Si la semana pasada dimos a conocer la intentona golpista preparada por la mafia caviar desde el Ministerio Público, toca referirnos en profundidad precisamente a ese cuestionado organismo que se ha convertido en el último reducto de esos parásitos que con la complicidad de la prensa basura buscan desesperadamente a como dé lugar desestabilizar al Gobierno constitucional de la señora Dina Boluarte, e intentar regresar al Estado para seguir robando y de donde fueron echados tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista de Pedro Castillo. Copada por magistrados inútiles e incompetentes, se ‘autoperciben’ como un cuarto poder, los cuales han convertido a la justicia en un instrumento de la política y utilizarlo para sus protervos fines, persiguiendo con saña y alevosía a sus adversarios, pero a su vez ‘blindando’ a los suyos poniéndolos a salvo de cualquier investigación judicial convirtiéndolos prácticamente en intocables, como sucede con Gustavo Gorriti de IDL, que por cierto, recibe jugosas “donaciones” de parte de George Soros para comprar jueces y fiscales. No es de extrañar por ello que Fiscalía de la Nación (FN), se encuentra bajo la influencia ideológica y política de esa “costra infecta” entrando a su más bajo nivel de deterioro con las selectivas acciones contra quienes considera sus enemigos declarados: los políticos de derecha y el gobierno. ¿Cuál es la otra razón del envalentonamiento fiscal? Es el cambio de Constitución Política (CP) del 79 a la del 93. Veamos. En la CP del 79, los fiscales tenían la función de “vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial” (Art. 250-5 CP 1979), que lo hacían muy bien. Luego, extrañamente, en la CP 93 pasaron a “conducir desde su inicio la investigación del delito” (Art. 159-4 CP 93). Como recordareis, la hazaña de la captura del genocida Abimael Guzmán en septiembre de 1992, demostraba que la investigación policial pasaba por su mejor momento con profesionales investigadores o pesquisas de primer nivel, entonces, no hubo razones para ese cambio tan absurdo que hubo y que hoy pasa factura a los peruanos con el desmesurado crecimiento del crimen ‘importado’ de Venezuela desde la época del conocido lobbysta y traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski (judío como Gorriti) quien irresponsablemente abrió las fronteras de par en par a esos indeseables y que hoy son millones en el Perú, desatando el terror y la violencia en sus ciudades como jamás se había visto. Antes de este cambio de la CP, el poder de la investigación del delito estaba en manos de tres autoridades: policía, fiscal y juez. Hoy solo lo tiene el fiscal. Luego vino el Código Procesal Penal 2004, un armatoste que les permitió tratar de construir su propia policía política (como el infame Eficopp); inventarse nuevas funciones como la de “prevenir” creando inconstitucionalmente las “fiscalías de prevención” (Art. 166 CP 93 La Policía previene, investiga y combate los delitos), y armando sus propios laboratorios criminalísticos; es decir, una clara voracidad por la función policial para incrementar su poder. Detrás de todo esto, como siempre, los caviares, intentando sacar provecho de ello. Entonces, estos autoproclamados “superpolicías”, “fiscales”, “peritos” y “jueces”, comenzaron a arremeter contra todo el que saque la cabeza del lado derecho del espectro político. Si no, veamos cómo Gorriti y su pandilla de roedores de IDL, los fiscales Vela y Pérez, su nueva millonaria la exfiscal Marita Barreto, y el “absuelto” el inefable exfiscal de la nación Pablo Sánchez, no son tocados para nada, a pesar de la existencia de múltiples pruebas que acreditan su participación en una serie de delitos y que en un país donde se respeta las leyes, hace mucho tiempo estarían pudriéndose en la cárcel. Asimismo, a sujetos de la calaña de Kuczynski y Vizcarra como a la tiparraca de Susana Villarán por ejemplo, que han admitido recibir millones de dólares de parte de la corrupta Odebrecht nadie los molesta y siguen gozando impunemente de libertad. Por el contrario, si se trata de sus adversarios políticos, allí sí que son muy solícitos, realizando burdos, apresurados e inconsistentes “allanamientos espectaculares” y televisados contra Keiko Fujimori, la familia Boluarte y por último el ministro del Interior, Juan José Santivañez, a quien allanan por… “abuso de autoridad”, con un odio descomunal que solo se parece a la que profesan los comunistas, que se caracterizan por su “odio de clase”. Otra de las obsesiones de la fiscalía caviarizada, como es obvio imaginar, son los miembros de las fuerzas del orden. Las aberrantes fiscalías de “derechos humanos e interculturalidad”, siguen abriendo todos los días nuevos procesos a militares y policías por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años, al tiempo que liberan cotidianamente a malhechores capturados en flagrancia, quienes son liberados ipso facto para seguir delinquiendo. La culpa entonces de la actual ola delincuencial que agobia al país no es culpa de la policía ni del Gobierno - como la prensa basura quiere hacer creer con sus vomitivas campañas mediáticas - sino de jueces y fiscales caviares quienes los sueltan al instante tras ser detenidos por las fuerzas del orden. Así, ¿Cómo se pretende acabar con esta lacra que se siente evidentemente protegida por el Ministerio Público? Es por ese motivo que el Congreso y la JNJ deben poner orden y reorganizar al MP ya mismo, arrancando de raíz la “costra putrefacta” caviar que hoy dirige esa institución, defenestrando fiscales supremos y superiores y eligiendo una nueva generación de jóvenes magistrados probos y desideologizados, y así evitar que se siga politizando la justicia y que el país devenga en ingobernable. Como sabéis, la mafia caviar no vacila en violar la Constitución y las leyes para conseguir sus objetivos, destruyendo la débil institucionalidad. Cuando se trata de defender sus sórdidos intereses, los caviares no vacilan, arrasan con la legalidad y se escudan con individuos y grupos de la más baja calaña. Con esos métodos, han logrado un poder inmenso en los últimos años, a pesar que carecen de respaldo ciudadano. Ello es palpable cuando participan en elecciones donde sus resultados siempre son ínfimos. Por eso ahora se han afincado cual garrapatas en el único poder del Estado que no es elegible por voto popular, el sistema judicial. Como es obvio, si los mecanismos legales y constitucionales son pisoteados cotidianamente y esa mafia sigue ilegalmente atrincherada en la fiscalía y el Poder Judicial, la crisis política que paraliza al país andino seguirá indefinidamente. En síntesis, sino se hace una limpieza radical de la fiscalía capturada por los caviares, no se podrá ganar la lucha contra la delincuencia… A por ellos. (Una buena noticia que no puede ser pasada por alto es la decisión del Congreso de aprobar la nueva Ley de fiscalización de las ONG’s, una de cuyas cláusulas es el artículo que impedirá a ONG’s como IDL, llevar casos judiciales contra el Estado, por lo que no podrán asumir la defensa legal de casos civiles, ni penales de los terroristas, y ya no podrán seguir recibiendo jugosos honorarios provenientes de dinero de fuentes externas que por cierto, serán severamente fiscalizados. Se trata sin duda alguna de un duro golpe al bolsillo de esas organizaciones criminales #CaviaresNuncaMas)
