En las últimas semanas, un impresentable sujeto - asalariado de Soros - que controla cual titiritero al Poder Judicial está en el centro de la noticia, tanto por su negativa a asistir a una comisión del Congreso para responder por los graves acusaciones que pesan sobre él, como por sus amenazas proferidas si es llevado a la fuerza a declarar. Nos referimos obviamente al judío Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, cuyo execrable comportamiento lo ha convertido nuevamente en el centro de un debate político y mediático que expone, con toda crudeza, la frágil relación entre quienes afirman ejercer “el periodismo de investigación” (?) y el poder político en el Perú. La controversia se desató a raíz de la citación que le hizo la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso para que declare sobre sus conocidos vínculos con la corrupción y el conocimiento privilegiado obtenido de forma ilegal en el marco del caso Odebrecht. La citación, firmada por el congresista Alejandro Muñante, fue recibida con un rechazo frontal por parte de Gorriti, quien se ha negado rotundamente a asistir, calificando a la comisión como “viciada” y cuestionando su legitimidad para convocarlo. En sus declaraciones, el mafioso aseguró que no se sometería a lo que considera “un proceso carente de imparcialidad”, sosteniendo que “toda la información publicada por su medio está disponible públicamente y que el secreto profesional y la reserva de fuentes, amparados por la Constitución, lo protegen”- alega - “de tener que acudir a dar explicaciones ante el Parlamento”, creyéndose intocable. La postura de Gorriti, lejos de pasar inadvertida, generó una reacción inmediata en el propio Muñante, quien replicó con dureza, acusándolo de pretender evadir la citación y de parapetarse tras el falaz argumento del llamado “periodismo de investigación” - que no lo es tal - para no responder sobre las reiteradas menciones a su nombre en testimonios fiscales relacionados con Odebrecht. Según Muñante, la comisión no busca censurar ni cuestionar la labor “periodística”, sino obtener información relevante para esclarecer un caso de corrupción que ha involucrado a políticos, empresarios y operadores de justicia. Su mensaje fue claro: “Gorriti debía dar la cara y responder ante el país, advirtiendo que se evaluarían medidas legales en caso de persistir en su negativa”. Pero hasta ahora, incomprensiblemente, no es llevado a rastras como se merece. En este punto, el debate dejó de ser meramente institucional y pasó a un plano personal y discursivo mucho más tenso. Gorriti, en una de sus declaraciones más polémicas, mostrándose cual cabecilla de la mafia caviar, advirtió grotescamente que si intentaban llevarlo por la fuerza para obligarlo a comparecer, “habría que pensarlo bien porque habrá consecuencias”. Esa frase, breve pero cargada de implicaciones, encendió las alarmas entre congresistas y analistas, que la interpretaron como una amenaza directa hacia un órgano del Estado. El propio Muñante señaló que tal expresión era inaceptable en un país democrático y que el referido sujeto estaba cruzando una línea peligrosa: la de usar un lenguaje claramente soez como intimidatorio, acusándolo de emplear tácticas retóricas propias de un capo de la mafia. Como podéis imaginar, Gorriti no se quedó en esa amenaza. En declaraciones posteriores a la prensa basura - que le sirve de caja de resonancia de sus exabruptos - denunció que la comisión presidida por Muñante buscaba, en el fondo, el “triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder”. Según su disparatada visión, el Congreso actual, “dominado por fuerzas políticas vinculadas a casos de corrupción, estaría intentando reescribir la historia de Odebrecht para victimizar a quienes fueron investigados y desacreditar a quienes, como él y su equipo, se dedicaron a exponerlos” (?). Y continuando con su falsa narrativa, acusó a ciertos partidos de querer controlar instituciones clave como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y otras instancias, “en un intento coordinado por manipular los hechos y asegurar la impunidad”. Esta ridícula denuncia - viniendo de quien viene, acostumbrado a manipular el Ministerio Público y quien se dedica a defender por medio de sus sicarios de la prensa basura a corruptos como Toledo, Castillo, Vizcarra y Villarán por ejemplo, colocándose además del lado del terrorista colombiano Gustavo Petro “justificando” sus pretensiones de apoderarse de territorio nacional - no resiste el menor análisis, la cual ha sido vista por sus críticos como un patético salto a la arena política, donde el mafioso se coloca a sí mismo en un rol de ‘victima’ enfrentado al poder, más que como lo que es en realidad: un burdo manipulador de jueces y fiscales en el Poder Judicial, a quienes maneja a su antojo. La tensión escaló todavía más cuando, en medio de este intercambio, Gorriti publicó un artículo en IDL-Reporteros titulado “Muñante, Soros y López Aliaga”. En dicho texto, el mafioso abordó las acusaciones sobre sus conocidos vínculos financieros de su medio con George Soros, aclarando hipócritamente “que jamás han recibido fondos directos, sino apoyo a través de programas independientes de la Open Society Foundations, ganados en concursos internacionales”. Pero a nadie puede engañar con sus afirmaciones, ya que la tal Open Society es manejado por el propio Soros, para que con sus millones mal habidos, desestabilizar países en el mundo entero y tratar de imponer el sionismo. Eso lo sabe todo el mundo, así que no nos venga con cuentos. Más allá de los ataques, el sesgado artículo establecía conexiones y referencias que fueron interpretadas por Muñante como una represalia directa por las críticas y la citación. El congresista calificó el texto como “inverosímil” y como un ejemplo de cómo Gorriti, lejos de mantener la distancia, utilizaba el espacio editorial de su medio para responder a cuestionamientos políticos con ataques personales. A nadie debe extrañar ese método, ya que los caviares lo utilizan con frecuencia para “victimizarse” cada vez que son señalados con sus vínculos con la corrupción, atacando a su vez a sus acusadores con burdas patrañas para intentar desviar la atención pública de sus ilícitas actividades que lindan con el delito, propia de toda organización mafiosa como es IDL. Para lograrlo, Gorriti primero realiza campañas mediáticas a través de la prensa basura para denigrar a quienes considera sus enemigos y a continuación, en base a esas “evidencias mostradas” entran a tallar los fiscales caviares quienes les abren carpetas donde los tienen como “investigados” como una forma de amedrentamiento, para posteriormente, si les conviene, ampliar dicha “investigación” solicitando su prisión preventiva. Pero cuando se tratan de los suyos, ahí si los “blindan” estirando las investigaciones hasta las calendas griegas, esperando que sus delitos prescriban. Así ha sido siempre y los ejemplos sobran. No hay duda alguna que la negativa rotunda de ese mafioso a acudir a la citación y su elección de un lenguaje cargado de amenazas demuestran claramente su culpabilidad. Al rehusarse a declarar, pretende rehuir el control político. Por cierto, el elemento discursivo de este sujeto también merece un análisis profundo. Frases como “habrá consecuencias si me llevan a la fuerza” no son inocuas en el debate público. En un contexto político polarizado, donde la retórica beligerante abunda, ese tipo de expresiones tienden a ser interpretadas como advertencias intimidatorias de quien pretende estar al margen de la ley. Y ello no debe permitirse por ningún motivo. Para comprender la magnitud del problema, es necesario recordar que el Perú atraviesa desde hace años una grave crisis de confianza institucional. El caso Odebrecht, que reveló una red continental de sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas a cambio de contratos millonarios, salpicó a presidentes, ministros, congresistas, gobernadores y empresarios, fue distorsionada por Gorriti a través de IDL de la forma más grosera, buscando que la justicia persiga únicamente a sus adversarios políticos hasta la muerte - como es el caso de García -, pero a su vez ‘blindando’ a los suyos como intentando alargar sus procesos ad infinitum esperando que estos prescriban y queden libres de todos sus delitos. Si bien no pudieron evitar que Toledo sea condenado - y Vizcarra puesto esta semana bajo arresto preventivo - en el caso de Villarán y Kuczynski, han pasado casi 10 años y a pesar de que han reconocido abiertamente haber recibido millones de Odebrecht y hacer negociados sumamente perjudiciales para el Perú, hasta el día de hoy, increíblemente aun no han sido juzgados y sentenciados por la justicia caviar, y andan libres creyéndose impunes, gracias a la “protección” que les brinda Gorriti. ¿Qué más pruebas quieren de su complicidad con la corrupción y tener una agenda política encubierta? En este contexto, el enfrentamiento actual con el Congreso no puede entenderse solo como un episodio aislado. Es, en realidad, un nuevo capítulo en la larga tensión entre este sujeto y un sistema político al que ve como una amenaza para sus perversos fines, ya que siente que el control que ejerce sobre la justicia durante décadas se le está escapando de las manos. En efecto, el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía - a lo que se opuso férreamente por todos los medios - y la entrada en prisión del lagarto Vizcarra demuestra que no las tiene todas consigo. La defensa de los principios democráticos exige también una disposición a rendir cuentas, incluso ante órganos que se perciban como hostiles. Esa rendición no implica entregar fuentes ni ceder información protegida, sino explicar, ante la ciudadanía y bajo las reglas del Estado de derecho, por qué se rechaza una determinada citación y cuáles son los peligros que se advierten. Hacerlo desde la confrontación total y el rechazo absoluto demuestra que el miedo lo consume y que la impunidad del que hace gala pronto llegara a su fin. Nadie está por encima de la Ley, mucho menos un mafioso como Gorriti, quien mas temprano que tarde deberá rendir cuentas ante la justicia. (Una buena noticia digna de destacar esta semana, es la esperada promulgación por parte del Gobierno de la Ley de Amnistía para los valerosos integrantes de las FF.AA. y la PNP, perseguidos y procesados injustamente por jueces y fiscales caviares, por el “delito” de haber salvado al Perú de caer en las garras del comunismo homicida. Se acabo el ensañamiento con los Héroes de la Democracia. Y aquellos jueces que se nieguen a aplicarla, serán inmediatamente denunciados por prevaricato y destituidos. No habrá ninguna contemplación con esas sucias alimañas... a por ellos)
