El asesinato del aspirante a colaborador eficaz y otrora mano derecha de la corrupta ex alcaldesa de Lima Susana Villarán – implicada hasta el cuello en el Caso Odebrecht y cuyo juicio por fin, se iniciará en septiembre - demuestra hasta qué punto la mafia caviar puede llegar para “silenciar” a quienes considera un obstáculo para sus planes, buscando la impunidad para su protegida, perteneciente a la misma secta. Como sabéis, José Miguel Castro apareció muerto el domingo último y con él se fueron los secretos que sabía sobre los millonarios sobornos que recibió su jefa Villarán de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el 2013, para sus campañas políticas y a cambio de obras públicas. En estricto rigor, Castro aún no era colaborador eficaz. Estaba intentando serlo brindando información de alto voltaje al cuestionado fiscal José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo el caso de Villarán. Eso lo venía haciendo Castro desde hace un buen tiempo, pero el controvertido fiscal sospechosamente aún no terminaba de corroborar sus afirmaciones, para postularlo como tal en el juicio oral que se iniciará el 23 de septiembre próximo. Nadie sabe a qué nuevos personajes, además de Villarán, señaló Castro en su proceso de convertirse en colaborador. Pero ha empezado a trascender que se trataría de varios jerarcas y políticos de la izquierda parasita, del entorno más íntimo de la corrupta exalcaldesa, y que fueron caras visibles en la campaña de la no revocación. De acuerdo a fuentes fiscales, eso explicaría la lentitud del fiscal Pérez, quien es apoyado por los caviares, para culminar y probar los dichos de Castro, a quien los funcionarios brasileños apodaban ‘Budián’.Pero para su alivio, José Domingo Pérez jamás podrá utilizar lo que le contó Castro porque la ley no se lo permite.El conocido penalista Andy Carrión explicó este punto en RPP de una manera clara y concisa: “Lamentablemente, esas declaraciones (de José Miguel Castro) en el marco de la colaboración eficaz no van a poder ser usadas porque no hay una resolución judicial. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz; es decir que, al día de hoy, todavía no se había logrado que un juez homologue, dé la venia, de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”.Agregó que solo se podrán utilizar las que Castro dio en su calidad de acusado, pero muchas de ellas ya se conocían y fueron publicitadas. La semana pasada, Castro fue a la Fiscalía a hablar con José Domingo Pérez. Según una fuente de ese despacho, “a Castro se le notaba molesto y contrariado” seguramente por las amenazas que recibía por parte del entorno de Villarán, que buscaban “silenciarlo” al mismo estilo de la mafia siciliana. Y vaya que lo lograron. La muerte de ‘Budián’ es un sospechoso hecho que se suma a otros en el caso de Susana Villarán, que se ha caracterizado por la extraña lentitud y comportamiento cómplice mostrado por la Fiscalía. No es de extrañar esa actitud, ya que pertenecen a la misma secta caviar.Como recordareis, dicho proceso empezó hace diez años y el juicio oral recién se iniciará en septiembre, pese a que en mayo del 2019 - es decir, ¡hace seis años! - ella misma reconoció públicamente, en una entrevista radial, haber sido sobornada por Odebrecht y OAS. Lo hizo porque existía un audio que la comprometía. De esta manera, la evidencia de su culpabilidad queda al descubierto, pero ni aun así fue colocada bajo arresto preventivo, mientras los años pasaban y el juicio no se iniciaba. De seguro esperaban que sus delitos prescriban y quede impune de sus múltiples delitos. No es de extrañar por ello, que sintiéndose “blindada” por la fiscalía, Villarán se daba la gran vida en su casa de playa hasta que el programa ‘Panorama’ la descubrió in fraganti en su piscina, a pesar de que decía que tenía una enfermedad a la piel, “que le impedía estar expuesta al sol”, un risible argumento que utilizo para evitar esperar el inicio su proceso tras las rejas, como debía ser. Ahora bien ¿Por qué era tan importante el testimonio de Castro, que comprometía seriamente a Villarán y su entorno? El exgerente municipal relató con detalle cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución. Sostuvo que, por instrucción de Susana Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana.Castro señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. Tanto Glave como Reátegui han negado cínicamente los hechos y aseguraron “no haber recibido sumas ilícitas ni haber firmado recibos por tales montos” … si como no . Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, quien según Castro habría recibido pagos directos que suman US$60.000 por trabajos de asesoría política para Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS. En su condición de colaborador, José Miguel Castro también declaró que Odebrecht pagó entre US$30.000 y US$40.000 a la encuestadora Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella posteriormente negó, precisando que Imasen “solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima”. Las declaraciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas, exregidor de Unidad Nacional, recibió US$120.000 repartidos en cuatro cuotas, tras interceder con el apoyo del PPC a la campaña contra la revocatoria. Mencionó que las entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. También reveló que parte del financiamiento de la campaña se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000. Pero la colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero - incluyendo US$3 millones para campañas - y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas. El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro fue pieza clave en la recepción y distribución de US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de adjudicaciones y facilidades administrativas en cuestionados megaproyectos municipales como Vía Parque Rímac que nunca se hizo - y sobre todo, Rutas de Lima, que se ha hecho del control de los peajes en la capital cobrando lo que les da la gana sin que nadie pueda impedirlo, debido al oneroso contrato firmado por Villarán. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra – un paraíso fiscal - y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas. Las versiones recogidas por la fiscalía también lo vinculan con amenazas y presiones a empresarios para asegurar los pagos bajo la advertencia de favores o represalias administrativas, así como a coacciones para que otros investigados guardaran silencio sobre su participación. Con el asesinato de Castro, los involucrados creen haberse “asegurado” de que sus nombres no salgan a la luz.Pero su trágica desaparición, no debe ser motivoalguno para obstaculizar un juicio largamente postergado.Si bien, su muerteeliminael testimonio directo que habríasido crucial para establecerresponsabilidadespenales de Villarán y su entorno, sin embargo, su ausenciafísica no debesignificarimpunidad. El Código Procesal Penal contempla estas circunstancias excepcionales. Sus declaraciones previas y toda la documentaciónproporcionadadurantesucolaboraciónmantienen valor probatorio y deben incorporarseplenamente al juicio oral. Es imperativo que el Ministerio Público asegure que todo lo declaradopor Castro sea debidamenteconsideradoporel tribunal. La información sobre cuentas bancarias en Andorra, mecanismos de lavado de activos y acuerdos ilícitos con las constructoras debe mantenerse como elemento central del proceso. Este episodio debe servir como alerta definitiva sobre la urgencia de acelerar procesos judiciales en casos de gran corrupción. Han transcurrido seis años desde que Villarán confesó públicamente que recibió los aportes, y el juicio recién está por comenzar. El asesinato de Castro evidencia además la vulnerabilidad de quienes cooperan con la justicia. Es fundamental, por ello, fortalecer protocolos de seguridad para los 500 testigos citados en el juicio contra Villarán. De aquí hasta septiembre ¿Cuántos de ellos aparecerán muertos por “suicidio”? El caso no debe de caerse como ya está dejando ver la fiscalía caviar. La confesión pública de Villarán, las evidencias documentales y el legado probatorio de Castro conforman un acervo que debería de traducirseenunasentencia. El juicio que se iniciaráel 23 de septiembre no debepostergarsemás. Este crimen debe ser el catalizador que acelere el proceso y demostrara sí que la justicia no muere con los testigos y los culpables, con Villarán a la cabeza, sean severamente castigados. (Por cierto, una buena noticia es la aprobación por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales del Congreso, del inicio del proceso contra la usurpadora Delia Espinoza y sus secuaces en el Ministerio Publico, por haber cometido delito de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado - al negarse a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides - por lo cual serán destituidos de los cargos que hoy ocupan ilegalmente…. A la cárcel con esos parásitos. Venga ya ¿Quién es el que ríe al último?)
Tal como lo advertimos semanas atrás, el publicitado tren de pasajeros de Lima a Chosica, que impulsa el cuestionado Alcalde de Lima Rafael López Aliaga (alias Porky) es una farsa montada con el único objetivo de impulsar su candidatura presidencial para las elecciones generales del 2026, a pesar de que su gestión al frente del Ayuntamiento es un completo fracaso. Es más, desesperado porque esta no “prende” en la población, había anunciado que en un par de semanas realizaría una “marcha blanca” con esa chatarra ferroviaria de 40 años de antigüedad “donada” por los EE.UU. (que así se libra de esa basura extremadamente contaminante), por la ruta que actualmente utiliza el Ferrocarril Central, que transporta exclusivamente minerales desde el centro del país. Pero a último momento y por las críticas recibidas, dio marcha atrás y ahora afirma que “no hay una fecha definitiva para el inicio de operaciones” - que estaba señalado para el 28 de julio - “ni tampoco una 'marcha blanca'. Más que eso, será una 'prueba en vacío'". Lo que sucede es que no existe la infraestructura adecuada para que esa chatarra oxidada circule en la única vía que existe (cuando mínimo deben ser dos, tanto para la ida como la vuelta), como tampoco se han construido estaciones de pasajeros donde estos puedan ser abordados y que además, representan un peligro para los puentes que atraviesa, porque la altura de esos trenes de dos pisos es considerable. Estos trenes - que se encontraban abaldonados durante décadas en un patio de chatarras en los EE.UU. antes de ser enviados a Lima como “donación” por los que se tuvo que pagar una millonada para enviarlos por mar - miden exactamente 4 metros con 85 cm y el diseño de estos vehículos son incompatibles con la altura libre bajo los puentes de la ruta ferroviaria, Su decisión de anunciar la fecha de inicio de operaciones, origino muchas críticas de las autoridades pertinentes, pero Porky insistió en lo suyo, sin importarle en lo más mínimo el riesgo que representa. Sin embargo, la realidad le dio un portazo en la cara y se echó para atrás. Como sabéis, el Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) César Sandoval le respondió públicamente - a raíz de unas irresponsables declaraciones que hizo López Aliaga que a mediados de este mes “si o si” realizaría la marcha blanca de esa chatarra, así no tenga la autorización del MTC - acusándolo de crear falsas expectativas en la población. En efecto, en un pronunciamiento a Canal N, el titular del MTC negó que su sector esté bloqueando el avance del proyecto y cuestionó el anuncio del burgomaestre, quien advirtió que los trenes donados comenzarían a operar en julio, incluso sin autorización formal.Sandoval solicitó al alcalde que oficialice su pedido de reunión con el ministerio y que no utilice la controversia con fines políticos. También advirtió que no existe expediente técnico aprobado ni plan de implementación para que se autorice una prueba operativa. Desde su sector, sostuvo que la prioridad es garantizar que cualquier iniciativa ferroviaria se desarrolle con responsabilidad, dentro del marco legal y sin generar falsas expectativas en la ciudadanía.El titular del MTC rechazó que su despacho esté retrasando la puesta en marcha del tren anunciado por la Municipalidad de Lima. “Obstaculización no hay. Al contrario, hay disponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica”, declaró Sandoval en Canal N. A su vez, exhortó a López Aliaga a seguir el conducto regular: “Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud”, dijo, aludiendo a que, hasta la fecha, no ha recibido una comunicación formal para sostener una reunión de trabajo.Además, señaló que toda obra pública debe contar con sustento técnico y planificación adecuada. “Yo quisiera tener la oficialización de la reunión que él está solicitando con el MTC y la predisposición de mi parte está. Pero todo debe hacerse con veracidad y propiedad”, añadió. El ministro subrayó que su sector no puede validar una operación sin que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad y factibilidad. Es más, el Ministerio de Transportes precisó que el proyecto no cuenta con los requisitos indispensables para iniciar una marcha blanca. “No hay expediente aprobado ni plan de implementación que permita avanzar con la prueba operativa”, declaró Sandoval a RPP. Según detalló, ni las condiciones técnicas del material rodante ni las características de la vía han sido evaluadas, por lo que autorizar una circulación piloto sería inviable bajo los criterios actuales.Además, Sandoval recordó que una posible operación ferroviaria implica coordinación con operadores, estudios técnicos, cronogramas y cumplimiento normativo. Desde el Ejecutivo se evalúa una alternativa legal para viabilizar el proyecto: ampliar la concesión actual mediante una adenda. Sin embargo, dicho proceso requeriría al menos un año de desarrollo y, hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha presentado ninguna propuesta oficial en ese sentido. Como recordareis, López Aliaga había sostenido en varias ocasiones que los primeros trenes donados por la empresa Caltrain llegarán al Callao en los próximos días y que empezarían a operar sin pasajeros este mismo mes. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, dijo en un evento público. Además, cuestionó que el cambio de titular en el Ministerio haya frenado las conversaciones previas sostenidas con el exministro Pérez Reyes, con quien, según dijo, “ya se habían establecido acuerdos iníciales para la prueba”, una que ya no se va a dar. El ministro de Transportes remarcó que, si bien está dispuesto a dialogar, el enfoque debe mantenerse dentro de lo técnico y legal. “Con diálogo se genera estabilidad, Estado de derecho y desarrollo en el país”, afirmó. También rechazó el uso de amenazas de movilización para forzar decisiones institucionales: “Hablando se entiende la gente. No promoviendo desestabilización, movilizaciones, anarquías en el país”, sostuvo en Canal N.César Sandoval insistió en que su responsabilidad es salvaguardar el interés público y no ceder a presiones externas. “Espero escuchar el planteamiento del alcalde, pero también opino con responsabilidad y con conocimiento del tema”, declaró. En ese marco, reiteró que “el país necesita decisiones serias, especialmente en sectores estratégicos como el transporte, donde los anuncios apresurados y electoreros pueden generar confusión en la ciudadanía”. Bien por el ministro por mantenerse firme y desbaratar otra maniobra electorera de Porky.
Es indudable que la mafia caviar ha llevado al Ministerio Público (MP) a una crisis terminal. Durante más de seis años han utilizado la fiscalía como un instrumento, para mantener y acrecentar un poder ilegítimo, persiguiendo a sus adversarios y protegiendo a sus amigos. Así, han desvirtuado completamente la función de la fiscalía, convirtiéndola en una herramienta para venganzas políticas y personales, persecutora de militares, policías y políticos, defensora y cómplice de delincuentes. Ahora, Delia Espinoza y sus secuaces se aferran ilegalmente a sus puestos, desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pisotean la legalidad que deberían defender, “amparados” por un cuestionado juez - otrora defensor de terroristas - quien en tiempo récord suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del ejercicio de la función pública tanto como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, y que había sido repuesta por la JNJ en el cargo de Fiscal de la Nación que hoy usurpa la corrupta Delia Espinoza, asalariada del judío Gorriti. Pero este desastre no es de ahora como podéis suponer. Comenzó en el 2018, cuando Martin Vizcarra, un maldito Lagarto aliado con los caviares, asaltó el sistema de justicia. Liquidó el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y, mediante una comisión integrada por caviares, creó la JNJ, para que sirviera a sus propósitos. Luego defenestró al por entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y puso en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos. Lo hizo, hay que recordarlo, asociado con la prensa caviar, que demolió a Chávarry con cientos de portadas de diarios y reportajes televisivos tramposos. A partir de allí, la mafia caviar se ha atrincherado en el sistema judicial, violando leyes y resoluciones. Por ejemplo, el Congreso, en uso de sus atribuciones, inhabilitó por diez años a la lagartona Zoraida Ávalos. Pero ella hizo caso omiso a esa decisión, y con la complicidad del Poder Judicial, sigue instalada ilegalmente en la fiscalía. El Congreso también inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la anterior JNJ. Lo mismo, siguieron ahí, impertérritos, hasta el último día. Hoy, cuando la nueva JNJ ha repuesto a la fiscal Patricia Benavides, no acataron la resolución. Peor todavía, la acusan a ella, a los abogados que la defienden y a la propia JNJ. Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, son gatillo fácil, disparan acusaciones a diestra y siniestra, usando ilegítimamente el poder que aún detentan. ¿Qué hacer entonces? Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de Américo Gonza para reorganizar el MP. También Alejandro Muñante ha propuesto una acusación constitucional contra los fiscales supremos. De hecho, ya existe una acusación presentada por Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, que ya está para ser discutida en la Comisión Permanente del Congreso. El asunto es si se obtendrán los votos necesarios para aprobarlas. Y, en el caso de lograrlo, es seguro que esos fiscales que no acatan ni las leyes ni las resoluciones que aprueba el Congreso, seguirían en rebeldía, apañados por el Poder Judicial también controlado por la mafia caviar. Y, naturalmente, por la Corte Interamericana de DDHH y otros organismos del caviarismo internacional. Se requieren soluciones radicales. Como las que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que barrió a cientos de magistrados prevaricadores del sistema judicial. No hay otra alternativa. Es indudable por ello que la mediática confrontación entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, expone el deterioro institucional en el país andino. Lo que parecía ser una controversia jurídica sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se ha transformado en un enfrentamiento entre dos órganos autónomos, donde las partes reclaman autoridad sin reconocer límites. El resultado es un Estado atrapado en el conflicto, sin árbitros eficaces. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinoza ha decidido atrincherarse en el cargo, ignorando las resoluciones e iniciando incluso una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ como una suerte de revancha. Estos actos de rebeldía comprometen la imparcialidad y objetividad que exige el Ministerio Público. Lo que corresponde conforme a ley es que la susodicha deje el cargo, iniciando luego los procesos de reclamo que estime convenientes. No es tampoco jurídicamente admisible que quien encabeza la institución utilice su posición para investigar a quienes emitieron una decisión por el simple hecho de sentirse afectada personalmente. Este solo hecho es suficiente para ser destituida. Pero no es la primera vez que ocurre. El caso del fiscal supremo Tomás Gálvez es otro ejemplo elocuente. El Tribunal Constitucional ordenó su restitución, pero la actual fiscal de la Nación optó por desacatarlo, patrón reiterativo donde mandatos judiciales o constitucionales son ignorados por resultar inconvenientes. Esta conducta instala una anarquía institucional, erosionando la legitimidad de la Fiscalía, perdida hace mucho, al convertirse en un instrumento político de los caviares para perseguir a sus adversarios y “blindar” a los suyos, comenzando con el propio Gustavo Gorriti, de IDL (quien es el que realmente manda en el Ministerio Publico) cuyo proceso está absurdamente “congelado” a pesar de la gravedad de sus delitos. Cabe recordar que Patricia Benavides fue la fiscal de la Nación que se atrevió a investigar al régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, vista como figura clave para frenar un proyecto autoritario y corrupto, cuyo autogolpe de Estado fracaso rotundamente, terminando en la cárcel por golpista y ladrón. Esa actuación de Benavides la convirtió en una fiscal incómoda para los caviares, apartándola del cargo mediante un apresurado proceso que hoy la misma JNJ califica como viciado. Las instituciones no pueden funcionar sin reglas ni mecanismos de solución de disputas. El desacato, convertido en práctica recurrente, ignora resoluciones del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la JNJ. Cada órgano actúa como soberano de sus propias interpretaciones, generando pérdida de confianza y una inseguridad jurídica que pone en riesgo la imagen del país, ahuyentando las inversiones. Los fiscales pertenecientes a la mafia caviar, además, han convertido los conflictos en instrumentos de propaganda. Lejos de respetar la reserva que exige su función, se exponen en los medios victimizándose, convirtiendo procesos internos en espectáculos mediáticos. Lo que debería resolverse jurídicamente se discute con comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, filtrando incluso información confidencial a la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia. Así, el Ministerio Público ha perdido el respeto institucional y la confianza ciudadana que una vez tuvo, antes que los caviares lo tomasen por asalto, con la complicidad del lagarto Martin Vizcarra. Lo que está en juego es la estabilidad institucional. El Ministerio Público no puede operar al margen de la ley, desacatando sentencias, ignorando resoluciones, actuando según su propia conveniencia. La ciudadanía necesita una Fiscalía que funcione, reglas claras, independencia y autoridades que respeten la legalidad, aunque resulte incómoda. La salida a esta crisis no será exponiendo sus argumentos antes las cámaras de la TV o utilizando las redes sociales. Se requiere una reorganización profunda del Ministerio Público, nuevos liderazgos comprometidos con el país, con voluntad para restaurar la confianza en la justicia. Cuando las instituciones no respetan sus propios límites, la confianza en el país simplemente se desintegra poco a poco. Lo expuesto requiere iniciativas alternativas para superar el actual estado caótico en que se encuentran el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con mayor razón, delante de unas elecciones generales de vértigo. Apremia, entonces, aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre esta materia, para avanzar concibiendo algún modelo jurídico funcional; y que el Legislativo que se elija en 2026 tome inmediatamente la posta y concluya el resto. En el actual Congreso existen iniciativas provenientes de una Comisión Especial de Alto Nivel sobre Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que deberá reorganizarse por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); y/o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisando que el paroxismo de la fiscalía hace vulnerables a los peruanos de los operadores políticos. Paralelamente, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo necesitan opinar sobre aspectos que vulneran principios constitucionales. ¿A que esperan para actuar ya? No hay tiempo que perder.
Cuando se habla de los perros originarios del Perú antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, por lo general uno piensa en los Viringos, aquellos canes sin pelo que se han convertido en parte del patrimonio del país andino. Pero existe otra raza no tan conocida y que injustamente ha pasado desapercibida a pesar de que se han encontrado sus restos en tumbas prehispánicas excavadas por los arqueólogos y que al igual que el Viringo, también se encuentra representado en antiguos ceramios y textiles de culturas desaparecidas. Quizá por su apariencia similar a los perros callejeros (los denominados ‘chuscos’) que pululan en las ciudades, nadie le ha prestado atención que merece. Nos referimos al Chiribaya. Gracias a las momias halladas de este perro, los investigadores han podido determinar también que sus descendientes permanecen hasta nuestros días, y esto lo confirma la similitud entre los restos conservados y muchos de los canes que viven en el sur de Perú, en la región Moquegua - especialmente en Ilo y alrededores. Fue una antropóloga y una documentalista quienes hallaron los restos de lo que sería una raza de perro pastor de llamas que no solo fue parte importante de la estructura social de los antiguos peruanos, sino que recibía un trato especial tras su muerte. Se trata de un perro de pequeño tamaño y muy peludo, conocido por los arqueólogos como el "perro de Chiribaya", cultura que prosperó en la costa sur del Perú y que enterraba a sus mascotas con todos los honores de un fiel amigo y compañero de trabajo. El hallazgo se lo debemos a las investigaciones de la destacada antropóloga Sonia Guillén Oneglio, quien debe su fama al estudio de antiquísimas momias de personajes que organizaron prósperas culturas desde Chachapoyas hasta las costas de Moquegua. Es precisamente en la zona del puerto de Ilo donde se encuentra el centro de operaciones del Centro Mallqui (momia en quechua), dedicado a la investigación de la denominada Cultura Chiribaya, y hasta allí se extendió un cacicazgo en el periodo intermedio tardío de la cultura peruana (del año 900 hasta el 1350 d.C.), su territorio posee hasta nuestros días una característica que es el sueño de todo antropólogo: su suelo es extremadamente seco, contiene una ingente cantidad de sales minerales, y escasas lluvias , lo que potencia la conservación (momificación) de los restos físicos de quienes habitaron este lugar. "A pesar de la inscripción oficial de la raza originaria del perro peruano sin pelo, aún muchos siguen pensando que los perros llegaron con los españoles. Y el hecho de encontrar otra variedad de perro nativo, el perro pastor Chiribaya, es un descubrimiento muy importante", dice la documentalista. A diferencia del tan promocionado Viringo, el perro pastor Chiribaya no solo tenía abundante pelaje, sino también otras características propias. Al respecto, Ermanno Maniero, presidente del Kennel Club del Perú, y la médica veterinaria Viviana Fernández, de la Universidad de San Marcos, examinaron exhaustivamente las momias halladas en esa oportunidad y determinaron que estos canes tenían el cuerpo más largo que alto; que el color del pelaje podía variar entre el amarillo y el rojizo, algunos con manchas oscuras sobre el lomo o la cabeza, que tenían las orejas recortadas y caídas; y sus patas era tipo "liebre", es decir que permitían al animal moverse sobre la arena o la tierra con menos esfuerzo. Y esta última cualidad quizá sea la que le dio la importancia dentro de la estructura de vida de los chiribaya. Sonia Guillén dice que varios estudios, incluidos los suyos, han determinado que en la costa también se desarrolló la ganadería de camélidos. O sea, que estos animales no fueron exclusivos de las alturas. En el caso de los chiribayas, ellos tuvieron una economía costera, con el uso de recursos marinos, también con agricultura, pero intensamente ganadera, y eso lo saben por las cabezas, patas y orejas de llama que han sido halladas como ofrendas recurrentes en sus entierros. La antropóloga señalo que según las investigaciones realizadas por la genetista Jane Wheeler, quien trabajó en el valle de Ilo, los chiribayas criaron un tipo de llama que tenía el pelo más largo y más fino que la mejor alpaca de nuestros tiempos, pero que estas fueron ignoradas por los conquistadores españoles, quienes las usaron como bestias de carga, provocando su exterminio, aunque dicen que es posible localizarlas aún en la Patagonia argentina. "Al tener tantas llamas, los chiribayas necesitaron perros para el pastoreo. Entonces, estos se convirtieron en compañeros de trabajo por lo que a su muerte recibieron los honores correspondientes", dijo Guillén. "Para graficarlo, es como si miraras a una momia de un antiguo peruano y la compararas con el rostro de sus contemporáneos. Vas a notar la familiaridad entre ellos. Lo mismo pasa con los perros de la zona y las momias de estos animales", asevero. A primera vista, es el típico perro ‘chusco’ peruano. Y precisamente Martha Meier llama la atención de este detalle y dice que “de alguna forma lo que llamamos chusco encaja con las características del Chiribaya, por lo que no sería raro que con los años, este se haya propalado por todo el territorio peruano, pasando desapercibido” apuntó. "Lo que queremos hacer ahora es recuperar la pureza de esta raza de perro. Por eso vamos a empezar un trabajo de recojo de ADN de los canes de la zona de Ilo para compararlo con el de las momias, y luego empezar un proceso de selección y crianza. Va a ser un trabajo de varios años, pero vale la pena", dice la documentalista. En la actualidad, momias de 43 ejemplares de estos perros pueden ser vistas en el Museo Chiribaya en el distrito de El Algarrobal, en Ilo, el cual también ofrece una visión de la gente que se estableció en esta zona y llegó a desarrollar una importante cultura. No cabe duda que se trata del segundo perro autóctono del Perú y desde hace más de tres décadas está aguardando por su reconocimiento como una especie autóctona y milenaria. Sí que se lo merece (Ello llego por fin en mayo de este año, cuando la Federación Canina Americana lo reconoció oficialmente como la segunda raza canina peruana por su legado ancestral y sus cualidades únicas. Tras su validación internacional, se ha iniciado un proceso para declarar al pastor chiribaya como patrimonio cultural vivo del país. Este nuevo paso busca reforzar su importancia histórica y cultural dentro del territorio nacional)
El vergonzoso espectáculo montado esta semana por la mafia caviar en el Ministerio Publico, que se niega a acatar una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso la reposición en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, demuestra hasta qué punto estos parásitos liderados por esa inmunda rata judía de Gustavo Gorriti de IDL, creen que pueden seguir haciendo lo que les da la gana en dicha institución, que manejan a su antojo para sus fines políticos, con el apoyo cómplice de la prensa basura, colocándose de esta manera al margen de la ley. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinosa - desaforada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)- se atrincheró el martes pasado en un despacho y que hasta hoy ocupa ilícitamente, diciendo: “hoy yo no regreso a casa”, ante decenas de ganapanes suyos que habían subido presurosos al piso nueve del edificio, sede del Ministerio Público, para “solidarizarse” con la susodicha, quien les ha otorgado puestos indebidos, pagados por todos los peruanos. Horas antes, Patricia Benavides, la repuesta fiscal suprema y fiscal de la Nación, había llegado al local del Ministerio Público para retomar sus funciones, acatando lo ordenado por la actual JNJ: reponerla en su cargo, tras haberla destituido la anterior JNJ como fiscal suprema, fiscal de la Nación y titular de la Fiscalía de la Nación. Ya repuesto el orden en la JNJ, quedó superada la injusta destitución de la fiscal Patricia Benavides; y claramente dispuesto que la sustituta Espinosa retorne a sus labores ordinarias. Es indudable que la polémica destitución y posterior reposición de Patricia Benavides ha generado debate en materia judicial y política. Recordemos que la renovada JNJ ha anulado la destitución de Benavides - que dispusiera su análoga anterior, compuestos por caviares - en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación, alegando falta de motivación y vulneración al derecho de defensa. También consideremos que el cambio de los anteriores miembros de la JNJ obedece a medidas que adoptaron las únicas dos instituciones responsables de interpretar la Constitución - nos referimos al Poder Legislativo y al Tribunal Constitucional - luego de haber admitido y resuelto una denuncia constitucional contra los siete miembros de la anterior directiva de la JNJ - promovida por el congresista Jorge Montoya - imputándoles haber violado sendos artículos de la Constitución y proponiendo, asimismo, su inhabilitación durante 10 años. Simultáneamente, el Parlamento vacó al exintegrante de la JNJ, Henry Ávila Herrera, por conflictos de interés; e igualmente, el Tribunal Constitucional ordenó reponer a Marco Tulio Falconí Picardo como miembro titular de la JNJ y reasignó - como suplente - a Guillermo Thornberry Villarán. Asimismo, en marzo del 2024 el Congreso en pleno uso de sus facultades constitucionales, inhabilitó a los, hasta aquel momento, miembros de la JNJ Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos. Y, por último, en octubre del mismo año nombró a los actuales integrantes de la JNJ por los siguientes cinco años. Respecto a la posibilidad de denunciar a los anteriores miembros de la JNJ por haber destituido a Patricia Benavides, e igualmente designado a Delia Espinosa fiscal de la Nación, sendos representantes del Parlamento han criticado severamente aquella mala actuación de la anterior JNJ. Al respecto, habrá que definir qué decide el actual Legislativo durante los aproximadamente diez meses que le restan de vigencia. Con el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación y el desafuero de la mafia caviar se retorna al Estado de derecho de una institución politizada en los últimos años, quienes lo utilizaron vilmente para perseguir a sus adversarios políticos, a la vez que “blindar” a los de su banda delincuencial, comenzando con Gustavo Gorriti, cuyo proceso esta mas que sospechosamente “congelado” en el tiempo, como de aquellas otros elementos de la misma calaña, como Martin Vizcarra y Susana Villarán, quienes a pesar de los años transcurridos, aun no responden a la justicia por sus múltiples delitos de corrupción. En la vida, la Justicia tarda pero llega. Muchas veces extemporáneamente; otras, oportunamente. Es el caso de la defenestración de una mafia que - de manera no solo arbitraria, sino ilegal e inconstitucional - desaforó del Ministerio Público a los fiscales que no comulgaban con el hampa caviar, secuestrando los altos cargos directivos de la Fiscalía de la Nación para repartirlos entre una pandilla de politizados sujetos, a los que la Justicia deberá procesar y condenar por el irrecuperable perjuicio que le han causado al Perú en los últimos años. Ello desde que se encumbraron prepotentemente en la sustancial institución fundada por Gonzalo Ortiz de Zevallos Roel durante el régimen de Fernando Belaunde. Como correspondía - considerando que la Justicia continúa secuestrada por la camorra caviar representada por Gustavo Gorriti -, finalmente una remozada Junta Nacional de Justicia hizo valer su verdadera razón de ser, desarmando el castillo de naipes construido por los caviares para apropiarse del sistema de justicia del país. Comenzando por el Ministerio Público, y avanzando - como lo están - por las entrañas del Poder Judicial. Por ello, el retorno de Patricia es una aplastante derrota para los Gorritis, Domingo Pérez, Vela Barba, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y demás operadores de la mafia caviar. Es sin duda alguna, un notable avance para la recomposición de la democracia y el Estado de derecho en ese maltratado país, tras casi un cuarto de siglo de estar secuestrado por la inmundicia caviar. El perjuicio generado por semejante organización criminal es colosal, y sus consecuencias a futuro son impredecibles. Porque las raíces de esta podredumbre se extienden a los espacios más siniestros del hampa sociopolítica nacional e internacional. Sin duda, la tarea de la fiscal Benavides Vargas será titánica. Empezando por la despolitización de su institución, en medio de una sociedad amenazada por una delincuencia más que salvaje, “empoderados” por jueces y fiscales caviares que los liberan inmediatamente para que sigan delinquiendo con total impunidad. Y ello no puede continuar. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, cuestionó la actitud de la usurpadora Delia Espinoza, a quien considera que está aferrándose al cargo ilegalmente. En efecto, el extitular del TC calificó como "histórico" el fallo de la JNJ, el cual fue dado a conocer la noche del viernes 13 de junio y que - para su análisis - debió hacerse efectivo inmediatamente. "Es un acto de reivindicación de la propia Junta y de restablecimiento de la justicia. Creo que es errado el argumento de cuestionar la unanimidad. Todos los magistrados intervinientes en esta decisión votaron en el sentido de declarar de oficio la nulidad y ordenar que la Sra. Liz Patricia Benavides Vargas fuera repuesta en su cargo", argumentó. Agregó, que, en el marco de artículo III de la parte resolutiva, Delia Espinoza, debe reponer en el cargo a Patricia Benavides, puesto que ostentó entre los años 2022 y 2024. Sobre el actuar de la usurpadora en los últimos días, Blume Fortini cuestionó su comportamiento, considerando que está "aferrándose el cargo"; es decir, no respetando lo dictado por la JNJ. "Cuando la Junta destituye a un funcionario y ella misma, de oficio, en el marco de la Constitución y de la ley, rectifica esta destitución, hay que cumplirla, nos guste o no nos guste", aseveró. Asimismo, sostuvo que la actitud de Espinoza es inconstitucional por el desacato a lo resuelto por la JNJ, la misma que afecta a la institución gravemente. “Esta situación de incertidumbre que se vive en el Ministerio Publico debe ser resuelta de inmediato, ya sea por el Congreso, que puede acusar constitucionalmente tanto a Espinoza como a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, o también por parte de la propia JNJ, que puede destituirlos e inhabilitarlos en el más breve plazo. El tiempo apremia y hay que actuar ya. Si esta Junta Nacional de Justicia consigue limpiar de caviares a la Fiscalía de la Nación, merecerá el eterno reconocimiento nacional” puntualizó.
Encerrado de por vida en su celda de máxima seguridad ubicada en la Base Naval del Callao, y a pesar de los intentos de último minuto por parte del régimen delincuencial del filosenderista Pedro Castillo de concederle en “indulto humanitario”, el 11 de Septiembre del 2021 descendió a los infiernos el despreciable genocida Abimael Guzmán Reynoso - alias “Presidente Gonzalo” - cabecilla de Sendero Luminoso y responsable del mayor baño de sangre ocurrido en el Perú, con el demencial objetivo de instaurar en el país andino una sangrienta dictadura comunista, a la cual se refería como “la república popular de nueva democracia” (?) pero fracaso en toda la línea. Al respecto, el recientemente fallecido escritor Mario Vargas Llosa escribió por esos días un artículo acerca de la muerte de Guzmán en el diario español El País, el cual reproduzco por ser de interés ya que tiene plena vigencia, entrecomillado claro esta ¿vale?: “El fundador de Sendero Luminoso, o, como se hacía llamar, ‘la cuarta espada del marxismo’, Abimael Guzmán, falleció el 11 de septiembre en la prisión de Lima donde cumplía una condena de por vida. ¿Se arrepentiría en sus últimos minutos de los setenta mil muertos que causó la insurrección maoísta que provocó en el Perú y en lo que la Comisión de la Verdad calculó el número de víctimas que esta causó? Probablemente, no. Era un arequipeño de Mollendo, tenía 86 años, había estudiado derecho y filosofía y conocer China y la obra de Mao Tse Tung le había transformado la vida. Tanto que dedicó muchos años en preparar discretamente esta revolución que llenó de sangre y de muertos a la región andina, la más pobre del Perú. Su centro fue la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, de donde procedían la mayor parte de sus primeros cuadros; luego vendrían muchos más, de casi todo el Perú. Fue una revolución que duró cerca de doce años desde que comenzó, en mayo de 1980, y en la que hubo de todo, desde asesinatos en frío, hasta apagones por las voladuras de las torres de luz, torturas, perros colgados en los postes con una inscripción que los senderistas creían ominosa (“Ten Siao Ping perro”), confinamientos, y, sobre todo, cadáveres de inocentes regados por doquier. Los campesinos de la sierra, en un principio, apoyaron esta insensata guerrilla por las condiciones miserables en que vivían y trabajaban, pero cuando Guzmán, fiel en esto a las enseñanzas de Mao, que quería que el campo asaltara a las ciudades, les prohibió los mercados de los sábados donde vendían y hacían sus compras, se le voltearon y aparte de combatirlo con los llamados “ronderos” apoyaron al Ejército en las emboscadas y la represión. Así terminaron esas matanzas colectivas y el desastroso empobrecimiento del Perú en los años ochenta, en los que, por qué ocultarlo, hubo también una dictadura que asesinó a muchos inocentes y saqueó las arcas públicas. Ahora hay un interesante debate en el Perú sobre qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán, si entregárselo a su viuda, Elena Iparraguirre, que también cumple prisión, ya que es la segunda de Sendero Luminoso o incinerarlo, para evitar que su tumba atraiga a todos los izquierdistas extremos a rendirle su homenaje. Esto último es seguro, así que el poder judicial, o el Gobierno, o el Parlamento, que deben decidir sobre este asunto, ya saben a qué atenerse. Por cierto ¿El tiempo de las revoluciones está aún vigente en América Latina? Sólo los insensatos podrían creerlo así. Desde que alcanzamos la independencia hemos estado guerreando unos con otros, o tratando de derribar a nuestros gobiernos, lo que ha permitido a nuestros Ejércitos cargarse de armas y alimentar a las dictaduras salidas de su seno, así como liquidar a decenas de miles de los jóvenes más generosos y sacrificados de nuestros países, de modo que continuar por este camino sólo puede seguir produciendo matanzas, además de hundirnos cada día más en el subdesarrollo, el tercermundismo y la miseria. Tal vez haya llegado la hora de emprender otro camino, el de los países que de veras progresan, aumentan sus niveles de vida, crecen sus industrias y con ellas los sistemas de educación y de salud, los salarios y los puestos de trabajo. Esto no es imposible. Basta mirar el ejemplo de los países europeos y, últimamente, el de los países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán o Singapur. En cambio, mirar del otro lado, debería ser suficiente para ver que las famosas “revoluciones” sólo han traído catástrofes semejantes a las que produjo en el Perú Abimael Guzmán. Es verdad que algunos de sus admiradores están ahora en el Gobierno peruano y son nada menos que ministros, pero lo menos que se puede decir de estas personas, que figuran en atestados policiales, es que, si siguen el modelo de su admirado Guzmán, fracasarán tanto o más que él y hundirán un poco más al Perú en la desilusión y la miseria. La única revolución - por decirlo así - que ha tenido ‘éxito’ en la historia de América Latina es la cubana de Fidel Castro y sus dos satélites, Venezuela y Nicaragua. El triste espectáculo que hemos presenciado hace algunos días, en casi todos los pueblos de la isla, deja una impresión lastimosa de sus logros, que parecen ser ínfimos, en tanto que millares de familias cubanas se han repartido por Estados Unidos y el resto del mundo (aquí, en España, son innumerables). Y qué decir de Venezuela, el país otrora potencialmente más rico de América Latina, y acaso del mundo, que hoy gracias al chavismo se debate en la miseria más absoluta, y que ha expulsado a cinco millones y medio de venezolanos que se estaban muriendo de hambre. ¿Y Nicaragua? Para hacerse reelegir una vez más, la siniestra pareja que gobierna ese país ha mandado a la cárcel a todos sus adversarios - qué fácil resulta ganar unas elecciones así - y la última de sus víctimas, el escritor Sergio Ramírez, acaba de llegar a España, donde ha declarado, “Es duro tener 79 años y exiliarse de nuevo”. Él es un generoso luchador, ya vivió muchos años de exilio luchando contra la dictadura de Somoza, y una vez más inicia un destierro que ojalá no dure mucho más, ya que serán, es evidente, años de horror y miseria para su desdichado país. El gran problema de América Latina es la corrupción, que tiene su foco en los ministerios y centros oficiales, y que espanta a los mejores latinoamericanos de hacer política, a la que ven cada día con más asco y repugnancia. Y mientras los mejores desdeñen la política se ocuparán de ella los peores, con las consecuencias más temidas. La más grave de ellas es el hambre de las mayorías y las enfermedades que produce, la falta de trabajo, la pésima educación pública y la excelencia de la privada, que abre cada vez más la diferencia entre los pobres y los ricos. Frente a eso no hay revoluciones que hayan triunfado y que respeten la libertad, que es indispensable para atajar la corrupción en su misma mata, y para respirar tranquilo, sin saberse víctima de la noche a la mañana de los atropellos de la arbitrariedad gubernamental. Hay quienes se remontan a cinco siglos atrás, en las fuentes del mal que aqueja a América Latina. Por ejemplo, el presidente de Méiico, que ha pedido a España ‘que pague en efectivo los muchos millones que sin duda costaría la conquista de Méjico’… menudo disparate. La verdad es que la responsabilidad primera del estado de los indígenas de América Latina son los gobiernos que hemos tenido desde la independencia. Todos ellos, sin excepción, han fracasado vergonzosamente en la obligación que tenían de impulsar a los indios de América Latina en su modernización y en su sistema de vida. Ni Méjico, ni Guatemala, ni Colombia, ni el Perú, ni Bolivia, ni Paraguay, han hecho absolutamente nada por sus indígenas que son, como decía José María Arguedas, una “clase cercada” por la ingratitud y el desprecio de los “blancos” y “mestizos”, que han seguido explotándolos y marginándolos. De manera que no es España, que nos dejó esa magia del idioma más vigente en el mundo luego del inglés, y que es el mejor salvoconducto a la modernidad, sino nosotros mismos, los latinoamericanos, los responsables de la triste condición de los indígenas, en todos los países de América Latina, sin una sola excepción” puntualiza la nota. Tiene razón Vargas Llosa en varios puntos, como la marginación ancestral al que son sometidas las masas indígenas por el Estado oficial, los cuales en su desesperación se dejan ganar por los discursos de odio y el resentimiento que propalan políticos demagogos, quienes una vez en el Poder, se olvidan de todas sus promesas y se comportan de la misma manera que aquellos a quienes decían combatir. Peor aún, lo hacen “en nombre del pueblo” - palabreja que les gusta pronunciar repetidamente - por lo cual cometen las mayores atrocidades que uno se pueda imaginar, todo para pretender eternizarse en el cargo y seguir robando a más no poder. Venezuela, Cuba y Nicaragua, convertidos en narcoestados, son un triste ejemplo de ello. En el caso del Perú, tras ‘ganar’ las elecciones del 2021 mediante el fraude, un oscuro individuo - analfabeto mononeuronal para más señas - llamado Pedro Castillo, quien como buen discípulo de Guzmán, quiso indultar “por razones humanitarias” a su idolatrado líder. Es más, su impresentable Primer Ministro, el viejo prostático Aníbal Torres, así lo declaraba públicamente anunciando que tenia listo el documento para ponerlo en libertad, precisamente el 12 de septiembre del 2021, en la que se celebraba el 29 aniversario de su captura. Pero el diablo se les adelanto y se lo llevo al infierno, muriendo el genocida en la víspera en la que se iba a anunciar su liberación. Como podéis imaginar, la muerte de Guzmán causo gran conmoción en Palacio y mientras el Perú celebraba la desaparición del monstruo, Castillo y su familia se refugiaban en su natal Chota, en Cajamarca, donde dieron rienda suelta a su dolor “por tan irreparable pérdida”. Con el paso de los días y ante la imposibilidad de decretar Duelo Nacional con bandera a media asta y darle un Funeral de Estado como era su más intimo deseo, el burro chotano tuvo que rendirse a las intensas presiones que recibió de parte de las FF.AA. que no iban a tolerar semejante espectáculo, por lo que con el dolor de su corazón, decreto que el cadáver de Guzmán sea incinerado sin ninguna ceremonia. Una vez ocurrido el hecho, quedo que hacer con sus cenizas, arrojarlo al mar o entregarlo a ‘la viuda roja’ - o sea la Iparraguirre - que al igual que el muerto, cumple Cadena Perpetua, decidiéndose por lo segundo. De esta manera, desaparecía de la escena pública sin pena ni gloria quien pretendió instaurar un régimen de terror en el Perú y cuya memoria será maldecida por los siglos de los siglos. En cuanto a Castillo, no duro mucho tiempo en el Poder, ya que a los pocos meses, pretendió dar un autogolpe de Estado para hacer realidad los sueños de su mentor, fracasando miserablemente, terminando desde entonces en la cárcel por golpista y ladrón. Si bien Sendero Luminoso ya no es lo que era, aun existen rezagos convertidos ya sea en un brazo armado del narcotráfico o metamorfoseándose como ‘partidos políticos’ de izquierda para seguir teniendo vigencia. Uno de sus máximos logros fue tener a ex-militantes nada menos que como ministros de Castillo. No es de extrañar que tras la caída de ese régimen espurio en diciembre del 2021, pretendieran liderar una asonada terrorista denominada pomposamente como “La Toma de Lima” (?), en complicidad con los parásitos caviares y la prensa basura, quedando sus intentos desestabilizadores desbaratados, volviendo nuevamente a la clandestinidad. Es por ese motivo que a pesar de su derrota, hay que seguir estando alertas para evitar que el monstruo vuelva a levantar su horrible cabeza. (Con las elecciones del 2026 en el horizonte, no se debe perder de vista el riesgo que representaría la participación de un candidato radical que asuma sus demenciales postulados, como ya pronostican interesados “analistas”. Ya sucedió con Castillo y no debe volver a repetirse. Es responsabilidad de los organismos electorales - que deben ser purgados cuanto antes de la lacra caviar - evitar que ello ocurra).
