Juan Guaidó, el autodenominado “presidente interino” que infructuosamente intentó desplazar del poder a Nicolás Maduro entre el 2019 y el 2023, ahora a cargo del “Laboratorio de Innovación para la Democracia”; así como también María Paula Romo, una tránsfuga de la izquierda ecuatoriana que devino en ministra del interior del felón Lenin Moreno y es la principal responsable de la sangrienta represión a las protestas del 2019, así como del pésimo manejo estatal de la pandemia en el 2020. Por cierto, no son los únicos gurúes de la derechización latinoamericana. Entre becarios “senior” y de “liderazgo”, investigadores y profesores, el cuerpo académico del Centro está conformado por varios referentes de la derecha de los últimos años que, seguramente, contribuyen a la formación ideológica de Keiko Fujimori, y que, gracias a sus incontables experiencias y anécdotas, le advierten a la todavía candidata sobre los riesgos de la democracia, las ventajas del libre mercado y las amenazas latentes de las protestas sociales en las siempre tambaleantes sociedades latinoamericanas. Rindiendo culto a la figura de Adam Smith, aunque promoviendo en todo momento un horizonte ideológico neoliberal, están los expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox; de Ecuador, Guillermo Lasso y Lenin Moreno; de Colombia, Álvaro Uribe; y de Argentina, Mauricio Macri, junto con el ex secretario general de la OEA Luis Almagro. Asimismo, se encuentra la senadora argentina Patricia Bullrich, con un pasado político variado, aunque hoy referenciada en el partido oficialista de Javier Milei, junto con el ultraderechista chileno Axel Kaiser, y con María Luisa Jayem, exministra de Economía en el régimen del salvadoreño Nayib Bukele... Menudas joyitas. Pero una de las presencias más llamativas del Centro es, sin duda, la de Jeanine Añez como “Becaria Senior de Liderazgo”. La ex presidenta boliviana quien, por acusaciones vinculadas al golpe de Estado del 2019 contra el narcopedófilo Evo Morales, fue sentenciada a diez años de prisión, pero liberada tras la llegada al poder del conservador Rodrigo Paz en el 2025, está a cargo del seminario “Experiencia de un gobierno en contexto de ruptura democrática”. Pero más allá de sus seminarios y cursos, lo más destacado del Centro Adam Smith son las galas, homenajes y entregas de premios, momentos en los que se entremezclan líderes de la derecha global con políticos, empresarios, periodistas y figuras del jet set, generalmente convocados por la “defensa de la libertad” y por la “apertura económica” favoreciendo a los grandes grupos de poder, y en ocasiones especiales en las que, para poder asistir y formar parte del encuentro, el precio de los cubiertos suma varios miles de dólares. El fulgor de Miami ha relucido todavía más en aquellos eventos en los que han brillado desde Donald Trump hasta Lionel Messi, y desde Javier Milei a Mario Vargas Llosa. El impacto político es visible, con reconocimientos al expresidente Rodrigo Chávez y a los mandatarios Luis Abinader y Rodrigo Paz: a los dos primeros, por insertar a Costa Rica y a República Dominicana dentro del espacio trumpeano del “Escudo de las Américas”, en tanto que, al tercero, para blindarlo frente al fuerte asedio al que es sometido por indígenas y campesinos contrarios a su proyecto neoliberal. Aunque se recalca que los fondos públicos recibidos por el Centro “de ninguna manera son utilizados para las campañas políticas de los candidatos de derecha en América latina”, las dudas subsisten, más aún frente a la presencia mediática de sus principales referentes académicos. Pocos días atrás, el propio Díaz-Rosillo recibió acidas críticas desde el círculo de apoyo del candidato de izquierda Roberto Sánchez debido a su involucramiento directo en la campaña de Keiko Fujimori, como si se tratara de “un simple comentarista externo” de la contienda electoral en el Perú. Más allá de las críticas, resulta claro hoy que el Centro se encuentra en una etapa de plena expansión, a tal punto que, en los últimos dos años, se ha incrementado la rivalidad entre líderes y partidos por crear nuevas filiales ya en territorio latinoamericano. Si bien desde la dirección se desmintió que estaba todo encaminado para crear una base en Montevideo, las intenciones son firmes para quienes aseguran que otras capitales con posibilidades reales son Buenos Aires y Santo Domingo. Sin embargo, y debido a la evidente cercanía entre Carlos Díaz-Rosillo y Keiko Fujimori, no sería extraño que la avanzada regional surja directamente desde Lima, una vez que la hija del dictador sea oficializada por los organismos electorales como presidenta “constitucional” ... vaya ironía. En tanto, las expectativas no son menores para quienes buscan frenar la expansión de China en Sudamérica. Un objetivo difícil, casi imposible, sobre todo si se toman en cuenta los intereses y las motivaciones de la clase empresarial peruana que, si por un lado busca abrazar a Keiko como personera de Washington, por el otro está más pendiente de cualquier nueva iniciativa surgida desde Beijing. Y es que las grandes inversiones realizadas por el gigante asiático en la región, hace que su influencia sea cada vez más fuerte, para desaliento de EE.UU. que busca neutralizarlo a como dé lugar, hasta el momento con escasos resultados. Ni el argentino Milei, a pesar de su abyecta cercanía con Trump, se ha atrevido a deshacer la relación de su país con los chinos, que viene desde la época de los Kirchner, y, por el contrario, pretende reforzarla. Brasil ni que se diga, tiene los lazos más fuertes con Beijing impulsadas por Lula. Mientras Perú le ha dado la bienvenida, posibilitando que China haya hecho grandes inversiones tanto en compañías mineras como en empresas de energía eléctrica que abastecen a Lima, aparte claro está, del citado megapuerto de Chancay, que mediante una línea férrea los chinos buscaran conectarlo con el Brasil y cuya construcción a cargo de ellos ha sido anunciada hace unos meses atrás, aunque extrañamente sin consultarlo con el Perú, a pesar de que dicho tren interoceánico cruzara su territorio. Con la llegada de Keiko a Palacio ¿La relación con el gigante asiático sufrirá un cambio? No lo sabemos. Pero precisamente debido a su victoria electoral y a lo que se viene más adelante, Rosa María Palacios escribió un interesante artículo sobre el asunto en La República, que vale la pena reproducirlo, entrecomillado claro esta ¿vale?: “Si bien aún no hay una proclamación oficial, Keiko Fujimori ha ganado la elección presidencial, con numerosos cuestionamientos como era de esperar. Roberto Sánchez podrá hacer todas las marchas que quiera ‘en defensa de los votos’ pero los resultados que le son desfavorables, ya son definitivos. Hasta aquí, lo que sabemos. Lo que se abre a partir de ahora, es una incógnita indescifrable. La historia política de la Señora K (caso único en el mundo donde la hija de un dictador accede al poder mediante los votos), no ayuda a despejar los temores, las preocupaciones y los acertijos que dejan sus misteriosas intenciones. Su plan de gobierno dice poco (respetar la inversión privada y expandir el gasto público); su historia personal, mucho más. En los últimos 10 años, cada vez que pudo tomar una decisión democrática tras sus fracasos electorales, optó por el fraudismo y el obstruccionismo, cuando no por el autoritarismo y el mercantilismo. Su antiizquierdismo no le impidió una alianza con el prófugo Vladimir Cerrón ni sostener a Dina Boluarte en el poder. Se alió con todos ellos y con todo el resto del actual Congreso para controlarlo todo, y lo consiguió. ¿Qué escenarios son posibles en su presidencia? La conformación del Congreso que se viene a partir del 28 de julio, será otro. Solo han sido elegidos seis partidos. Su único aliado natural es Renovación Popular (rebautizado en las redes como el MRLA, por su historial golpista), pero hay una larga historia de desencuentros en el actual Congreso y una serie de injurias recientes del ‘Camarada Porky’ contra la cabecilla del fujimorismo, Y esos agravios no se van a olvidar fácilmente. Para nadie es un secreto que, a pesar de ello, podrán tener una unión de hecho, forzada por la necesidad, pero no necesariamente por la afinidad, ya que necesita sus votos, por lo menos durante sus primeros años de gobierno. En la Cámara de Diputados, las dos fuerzas conservadoras suman 56. La oposición, si se une, suma 74 votos. En ese contexto, la oposición es invencible. ¿Qué pueden hacer? Censurar ministros de Estado, procesar penalmente a altos funcionarios y controlar la mesa directiva para evitar cuestiones de confianza y ser, eventualmente, disueltos por Fujimori. En el Senado en cambio, los dos bloques están empatados: 30 a 30, siempre y cuando la agrupación del oportunista Jorge Nieto no se venda al oficialismo, a cambio de ser nombrado primer ministro en el gabinete ‘naranja’, como ya están insinuando voceros del fujimorismo. Es bueno precisar que Keiko Fujimori no sabe gobernar con oposición. Su padre de entraña autoritaria, nunca pudo ni quiso hacerlo. No sabía negociar y dio un autogolpe para tener todo el poder. La gran pregunta es: ¿Keiko tendrá la capacidad de dialogar con sus adversarios? Si bien tiene una gran experiencia desde la oposición tumbando presidentes, ¿esto le servirá para evitar su propia impopularidad? Es indudable que la calle le viene dura de entrada. Sacó más de 2.800.000 votos en primera vuelta y más de 9.000.000 en la segunda. Suficiente, con las justas, para ganar. Pero triunfa solo en Lima y en siete regiones. Con un universo de más de 27.000.000 de electores, su impopularidad puede crecer muy rápidamente si no tiene, al menos, algunos gestos democráticos y conciliadores. Es decir, si no sabe ganar (ha demostrado no saber perder) y aplica mano dura desde el principio, su aprobación popular se va a parecer muy pronto a la de Dina Boluarte. Vayamos entonces a los escenarios que se pueden dar: 1- Primer escenario, el optimista. Fujimori hace una lectura política correcta del país y entiende que no puede pretender controlarlo todo en su beneficio como hasta hoy. Primero, debería enterrar las banderas de la demagogia económica que dio a conocer en su campaña electoral y quitarle además la iniciativa de gasto al Congreso, con un profundo mea culpa por el daño fiscal causado. Se deben acabar los privilegios tributarios y el gasto se ordenaría de manera técnica, atendiendo las prioridades reales. Con un impulso a la inversión privada, una política desreguladora y garantías tanto a la propiedad (se paga lo que se confisca) como a los contratos (se honra lo pactado), el país puede disparar sus indicadores económicos. Pero esto requiere un MEF de verdad, no un títere de políticos codiciosos como ahora. Solo así se podrá reducir la pobreza. Pero, además, Fujimori tiene que poner fin a las locuras del converso Fernando Rospigliosi. Un equivalente a Antauro Humala en lo que se refiere a la independencia del sistema de justicia. Mientras que la JNJ actúe bajo el mandato de “barrer el Poder Judicial”, no hay forma de garantizar derechos fundamentales. Por eso, tiene que derogar las leyes procrimen, como iniciativa propia. Los diputados lo pueden hacer sin ella y están a un voto en el Senado. No estaría mal que, luego del gesto, se negocie la Comisión Revisora del Código Penal y, si quiere, que ponga al abogado de su gusto de presidente. Pero no puede seguir usando el poder político para regalar impunidad a las fuerzas armadas (a quienes parece estar pagando una deuda política por adelantado), ni para cubrir a los responsables de los sucesos del sur del país, durante la asonada terrorista ocurrida tras la vacancia del golpista Castillo en el 2023, que dejaron como saldo unos 50 muertos. Esa deuda sí tiene que pagarla con ese pueblo que quiere gobernar. Obviamente, su lista de venganzas anunciadas contra los que considera sus ‘enemigos potenciales’ debe enterrarse y la política de seguridad ciudadana debe asentarse en pilares democráticos, los únicos que la hacen eficaz y duradera en el largo plazo. Sería una reconciliación consigo misma y con el país; 2.-Segundo escenario, la realista. La lista de venganzas se ejecuta tal como está planeado de antemano. Pero necesita del Congreso para lograrlo. Para ello, procedería a la “captación disuasiva” de curules. No es algo que los peruanos no conozcan. Siempre hay una buena excusa para formar microbancadas con intereses particulares que se acoplan al que más dé dinero. Lo hizo su padre y ella bien puede imitarlo. Con seis partidos, es más difícil hacerlo que con 10, pero no duden de que ocurrirá. Cada tránsfuga que se pase a su bando, alterará el paisaje político. En especial, los que conforman la agrupación de Jorge Nieto, que ha demostrado ser un ‘topo’ del fujimorismo. De otra parte, Fujimori de seguro hará algunas concesiones en materia gremial al empresariado (en la ruta de un mercantilismo muy lejano de un mercado libre), incrementando el gasto público clientelista en sus bases de apoyo y desmantelando toda política que promueva derechos fundamentales básicos. A todo ello, debemos esperar que el ataque al Poder Judicial (el culpable de sus 18 meses de prisión y nido de jueces y fiscales caviares) será feroz. La JNJ será el instrumento de destrucción de la Corte Suprema y de todos los jueces que no se sometan a los designios de Rospigliosi. El actual TC - conformado por quienes se mantienen serviles a sus intereses - podría mantenerse un quinquenio más al no lograrse 40 votos en el Senado. En este escenario, la política de seguridad ciudadana ‘justificará’ todas las restricciones a la libertad en el altar del orden. Tal vez, al principio, pueda mostrar algunos resultados, especialmente contra la inseguridad ciudadana, pero lo que se viene frente a una política salvajemente represiva siempre es peor en la experiencia comparada. Obviamente, las restricciones a los derechos de tránsito, reunión, protesta, creencias y, demás esta decir, la libertad de expresión serán el pan nuestro de cada día. El primer escenario de los nombrados seria lo más aconsejable, porque los millones de votantes que Fujimori logró en la segunda vuelta para imponer el orden en un país asolado por la delincuencia también lo quieren. Huyeron de Sánchez precisamente porque su disparatada propuesta socialista y estatista destruiría la economía y porque la aspiración a vivir libres es universal. Pero uno podría equivocarse y al final, Keiko opte por el segundo escenario, fiel a su pensamiento primigenio. Si no hay señales rápidas de que realmente quiere cambiar - y dado que el fujimorismo es sinónimo de autoritarismo - hacia ahí es donde se dirige el Perú. No hay nadie del entorno de Fujimori que nos haga pensar lo contrario. Cada uno es más radical y extremista que el otro, por lo que su discurso del 28 de julio será el disparo de salida del gobierno que se viene. Si se pone a enumerar obras, como cuando tenía que hablar de derechos humanos en el debate presidencial - demostrando que es un tema que nunca le ha interesado - tómenlo como una señal. Una mala señal” puntualiza la nota. Por cierto, como una ‘justificación’ a que finalmente tome ese camino, es la actitud obstruccionista y abiertamente confrontacional que ha tomado Roberto Sánchez, quien ha anunciado que “desconocerá el triunfo de Fujimori” promoviendo una serie de protestas, que, sin duda, serán cada vez más violentas, quedando ante todos como un mal perdedor. Se dice además que junto a los antauristas y elementos afines a Sendero Luminoso están preparando “algo grande” en el sur del país, por lo que las fuerzas del orden deben estar preparadas para desbaratar sus planes. El hecho de ser adversarios del fujimorismo no significa en modo alguno optar por la violencia. Ello es absolutamente condenable y no debe permitirse. Sánchez debe comprender que quienes votaron por él, no era por sus ideas desfasadas y peligrosas, sino únicamente por su rechazo a la señora K y todo lo que representa. Pero con su actitud suicida, de buscar la confrontación en las calles, no solamente se está quedando solo, sino que también favorece a aquellos sectores que exigen a Keiko aplicar la ‘mano dura’ como en los tiempos de su padre. Sin duda, teniendo a la izquierda como su mejor aliada, este será el “nuevo orden” prometido que se viene a partir del 28 de julio: el del absolutismo, de la intransigencia, del sectarismo, del que si no piensas como yo debo eliminarte. Ese es el fujimorismo, que no ha cambiado y nunca lo hará.
Como recordareis, durante la dictadura fujimorista, el japonés y su banda criminal no solo saqueaban a su antojo las arcas del Estado, rematando las empresas públicas a un precio menor de su valor, quedándose obviamente con el dinero de la venta, tal como hizo Kenyo Fujimori, quien mediante ‘la valija diplomática’ saco subrepticiamente del país unos 6 mil millones de dólares en barras de oro, que fueron a parar a cuentas cifradas ubicadas en paraísos fiscales. Si bien tras su captura y encierro en la cárcel no pudo disfrutar de todo lo robado, si lo ha hecho su hija Keiko. ¿Como creen entonces que hoy la susodicha pueda darse la gran vida sin haber trabajado nunca en su vida? Pero codicioso como siempre, el sátrapa quiso más y dirigió su mirada al negocio de la venta de armas y especialmente al narcotráfico, encargando estos “negocios” a su vil asesor Vladimiro Montesinos. Al respecto, la periodista Romina Mella siguió el rastro de lo que pasó una noche de 1996 cuando un cargamento de 170 kilos de cocaína fue encontrado en un avión de la FAP y uno de sus tres pilotos era nada menos que edecán de Fujimori, cuya investigación para IDL Reporteros os presentamos entrecomillado ¿vale?: “Un avión FAP DC8-62F Nº 371 fue intervenido a las dos de la tarde del 11 de mayo de 1996 por iniciativa del entonces jefe del Ala Aérea 2 de la FAP, mayor general FAP Pedro Palomino. Adentro, luego de varias horas de búsqueda se encontró un cargamento de 169.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína que había sido cuidadosamente escondido en la bodega número 3 del avión. La intervención se realizó pocas horas antes del despegue programado de un vuelo clasificado como secreto, para - afirmaron- ‘llevar motores y equipos bélicos necesitados de mantenimiento en Rusia’. La Dirandro, que intervino luego del hallazgo e inició una de las típicas investigaciones policiales de la época de Fujimori, determinó lo obvio: ‘que un oficial, varios suboficiales y técnicos fueron cómplices en el intento de narcotráfico’. A partir de ahí se inició una historia de encubrimientos y represalias cuyas consecuencias reverberan hasta hoy. Como podéis imaginar, ni la Dirandro, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Aérea investigaron a los altos mandos de la institución - y mucho menos a los que estaban por encima de ellos - para definir si tenían o no responsabilidad. Esa fue apenas una de las cosas que se dejó de investigar. Nunca se supo, por ejemplo, dónde se compró la droga y menos a quién ni tampoco se descubrió quién era el destinatario. En los hechos, más que una investigación, hubo un control de daños para encapsular las inculpaciones y evitar llegar al eslabón más alto de la cadena de narcotráfico, liderado por Kenyo Fujimori. No solo eso. Pasado un año de la incautación de la droga, en julio de 1997, el dictador exculpó en un discurso público a los oficiales de la tripulación del narcoavión. Uno de los exonerados era nada menos que su edecán, el comandante FAP Luis Escarcena Ishikawa, uno de los tres pilotos del avión que transportaba la cocaína. Es más, Escarcena Ishikawa fue solo incluido como ‘testigo’ (?) en las investigaciones. El discurso de Fujimori fue para el sometido Poder Judicial de ese tiempo, era un orden a cumplir de inmediato. No es de extrañar por ello, que, a un mes de ello, el PJ solo sentenció al personal subalterno. Es más, los oficiales involucrados no solo fueron absueltos, sino que uno de ellos, el coronel FAP Óscar Salinas, fue premiado con un ascenso. Blanca Nélida Cólan, la incondicional Fiscal de la Nación de esos años, intervino directamente en el caso. Colán llegó al grupo aéreo Nº 8 al día siguiente del operativo y nombró a dedo a una fiscal, Fabiola Peña Tavera, para que ‘investigue’ o más bien encubra el caso. Como recordareis, años más tarde, Colán fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de denuncia y encubrimiento personal durante el fujimontesinismo. Y encubrimiento fue lo que hubo en el caso del narcoavión. IDL-Reporteros obtuvo documentos - por entonces desconocidos - que revelaron la historia secreta del narcoavión. Uno de los hallazgos fue saber que ese no fue, ni mucho menos, el único narcovuelo. De hecho, IDL-R pudo averiguar que desde 1992 se enviaron no menos de cuatro cargamentos de droga al extranjero en aviones de la FAP. Los primeros datos que condujeron al hallazgo de la droga en el narcoavión fueron comunicados a fines de noviembre de 1995, al entonces coronel Pedro Palomino Horna, en ese año jefe de la VI Región Aérea Territorial de la FAP, con sede en Juanjuí. En un viaje a Lima, Palomino se reunió con el técnico FAP Jorge Rodríguez, que había trabajado antes con él y que servía ese año en el grupo aéreo Nº8. Rodríguez le entregó una carta (más bien un informe manuscrito de 6 páginas) que refería en detalle cómo se transportó droga al extranjero en aviones de la FAP, en 1993 y 1994, hasta en cuatro oportunidades. Según ese informe, el primer vuelo se realizó del 17 al 19 de junio de 1993; el segundo del 1 al 3 de octubre; el tercero de 24 de octubre al 3 de noviembre; y el cuarto del 14 al 17 de abril de 1994. Todos ellos con destino a Estados Unidos. También figuraban los nombres de los técnicos implicados en cada caso, el monto de dinero que recibían por cada envío y los signos exteriores de riqueza que ostentaba el personal a su retorno. A inicios de 1996 Palomino ascendió a mayor general y fue trasladado a Lima para asumir la jefatura del Ala Aérea N° 2 del grupo aéreo Nº8. Dispuesto a actuar sobre la grave información que tenía, Palomino entregó copia de la carta al comandante general de la FAP, general Waldo Richter; y al jefe de la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP), Elesván Bello. Con una información tan detallada, era imperativo para Richter ordenar una investigación a fondo. Era obvio, o por lo menos muy probable, que los suboficiales constituían el último eslabón de una cadena que podía comprometer a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas y del gobierno. Según fuentes con conocimiento de causa, tanto Richter como Bello manifestaron su rechazo a investigar el caso. De hecho, no hicieron nada. Palomino tomó por su cuenta una serie de medidas de control en el ala aérea Nº2. Ordenó inspecciones a los aviones que salían de la base con destino al interior del país y al extranjero. El 12 de mayo de 1996 el avión FAP DC8-62F Nº 371 debía llevar equipos y motores con destino a Rusia para ser reparados. El vuelo se clasificó como secreto, lo que permitía evitar controles en los países donde tendría que hacer escala. La versión que hasta ahora se conocía y que figura en los informes finales de las comisiones investigadoras de la FAP y el atestado de la Dirandro sobre el caso, es que la inspección al avión se habría hecho a raíz de una llamada anónima que Palomino recibió el 6 de mayo alertándolo que en aquel vuelo logístico transportarían droga. Según información obtenida por IDL-R, Palomino no recibió ninguna llamada anónima. Fue él quien le solicitó autorización al comandante general de la FAP para hacer una inspección al avión porque tenía información confiable que en ese vuelo iban a transportar droga. Según indicaron las fuentes, Richter se negó en un inicio, pero ante la insistencia de Palomino aquél permitió la inspección a condición de que se atribuyera el operativo a una llamada anónima de alerta. Luego de obtener la autorización, el general Palomino y un equipo de la FAP inició la inspección a las 2 de la tarde. En la bodega de carga posterior, detrás del ‘carenado’, encontraron un bulto negro que contenía seis paquetes negros y una caja de cartón con varios paquetes de color marrón que arrojaron un peso bruto de 174.22 kilos de cocaína. El general PNP Luis Pérrigo, entonces jefe de la Dirandro, inició las investigaciones, que pronto arrojaron varios datos muy reveladores. Según el informe, el vuelo en un inicio había sido programado para el 27 de abril de 1996. Cuatro días antes, el 23 de abril, ingresaron 60 kilos de cocaína al avión. El segundo ingreso de 30 kilos de cocaína fue el 29 de abril. El tercer y último ingreso de la droga (80 kilos) se hizo el 7 de mayo, luego de que se postergara la salida del vuelo para el 12 de mayo. La programación de un vuelo clasificado como secreto solo podía ser modificada por disposiciones del más alto nivel, indicaron varias fuentes a IDL-R. De hecho, la autorización del vuelo se hizo mediante una Resolución Suprema. Las investigaciones de la Dirandro confirmaron que desde 1992 los aviones de la FAP eran utilizados para enviar droga al extranjero. La Comisión Especial de Investigación (CIE) de la FAP conformada por disposición de Richter, también aparentemente investigó las responsabilidades administrativas de los oficiales y suboficiales implicados en el caso del narcoavión. Lo contradictorio es que acusaron al general Palomino de graves faltas disciplinarias, cuando fue él quien pidió que hiciera el operativo y finalmente encontró la droga en una de las bodegas del avión. A los pocos meses, el Consejo de Investigación para Oficiales, (CIOG) presidido por el comandante general de la FAP, exculpó a Palomino. Por otro lado, en la resolución de la Comandancia General, Richter aseguro que el tráfico de drogas es un ‘hecho sin precedentes en la FAP’, pese a que la Dirandro había establecido que había, precisamente, varios precedentes. IDL-R buscó al general Richter preguntarle por qué no investigó sobre los envíos de droga reportados por el personal a la Dirandro, pero este se negó a dar a una entrevista. Pasado los años, se sabría por qué. En el 2005, el entonces fiscal anticorrupción Jorge Chávez Cotrina, denunció al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a los altos mandos de la FAP de entonces como cómplices del delito de tráfico ilícito de drogas por el caso del narcoavión. Entre ellos al ex comandante general de la FAP, Waldo Richter, y al jefe de la Dirección de Inteligencia de la FAP (que luego reemplazaría a Richter como comandante general), Elesván Bello. Pero hasta la fecha no se ha investigado lo más importante: quién integró y cómo operó la organización de narcotráfico que utilizó los aviones de la Fuerza Aérea para el contrabando masivo de drogas desde, por lo menos, desde 1992” puntualizo. Este. informe cobro relevancia informativa cuando en agosto del 2012 el corrupto poder judicial absolvió a Vladimiro Montesinos, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, en su modalidad agravada. Desde entonces, un manto de silencio ha cubierto el caso, quedando archivado definitivamente y salvando a Fujimori de ser acusado de capo del narcotráfico, como las pruebas lo confirmaron. Sin embargo, la corrupción del régimen, llego a extremos nunca vistos, como fue el caso de apropiarse de tesoros incas de incalculable valor, encontrados en la selva del Amazonas el año 2000 (Próximo capitulo: El robo del oro del Paititi)
Han pasado trece días desde la segunda vuelta para elegir al presidente en el país andino, pero los resultados y la proclamación oficial de la victoria están todavía pendientes de un 0,84% de votos que están en revisión por la justicia electoral, que se ha dado hasta mediados de julio como plazo máximo para resolver. En efecto, en una votación muy reñida y no libre de controversias - como la grosera injerencia del embajador de los EE.UU. en el conteo de votos sin que las autoridades electorales protesten por ello - entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez, la primera mantiene una ligera ventaja en el escrutinio y se proyecta como la virtual ganadora. A la espera de que termine el proceso, la incertidumbre, las movilizaciones, y los recursos de nulidad agitados por la izquierda calan en un electorado agotado por la polarización y la inestabilidad política de los últimos años, propiciado por el fujimorismo desde el Congreso, debido al pacto mafioso que mantiene con otras fuerzas para someter al Ejecutivo a su voluntad. La mayoría de los analistas dan como vencedora a Keiko Fujimori apoyándose en que esas actas impugnadas, con 200.000 votos en juego, proceden sobre todo de Lima y Callao, donde tiene sus grandes bastiones electorales y lo previsible es que al final, le sean favorables. “A estas alturas es prácticamente imposible que Sánchez revierta la diferencia de votos” indico el experto en procesos lectorales Fernando Tuesta. “Peru es el único país con resultados tan ajustados en tres elecciones consecutivas, que se resolverá por menos del 1% de diferencia entre los candidatos” añadió. De esta manera, con los resultados parciales oficiales ya escrutados al 99%, la imagen es la de un país partido en dos, reflejo de los proyectos políticos antagónicos que se enfrentaron en el ballotage. De un lado, la izquierda de Roberto Sánchez, que ha recogido el voto rural, el de los olvidados del sistema, proveniente del empobrecido sur del país vinculado a Pedro Castillo, encarcelado por el intento de autogolpe de Estado en el 2022 y que amplio apoyos al suavizar sus posiciones extremas de primera vuelta, para intentar acercarse al centro y despejar temores en los sectores económicos. De otro lado, el fujimorismo, encarnado en la hija dictador Kenyo Fujimori - que gobernó el Perú con mano de hierro desde 1990, hasta su deshonrosa caída y entrada en prisión, tras ser condenado a 25 años de cárcel por Crímenes de Lesa Humanidad - quien llega por cuarta vez consecutiva a una segunda vuelta, quien ha usado esa controvertida herencia política para hacer un paralelismo entre la lucha de su padre contra el terrorismo comunista en la década de los noventa, y el combate a la criminalidad creciente de hoy, por parte de millones de indeseables venezolanos que ingresaron al país libremente desde la época del (des)gobierno del conocido lobbysta y Traidor a la Patria, el judío Pedro Pablo Kuczynski, quienes han desatado el terror en el país, que es la principal preocupación de la ciudadanía y el eje de su campaña. Pero conforme avanzan los días y se amplía la ventaja de Keiko, los partidarios de Sánchez han salido a las calles a “defender el voto” en dos ocasiones y están convocando a “grandes movilizaciones” en estos días, tanto en Lima como en el interior del país, por lo que se teme el estallido de la violencia tal como ocurrió en el 2023, tras la ignominiosa caída del golpista Castillo. “El voto ha sido deslegitimado” dice el partido JPP en un comunicado hecho el lunes, para denunciar a continuación “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral” y las “maniobras político-mediáticas que atentan conta la justicia electoral y la voluntad del pueblo” añadieron. Cabe precisar que el voto exterior, ya escrutado, ha favorecido ampliamente a Keiko Fujimori, sobre todo en los EE.UU., donde vive la mayor comunidad peruana en el exterior y donde la cabecilla de Fuerza Popular ha obtenido el 76.4% de los votos. En el interior del Perú, sin embargo, el conteo inclino la balanza a Sánchez, que tuvo el 50.1% de las boletas frente al 49.8% de su adversaria. Esta divergencia ha llevado a algunos a cuestionar el derecho al voto de quienes viven en el extranjero. Al respecto, un aliado de Sánchez escribió en la red social X (antes Twitter) que había interpuesto una demanda de amparo contra una resolución de las elecciones en el exterior para anularlo: “Es sospechoso que, a ocho días de la segunda vuelta, de un momento a otro cambiaron las reglas de juego. Se elimino la digitalización de las actas del exterior. Sin motivación. Sin ley. Por lo tanto, es nulo las elecciones en el extranjero” escribió. La línea que separa la retórica del fraude de la expresión de dudas sobre aspectos del proceso electoral es fina, sobre todo luego de una primera vuelta tumultuosa y salpicada de problemas logísticos, así como de absurdas denuncias por parte de un alcoholizado candidato de ultraderecha, sin sustento alguno, pero que la prensa basura magnificó. Si bien Sánchez se mantiene em la importancia de respetar los resultados y exige transparencia de los mismos, al mismo tiempo apoya las movilizaciones, autoproclamándose “ganador” en un mitin realizado en el Cuzco. “El reconteo y la transparencia no daña la democracia, sino que la fortalece, ya que el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar por ello con esta democracia hibrida” declaro el martes. “Juntos por el Perú (el partido de Sánchez) está cuestionando puntos del proceso, como el hecho de que se hayan tardado más de la cuenta en llegar en esta segunda vuelta, los votos del exterior, especialmente de los EE.UU. y Argentina - que lo hicieron en valija diplomática en vez de en urna electrónica, tal como sucedió en primera vuelta - pero no hay grito de fraude per se, se trata más de mostrar fuerza” explico la politóloga Paula Tavara. Lo mismo observo el politólogo Eduardo Dargent, quien asegura que “hasta ahora Sánchez se ha cuidado de gritar fraude, más allá de frases altisonantes de miembros de su equipo, ´porque es muy peligroso en un país en el que mucha gente cree que unos y otros lo cometen, aunque no se pruebe” afirmo. “Sin embargo, si ha sido una elección vergonzosa por parte de los medios de comunicación, que se pusieron abiertamente de parte de la candidata de la impunidad y la corrupción en estos comicios” señalo. De esta manera, mientras se agitan las aguas en el campo de la izquierda y el antifujimorismo - que despertó de su letargo en estas últimas semanas de campaña - la candidata apenas se ha pronunciado un par de veces, llamado hipócritamente “al respeto de los resultados y el proceso electoral” algo que no hizo ella en anteriores comicios, mientras anunciaba un sospechoso “viaje familiar” a los EE.UU. donde según sus críticos, ha ido a agradecer su “participación” en los comicios, asegurando que los votos emitidos en ese país - previo anforazo - la hayan favorecido, como finalmente ocurrió. Se trata de una actitud muy distinta a la que tuvo en el 2021, cuando se enfrentó y perdió contra Pedro Castillo. “Ha habido un interés sistemático en quebrantar la voluntad popular” expreso Fujimori cuando su derrota era inminente. “En esas elecciones, ella y su partido, pretendieron anular el voto rural bajo la creencia de que habían sido engañados. Ahí si hubo un cuestionamiento basado en el racismo” comparo Paula Tavara. “Ahora nadie ha salido a decir que ‘los blancos de Lima nos robaron la elección’”. Aunque no se sabe con exactitud cuando la justicia electoral terminará de evaluar las actas impugnadas, si vence Fujimori como parece probable para los analistas, sumará el Ejecutivo a su elevada cuota de poder en el Congreso y el reconstituido Senado, donde su partido tendrá mayoría. “En lo que va del siglo, los presidentes han sido débiles, apoyado por remedos de ‘partidos’, que en realidad son vientres de alquiler que se ofertan al mejor postor, por lo que no se ha construido una alternativa fuerte a la persistencia de Keiko Fujimori, que ha acumulado experiencia en todos estos años, para lograr concentrar el poder de casi todas las instituciones del Estado. Solo le faltaba el Ejecutivo, que ahora todo parece indicar que lo obtendrá” apunto Tavara. En un país que ha tenido ocho presidentes en una década, sacudido por la inestabilidad política, Dargent pone el acento en la necesidad de “recuperar la gobernabilidad” como primer objetivo de quien asuma el cargo el 28 de julio. Tuesta cree que en una eventual victoria de Fujimori. “Keiko tendrá que armar un gobierno más allá del fujimorismo, porque sale de una elección sumamente polarizada en la que dentro del país ha ganado Sánchez, mientras el voto exterior que la favoreció, no va a estar presente en el día a día, y habrá que ver cómo va a tratar esos territorios, los del sur rural, los más pobres e ignorados, que no van votado ni votaran nunca por ella” puntualizo. Como recordareis, durante su cierre de campaña - en un local cerrado por temor a las protestas con gente llevada en buses traídos de lugares lejanos - apelo “a la unidad y reconciliación” de los peruanos, Está por ver si vencerá, y si lo hace, si ese será el camino que elija en su cuarto intento, o por el contrario, siguiendo el oscuro legado de su padre, dará rienda suelta a su venganza tan largamente esperada con el objetivo de aplastar toda oposición y pretender quedarse unos 30 años en el poder. El fujimorismo es sinónimo de autoritarismo y represión, por lo que muchos sectores no creen en sus falsas palabras y esperan lo peor de su régimen, que algunos ya denominan el segundo fujimorato, el neofujimorismo o el keikismo... Trágico destino el del Perú, donde la historia al parecer, volverá a repetirse.
La política de las esterilizaciones forzadas, implementada en el Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, por parte de la dictadura fujimorista. En efecto, durante aquellos años, el régimen implementó una campaña masiva de esterilización forzosa patrocinada por el Estado entre 1996 y 2000. Ejecutada bajo la fachada del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, la iniciativa se comercializó públicamente como “una estrategia progresista de salud pública orientada al alivio de la pobreza y el empoderamiento femenino”. En realidad, el programa operaba bajo un rígido sistema de cuotas impuesto por el Estado que se dirigió de manera desproporcionada a poblaciones empobrecidas, rurales y a los pueblos indígenas quechuahablantes y aimaras, hacia quienes estaban dirigidos. Es considerada ampliamente como la mayor iniciativa de esterilización promovida por un Estado en América, resultando en la esterilización quirúrgica de aproximadamente 314 000 mujeres y 24 000 hombres, la gran mayoría de los cuales fueron operados sin su consentimiento libre e informado. Las raíces ideológicas de esta campaña se encontraban en la eugenesia de principios del siglo XX y en las teorías económicas neomalthusianas de finales del siglo XX, que concebían la reproducción indígena como un obstáculo para la modernización nacional. Durante la época del terrorismo (1980-2000), las Fuerzas Armadas del Perú codificaron estas ansiedades en el Plan Verde, una doctrina militar clandestina que exigía explícitamente el «uso generalizado de la esterilización» para exterminar a poblaciones «culturalmente atrasadas», percibidas como caldo de cultivo para la insurgencia de Sendero Luminoso. Tras el autogolpe de 1992 de Fujimori, estos objetivos militares se integraron en la política de Estado. Subvencionado con millones de dólares por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Nippon, el Ministerio de Salud desplegó brigadas médicas en remotas regiones andinas y amazónicas. Operando bajo la amenaza de perder sus empleos, los trabajadores de salud estatales utilizaron el engaño, el terror psicológico y la extorsión con ayuda alimentaria del Estado para coaccionar a ciudadanos marginados a someterse a ligaduras de trompas y vasectomías. Los procedimientos se realizaban frecuentemente en clínicas improvisadas e insalubres, sin anestesia ni cuidados posoperatorios, lo que provocó infecciones generalizadas, debilitamiento físico crónico, ostracismo social y decenas de muertes documentadas. Tras el colapso del régimen de Fujimori, la campaña fue deliberadamente excluida del Informe final del 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, iniciando una arquitectura de negación estatal e impunidad legal que duraría décadas. A pesar de los esfuerzos de las activistas indígenas sobrevivientes y las organizaciones de derechos humanos, los fiscales nacionales archivaron repetidamente las investigaciones penales contra Fujimori y sus ministros de salud. Frustradas por la obstrucción interna, las sobrevivientes llevaron su lucha a tribunales internacionales. En el 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró la campaña como un crimen de lesa humanidad, y en el 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico que responsabilizó internacionalmente al Estado peruano por las consecuencias letales de las esterilizaciones forzadas. Cabe precisar que, a mediados del siglo XX, el Perú experimentó un drástico cambio demográfico. Impulsada por la disminución de las tasas de mortalidad y la rápida urbanización, la población nacional aumentó de aproximadamente seis millones en 1940 a más de veinticinco millones a finales de siglo. En 1972, la tasa de fertilidad nacional se situaba en un promedio de seis hijos por mujer. A medida que la población se expandía, la percepción de la élite peruana sobre la reproducción indígena pasó de ser una preocupación puramente racial a una amenaza económica y de seguridad neomalthusiana. Las familias numerosas y empobrecidas eran vistas cada vez más como «culturalmente primitivas» y como una causa principal del estancamiento económico del país. Durante la década de 1980, los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García hicieron intentos iniciales de implementar programas nacionales de planificación familiar para frenar este crecimiento. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron severamente restringidos por la influencia política de la Iglesia católica, quien se opuso vehementemente a los métodos anticonceptivos modernos, promoviendo en su lugar la «paternidad responsable» a través de métodos naturales como el método del ritmo. Pero como las tasas de fertilidad indígena seguían siendo altas, se intensificaron las ansiedades de la élite sobre una clase baja rural empobrecida y en explosión demográfica, que eran un riesgo para sus intereses. Esa oportunidad de acabar con este “peligro”, llego con la asunción al Poder de Kenyo Fujimori en 1990. A través de la orquestación de Vladimiro Montesinos, este objetivo se integró en la agenda del nuevo gobierno. Tras el autogolpe de Fujimori en 1992, que disolvió el Congreso y consolidó su gobierno autoritario, las esterilizaciones forzadas se formalizaron como política de salud pública del Estado. La campaña de esterilización se apoyó fuertemente en la intersección de clase, raza e idioma para sofocar la resistencia. Para 1998, aproximadamente el 8 % de la población peruana era analfabeta, pero esta tasa era exponencialmente mayor entre las mujeres indígenas rurales, y hacia ello se dirigió el programa. Los funcionarios de salud, que operaban casi exclusivamente en español, descendieron sobre comunidades monolingües quechuas y aimaras. Los formularios de consentimiento estaban impresos en español y rara vez se traducían. Las mujeres analfabetas eran obligadas rutinariamente a estampar sus pulgares manchados de tinta en documentos que no podían leer, cumpliendo con el requisito burocrático del Estado de «consentimiento» mientras violaban por completo su premisa ética. Cuando el engaño fallaba, las brigadas médicas recurrían al terror psicológico y la fuerza física. Operando bajo el marco neopopulista de Fujimori, el Estado había centralizado los programas de asistencia social, en particular el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Los trabajadores estatales instrumentalizaron esta dependencia, ofreciendo bolsas de arroz o azúcar a cambio de la esterilización, o amenazando a las mujeres con retirarles la ayuda alimentaria si se negaban. En muchos casos, las mujeres que visitaban las clínicas por motivos no relacionados - como tratar la gripe de un hijo, recibir vacunas de rutina o recuperarse del parto - eran anestesiadas y esterilizadas sin su conocimiento. Tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000, el Perú entró en un período de transición democrática y justicia transicional. En el 2001, el gobierno interino estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y el año 2000. Aunque la CVR poseía un mandato amplio para investigar «otros crímenes y violaciones graves», los comisionados tomaron una decisión deliberada de excluir la campaña de esterilización patrocinada por el Estado de su Informe final del 2003. Al omitir las esterilizaciones forzadas, el Estado peruano borró efectivamente la violencia reproductiva infligida a cientos de miles de mujeres indígenas de la memoria colectiva oficial del país. Esta exclusión reforzó una jerarquía de victimización, señalando que la mutilación reproductiva de mujeres quechuas marginadas no merecía el mismo reconocimiento legal o histórico que otras atrocidades cometidas en tiempos de guerra. Hubo que esperar hasta diciembre del 2021, cuando un juez finalmente abrió una investigación penal preliminar contra Kenyo Fujimori y sus exministros de salud - Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta - por su papel en las muertes y lesiones graves de miles de víctimas. Sin embargo, el proceso legal nacional fue descarrilado repetidamente por maniobras políticas. En diciembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia del Perú anuló por completo el proceso judicial tras una demanda de Aguinaga, devolviendo la investigación de décadas a la fiscalía para que fuera presentada nuevamente. Ese mismo mes, Fujimori fue liberado de prisión tras el restablecimiento de un indulto humanitario por sus otras condenas por violaciones a los derechos humanos, sin haber enfrentado nunca un juicio por la campaña de esterilización, muriendo al año siguiente sin ser juzgado por estos crímenes. Pero el hampa fujimorista, también tenía otros intereses, como el reforzar sus lazos con el narcotráfico - iniciada en 1992 - posibilitando que el contrabando masivo de drogas a cargo de Vladimiro Montesinos fuera pan de cada día en el Perú (Próximo capitulo: Secretos del narcoavión)
Luego de quince años de campañas y una colección de humillantes derrotas que habrían retirado a cualquier otro político de la vida pública - como sucede en Europa, donde sería algo inconcebible que alguien con un ‘récord’ semejante de fracasos continuase al frente de una organización política - Keiko Fujimori está a las puertas de Palacio de Gobierno. En efecto, la hija del ex dictador Kenyo Fujimori, que durante años por el estigma que carga consigo - a pesar de que no puede ser considerada culpable por lo que hizo su progenitor - parecía estar condenada a quedarse a un paso del poder, ha remontado en la noche del miércoles en una de las elecciones más inciertas de la historia reciente del país andino y recuperado el primer lugar gracias a los votos de los peruanos en el exterior. Si la tendencia se mantiene, la cabecilla de Fuerza Popular podría convertirse en la primera presidenta elegida en las urnas (a diferencia de Dina Boluarte, que fue vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, y que asumió la Primera Magistratura de la Nación tras la vacancia de este). El recuento de votos, por cierto, es una vez más, una larga espera. En las primeras horas del miércoles, el izquierdista radical Roberto Sánchez conservaba una ventaja de 30.000 votos. Pero con las horas se estancó y la heredera de la mafia logró superarlo en la noche por un puñado de votos. Al 98.327% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de este sábado, lleva 50,012%, mientras que Sánchez se ha quedado en 49.988%. Donde la diferencia a favor de Fujimori es de unos 4.000 votos. Cabe precisar que la ‘recuperación’ de la Señora K está envuelta en la misma atmósfera de sospecha que acompaña a las elecciones peruanas desde hace años. Mientras algunos estadísticos sostuvieron que las actas pendientes podían revertir la ventaja inicial que tenía Sánchez, por lo que una parte importante de la ciudadanía mira ese escenario con gran desconfianza. El recuerdo del fraude electoral del año 2000, ocurrido durante el régimen dictatorial de Fujimori para intentar eternizarse en el Poder, todavía sobrevuela la política peruana. La memoria reciente tampoco ayuda: en los últimos procesos electorales, Keiko Fujimori cuestionó los resultados oficiales y denunció un fraude que nunca llegó a demostrar. A diferencia de otras elecciones, esta vez el factor decisivo ha estado fuera de las fronteras del país, donde los votos - afirman sus adversarios – “habrían sido manipulados para favorecer a Fujimori”, Ello debido a que sospechosamente ad portas del ballotage, los embajadores de los países que tienen la mayor concentración de peruanos en el extranjero - EE.UU. España y Argentina - fueron separados sorpresivamente de sus cargos y reemplazados por quienes tienen reconocidas simpatías por el fujimorismo. Como podéis imaginar, debido a esta maniobra, el voto de los peruanos residentes en el extranjero, habría alterado el tablero electoral, colocando a Fujimori en el primer lugar, al menos hasta ahora. En Estados Unidos, que concentra el 30% de los inmigrantes nacionales, Fujimori arrasó con el 76,5%. En España, el segundo destino de los migrantes peruanos, obtuvo el 60,1%. Lo mismo podría suceder en Argentina, otro gran foco de migrantes peruanos: por ahora, el 61,3% votó por la candidata de la derecha. Ahora con todos los votos contabilizados, queda un último capítulo: el de las actas observadas, esos expedientes que suelen prolongar la incertidumbre. Las autoridades electorales ya han advertido que su revisión será un proceso lento y complejo, por lo que la proclamación del próximo presidente podría postergarse hasta mediados de julio, hasta pocos días antes del 28 de ese mes, donde el ganador de los comicios debe asumir el cargo - se espera - hasta el 2031, ya que, cualquiera de los dos aspirantes, Fujimori y Sánchez, tienen credenciales nada democráticas, por lo que todo se puede esperar. Hasta el momento, hay 1.552 actas observadas, equivalentes al 1,7% del total. En una elección decidida por unos miles de votos, ese pequeño porcentaje tiene al país entero mirando el conteo con la ansiedad de quien espera un veredicto. Durante la jornada, la Señora K apareció en la puerta de su casa para enviar un mensaje a su rival. Le pidió a Sánchez que cumpliera su promesa de respetar el resultado final, cualquiera que este sea. “Yo creo que el señor Roberto Sánchez ha dicho que va a respetar los resultados finales y a esa declaración me remito. Hay que actuar con mucha cautela y responsabilidad. Lo importante es lo que señalen las actas. Dato mata relato”, declaró. Sus palabras, sin embargo, despertaron una oleada de comentarios adversos en las redes sociales. Muchos usuarios recordaron que, en las elecciones del 2021, Fuerza Popular impulsó una estrategia legal para anular cerca de 200.000 votos en las regiones andinas donde Pedro Castillo obtuvo una amplia ventaja, fracasando en su intento. Roberto Sánchez, por su parte, ha elevado las tensiones. Aunque en un primer momento dejó entrever que desistiría de la protesta si el escrutinio le era adverso, luego reivindicó el derecho de sus seguidores a movilizarse. Precisamente, portavoces de Juntos por el Perú realizaran una marcha nacional este sábado por el centro de Lima, que culminará en la plaza San Martín, el escenario habitual de las grandes manifestaciones limeñas para protestar- alegan los organizadores - “por el fraude que se estaría montando en el JNE para favorecer a Fujimori”. “Es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Fue una autoconvocatoria, la gente tiene derecho. La democracia se defiende”, afirmó. Sánchez también denunció que simpatizantes de su partido, que habían instalado carpas frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones para defender la victoria del pueblo, fueron desalojados por la fuerza por parte del alcalde distrital, de las filas de López Aliaga, a cuyos seguidores, por el contrario, no expulso del lugar cuando estuvieron durante días reclamando por un “fraude” inexistente. Al respecto, el historiador José Ragas ha expresado sus dudas sobre el talante democrático de la cabecilla fujimorista en una eventual victoria en su cuarto intento por ser presidenta. “¿Ustedes creen que, luego de postular cuatro veces durante quince años, ser la única presidenta de su partido, cambiar las reglas de juego a su antojo, copar instituciones, contar con el respaldo de buena parte de la élite y utilizar el capital político de su familia, Keiko Fujimori va a quedarse solo cinco años y entregar el poder en el 2031? No sean ingenuos”, escribió. La pregunta, más que una predicción, resume uno de los grandes temores del antifujimorismo. Como recordareis, su padre, quien luego de dar un autogolpe de Estado en 1992, instaurando una feroz dictadura, mediante una “interpretación autentica” de la Constitución se reeligió ilegalmente en dos ocasiones, y si no continúo haciéndolo de por vida - como era su propósito - fue por el escandalo desatado por la difusión de un vladivideo, que desnudo la putrefacción de su régimen criminal, provocando su huida del país y el colapso de la dictadura el año 2000. Hay muchos por ello que están convencidos por ello que la Señora K hará lo imposible para quedarse en el cargo más allá del 2031. Es lógico que, con todo el Poder que ya concentra en sus manos, no lo soltara de buenas a primeras. Pero en medio de esta turbulencia política, otro de los grandes protagonistas de la crisis peruana volvió a irrumpir en escena. La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó el sexto pedido de indulto humanitario presentado por la defensa del golpista Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido autogolpe del 2022, al considerar que no cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos por la norma. Sus abogados tendrán veinte días para subsanar las observaciones y volver a intentarlo, antes de que el encargado de la presidencia José María Balcázar entregue el poder a quien lo suceda el 28 de julio. Hasta el momento, Keiko Fujimori continúa ocupando el primer lugar, pero nadie se atreve a dar la elección por resuelta. La contienda se ha convertido en una carrera de resistencia en la que cada actualización modifica el ánimo de un país acostumbrado a los finales inciertos. Luego de tres derrotas y quince años de insistencia, para la hija de un dictador, la cuarta podría ser la vencida. Aun si en el último suspiro, es derrotada por Sánchez, ello no significara su retirada de la vida política. Por el contrario, seguiría como ahora desde el Congreso, intentando desestabilizar al nuevo Gobierno a través de un pacto que mantendrá en el Senado con López Aliaga y Nieto Montesinos. Pero si al final gana los comicios, sectores radicalizados han anunciado que rechazaran su posible triunfo y anuncian desde ya una serie de violentas protestas - como las ocurridas del sur del Perú en el 2023 tras la caída de Castillo, que dejaron más de 60 muertos - considerando “que les están robando las elecciones”. Incluso hay quienes ya están hablando en las redes sociales de que “las calles arderán en Lima” si se confirma la victoria de quien, de entrada, va a tener medio país en contra. En esas circunstancias, cualquier otro político haría un llamado a la conciliación entre peruanos, pero la polarización existente impediría que ello se llevase a cabo. Por lo visto, tiempos difíciles y turbulentos le esperan al Perú con Keiko Fujimori en el Poder, donde toda clase de protestas o manifestaciones serán sin duda aplastadas a sangre y fuego, que para ello los fujimoristas son expertos. No por gusto, la Señora K ha dicho que, de ganar, “va a seguir el legado de su padre”, cuyos oscuro legado aún resuena en la mente de los peruanos. De esta manera, el odio y la venganza tan largamente esperada por parte de la hija del autócrata (a quien de seguro tratará de “rehabilitar” póstumamente, levantándole monumentos y reescribiendo la historia) estará a la orden del día. En su rostro se refleja la maldad y si de algo estoy convencido, es que Keiko se va a vengar de todos y cada uno de los ataques que recibió durante tanto tiempo... Oscuros nubarrones se ciernen sobre el horizonte.
Durante la oprobiosa dictadura fujimorista, existían unos pasquines sensacionalistas cuyas líneas editoriales fueron compradas por el régimen con dinero del Estado, para colocarse completamente a su servicio y atacar ferozmente a sus adversarios políticos, como hoy puede verse con la prensa basura que no oculta su inclinación ‘naranja’ mostrándose servil a la hija del sátrapa Kenyo Fujimori. Ante todo, cabe precisar, por cierto, que, en el Perú, a dicha prensa sensacionalista - aquella que se especializa en publicar noticias escandalosas y fotografías de mal gusto -, se le llama también "prensa chicha", quienes, tras vender su alma al diablo por unos miles de dólares, eran utilizados exclusivamente para difamar, atacar e insultar a miembros de la oposición, e incluso a periodistas incómodos para un régimen que buscaba un total control de la información. Con nombres tan ridículos como “El Chino”, “El Mañanero”, “El Chato”, “La Yuca”, “Diario Más”, “Conclusión”, “El Tio”, “La Chuchi” y otros de similar corte, insultaban y atacaban con saña y alevosía en sus portadas a los enemigos del régimen con falsas noticias que afectaban sus honras y denigrarlos a mas no poder. De escasa o nula venta, solo servían para ser expuestas diariamente en los quioscos para que sus insultantes portadas sean leídas por la gente que circulaba por el lugar. Pero si uno se animaba a comprar esos pasquines, se sorprendía que en su interior no ampliaban las escandalosas noticias de la portada, simplemente porque eran inventadas. Ese era su único propósito de existencia, expandir mentiras, que repetidas mil veces pueden convertirse en una “verdad” y ser recordadas de esa manera por quienes en una dictadura como la que padecían, tenían pocos medios independientes para confrontarlos, que, a su vez, eran hostilizados de mil formas para silenciarlos. Durante el juicio que se llevó a cabo a Fujimori - cuando este ya se encontraba en la cárcel tras ser condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad - se supo que se habían destinado varios millones de dólares para "comprar" estos diarios y así comenzar una estrategia para las elecciones fraudulentas del 2000. La Procuraduría Anticorrupción señaló en un informe del 2014 que se habían gastado 122 millones de soles (unos 32 millones de euros). El propio Vladimiro Montesinos en su juicio confesó que "Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión a su favor". Por cierto, varios de los directores de esos pasquines tras la caída del régimen, fueron condenados a penas de cárcel. Como recordareis, a finales de los años 90, Fujimori tenía entre sus principales amenazas a Alberto Andrade (1943-2009), en aquella época alcalde de Lima (1996-2003) que gozaba de un enorme índice de popularidad. Aún no había aparecido en escena Alejandro Toledo, quien finalmente se presentaría como principal opositor en las elecciones del 2000. Andrade fue un político con mucho carisma que realizó numerosas mejoras en la capital peruana, entre ellas, el reordenamiento y mejora del Centro Histórico de Lima. Fue justamente eso lo que lo hizo crecer en la intención de voto y lo que comenzó a hacer temblar a Fujimori. Por esa razón Andrade se convirtió en el principal objetivo de esta prensa inmunda que se había vendido al régimen y cuyos titulares eran prácticamente dictados desde bien desde Palacio de Gobierno o del sótano del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con Montesinos a la cabeza. El plan era sencillo: compra de diarios y creación de nuevos. Entre estos últimos llegaron a aparecer nombres como "Repúdica" y "Repudio", destinados a atacar específicamente al diario La República, muy crítico con Fujimori. Por los otros pasquines previamente captados por el régimen - ya detallados líneas arriba -, según la procuradora Rocío Armas, "se pagaba entre 2.000 y 3.000 dólares diarios por cada titular de portada de cada periódico. Fueron entre 900.000 dólares y un millón de soles mensuales lo que se desembolsó en algunos casos" agrego. Mientras que estos libelos siguieron atacando e insultando a Andrade - lo llamaban en titulares "chancho" (cerdo), marrano o puerco en tono despectivo -, también comenzaron a concentrarse en Toledo, un oscuro candidato que comenzó a subir en las encuestas y que se convirtió en la principal figura de la oposición, a quien llamaban cholo, borracho, fumón, putañero y drogadicto. Pero no se trató sólo de políticos. Fujimori también tuvo entre sus objetivos desprestigiar a periodistas. Por ejemplo, El Chino, uno de esos pasquines "comprados", publicó en marzo de 1998 un suplemento que tituló "Los Rabiosos de la prensa antiperuana, Rospigliosi, Arrieta y Páez" en el que acusaban a estos periodistas de ser espías de países vecinos a los que vendían secretos militares y hasta de ser cómplices del terrorismo y estar detrás de un intento de golpe militar, tal y como lo recuerda el diario La República, cuyo director Gustavo Mohme también fue constantemente atacado y acosado. (Quien se iba a imaginar que, pasando los años, Fernando Rospigliosi, se pasó al “lado oscuro” y quien en sus inicios era miembro del grupo terrorista Vanguardia Revolucionaria, tras la vergonzosa fuga de Fujimori, lo califico despectivamente como dictadorzuelo - en un artículo que escribió en Caretas - vendió su alma al diablo y hoy se haya convertido en un pobre, triste y miserable arrastrado seguidor de su hija Keiko, siendo bautizado acertadamente por ello en las redes como ´Rospulgoso´. No cabe duda que los conversos y traidores como ese vil sujeto, son de los peores) Volviendo al tema de fondo, otros objetivos fueron César Hildebrandt, la hoy también impresentable Cecilia Valenzuela (vendida actualmente a la mafia fujimorista) y Luis Iberico. Este último era por ese entonces presidente del Congreso y fue quien reveló - junto al congresista Fernando Olivera - el primer vídeo que mostró el pago por parte de Montesinos a un congresista opositor para lograr su voto en diversos asuntos. Bautizado como el ´Vladivideo´ estas imágenes televisadas fueron el inicio del fin de la dictadura. Lo cierto es que este triste episodio de la convulsa historia peruana no sólo representa uno de los momentos más críticos y vergonzosos a nivel moral para el régimen fujimorista, sino también para ciertos medios de comunicación, entre ellos los diarios considerados "chicha", además de cadenas de televisión, cuyos dueños prefirieron venderse en lugar de mantener el propósito de informar de manera independiente. Lamentablemente, hoy se repite la misma historia y quienes lo vieron en los 90, volvieron a apreciarlo en el 2021, se han percatado que diarios como El Comercio, Correo, Gestión, Expreso, La Razón, Perú 21. Ojo, Trome, por ejemplo, así como radioemisoras y canales de televisión - RPP, América, Latina, ATV, Panamericana, Willax, PBO, Canal N, entre otras cloacas de desinformación - catalogados como la prensa basura, muchas de ellas en quiebra (como el Grupo El Comercio, rematado recientemente a precio de saldo) y que sobreviven con la publicidad estatal, hoy están coludidos nuevamente y en forma vergonzosa con la mafia fujimorista, liderada por la hija del genocida, quien con ánimo de venganza está a punto de acceder a Palacio, desde donde seguirá utilizando a esos medios en su plan de silenciar voces críticas y eternizarse en el poder, como quiso hacerlo su padre. Pero el odio de este vil sujeto no se concentraba únicamente en sus adversarios políticos y periodistas independientes que denunciaban sus crímenes, sino también - demostrando su racismo más extremo - en las mujeres indígenas, a quienes las operaron contra su voluntad para que no tuvieran hijos (Próximo capítulo: Las esterilizaciones forzadas)
