Dolida sin lugar a dudas porque su candidato, el asesino Antauro Humala quedo al margen de la ley, imposibilitándolo de participar en las elecciones del 2026, la caviarona fiscal de la Nación Delia Espinoza, dispuso realizar sorpresivamente una diligencia contra Fuerza Popular luego de recibir una interesada denuncia que piden la ilegalidad de dicha agrupación. Esto - afirma a modo de excusa - es “por presuntas conductas antidemocráticas”. En efecto, la cuestionada funcionaria, cuya cercanía con el judío Gustavo Gorriti de IDL (asalariado de Soros y quien lidera la mafia caviar que manda en el Ministerio Público) es por todos conocido, ordenó que el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado se encargue de las diligencias contra dicho partido, una agrupación política que ha mantenido un respaldo considerable a nivel nacional durante los últimos procesos electorales. Ello con el fin de evaluar si corresponde solicitar a la Corte Suprema que la declare ilegal, como ya ocurrió con la agrupación de Humala, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) cuando jurídicamente son dos casos distintos. La denuncia contra Fuerza Popular fue presentada por una oscura individua llamada Beatriz Cano Bernales, cuyas simpatías por el golpista Pedro Castillo no lo puede negar. La sujeta en cuestion argumentó que el partido naranja cayó en conductas antidemocráticas en tres ocasiones. La primera fue “por recibir aportes irregulares en la campaña electoral del 2011”. Sin embargo, este hecho se encuentra judicializado y al haber sentencia no existe culpabilidad alguna. Se le conoce como el Caso Cocteles; La segunda ocasión fue la postura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales 2021 y denunciar un fraude electoral montado por el JNE (En ese entonces liderado por el impresentable Jorge Salas Arenas, alias “Camarada Coquito” por su cercanía a Sendero Luminoso) quien torció la voluntad ciudadana para que salga ‘elegido’ el delincuente terrorista Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón; La tercera se refirió a la sentencia por el caso de los “Kenyivideos”, por el que Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y 6 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias real agravado. Esto por invocar influencias ante otros parlamentarios para lograr votos en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018. Aunque en esa ocasión quien cometió el delito fue Kenyi quien abandono el partido, no Keiko ni Fuerza Popular que no tienen responsabilidad alguna en ello. La tiparraca amplió su denuncia vinculando al colectivo “La Resistencia” con Fuerza Popular que le ha dado serios dolores de cabeza a Gorriti y a la mafia caviar, por lo que se deduce claramente de donde viene en realidad esta maniobra antidemocrática. Precisamente, la fiscalía ha ordenado el análisis de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y otras expresiones atribuidas a Keiko Fujimori, en su calidad de candidata presidencial durante las elecciones del 2021. En particular, se indagará si sus afirmaciones sobre presuntos fraudes en dicho proceso electoral constituyen acciones que puedan ser tipificadas como actos antidemocráticos, según lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas. En adición a los aspectos anteriormente mencionados, la investigación contempla la extracción de información de fuente abierta respecto a una publicación del diario chileno La Tercera, con el objetivo de determinar si existe algún tipo de vínculo entre el partido Fuerza Popular y el colectivo “La Resistencia”. El propósito final de estas diligencias es establecer si procede o no ejercer la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que habilita al Ministerio Público a solicitar la ilegalización de un partido político cuando se compruebe su participación en actos que vulneren el orden democrático. La decisión que se derive de este procedimiento podría tener consecuencias directas en la participación electoral de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori en los comicios del 2026. Al respecto, el vocero del partido naranja, el excongresista Miguel Torres, señaló que la decisión evidencia que el Ministerio Público está abocado a involucrarse en política para favorecer a los caviares y ni lo disimula. “Si tenemos parte de la fiscalía obsesionada, abocada a hacer política, las cosas no van a funcionar. El sistema de justicia no va a funcionar y los criminales seguirán en la calle” aseveró. Torres agregó: “Las elecciones se ganan en las urnas, no utilizando mecanismos del sistema de justicia. Eso es hacer acrobacias jurídicas. ¿Para qué? Para poder evitar que determinados candidatos y partidos que no le gustan a la caviarada participen en las elecciones". Precisamente Fuerza Popular dio a conocer mediante un comunicado que es evidente el uso desproporcionado y político de la fiscalía. Señaló que la medida amenaza el pluralismo político y la democracia. A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación política liderada por Keiko Fujimori expresó su rechazo a las diligencias anunciadas por el Ministerio Público. Además, en su mensaje señala que la Fiscalía busca anular su candidatura para los próximos comicios. “Expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias que conducen a la desaparición de nuestro partido. Es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”, se lee al inicio del mensaje. “Apenas convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez intentan sacarnos de carrera, pero no deja de ser alarmante que se continúe con este libreto del pasado”, continúa. En ese sentido, Fuerza Popular aseguró que se defenderá respetando la constitución. “Defenderemos nuestra existencia con firmeza, dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, con la convicción de que las elecciones se deben ganar en la cancha, a través del voto y no utilizando herramientas para manipular la voluntad popular”, finaliza el comunicado. Como sabéis, hoy existen 41 agrupaciones reconocidas como partidos políticos. Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró a A.N.T.A.U.R.O. de esa lista por orden de la Corte Suprema. La declaración de ilegalidad de esa agrupación extremista fue la primera que se realiza desde que entró en vigencia la Ley de Organizaciones Políticas, en el 2003. Precisamente, a esa ley apelan los caviares que buscan la ilegalidad de Fuerza Popular. El artículo 14 de la norma en mención establece que la Corte Suprema, a pedido del Fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. Como podéis imaginar, esta conducta antidemocrática ha merecido cuestionamientos de varios constitucionalistas. Los expertos no solo han criticado la medida implementada a partir de denuncias “inconsistentes” y “sin sentido”, sino que han advertido sobre su inconstitucionalidad y la intromisión de la titular del Ministerio Público en el ámbito político en medio de la campaña electoral del 2026. Espinoza, indicaron, se ha convertido en otro actor de la contienda. La Asociación Civil Transparencia también formuló observaciones. “La decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular, resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”, indicó. El jurista Aníbal Quiroga refirió que “las imputaciones son de orden penal, no de orden político” y apuntó que “para eso no está la Fiscalía”. “Es indudable que el Ministerio Público se ha convertido en un agente, en un actor político, saliendo de su rol constitucional de defensa de la legalidad y la Constitución y la represión del delito”, comentó, y sostuvo que la actuación de la fiscal de la Nación en ambos casos “es marcadamente inconstitucional y está fuera de la ley por la que debe ser denunciada ante el Congreso”. “La Fiscalía se ha convertido en una metralleta de denuncias acogiendo muchas que no tienen ni pies ni cabeza, ha perdido el rumbo del rol constitucional y jurídico que le corresponde, se está utilizando el sistema jurídico para hacer activismo político a favor de los caviares”, asevero. El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, por su parte, llamó la atención sobre el momento en que la fiscal de la Nación dispone estas diligencias, y comentó que con ello “interviene en el proceso electoral generando una distorsión que no se justifica desde el punto de vista jurídico”. Cuestionó que la Fiscalía no tenga un tamiz para evaluar la razonabilidad de la denuncia y, por el contrario, proceda a tramitarla inmediatamente, y estableció un paralelo entre el discurso violentista y atentatorio a los derechos humanos de Antauro Humala, cuyo partido fue declarado ilegal y perdió la inscripción, y la conducta de Fuerza Popular. “En este caso es claramente descabellado” que se disponga el inicio de indagaciones, refirió, y añadió que la medida “es la reiteración de un comportamiento institucional claramente ideologizado”. “No es primera vez que el Ministerio Público lleva a cabo este tipo de indagaciones que al final, directa o indirectamente, tienen un propósito político. Esto demuestra varias cosas: que hay incompetencia, que hay precipitación y mal uso del poder que tiene el Ministerio Público, y que hay un sesgo ideológico que en este caso comenzó afectando el proceso electoral y a organizaciones políticas poniéndolas en la picota”, subrayó. Al respecto, el constitucionalista Natale Amprimo afirmó que la medida responde a un “afán fiscal excesivo de generar noticia, porque es evidente que las denuncias no calzan dentro de ningunos supuestos que contempla el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas”. Lo que noto es que hay un exceso de generar noticias. Sin duda hace buen tiempo que la Fiscalía se ha convertido en un actor político”, enfatizó. “El artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos lo que busca es que no participe en el sistema democrático aquel que no cree en la democracia y que quiere utilizar este sistema para destruirla. ¿Qué tiene que ver el Caso Cocteles en esto? Es un tema que ya está en un proceso penal, por lo que es un absurdo”, expresó. “En el caso del partido de Antauro Humala había una manifestación expresa de talante antidemocrático. Dentro de la vida de los partidos políticos hay algunas personas que pueden cometer errores y delitos y por ello deben responder política y jurídicamente. En el caso de A.N.T.A.U.R.O. había una apología a un acto delictivo, como el andahuaylazo, pero en el caso de Fuerza Popular, este rechaza y no reivindica el 5 de abril de 1992”, manifestó. Sobre este tema opinó también el expresidente del TC Ernesto Blume, quien dijo estar “sorprendido” por la inconsistencia de estas investigaciones. “Me parece traído de los cabellos, falto de consistencia que la fiscal (Espinoza), no obstante la claridad (de los hechos), sostenga que hay mérito para la investigación. Está haciendo un ejercicio excesivo de facultades y creando desconcierto e inestabilidad. Me preocupa, porque eso significa falta de conocimiento y conciencia, y una suerte de intromisión en el proceso político”, concluyó. Se trata sin lugar a dudas de una burda maniobra montada por la mafia que no debe pasar. Por cierto ¿A que espera el Gobierno y el Congreso para intervenir en el Poder Judicial que libera a los delincuentes que desatan el terror en las calles, pero increíblemente procesa a policías y militares que cumplen su deber?. Es el mundo al revés... Hay que echar a esas ratas ya mismo. Cuanto antes, mejor.
“Peruano que no llora no es peruano” es una conocida frase que le cae a pelo a quienes nunca reconocen sus propios errores, echándole la culpa a otros de sus fracasos. Como sabéis, los peruanos son llorones por naturaleza, y ello puede comprobarse en todos los ámbitos de su vida, y el deporte obviamente no es la excepción. Por ejemplo cuando su paupérrima selección de futbol es continuamente humillada en los campos de juego, tratan de desviar la atención para que no se señale a los verdaderos responsables del desastre - como son sus viejos jugadores sacados de algún asilo de ancianos, que por cierto, tienen una gran “experiencia” en las derrotas - volcando su ira ya sea contra el estado del césped, el clima o el árbitro del partido. Venga ya ¿Qué culpa tiene este último de la falta de efectividad de ese grupo de perdedores que no saben patear al arco? Ello se vio reflejado claramente este martes durante el partido disputado contra Venezuela, donde tras la derrota señalaron al colegiado chileno como el “responsable” de su eliminación al Mundial a celebrarse el 2026, cuando su actuación ha sido de lo más correcta posible, anulando un gol de Reyna hecho con la mano, otorgando un penalty a la Vinotinto tras la brutal agresión cometida por ese salvaje de Zambrano al venezolano Martínez, y sobre todo, no haciendo el mas mínimo caso al show barato montado por ese vagabundo de Ibáñez (al que le dieron el buzo de la selección peruana por un sencillo), que gesticulaba desesperadamente exigiendo un penalty por una “falta” contra Guerrero, que solo estaba en su imaginación, ya que pudo apreciarse claramente en las imágenes como ese vejete de 41 años se tiraba al campo de juego sin que nadie lo tocase… quizá por su avanzada edad ya no podía ni con sus huesos. Pero de nada valió su número circense porque no se le hizo caso, terminando el partido con el triunfo venezolano que por méritos propios está en la repesca, mientras el Perú quedo eliminado una vez más. Que ningún imbécil salga por allí a decir que “matemáticamente aún es posible clasificar”, ya que ni se lo cree el mismo. Cada uno esta donde se lo merece y el Perú es colista, su lugar natural. Qué más se podía esperar de una selección conformada en un 90% de ancianos para el futbol - Guerrero, Advíncula, Carrillo. Lapadula, Zambrano, Gallese, Flores y Tapia entre muchos otros - quienes hace mucho ya están para el retiro, postergando una vez más a los jóvenes a quienes no les dan oportunidades para mostrarse. Así ¿Cómo van a poder renovar el equipo de cara al Mundial 2030 o piensan seguir llamando a esos vejestorios que por aquella época tendrán 50 años a cuestas? No los sorprenda que así ocurra y estén en silla de ruedas o con bastones, van a seguir convocando a esos inútiles. Por lo visto, los dirigentes de la FPF no piensan en el futuro, o simplemente no les importa, ya que solo les interesa seguir llenándose los bolsillos a costa de la candidez - o mejor dicho, cojudez - de los peruanos, cobrando una pasta para ver a esos fracasados haciendo el ridículo en el estadio. Mejor confórmense con observar los partidos del Mundial por la TV, que en esta ocasión no habrán puntos regalados ni ayuda del VAR para que asistan al torneo sin merecerlo como sucedió en el 2018. Es el precio de la improvisación… Lo que mal empieza, mal acaba (Por cierto, es vergonzoso que esos llorones se arañen porque les silbaron el himno, cuando ellos no solo hicieron lo mismo en Lima, sino también su policía agredió a hinchas y jugadores venezolanos, e incluso a estos últimos los tuvieron varados en el aeropuerto durante horas porque no querían venderle el combustible para su avión. A ese grado de bajeza llegaron los peruanos. Así que no se hagan las víctimas, y solo recuerden lo que les conviene ¿vale?)
