Conocida militarmente como Operativo Secuestro, fue una masacre que tuvo lugar en Lima el 18 de julio de 1992 cuando un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como "La Cantuta") fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente por el destacamento clandestino del Ejército conocido como Grupo Colina, conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y liderado por el mayor Santiago Martín Rivas. Según las investigaciones realizadas por Ricardo Uceda y Umberto Jara, originalmente el objetivo del operativo habría sido capturar a sospechosos de haber participado en el atentado de Tarata, siendo, según Uceda, Martín Rivas quien ordenó la ejecución de las víctimas. En el 2009, la Corte Suprema determinó que ninguna de las víctimas de la masacre estaba vinculada con organizaciones terroristas. En el 2007, tras ser extraditado de Chile, Kenyo Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. Ante todo, cabe precisar que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, y pasó a ser universidad en 1965. Cerrada durante la dictadura del felón Morales Bermúdez en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda, Fue reabierta en 1980. Por ese entonces, los elementos radicales multiplicaban sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, tuvieron una fuerte presencia en dicho campus, iniciando una serie ataques a la población, lo que motivó que el Estado realizara algunas intervenciones. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y durante el toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, UNI y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para 1988, Sendero Luminoso tenía el control del Comité de Comensales de La Cantuta, además "organismos generados" de Sendero Luminoso como el Movimiento de Artistas Populares (MAP) y Socorro Popular (SOPO) operaban en las instalaciones de la universidad. A inicios de la década de 1990, luego de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA - con la complicidad de Alan García - se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo marxista-leninista-maoísta. Tras el autogolpe de Fujimori en abril de 1992, se dispuso de un plan para combatir al terrorismo con base en cuatro puntos: quitar el control de las cárceles y universidades a Sendero Luminoso y al MRTA, desarticular la presencia de los elementos terroristas en los pueblos jóvenes e implementar leyes antiterroristas junto a operaciones psicosociales para minar la voluntad de las huestes subversivas. Cuando el 16 de julio de ese año, un coche bomba explotó en la calle miraflorina de Tarata, mató a 25 personas e hirió a 250. Tras el atentado, se evaluó la situación en una reunión en la que estuvieron presentes Kenyo Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, entre otros. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) le informó a Fujimori que los responsables del atentado eran estudiantes de La Cantuta. En medio de esto, llegó una llamada de un funcionario del gobierno norteamericano quien les advirtió que, si los atentados senderistas continuaban con el mismo salvajismo mostrado en Tarata y la frecuencia con la que se venían desarrollando los atentados, se iba a evaluar “una intervención multinacional en el Perú”. Luego de la reunión, el general Juan Nolberto Rivero Lazo (jefe del SIE), le comunicó al general Luis Pérez Documet mediante una llamada encriptada que en las próximas horas "un grupo especial del ejército" ingresaría a La Cantuta por lo que Pérez Documet debía ordenar al jefe de la base militar acantonada en la universidad que franqueara el ingreso del pelotón especial. La orden comunicada por Rivero Lazo fue dictada por Hermoza Ríos quien la recibió de Fujimori. La operación quedó en manos de Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina. A las 6:30 de la noche del 17 de julio, Martín Rivas envió un mensaje a los integrantes del Grupo Colina. En dicho mensaje se decía: "El Tío ha ordenado capturar a unos angelitos que participaron en lo de Tarata. Uno de los agentes ha confirmado que hoy habrá una reunión en una de las residencias. Tenemos una lista con los nombres". A cien metros de la universidad, Rivas ordenó detener los vehículos. Este, junto al teniente Aquilino Portella (enviado por Pérez Documet), descendió y se dirigió al puesto de control militar contiguo a la puerta principal. A la media hora, los vehículos ingresaron a la universidad, estacionándose en el pabellón de la residencia de varones. Por otra parte, las tropas a cargo de Pérez Documet rodearon la universidad. Al llegar a la puerta de la residencia de varones, tocaron, pero nadie respondió. El agente Dámaso Petrell golpeó la puerta a patadas, cediendo esta. Un ropero metálico había sido colocado detrás, bloqueando la entrada. Tras sortear el ropero, alguien se levantó y encendió la luz, golpearon al sujeto y lo obligaron a regresar a su cama. Tras esto, la luz se apagó. Los estudiantes recibieron la orden de taparse con frazadas y salir al exterior, siendo separados en dos grupos. El agente Tena y el profesor Mejía separaron a los estudiantes de acuerdo a una lista que tenía Martín Rivas. Los 6 estudiantes separados figuraban también en la lista que poseía Velarde y fueron llevados, sin resistencia, a las camionetas con el rostro cubierto. Luego, se dirigieron al pabellón de mujeres, donde se encontraban celebrando una fiesta. Debido al ruido, los agentes pasaron inadvertidos. Tras cesar la música, los estudiantes fueron trasladados a los pasillos y puestos boca abajo. Tras ser revisados, fueron seleccionados 3 estudiantes adicionales, quienes fueron llevados a los vehículos. Estos eran: Bertila Lozano Torres; Dora Oyague Fierro; Luis Enrique Ortiz Perea; Armando Richard Amaro Cóndor; Robert Édgar Teodoro Espinoza; Heráclides Pablo Meza; Felipe Flores Chipana; Marcelino Rosales Cárdenas; Juan Gabriel Mariños Figueroa; y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. En el camino, Rivas empezó a detener su vehículo de forma intermitente, lo que motivó que Sosa le preguntara a Pichilingue (miembro del Grupo Colina) sobre sus intenciones. Debido a que le habían ordenado entregar a los sospechosos a la DINCOTE, Rivas consideraba que la acción realizada (captura de sospechosos) era una acción para policías y no para un cuerpo de élite del ejército, como consideraba a su equipo. Por ende, disgustado, decidió ejecutar a los detenidos. Tras tomar un desvío, Martín Rivas ordenó bajar la velocidad y seguir a su vehículo. En el trayecto, dejaba estacionado su auto, bajaba y luego de unos minutos proseguía la marcha. Tanto para Sosa como para Pichilingue, Rivas estaba buscando un lugar para enterrar los cuerpos tras realizar las ejecuciones. Ante esto, Sosa comunicó a Rivas que conocía un lugar y los guio hacia un lugar donde existía un campo de tiro. Los detenidos fueron bajados de los vehículos y se les hizo formar en columna, dos agentes se quedaron en la carretera haciendo guardia mientras que otros dos se dirigieron a las alturas. Mientras un grupo buscaba un lugar propicio para los entierros, los detenidos eran vigilados por otros, y a los pocos minutos, fueron ejecutados Posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en el lugar, guardando Sosa los documentos. Al día siguiente, en una reunión en lugar de operaciones del Grupo Colina, Rivas comunicó su preocupación sobre los entierros, a lo que Sosa propuso enviar a dos agentes de inteligencia a verificar el lugar. Tras retornar, uno de ellos les comunicó que "se nota todo. Hay un brazo y una mano que sobresalen. Se puede ver la ropa de otro de los cuerpos", por lo que, tras evaluar la situación, concordaron en desenterrarlos y sepultarlos en diversas fosas. Ya para entonces, el diario La República reportaba la detención de 9 estudiantes y 1 profesor. En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el Grupo Colina había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas en una fosa común. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, miembros del Grupo Colina exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "informantes" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en la masacre, identificando al jefe de las operaciones, Santiago Martín Rivas, y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del dictador Kenyo Fujimori, quien también tenía pleno conocimiento de estos acontecimientos y había ordenado la “desaparición” de los detenidos. En junio de 1993, un reciclador que se encontraba por la zona durante la masacre, y su amigo Guillermo Catacora, entrego un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez, quien lo compartió con la revista Sí que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por la Fiscalía reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses realizados a los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, resultaron pertenecientes a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de ese año, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Así, el 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años. Pero antes las protestas de los deudos, Fujimori, tras regresar de un viaje en agosto de dicho año, declaró ante los periodistas: "Si. la gente supiera que ellos fueron los que hicieron el atentado de Tarata, no pensarían igual"; pero investigaciones periodísticas y los procesos judiciales posteriores desmintieron sus afirmaciones, dichas para intentar desviar su responsabilidad en la matanza. Precisamente para tratar de blindarse- tanto el cómo sus secuaces, dicto una aberrante Ley de Amnistía para los criminales, la cual fue abrogada tras la caída del régimen el año 2000. El 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta matanza como de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Tras ser extraditado de Chile, se le sometió a juicio por esos crímenes. Durante el proceso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. Fujimori recibió el 7 de abril del 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como Crímenes de Lesa Humanidad. Penas similares cayeron sobre Montesinos, Rivas y demás integrantes del Grupo Colina, los cuales a diferencia del primero - quien, liberado en el 2023 por orden del corrupto TC, moriría al año siguiente - siguen cumpliendo su condena. Pero el régimen fujimorista no solo se caracterizó por sus crímenes, sino también por corromper a todos aquellos - como empresarios, periodistas, medios de comunicación - que les podían ser útiles en su objetivo de seguir atornillándose al poder, y para ello se valió de Vladimiro Montesinos para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación, que se vendieron alegremente a la dictadura (Próximo capitulo: La prensa chicha)
