Llegó el momento más esperado por todos, ya que el 4 de marzo se inicia por fin el juicio oral a un delincuente terrorista, que llegado al poder mediante el fraude en el 2021, intento dar un autogolpe de Estado para eternizarse en el cargo, fracasando miserablemente en su intentona y capturado en plena huida por las calles de Lima, fue recluido en prisión en espera de ser juzgado por sus múltiples delitos… y ese momento ha llegado. Nos referimos como podéis imaginar al golpista Pedro Castillo, aquel infeliz que deberá responder ante el juez por sus actos y para quien la fiscalía solicita 34 años de prisión. En efecto, luego de más de dos años de investigación, ese oscuro individuo - quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo- se sentará en el banquillo de los acusados por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. También serán juzgados sus co-acusados la rabiosa maoísta Betssy Chávez (exjefa del Gabinete), el viejo prostático Aníbal Torres (entonces asesor de la PCM y ex primer ministro) y el impresentable Willy Huerta (extitular del Interior). Para tal efecto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para el próximo 4 de marzo, a las 09:00 am, el inicio del juicio oral contra el golpista y sus secuaces. El Ministerio Público acusa al burro chotano de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública y pide una condena de 34 años de prisión. Mientras que a los demás implicados se les acusa de rebelión y se enfrentan a pedidos de 25 años de prisión, salvo Torres, para quien solicita 15 años. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema informó además que el juicio se llevará a cabo, de manera mixta, 3 veces por semana (martes, jueves y viernes) inicialmente en forma presencial en el penal de Barbadillo, en Ate, donde está recluido Castillo, tras la ignominiosa caída de su régimen. Cabe recordar, que la Fiscalía de la Nación acreditó a 41 testigos, mientras que los acusados presentaron 25. También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados, así como 16 objetos de convención probatoria y más de 70 documentos probatorios de todas las partes. De esta manera, tanto Castillo, como Torres, Chávez y Huerta, así como tres policías: el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón, que participaron en el complot, serán juzgados por este tribunal. Por cierto, en este proceso también estaba implicado el exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista, Roberto Sánchez. Sin embargo, hace unos días la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aceptó, en segunda instancia, un recurso para excluirlo del proceso. Para él, la fiscalía solicitaba una pena de 25 años. Por cierto, en la resolución que cita a la audiencia de inicio de juicio, que tiene fecha del 31 de enero, sí se incluye a Sánchez como uno de los acusados por el golpe de Estado. Debido a ello, el abogado del exministro, Carlos García, explicó que en los próximos días se eliminaría el nombre de Sánchez del auto de enjuiciamiento o, en su defecto, el día del inicio del juicio oral se daría cuenta de la decisión. En julio del 2024, el Poder Judicial había declarado infundado el recurso con el que el congresista buscaba archivar el proceso en su contra por los hechos del 7 de diciembre. Sin embargo, esa decisión fue revocada y declara fundada en segunda instancia, por lo que Roberto Sánchez ya no irá a juicio. Como recordareis, por los hechos luctuosos del 7 de diciembre, Castillo fue detenido en flagrancia cuando se dirigía cobardemente a refugiarse en la embajada de Méjico, pero interceptado el vehículo por la policía, quienes metralleta en mano lo obligaron a salir del coche donde se encontraba y esposarlo como a cualquier criminal de su calaña, fue llevado inmediatamente a la Prefectura de Lima y encerrado en una oscura celda. Luego de ello, se le impuso prisión preventiva, medida que durará hasta diciembre del 2025. En enero pasado, la fiscalía cerró su investigación de este caso y presentó su acusación contra este miserable por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La acusación contra Castillo y sus cómplices abarca los hechos previos, durante y luego del golpe del 7 de diciembre. En la previa, se considera el contexto de un pedido de vacancia en el Congreso contra el corrupto filosenderista, la aparición de testigos o colaboradores que lo implicaban en actos de corrupción y reuniones entre este sujeto y sus entonces ministros en la jornada previa a su discurso golpista, que leyó con manos temblorosas. Según la acusación de la fiscalía, Castillo, Torres y Chávez colaboraron para escribir el mensaje golpista, aunque desde entonces lo nieguen cínicamente. Ya en lo referido al día del golpe de Estado, la acusación aborda las reuniones entre los procesados en Palacio de Gobierno, los intentos para cambiar al jefe del Ejército y que los seguidores castillistas lleguen hasta la sede del Ejecutivo. Igualmente aborda las coordinaciones para que el discurso se transmita en señal nacional, y la lectura del texto con el que el golpista buscó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Finalmente, las circunstancias posteriores describen las órdenes de Castillo para plasmar su golpe, las renuncias sucesivas de los ministros tras el mensaje, los pronunciamientos de la PNP y las FF.AA. que repudiaron al golpista, quien sabiéndose perdido, pretendió refugiarse en la embajada de Méjico, pero no lo logro. Allí también se apunta al papel de los policías acusados, quienes tenían la tarea de impedir el ingreso de legisladores y trabajadores al Congreso, en línea con el discurso golpista de Castillo. Por todo ello, se le acusa, junto a Chávez, Torres y Huerta de haber acordado “disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú” sin que se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución para ello. Del total de testigos, 24 darán testimonios sobre Castillo, el principal acusado. De ellos, algunos también declararán sobre los otros procesados. Entre estos testigos están los exministros Alejandro Salas, Emilio Bobbio y Heidy Juárez, quienes declararán sobre la convocatoria que se hizo a los miembros del gabinete para que vayan a Palacio de Gobierno antes del golpe, sobre lo que se dijo allí y sobre quiénes estuvieron presentes. También serán citados los periodistas de TV Perú que fueron llevados al Despacho Presidencial para la transmisión del mensaje golpista, así como directivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y funcionarios de Palacio de Gobierno y de la PCM. Otros testigos están vinculados a la Policía Nacional del Perú para dar cuenta sobre las órdenes dadas ese día por Castillo. También se citará al que era el alto mando de las Fuerzas Armadas al momento de los hechos y a funcionarios del Ministerio de Defensa. Además, declararán dos peritos del Ministerio Público. Se le viene la noche al golpista... Y lo pagará caro.
