La inseguridad ciudadana que se ve en el país andino es de tal gravedad que ha llamado la atención de diversos medios europeos - en este caso The Economist - que le dedica una amplia entrada al tema, el cual debido a su interés os presento traducido y entrecomillado ¿vale?: “Los peruanos han visto cómo su país se hunde en una creciente ola de criminalidad en el último año. La delincuencia venezolana proveniente de las cárceles chavistas - y que llegaron por millones a partir del 2016 cuando el por entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski les abrió las fronteras de par en par, argumentando ‘que escapaban de una dictadura’ - dominan actualmente Lima y otras ciudades costeras, exigiendo “cuotas de protección” a negocios de todo tipo, desde tiendas minoristas hasta empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar. En paralelo, el narcotráfico crece en la Amazonía peruana y las bandas criminales están tomando control de minas en los Andes. Todo ello con la abierta complicidad de jueces y fiscales - los llamados caviares por su claro sesgo ideológico de izquierda - que liberan a esos criminales al día siguiente de ser detenidos por la policía. Así ¿cómo se les va a combatir? Ante esta situación que evidentemente se ha salido de control, la Presidenta Constitucional Dina Boluarte no ha tenido mejor idea que declarar continuamente el estado de emergencia en el país, ordenando que el ejército salga a las calles para apoyar a una policía que se ha visto sobrepasada en su capacidad para combatir al crimen, pero nada ha cambiado y la delincuencia - que se siente empoderada - sigue haciendo lo que les da la gana. Previamente, el 25 de marzo, la señora Boluarte convocó a elecciones generales para dentro de un año, asegurando que busca poner fin a la inestabilidad del país. Cabe precisar que el orden público nunca ha sido el fuerte del Perú. La economía informal sigue siendo enorme, la justicia se encuentra politizada, la policía está plagada de corrupción y muchas personas dependen de la cocaína y el oro ilegal para sobrevivir. La actual ola de violencia demuestra que si no se reforma el Ministerio Público expectorando a los caviares, la situación aún puede empeorar más de lo que está. Pero no hay decisión política para hacerlo ni en el Gobierno ni mucho menos en el Congreso, que son los únicos que pueden hacerlo. En el 2024, los asesinatos por encargo representaron la mitad de los homicidios, que se han duplicado en cinco años. Los casos de extorsión se han multiplicado por ocho, a pesar de que muchas más víctimas no denuncian por temor. Quienes lo hacen, a menudo descubren que los extorsionadores se enteran en pocas horas y los ultiman a balazos. ‘Las bandas tienen mejor inteligencia que la policía’, afirma Katherine Gómez, administradora de un mercado donde casi todos los comerciantes son extorsionados. El innegable que el aumento del crimen está afectando seriamente a las empresas legítimas. ‘Nunca habíamos visto este nivel de penetración de la minería ilegal’, comenta Pablo de la Flor, representante de La Poderosa, la mina de oro más grande del país. En los últimos tres años, grupos armados han asesinado a 18 trabajadores de la compañía y destruido 17 torres de transmisión eléctrica clave para sus operaciones. Por cierto, el Perú no es el único país de la región que enfrenta el caos. En Ecuador, al norte, nuevas rutas del narcotráfico han disparado los índices de criminalidad. Pero en Perú, la situación se debe a múltiples factores: las secuelas de la pandemia del Coronavirus llevaron a muchos delincuentes a dedicarse a la extorsión; el sistema de justicia colapsado y las cárceles saturadas no ayudan; y el tráfico de armas se ha intensificado. A ello debemos reiterar la politización del Ministerio Público, donde los caviares protegen a los delincuentes, pero a su vez persiguen con saña y alevosía a integrantes de las fuerzas del orden que solo cumplen su deber. Para ellos si decretan la cárcel, pero cuando se trata de la lacra venezolana, disponen su libertad inmediata ‘ya que se les ha afectado sus derechos’ (?) con el claro propósito que sigan delinquiendo para que aumente así el clima de inseguridad en el Perú que esperan, produzca el colapso del Gobierno - de donde fueron echados tras la ignominiosa caída del golpista Pedro Castillo - y puedan volver al Poder para seguir viviendo a costa del Estado. Su estrategia desestabilizadora está clara. Lo más preocupante - como anotamos líneas arriba - es la nula reacción de los políticos peruanos para combatir a esas bandas criminales. Y es que al estar en un año electoral, seguramente no quieren indisponerse con sus “electores”. Hacen promesas que se las lleva el viento mientras no se construyen nuevas cárceles, mientras las existentes están sobrepobladas. Cuando se sugiere reabrir El Frontón y Yanamayo, los autoproclamados ‘defensores de los derechos humanos’ salen al frente para oponerse rotundamente a ello, demostrando su complicidad con la delincuencia. Eso no es nada nuevo, ya lo hacían en la época del terrorismo, donde se colocaban abiertamente del lado de Sendero. ¿Será Perú el próximo Ecuador? Aunque su tasa de homicidios aún es más baja si se les compara, el impacto podría ser mayor debido a su población y economía más grandes. Mientras, la emigración ya va en aumento. Los expertos creen que aún es posible controlar la crisis, pero se requiere una voluntad política que hasta ahora ha brillado por su ausencia, tal como señala Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. No es de extrañar que muchos peruanos sueñen con un líder de “mano dura” como Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. Es más, en algunas zonas populosas de Lima, puede leerse en grandes letras rojas “el Bukele peruano” pintado en los muros, como un grito desesperado por un líder firme que imponga el orden que no ven por ningún lado. Entretanto, más de 40 partidos políticos - demostrando la precariedad de su democracia - se han inscrito para las elecciones del próximo año. El que suene más parecido a Bukele, bien podría ganar” puntualiza la nota. Por cierto ¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador? Ese país parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose? En el 2015, El Salvador era catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio del 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal. El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio a 20 días de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron. "Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios", dijo en el 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes. Pero las dos principales pandillas - Mara Salvatrucha y Barrio 18 - ordenaron en varias ocasiones "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre del 2019, abril del 2020, octubre del 2020 e inicios del 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local. El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales. El gobierno, que había sido cuestionado por aparentemente negociar con estos grupos, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo de 2022 la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales. A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. A su vez, el gobierno pidió al Legislativo la aprobación del régimen de excepción y depurar el Órgano Judicial, al que considero como cómplice del crimen organizado, tal como ocurre actualmente en el Perú. Tras una purga masiva de jueces y fiscales, también fueron creados 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos en el régimen de excepción. Asimismo, se reformo el Código Penal y Procesal Penal, introduciendo la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción. Además se construyeron cárceles de alta seguridad donde los criminales encadenados, rapados y en cueros son encerrados de por vida sin contacto alguno con el exterior. La finalidad es que sufran hasta el final de sus días el mal que le han hecho a la sociedad. De esta manera, el ‘modelo Bukele’ logro reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7,8 en el 2022, según cifras oficiales. Para este año, el mandatario informó que la tasa de los homicidios prácticamente ha desaparecido, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina en base a esas estadísticas. Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado, mientras que el apoyo a Bukele supera el 95%. Siendo la formula tan fácil de replicar ¿Por qué no lo repiten en el Perú? La señora Boluarte, en lugar de pretender asistir a los funerales de un hereje en El Vaticano - lo que finalmente no pudo hacer porque se lo negó el Congreso - bien podría si quisiera, poner en práctica el Plan Bukele ya mismo ¿A que le tiene miedo? Es como si viviera en otro mundo mientras su país se cae a pedazos. Simplemente no lo entiendo.
Dispuesta a convertirla en un gran cementerio, Abimael Guzmán y sus hordas asesinas de Sendero Luminoso centraron sus ataques en Lima, la capital del país, de una manera salvaje, brutal y desenfrenada con una serie de sangrientos atentados de gran magnitud nunca antes vistos, convencido que solo mediante el terror a gran escala iba a conseguir su propósito de instaurar sobre ríos de sangre su “república popular de nueva democracia” que iba a empequeñecer el genocidio polpotiano en Camboya… y valgan verdades, estuvo a punto de lograrlo. En efecto, era 1992 y nadie que haya vivido en ese instante en los edificios ‘Tarata’, ‘Residencial Central’, ‘El Condado’, ‘San Carlos’ y ‘San Pedro’, en la calle Tarata, en Miraflores, podía imaginar que la noche del jueves 16 de julio sentiría el infierno sobre la tierra. Lo ocurrido en esa oportunidad fue una historia trágica y, a la vez, significó el final de siete meses continuos de inmisericordes atentados demenciales en Lima. Guzmán consideraba que se debía pasar a una etapa de "equilibrio estratégico" en su objetivo de capturar el poder. Solo entre enero y julio de ese año, los terroristas habían hecho estallar nada menos que 37 coches-bomba en la ciudad que ocasionaron decenas de muertos. Lima entonces parecía una zona de guerra y los ciudadanos sus víctimas indefensas. Era la ofensiva más intensa desatada por Sendero contra la capital peruana, que incluyeron: el atentado con coche bomba contra la sede principal del canal de televisión Frecuencia 2, en la avenida Salaverry del distrito de Jesús María, ocurrido el 5 de junio. El hecho se llevó a cabo cuando un camión de la Marina de Guerra - el cual había sido robado dos horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita y ANFO - se dirigió hacia la fachada de la mencionada televisora y estalló, dejando sus instalaciones destruidas; el asesinato de María Elena Moyano, la denominada "madre coraje", una conocida dirigente popular de un barrio marginal, a quien luego de acribillarla a balazos, hicieron volar su cuerpo con dinamita; Pero el peor de los atentados senderistas ocurrió, ciertamente, en la segunda cuadra de la calle Tarata, en Miraflores. Eran las 9 de la noche, aproximadamente, de ese 16 de julio de 1992, cuando la ferocidad homicida de SL castigó duramente la pequeña y estrecha calle. La onda expansiva afectó también una zona amplia de esa parte del distrito de Miraflores. Y es que, a la violenta explosión de un primer automóvil en el interior de la calle, le siguió un segundo coche-bomba que estalló en la esquina de Tarata y Alcanfores. La explosión de 400 kilos de ANFO y dinamita en plena calle destruyó no solo viviendas multifamiliares y locales comerciales sino también otros vehículos y agencias bancarias a 300 metros a la redonda. En Miraflores, no solo fueron afectados los edificios ya mencionados; en igual o menor medida lo fueron los hoteles Las Américas, César’s y Diplomat; los bancos Continental, De Crédito, Popular, Industrial, Del Sur, Interbank, Mutual Perú; así como las tiendas Mass, Scala, Studium, Galerías Persia, Le Baron, La Americana, Galerías Larco, La Pluma de Oro, entre otros locales ubicados a varias cuadras de distancia de la calle Tarata. La Policía Nacional del Perú (PNP) cumplió su rol e informó que habían sido detenidos, en las cercanías del lugar del atentado, dos presuntos terroristas de SL: un hombre, en la calle Shell, tras un tiroteo con vigilantes del Banco de Crédito; y una mujer, a tres cuadras de donde se produjo el estallido. La búsqueda de otros senderistas fue incesante y daría sus frutos posteriormente. Pero esa noche fue difícil conciliar el sueño en Miraflores, en Lima y en casi todo el país. Lo ocurrido en la calle Tarata de Miraflores fue inconcebible, con 25 muertos y 155 heridos; además de las 360 viviendas seriamente afectadas. Sin embargo, tras la conmoción que causó el atentado de la calle Tarata se pasó a la indignación y a una masiva movilización ciudadana contra una organización que ya había causado miles de muertos desde 1980 en el país andino. El ataque permitió a los capitalinos tomar la dimensión de la violencia senderista que asolaba al país, al haber golpeado en el distrito símbolo, si se quiere, de Lima y recién tomaron conciencia de la brutalidad del terrorismo, al sentir en carne propia lo que durante una década habían sentido los pobladores al interior del país. Por cierto, Abimael Guzmán nunca dio ni una mínima señal de arrepentimiento ni pidió perdón a sus víctimas, ni al país en general, por los crímenes como el ocurrido en la calle Tarata. Tampoco lo han hecho nunca los miembros de la dirigencia de Sendero Luminoso que lo sobreviven. Al contrario, o los han justificado como parte de una “guerra popular” o los han presentado, en todo caso, como “un simple error táctico”. Eso es lo que argumento el propio cabecilla senderista durante su interrogatorio tras su captura, afirmando que el objetivo era la sede del Banco de Crédito, a una cuadra del lugar. Visto desde fuera del país, la situación que se vivía en el Perú era verdaderamente preocupante porque muchos gobiernos temían que esa violencia podría expandirse a sus países por lo que para evitarlo, el por entonces presidente argentino Carlos Saúl Menen solicito a los EE.UU. “liderar una fuerza multinacional que invadiría inmediatamente el Perú si Sendero se hacía con el poder para evitar que se convierta en una segunda Camboya”, donde como recordareis, los genocidas maoístas del Krmer Rojo asesinaron a la mitad de la población (un millón y medio de los tres que eran originalmente) durante su breve y sangriento régimen de 1975 a 1979, y si no los mataron a todos cuál era su vil propósito - “para empezar desde cero” como propugnaba un enloquecido Pol Pot, a quien admiraba Guzmán - es que fueron invadidos por los vietnamitas, quienes los derrocaron. Paradójicamente, el sangriento atentado de la calle Tarata fue el inicio del fin del grupo terrorista, ganándose el rechazo general y el repudio a sus atroces crímenes. Ciego ante la realidad, Guzmán se creía invencible, pero lo que no sabía es que su hora de rendir cuentas estaba cerca (Próximo capítulo: La caída del Sol)
