El asesinato del aspirante a colaborador eficaz y otrora mano derecha de la corrupta ex alcaldesa de Lima Susana Villarán – implicada hasta el cuello en el Caso Odebrecht y cuyo juicio por fin, se iniciará en septiembre - demuestra hasta qué punto la mafia caviar puede llegar para “silenciar” a quienes considera un obstáculo para sus planes, buscando la impunidad para su protegida, perteneciente a la misma secta. Como sabéis, José Miguel Castro apareció muerto el domingo último y con él se fueron los secretos que sabía sobre los millonarios sobornos que recibió su jefa Villarán de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el 2013, para sus campañas políticas y a cambio de obras públicas. En estricto rigor, Castro aún no era colaborador eficaz. Estaba intentando serlo brindando información de alto voltaje al cuestionado fiscal José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo el caso de Villarán. Eso lo venía haciendo Castro desde hace un buen tiempo, pero el controvertido fiscal sospechosamente aún no terminaba de corroborar sus afirmaciones, para postularlo como tal en el juicio oral que se iniciará el 23 de septiembre próximo. Nadie sabe a qué nuevos personajes, además de Villarán, señaló Castro en su proceso de convertirse en colaborador. Pero ha empezado a trascender que se trataría de varios jerarcas y políticos de la izquierda parasita, del entorno más íntimo de la corrupta exalcaldesa, y que fueron caras visibles en la campaña de la no revocación. De acuerdo a fuentes fiscales, eso explicaría la lentitud del fiscal Pérez, quien es apoyado por los caviares, para culminar y probar los dichos de Castro, a quien los funcionarios brasileños apodaban ‘Budián’.Pero para su alivio, José Domingo Pérez jamás podrá utilizar lo que le contó Castro porque la ley no se lo permite.El conocido penalista Andy Carrión explicó este punto en RPP de una manera clara y concisa: “Lamentablemente, esas declaraciones (de José Miguel Castro) en el marco de la colaboración eficaz no van a poder ser usadas porque no hay una resolución judicial. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz; es decir que, al día de hoy, todavía no se había logrado que un juez homologue, dé la venia, de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”.Agregó que solo se podrán utilizar las que Castro dio en su calidad de acusado, pero muchas de ellas ya se conocían y fueron publicitadas. La semana pasada, Castro fue a la Fiscalía a hablar con José Domingo Pérez. Según una fuente de ese despacho, “a Castro se le notaba molesto y contrariado” seguramente por las amenazas que recibía por parte del entorno de Villarán, que buscaban “silenciarlo” al mismo estilo de la mafia siciliana. Y vaya que lo lograron. La muerte de ‘Budián’ es un sospechoso hecho que se suma a otros en el caso de Susana Villarán, que se ha caracterizado por la extraña lentitud y comportamiento cómplice mostrado por la Fiscalía. No es de extrañar esa actitud, ya que pertenecen a la misma secta caviar.Como recordareis, dicho proceso empezó hace diez años y el juicio oral recién se iniciará en septiembre, pese a que en mayo del 2019 - es decir, ¡hace seis años! - ella misma reconoció públicamente, en una entrevista radial, haber sido sobornada por Odebrecht y OAS. Lo hizo porque existía un audio que la comprometía. De esta manera, la evidencia de su culpabilidad queda al descubierto, pero ni aun así fue colocada bajo arresto preventivo, mientras los años pasaban y el juicio no se iniciaba. De seguro esperaban que sus delitos prescriban y quede impune de sus múltiples delitos. No es de extrañar por ello, que sintiéndose “blindada” por la fiscalía, Villarán se daba la gran vida en su casa de playa hasta que el programa ‘Panorama’ la descubrió in fraganti en su piscina, a pesar de que decía que tenía una enfermedad a la piel, “que le impedía estar expuesta al sol”, un risible argumento que utilizo para evitar esperar el inicio su proceso tras las rejas, como debía ser. Ahora bien ¿Por qué era tan importante el testimonio de Castro, que comprometía seriamente a Villarán y su entorno? El exgerente municipal relató con detalle cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución. Sostuvo que, por instrucción de Susana Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana.Castro señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. Tanto Glave como Reátegui han negado cínicamente los hechos y aseguraron “no haber recibido sumas ilícitas ni haber firmado recibos por tales montos” … si como no . Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, quien según Castro habría recibido pagos directos que suman US$60.000 por trabajos de asesoría política para Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS. En su condición de colaborador, José Miguel Castro también declaró que Odebrecht pagó entre US$30.000 y US$40.000 a la encuestadora Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella posteriormente negó, precisando que Imasen “solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima”. Las declaraciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas, exregidor de Unidad Nacional, recibió US$120.000 repartidos en cuatro cuotas, tras interceder con el apoyo del PPC a la campaña contra la revocatoria. Mencionó que las entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. También reveló que parte del financiamiento de la campaña se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000. Pero la colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero - incluyendo US$3 millones para campañas - y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas. El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro fue pieza clave en la recepción y distribución de US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de adjudicaciones y facilidades administrativas en cuestionados megaproyectos municipales como Vía Parque Rímac que nunca se hizo - y sobre todo, Rutas de Lima, que se ha hecho del control de los peajes en la capital cobrando lo que les da la gana sin que nadie pueda impedirlo, debido al oneroso contrato firmado por Villarán. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra – un paraíso fiscal - y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas. Las versiones recogidas por la fiscalía también lo vinculan con amenazas y presiones a empresarios para asegurar los pagos bajo la advertencia de favores o represalias administrativas, así como a coacciones para que otros investigados guardaran silencio sobre su participación. Con el asesinato de Castro, los involucrados creen haberse “asegurado” de que sus nombres no salgan a la luz.Pero su trágica desaparición, no debe ser motivoalguno para obstaculizar un juicio largamente postergado.Si bien, su muerteeliminael testimonio directo que habríasido crucial para establecerresponsabilidadespenales de Villarán y su entorno, sin embargo, su ausenciafísica no debesignificarimpunidad. El Código Procesal Penal contempla estas circunstancias excepcionales. Sus declaraciones previas y toda la documentaciónproporcionadadurantesucolaboraciónmantienen valor probatorio y deben incorporarseplenamente al juicio oral. Es imperativo que el Ministerio Público asegure que todo lo declaradopor Castro sea debidamenteconsideradoporel tribunal. La información sobre cuentas bancarias en Andorra, mecanismos de lavado de activos y acuerdos ilícitos con las constructoras debe mantenerse como elemento central del proceso. Este episodio debe servir como alerta definitiva sobre la urgencia de acelerar procesos judiciales en casos de gran corrupción. Han transcurrido seis años desde que Villarán confesó públicamente que recibió los aportes, y el juicio recién está por comenzar. El asesinato de Castro evidencia además la vulnerabilidad de quienes cooperan con la justicia. Es fundamental, por ello, fortalecer protocolos de seguridad para los 500 testigos citados en el juicio contra Villarán. De aquí hasta septiembre ¿Cuántos de ellos aparecerán muertos por “suicidio”? El caso no debe de caerse como ya está dejando ver la fiscalía caviar. La confesión pública de Villarán, las evidencias documentales y el legado probatorio de Castro conforman un acervo que debería de traducirseenunasentencia. El juicio que se iniciaráel 23 de septiembre no debepostergarsemás. Este crimen debe ser el catalizador que acelere el proceso y demostrara sí que la justicia no muere con los testigos y los culpables, con Villarán a la cabeza, sean severamente castigados. (Por cierto, una buena noticia es la aprobación por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales del Congreso, del inicio del proceso contra la usurpadora Delia Espinoza y sus secuaces en el Ministerio Publico, por haber cometido delito de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado - al negarse a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides - por lo cual serán destituidos de los cargos que hoy ocupan ilegalmente…. A la cárcel con esos parásitos. Venga ya ¿Quién es el que ríe al último?)
