Una buena noticia dada a conocer en medio de la campaña desestabilizadora de la prensa basura y los parásitos caviares contra el Gobierno, es la promulgación de la Ley N.º 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados como adultos por delitos graves. Como sabéis, esta norma fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, la cual modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario, y que fue publicada en el diario oficial El Peruano para su entrada en vigencia. Con esta reforma, el Estado busca responder a los delitos cada vez más violentos en los que participan sicarios adolescentes, quienes hasta ahora eran sancionados con ridículas medidas ‘socioeducativas’ (?) incluso en casos de extrema gravedad, pero al cumplir la mayoría de edad – 18 años – salían libres. La ley también establece un tratamiento penitenciario diferenciado para este grupo etario, orientado “a su posible rehabilitación”, lo cual ha quedado demostrado que es imposible. La ley modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves. Entre los más de 30 tipos penales incluidos figuran el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas y delitos vinculados al terrorismo y al narcotráfico, en las cuales los menores participan activamente, porque saben que las leyes eran benignas con ellos y así roben, violen o maten, jueces y fiscales caviares los dejaban libres de inmediato para que sigan delinquiendo con total impunidad. Ello se acabó. Asimismo, la responsabilidad penal se aplicará sin necesidad de un régimen especial, aunque se podrá considerar la edad del infractor para atenuar la pena en ciertos casos. Para delitos de alta gravedad, la sanción ya no será únicamente educativa, sino que podrá conllevar pena privativa de libertad según las reglas del sistema penal ordinario, incluida la cadena perpetua. El cambio legal introduce un sistema de tratamiento penitenciario específico para internos de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y científico. Este sistema incluirá acciones terapéuticas, educativas y de desarrollo personal, “con la finalidad de reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social de los jóvenes infractores” como si estos delincuentes tuvieran remedio, ya que estos ‘perfeccionan’ sus habilidades delictivas en la cárcel. Los adolescentes condenados serán separados de los adultos en los centros penitenciarios, y se implementarán programas adecuados a sus características personales. Esta separación -conocida como sistema de individualización científica - busca evitar influencias negativas y propiciar un entorno rehabilitador, sin que ello excluya sanciones severas para los crímenes más graves. En casos como el sicariato o la violación sexual seguida de muerte, la pena puede ser de hasta ocho años de internamiento. El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, fue enfático en justificar la necesidad de esta reforma. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, expresó. Además, destacó que este nuevo marco legal no solo endurece las penas, sino que también promueve una reinserción responsable: “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”. Desde el Congreso, la norma ha sido presentada como una respuesta firme frente a la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado y un paso clave para recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana. Según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef), más de 640 homicidios se han reportado en el país solo en los primeros meses del 2025, una cifra que representa un incremento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte evidencia una preocupante escalada de violencia que ha generado alarma en las autoridades y en la población. A pesar de las medidas adoptadas, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la criminalidad continúa creciendo y afectando a diversas regiones, lo que pone en duda la eficacia de las actuales políticas de seguridad. En este contexto, el Congreso ha buscado reforzar la legislación penal, como con la reciente ley que endurece las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves, con el objetivo de frenar una tendencia que no da tregua, que cuenta con la complicidad de jueces y fiscales caviares con el claro objetivo de que la situación en el país andino sea ingobernable. Al respecto, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, saludo la iniciativa: “No interesa qué edad tenga el asesino, debe ser sancionado por igual. Para mí son irrecuperables” señalo. “Acá estamos protegiendo al real adolescente, el que no comete delitos está protegido por la ley. Pero uno que comete delitos como violación, sicariato, participar en bandas organizadas, ese ya no es un adolescente, esa es una persona que está agrediendo a la sociedad. Está siendo el enemigo de todos. Entonces, requiere tener las mismas medidas que los adultos", refirió. Estas declaraciones las dio tras conocer que el Poder Judicial rechazó la normativa indicando que cualquier juez podría aplicar el recurso de control difuso "e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales". Dicha posición fue criticada férreamente por el legislador para quien no existe el respeto de un poder del Estado a otro. "El Poder Judicial ha sacado un comunicado realmente espeluznante. O sea, un poder del Estado diciendo que no va a cumplir las normas que ha emitido el otro poder del Estado que es autónomo. Las normas que da el Congreso son para cumplimiento obligatorio de todos y uno de los que tiene que preocuparse de que sea así es el Poder Judicial y no decir que no la va a cumplir y que va a aplicar control difuso. O sea, esto es una insolencia, por emplear la palabra más suave que se me ocurre en este momento", declaró para RPP. Cabe mencionar que la aprobación de esta reforma se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia delictiva en el país. Por su parte, el past decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández, expresó que los menores implicados en delitos como extorsión y sicariato deben ser juzgados como adultos. Manifestó que “debemos tomar el ejemplo de la escuela anglosajona-norteamericana, en la cual los menores con delitos graves son juzgados como mayores y de ser hallados culpables, reciben la misma sentencia. Estados Unidos o Inglaterra ya lo han hecho, y hoy penan hasta con cadena perpetua a menores homicidas. Es un ejemplo a seguir” acoto. Como podéis imaginar, organismos “defensores de los derechos humanos” han salido rápidamente para oponerse a la norma, pero no dicen una sola palabra cuando esos mismos malditos asesinan a la gente en plena vía pública para robarles el celular, colocan bombas en las puertas de los colegios y extorsionan a toda clase de negocios sino les pagan miles de soles “a cambio de seguridad”. Muchas de esas bandas están integradas por menores de edad, que jueces y fiscales caviares pretenden que sigan siendo inimputables. Pero ello se acabó. Si pueden matar gente y aterrorizarlas ¿Por qué no pueden ser condenados por la justicia? Toda acción tiene una consecuencia… Y pobres de aquellas sanguijuelas que se nieguen a condenarlos. Como titulamos al principio: “La ley es dura, pero es la ley”
