Hasta el pasado martes 4 de agosto, Colombia era uno de los pocos países de la región donde quienes los gobernaron parecían figuras intocables. Sin embargo, esta realidad dio un giro tan dramático como inesperado y llegó un momento que pocos creyeron posible: En efecto, la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial colombiana, ordenó la detención domiciliaria del ex-presidente Álvaro Uribe, el cual por la gravedad de sus delitos es conocido con justa razón como “el Fujimori colombiano”. Los actos ilícitos por los que se lo investiga fueron cometidos entre 2015 y 2019 en el curso del proceso que se le seguía por su papel protagónico en la formación de grupos paramilitares, responsables de Crímenes de Lesa Humanidad. Agente a sueldo de los EE.UU. y conocido capo del narcotráfico, convirtió a Colombia en la punta de lanza del imperialismo en la región, obsesionado con derrocar a la Revolución Bolivariana de Venezuela, llamando continuamente a una intervención militar estadounidense para “restaurar la democracia” en el país vecino. Sin embargo, su aparatosa caída, es un espejo de la historia reciente de Colombia. La decisión, que sacudió al país con fuerza, llegó justo en la semana en que se cumplen dos años de gobierno de Iván Duque, quien es discípulo político de Uribe, pertenece a su partido de tendencia ultraderechista - llamado paradójicamente ‘Centro Democrático’ -y, apenas se anunció la captura de su jefe, dio un lamentable espectáculo al salir en su defensa, lo cual ha sido duramente condenado por la sociedad colombiana. El momento político de Duque tampoco es el mejor. Su gobierno no ha logrado mayores logros y Colombia está sumida en una crisis económica y social sin precedentes, agudizada por la pandemia del Coronavirus. El manejo que le ha dado a esta situación no ha sido efectiva y solo ha agravado las cosas. Es mas, la desastrosa gestión de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, es muy cuestionada y su relación con Duque es tensa. Cabe resaltar que las cuentas pendientes de Uribe - jefe político de Duque y Ramírez - con la justicia colombiana se remontan a varias décadas atrás, cuando era gobernador del departamento de Antioquia. Desde entonces era conocida su cercanía con grupos paramilitares que se formaron para enfrentar a la guerrilla. De hecho, su padre fue ajusticiado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que muchos analistas defienden la tesis de que Uribe siempre ha buscado una venganza personal. Durante su segundo período presidencial estalló el primer gran escándalo en su contra: se comprobó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo estatal de inteligencia, espió a los magistrados encargados de investigar la estrecha relación entre Uribe y los grupos paramilitares. También se comprobó que varios congresistas fueron sobornados para aprobar su ilegal proceso de reelección, el cual no existía en Colombia hasta entonces. Pero la sed de sangre y su absoluta falta de escrúpulos quedó al descubierto al revelarse el escándalo de los falsos positivos, una serie de ejecuciones extrajudiciales instauradas desde el 2002, propiciadas por su ‘estrategia’ de otorgar premios a los soldados que asesinaran a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haciéndolos aparecer luego como “muertos en combate”. Los alcances de esta atrocidad fueron más allá de la evidente corrupción de las fuerzas armadas, que supone la degradación de los soldados colombianos en cazarrecompensas, ya que los uniformados no se limitaron a emprender la cacería humana contra grupos guerrilleros a la cual los instaba el gobierno de Uribe: corrompidos por esta lógica perversa, comenzaron a asesinar a sangre fría a los campesinos de las regiones donde se encontraban desplegados, y a presentarlos como si fueran integrantes de alguno de los grupos rebeldes, para luego cobrar el premio ofrecido. De esta manera, cerca de 10 mil personas fueron asesinadas a consecuencia de esta política criminal. Como queda patente, Uribe encuentra tanto su modo de vida como su razón de ser en la guerra y la muerte, lo cual explica su feroz oposición a cualquier intento de poner fin a la violencia que azota a Colombia. En efecto, cuando terminó su presidencia en el 2010 y empezó su carrera como senador, se convirtió en el gran opositor del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, acusando a su sucesor, Juan Manuel Santos, de ser ‘benevolente’ con los guerrilleros, saboteándolo por todos los medios a su alcance. Criticó, especialmente, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional creado para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Uribe acusó sin prueba alguna a este tribunal “de politizar la justicia y de tener lazos con la izquierda”, temeroso de que algún día se supiera toda la verdad. Y esta llego en el 2011, cuando su situación judicial se complicó gravemente. Según una investigación realizada, el congresista Iván Cepeda presentó en la Fiscalía la declaración de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve - ex mayordomo de la finca de Uribe - en la que afirmaban que el este y su hermano Santiago habían participado en la fundación del grupo autodenominado ‘Autodefensas Unidas de Colombia’. Éstas fueron una suerte de federación de grupos terroristas de extrema derecha que operaron de 1997 al 2004. Mediante ligas estrechas con los cárteles del narcotráfico liderados por el propio Uribe, las AUC se integraron con el fin de combatir a las guerrillas que amenazaban a la oligarquía rural, pero también para exterminar a los pueblos indígenas y campesinos que resistían el despojo de tierras emprendido por los propios terratenientes y sus socios del crimen organizado. Al ser descubierto, Uribe acusó a Cepeda - hijo de Manuel Cepeda, un político asesinado por los paramilitares - “de fabricar estos testimonios” y pidió una investigación. Sin embargo, ocho años después, la Sala Penal de la Corte Suprema exoneró a Cepeda y anunció, a su vez, una investigación a Uribe por manipular la información. Desde entonces - siguiendo la misma táctica empleada por otros requisitoriados por la justicia - se declaró como “perseguido político” por la Corte Suprema, la JEP y la Fiscalía, pero de nada le valió. En el 2018, se inició una investigación formal en su contra. Se supo además que Diego Cadena, abogado de Uribe, había presionado y sobornado a varios testigos que tenían pruebas comprometedoras contra su patrocinado. Al respecto, el periodista Daniel Coronell ha documentado minuciosamente las acciones de Cadena y presentó pruebas irrefutables de la manipulación de testigos y el fraude procesal cometido. La contundencia de las evidencias contra Uribe era tal que la corte decidió emitir inmediatamente una orden de arresto en su contra. Esta es una medida preventiva para que no huya del país ni intente obstruir la investigación. Al enterarse de la orden de captura, Uribe declaro “que había sido infectado por el Coronavirus” por lo que los jueces dispusieron que cumpla arresto domiciliario. Mientras tanto, el proceso sigue su curso y la corte debe evaluar todas las pruebas para llegar hasta una sentencia: Uribe no está protegido por el fuero presidencial y acaba de perder su curul en el Senado por el juicio, según una decisión dada a conocer este jueves por la Corte Suprema por el cual se le suspende automáticamente de su cargo. Cepeda, su gran opositor, dijo: “Es un momento importante para Colombia en un proceso que empezó hace ocho años. Se han presentado todo tipo de pruebas en su contra que acreditan fehacientemente su culpabilidad en todos los cargos que se le imputan y que le garantizan muchos años en prisión”. De momento, Uribe se encuentra recluido en su inmensa hacienda, fuertemente protegido por su equipo de seguridad en espera de su juicio. Sus defensores dicen que “es un exabrupto que esté detenido mientras que los antiguos líderes de las FARC no han pagado un solo día de cárcel”. El argumento es absurdo ya que los guerrilleros sí se sometieron a un proceso legal a través de la JEP, mientras que Uribe debe enfrentarse a la justicia ordinaria ya que su culpabilidad en todos los atroces crímenes por los que se le acusa, esta ampliamente demostrada. Es por esos motivos que mas allá de estas discusiones y de los odios que genera uno de los personajes más siniestros engendrados por la ultraderecha del continente, su detención es histórica. La medida de aseguramiento a Uribe es una respuesta a sus comprobados vínculos desde hace décadas con todo tipo de delitos y acciones fuera de la ley. Que la Corte Suprema haya tomado la decisión de actuar en contra del narcotraficante más poderoso de Colombia y cabecilla de los paramilitares, marca un precedente en un país donde la impunidad parecía ser la regla. A la cárcel con el delincuente :)
