Como sabéis, cada tercer domingo de julio, miles de peruanos se reúnen en torno a una mesa para rendir culto a uno de los platos más queridos del país andino: el pollo a la brasa, que este año cumple su 75 aniversario. Esta celebración no solo exalta su sabor inconfundible, sino también su rol como símbolo de su identidad nacional. Crujiente y de aroma especial, acompañado de patatas fritas, ensalada y cremas, como el kétchup y la mayonesa, es reconocido por su sabor inigualable dentro y fuera del país. Este suculento plato recibió el reconocimiento oficial como “Patrimonio Cultural de la Nación”, mediante la resolución Ministerial Nº 0441-2010-AG, emitido por el Ministerio de Cultura que resolvió declarar al tercer domingo de julio de cada año, como “El día del pollo a la brasa”. Desde entones, este plato se ha ganado un lugar especial en la gastronomía y en el corazón de los comensales peruanos.El origen del pollo a la brasa se remonta a 1949, cuando el inmigrante suizo Roger Schuler, dueño del restaurante Granja Azul, ubicado en Santa Clara, diseñó una técnica innovadora de cocción giratoria para asar pollos de manera uniforme. Gracias a Franz Ulrich, el experto que ideó el horno con barras giratorias, Schuler fundó el primer restaurante de pollos a la brasa tras varias pruebas con diferentes mecanismos hasta que, finalmente, quedó el modelo que se usa y fabrica hasta la actualidad. La idea partió luego de que Schuler viera a su cocinera hornear pequeños pollos de una manera similar, pero más rudimentaria. Desde entonces, el emprendimiento de Schuler creció a niveles nacionales y se masificó en todo el Perú. Aquel método, conocido como rotombo, permitió preparar múltiples piezas simultáneamente, manteniendo la jugosidad de la carne y ese dorado perfecto que hoy lo caracteriza y que lo hace inconfundible. La receta original incluía solo sal, pero con el tiempo se fueron incorporando ingredientes peruanos como ají panca, comino, sillao y cerveza negra. Con el correr de los años, el pollo a la brasa se convirtió en el almuerzo dominical por excelencia. Asequible, abundante y sabroso, supo adaptarse a todos los bolsillos y estilos de vida. Actualmente, se estima que más de 150 millones de pollos a la brasa se consumen al año en el Perú, según cifras de la Asociación Peruana de Avicultura. Es, sin duda, uno de los productos más vendidos en restaurantes, y su popularidad trasciende fronteras, con versiones exportadas a países como Chile, Estados Unidos y Japón. Cabe precisar que la celebración no solo promueve el consumo, sino que también busca revalorizar una preparación que combina técnica, cultura e historia. Durante esta jornada, muchas pollerías ofrecen promociones especiales, concursos y actividades familiares. Además, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la gastronomía popular peruana, donde la innovación y la tradición conviven en armonía. Por cierto, se estima que hay más de 13 mil pollerías en el Perú.Así que este tercer domingo de julio, la mesa está servida. Ya sea en un restaurante de lujo o en una reunión familiar, el pollo a la brasa convoca, une y celebra.
Una buena noticia sin duda alguna, es la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Ley de Amnistía con la que se hace justicia a todos aquellos valerosos integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. que a riesgo de sus vidas se enfrentaron y vencieron a las demenciales hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA, que originaron un baño de sangre en el país andino en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, pero a pesar de ese logro y de haber sido reconocidos en su momento como Héroes de la Democracia, desde la llegada de los parásitos caviares al Estado con Valentín Paniagua a la cabeza, fueron desde entonces injustamente perseguidos por esa maldita mafia enquistada en la justicia, sometiéndolos a procesos interminables que duran décadas, así como estigmatizados por los politizados organismos “defensores de los derechos humanos” (de los terroristas, se sobreentiende) que los calificaban con todos los epítetos inimaginables. Pero ello se acabó. En efecto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años. La medida fue aprobada el miércoles con 16 votos a favor y 11 en contra. Recibió el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que como era de esperar, las bancadas de izquierda - que siempre actúan como voceros del terrorismo y que como recordareis, fueron cómplices del oprobioso régimen filosenderista de Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón - votaron en contra. Si bien aún está pendiente que se resuelva un pedido de reconsideración a esa votación, presentado por los impresentables congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista), esta solicitud será rechazada. Ahora solo queda que el Gobierno promulgue la ley cuanto antes y sea publicada en el diario oficial El Peruano para que entre en vigencia. Como sabéis, la iniciativa tiene su origen en un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. La Comisión Permanente se pronunció a su favor en segunda votación al ejercer, durante el actual receso parlamentario, las funciones que corresponden al pleno del Congreso. Por cierto, la primera votación del dictamen se resolvió el pasado 11 de junio con 61 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien sustentó el dictamen ante la Comisión Permanente, argumentó que la amnistía responde “a una necesidad de justicia y es una forma de saldar una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”. Según el legislador, la norma permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales. Rospigliosi recordó el caso de los marinos procesados por el motín de El Frontón, que data de 1986: “De forma escandalosa se les ha reabierto nuevamente el juicio. [...] No puede ser que los procesos duren eternamente y que los militares, policías y miembros de autodefensa que derrotaron al terrorismo sean sometidos a la tortura de procesos interminables”, dijo. Afirmó que actualmente hay más de mil personas en esa situación. En la misma línea, el legislador Jorge Montoya, autor de la propuesta, defendió la ley como una respuesta al abuso que se ha cometido durante décadas contra las fuerzas del orden. “El abuso que se ha cometido a lo largo de 40 años sobre el personal militar y policial es inadmisible para una sociedad que se respete. Acá estuvimos en una lucha permanente por defender la democracia. Hubo excesos que ya han sido sentenciados y castigados, pero no hubo asesinatos sistemáticos como afirman falazmente los caviares. Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Aun así, están buscando pruebas durante 30 años y no las encuentran” asevero. Montoya también criticó especialmente el caso El Frontón que no tiene cuando acabar. “Lo abren cada vez que pueden. Eso es inconcebible”, señaló. Por último, dijo que “esta ley de amnistía permitirá vivir tranquilos el resto de vida que les queda a los que están siendo injustamente acusados por el ‘delito’ de cumplir con su deber y salvar al Perú de caer en las garras del comunismo” puntualizó. Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el país no borra su pasado: lo enfrenta con justicia y dignidad. Esta no es una norma para el olvido, sino un acto de soberanía moral que repara, aunque tarde, una deuda histórica con quienes evitaron que la patria cayera bajo las botas del totalitarismo, defendiéndola en su hora más oscura. Desde los años 80, las FFAA y la PNP enfrentaron una guerra no declarada contra el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Enfrentaron coches bomba, asesinatos de autoridades, secuestros de niños, ejecuciones públicas, y lo hicieron sin una legislación de guerra, con una opinión pública dividida y muchas veces con directivas políticas ambiguas o cobardes. Sin embargo, lograron contener al enemigo, evitar el colapso del Estado y restituir el orden en regiones enteras. ¿Qué recibió el personal en retorno? Juicios interminables, olvido institucional y una estigmatización sistemática. En muchos casos, los acusados ni siquiera han recibido sentencia. En otros, han sido absueltos luego de años de prisión preventiva. La justicia tardía no es justicia. Y la persecución eterna, sin resolución ni reparo, constituye una forma de tortura institucional. El Perú tiene derecho a defenderse en todos los frentes: militar, judicial y simbólico. Esta ley es parte de esa defensa. No vulnera tratados internacionales; por el contrario, aplica principios básicos como el debido proceso y el respeto por la dignidad de la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En muchos casos, estos plazos fueron largamente superados. ¿Deben estos peruanos que combatieron al terrorismo morir esperando justicia? La ley tampoco borra crímenes ni elimina la posibilidad de investigación en casos graves. Sólo establece que, por razones humanitarias y procesales, se exonera de responsabilidad penal a personas en situación vulnerable que han enfrentado un desgaste sin fin. No es olvido: es decencia. Quienes sirvieron en las FFAA y PNP durante los años del terror lo hicieron por convicción, por deber y por amor al país. Muchos lo pagaron con la vida, otros con la salud, otros con su libertad. Es hora de saldar esa deuda moral. No para encubrir excesos, como afirma la sesgada narrativa caviar, sino para reconocer que, sin ellos, el Perú no tendría hoy democracia. El patriotismo no es un recurso retórico: es una obligación civil. Defender esta ley es defender la verdad completa de la historia y reafirmar el principio de que el Perú tiene derecho a honrar a quienes lo protegieron cuando casi todo estaba perdido. Que la democracia no olvide nunca a los héroes que la salvaron.
Lo que era un secreto a voces, en los pasillos del Ministerio de Defensa, se confirmó esta semana. En efecto, el Perú formalizó la compra de 24 cazas Saab JAS 39 Gripen E por $3.500 millones. Esta adquisición reemplazará su flota de MiG-29 y Mirage 2000, en servicio desde los años 80. La decisión, anunciada en julio del 2025, concluyó un proceso de evaluación que comenzó en el 2024. En dicho proceso, el Gripen E obtuvo ventaja frente al Lockheed Martin F-16 Block 70 y al Dassault Rafale F4. La actual Fuerza Aérea del Perú, con 11 Mirage 2000P, ocho MiG-29, ocho Su-25 y 20 Cessna A-37, presenta limitaciones derivadas de la obsolescencia tecnológica y la baja disponibilidad operativa. El contrato incluye misiles, radares y sistemas para formación de pilotos, con entregas estipuladas en un plazo de 24 meses a partir de la firma. Dos aviones estarán listos para el aniversario de la FAP el 23 de julio del 2026. La selección del Gripen E respondió a su costo unitario, estimado entre $110 y $120 millones. Esta cifra resultó inferior al precio del Rafale, entre $170 y $240 millones, y al del F-16, entre $75 y $100 millones. Saab ofreció un paquete de compensaciones que contempla transferencia tecnológica y participación de la industria local, bajo un modelo similar al que se aplicó en Brasil con Embraer. La operación, financiada mediante un préstamo de $2.000 millones del Banco de la Nación para la primera fase y $1.500 millones para el 2026, recibió la aprobación del Congreso peruano en el 2025. Es mas, la presencia de un modelo Gripen E en la feria SITDEF 2025 en Lima influyó en la decisión. Cabe precisar que se trata de un caza multirrol de generación 4.5, equipado con un radar AESA Raven ES-05, un motor General Electric F414G y un sistema de guerra electrónica. Su peso máximo al momento del despegue es de 16.500 kg, su velocidad alcanza Mach 2, su radio de combate llega a 1.303 km y su alcance máximo es de 4.000 km. Su armamento incluye misiles Meteor, IRIS-T, AIM-9X, AGM-65 Maverick, bombas GBU y un cañón Mauser BK27 de 27 mm. Su diseño modular permite operaciones en condiciones austeras. El costo por hora de vuelo es de $4.700, mientras que el Rafale genera un costo de $16.500. Estas especificaciones resultan adecuadas para el terreno andino y las misiones de defensa antiaérea y apoyo terrestre en Perú. Asimismo, el Gripen E puede operar desde pistas cortas. Requiere 500 metros para el despegue y 600 para el aterrizaje, lo que facilita su empleo en las bases aéreas del país. Saab resaltó su sistema de mantenimiento simplificado, que reduce los costos logísticos y favorece una alta disponibilidad. En SITDEF 2025, Saab presentó sistemas adicionales como el RBS 70NG y el radar Giraffe 1X. Estas capacidades podrían incorporarse en los sistemas de defensa antiaérea de Perú. La experiencia de Brasil, con 36 Gripens F-39E y una planta de producción nacional, sirvió como antecedente técnico para el acuerdo con el Perú. La decisión tomada por el Gobierno peruano, al igual que la de Brasil y Colombia, ha incorporado al Gripen E como plataforma aérea. Esto incrementó la participación de Saab en América Latina, donde predomina el uso de aeronaves estadounidenses como los viejos F-16, presente en Chile, Colombia y Venezuela. En febrero del 2025, Estados Unidos bloqueó la venta de motores F414 para los Gripen E destinados a Colombia. Pero hasta julio de este año, no se registraron restricciones equivalentes para Perú. Sin embargo, ahora que se formalizo la adquisición de esos aviones por el Gobierno peruano, ello podría ocurrir, quizás como una forma de presión debido a la cada vez más estrecha relación del Perú con China, lo cual no es del agrado de Washington. Cabe precisar que el acuerdo alcanzado incrementa significativamente la presencia industrial sueca en la región. De esta manera, las posibilidades de cooperación técnica y logística entre Perú, Brasil y Colombia permanecen abiertas.El contrato con Saab contempla además inversiones en la industria aeronáutica peruana, un esquema que se asemeja al aplicado en Brasil, donde se establecieron capacidades de ensamblaje y mantenimiento. De esta manera, la Fuerza Aérea del Perú contempla unificar su flota mediante el Gripen E para lograr mayor eficiencia logística y preparación operativa. Esta decisión forma parte de un proceso de renovación regional en el que Chile mantiene el F-16 como avión principal y Brasil implementa 36 Gripens. Al estructurar su compra en dos fases de 12 aeronaves cada una, el Perú garantiza que la producción y mantenimiento dependan de un solo proveedor.
El asesinato del aspirante a colaborador eficaz y otrora mano derecha de la corrupta ex alcaldesa de Lima Susana Villarán – implicada hasta el cuello en el Caso Odebrecht y cuyo juicio por fin, se iniciará en septiembre - demuestra hasta qué punto la mafia caviar puede llegar para “silenciar” a quienes considera un obstáculo para sus planes, buscando la impunidad para su protegida, perteneciente a la misma secta. Como sabéis, José Miguel Castro apareció muerto el domingo último y con él se fueron los secretos que sabía sobre los millonarios sobornos que recibió su jefa Villarán de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el 2013, para sus campañas políticas y a cambio de obras públicas. En estricto rigor, Castro aún no era colaborador eficaz. Estaba intentando serlo brindando información de alto voltaje al cuestionado fiscal José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo el caso de Villarán. Eso lo venía haciendo Castro desde hace un buen tiempo, pero el controvertido fiscal sospechosamente aún no terminaba de corroborar sus afirmaciones, para postularlo como tal en el juicio oral que se iniciará el 23 de septiembre próximo. Nadie sabe a qué nuevos personajes, además de Villarán, señaló Castro en su proceso de convertirse en colaborador. Pero ha empezado a trascender que se trataría de varios jerarcas y políticos de la izquierda parasita, del entorno más íntimo de la corrupta exalcaldesa, y que fueron caras visibles en la campaña de la no revocación. De acuerdo a fuentes fiscales, eso explicaría la lentitud del fiscal Pérez, quien es apoyado por los caviares, para culminar y probar los dichos de Castro, a quien los funcionarios brasileños apodaban ‘Budián’.Pero para su alivio, José Domingo Pérez jamás podrá utilizar lo que le contó Castro porque la ley no se lo permite.El conocido penalista Andy Carrión explicó este punto en RPP de una manera clara y concisa: “Lamentablemente, esas declaraciones (de José Miguel Castro) en el marco de la colaboración eficaz no van a poder ser usadas porque no hay una resolución judicial. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz; es decir que, al día de hoy, todavía no se había logrado que un juez homologue, dé la venia, de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”.Agregó que solo se podrán utilizar las que Castro dio en su calidad de acusado, pero muchas de ellas ya se conocían y fueron publicitadas. La semana pasada, Castro fue a la Fiscalía a hablar con José Domingo Pérez. Según una fuente de ese despacho, “a Castro se le notaba molesto y contrariado” seguramente por las amenazas que recibía por parte del entorno de Villarán, que buscaban “silenciarlo” al mismo estilo de la mafia siciliana. Y vaya que lo lograron. La muerte de ‘Budián’ es un sospechoso hecho que se suma a otros en el caso de Susana Villarán, que se ha caracterizado por la extraña lentitud y comportamiento cómplice mostrado por la Fiscalía. No es de extrañar esa actitud, ya que pertenecen a la misma secta caviar.Como recordareis, dicho proceso empezó hace diez años y el juicio oral recién se iniciará en septiembre, pese a que en mayo del 2019 - es decir, ¡hace seis años! - ella misma reconoció públicamente, en una entrevista radial, haber sido sobornada por Odebrecht y OAS. Lo hizo porque existía un audio que la comprometía. De esta manera, la evidencia de su culpabilidad queda al descubierto, pero ni aun así fue colocada bajo arresto preventivo, mientras los años pasaban y el juicio no se iniciaba. De seguro esperaban que sus delitos prescriban y quede impune de sus múltiples delitos. No es de extrañar por ello, que sintiéndose “blindada” por la fiscalía, Villarán se daba la gran vida en su casa de playa hasta que el programa ‘Panorama’ la descubrió in fraganti en su piscina, a pesar de que decía que tenía una enfermedad a la piel, “que le impedía estar expuesta al sol”, un risible argumento que utilizo para evitar esperar el inicio su proceso tras las rejas, como debía ser. Ahora bien ¿Por qué era tan importante el testimonio de Castro, que comprometía seriamente a Villarán y su entorno? El exgerente municipal relató con detalle cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución. Sostuvo que, por instrucción de Susana Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana.Castro señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. Tanto Glave como Reátegui han negado cínicamente los hechos y aseguraron “no haber recibido sumas ilícitas ni haber firmado recibos por tales montos” … si como no . Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, quien según Castro habría recibido pagos directos que suman US$60.000 por trabajos de asesoría política para Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS. En su condición de colaborador, José Miguel Castro también declaró que Odebrecht pagó entre US$30.000 y US$40.000 a la encuestadora Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella posteriormente negó, precisando que Imasen “solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima”. Las declaraciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas, exregidor de Unidad Nacional, recibió US$120.000 repartidos en cuatro cuotas, tras interceder con el apoyo del PPC a la campaña contra la revocatoria. Mencionó que las entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. También reveló que parte del financiamiento de la campaña se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000. Pero la colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero - incluyendo US$3 millones para campañas - y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas. El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro fue pieza clave en la recepción y distribución de US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de adjudicaciones y facilidades administrativas en cuestionados megaproyectos municipales como Vía Parque Rímac que nunca se hizo - y sobre todo, Rutas de Lima, que se ha hecho del control de los peajes en la capital cobrando lo que les da la gana sin que nadie pueda impedirlo, debido al oneroso contrato firmado por Villarán. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra – un paraíso fiscal - y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas. Las versiones recogidas por la fiscalía también lo vinculan con amenazas y presiones a empresarios para asegurar los pagos bajo la advertencia de favores o represalias administrativas, así como a coacciones para que otros investigados guardaran silencio sobre su participación. Con el asesinato de Castro, los involucrados creen haberse “asegurado” de que sus nombres no salgan a la luz.Pero su trágica desaparición, no debe ser motivoalguno para obstaculizar un juicio largamente postergado.Si bien, su muerteeliminael testimonio directo que habríasido crucial para establecerresponsabilidadespenales de Villarán y su entorno, sin embargo, su ausenciafísica no debesignificarimpunidad. El Código Procesal Penal contempla estas circunstancias excepcionales. Sus declaraciones previas y toda la documentaciónproporcionadadurantesucolaboraciónmantienen valor probatorio y deben incorporarseplenamente al juicio oral. Es imperativo que el Ministerio Público asegure que todo lo declaradopor Castro sea debidamenteconsideradoporel tribunal. La información sobre cuentas bancarias en Andorra, mecanismos de lavado de activos y acuerdos ilícitos con las constructoras debe mantenerse como elemento central del proceso. Este episodio debe servir como alerta definitiva sobre la urgencia de acelerar procesos judiciales en casos de gran corrupción. Han transcurrido seis años desde que Villarán confesó públicamente que recibió los aportes, y el juicio recién está por comenzar. El asesinato de Castro evidencia además la vulnerabilidad de quienes cooperan con la justicia. Es fundamental, por ello, fortalecer protocolos de seguridad para los 500 testigos citados en el juicio contra Villarán. De aquí hasta septiembre ¿Cuántos de ellos aparecerán muertos por “suicidio”? El caso no debe de caerse como ya está dejando ver la fiscalía caviar. La confesión pública de Villarán, las evidencias documentales y el legado probatorio de Castro conforman un acervo que debería de traducirseenunasentencia. El juicio que se iniciaráel 23 de septiembre no debepostergarsemás. Este crimen debe ser el catalizador que acelere el proceso y demostrara sí que la justicia no muere con los testigos y los culpables, con Villarán a la cabeza, sean severamente castigados. (Por cierto, una buena noticia es la aprobación por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales del Congreso, del inicio del proceso contra la usurpadora Delia Espinoza y sus secuaces en el Ministerio Publico, por haber cometido delito de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado - al negarse a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides - por lo cual serán destituidos de los cargos que hoy ocupan ilegalmente…. A la cárcel con esos parásitos. Venga ya ¿Quién es el que ríe al último?)
Tal como lo advertimos semanas atrás, el publicitado tren de pasajeros de Lima a Chosica, que impulsa el cuestionado Alcalde de Lima Rafael López Aliaga (alias Porky) es una farsa montada con el único objetivo de impulsar su candidatura presidencial para las elecciones generales del 2026, a pesar de que su gestión al frente del Ayuntamiento es un completo fracaso. Es más, desesperado porque esta no “prende” en la población, había anunciado que en un par de semanas realizaría una “marcha blanca” con esa chatarra ferroviaria de 40 años de antigüedad “donada” por los EE.UU. (que así se libra de esa basura extremadamente contaminante), por la ruta que actualmente utiliza el Ferrocarril Central, que transporta exclusivamente minerales desde el centro del país. Pero a último momento y por las críticas recibidas, dio marcha atrás y ahora afirma que “no hay una fecha definitiva para el inicio de operaciones” - que estaba señalado para el 28 de julio - “ni tampoco una 'marcha blanca'. Más que eso, será una 'prueba en vacío'". Lo que sucede es que no existe la infraestructura adecuada para que esa chatarra oxidada circule en la única vía que existe (cuando mínimo deben ser dos, tanto para la ida como la vuelta), como tampoco se han construido estaciones de pasajeros donde estos puedan ser abordados y que además, representan un peligro para los puentes que atraviesa, porque la altura de esos trenes de dos pisos es considerable. Estos trenes - que se encontraban abaldonados durante décadas en un patio de chatarras en los EE.UU. antes de ser enviados a Lima como “donación” por los que se tuvo que pagar una millonada para enviarlos por mar - miden exactamente 4 metros con 85 cm y el diseño de estos vehículos son incompatibles con la altura libre bajo los puentes de la ruta ferroviaria, Su decisión de anunciar la fecha de inicio de operaciones, origino muchas críticas de las autoridades pertinentes, pero Porky insistió en lo suyo, sin importarle en lo más mínimo el riesgo que representa. Sin embargo, la realidad le dio un portazo en la cara y se echó para atrás. Como sabéis, el Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) César Sandoval le respondió públicamente - a raíz de unas irresponsables declaraciones que hizo López Aliaga que a mediados de este mes “si o si” realizaría la marcha blanca de esa chatarra, así no tenga la autorización del MTC - acusándolo de crear falsas expectativas en la población. En efecto, en un pronunciamiento a Canal N, el titular del MTC negó que su sector esté bloqueando el avance del proyecto y cuestionó el anuncio del burgomaestre, quien advirtió que los trenes donados comenzarían a operar en julio, incluso sin autorización formal.Sandoval solicitó al alcalde que oficialice su pedido de reunión con el ministerio y que no utilice la controversia con fines políticos. También advirtió que no existe expediente técnico aprobado ni plan de implementación para que se autorice una prueba operativa. Desde su sector, sostuvo que la prioridad es garantizar que cualquier iniciativa ferroviaria se desarrolle con responsabilidad, dentro del marco legal y sin generar falsas expectativas en la ciudadanía.El titular del MTC rechazó que su despacho esté retrasando la puesta en marcha del tren anunciado por la Municipalidad de Lima. “Obstaculización no hay. Al contrario, hay disponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica”, declaró Sandoval en Canal N. A su vez, exhortó a López Aliaga a seguir el conducto regular: “Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud”, dijo, aludiendo a que, hasta la fecha, no ha recibido una comunicación formal para sostener una reunión de trabajo.Además, señaló que toda obra pública debe contar con sustento técnico y planificación adecuada. “Yo quisiera tener la oficialización de la reunión que él está solicitando con el MTC y la predisposición de mi parte está. Pero todo debe hacerse con veracidad y propiedad”, añadió. El ministro subrayó que su sector no puede validar una operación sin que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad y factibilidad. Es más, el Ministerio de Transportes precisó que el proyecto no cuenta con los requisitos indispensables para iniciar una marcha blanca. “No hay expediente aprobado ni plan de implementación que permita avanzar con la prueba operativa”, declaró Sandoval a RPP. Según detalló, ni las condiciones técnicas del material rodante ni las características de la vía han sido evaluadas, por lo que autorizar una circulación piloto sería inviable bajo los criterios actuales.Además, Sandoval recordó que una posible operación ferroviaria implica coordinación con operadores, estudios técnicos, cronogramas y cumplimiento normativo. Desde el Ejecutivo se evalúa una alternativa legal para viabilizar el proyecto: ampliar la concesión actual mediante una adenda. Sin embargo, dicho proceso requeriría al menos un año de desarrollo y, hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha presentado ninguna propuesta oficial en ese sentido. Como recordareis, López Aliaga había sostenido en varias ocasiones que los primeros trenes donados por la empresa Caltrain llegarán al Callao en los próximos días y que empezarían a operar sin pasajeros este mismo mes. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, dijo en un evento público. Además, cuestionó que el cambio de titular en el Ministerio haya frenado las conversaciones previas sostenidas con el exministro Pérez Reyes, con quien, según dijo, “ya se habían establecido acuerdos iníciales para la prueba”, una que ya no se va a dar. El ministro de Transportes remarcó que, si bien está dispuesto a dialogar, el enfoque debe mantenerse dentro de lo técnico y legal. “Con diálogo se genera estabilidad, Estado de derecho y desarrollo en el país”, afirmó. También rechazó el uso de amenazas de movilización para forzar decisiones institucionales: “Hablando se entiende la gente. No promoviendo desestabilización, movilizaciones, anarquías en el país”, sostuvo en Canal N.César Sandoval insistió en que su responsabilidad es salvaguardar el interés público y no ceder a presiones externas. “Espero escuchar el planteamiento del alcalde, pero también opino con responsabilidad y con conocimiento del tema”, declaró. En ese marco, reiteró que “el país necesita decisiones serias, especialmente en sectores estratégicos como el transporte, donde los anuncios apresurados y electoreros pueden generar confusión en la ciudadanía”. Bien por el ministro por mantenerse firme y desbaratar otra maniobra electorera de Porky.
Es indudable que la mafia caviar ha llevado al Ministerio Público (MP) a una crisis terminal. Durante más de seis años han utilizado la fiscalía como un instrumento, para mantener y acrecentar un poder ilegítimo, persiguiendo a sus adversarios y protegiendo a sus amigos. Así, han desvirtuado completamente la función de la fiscalía, convirtiéndola en una herramienta para venganzas políticas y personales, persecutora de militares, policías y políticos, defensora y cómplice de delincuentes. Ahora, Delia Espinoza y sus secuaces se aferran ilegalmente a sus puestos, desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pisotean la legalidad que deberían defender, “amparados” por un cuestionado juez - otrora defensor de terroristas - quien en tiempo récord suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del ejercicio de la función pública tanto como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, y que había sido repuesta por la JNJ en el cargo de Fiscal de la Nación que hoy usurpa la corrupta Delia Espinoza, asalariada del judío Gorriti. Pero este desastre no es de ahora como podéis suponer. Comenzó en el 2018, cuando Martin Vizcarra, un maldito Lagarto aliado con los caviares, asaltó el sistema de justicia. Liquidó el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y, mediante una comisión integrada por caviares, creó la JNJ, para que sirviera a sus propósitos. Luego defenestró al por entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y puso en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos. Lo hizo, hay que recordarlo, asociado con la prensa caviar, que demolió a Chávarry con cientos de portadas de diarios y reportajes televisivos tramposos. A partir de allí, la mafia caviar se ha atrincherado en el sistema judicial, violando leyes y resoluciones. Por ejemplo, el Congreso, en uso de sus atribuciones, inhabilitó por diez años a la lagartona Zoraida Ávalos. Pero ella hizo caso omiso a esa decisión, y con la complicidad del Poder Judicial, sigue instalada ilegalmente en la fiscalía. El Congreso también inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la anterior JNJ. Lo mismo, siguieron ahí, impertérritos, hasta el último día. Hoy, cuando la nueva JNJ ha repuesto a la fiscal Patricia Benavides, no acataron la resolución. Peor todavía, la acusan a ella, a los abogados que la defienden y a la propia JNJ. Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, son gatillo fácil, disparan acusaciones a diestra y siniestra, usando ilegítimamente el poder que aún detentan. ¿Qué hacer entonces? Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de Américo Gonza para reorganizar el MP. También Alejandro Muñante ha propuesto una acusación constitucional contra los fiscales supremos. De hecho, ya existe una acusación presentada por Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, que ya está para ser discutida en la Comisión Permanente del Congreso. El asunto es si se obtendrán los votos necesarios para aprobarlas. Y, en el caso de lograrlo, es seguro que esos fiscales que no acatan ni las leyes ni las resoluciones que aprueba el Congreso, seguirían en rebeldía, apañados por el Poder Judicial también controlado por la mafia caviar. Y, naturalmente, por la Corte Interamericana de DDHH y otros organismos del caviarismo internacional. Se requieren soluciones radicales. Como las que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que barrió a cientos de magistrados prevaricadores del sistema judicial. No hay otra alternativa. Es indudable por ello que la mediática confrontación entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, expone el deterioro institucional en el país andino. Lo que parecía ser una controversia jurídica sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se ha transformado en un enfrentamiento entre dos órganos autónomos, donde las partes reclaman autoridad sin reconocer límites. El resultado es un Estado atrapado en el conflicto, sin árbitros eficaces. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinoza ha decidido atrincherarse en el cargo, ignorando las resoluciones e iniciando incluso una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ como una suerte de revancha. Estos actos de rebeldía comprometen la imparcialidad y objetividad que exige el Ministerio Público. Lo que corresponde conforme a ley es que la susodicha deje el cargo, iniciando luego los procesos de reclamo que estime convenientes. No es tampoco jurídicamente admisible que quien encabeza la institución utilice su posición para investigar a quienes emitieron una decisión por el simple hecho de sentirse afectada personalmente. Este solo hecho es suficiente para ser destituida. Pero no es la primera vez que ocurre. El caso del fiscal supremo Tomás Gálvez es otro ejemplo elocuente. El Tribunal Constitucional ordenó su restitución, pero la actual fiscal de la Nación optó por desacatarlo, patrón reiterativo donde mandatos judiciales o constitucionales son ignorados por resultar inconvenientes. Esta conducta instala una anarquía institucional, erosionando la legitimidad de la Fiscalía, perdida hace mucho, al convertirse en un instrumento político de los caviares para perseguir a sus adversarios y “blindar” a los suyos, comenzando con el propio Gustavo Gorriti, de IDL (quien es el que realmente manda en el Ministerio Publico) cuyo proceso está absurdamente “congelado” a pesar de la gravedad de sus delitos. Cabe recordar que Patricia Benavides fue la fiscal de la Nación que se atrevió a investigar al régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, vista como figura clave para frenar un proyecto autoritario y corrupto, cuyo autogolpe de Estado fracaso rotundamente, terminando en la cárcel por golpista y ladrón. Esa actuación de Benavides la convirtió en una fiscal incómoda para los caviares, apartándola del cargo mediante un apresurado proceso que hoy la misma JNJ califica como viciado. Las instituciones no pueden funcionar sin reglas ni mecanismos de solución de disputas. El desacato, convertido en práctica recurrente, ignora resoluciones del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la JNJ. Cada órgano actúa como soberano de sus propias interpretaciones, generando pérdida de confianza y una inseguridad jurídica que pone en riesgo la imagen del país, ahuyentando las inversiones. Los fiscales pertenecientes a la mafia caviar, además, han convertido los conflictos en instrumentos de propaganda. Lejos de respetar la reserva que exige su función, se exponen en los medios victimizándose, convirtiendo procesos internos en espectáculos mediáticos. Lo que debería resolverse jurídicamente se discute con comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, filtrando incluso información confidencial a la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia. Así, el Ministerio Público ha perdido el respeto institucional y la confianza ciudadana que una vez tuvo, antes que los caviares lo tomasen por asalto, con la complicidad del lagarto Martin Vizcarra. Lo que está en juego es la estabilidad institucional. El Ministerio Público no puede operar al margen de la ley, desacatando sentencias, ignorando resoluciones, actuando según su propia conveniencia. La ciudadanía necesita una Fiscalía que funcione, reglas claras, independencia y autoridades que respeten la legalidad, aunque resulte incómoda. La salida a esta crisis no será exponiendo sus argumentos antes las cámaras de la TV o utilizando las redes sociales. Se requiere una reorganización profunda del Ministerio Público, nuevos liderazgos comprometidos con el país, con voluntad para restaurar la confianza en la justicia. Cuando las instituciones no respetan sus propios límites, la confianza en el país simplemente se desintegra poco a poco. Lo expuesto requiere iniciativas alternativas para superar el actual estado caótico en que se encuentran el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con mayor razón, delante de unas elecciones generales de vértigo. Apremia, entonces, aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre esta materia, para avanzar concibiendo algún modelo jurídico funcional; y que el Legislativo que se elija en 2026 tome inmediatamente la posta y concluya el resto. En el actual Congreso existen iniciativas provenientes de una Comisión Especial de Alto Nivel sobre Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que deberá reorganizarse por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); y/o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisando que el paroxismo de la fiscalía hace vulnerables a los peruanos de los operadores políticos. Paralelamente, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo necesitan opinar sobre aspectos que vulneran principios constitucionales. ¿A que esperan para actuar ya? No hay tiempo que perder.
