Han pasado trece días desde la segunda vuelta para elegir al presidente en el país andino, pero los resultados y la proclamación oficial de la victoria están todavía pendientes de un 0,84% de votos que están en revisión por la justicia electoral, que se ha dado hasta mediados de julio como plazo máximo para resolver. En efecto, en una votación muy reñida y no libre de controversias - como la grosera injerencia del embajador de los EE.UU. en el conteo de votos sin que las autoridades electorales protesten por ello - entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez, la primera mantiene una ligera ventaja en el escrutinio y se proyecta como la virtual ganadora. A la espera de que termine el proceso, la incertidumbre, las movilizaciones, y los recursos de nulidad agitados por la izquierda calan en un electorado agotado por la polarización y la inestabilidad política de los últimos años, propiciado por el fujimorismo desde el Congreso, debido al pacto mafioso que mantiene con otras fuerzas para someter al Ejecutivo a su voluntad. La mayoría de los analistas dan como vencedora a Keiko Fujimori apoyándose en que esas actas impugnadas, con 200.000 votos en juego, proceden sobre todo de Lima y Callao, donde tiene sus grandes bastiones electorales y lo previsible es que al final, le sean favorables. “A estas alturas es prácticamente imposible que Sánchez revierta la diferencia de votos” indico el experto en procesos lectorales Fernando Tuesta. “Peru es el único país con resultados tan ajustados en tres elecciones consecutivas, que se resolverá por menos del 1% de diferencia entre los candidatos” añadió. De esta manera, con los resultados parciales oficiales ya escrutados al 99%, la imagen es la de un país partido en dos, reflejo de los proyectos políticos antagónicos que se enfrentaron en el ballotage. De un lado, la izquierda de Roberto Sánchez, que ha recogido el voto rural, el de los olvidados del sistema, proveniente del empobrecido sur del país vinculado a Pedro Castillo, encarcelado por el intento de autogolpe de Estado en el 2022 y que amplio apoyos al suavizar sus posiciones extremas de primera vuelta, para intentar acercarse al centro y despejar temores en los sectores económicos. De otro lado, el fujimorismo, encarnado en la hija dictador Kenyo Fujimori - que gobernó el Perú con mano de hierro desde 1990, hasta su deshonrosa caída y entrada en prisión, tras ser condenado a 25 años de cárcel por Crímenes de Lesa Humanidad - quien llega por cuarta vez consecutiva a una segunda vuelta, quien ha usado esa controvertida herencia política para hacer un paralelismo entre la lucha de su padre contra el terrorismo comunista en la década de los noventa, y el combate a la criminalidad creciente de hoy, por parte de millones de indeseables venezolanos que ingresaron al país libremente desde la época del (des)gobierno del conocido lobbysta y Traidor a la Patria, el judío Pedro Pablo Kuczynski, quienes han desatado el terror en el país, que es la principal preocupación de la ciudadanía y el eje de su campaña. Pero conforme avanzan los días y se amplía la ventaja de Keiko, los partidarios de Sánchez han salido a las calles a “defender el voto” en dos ocasiones y están convocando a “grandes movilizaciones” en estos días, tanto en Lima como en el interior del país, por lo que se teme el estallido de la violencia tal como ocurrió en el 2023, tras la ignominiosa caída del golpista Castillo. “El voto ha sido deslegitimado” dice el partido JPP en un comunicado hecho el lunes, para denunciar a continuación “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral” y las “maniobras político-mediáticas que atentan conta la justicia electoral y la voluntad del pueblo” añadieron. Cabe precisar que el voto exterior, ya escrutado, ha favorecido ampliamente a Keiko Fujimori, sobre todo en los EE.UU., donde vive la mayor comunidad peruana en el exterior y donde la cabecilla de Fuerza Popular ha obtenido el 76.4% de los votos. En el interior del Perú, sin embargo, el conteo inclino la balanza a Sánchez, que tuvo el 50.1% de las boletas frente al 49.8% de su adversaria. Esta divergencia ha llevado a algunos a cuestionar el derecho al voto de quienes viven en el extranjero. Al respecto, un aliado de Sánchez escribió en la red social X (antes Twitter) que había interpuesto una demanda de amparo contra una resolución de las elecciones en el exterior para anularlo: “Es sospechoso que, a ocho días de la segunda vuelta, de un momento a otro cambiaron las reglas de juego. Se elimino la digitalización de las actas del exterior. Sin motivación. Sin ley. Por lo tanto, es nulo las elecciones en el extranjero” escribió. La línea que separa la retórica del fraude de la expresión de dudas sobre aspectos del proceso electoral es fina, sobre todo luego de una primera vuelta tumultuosa y salpicada de problemas logísticos, así como de absurdas denuncias por parte de un alcoholizado candidato de ultraderecha, sin sustento alguno, pero que la prensa basura magnificó. Si bien Sánchez se mantiene em la importancia de respetar los resultados y exige transparencia de los mismos, al mismo tiempo apoya las movilizaciones, autoproclamándose “ganador” en un mitin realizado en el Cuzco. “El reconteo y la transparencia no daña la democracia, sino que la fortalece, ya que el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar por ello con esta democracia hibrida” declaro el martes. “Juntos por el Perú (el partido de Sánchez) está cuestionando puntos del proceso, como el hecho de que se hayan tardado más de la cuenta en llegar en esta segunda vuelta, los votos del exterior, especialmente de los EE.UU. y Argentina - que lo hicieron en valija diplomática en vez de en urna electrónica, tal como sucedió en primera vuelta - pero no hay grito de fraude per se, se trata más de mostrar fuerza” explico la politóloga Paula Tavara. Lo mismo observo el politólogo Eduardo Dargent, quien asegura que “hasta ahora Sánchez se ha cuidado de gritar fraude, más allá de frases altisonantes de miembros de su equipo, ´porque es muy peligroso en un país en el que mucha gente cree que unos y otros lo cometen, aunque no se pruebe” afirmo. “Sin embargo, si ha sido una elección vergonzosa por parte de los medios de comunicación, que se pusieron abiertamente de parte de la candidata de la impunidad y la corrupción en estos comicios” señalo. De esta manera, mientras se agitan las aguas en el campo de la izquierda y el antifujimorismo - que despertó de su letargo en estas últimas semanas de campaña - la candidata apenas se ha pronunciado un par de veces, llamado hipócritamente “al respeto de los resultados y el proceso electoral” algo que no hizo ella en anteriores comicios, mientras anunciaba un sospechoso “viaje familiar” a los EE.UU. donde según sus críticos, ha ido a agradecer su “participación” en los comicios, asegurando que los votos emitidos en ese país - previo anforazo - la hayan favorecido, como finalmente ocurrió. Se trata de una actitud muy distinta a la que tuvo en el 2021, cuando se enfrentó y perdió contra Pedro Castillo. “Ha habido un interés sistemático en quebrantar la voluntad popular” expreso Fujimori cuando su derrota era inminente. “En esas elecciones, ella y su partido, pretendieron anular el voto rural bajo la creencia de que habían sido engañados. Ahí si hubo un cuestionamiento basado en el racismo” comparo Paula Tavara. “Ahora nadie ha salido a decir que ‘los blancos de Lima nos robaron la elección’”. Aunque no se sabe con exactitud cuando la justicia electoral terminará de evaluar las actas impugnadas, si vence Fujimori como parece probable para los analistas, sumará el Ejecutivo a su elevada cuota de poder en el Congreso y el reconstituido Senado, donde su partido tendrá mayoría. “En lo que va del siglo, los presidentes han sido débiles, apoyado por remedos de ‘partidos’, que en realidad son vientres de alquiler que se ofertan al mejor postor, por lo que no se ha construido una alternativa fuerte a la persistencia de Keiko Fujimori, que ha acumulado experiencia en todos estos años, para lograr concentrar el poder de casi todas las instituciones del Estado. Solo le faltaba el Ejecutivo, que ahora todo parece indicar que lo obtendrá” apunto Tavara. En un país que ha tenido ocho presidentes en una década, sacudido por la inestabilidad política, Dargent pone el acento en la necesidad de “recuperar la gobernabilidad” como primer objetivo de quien asuma el cargo el 28 de julio. Tuesta cree que en una eventual victoria de Fujimori. “Keiko tendrá que armar un gobierno más allá del fujimorismo, porque sale de una elección sumamente polarizada en la que dentro del país ha ganado Sánchez, mientras el voto exterior que la favoreció, no va a estar presente en el día a día, y habrá que ver cómo va a tratar esos territorios, los del sur rural, los más pobres e ignorados, que no van votado ni votaran nunca por ella” puntualizo. Como recordareis, durante su cierre de campaña - en un local cerrado por temor a las protestas con gente llevada en buses traídos de lugares lejanos - apelo “a la unidad y reconciliación” de los peruanos, Está por ver si vencerá, y si lo hace, si ese será el camino que elija en su cuarto intento, o por el contrario, siguiendo el oscuro legado de su padre, dará rienda suelta a su venganza tan largamente esperada con el objetivo de aplastar toda oposición y pretender quedarse unos 30 años en el poder. El fujimorismo es sinónimo de autoritarismo y represión, por lo que muchos sectores no creen en sus falsas palabras y esperan lo peor de su régimen, que algunos ya denominan el segundo fujimorato, el neofujimorismo o el keikismo... Trágico destino el del Perú, donde la historia al parecer, volverá a repetirse.
La política de las esterilizaciones forzadas, implementada en el Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, por parte de la dictadura fujimorista. En efecto, durante aquellos años, el régimen implementó una campaña masiva de esterilización forzosa patrocinada por el Estado entre 1996 y 2000. Ejecutada bajo la fachada del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, la iniciativa se comercializó públicamente como “una estrategia progresista de salud pública orientada al alivio de la pobreza y el empoderamiento femenino”. En realidad, el programa operaba bajo un rígido sistema de cuotas impuesto por el Estado que se dirigió de manera desproporcionada a poblaciones empobrecidas, rurales y a los pueblos indígenas quechuahablantes y aimaras, hacia quienes estaban dirigidos. Es considerada ampliamente como la mayor iniciativa de esterilización promovida por un Estado en América, resultando en la esterilización quirúrgica de aproximadamente 314 000 mujeres y 24 000 hombres, la gran mayoría de los cuales fueron operados sin su consentimiento libre e informado. Las raíces ideológicas de esta campaña se encontraban en la eugenesia de principios del siglo XX y en las teorías económicas neomalthusianas de finales del siglo XX, que concebían la reproducción indígena como un obstáculo para la modernización nacional. Durante la época del terrorismo (1980-2000), las Fuerzas Armadas del Perú codificaron estas ansiedades en el Plan Verde, una doctrina militar clandestina que exigía explícitamente el «uso generalizado de la esterilización» para exterminar a poblaciones «culturalmente atrasadas», percibidas como caldo de cultivo para la insurgencia de Sendero Luminoso. Tras el autogolpe de 1992 de Fujimori, estos objetivos militares se integraron en la política de Estado. Subvencionado con millones de dólares por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Nippon, el Ministerio de Salud desplegó brigadas médicas en remotas regiones andinas y amazónicas. Operando bajo la amenaza de perder sus empleos, los trabajadores de salud estatales utilizaron el engaño, el terror psicológico y la extorsión con ayuda alimentaria del Estado para coaccionar a ciudadanos marginados a someterse a ligaduras de trompas y vasectomías. Los procedimientos se realizaban frecuentemente en clínicas improvisadas e insalubres, sin anestesia ni cuidados posoperatorios, lo que provocó infecciones generalizadas, debilitamiento físico crónico, ostracismo social y decenas de muertes documentadas. Tras el colapso del régimen de Fujimori, la campaña fue deliberadamente excluida del Informe final del 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, iniciando una arquitectura de negación estatal e impunidad legal que duraría décadas. A pesar de los esfuerzos de las activistas indígenas sobrevivientes y las organizaciones de derechos humanos, los fiscales nacionales archivaron repetidamente las investigaciones penales contra Fujimori y sus ministros de salud. Frustradas por la obstrucción interna, las sobrevivientes llevaron su lucha a tribunales internacionales. En el 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró la campaña como un crimen de lesa humanidad, y en el 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico que responsabilizó internacionalmente al Estado peruano por las consecuencias letales de las esterilizaciones forzadas. Cabe precisar que, a mediados del siglo XX, el Perú experimentó un drástico cambio demográfico. Impulsada por la disminución de las tasas de mortalidad y la rápida urbanización, la población nacional aumentó de aproximadamente seis millones en 1940 a más de veinticinco millones a finales de siglo. En 1972, la tasa de fertilidad nacional se situaba en un promedio de seis hijos por mujer. A medida que la población se expandía, la percepción de la élite peruana sobre la reproducción indígena pasó de ser una preocupación puramente racial a una amenaza económica y de seguridad neomalthusiana. Las familias numerosas y empobrecidas eran vistas cada vez más como «culturalmente primitivas» y como una causa principal del estancamiento económico del país. Durante la década de 1980, los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García hicieron intentos iniciales de implementar programas nacionales de planificación familiar para frenar este crecimiento. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron severamente restringidos por la influencia política de la Iglesia católica, quien se opuso vehementemente a los métodos anticonceptivos modernos, promoviendo en su lugar la «paternidad responsable» a través de métodos naturales como el método del ritmo. Pero como las tasas de fertilidad indígena seguían siendo altas, se intensificaron las ansiedades de la élite sobre una clase baja rural empobrecida y en explosión demográfica, que eran un riesgo para sus intereses. Esa oportunidad de acabar con este “peligro”, llego con la asunción al Poder de Kenyo Fujimori en 1990. A través de la orquestación de Vladimiro Montesinos, este objetivo se integró en la agenda del nuevo gobierno. Tras el autogolpe de Fujimori en 1992, que disolvió el Congreso y consolidó su gobierno autoritario, las esterilizaciones forzadas se formalizaron como política de salud pública del Estado. La campaña de esterilización se apoyó fuertemente en la intersección de clase, raza e idioma para sofocar la resistencia. Para 1998, aproximadamente el 8 % de la población peruana era analfabeta, pero esta tasa era exponencialmente mayor entre las mujeres indígenas rurales, y hacia ello se dirigió el programa. Los funcionarios de salud, que operaban casi exclusivamente en español, descendieron sobre comunidades monolingües quechuas y aimaras. Los formularios de consentimiento estaban impresos en español y rara vez se traducían. Las mujeres analfabetas eran obligadas rutinariamente a estampar sus pulgares manchados de tinta en documentos que no podían leer, cumpliendo con el requisito burocrático del Estado de «consentimiento» mientras violaban por completo su premisa ética. Cuando el engaño fallaba, las brigadas médicas recurrían al terror psicológico y la fuerza física. Operando bajo el marco neopopulista de Fujimori, el Estado había centralizado los programas de asistencia social, en particular el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Los trabajadores estatales instrumentalizaron esta dependencia, ofreciendo bolsas de arroz o azúcar a cambio de la esterilización, o amenazando a las mujeres con retirarles la ayuda alimentaria si se negaban. En muchos casos, las mujeres que visitaban las clínicas por motivos no relacionados - como tratar la gripe de un hijo, recibir vacunas de rutina o recuperarse del parto - eran anestesiadas y esterilizadas sin su conocimiento. Tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000, el Perú entró en un período de transición democrática y justicia transicional. En el 2001, el gobierno interino estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y el año 2000. Aunque la CVR poseía un mandato amplio para investigar «otros crímenes y violaciones graves», los comisionados tomaron una decisión deliberada de excluir la campaña de esterilización patrocinada por el Estado de su Informe final del 2003. Al omitir las esterilizaciones forzadas, el Estado peruano borró efectivamente la violencia reproductiva infligida a cientos de miles de mujeres indígenas de la memoria colectiva oficial del país. Esta exclusión reforzó una jerarquía de victimización, señalando que la mutilación reproductiva de mujeres quechuas marginadas no merecía el mismo reconocimiento legal o histórico que otras atrocidades cometidas en tiempos de guerra. Hubo que esperar hasta diciembre del 2021, cuando un juez finalmente abrió una investigación penal preliminar contra Kenyo Fujimori y sus exministros de salud - Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta - por su papel en las muertes y lesiones graves de miles de víctimas. Sin embargo, el proceso legal nacional fue descarrilado repetidamente por maniobras políticas. En diciembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia del Perú anuló por completo el proceso judicial tras una demanda de Aguinaga, devolviendo la investigación de décadas a la fiscalía para que fuera presentada nuevamente. Ese mismo mes, Fujimori fue liberado de prisión tras el restablecimiento de un indulto humanitario por sus otras condenas por violaciones a los derechos humanos, sin haber enfrentado nunca un juicio por la campaña de esterilización, muriendo al año siguiente sin ser juzgado por estos crímenes. Pero el hampa fujimorista, también tenía otros intereses, como el reforzar sus lazos con el narcotráfico - iniciada en 1992 - posibilitando que el contrabando masivo de drogas a cargo de Vladimiro Montesinos fuera pan de cada día en el Perú (Próximo capitulo: Secretos del narcoavión)
