La política de las esterilizaciones forzadas, implementada en el Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, por parte de la dictadura fujimorista. En efecto, durante aquellos años, el régimen implementó una campaña masiva de esterilización forzosa patrocinada por el Estado entre 1996 y 2000. Ejecutada bajo la fachada del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, la iniciativa se comercializó públicamente como “una estrategia progresista de salud pública orientada al alivio de la pobreza y el empoderamiento femenino”. En realidad, el programa operaba bajo un rígido sistema de cuotas impuesto por el Estado que se dirigió de manera desproporcionada a poblaciones empobrecidas, rurales y a los pueblos indígenas quechuahablantes y aimaras, hacia quienes estaban dirigidos. Es considerada ampliamente como la mayor iniciativa de esterilización promovida por un Estado en América, resultando en la esterilización quirúrgica de aproximadamente 314 000 mujeres y 24 000 hombres, la gran mayoría de los cuales fueron operados sin su consentimiento libre e informado. Las raíces ideológicas de esta campaña se encontraban en la eugenesia de principios del siglo XX y en las teorías económicas neomalthusianas de finales del siglo XX, que concebían la reproducción indígena como un obstáculo para la modernización nacional. Durante la época del terrorismo (1980-2000), las Fuerzas Armadas del Perú codificaron estas ansiedades en el Plan Verde, una doctrina militar clandestina que exigía explícitamente el «uso generalizado de la esterilización» para exterminar a poblaciones «culturalmente atrasadas», percibidas como caldo de cultivo para la insurgencia de Sendero Luminoso. Tras el autogolpe de 1992 de Fujimori, estos objetivos militares se integraron en la política de Estado. Subvencionado con millones de dólares por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Nippon, el Ministerio de Salud desplegó brigadas médicas en remotas regiones andinas y amazónicas. Operando bajo la amenaza de perder sus empleos, los trabajadores de salud estatales utilizaron el engaño, el terror psicológico y la extorsión con ayuda alimentaria del Estado para coaccionar a ciudadanos marginados a someterse a ligaduras de trompas y vasectomías. Los procedimientos se realizaban frecuentemente en clínicas improvisadas e insalubres, sin anestesia ni cuidados posoperatorios, lo que provocó infecciones generalizadas, debilitamiento físico crónico, ostracismo social y decenas de muertes documentadas. Tras el colapso del régimen de Fujimori, la campaña fue deliberadamente excluida del Informe final del 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, iniciando una arquitectura de negación estatal e impunidad legal que duraría décadas. A pesar de los esfuerzos de las activistas indígenas sobrevivientes y las organizaciones de derechos humanos, los fiscales nacionales archivaron repetidamente las investigaciones penales contra Fujimori y sus ministros de salud. Frustradas por la obstrucción interna, las sobrevivientes llevaron su lucha a tribunales internacionales. En el 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró la campaña como un crimen de lesa humanidad, y en el 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico que responsabilizó internacionalmente al Estado peruano por las consecuencias letales de las esterilizaciones forzadas. Cabe precisar que, a mediados del siglo XX, el Perú experimentó un drástico cambio demográfico. Impulsada por la disminución de las tasas de mortalidad y la rápida urbanización, la población nacional aumentó de aproximadamente seis millones en 1940 a más de veinticinco millones a finales de siglo. En 1972, la tasa de fertilidad nacional se situaba en un promedio de seis hijos por mujer. A medida que la población se expandía, la percepción de la élite peruana sobre la reproducción indígena pasó de ser una preocupación puramente racial a una amenaza económica y de seguridad neomalthusiana. Las familias numerosas y empobrecidas eran vistas cada vez más como «culturalmente primitivas» y como una causa principal del estancamiento económico del país. Durante la década de 1980, los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García hicieron intentos iniciales de implementar programas nacionales de planificación familiar para frenar este crecimiento. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron severamente restringidos por la influencia política de la Iglesia católica, quien se opuso vehementemente a los métodos anticonceptivos modernos, promoviendo en su lugar la «paternidad responsable» a través de métodos naturales como el método del ritmo. Pero como las tasas de fertilidad indígena seguían siendo altas, se intensificaron las ansiedades de la élite sobre una clase baja rural empobrecida y en explosión demográfica, que eran un riesgo para sus intereses. Esa oportunidad de acabar con este “peligro”, llego con la asunción al Poder de Kenyo Fujimori en 1990. A través de la orquestación de Vladimiro Montesinos, este objetivo se integró en la agenda del nuevo gobierno. Tras el autogolpe de Fujimori en 1992, que disolvió el Congreso y consolidó su gobierno autoritario, las esterilizaciones forzadas se formalizaron como política de salud pública del Estado. La campaña de esterilización se apoyó fuertemente en la intersección de clase, raza e idioma para sofocar la resistencia. Para 1998, aproximadamente el 8 % de la población peruana era analfabeta, pero esta tasa era exponencialmente mayor entre las mujeres indígenas rurales, y hacia ello se dirigió el programa. Los funcionarios de salud, que operaban casi exclusivamente en español, descendieron sobre comunidades monolingües quechuas y aimaras. Los formularios de consentimiento estaban impresos en español y rara vez se traducían. Las mujeres analfabetas eran obligadas rutinariamente a estampar sus pulgares manchados de tinta en documentos que no podían leer, cumpliendo con el requisito burocrático del Estado de «consentimiento» mientras violaban por completo su premisa ética. Cuando el engaño fallaba, las brigadas médicas recurrían al terror psicológico y la fuerza física. Operando bajo el marco neopopulista de Fujimori, el Estado había centralizado los programas de asistencia social, en particular el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Los trabajadores estatales instrumentalizaron esta dependencia, ofreciendo bolsas de arroz o azúcar a cambio de la esterilización, o amenazando a las mujeres con retirarles la ayuda alimentaria si se negaban. En muchos casos, las mujeres que visitaban las clínicas por motivos no relacionados - como tratar la gripe de un hijo, recibir vacunas de rutina o recuperarse del parto - eran anestesiadas y esterilizadas sin su conocimiento. Tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000, el Perú entró en un período de transición democrática y justicia transicional. En el 2001, el gobierno interino estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y el año 2000. Aunque la CVR poseía un mandato amplio para investigar «otros crímenes y violaciones graves», los comisionados tomaron una decisión deliberada de excluir la campaña de esterilización patrocinada por el Estado de su Informe final del 2003. Al omitir las esterilizaciones forzadas, el Estado peruano borró efectivamente la violencia reproductiva infligida a cientos de miles de mujeres indígenas de la memoria colectiva oficial del país. Esta exclusión reforzó una jerarquía de victimización, señalando que la mutilación reproductiva de mujeres quechuas marginadas no merecía el mismo reconocimiento legal o histórico que otras atrocidades cometidas en tiempos de guerra. Hubo que esperar hasta diciembre del 2021, cuando un juez finalmente abrió una investigación penal preliminar contra Kenyo Fujimori y sus exministros de salud - Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta - por su papel en las muertes y lesiones graves de miles de víctimas. Sin embargo, el proceso legal nacional fue descarrilado repetidamente por maniobras políticas. En diciembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia del Perú anuló por completo el proceso judicial tras una demanda de Aguinaga, devolviendo la investigación de décadas a la fiscalía para que fuera presentada nuevamente. Ese mismo mes, Fujimori fue liberado de prisión tras el restablecimiento de un indulto humanitario por sus otras condenas por violaciones a los derechos humanos, sin haber enfrentado nunca un juicio por la campaña de esterilización, muriendo al año siguiente sin ser juzgado por estos crímenes. Pero el hampa fujimorista, también tenía otros intereses, como el reforzar sus lazos con el narcotráfico - iniciada en 1992 - posibilitando que el contrabando masivo de drogas a cargo de Vladimiro Montesinos fuera pan de cada día en el Perú (Próximo capitulo: Secretos del narcoavión)
