Como sabéis, el Perú está atravesando una crisis energética con tres componentes: la agresión criminal de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha causado una disminución de la oferta de petróleo y gas natural, lo que ha traído como consecuencia una fuerte alza de precios. A ello debemos agregar que la sospechosa voladura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), impide el flujo de gas natural de Camisea a Lima y que ha causado el cierre del poliducto que trae los líquidos sobre todo el GLP. A ello debemos agregar la crisis financiera de Petroperú, que ha causado la disminución de la oferta de combustibles de la refinería de Talara, debido al déficit de caja que le impide comprar el petróleo crudo para la producción de combustibles, sobre todo gasolinas y diésel. Ante todo, veamos primero la voladura. Para traer el gas natural hay un gasoducto operado por TGP que va de Camisea a Lima (algo más de 500 Km). Los primeros 200 km de este gasoducto atraviesan zona de selva hasta llegar a Chiquintirca, ya en la sierra. Desde allí se ha construido un segundo gasoducto, de propiedad de Peru LNG, alimentado por el ducto de TGP, y que va desde Chiquintirca hasta Cañete, donde se encuentra su planta de exportación de gas. El ducto, que llegó a la costa en el 2004, ha volado en la zona de selva, antes de Chiquintirca, lo que ha interrumpido el transporte de los dos gasoductos. ¿No se sabía que esto podía suceder? Claro que se sabía. Entonces aquí frente a un problema grave de seguridad en el abastecimiento energético que tiene dos fallas: una, la del concesionario (la empresa EGI, de EE.UU., que acaba de comprar el 48% del paquete accionario a un fondo canadiense) relacionada al mantenimiento de la tubería. La otra falla es del Estado, que sabía que debía construirse un gasoducto paralelo hasta Chiquintirca para tener redundancia. Si falla un ducto, se tenía otro. Este segundo gasoducto serviría para atender la demanda de la sierra sur, llegaría al Cuzco y, de allí, bajaría a Arequipa, Ilo y Mollendo. De esta manera, se tendría también descentralización energética. Ese era el Gasoducto Sur Andino (hoy denominado Sur Peruano), que quedó trunco a principios del 2017 (con un 40% de avance) debido a que la corrupción de Odebrecht llevó a la finalización del contrato. Los tubos están custodiados por la empresa Estudios Técnicos SAS, desde esa fecha, al costo de US$ 45 millones anuales. En el 2020 se encargó un estudio a la empresa británica Mott Macdonald para analizar la vialidad de un gasoducto al sur. Mott ratificó la ruta del GSP como la más adecuada, pero, hasta ahora, todo ha quedado en nada. Esa es una grave responsabilidad del Estado: no se ha tomado ninguna iniciativa para reanudar el proyecto. En consecuencia, no hay redundancia desde Camisea hasta Chiquintirca. Y por eso, ahora, no llega el gas a Lima. Y, claro está, tampoco se puede abastecer al gasoducto de Peru LNG de Chiquintirca a Cañete. Agreguemos que hay un ducto de líquidos desde Camisea a Lima, que trae el GLP. Ese ducto no ha volado, pero ha sido parado “por seguridad”. Ojo, ese ducto de líquidos tampoco tiene redundancia. La solución ideal sería tener una red nacional de gasoductos, como en Bolivia, Argentina, Méjico y Colombia para masificar el gas en todo el país. Esa masificación necesita, siempre, el impulso del Estado, como ha sido el caso del proyecto Camisea que ha traído el gas a Lima, ya que ha tenido múltiples incentivos tributarios e, incluso financiamiento del propio gasoducto con el alza de las tarifas eléctricas pagadas por todos los usuarios. Como no hay esa red, Lima representa, hoy, el 83% del consumo nacional con 600 millones de pies cúbicos diarios, a diferencia de los países arriba mencionados, donde la red de gasoductos permite una masificación descentralizada. Con ese consumo, Lima puede hacer subsidio cruzado (los sectores de mayores ingresos subsidian a los de menores ingresos). Pero, ojo, ese gran consumo no se va encontrar en la sierra. Allí debe tenerse en cuenta la rentabilidad social. Pero eso no ha “calado” en los proyectos de las 7 Regiones que han fracasado todos, desde el 2005. Sigue predominando el centralismo limeño. Incluso en la costa norte y la costa sur solo llega gas a domicilios en pequeños camiones cisterna, los mismos que no pueden alimentar la demanda ni siquiera de una ladrillera grande. Aquí viene el gran problema: las centrales térmicas de Chilca (que consumen la mitad de los 600 mmpcd) se abastecen de gas natural y proveen el 50% de la oferta eléctrica del Perú. Ahora van a quemar diesel, que es cinco (5) veces más caro. Y los precios de la luz pueden subir, comenzando por los consumidores independientes. Y están también los taxistas que usan GNV. Y los dos millones de domicilios de Lima con conexiones de gas natural. Sobre esos temas hay amplia cobertura periodística. Es el costo de no planificar. Tampoco tocamos aquí el tema de la exportación de 600 mmpcd por año del gas de Camisea, cuyo contrato vence en el 2028. El segundo componente es la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de los grandes buques petroleros y originando un alza global de precios, que no solo se da en el Perú. Se instala así mediante la fuerza un nuevo marco, que incluye el fin del multilateralismo, el orden basado en reglas desde la Conferencia de Bretton Woods en 1944 y la vuelta de la preeminencia del Estado-Nación (Trump, Make America Great Again), los ataques al neoliberalismo y al libre comercio (ahora “el capital sí tiene patria”) y con el ascenso de una plutocracia tecnocrática concentradora del ingreso y el aumento de la desigualdad. Asimismo, un eje central es la lucha por la hegemonía global en el siglo XXI planteada por EEUU, en momentos de ascenso de China, con transformaciones estructurales. La geopolítica avanza a toda vela, renace el imperialismo, la doctrina Monroe (rebautizada como ‘Donroe’ por el Criminal de Guerra, maldito pedófilo y violador de niños Donald Trump) para América Latina y la “seguridad” en el Medio Oriente, que para Trump y los sionistas significaría el cambio de régimen en Irán buscando su completa aniquilación y apoderarse de sus riquezas. Para lo que interesa en este artículo: el Medio Oriente comienza a estar en llamas, Irán afirma cerro el Estrecho de Ormuz por donde pasa el 25% del petróleo mundial y se produce, en Qatar, el 25% del gas natural licuefactado (LNG). Se atacan las refinerías de la zona y aumentan los precios de los combustibles. El tercer componente es la crisis de Petroperú. En estos momentos no tiene la caja suficiente para comprar los 85,000 barriles diarios de petróleo crudo para alimentar la refinería y está operando con solo 60,000 mbd, cantidad que disminuirá mes a mes. Como resultado, cae la oferta de gasolinas y diesel. Como la demanda se mantiene, los precios comienzan a subir. Llueve sobre mojado. Para el actual gobierno “de transición” los problemas que atraviesa la empresa son de su sola responsabilidad. Ciertamente, existen problemas de gobernanza y de gestión que deben ser encarados, siendo uno de ellos la demora en la contratación de las unidades auxiliares de la refinería de Talara. Pero se obvia la responsabilidad de las políticas de Estado, que no le ha permitido volver a la integración vertical, privándola de ingentes ingresos. Su injerencia ha sido constante, imponiendo desembolsos inconstitucionales (pago de pensiones, impuestos a las ventas de combustibles, no devolución del IGV por las ventas de combustibles en la Amazonia), ya que se viola el Art. 60 de la Constitución (las empresas privadas y públicas deben tener igual trato). Además, se bloquearon los planes de fortalecimiento del Informe de la consultora Wood Mackenzie en el 2015, que recomendó la eliminación del IGV de la amazonia y que la empresa retome la integración vertical accediendo a la producción de petróleo en lotes sin riesgo. Es necesaria una discusión de fondo sobre estos problemas, lo cual no puede ser abordado en 60 días, amparado en un Decreto de Urgencia cuestionado está siendo revisado en el Tribunal Constitucional) y carece de base técnica, como lo ha resaltado el Colegio de Ingenieros. En los últimos meses la empresa había comenzado a revertir la situación: las pérdidas disminuyeron y el EBITDA (capacidad de pago de las deudas) pasó de rojo a azul. Similar situación atravesó la Refinería de Cartagena en Colombia (a mediados de la década pasada) ya que tuvo pérdidas (y EBITDA negativos) hasta que su funcionamiento se estabilizó y ahora es un activo valorado. Lo preocupante aquí es que los números positivos hasta diciembre pasado se van a volver negativos en este primer trimestre: si produces menos, vendes menos, pierdes mercado. Y, para lo que interesa en este artículo, un menor abastecimiento de combustibles causa escasez. Y aumentan las pérdidas. ¿Es eso lo que se está buscando? ¿Es la crónica de una muerte anunciada? Debe haber es una discusión integral sobre los problemas de la empresa para entender y analizar cómo superarlas para lograr un consenso. No se trata de un juego de suma cero, donde solo gana un sector. Si hablamos de consenso es que se llega a metas, fines y políticas compartidas. Se sabe también que hay alternativas de financiamiento presentadas por la banca de inversión internacional. Por tanto, hay caminos de salida que no son aquellos del remate al martilleo de los activos del Estado. En conclusión, el Perú no tiene un Plan Energético de Largo Plazo, aunque usted no lo crea. Debemos tener seguridad y soberanía energética. Hay que planear la matriz energética de los próximos 30 años, ahora: el rol de las energías renovables (solar, eólica) en medio de una transición energética para combatir el cambio climático que amenaza al planeta. y, en ese marco como se orienta la inversión privada, así como las políticas públicas, lo que incluye el rol de Petroperú; el apoyo a las poblaciones alejadas de la amazonia, la protección al medio ambiente y la amazonia, las energías limpias y las tierras raras, base de la inteligencia artificial en el siglo XXI. La transición energética necesita un Plan Nacional de Masificación del Gas Natural, que es más barato y menos contaminante que el petróleo. También incrementar las reservas de gas natural, que debieran incluir al Lote 58 de la empresa china CNPC (la cual no produce actualmente) para garantizar el abastecimiento del mercado interno por 30 años más. Urge además una red nacional de gasoductos (con redundancia en Chiquintirca, claro está) que lleguen a la Sierra y la Costa Sur, con participación privada. El gas de Talara puede fácilmente llegar hasta Trujillo. Todo no se puede hacer a la vez, pero falta decisión política. En cuanto al Gasoducto Sur Peruano, paralizado desde el 2017 - tras la disolución del contrato por corrupción - este proyecto energético no debe quedar abandonado, retrasando la masificación del gas natural y afectando con ello la expectativa de energía más económica para hogares e industrias. De estar actualmente en funcionamiento, no existiría el grave problema que se vive ahora. Este podría haber una realidad hace mucho si hubiese existido voluntad política por parte de los gobiernos de turno, que cedieron a las presiones de grandes grupos económicos que se opusieron a su realización, argumentando que se trataba de “una competencia desleal”. Por cierto ¿Os habéis percatado que, por tratarse TGP una empresa privada, los talibanes privatizadores callan en todos los idiomas y no la culpabilizan de nada? Pero si sería una empresa estatal como Petroperú, les faltaría espacio y tiempo para despotricar de ella en todos los medios de comunicación... Menuda panda de hipócritas. El desabastecimiento de hoy motiva esa reflexión y los partidos políticos deben liderar la discusión del futuro. Con esta situación mundial no se deben dejar las cosas “a la suerte”, ni solo a las reglas del mercado. Nada puede garantizar que nunca más haya una voladura (y se deben determinar las responsabilidades). Pero sí hay que ser ser capaces de tener alternativas potentes frente a cualquier adversidad que se presente. Por ello, el Gasoducto Sur Peruano no puede quedarse en una promesa más... el país lo reclama.
